Tiempo de Guerra

 

Es tiempo de cortar nuestro nudo gordiano

 

La opción de elecciones generales la había propuesto tempranamente José Guerra hace casi dos años, en declaraciones a CNN. En nota al pie de Prontas elecciones (22 de octubre de 2016) se hizo constar: “Actualización 2se me informa que el diputado José Guerra ha dicho hoy (25 de octubre) a CNN: ‘Hay una solución inmediata a la situación que vivimos: elecciones generales inmediatas. Elecciones presidenciales, Asamblea Nacional (los diputados ponemos el cargo a la orden), gobernaciones y municipales'”. (…) Ayer trajo El Nuevo País esta noticia: «Nicolás Maduro ya se encuentra en los Estados Unidos para participar en la 73 Asamblea General de la ONU, en donde llevaría, nada más y nada menos, la propuesta de hacer elecciones generales en Venezuela. Varias fuentes, de muy alto nivel, confirmaron a El Nuevo País esta información en la cual el Inquilino de Miraflores espera hacer directamente el planteamiento a Donald Trump».

¿Jugada maestra? – 27 de septiembre de 2018

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El pasado 6 de junio trajo la web de Noticiero Digital la siguiente información:

Nicolás Maduro aseguró que “sólo dejaría Miraflores con los votos del pueblo, se debe preservar la paz. La única forma de salir de aquí de Miraflores es con los votos. Sólo con los votos de pueblo me iría de aquí. Aquellos que quieren sacarme por las balas, ¿por qué no me sacan con votos en un referendo para preservar la paz”, aseveró Maduro.

Algún malicioso profesional pudiera pensar que tras esa oferta no hay otra cosa que la incitación de Hugo Chávez del 2 de junio de 2010, cuando desafiaba a sus opositores a convocar un segundo referendo revocatorio en su contra, poco antes de las elecciones que darían a luz a la anterior Asamblea Nacional. Entonces dijo: “Aprovechan las elecciones y piden un referendo para el 26 de septiembre”, asegurando que el Consejo Nacional Electoral sería capaz de organizar el referéndum en ese tiempo. Pero esto no puede ser el sentido de la oferta de Maduro; el inicio de un nuevo intento revocatorio sólo sería posible cumplida la mitad del actual período constitucional, la que se alcanzaría el 10 de enero de 2022, y él sabe perfectamente bien que no aguantaríamos hasta entonces. Por otra parte, el último recuerdo revocatorio—el primero se remonta al intento fallido del 15 de agosto de 2004 contra Chávez—es el del entorpecimiento tribunalicio (que la Mesa de la Unidad Democrática decidió no litigar en los juzgados) de un esfuerzo que en todo caso se inició con un “inexplicable” retraso.

Alguien aun más mal pensado postularía que Maduro controla el Consejo Nacional Electoral y que este cuerpo se aseguraría de su triunfo electoral o, incluso, de resultados referendarios adversos a nuevas elecciones. Lo segundo es bastante menos probable, si se atiende al enorme rechazo del desempeño de Maduro como Presidente. (Acaba de medir Datanálisis 75,1% de desaprobación de su figura, contra 21,3% de aprobación y 3,6% que no respondió a la consulta). En cambio, en un escenario electoral pudiera ocurrir lo mismo que el 20 de mayo del año pasado, cuando una desconfianza extendida y la ausencia de una opción candidatural convincente facilitó la reelección de Maduro con sólo 30,4% del registro electoral, a pesar de una pérdida de casi 17% respecto de los votos que captara en abril de 2013. (Una abstención de 53,9%, nunca vista en elecciones presidenciales, causó tal resultado).

La lección es que habría que hacer cosas distintas; no bastaría confiar en la enorme inercia—Propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza. (Diccionario de la Lengua Española)—del electorado antimadurista.

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Cuando José Guerra sugirió, el 25 de octubre de 2016, elecciones generales, opiné: «Creo que las elecciones generales son un exceso. A la Asamblea acabas de elegirla, más temprano que tarde tendremos elecciones regionales, y para las presidenciales necesitas pasar por encima de la Constitución. De allí lo que propuse: un referendo consultivo del Poder Constituyente Originario para establecer estas últimas con base constituyente. El país no está para más elecciones de las que necesita”. Pero en ese entonces la Asamblea Nacional que entrara en funciones el 5 de enero de 2016 apenas había actuado 10 meses y medio; ahora sabemos de su reiterada torpeza:

