En el Día de los Inocentes

Repite Pinocho Guaidó

 

Reproduzco de un reportaje del día de ayer en Panorama (Guaidó: Asumo la tarea de reunir las fuerzas democráticas para forzar una solución):

“Los convoco a organizarnos desde ya para que a partir del 5 de enero alcemos la voz en las calles de Venezuela y el mundo para luchar por la salvación de nuestro país y exigir el cumplimiento del mandato popular. Necesitamos la fuerza, tanto la de los miembros de nuestra Fuerza Armada como de la comunidad internacional, pero la fuerza debe usarse para llegar a una solución que permita no solo recuperar la libertad, si no también garantizar la estabilidad necesaria para reconstruir a Venezuela”. Ese planteamiento hizo la noche de este domingo 27 de diciembre, a través de un mensaje grabado en sus redes sociales, el líder opositor Juan Guaidó, quien además es reconocido como presidente (e) de Venezuela por poco más de 50 países. La convocatoria además fue extensiva a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la que  pidió “respaldar el próximo 5 de enero a la legítima Asamblea Nacional en su defensa de la soberanía y la Constitución”. (…) “Asumo la tarea de reunir las fuerzas democráticas nacionales e internacionales para lograr forzar una solución”, agregó. (…) “Agradezco a la Asamblea Nacional que ayer (sábado 26) dio un paso firme en respeto a la Constitución y en defensa de nuestra gente, la extensión constitucional del mandato hasta lograr lo que hoy unifica a los venezolanos y el mundo que nos acompaña, elecciones realmente libres”.

 

 

…es claramente violatorio de la Constitución el tal “Estatuto de Transición” aprobado por la Asamblea Nacional el 5 de febrero de este año, como es falaz el argumento de que Guaidó sería el encargado de la Presidencia de la República al aducir una lectura interesadamente distorsionada del Art. 233 de la Constitución, e igualmente el que sostiene que la Asamblea Nacional puede autorizar la invasión por fuerzas militares de alguna potencia extranjera por otra distorsión, esta vez del numeral 11 del Artículo 187. (“Corresponde a la Asamblea Nacional… Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”). Una misión militar, típicamente de cooperación técnica con la Fuerza Armada Nacional, no es una invasión y, de todos modos, el Diccionario de la Lengua Española define autorizar así: “Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo”. Ese “alguien” es el Ejecutivo Nacional— que está presidido por Nicolás Maduro, no por Juan Guaidó—, es el Ejecutivo el que solicitaría la autorización de la Asamblea Nacional para una misión que hubiera acordado con algún gobierno foráneo; la cosa no es que por su cuenta la Asamblea Nacional pueda establecer misiones militares de cualquier país extranjero. Ella no puede autorizarse a sí misma. (Política falaz, 7 de mayo de 2019).

 

 

El diputado Guaidó ha podido, cuando claramente fuera—en 2019; ya no—Presidente de la Asamblea Nacional, convocar por mayoría simple de ella un referendo consultivo del Pueblo, el único poder supraconstitucional, para ordenar nuevas elecciones presidenciales, disolver la Asamblea Constituyente o rechazar el socialismo. Nunca lo hizo. Ni su “cabildo abierto” ante el que se proclamara inconstitucionalmente presidente encargado, ni su “consulta popular” son un pedimento claro y expreso al poder supremo del Estado venezolano.

 

Quizás le venga mejor, en vista de sus vínculos y acuerdos con Donald Trump, esperar al próximo mes de abril, cuando los anglosajones celebran el equivalente de nuestro Día de los Inocentes, su April Fools’ Day. LEA

 

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* Concepto mal plagiado del Acta de Abolición y Estatuto de Transición, propuestos por primera vez por el suscrito el 25 de febrero de 2002.
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Lo que debemos hacer

El instrumento requerido

 

La manera correcta de obtener nuevas elecciones presidenciales es con la renuncia de Nicolás Maduro Moros, a su cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, porque el Pueblo así lo quiera según se exprese en referendo consultivo, no meramente en encuestas. Por ejemplo, contestando mayoritariamente esta pregunta:

¿Preferiría Ud. que el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, renunciara a su cargo cuanto antes?

