Adiós a las ideologías

 

El corresponsal de la ODCA, hijo y ministro de Rafael Caldera

 

 

Yo no tengo ideología, amigo mío. Yo lo que tengo es biblioteca.

Arturo Pérez Reverte

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Acabo de recibir de Andrés Caldera Pietri el texto de sus palabras en la instalación del Consejo Superior de la Democracia Cristiana ODCA, evento previsto en comunicado que se comentara acá el 15 de este mes de enero. En ellas encuentro un intento de refutación de mi comentario crítico—”Vamos en el siglo XXI, en el tercer milenio, a un mundo postideológico, transideológico, pero la ODCA no se ha percatado de esa profundísima búsqueda”—, comenzando por esta proposición de Caldera Pietri en el segundo párrafo de su texto: “Por años hemos escuchado hablar del fin de las ideologías, como si pudiera reducirse la política a un mero pragmatismo vacío, enfocado en obtener o conservar el poder”.

Tal vez no esperase él una respuesta en andanadas, que transcribo parcialmente a continuación:

Sostener que vamos a un mundo postideológico no es lo mismo que “reducir la política a un mero pragmatismo vacío, enfocado en obtener o conservar el poder”. Esto puse al inicio en El caso de una licenciatura en Política (19 de septiembre de 2003):

La Política es un arte. A pesar de la legítima existencia de “ciencias políticas”, la Política no es en sí misma una ciencia, sino una profesión, un arte, un oficio. Del mismo modo que la Medicina es una profesión y no una ciencia, por más que se apoye en las llamadas “ciencias médicas”, la Política es la profesión de aquellos que se ocupan de encontrar soluciones a los problemas públicos. Por tal razón, las soluciones a esta clase de problemas no se obtiene, sino muy rara vez, por la vía deductiva. La esencia del arte de la Política, en cambio, es la de ser un oficio de invención y aplicación de tratamientos. En este sentido, hay un “estado del arte” de la Política.

El paradigma así delineado se contrapone a una visión tradicional de la Política como el oficio de obtener poder, acrecentarlo e impedir que un competidor acceda al poder. Esta formulación, que los alemanes bautizaron con el nombre de Realpolitik, es el enfoque convencional, que en el fondo es responsable por la insuficiencia política—exactamente en el mismo sentido que se habla de insuficiencia cardiaca o renal—de los actores políticos tradicionales. El tránsito de un paradigma de Realpolitik a un paradigma “clínico” o “médico” de la política se hará inevitable en la medida en que la sociedad en general crezca en informatización y acreciente de ese modo el nivel general de cultura política de los ciudadanos.

………

Ese ejercicio profesional clínico, he argumentado, debe estar sujeto a un código de ética, tal como la Medicina se rige por el Juramento de Hipócrates. Puedes leer el que compuse en 1995 acá: Código de conducta*

………

Las ideologías, como asenté en el material que te enviara al recibir de ti la noticia de la reunión de ODCA, son guías obsoletas que en la gran mayoría de los casos sirven como justificación (o coartada) precisamente para una mera lucha por el poder. Pedro Pablo Aguilar [ex Secretario General de COPEI],** declarando a El Nacional el 7 de junio de 1986: “Mi planteamiento es que los intelectuales, los sectores profesionales y empresariales, los líderes de la sociedad civil no pueden seguir de espaldas a la realidad de los partidos, y sobre todo, a la realidad de los partidos que protagonizan la lucha por el poder”.

………

También anexé, a una de las respuestas, un texto de veinte páginas que compusiera entre el 18 y el 19 de febrero de 2013 para los amigos Marcel Granier y Luis Penzini, este último dolorosamente fallecido. (El lugar de los valores en la política). Ese documento se inició con esta explicación:

En las últimas dos visitas que he hecho, dos amigos de gran inteligencia y solidez moral me han planteado, con diferencia de unos pocos días, el mismo problema metapolítico: la función de los valores en el ejercicio de la política. No hay razón para sorprenderse de la coincidencia; ambos han compartido importantes pedazos de historia personal y cívica y son, por tanto, espíritus afines. El primero de ellos explicó que ha asumido antes la posición que defiendo acerca de la obsolescencia de las ideologías, pero que más recientemente se pregunta por la conveniencia de su preservación porque este asunto de los valores le parece central al buen ejercicio de la política. El segundo contrastó el discurso de “la Cuarta República” con el actual discurso militarista del hombre fuerte (una particular reencarnación del cesarismo democrático) y cree que el discurso político que podía dejar atrás a ambos es “el discurso de los valores”. Este tema del lugar de los valores en el ejercicio político, pues, es tanto importante como recurrente, tal como señala el epígrafe*** que fuera tomado de un texto de hace más de dos décadas.

Y siendo que el caso venezolano que más conozco es el de COPEI, me valí de él en esa comunicación para argumentar mi propia comprensión del tema ideológico:

Antes de la llegada del sistema chavista, fue COPEI la formación del bipartidismo que más tiempo y esfuerzo invirtió en el problema de la ideología, al punto que celebró su “congreso ideológico” en octubre de 1986. (Acción Democrática manejó este asunto de modo más íntimo y discreto, con las tesis internas de su Secretaría de Doctrina. Esta unidad, dirigida a la caída de Pérez Jiménez por Domingo Alberto Rangel, definía en su documento base: Acción Democrática es un partido marxista. Luego aclaraba que su empleo del marxismo era estrictamente para fines analíticos, no terapéuticos. Naturalmente, el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento Al Socialismo tenían una importante carga ideológica, más el primero que el segundo, así como organizaciones como La Causa R—fundada por el marxista Alfredo Maneiro—y Bandera Roja; pero estos partidos, sumados, por mucho tiempo no pasaron del “6% histórico de la izquierda venezolana”).

Fundado en 1946

COPEI, en cambio, se distinguió siempre por su definición ideológica. Rafael Caldera precisó la ubicación del partido en el mitin de cierre de su campaña presidencial en 1963; en su discurso dijo enfáticamente: “COPEI es un partido de centro-izquierda”, a pesar de que en su origen admiraba el falangismo español y había establecido su fuerza electoral en los estados andinos, que expresaban su descontento con AD, el partido que había interrumpido la hegemonía andina en 1945. La sección juvenil de COPEI buscó posicionarse al lado izquierdo con su propio nombre: Juventud Revolucionaria Copeyana. Nada de esto impidió que su práctica política se orientara inequívocamente a la búsqueda del poder, como indicó de nuevo Rafael Caldera: “Yo no estoy en las alturas del poder, sino en las arenas de la lucha política…”

Si el estilo inconfundible de la Realpolitik, de la política del poder por el poder, pudo entronizarse en tal grado en la práctica de la dirigencia copeyana, eso fue posible gracias al anquilosamiento de la función ideológica socialcristiana. En términos sobresimplificados, el esquema de actuación del político copeyano, en especial de su dirigencia, consistía en conocer los principios de la democracia cristiana—contenidos, como se ha explicado aquí antes, en el libro de Pérez Olivares y en la obra posterior de Rafael Caldera: Especificidad de la Democracia Cristiana—procurarse un adiestramiento retórico y de oratoria y manejarse dentro de los estatutos y reglamentos del partido, anotándose en alguno de los “ismos” determinados por el liderazgo de alguna figura en particular: calderismo, herrerismo, eduardismo, oswaldismo. El supuesto simplista de este esquema residía en la idea de que los principios funcionarían como axiomas geométricos, a partir de las cuales sería posible deducir la política concreta.