El desempeño más reciente del liderazgo opositor profesional es verdaderamente insatisfactorio. Luego del impresionante logro de una mayoría calificada en la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre de 2015—cinco días antes Juan Pablo Olalquiaga profetizaba: «El reto de la Asamblea va a ser voltear la la economía; de no hacerlo, la opinión pública la castigará rápidamente»—, la secuencia posterior ha sido desastrosa: el mismo día de la instalación de la Asamblea (5 de enero de 2016), su Presidente presentaba como «compromiso no transable» del cuerpo encontrar en seis meses una forma de causar la cesación del gobierno; luego se ocuparía de retirar altaneramente retratos de Chávez y el Bolívar afrodescendiente del Palacio Legislativo, mientras desatendía la Ley Orgánica de Estados de Excepción y permitía el gol del primer decreto de Maduro sobre emergencia económica, que consagraba la explicación de la «guerra económica» a la gravísima situación nacional. De seguidas, boicoteó el esfuerzo revocatorio, logrando que comenzara con tres meses de retraso; estaba muy ocupado con lo de la presunta nacionalidad colombiana de Maduro, que la Registraduría Nacional de Colombia no reconoce. También prefirió «no arrodillarse» ante el Tribunal Supremo de Justicia antes que recuperar la eficacia de la Asamblea como poder; habría bastado oficializar la desincorporación de los diputados de Amazonas que la solicitaron el 15 de noviembre de 2016. Su sucesor, Julio Borges, se inició temprano con la declaratoria de que Nicolás Maduro había ¡abandonado su cargo! un día antes (9 de enero) de que venciera el plazo para que una falta absoluta del Presidente causara una elección presidencial dentro de los siguientes treinta días. Tan no creyó en su propio juicio que no ofició al Consejo Nacional Electoral mandando la elección. Su última ocurrencia fue nombrar magistrados a unos cuantos ingenuos que han debido exiliarse para huir de la prisión, sin que los legisladores puedan protegerlos. (El problema, 30 de agosto de 2017).

En verdad, ese nombramiento de magistrados fue anticonstitucional, al haberse producido sin la participación del Poder Ciudadano exigida por la Constitución, pero un irresponsable coro les reconoce como el Tribunal Supremo de Justicia “legítimo”.

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¿Llegó hasta allí la insensatez política de los asambleístas de oposición? No, por supuesto; esa falta de juicio fue superada con creces este mismo año: la autoproclamación inconstitucional de Juan Guaidó como Presidente—”encargado” o “interino”—y su llamado a la intervención de fuerzas extranjeras y a una fracasada e inconstitucional insurrección militar han batido el previo récord de Julio Borges, quien a su vez había superado el de Henry Ramos Allup. (También es de un todo inconstitucional el tal “Estatuto de Transición” aprobado en la AN presidida por Guaidó).

Ahora pienso, pues, que la proposición de José Guerra ha cobrado mucho sentido; no sólo necesitamos terminar con el megadesastre de la Presidencia de Nicolás Maduro, sino con la inepta y falaz Asamblea Nacional que prometió, a fines de 2015, que arreglaría las cosas. (Seguramente podríamos prescindir de “relegitimar” a gobernadores y a munícipes: “El país no está para más elecciones de las que necesita”).

Sólo el Pueblo en referendo puede mandar nuevas elecciones de Presidente de la República y Asamblea Nacional que interrumpan sus respectivos períodos. Un acuerdo relativamente sencillo en Oslo debe centrarse sobre tal verdad constitucional, y el país no debe dejar pasar la reciente invitación de Nicolás Maduro.*

Las “materias de especial trascendencia nacional” (Art. 71 de la Constitución), a ser dilucidadas en un referendo que consulte al Soberano, serían: a. si el Pueblo quiere que se celebre en noventa días una nueva elección de Presidente de la República; b. si el Pueblo quiere que se celebre en noventa días una nueva elección de Asamblea Nacional; c. si el Pueblo quiere que se nombre de inmediato cinco nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (“cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”, Art. 296) según el siguiente procedimiento—distinto del previsto en ese artículo, que sólo el Poder Constituyente Originario puede sobrepujar—: dos de los nuevos rectores a ser nombrados por la Asamblea Nacional, dos por el Poder Ejecutivo Nacional y uno de mutuo acuerdo de estos dos poderes.

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¿Quiénes están facultados constitucionalmente para convocar referendos consultivos? Primeramente, el Presidente de la República en Consejo de Ministros; esto es, Nicolás Maduro y los ministros que seguramente le acatarían, so pena de destitución. Luego, la Asamblea Nacional por mayoría de sus integrantes (hoy en día, 82 diputados). Si Maduro sostuviera la invitación registrada por Noticiero Digital, podría convocarlo él mismo; pero si quisiera avanzar significativamente en el alivio de las agudas y peligrosísimas tensiones políticas de Venezuela, si quisiera dar muestras de estadista y desactivar la bomba, podría dejar la iniciativa a la Asamblea en un primer acto que supere su inhabilitación por su desacato. (“Cláusula Duodécima: El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas, por cuanto esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Su declaración de nulidad de actos de la Asamblea Nacional por tal motivo se sostendrá sólo para aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en cuestión”. Versión formal, 26 de mayo de 2017).

Ello tendría que ser perentorio; esta vez la analogía constitucional viene en nuestro auxilio. Cuando se aprueba un proyecto de enmienda o de reforma constitucional en la Asamblea Nacional, el texto máximo y supremo indica taxativamente (Artículo 341): «3. El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los treinta días siguientes a su recepción formal»; (Artículo 344): «El proyecto de Reforma Constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a referendo dentro de los treinta días siguientes a su sanción». (Prontas elecciones).

Sólo faltaría añadir una nueva elección de Asamblea Nacional y lo relativo a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. La cosa es bastante fácil; como diría el papa Francisco: “¿No?” (“Pero mantengámonos los ciudadanos en apresto para convocar esa consulta, esa decisión, nosotros mismos, pues pudiera muy bien la Asamblea Nacional hacerse la sorda”.). También puede convocarse referendos consultivos por iniciativa popular de 10% de los electores inscritos, un poco más de dos millones de expresiones ciudadanas. Ahora bien, el Presidente de la República y la Asamblea Nacional pueden ahorrarnos, en estos momentos de grande privación, tan ingente tarea; creo que el Primer Mandatario Nacional (que mandamos nosotros) y los legisladores representantes del Pueblo nos deben eso.**

El “tiempo de Guerra” pareciera “estar Maduro”. LEA

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* Desde Cuba, lo contradice el Presidente de la inútil Asamblea Nacional Constituyente; es de anteayer esta información: (La Habana, 08 de junio. EFE).- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, descartó este viernes que en Venezuela se realicen elecciones presidenciales y recalcó que “no estamos para complacer a la oposición”. No, Sr. Cabello, inefable “policía malo”; a quien hay que complacer, más bien obedecer, es al Pueblo. Es la Corona quien quiere elegir de nuevo.

** Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.

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Tragicomedia de jabón

 

Cabezal de un revelador artículo

 

Hay unas cuantas reglas para deponer a un gobierno. Asegúrese de que tiene a los militares de su lado, o al menos los suficientes para disuadir de su posible intervención a las tropas que no simpatizan con el alzamiento. Reparta dinero para inspirar lealtad. Determine qué sector del populacho se unirá a su levantamiento, qué sector resistirá y cuál se apartará para mirar. Neutralice rápidamente la resistencia; tome los medios de forma que pueda diseminar órdenes. Una vez que el gobernante haya sido desplazado, mátelo o sáquelo del país tan rápidamente como sea posible. Cuando Juan Guaidó, el líder de la insurrección venezolana anunció la “fase final de la Operación Libertad” el 30 de abril, pareció que no había hecho ninguna de esas cosas.

Jon Lee Anderson, The New Yorker, 10-17 de mayo de 2019

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Las desalmadamente cínicas recomendaciones del epígrafe son las frases iniciales de un artículo de dieciséis páginas (acá en .pdf: Venezuela’s Two Presidents Collide) publicado recientemente en la reputada revista The New Yorker. Su autor es un conocido periodista de investigación que adquiriera fama en 1997 con una biografía de Ernesto “Che” Guevara. En unas ciento veinte palabras, Anderson recomienda el asesinato y la compra de adhesiones, mientras se refiere al Pueblo despectivamente como populacho. (populacho 1. m. Parte ínfima de la plebe. 2. m. Multitud en revuelta o desorden. plebe Del lat. plebs, plebis. 1. f. Clase social más baja. 2. f. En la antigua Roma, clase social que carecía de los privilegios de los patricios. 3. f. En el pasado, clase social común, fuera de los nobles, eclesiásticos y militares. Diccionario de la Lengua Española). El previo sumario de la pieza dice: “El levantamiento de Juan Guaidó, apoyado por los Estados Unidos, fracasó en deponer a Nicolás Maduro, pero sus seguidores permanecen leales. ¿Conducirán las divisiones del país a una crisis internacional?”

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La pieza de Anderson no es despreciable, dada la amplitud de sus consideraciones y algo de enfoques inusuales. Entre éstos se halla el registro de un ángulo supersticioso en la política venezolana:

Una mañana de marzo, pocas semanas antes del levantamiento, Guaidó me llevó con él a Vargas, su lugar de nacimiento, en la costa del Caribe. Durante el viaje, a una hora desde el apartamento de Guaidó en Caracas, nos sentamos atrás en una camioneta blindada. Un hombre con lentes de búho estaba entre ambos. Se presentó a sí mismo como David, el astrólogo del Presidente. Mientras salíamos, David dijo que esperaba que no encontráramos a los colectivos—grupos de matones paramilitares, que rondan en motocicletas disparando a opositores que protestan. Los colectivos, declaró, eran “la encarnación del mal” y los “representantes del Demonio en la tierra”. (…) David me informó que Guaidó era un descendiente de Guaicaipuro, un cacique indígena del siglo XVI que combatió la conquista de los españoles antes de caer en una emboscada y ser muerto. Chávez había resucitado a Guaicaipuro como héroe nacional, ordenando que sus restos fueran simbólicamente trasladados al Panteón Nacional. Al notar la diversión en mi rostro, David explicó que todos los líderes venezolanos eran la reencarnación de predecesores. Chávez quería ser Simón Bolívar pero era en realidad Guaicaipuro, mientras que Guaidó era por su mayor parte Guaicaipuro, con un poquito de Tiuna, otro cacique indígena. Maduro, sin embargo, sólo era “el eje del mal”. David explicó que “los cubanos”—el rumorado equipo de consejeros secretos de Maduro—habían practicado las “artes oscuras” de la Santería para conducir a Maduro hacia el mal. “Venezuela está destinada a ser el mejor país en la región y, luego de una guerra mundial que se libra en la actualidad, recibirá mucha gente de todo el mundo”, dijo. “Pero debe ser liberada para que esté lista”. Guaidó traería esa liberación, y afirmó: “Lo conocí en diciembre y le dije: ‘Tú eres el elegido'”.

Anderson añade: “Muchos de los seguidores de Guaidó son asimismo fervientes, pero por más prácticas razones: él ofrecía esperanza, y estaba dispuesto a arriesgar una argumentación pública por un cambio de gran amplitud. Luego de almorzar, su equipo condujo a una pequeña plaza, donde él saltó a una tarima y dio un discurso. Fue, como todos sus discursos, económico e inspirador. Dijo a la multitud que no faltaba mucho para que ‘nosotros, el pueblo’ ocupara Miraflores, el palacio presidencial donde aún vive Maduro, ‘el usurpador’. Pero un largo camino estaba por delante, y la unidad y la fortaleza eran esenciales. Un grupo de mujeres en la muchedumbre levantó sus manos al aire como creyentes en un sermón pentecostal. Una tenía cerrados los ojos, con una expresión beatífica en la cara”.