Una mayoría que contestara afirmativamente tal cuestión haría prácticamente imposible que el Sr. Presidente decida no renunciar aunque hacerlo, no obstante, es una decisión personal de su incumbencia. El ejemplo de renuencia de Donald Trump pudiera sugerirle lo contrario, pero Maduro no es Trump.

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Dice la Constitución:

Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.

No es lo indicado esperar que el Sr. Presidente convoque ese referendo. Tampoco la Asamblea Nacional; aún no ha resuelto el problema de desacato en el que ella misma se metiera. Sólo queda la iniciativa popular para convocar, con unos dos millones de firmas*, tal decisión. Eso no es una “consulta popular”, eso es un referendo; eso sí causa efectos constitucionalmente previstos.

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. (…) Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes.

Sólo el Pueblo puede exigir tal avenida. En particular, una cosa así no es negociable por organizaciones políticas nacionales y mucho menos por extranacionales, por una o varias repúblicas extranjeras o asociaciones de ellas. Los primeros cuatro años se cumplen el 10 de enero de 2023. El próximo 10 de enero tendremos dos años por delante para efectuar el referéndum aquí propuesto y causar una nueva elección presidencial, pero es obvia la perentoria necesidad de organizarlo lo antes posible. Creo que tal cosa es mejor que esperar hasta 2022 para intentar un referendo revocatorio.

Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Por otra parte, el esfuerzo revocatorio, sólo posible desde la iniciativa popular, amén de tardío requiere el doble de firmas que un referendo consultivo popularmente causado. Además, habría que aguantar dos años adicionales para revocar el mandato que Maduro iniciara el 5 de enero del año pasado (2019), mientras que un referendo consultivo puede iniciarse ya. No estamos para esperar.

luis enrique ALCALÁ

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Notas

1. En 2004, con un registro electoral bastante menor y luego de superar un buen número de obstáculos colocados por el Consejo Nacional Electoral presidido por Francisco Carrasquero López, fue posible validar, hace dieciséis años, un total de 2.436.830 firmas.

2. Un amable corresponsal me informó por WhatsApp que cierto abogado opinó sobre lo aquí propuesto: “El problema de esa propuesta está, en que eso solo procedería frente a un presidente ‘legítimo’, y Maduro no lo es. Convocar a tal consulta en esos términos es darle una legitimidad que no tiene”. A eso contesté: “Se ha dicho que la elección de Maduro es ilegítima, por diversas razones. La primera es que fue electo para su segundo período el 20 de mayo de 2018, en presunta contravención de lo constitucional y legalmente previsto; ciertamente, la fecha contravino la costumbre electoral venezolana, pero ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales prescriben una fecha específica a la elección de Presidente. Luego, la convocatoria misma, hecha por el Consejo Nacional Electoral, fue precedida por una decisión al respecto de la Asamblea Nacional Constituyente en funciones, pero nuestro CNE no podía objetarla, puesto que la Constitución establece en su Artículo 349: ‘Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente’. (Cualquier decisión subconstitucional de este órgano debe ser acatada). Claro que la constituyente misma es objetada, sobre la errada tesis de que la elección de ella no puede ser decidida sino mediante un referendo popular, cuando el Artículo 348 se inicia diciendo: ‘La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…’ Finalmente, se sostiene que no todas las organizaciones partidistas pudieron participar en la elección de mayo del año pasado por encontrarse inhabilitadas ventajistamente; nuestra legislación electoral obliga a cualquier partido que no haya participado en la elección inmediatamente anterior a un proceso de rehabilitación, y fueron esos mismos partidos los que decidieron no acogerse a ese procedimiento”.  (Tomado de Je m’accuse, una carta a Sebastián Piñera publicada acá el 23 de septiembre de 2019).