Es así como, tan tarde como en 1985, Eduardo Fernández y Gustavo Tarre Briceño entendían las labores del Congreso Ideológico Nacional como partiendo de un “nivel filosófico-principista” e incluyendo un “nivel de la política concreta”. Ambos niveles, pensaban, requerían un “puente sociológico” que les comunicase, lo que revelaba la dificultad con la que se habían topado: la incomunicabilidad entre principios y práctica política.

El problema era éste: no bastaba reflexionar intensamente sobre, digamos, el principio de la dignidad de la persona humana para extraer deductivamente una solución al problema de la deuda externa que fuese una solución demócrata cristiana.

Esa creencia en una relación deductiva entre principios y política es un rasgo bastante común del paradigma político clásico, y se manifestaba con particular intensidad en el pensamiento de los líderes de la democracia cristiana venezolana. Un destacado ejemplo lo constituyó el debate sobre el “agotamiento del modelo de desarrollo venezolano”, tema de moda por los comienzos de la década de los ochenta y en el que terció el Dr. Rafael Caldera con una tesis bastante típica de las formulaciones clásicas. Caldera argumentó, desde un discurso pronunciado en tierras mexicanas, que no era cierto que el modelo de desarrollo venezolano hubiese caducado; más bien, por lo contrario, el asunto era que no había sido llevado a la práctica, y que debía buscarse la descripción del susodicho modelo en el Preámbulo de la Constitución Nacional de 1961.

Una postura idéntica podía encontrarse en muchos otros discursos como, por ejemplo, en la estereotipada conferencia sobre “objetivos nacionales” del curso del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional: “Los Objetivos Nacionales se dividen en Objetivos Nacionales Permanentes y Objetivos Nacionales Transitorios. Los Objetivos Nacionales Permanentes están enumerados en el Preámbulo de la Constitución Nacional”.

Vale la pena transcribir acá el texto pertinente del Preámbulo de la Constitución:

“…con el propósito de mantener la independencia y la integridad territorial de la Nación, fortalecer su unidad, asegurar la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones; proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social; lograr la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, según los principios de la justicia social, y fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre; mantener la igualdad social y jurídica, sin discriminaciones derivadas de raza, sexo, credo o condición social; cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las repúblicas hermanas del continente, en los fines de la comunidad internacional, sobre la base del recíproco respeto de las soberanías, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico como instrumentos de política internacional; sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la Tierra; y conservar y acrecer el patrimonio moral e histórico de la Nación…”

Obviamente el texto que antecede es un recuento de valores y criterios más que de objetivos, por lo que difícilmente puede llamarse al Preámbulo de la Constitución de 1961 un “modelo de desarrollo”.

Hoy la casa de Eduardo Fernández y su hijo

Ante tales dificultades llegó a hacerse doctrina del Instituto de Formación Demócrata Cristiana, IFEDEC, fundado por Arístides Calvani, la existencia de unos “planos de mediación”: pisos sucesivos de concreción mediante los cuales sería posible “descender” del techo de los principios hasta la planta baja de las políticas específicas. El invento era una elaboración de tesis formuladas en Chile, hacia la época de los años sesenta, por el padre jesuita Roger Vekemans, de gran influencia ideológica en la democracia cristiana continental.

Tales elaboraciones no hacían otra cosa, por supuesto, que complicar el problema, introduciendo una serie de pasos conceptuales que equivalía a “correr la arruga” una y otra vez. Una formulación alternativa, que les fue ofrecida, no contó con mucha acogida. (En 1985 ya les había sugerido que los valores no debían ser vistos como “objetivos”, sino como criterios de selección de tratamientos políticos. La idea subyacente, en este caso, es que la política no se deduce sino que se inventa. Frente a un determinado problema surge— dependiendo del “estado del arte” de las disciplinas analíticas—un grupo de soluciones diferentes, ante las que los valores son útiles para escoger aquella solución “más democrática” o “más justa” o que mejor parada deje a la “dignidad” o, a lo Moronta, a la “centralidad de la persona humana”).

Pero esta bizantina salida de postular la existencia—inobservable—de unos supuestos “planos de mediación” no obstaba para que en IFEDEC se admitiera que en política era inevitable “derramar sangre”, por lo que además del discurso principista y ético se manejaba una soterrada autorización a la práctica de la Realpolitik.

(En Estudio copeyano, referéndum, Vol. I, No 8, 19 de octubre de 1994).

………

En el estudio sobre el lugar de los “valores” en la política inserté esta observación: “El Movimiento Al Socialismo, Podemos, Patria Para Todos ondean banderas marxistas; Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo son partidos de la socialdemocracia; COPEI, Primero Justicia, Proyecto Venezuela y lo que quede de Convergencia son organizaciones socialcristianas. La misma redundancia de opciones dentro de una misma corriente ideológica ya es signo de que, incluso para ellas, lo ideológico no es lo importante”. (Olvidé mencionar en esta enumeración la formación de Henri Falcón, de la corriente “progresista” de la socialdemocracia y Voluntad Popular, partido inscrito en ¡la Internacional Socialista!, algo así como la ODCA adeca).

………

Todos los argumentos arriba transcritos están sujetos a la quinta estipulación de mi Código de Ética Política:

Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando éstos se debiesen a mi negligencia.

De antes debiera Andrés Caldera Pietri estar persuadido de que no hablo por la tapa de la barriga; de ahora, que he considerado el asunto ideológico en profundidad. LEA

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* En la comunicación a Granier y Penzini apunté: “Como tal oficio o profesión, debe estar sujeta la Política a un código de ética, algo que es mucho más específico y práctico que una doctrina centrada en valores abstractos, puesto que estipula los comportamientos correctos. En septiembre de 1995, sentí la necesidad de componer uno para la Política y opté por seguir, en su orden expositivo, el manifiesto en el Juramento de Hipócrates, el primer código deontológico de la humanidad. (El 26 de ese mes, juré cumplirlo públicamente en el programa Argumento, un espacio dominical que por entonces conducía en Unión Radio)”.

** Aguilar es uno de los firmantes del comunicado de ODCA, igualmente suscrito por Oswaldo Álvarez Paz, quien compitiera por el poder y perdiera ante Rafael Caldera en 1993 a pesar de ser fiel de su misma ideología—¿misma religión, distinta secta?—, Humberto Calderón Berti (defenestrado por Juan Guaidó), Abdón Vivas Terán (destituido de la Secretaría General de la Juventud Revolucionaria Copeyana por ser demasiado rojito para Caldera), Román Duque Corredor (próximo a Eduardo Fernández, inasistente ¿no invitado?), José Rodríguez Iturbe (fugaz Canciller del efímero Pedro Carmona Estanga), etcétera.

*** Es cada vez más frecuente encontrar (…) en los diagnósticos que intentan establecer las causas de la erosión institucional y la patología de la conducta societal, una referencia a una crisis de los valores. Sería igualmente sorprendente que la solución a esta mentada crisis de los valores (…) fuese a encontrarse en una vuelta a imágenes que fueron funcionales en un pasado. (Un tratamiento al problema de la calidad de la educación superior no vocacional en Venezuela, 15 de diciembre de 1990).