Con percepciones como ésas, no debe sorprender que Anderson escoja el término populacho para referirse al pueblo venezolano.

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¿Política del siglo XXI? Más bien una telenovela o, aun más precisamente, una soap opera, por cuanto su libreto ha sido escrito en los Estados Unidos por un equipo que dirige no Delia Fiallo* sino Marco Rubio**, el amigo de Lilian Tintori. LEA

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*Delia Fiallo (La Habana, 4 de julio de 1924) es una escritora y guionista de radionovelas y telenovelas cubana residente en Miami, Florida. Sus obras televisivas se han producido principalmente en Venezuela pero también ha escrito historias para las televisiones de Argentina, Perú, Puerto Rico, Brasil, Estados Unidos, Colombia y México. (Wikipedia en Español).

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**Marco Rubio nació en Miami, Florida,​ como segundo hijo de los inmigrantes cubanos Mario Rubio y Oria García. Sus padres habían emigrado de Cuba a los Estados Unidos en 1956 y se nacionalizaron como ciudadanos en 1975. (Wikipedia en Español).

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Breviario sobre la crisis política venezolana

 

De un hombre de iglesia muy político

 

breviario Del lat. breviarium ‘epítome’, ‘inventario’. 1. m. Libro que contiene el rezo eclesiástico de todo el año. 2. m. epítome (resumen). 3. m. Impr. Fundición de nueve puntos, como la que solía usarse en las antiguas impresiones del breviario romano. 4. m. desus. Libro de memoria o de apuntamiento.

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Lo que sigue es transcripción de notas remitidas al mismo prelado venezolano a quien antes dedicara las que este blog reprodujo en Lloviendo sobre mojado (15 de marzo de 2019), y para quien antes aún compusiera Catecismo constituyente (11 de agosto de 2017).

 

 

BREVIARIO

Sobre la crisis política venezolana y la vía correcta de solución

29 de mayo de 2019

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El funcionamiento del Estado venezolano y el país en su conjunto ha sufrido un gravísimo deterioro, como consecuencia de la equivocada pretensión de implantar en él un esquema socialista—“Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes”, Diccionario de la Lengua Española—y la general incompetencia de sus actores políticos, de uno y otro bando de nuestra confrontación.

Y ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre. (Las élites culposas, mayo de 2012).

 

La ruta de Guaidó

La más reciente narrativa opositora sostiene una “ruta” de tres etapas: 1. Cese de la “usurpación”; 2. Gobierno de transición; 3. Elecciones libres de nuevo Presidente de la República. Ella es un libreto falaz, construido en el exterior e interpretado por actores de oposición que siguen el liderazgo impuesto del diputado Juan Guaidó. Veamos.

Primeramente, el Art. 9 de la Constitución vigente establece: “El idioma oficial es el castellano”. Entonces, “usurpar” es “Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios”. (Diccionario de la Lengua Española). ¿Quién es ese “otro”? ¿A quién ha usurpado el cargo Nicolás Maduro Moros?

Juan Guaidó no es el Presidente “encargado” o “interino” de la República. Su pretensión se funda en una lectura interesadamente distorsionada del Art. 233 de la Constitución, el que atribuye al Presidente de la Asamblea Nacional, por treinta días, la Presidencia de la República sólo en este caso:

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Esto es, su aplicación implicaría admitir que había un Presidente electo que por algún motivo no había tomado posesión antes de su “falta absoluta”.

Hernández y su vociferante jefe

Que esa norma no se aplicaba al caso real fue argumentado por el hoy “Procurador Especial” José Ignacio Hernández—nombrado inconstitucionalmente por el diputado Guaidó—quien escribiera el 11 de enero: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego propondría una barbaridad para que la pretensión de Guaidó se sostuviera: “corresponde a la Asamblea Nacional decidir cómo interpretar el artículo 233 para ajustar esa norma a la situación actual”.

Entre Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. El domingo 27 de enero me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación, porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:

En mi programa de ayer por RCR me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.

A eso contestó:

Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.

A mi vez, disparé esta andanada:

Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar.

Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”.

Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.

Para eso existe la figura de recursos de interpretación, que se dirigen al TSJ. Guaidó (o Ud.) han debido emplear ese recurso.

Hasta ahora, no hay reacción ulterior de Hernández.

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Poco después, sugeriría el diputado Guaidó que la Asamblea Nacional estaba constitucionalmente facultada para solicitar una intervención armada extranjera que depusiera al gobierno que preside Nicolás Maduro, porque así lo permitiría el Numeral 11 del Art. 187 de la Constitución. Esa disposición dice: “Corresponde a la Asamblea Nacional… 11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.

Una “misión militar” no es en ningún caso una intervención de guerra o una invasión por Venezuela en otro país ni de otro país en Venezuela. El concepto se refiere a un acuerdo de colaboración de orden técnico—asesoría o instrucción, como funcionó en Venezuela durante décadas con una misión militar de los EEUU—que se establezca por acuerdo de nuestro gobierno y otro foráneo. A todo evento, lo que la AN puede hacer, como reza el Artículo citado, es autorizar al gobierno para establecer la misión del caso. (Diccionario de la Lengua Española: autorizar. Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo). La Asamblea Nacional no puede autorizarse a sí misma, pero tal monstruosidad fue exigida después de la mención de Guaidó por voces radicales de la oposición; notablemente, por la Sra. Ma. Corina Machado.