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La última patraña

Un poder colectivo que se ha empleado con ineficacia originada en falacias

 

Queda ahora sólo un trimestre de vida a la enteramente inútil Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2015. En casi cinco años de “labor”, no atinó a producir ni una sola pieza de legislación de importancia, aunque sí generó una destacada serie de trapacerías.

Este proceso tuvo su inicio el mismo día de su inauguración, el 5 de enero de 2016. En esa fecha fue electo como su primer Presidente el perdurable—en Acción Democrática—Henry Ramos Allup, quien declaró en la sesión inaugural, ya electo, que era un “compromiso no transable” de la Asamblea encontrar la forma de lograr la cesación del gobierno encabezado por Nicolás Maduro en el plazo de seis meses, lo que por supuesto era una aberración; ese propósito no corresponde en ningún caso a la Asamblea Nacional. En cambio, como dirigente muy importante de la Mesa de la Unidad Democrática, y revestido del prestigio de su investidura como el primus inter pares de los diputados, causó el retraso injustificable del proceso revocatorio contra Maduro, que pudo empezar el 11 de enero de 2016 y postergó hasta abril con la excusa de que ese camino constitucional era “muy engorroso”, prédica en la que le acompañara Jesús Torrealba, en ese momento el principal ejecutivo de la MUD. Bajo su presidencia, la Asamblea Nacional desacató la sentencia temporal de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que invalidó la elección de diputados por el estado Amazonas, sirviendo así de pretexto para que el máximo órgano judicial maniatara al Poder Legislativo Nacional.* Hacia el término de su mandato, permitió el paralizante desorden en el nombramiento de rectores del Consejo Nacional Electoral, asunto que también descuidaron quienes le sucedieron en la presidencia del parlamento. También inició la connivencia del Poder Legislativo Nacional con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, oficiándole documento en el que se solicitaba la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática Interamericana.

El primero de sus sucesores fue Julio Borges Junyent, y éste pareció encontrar en pocas horas el medio para causar la cesantía de Maduro, mediante la alucinada declaración de la Asamblea que sostuvo que Nicolás Maduro había ¡abandonado su cargo! Más adelante en el año, Borges pretendió la entera sustitución del Tribunal Supremo de Justicia mediante procedimiento inconstitucional, pues el Poder Ciudadano—Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo—no participó en la írrita designación de la Plaza Alfredo Sadel. Borges continuó la conchupancia con Luis Almagro, quien llegara a la OEA con Maduro entre ceja y ceja. Su sucesor, Omar Barboza, no presidió sobre desaguisados parecidos; tampoco se distinguió por algún logro significativo.

Entonces fue elegido Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional y arrancó la telenovela con guión de libretistas del Departamento de Estado de Donald Trump. (Ver Más usurpador será usted, del 23 de enero de 2019, El caso Venezuela, un deporte internacional, del 5 de febrero del mismo año, o Política falaz, del 7 de mayo también del año pasado). En esta última entrada asenté:

También es claramente violatorio de la Constitución el tal “Estatuto de Transición” aprobado por la Asamblea Nacional el 5 de febrero de este año, como es falaz el argumento de que Guaidó sería el encargado de la Presidencia de la República al aducir una lectura interesadamente distorsionada del Art. 233 de la Constitución, e igualmente el que sostiene que la Asamblea Nacional puede autorizar la invasión por fuerzas militares de alguna potencia extranjera por otra distorsión, esta vez del numeral 11 del Artículo 187. (“Corresponde a la Asamblea Nacional… Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”). Una misión militar, típicamente de cooperación técnica con la Fuerza Armada Nacional, no es una invasión y, de todos modos, el Diccionario de la Lengua Española define autorizar así: “Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo”. Ese “alguien” es el Ejecutivo Nacional— que está presidido por Nicolás Maduro, no por Juan Guaidó—, es el Ejecutivo el que solicitaría la autorización de la Asamblea Nacional para una misión que hubiera acordado con algún gobierno foráneo; la cosa no es que por su cuenta la Asamblea Nacional pueda establecer misiones militares de cualquier país extranjero. Ella no puede autorizarse a sí misma.