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Coro de loros

 

Transnacional de los socialcristianos

 

Un estimado y demócrata-cristiano amigo me ha hecho llegar el comunicado que transcribo de seguidas:

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA ODCA – (Comunicado 1)

Atendiendo el llamado que nos hace la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) en el Consejo Directivo celebrado en la ciudad de México el pasado 19 de septiembre de 2019, por el que nos exhorta a integrar una instancia política superior de la democracia cristiana para fortalecer el papel de esta corriente de pensamiento político universal en la lucha por la libertad de Venezuela;

Siendo ODCA la única organización internacional radicada en el continente americano y dentro de la Internacional Demócrata de Centro, que agrupa, legitima y autoriza el uso instrumental con carácter partidario de la doctrina humanista cristiana para la transformación integral de los pueblos del continente;

Nosotros, abajo firmantes, convencidos de que la democracia cristiana constituye el mejor camino para lograr un mundo donde prevalezca la paz, la solidaridad y el desarrollo integral del hombre y de todos los hombres, fundado en la justicia social, nacional e internacional, la búsqueda del bien común universal y una conducta ética en los dirigentes políticos de todas las naciones;

Reafirmamos la posición sostenida a lo largo de la historia, de los demócrata-cristianos del mundo, en la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, tanto en funciones de gobierno como en oposición, enfrentando dictaduras y regímenes autoritarios de cualquier signo ideológico, así como el uso de la violencia como instrumento de lucha política;

Destacamos la larga lucha de los dirigentes demócrata-cristianos en Venezuela para lograr el consenso que permitiera instaurar una democracia pluralista, con respeto a las diferentes ideologías y credos religiosos, con vigencia de la paz social y del estado de derecho, en la que se priorizó la educación, la salud y la vivienda—fundamentales para la movilidad social y la realización de la familia—, los derechos laborales y el ascenso de los trabajadores de la ciudad y del campo, la industrialización y lo “hecho en Venezuela”, la descentralización y la participación ciudadana, la solidaridad y la convivencia armónica, esenciales para lograr el desarrollo;

Ratificamos nuestro categórico rechazo a la usurpación que el señor Nicolás Maduro ha hecho de la Presidencia de la República a través de unas elecciones ilegítimas, viciadas de nulidad y desconocidas por la comunidad democrática mundial; a la violación sistemática del régimen usurpador del estado de derecho y de los derechos humanos; y a la entrega de la soberanía nacional a agentes extranjeros;

Exigimos al gobierno usurpador desistir de los métodos de violencia, represión, tortura y trato criminal que han sido ampliamente descritos y denunciados por la Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por los organismos interamericanos de derechos humanos, así como por las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Exhortamos a todos nuestros compatriotas social-cristianos, al igual que a todos los demócratas venezolanos, sea cual fuere su posición política, a respaldar unidos a la Asamblea Nacional, única representante de la soberanía nacional y a su presidente, el Diputado Juan Guaidó, a quien constitucionalmente corresponde ejercer las funciones de Jefe del Estado y al gobierno interino, para encontrar una salida a la tragedia en que se encuentra sumida Venezuela y restablecer la democracia, sus instituciones y el orden constitucional, mediante la ejecución de una política de amplitud, solidaridad y participación, ajena a sectarismos partidistas, que llame a los mejores venezolanos escogidos por su preparación y honestidad a colaborar en el proceso de transición, con miras a realizar un gobierno de unidad nacional;

Urgimos a la comunidad internacional a alcanzar pronto una unidad de criterio que ayude a Venezuela en una pronta salida a la usurpación que sufre, y que concluya en unas elecciones presidenciales limpias e internacionalmente observadas, ante el éxodo masivo de familias que tratan de escapar a una dura realidad de miseria y muerte;

Por último, convocamos al acto de instalación de este Consejo que será el próximo lunes 20 de enero de 2020, a las 11.00 am en la sede de El Nacional, avenida principal de Los Cortijos de Lourdes con 3ª. Transversal, en Caracas, para reafirmar nuestra posición unitaria de lucha, al lado de los demócratas de todas las corrientes políticas, en el propósito de reestablecer [sic] lo más pronto posible la democracia venezolana.

Caracas, enero de 2020.

Pedro Pablo Aguilar, Oswaldo Álvarez Paz, Humberto Calderón Berti, Andrés Caldera Pietri, José Curiel Rodríguez, Abdón Vivas Terán, Julio César Moreno, Román José Duque Corredor, José Rodríguez Iturbe, Gloria Capriles, Haroldo Romero, Nelson Maldonado, Ivonne Attas, Emilio López, Jesús “Chucho” Ganem y Guillermo Yepes Boscán.

Consultores: Gustavo Tarre Briceño y Asdrúbal Aguiar.

Por el COPEI legítimo: Roberto Enríquez, Robert García, Enrique Naime y Lorenzo Tovar.

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Procedo a comentarlo. Los primeros tres considerandos posicionan a ODCA en el anacronismo: “esta corriente de pensamiento político universal (…) dentro de la Internacional Demócrata de Centro, que agrupa, legitima y autoriza el uso instrumental con carácter partidario de la doctrina humanista cristiana (..) la democracia cristiana constituye el mejor camino…”

No podía ser de otra manera; el nombre mismo de la asociación la define como “demócrata-cristiana”, es decir, como una entidad que obedece a una ideología. *

Las ideologías han perdido su poder de producir soluciones. El registro de la Organización Internacional del Trabajo hace tiempo que superó el millón de oficios diferentes en el mundo. ¿Cómo puede un partido representar en la única categoría de trabajadores una riqueza así, una complejidad de esa escala? Ya no vivimos la Revolución Industrial, cuando toda ideología se inventara; ahora vivimos la de la Internet, la telefonía móvil, las tabletas, las interacciones instantáneas, las enciclopedias democráticas, las apps. La de la biogenética, la cirugía mínimamente invasiva, la posibilidad de introducir al planeta especies vegetales o animales nuevas. La de una sonda espacial posada sobre un cometa, la comprobación experimental de la partícula de Dios o Bosón de Higgs, la fotografía cada vez más extensa y detallada de los componentes del cosmos, la materia oscura, la geometría fractal y las ciencias de la complejidad. La de la explosión de la diversidad cultural, la del referendo, del escrutinio inmisericorde de la privacidad de los políticos y el espionaje universal. La del hiperterrorismo, las agitaciones políticas a escala subcontinental, el cambio climático. Nada de esta incompleta enumeración cabe en una ideología, en la cabeza de Stuart Mill, Marx, Bernstein o León XIII. Cualquier ideología—la pretensión de que se conoce cuál debe ser la sociedad perfecta o preferible y quién tiene la culpa de que aún no lo sea—es un envoltorio conceptual enteramente incapaz de contener ese enorme despliegue de factores novísimos y revolucionarios. Ésta es una revolución de revoluciones. (El medio es el medio, 29 de abril de 2015).

León XIII

León XIII es el más reciente de los ideólogos allí mencionados; el 15 de mayo de 1891 se publicó la primera encíclica “social” de los papas, su Rerum novarum. Recordada y puesta al día por Pío XI en Quadragesimo anno (1931) y Juan XXIII en Mater et magistra (1961), señaló un “tercer camino” igualmente distanciado de la ideología liberal y el socialismo. Con esa doctrina, innovadora para su época, surgiría el Partido Popolare Italiano, creación del sacerdote Luigi Sturzo y antecesor de Democrazia Cristiana. (“Desde 1946 hasta 1994 la DC fue el partido más grande en el Parlamento, gobernando siempre en coalición. Al inicio apostaba por políticas liberal-conservadoras, para luego evolucionar hacia coaliciones de centroizquierda”. Wikipedia en Español).