Que esas “tesis” proferidas por Guaidó hayan sido reconocidas por una cincuentena de países no las convierte en verdaderas de ningún modo. El “tecnicismo legal” que fundamenta la empresa del Ing. Guaidó, vendido como sacrosanto a cancillerías de países que lo dan por correcto sin examinar por sí mismas nuestra Constitución, es una patraña, y la solución a nuestros problemas debe provenir de nosotros mismos, como ha enfatizado el Grupo Internacional de Contacto. El literal d del Art. 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos establece con gran claridad: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales”.

Considérese, además, los siguientes artículos de la misma carta:

Artículo 19. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Artículo 21. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción.

Cuba fue miembro de la OEA, bajo el régimen de dictadura comunista de Castro, desde 1959 hasta 1962, cuando fue suspendida luego de agredir a Venezuela con el financiamiento y organización de la subversión armada de nuestras guerrillas; esto es, porque había violado precisamente el Art. 19 de la carta. A pesar de eso, casi ocho años después de la Carta Democrática Interamericana (11 de septiembre de 2001) se decidió dejar sin efecto tal suspensión en julio de 2009.

Por otro lado, Chile fue miembro de la OEA durante todo el régimen de Augusto Pinochet, como lo fueron Argentina y Brasil cuando sufrieron dictaduras militares. Esos regímenes no fueron objetados en la organización. Por lo contrario,

Una “misión militar” de EEUU

…los Estados Unidos de Norteamérica intervinieron importantemente en la deposición de Salvador Allende en Chile (1973, bajo la presidencia del republicano Richard Nixon), y establecieron la Operación Cóndor, “nombre con que se conoce al plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América del Sur—Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,—con participación de los Estados Unidos, siendo Henry Kissinger señalado como su ideólogo. Fue llevado a cabo entre las décadas de 1970 y 1980, con el fin de instalar en la región un plan económico neoliberal, con el desmantelamiento de los Estados como articuladores de la vida pública y el desarrollo económico, más un fuerte endeudamiento externo. Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado, o contrarias a su política o ideología. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política. Los llamados “Archivos del Terror” hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 “desaparecidas” y 400.000 encarceladas. (Wikipedia en Español).

Comparado con Pinochet o Videla, Maduro es un boy scout.

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La segunda etapa de la “ruta Guaidó” es el establecimiento de un gobierno transicional, mediante la aprobación en la Asamblea Nacional de un tal “estatuto de transición” el 5 de febrero. Tal noción es enteramente inconstitucional, y la AN excede en consecuencia sus facultades. En general, son varias las voces opositoras que recomiendan defender la Constitución de los abusos oficialistas y, acto seguido, prescriben su violación. (Luis Ugalde S. J., por ejemplo, abogó por lo primero el 12 de junio del año pasado y al día siguiente proponía un “gobierno transicional” bajo la forma de una “Junta de Gobierno civil con participación militar para de inmediato tomar las medidas de ayuda humanitaria, frenar la hiperinflación y establecer las condiciones y garantías jurídicas para la reactivación económica y la inversión”. Es evidentísimo que nuestra Constitución no contempla ningún caso de una junta de gobierno cívico-militar).

Ni siquiera la Asamblea Nacional Constituyente puede hacer algo así, por cuanto la Constitución no está suspendida mientras ella opera. La más mínima alteración (una mera enmienda) de la Constitución sólo adquiere vigencia con su explícita aprobación por el Pueblo, en referendo convocado al efecto. (Art. 341 de la Constitución).

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Queda únicamente de “la ruta Guaidó” la celebración de nuevas elecciones presidenciales “creíbles”. Salvo una renuncia del presidente Maduro, que las causaría automáticamente, no puede haber elecciones presidenciales que interrumpan un período constitucional sin una aprobación expresa del Pueblo en referendo.

Monarca absoluto

El Pueblo es el único poder supraconstitucional, el único que no está limitado por la Constitución. (Sólo lo limitan los derechos humanos y los tratados contraídos válidamente con soberanías equivalentes de otros países, según la doctrina fundamental que estableciera la Corte Suprema de Justicia el 19 de enero de 1999, cimiento de nuestra constitucionalidad; su desconocimiento implicaría el desmoronamiento de todo el edificio público de la Nación, pues fue esa sentencia la que dio origen a todo el proceso constituyente de ese año, que culminara con la aprobación en referendo de la vigente Constitución).

Por tal motivo, sólo dos cosas pudieran provenir de una mesa de negociación en Oslo o Jerez de la Frontera: la concesión de la renuncia de Maduro o la celebración de un referendo capaz de imponer soberanamente una nueva elección presidencial.

 

La ruta correcta y practicable

Es concebible una negociación más amplia en Oslo, que incluya varios otros problemas y sus soluciones. Por ejemplo, lo expuesto en Del armisticio como programa y su más compacta síntesis en Versión formal. (11 y 26 de mayo de 2017). Tal esquema de acuerdo no se predicó entonces entre gobierno y oposición—entes de gran asimetría y mayor pugnacidad recíproca—sino entre los poderes públicos nacionales, obligados a la cooperación por el Art. 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. (El 27 de abril de 2016 decía un comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana en su numeral noveno: “El respeto a la institucionalidad es un compromiso y una obligación moral irrenunciable. Los Poderes Públicos deben respetarse entre sí y articularse a favor de la nación”).