Desde entonces, ha corrido mucha agua bajo el puente.

…es más fácil todavía postular un nuevo espacio político en el que se proscriba la función ideológica. Las ideologías, en sus variedades conocidas (inventadas en el siglo XIX para manejar los asuntos públicos en sociedades de complejidad mucho menor que las del siglo XXI), son obviamente obsoletas. El mismo día de la muerte de Carlos Fuentes (15 de mayo de 2012), se publicaba simultáneamente en Madrid y Ciudad de México su último artículo: Viva el socialismo, pero… En él preguntaba: “¿Cómo responderá François Hollande a este nuevo desafío, el de una sociedad que al cabo no se reconoce en ninguna de las tribus políticas tradicionales: izquierda, centro o derecha?” La ideología debe ser suplantada por la metodología, una metodología clínica para un oficio cuyo fin es resolver problemas de carácter público. (…) Los conceptos políticos del siglo XIX no pueden asir la compleja realidad de las sociedades del siglo XXI. El uno romano ha escapado del encierro de las equis. (Una especie política nueva, 11 de marzo de 2015).

Entre nosotros, Arturo Úslar Pietri asentaba en artículo publicado por el diario El Nacional el 30 de octubre de 1991 (más de seis años después de que alguien, en conversación en su biblioteca, le hubiera planteado lo mismo):

“…de pronto el discurso político tradicional se ha hecho obsoleto e ineficaz, aunque todavía muchos políticos no se den cuenta. Toda una retórica sacramentalizada, todo un vocabulario ha perdido de pronto significación y validez sin que se vea todavía cómo y con qué substituirlo… Hasta ahora no hemos encontrado las nuevas ideas para la nueva situación…”

Vamos en el siglo XXI, en el tercer milenio, a un mundo postideológico, transideológico, pero la ODCA no se ha percatado de esa profundísima búsqueda.

………

Apartando ese asunto meramente principista pero fundamental, principalmente dos pasajes prescriptivos del comunicado son lamentables. En el primero asienta: “Ratificamos nuestro categórico rechazo a la usurpación que el señor Nicolás Maduro ha hecho de la Presidencia de la República a través de unas elecciones ilegítimas, viciadas de nulidad y desconocidas por la comunidad democrática mundial”. El presidente Maduro, independientemente de su obvia perniciosidad, no ha usurpado su cargo a nadie.

Artículo 9 de la Constitución Nacional: “El idioma oficial es el castellano”.

 

Usurpar es, según el Diccionario de la Lengua Española: “1. Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. 2. Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios”.

………

Que un número significativo de países de “la comunidad democrática mundial” haya desconocido la presidencia de Nicolás Maduro no es argumento sustancial:

Que esas “tesis” proferidas por Guaidó hayan sido reconocidas por una cincuentena de países no las convierte en verdaderas de ningún modo. El “tecnicismo legal” que fundamenta la empresa del Ing. Guaidó, vendido como sacrosanto a cancillerías de países que lo dan por correcto sin examinar por sí mismas nuestra Constitución, es una patraña, y la solución a nuestros problemas debe provenir de nosotros mismos, como ha enfatizado el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea. El literal d del Art. 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos establece con gran claridad: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales”. (Je m’accuse, 23 de septiembre de 2019).

Y copio de la misma entrada:

Se ha dicho que la elección de Maduro es ilegítima, por diversas razones. La primera es que fue electo para su segundo período el 20 de mayo de 2018, en presunta contravención de lo constitucional y legalmente previsto; ciertamente, la fecha contravino la costumbre electoral venezolana, pero ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales prescriben una fecha específica a la elección de Presidente. Luego, la convocatoria misma, hecha por el Consejo Nacional Electoral, fue precedida por una decisión al respecto de la Asamblea Nacional Constituyente en funciones, pero nuestro CNE no podía objetarla, puesto que la Constitución establece en su Artículo 349: “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. (Cualquier decisión subconstitucional de este órgano debe ser acatada). Claro que la constituyente misma es objetada, sobre la errada tesis de que la elección de ella no puede ser decidida sino mediante un referendo popular, cuando el Artículo 348 se inicia diciendo: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…” Finalmente, se sostiene que no todas las organizaciones partidistas pudieron participar en la elección de mayo del año pasado por encontrarse inhabilitadas ventajistamente; nuestra legislación electoral obliga a cualquier partido que no haya participado en la elección inmediatamente anterior a un proceso de rehabilitación, y fueron esos mismos partidos los que decidieron no acogerse a ese procedimiento.

………

Finalmente, no es cierto que el diputado Juan Guaidó sea “a quien constitucionalmente corresponde ejercer las funciones de Jefe del Estado”. Como puse en la entrada recién citada—una carta que dirigí al Presidente de Chile, Sebastián Piñera, hace cuatro meses—:

Nuestra Constitución contempla sólo un caso en el que el Presidente de la Asamblea Nacional asume la Presidencia de la República; su Artículo 233 lo establece así en su segundo parágrafo:

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Como puede Ud. ver, no es la Asamblea Nacional el órgano que designa a su Presidente como encargado de la Presidencia de la República sino esa previsión constitucional, y ésta requiere la existencia previa de un Presidente electo cuya falta absoluta se haya producido, lo que no ha sido nunca el caso. José Ignacio Hernández, el  cuestionado “Procurador Especial” nombrado inconstitucionalmente por Guaidó, escribió el 11 de enero de este año: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego argumentaría falsamente que correspondería a la Asamblea Nacional interpretar ese artículo para “ajustarlo” a la situación real, cuando el Artículo 336 confiere inequívocamente esa potestad al Tribunal Supremo de Justicia.

Entre Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. El domingo 27 de enero me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación, porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:

En mi programa de ayer por RCR me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.

A eso contestó:

Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.

A mi vez, disparé esta andanada:

Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar. Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”. Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.

Hasta ahora, no hay reacción ulterior de Hernández.

………

En síntesis, no hay nada de original y muy poco de veraz en el pomposo comunicado de la Organización Demócrata Cristiana de América. No hay en él valor agregado alguno; por lo contrario, reitera los errores de la patraña contumaz, en grado de continuidad, de Juan Guaidó, y además llega con significativo retraso. Si de verdad fuera su propósito el de “restablecer lo más pronto posible la democracia venezolana”, invito a los firmantes del comunicado a considerar lo siguiente (en La médula del problema, 4 de octubre de 2019):

Propongo a los actores políticos nacionales esta ruta alterna, distinta de la promovida por Juan Guaidó: 1. cese de la usurpación de las ideas primitivas y obsoletas; 2. gobierno de transición mental; 3. elecciones libres que abran la puerta a políticos verdaderamente eficaces, transideológicos, clínicos. (Eso sí: obtenidas no de un acuerdo cupular constitucionalmente incompetente en Barbados o Barbuda, sino por mandato específico del Pueblo pronunciado en referendo).

Tienen los firmantes, unos cuantos entre ellos amigos del suscrito, cinco días para reflexionar sobre lo aquí puesto antes de su prevista reunión en la sede de El Nacional, el auditorio político de moda entre los opositores más vistosos. LEA

………

Uno de los directores generales del Instituto de Formación Demócrata Cristiana (IFEDEC) me confió una vez: “Acá enseñamos a los participantes en nuestros cursos los principios de la democracia cristiana, pero también les decimos en voz baja que en política hay que sacar sangre”.

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Reiteración del error

 

El poder sintético de una caricatura inteligente

 

El político que tiene el poder en sus manos es, por su misma posición, un inevitable modelo de conducta. Si es deshonesto se convierte en modelo de deshonestidad, y daña así el temple moral de la sociedad entera. Convierte a la comunidad en organismo cínico, desvergonzado, que se siente autorizado a la corrupción porque sus hombres más encumbrados se conducen deshonestamente.

El político virtuoso – 18 de octubre de 2007

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El 28 de junio de 2015, publicó el semanario La Razón la entrevista que me hiciera Edgardo Agüero diecisiete días antes; ella incluyó este intercambio:

Hay quienes afirman que existen factores dentro de la MUD que en función de sus intereses políticos y pecuniarios, juegan a favor del gobierno. ¿Qué habrá de cierto en ello?

Mi aproximación a la política es clínica. Si un médico intentara curar un hígado enfermo tratando célula por célula se volvería loco; por eso no me intereso por la chismografía política acerca de actores particulares. Si tuviera que descalificar a algún actor político no lo haría por su negatividad, sino por la insuficiencia de su positividad. No me intereso por esa clase de asuntos.

Ése es justamente el motivo por el que había descuidado enterarme de los detalles en la explosiva denuncia, del portal Armando Info, acerca de un presunto esquema de corrupción en el seno de la oposición profesional venezolana: “El medio de comunicación Armando Info publicó un reportaje en el que un grupo de diputados a la Asamblea Nacional (AN) pertenecientes a partidos políticos de oposición estarían participando en tramas de corrupción con empresarios colombianos vinculados con el Gobierno de Nicolás Maduro. (…) Armando Info detalló que desde comienzo de 2018 ‘se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negocios (…) de importaciones para los combos CLAP’, en la cual participaron diputados opositores, ‘algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría’ de la AN”. También había leído someramente acerca de la destitución del “embajador” de Juan Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, quien se había referido precisamente a tales corruptelas y que destaca Rayma en su certera caricatura.

En cambio, llamó mi atención un artículo de ayer en El Universal—¿Qué es un político puro?—escrito por Luis Vicente León, el presidente de la encuestadora Datanálisis. En él sostiene, con sus palabras iniciales, una tesis que me alarmó más que la noticia de corruptelas concretas: “Un político puro no es una persona éticamente irreprochable, ni tiene porque [sic] serlo. En efecto es insuficiente o mezquino juzgar éticamente a un político: hay que juzgarlo políticamente”. Más adelante completa el planteamiento:

…no existe forma de resolver el problema venezolano sin contar con, al menos, un político puro, capaz de enamorar a la población para que confíe en él, aunque su tarea luzca inalcanzable, y que luego sepa convertir esa fuerza en presión de cambio, en tensión para lograr una negociación exitosa, en la que tendrá que sacrificar a veces legalidad, a veces justicia y siempre derechos propios para lograr el objetivo final, que en definitiva será el éxito político por el que deberá ser evaluado.

Opino en este punto en diametral oposición a León; si a algún oficio debe exigírsele limitaciones de orden ético es a la política. “Comoquiera que los políticos, cuando tienen éxito en hacerse con una cierta cantidad de poder, adquieren sobre nuestras vidas una influencia que supera la habitual en transacciones interpersonales cotidianas, y como nadie tiene original derecho (…) de imponer su voluntad a otro en virtud de la igualdad de principio (…) entre los seres humanos, deben por aquella ventaja comportarse de forma que satisfagan criterios más astringentes que los comunes, exigibles a todo el mundo. Puesto de otra forma: entre los más fundamentales derechos políticos de los miembros de una comunidad, se encuentra el de exigir a sus líderes un comportamiento virtuoso. Nos lo deben”. (El político virtuoso).

Pero León consideró oportuno tuitear apresuradamente, ayer mismo: “Algunos pueden pensar que los escándalos recientes afectarán focalmente el liderazgo de Guaidó. Esa es una visión miope”. Me parece que el líder de una empresa dedicada al registro de la opinión pública venezolana, lo que debe ser imparcial, no debe quebrar lanzas en defensa de ningún político concreto. Estaría yo equivocado, claro, si la prescripción de León se aplicara a él mismo, si fuese “insuficiente o mezquino juzgar éticamente” a un encuestador.

………

Anoche inicié el sueño afectado por una incomodidad indefinida, cuya causa emergió con toda claridad al despertar hoy: ya yo había leído antes, y hasta comentado acá, el infeliz artículo de León. En efecto, exactamente la misma pieza fue publicada por El Universal el 13 de enero de este año. ¿Por qué escogió León repetirse íntegra y textualmente para decir, justamente en estos momentos de hedores corruptos, que sería “insuficiente o mezquino juzgar éticamente a un político: hay que juzgarlo políticamente”?

En Impureza pura (15 de enero de 2019) se puso:

…León sobresimplifica al postular que la oposición única a su político “puro”, a quien sería “insuficiente o mezquino—DRAE: Falto de generosidad y nobleza de espíritu—juzgar éticamente”, es la de alguien “que se encierra en luchas intestinas, discursos emocionales y amenazas de perro echado que no puede operacionalizar”. La bondad no está reñida con la eficacia, ni obliga a luchas intestinas, a discursos emocionales o la incompetencia operativa; creer que ella castra la eficacia política es una simpleza. (…) Me rebelo ante la dicotomía postulada por Luis Vicente León; no se necesita la inmoralidad para ser político eficaz, y ser un intelectual no es óbice de lo mismo. Admitir lo que él postula es acoger el error, y éste sólo se supera con la verdad, no con otra equivocación. Si alguna profesión debe ejercerse con bondad es la política, puesto que la visibilidad de los dirigentes políticos les convierte en modelos de conducta.

Reconozco que, sanado ya de la incomodidad nocturna, permanezco decepcionado y triste, pero me curaré reflexionando una vez más en la poderosa máxima que nos legara el gigante Pedro Grases: “La bondad nunca se equivoca”.

………

De todos modos, a una persona de persistente conducta moral no le es fácil entender a quienes se comporten distintamente; para ella, un comportamiento éticamente correcto es enteramente natural y no requiere especial esfuerzo. La mayoría de la gente buena, por consiguiente, no debe reivindicar mucho mérito en ser bondadosa, puesto que la mayor parte del tiempo sólo se conduce instintivamente.

Cristopher Hodgkinson propone estas prescripciones en La filosofía del liderazgo:

El actor no debe atarse afectivamente al resultado sino al proceso. El compromiso es con la obra misma; con la carrera y no con el premio; con la batalla y no con la victoria. El trabajo se vuelve en este sentido intrínsecamente honorable y satisfactorio a través de un proceso de compromiso moral y comprensión. (…) La indiferencia debe entenderse acá, naturalmente, en un sentido especial. No es que al líder no le importe. Al líder le importan y tienen que importarle los resultados, especialmente aquellos resultados humanos y organizacionales en los que tiene responsabilidad plena o parcial. A lo que, en razón del honor, debe ser indiferente es a los resultados de las acciones en tanto le afecten personalmente. Suponiendo que su curso de acción sea correcto, que ha descubierto cuál es su deber y cumplido con él, lo que es entonces un asunto de indiferencia, de despreocupación, es su propio éxito o fracaso. Ése es el ideal. Su propio ego debe dejar de importar, tiene que ser eliminado de la ecuación de las variables organizacionales. Tiene que ser trascendido. Y aunque esto pueda parecer escandalosamente idealista, esa praxis es también posible.