En los textos mencionados, se enumera un conjunto de concesiones recíprocas, como el mutuo reconocimiento de los poderes, la anulación de cosas tales como la declaración de abandono del cargo por parte del presidente Maduro (9 de enero de 2017), la restitución de la eficacia como poder público a la Asamblea Nacional (contrayendo la anulación de sus actos sólo a aquellos que hubieran incluido los votos de los diputados objetados del estado Amazonas), “la liberación inmediata de quienes se encuentren privados de libertad sin que esta condición se origine en sentencias judiciales o como parte de procesos judiciales”, la admisión de ayuda humanitaria de procedencia internacional, la recomposición del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, etcétera.

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Pero, obviamente, es la nueva elección presidencial el nudo del problema y es, por tanto, lo que debe obtenerse y lo que debe ser explicado a los mediadores de presunta buena voluntad (el Grupo Internacional de Contacto y el Mecanismo Noruego). Convendría supremamente explicar el punto a la Santa Sede, adonde ha ido el Sr. Elliott Abrams—el “Enviado Especial” de Donald Trump para Venezuela—a reunirse acerca del caso venezolano con el Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Éste podría transmitirlo entonces a los EEUU.

Tal elección, como ha sido argumentado, sólo podría derivarse de un acto referendario, lo que sería el punto central del acuerdo. La aceptación de tal salida por el oficialismo se haría más probable si se permitiera la participación del presidente Maduro como candidato, aunque éste decidiese no serlo para ahorrarse una humillación electoral. Y esa concesión pudiera contraprestarse al permitir que sea la Asamblea Nacional el órgano que convoque el referendo consultivo necesario, en un acto que sólo requiere mayoría simple de diputados (Artículo 71 de la Constitución) y sería el primero tras la recuperación de su eficacia como poder, hoy en día confiscada. (En gran medida, por su propia culpa).

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Resta dilucidar el punto de si tal referendo y las elecciones que de él se derivarían, que debiera organizar el Consejo Nacional Electoral según el Numeral 5 del Art. 293 de la Constitución, tendrían que ser precedidos de una recomposición de ese mismo consejo. Dicha recomposición consumiría algún tiempo, si es que va a seguirse el procedimiento constitucional y legalmente pautado, pero ciertas consideraciones merecen ser tomadas en cuenta:

1. La convocatoria del referendo no puede ser obstaculizada, como lo fuera el intento revocatorio de 2016, por cuanto provendría de una decisión de la Asamblea Nacional con poderes restablecidos. (No se requeriría una convocatoria por iniciativa popular con 10% del registro electoral).

2. Nadie ha demostrado fraude electoral que adulterase resultados desde que entrase en funciones la dominación chavista-madurista en 1999. Son patentes, por supuesto, el abuso y el ventajismo oficialistas en campañas y actos electorales, los que podrían minimizarse mediante la presencia de observación internacional confiable.

3. El Consejo Nacional Electoral, que proclamó Presidente electo a Nicolás Maduro en la elección del 20 de mayo de 2018, es el mismo que proclamara la elección de 112 diputados de oposición en la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015. (Rebajados a 109 por decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, luego de que fuesen interpuestos nueve recursos de impugnación de la proclamación de los diputados de Amazonas, a siete de los cuales se opuso el CNE mientras la oposición no litigó ninguno).

4. Tibisay Lucena presidía el Consejo Nacional Electoral para la oportunidad del referendo aprobatorio de proyectos estratégicos de reforma constitucional (2 de diciembre de 2007), cuando un envalentonado presidente Chávez, que venía de derrotar abrumadoramente a Manuel Rosales el año anterior, quiso introducir en la Constitución artículos socializantes de contrabando. Esos proyectos fueron derrotados por mínimas diferencias de 1,31% y 2,02%, y aun así el CNE proclamó tales resultados para un asunto tan crucial a los socialistas.

5. Finalmente, una asistencia masiva al referendo propuesto, para mandar una nueva elección presidencial, sería inocultable en la práctica.

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Apuntes adicionales

-La elección presidencial del 20 de mayo de 2018 es válida, aunque fuera “convocada” por la Asamblea Nacional Constituyente. En la práctica, fue convocada y organizada por el Consejo Nacional Electoral, luego de la decisión de la ANC, pero el Artículo 349 de la Constitución establece: “Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. El CNE, un poder constituido, debía acatar la prescripción de la ANC que, si bien contrariaba la costumbre en materia de su fecha, no violaba disposición constitucional o legal alguna. Ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales prescriben una fecha a la elección de Presidente.

-La Asamblea Nacional Constituyente fue legítimamente convocada por el presidente Maduro, facultado inequívocamente por el Art. 348 de la Constitución. La tesis Brewer-Carías acerca de la necesidad de un referendo previo es enteramente equivocada; la convocatoria del 1º de mayo de 2017 fue un ejercicio indirecto de la soberanía popular según lo establecido en el Artículo 5 de la Constitución. (“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce… indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”). Otra cosa es que la constituyente en funciones fuera necesaria (que no lo era) o que haya servido para algo útil. (Salvo proveer al gobierno un órgano legislativo que supla a la Asamblea Nacional, en rebeldía desde su instalación el 5 de enero de 2016).