Recomiendo a Luis Vicente León la lectura de Hodgkinson; puede conseguir un ejemplar usado de su libro en Amazon por poco más de seis dólares. LEA

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Declaración irresponsable

 

La argumentación sosegada de una lideresa científica

 

Allá por los años sesenta, cuando comenzaba la democracia larga en Venezuela, corría un chiste acerca de las medidas que tomaban los hombres cornudos según su ideología política. El derechista enterado de que su esposa le era infiel tomaba un revólver y la mataba junto con su amante, el centrista socialcristiano buscaba la guía de su director espiritual, y quien fuera izquierdista iba a protestar ante la embajada americana.

Medio siglo más tarde, este último procedimiento de proyección de la culpa en el enemigo se ha desplazado al polo opuesto. María Corina Machado se sintió “obligada” a comentar el trágico incidente de muertos y heridos en el Parque del Este—¿sólo quiso aprovechar para insertarse en el “ciclo de las noticias”?—, a raíz de una estampida juvenil que buscaba entrar a un concierto de rap trepando sobre las rejas que separan a ese espacio de la calle. Esto dijo:

“Qué dolor e indignación tan grande por la tragedia del Parque del Este. Son niños que sólo han visto abuso y maldad desde ‘el poder’. Niños, cuya cotidianidad es violencia y privaciones. Les robaron su infancia. Hoy, la irresponsabilidad generalizada les quita la vida”.

Esa unifocal “sociología” de Machado cabría holgadamente dentro de lo que ella misma llama “la irresponsabilidad generalizada”. LEA

………

Actualización: con fecha de ayer (16/11/19), el diario El Universal ofreció información acerca de lo acaecido, en la que se lee esta evaluación:

Calor, aglomeración de personas, falta de control y la improvisación, se unieron en una mezcla mortal que terminó jugando contra los promotores del evento. Al ser consultado al respecto, Javier Gorriño, director de Seguridad Ciudadana de la alcaldía de El Hatillo destaca que el principal problema que pudo observar en el concierto fue que parecía no haber logística que garantizara la seguridad de los asistentes. “Los organizadores fueron superados en sus expectativas, no tomaron en cuenta que cuando se organiza un evento de ese tipo deben contar con una capacidad de acción ante un aforo determinado, pero si se trata de un evento gratuito, la logística debe triplicarse, para garantizar la seguridad”. Cuando se organizan conciertos o eventos de gran magnitud, se llevan a cabo gran cantidad de reuniones de trabajo para preparar todo, minimizar el impacto y así evitar problemas, “si eso no se hace el evento puede terminar de manera caótica, como finalmente ocurrió”.

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Je m’accuse…

 

Para mirar hacia la izquierda debe estarse a la derecha

 

…de cometer una autoinfidencia. Me he robado a mí mismo un documento que pensé originalmente destinar a Santiago de Chile, con el avieso propósito de autodenunciarme. Lo reproduzco a continuación:

 

Caracas, 23 de septiembre de 2019

Excmo. Sr. Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique

Presidente de la República de Chile

Su Despacho

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Señor Presidente: creo de posible utilidad para Ud. que le allegue comentarios a presuntas declaraciones suyas—no me consta que le citen fidedignamente—que reproduce entre otros medios un diario venezolano, El Carabobeño, en su sitio web ayer, 22 de septiembre. Permítame transcribir la nota en cuestión íntegramente:

El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, le respondió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien aseguró que para la Organización de Naciones Unidas (ONU) Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela.

En suelo norteamericano, el mandatario chileno enfatizó que “la posición del Gobierno de Chile es que Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela”.

“Guaidó fue designado como presidente encargado por la Asamblea Nacional, única institución legítima y democrática que existe en Venezuela, con un mandato: convocar lo antes posible a elecciones libres, abiertas, transparentes y democráticas”, sostuvo Piñera.

El presidente Piñera llegó hasta Nueva York para participar de la 74ª Asamblea General de la ONU, donde abordará la crisis medioambiental y la crisis de Venezuela.

En relación al respaldo de Chile a la resolución para constituir el Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para enfrentar la crisis venezolana, el primer mandatario refirió que “lo que está en juego es muy simple: Estamos por favorecer el camino a la dictadura de Maduro o estamos por favorecer el camino a la recuperación de la libertad”, publicó el Centro de Comunicación Nacional (CCN).

(Este último centro tiene por objeto brindar “a todos los ciudadanos venezolanos acceso directo y al instante de todas las actividades y gestiones del Presidente Encargado de la República, Juan Guaidó, los embajadores y representante[s] especiales designados y demás funcionarios del legítimo Ejecutivo Nacional», según reportó Crónica Uno el pasado 29 de abril).

………

Para empezar, no corresponde al Presidente de la República de Venezuela “convocar lo antes posible a elecciones libres, abiertas, transparentes y democráticas”, ni a nuestra Asamblea Nacional imponerle tal “mandato”.

Vamos a lo principal: el diputado Guaidó no es en ningún caso el Presidente de Venezuela, y nuestra Asamblea Nacional no tiene la potestad de designar a nadie como “presidente encargado”. Ella, por otra parte, no es la “única institución legítima y democrática que existe en Venezuela”. Su actual composición, de muy holgada mayoría de diputados de oposición, fue proclamada por el mismo Consejo Nacional Electoral que proclamara como Presidente legítimamente electo al Sr. Nicolás Maduro Moros para el período 2019-2025. La elección de Asamblea fue impugnada por nueve recursos ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, a siete de los cuales se opuso el propio Consejo Nacional Electoral; la oposición no objetó a ninguno.

Nuestra Constitución contempla sólo un caso en el que el Presidente de la Asamblea Nacional asume la Presidencia de la República; su Artículo 233 lo establece así en su segundo parágrafo:

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Como puede Ud. ver, no es la Asamblea Nacional el órgano que designa a su Presidente como encargado de la Presidencia de la República sino esa previsión constitucional, y ésta requiere la existencia previa de un Presidente electo cuya falta absoluta se haya producido, lo que no ha sido nunca el caso. José Ignacio Hernández, el  cuestionado “Procurador Especial” nombrado inconstitucionalmente por Guaidó, escribió el 11 de enero de este año: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego argumentaría falsamente que correspondería a la Asamblea Nacional interpretar ese artículo para “ajustarlo” a la situación real, cuando el Artículo 336 confiere inequívocamente esa potestad al Tribunal Supremo de Justicia.

Entre Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. El domingo 27 de enero me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación, porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:

En mi programa de ayer por RCR me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.

A eso contestó:

Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.

A mi vez, disparé esta andanada:

Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar. Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”. Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.

Hasta ahora, no hay reacción ulterior de Hernández.