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Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo…

(Gran Referendo Nacional, 5 de febrero de 2003).

LEA

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Epidemiología de la lapidación

 

Una práctica prescrita por Moisés en tiempos bíblicos

 

Si tiramos una piedra, un guijarro, un «canto», en un estanque, produciremos una serie de ondas concéntricas en su superficie que, extendiéndose, irán afectando los diferentes obstáculos que encuentren a su paso: una hierba que flota, un barquito de papel, la boya del sedal de un pescador… De forma no muy diferente, una palabra dicha impensadamente, lanzada en la mente de quien nos escucha, produce ondas de superficie y de profundidad, provoca una serie infinita de reacciones en cadena, involucrando en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente, y que se complica por el hecho de que la misma mente no asiste impasible a la representación. Por lo contrario, interviene continuamente para aceptar o rechazar, emparejar o censurar, construir o destruir.

Gianni Rodari – El canto en el estanque (citado en El peso político de las palabras, 12 de junio de 2018)

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Hace nada, María Corina Machado amenazaba con retirar a Vente Venezuela de la Mesa de la Unidad Democrática y declaraba (9 de febrero de 2017) al diario Tal Cual: “Durante mucho tiempo no hubo reuniones en la MUD y ni siquiera había dónde expresarlo. Es un momento de profunda autocrítica para aprender de los errores y para hacer las cosas muy distintas. Creo que uno de los errores fundamentales en los cuales incurrimos en Vente y yo asumo mi responsabilidad directa fue no haber hecho público esas posiciones de profundas diferencias. Las puse por escrito, las dije en encuentros informales, pues no había espacio porque la MUD no se reunía”. Pero se le ocurre al papa Francisco observar en contestación a una entrevista improvisada lo siguiente acerca de las nuevas peticiones al Vaticano: «Es curioso… la misma oposición está dividida”, y se le llama comunista, se le quiere lapidar y se celebra en Facebook una caricatura de Edo en la que se lo representa como Poncio Pilatos. Alguien se limitó a comentarme que el Papa había sido inoportuno. La verdad, aunque a veces resulte incómoda—Terencio: “La verdad engendra odio”—, nunca es inoportuna.

De Facebook como Coliseo – 3 de mayo de 2017

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La ritual execración de la figura presidencial proporciona al opositor adicto un progreso indirecto en la imagen ética que tiene de sí mismo. En efecto, mientras puedo hablar peor del Presidente, mientras más malvado lo encuentro, yo soy por implicación una mejor persona. Como no soy como él—¡Dios me libre!—entonces soy bueno. Mi bondad progresa relativamente, sin que yo haga mérito independiente, porque su maldad crece todos los días. Así obtengo satisfacción moral.

Enfermo típico – 26 de enero de 2006

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Imaginemos un paciente en grave condición. Está acostado sobre una cama, asaetado por agujas hipodérmicas de todos los calibres, vendado, amarrado, cosido, conectado. Y supongamos que todo el personal médico y paramédico del hospital se agrupa a su alrededor, y que también todos los miembros de su larga familia se hallen presentes, y periodistas, sacerdotes, sepultureros y vendedores de seguros estén también allí, todos hablando en voz alta, opinando, criticando, debatiendo. “Se ve muy mal. Yo vine a verlo ayer y hoy está mucho peor. Ese suero no está goteando casi nada. El adhesivo se le está desprendiendo. Por aquí se está desangrando. Por este lado le está saliendo pus. Qué sala tan horrible, no hay derecho. A mí me han dicho que ese médico es un pirata. A mí me dijeron que bebía. Este paciente no tiene remedio”. ¿Cómo pensamos que puede recuperarse un paciente en estas condiciones?

La peor enfermedad – 12 de octubre de 1995

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―Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y, como ellos lo acosaran con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: ―Aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.

Juan 8, 4-7

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El deporte de la lapidación es ahora cosa de todos los días; su espacio, el digital de lo que conocemos como redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y varias otras. Un compulsivo ritual cotidiano nos obliga a consultar el teléfono móvil y a encontrar en su pantalla la confirmación de la que no podemos prescindir: que estamos muy mal. No nos interesa, sin embargo, entender el proceso y su mecanismo, sino fijar el culpable para apedrearlo.

Pereza: decisiva para explicar la ruptura de la convivencia y finalmente la guerra civil. Pereza, sobre todo, para pensar, para buscar soluciones inteligentes a los problemas; para imaginar a los demás, ponerse en su punto de vista, comprender su parte de razón o sus temores. (Julián Marías: La guerra civil. ¿Cómo pudo ocurrir?).

Nicolás Maduro, por ejemplo, a quien se lapida cotidianamente desde el amanecer. Pero se aplaude a Donald Trump porque ya practica el deporte que denuesta de aquél y del país en general, mientras vende armas a Mohamed bin Salmán y se refiere a Kim Jong-un como su amigo. Sería nuestro “deber cívico” seguir “la ruta del coraje”: esperar que otros resuelvan el problema por las malas.

Hace nada me consultaba un amigo acerca de nuestra situación; cada explicación que le ofrecí fue interrumpida a mitad de camino con dudas y desvíos. Entonces le pregunté por la salida que veía y contestó: “Que vayan y lo saquen”. Él sólo tiene que sentarse a esperar, mientras contribuye patrióticamente cada día, orgulloso de sí mismo, con una o dos buenas pedradas digitales.

Así hemos alcanzado, habría dicho Hannah Arendt, la banalidad de la lapidación. Pienso que podría hacer bastante dinero—cosa para la que nunca he servido mucho—estableciendo el sitio web www.lapidacion.com. LEA

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El último programa

Diseño de mi hija Eugenia

Con la emisión #348 llega a su fin Dr. Político en RCR, dado que una decisión tomada por el suscrito es incompatible con mi permanencia como ancla de Radio Caracas Radio. Entérese por qué escuchando el audio colocado al final, que contiene dos melodías hermosísimas: la Variación 18 de la Rapsodia sobre un Tema de Paganini, de Sergio Rachmaninoff (“el hombre que sudaba melodías”) y el clímax del segundo movimiento (Adagio) del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. He aquí el archivo de hoy:

LEA

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Contacto con el Grupo de Contacto

 

Declaración de Costa Rica que muestra Federica Mogherini

 

Quien escribe pone moderadas esperanzas en las gestiones del Grupo de Contacto de la Unión Europea para el tratamiento del “problema venezolano”. Hace ocho días, reportaba Rosa Raydán desde el sitio web de donde se ha tomado la fotografía de arriba (el destacado en cursivas es de este blog):

El Grupo Internacional de Contacto (GIC), que evalúa la situación de Venezuela, propuso enviar una misión al país para reunirse con el Gobierno y la oposición. Así lo acordaron los miembros de las 12 naciones participantes en la reunión ministerial realizada entre lunes y martes de esta semana, en San José de Costa Rica.

“El grupo está listo para llevar a cabo una misión a nivel político en Caracas para presentar y discutir opciones concretas para una solución pacífica y democrática a la crisis”, señala la declaración final del encuentro, en el que participaron ocho países europeos y tres latinoamericanos. Todos suscribieron la declaración, menos Bolivia que se abstuvo.

Sobre el tema, en rueda de prensa, el canciller costarricense, Manuel Ventura, agregó que la visita de la GIC viajaría a Caracas “para reunirse con las partes involucradas en el conflicto, con el propósito de seguir avanzando para que se pueda realizar lo antes posible elecciones creíbles”, citó AP.

El documento del GIC también detalla la propuesta de establecer en la capital venezolana un “Grupo de Trabajo Humanitario”, para la gestión de la ayuda internacional que según ellos debe recibirse a través de donantes para paliar “el sufrimiento del pueblo venezolano”. En este tema, el documento subraya que el protagonismo deben tenerlo las ONG.

El Gobierno venezolano no se ha pronunciado para dar autorización de entrada al país ni a la misión política ni al Grupo de Trabajo Humanitario. No obstante, Juan Guaidó se reunió el martes en la sede de la AN con varios de los embajadores de los países europeos participantes del GIC y declaró que uno de los puntos tratados fue justamente el de la visita de la delegación a Caracas.

El Grupo de Contacto habla en su declaración sobre la precariedad de la situación en Venezuela, que se ha intensificado por problemas en los servicios públicos y violencia en las calles, sin embargo, no menciona en ninguno de sus puntos las sanciones internacionales de las que es objeto el país –incluyendo los fondos retenidos en Europa, tema en el que podrían ayudar de primera mano– y las consecuencias que causan estas medidas en la cotidianidad de los venezolanos.

Por mi parte, he procurado que venezolanos de gran prestigio hagan llegar al Grupo una consideración esencial acerca de la celebración de una nueva elección presidencial, la que destaqué hace tres días en la segunda comunicación mía a Federica Mogherini, líder del Grupo. (Puede leerse la primera en No se dan por aludidos, del pasado 3 de marzo). Hasta ahora no tengo respuesta o un mero acuse de recibo, por la que la reproduzco abajo. (Tal vez algún asistente de ella pueda llamar su atención al contenido).

Estimada Dra. Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad:

Saludo el importante progreso del Grupo de Contacto que Ud. coordina para la búsqueda de una salida al impasse político venezolano, sobre la base de que éste debe tener una solución decidida por los venezolanos.

Como lo entiendo, una proposición central del Grupo para un acuerdo de las partes enfrentadas es la realización de nuevas y prontas elecciones presidenciales. Salvo una renuncia del presidente Maduro que las causaría automáticamente, sólo el Pueblo—ningún otro poder constituido, y esto incluye la Asamblea Nacional Constituyente—puede decidir nuevas elecciones fuera de tiempo. Por consiguiente, es un referendo consultivo la única instancia que puede interrumpir un período en curso.

Apartando el difícil origen de tal referendo en la iniciativa popular (un proceso de recolección de algo más de dos millones de firmas), pueden convocarlo el Presidente en Consejo de Ministros y la Asamblea Nacional por mayoría simple en una sesión cualquiera. En la misma ocasión, puede consultarse otras materias concurrentes.

Se ha argumentado que un acuerdo oficialismo-oposición es asimétrico, y que lo indicado es un acuerdo entre los poderes públicos. (Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. (Estos han sido sucesivos esquemas de acuerdo propuestos—que incluyen otros asuntos que pudiera acordarse—: Plantilla del Pacto (25 de abril de 2016) y Versión formal (26 de mayo de 2017).

Espero que los apuntes precedentes sean de utilidad a los benéficos esfuerzos del Grupo de Contacto, que agradezco como venezolano.

A su disposición

Luis Enrique Alcalá

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Vale. LEA

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