………

Se ha dicho que la elección de Maduro es ilegítima, por diversas razones. La primera es que fue electo para su segundo período el 20 de mayo de 2018, en presunta contravención de lo constitucional y legalmente previsto; ciertamente, la fecha contravino la costumbre electoral venezolana, pero ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales prescriben una fecha específica a la elección de Presidente. Luego, la convocatoria misma, hecha por el Consejo Nacional Electoral, fue precedida por una decisión al respecto de la Asamblea Nacional Constituyente en funciones, pero nuestro CNE no podía objetarla, puesto que la Constitución establece en su Artículo 349: “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. (Cualquier decisión subconstitucional de este órgano debe ser acatada). Claro que la constituyente misma es objetada, sobre la errada tesis de que la elección de ella no puede ser decidida sino mediante un referendo popular, cuando el Artículo 348 se inicia diciendo: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…” Finalmente, se sostiene que no todas las organizaciones partidistas pudieron participar en la elección de mayo del año pasado por encontrarse inhabilitadas ventajistamente; nuestra legislación electoral obliga a cualquier partido que no haya participado en la elección inmediatamente anterior a un proceso de rehabilitación, y fueron esos mismos partidos los que decidieron no acogerse a ese procedimiento.

………

El diputado Guaidó sostuvo el 7 de febrero, adicionalmente, que la Asamblea Nacional estaba constitucionalmente facultada para solicitar una intervención armada extranjera que depusiera al gobierno que preside Nicolás Maduro, porque así lo permitiría el Numeral 11 del Art. 187 de la Constitución. Esa disposición dice: “Corresponde a la Asamblea Nacional… 11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.

Una “misión militar” no es en ningún caso una intervención de guerra o una invasión por Venezuela en otro país ni de otro país en Venezuela. El concepto se refiere a un acuerdo de colaboración de orden técnico—asesoría o instrucción, como funcionó en Venezuela durante décadas con una misión militar de los EEUU—que se establezca por acuerdo de nuestro gobierno y otro foráneo. A todo evento, lo que la Asamblea Nacional puede hacer, como reza el Artículo citado, es autorizar al gobierno para establecer la misión del caso. (Diccionario de la Lengua Española: autorizar. Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo). La Asamblea Nacional no puede autorizarse a sí misma.

Que esas “tesis” proferidas por Guaidó hayan sido reconocidas por una cincuentena de países no las convierte en verdaderas de ningún modo. El “tecnicismo legal” que fundamenta la empresa del Ing. Guaidó, vendido como sacrosanto a cancillerías de países que lo dan por correcto sin examinar por sí mismas nuestra Constitución, es una patraña, y la solución a nuestros problemas debe provenir de nosotros mismos, como ha enfatizado el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea. El literal d del Art. 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos establece con gran claridad: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales”.

Considérese, además, los siguientes artículos de la misma carta:

Artículo 19. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Artículo 21. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción.

Cuba fue miembro de la OEA, bajo el régimen de dictadura comunista de Castro, desde 1959 hasta 1962, cuando fue suspendida luego de agredir a Venezuela con el financiamiento y organización de la subversión armada de nuestras guerrillas; esto es, porque había violado precisamente el Art. 19 de la carta. A pesar de eso, casi ocho años después de la Carta Democrática Interamericana (11 de septiembre de 2001) se decidió dejar sin efecto tal suspensión en julio de 2009.

Por otro lado, Chile fue miembro de la OEA durante todo el régimen de Augusto Pinochet, como lo fueron Argentina y Brasil cuando sufrieron dictaduras militares. Esos regímenes no fueron objetados en la organización. Por lo contrario,

…los Estados Unidos de Norteamérica intervinieron importantemente en la deposición de Salvador Allende en Chile (1973, bajo la presidencia del republicano Richard Nixon), y establecieron la Operación Cóndor, “nombre con que se conoce al plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América del Sur—Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela—con participación de los Estados Unidos, siendo Henry Kissinger señalado como su ideólogo. Fue llevado a cabo entre las décadas de 1970 y 1980, con el fin de instalar en la región un plan económico neoliberal, con el desmantelamiento de los Estados como articuladores de la vida pública y el desarrollo económico, más un fuerte endeudamiento externo. Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado, o contrarias a su política o ideología. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política. Los llamados “Archivos del Terror” hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 “desaparecidas” y 400.000 encarceladas. (Wikipedia en Español).

Comparado con Pinochet o Videla, Maduro es un boy scout.

………

Hizo Ud. referencia al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca invocado por el fabulista Guaidó. ¿Qué es el TIAR? Nos informa Wikipedia en Español:

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también llamado Tratado de Río, es un pacto de defensa mutua interamericano firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro. El área geográfica de acción del tratado, comprende a América y 300 millas a partir de la costa, incluyendo la región entre Alaska, Groenlandia, en el norte, y en la zona ártica hasta las islas Aleutianas. En el sur las regiones antárticas, y los islotes de San Pedro y San Pablo y la isla Trinidad (detallado en artículo 4 del Tratado).

Según el artículo 3.1 en caso de (…) un ataque armado por cualquier Estado contra un País Americano, será considerado como un ataque contra todos los Países Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
Se trata del primer tratado de su especie después de la Segunda Guerra Mundial. La firma del Tratado del Atlántico Norte corresponde a 1949. No todos los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos lo han firmado.

El TIAR ha sido invocado al menos 20 veces durante los años 1950 y 1960. Particularmente durante el bloqueo a Cuba en 1962 y la guerra entre Honduras y El Salvador en 1969. Sin embargo nunca fue puesto en acción debido a amenazas de la Guerra Fría. La más reciente invocación del TIAR ha sido la de EE. UU. después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Durante la Guerra de las Malvinas (1982), se trató de hacerlo efectivo. Sin embargo, EE. UU., que era tanto miembro del TIAR como de la OTAN, prefirió cumplir las obligaciones de la OTAN, de la cual el Reino Unido era integrante, porque la OTAN tiene una cláusula indicando que cuando un país miembro de la OTAN es atacado, se le debe prestar asistencia.

Una de las razones para no cumplir el TIAR esgrimida por EE. UU. era que Argentina empezó la guerra al recuperar por la fuerza las islas Malvinas —un territorio en litigio con el Reino Unido quien lo administra—, por tanto no correspondía su aplicación; similar fue la posición de Chile y Colombia, que también aducían que el TIAR es un acuerdo netamente defensivo acorde el artículo 3.1.

Además se presentaba la resolución 502 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exigía el retiro de las fuerzas argentinas de las islas Malvinas como condición a cualquier proceso de negociación entre las partes. Esto no significó el retiro de EE. UU. del TIAR al no haber un comunicado oficial ante la OEA de su renuncia como parte (Artículo 25 del TIAR).

Fue un no cumplimiento de facto de las obligaciones del tratado. Sin embargo, la condición del TIAR como instrumento de defensa multilateral de América quedó seriamente deslegitimada. Ésta fue una de las razones de México para renunciar al tratado en 2002. El 5 de junio de 2012 los presidentes del ALBA anunciaron que los miembros de esta unión también se retiraban del Tratado.

El sentido esencial del TIAR es el delineado en el primer numeral de su Artículo 3: un ataque armado de un país no americano contra uno del continente y la obligación de todo país americano de “ayudar a hacer frente al ataque”, y parece obvio que ningún estado extracontinental está atacando con las armas a ningún país americano. (Por cierto, el movimiento Al Quaeda, responsable de los ataques a los EEUU en septiembre de 2001, no es un estado sino un grupo terrorista, y por tal razón las previsiones del tratado no eran aplicables en ese caso). Pero también prevé el documento un conflicto intramericano, una guerra abierta entre “dos o más Estados Americanos”. ¿Cuáles estados de América se encuentran en este momento en una situación francamente beligerante? Ninguno, y en el supuesto negado de que lo estuviesen los estados partícipes del tratado sólo podrán instar “a los Estados contendientes a suspender las hostilidades y a restablecer las cosas al statu quo ante bellum y tomarán, además, todas las otras medidas necesarias para restablecer o mantener la paz y la seguridad interamericanas, y para la solución del conflicto por medios pacíficos”. A pesar de eso,

El vicesecretario de Estado, John J. Sullivan, dirigirá la delegación de los Estados Unidos en la 30ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que sirve como el órgano de consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (también conocido como el Tratado de Río) el 23 de septiembre en Nueva York, NY. Esta reunión, al margen de la 74ª sesión de la Asamblea General de la ONU, debatirá los próximos pasos regionales sobre el empeoramiento de la crisis en Venezuela, que sigue representando una clara amenaza para la paz y la seguridad en el Hemisferio Occidental. (La Patilla).

Venezuela no es, al menos todavía, “una clara amenaza para la paz y la seguridad en el Hemisferio Occidental”. Si por esto se entiende la presión de la emigración venezolana hacía países del continente americano, tal vez Honduras, Haití, la República Dominicana, México, Guatemala… debieran recibir el mismo tratamiento que se predica contra Venezuela.

Pero es que, además, no corresponde a la Asamblea Nacional la conducción de las relaciones internacionales de la República. Especifica el Numeral 4 del Artículo 236 de la Constitución (De las Atribuciones del Presidente o Presidenta de la República): “4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales”. Guaidó no es el Presidente de la República, y si lo fuera (supuesto negado) no necesitaría a la Asamblea Nacional para decidir el reingreso de Venezuela al TIAR.

Finalmente, en torno al tema del TIAR Guaidó ha sostenido desfachatadamente (22 de julio de 2019) que “El TIAR es un tratado interamericano, en sus grandes líneas, de asistencia humanitaria. Dicen que tiene que ver con el tema del uso de la fuerza. No es así. Principalmente afecta a cuestiones de asistencia humanitaria”. O no lo entiende él mismo o no tiene empacho para adulterarlo descaradamente ante nuestra ciudadanía y el mundo.

………

En síntesis, presidente Piñera, es Michelle Bachelet quien tiene razón.

Es posible que Ud. desconozca el basamento fundamental de la constitucionalidad venezolana; éste no es otro que la doctrina de que el Pueblo, en su carácter de Poder Constituyente Originario, no está limitado por la Constitución. (Sólo está limitado por los derechos humanos y los convenios en los que Venezuela haya entrado válidamente con las soberanías equivalentes de otros países). Es prescripción reiterada del suscrito que la clave de nuestra dolorosa situación nacional reside en el Pueblo convocado, no a protestar y ofrecerse como carne de cañón que provea mártires útiles a la oposición venezolana, sino a mandar. El 5 de febrero de 2003, entregué a César Gaviria, entonces Secretario General de la OEA, un documento en el que asentaba: “Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional”. El secretario Gaviria no hizo entonces el menor caso a ese concepto esencial. Ruego que no me conceda Ud. ese mismo tratamiento.

El Pueblo de Venezuela puede superponerse a nuestra Constitución, no está limitado por ella. En consecuencia, puede decidir cosas como la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente y la anulación de sus actos o la celebración de elecciones que interrumpan los períodos constitucionalmente establecidos. Incluso puede prescribir un modo expedito de renovar las autoridades electorales distinto del establecido. La dirigencia oficialista y la opositora coinciden en ignorar al Pueblo como tomador de decisiones cruciales, y es este carácter el que debiera ser reivindicado por nuestros amigos foráneos que se dicen demócratas; de ellos esperamos apoyo a nuestra democracia antes que presiones o intervenciones a las que no tienen derecho. Espero que su voz se pronuncie en defensa de tan correcta como auspiciosa solución de nuestros agudos males políticos.

Reciba Ud. mis respetuosos saludos y mis deseos de éxito en su gestión presidencial, en beneficio de nuestros hermanos chilenos a quienes debemos, entre otras cosas que agradecemos, que hayan ofrecido patria al caraqueño Don Andrés Bello.

Muy atentamente

 

Luis Enrique Alcalá

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La alianza correcta

Pepe el Sabio

 

La más reciente declaración de Ma. Corina Machado es recogida por la web albertonews:

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, llamó este jueves a conformar una alianza continental ante rearme de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “El resurgimiento de las #FARC—con el apoyo de Maduro—representa un grave peligro regional. Urge conformar una alianza continental para poner fin a estas amenazas. Los colombianos y los venezolanos estamos unidos en esta hora. Cuente con nosotros”, publicó Machado en Twitter.

Es sin duda muy preocupante el anuncio de Iván Márquez sobre la reanudación de la lucha armada por parte de una fracción disidente de las FARC, pero ése es un problema que atañe únicamente a la República de Colombia; es ella la que está en libertad para solicitar cooperación de otras naciones, la que tendría que producirse sin violar el principio de no intervención. Una preocupación no se disuelve con alianzas de esa clase; preocupa, por ejemplo, la epidemia estadounidense de asesinatos masivos, pero a Machado no se le ocurre recomendar una alianza continental, ni siquiera subcontinental, para tratarla. La terminología que emplea, por otra parte, recuerda la usada por Ricardo Hausmann—su contratado; ver en este blog Juvenalia y Tropicalia (9 de septiembre de 2004)—, quien prescribiera el 2 de enero de 2018 como “solución” del problema venezolano lo siguiente:

Esto nos deja con una posible intervención militar internacional, solución que asusta a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos a causa de la historia de agresiones contra sus intereses soberanos, especialmente en México y Centroamérica. (…) Si se trata de soluciones, por qué no considerar la siguiente: la Asamblea Nacional podría destituir a Maduro y al narcotraficante de su vicepresidente, Tareck El Aissami, sancionado por la OFAC y a quien el gobierno estadounidense le ha embargado más de US$ 500 millones. Dado este vacío de poder, la Asamblea, nombraría de forma constitucional a un nuevo gobierno, el que a su vez podría solicitar asistencia militar a una coalición de países amigos, entre ellos, latinoamericanos, norteamericanos y europeos. (El Día D para Venezuela).

He allí el germen del libreto de la soap opera de la que Juan Guaidó es galán principal, un año antes de su puesta en escena.

………

La alianza que Machado propugna es verdaderamente inadecuada; ella se ha negado a considerar, así como todo otro líder de la oposición profesional en Venezuela, una alianza decisiva que ya se recomendara—en el programa #178 de Dr. Político en RCR—el 9 de enero de 2016 a la actual Asamblea Nacional, cuatro días después de haberse ésta constituido. (Eso mismo sería reiterado muchas veces en programas posteriores sin lograr la atención de nuestros legisladores). Es la alianza con el Pueblo, el Poder Constituyente Originario, el único poder supraconstitucional de nuestra República; es su convocatoria a mandar en vez de manifestar, protestar, marchar y servir de carne de cañón para la posterior exhibición de útiles víctimas. Acá abajo se pone el fragmento de audio correspondiente, seguido a los pocos segundos con otro del programa #96 del 24 de mayo de 2014, con palabras de José Mujica acerca del proceso de pacificación colombiana.

Quizás la Sra. Machado pueda apartar menos de cinco minutos para escuchar y, tal vez, reconsiderar. (Honestamente, pongo en duda lo segundo). LEA

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