Todo el “Período Guaidó”, de casi dos años, se ha caracterizado por el empleo descarado de la falacia. Por ejemplo, ese señor se autoproclamó Presidente de la República en un supuesto cabildo abierto, concepto referido a una reunión de algún Concejo Municipal con los pobladores del municipio en cuestión, lo que no ocurrió y que, de haberse dado, sólo habría podido considerar asuntos de ámbito municipal, jamás decidir por todo el país.

La cumbre de tal período se alcanzó en mayo de este año, con la abortada “invasión” a Venezuela por parte de mercenarios estadounidenses, contratados por J. J. Rendón como testaferro de Juan Guaidó. Puede leerse en este blog El “ridículo” intento fallido de golpe en Venezuela, explicado, un completo reportaje de Vox Media acerca de tal locura.

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Ahora, con sólo tres meses disponibles, la Asamblea Nacional, todavía presidida en infame torpeza por el representante local de Donald Trump, ha aprobado un “acuerdo de consulta popular” que pretende, de nuevo falazmente, recibir la aprobación del Pueblo a los siguientes dos planteamientos intencionalmente redactados de forma tendenciosa:

1 ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?

2 ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?

Para empezar, las elecciones de Asamblea Nacional no han sido convocadas por el presidente Maduro; ellas están pautadas por la propia Constitución en cuyo marco los diputados que aprobaron la más reciente trapacería dicen inscribirse: “con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 70 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. De éstos, es el Artículo 70 el que menciona la noción de consulta popular:

Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

¿Qué es, en este contexto, una “consulta popular”? La Constitución incluye la expresión en únicamente dos artículos posteriores; el Art. 172 reza:

El Consejo Legislativo estadal, previo pronunciamiento favorable mediante consulta popular de la población afectada, definirá los límites del distrito metropolitano y lo organizará según lo establecido en la ley orgánica nacional, determinando cuáles de las competencias metropolitanas serán asumidas por los órganos de gobierno del respectivo distrito metropolitano. Cuando los Municipios que deseen constituirse en un distrito metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, corresponderá a la Asamblea Nacional su creación y organización.

Finalmente, el Art. 279 dispone:

El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, que estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna que será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional que, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular.

De estos dos casos se desprende que la consulta popular puede producirse para que se exprese el acuerdo o el desacuerdo popular con alguna iniciativa, elaborada por alguna autoridad que debe decidirla en última instancia—un Consejo Legislativo estadal o la Asamblea Nacional en uno y otro artículo—, y el resultado de la consulta no sería en ningún caso vinculante; tan sólo expresaría apoyo o rechazo y es el órgano decisor el que debe finalmente decidir. Lo que ahora pretende la Asamblea sería, en cambio, asunto de un referendo popular, y aun así las preguntas están mal formuladas, al inquirir por más de un asunto diferente en cada caso. (Apartando el referéndum general descrito en el Artículo 246 de la Constitución de 1961, fue la reforma de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política la que introdujo la figura de referendos consultivos—ahora recogidos en la Constitución vigente—en su nuevo Título VI: De los referendos, que incluyó los artículos del 181 al 195. El numeral 1 del artículo 182 establecía este requisito: “Formulación de la pregunta en forma clara y precisa, en los términos exactos en que será objeto de la consulta, de tal manera que pueda contestarse con un “si” o “no”. ¿Cómo haría para votar, por ejemplo, algún elector que quisiera elecciones de Asamblea pero no de Presidente y que se garantice la paz pero no quiere presiones internacionales?). Las tendenciosas preguntas de la nueva trampa de Guaidó & Pompeo me hicieron recordar lo que enseñaba Maritza Izaguirre en su cátedra de Metodología de la Investigación en la UCAB: que en una encuesta las preguntas no debían inducir las respuestas, so pena de invalidez del instrumento.

La opción de una “consulta popular”, como el empleo del término “plebiscito” para el evento organizado por la Mesa de la Unidad Democrática el 16 de julio de 2017, escapa a la Constitución que a cada rato se dice “defender”. (En El tercer plebiscito—6 de julio de 2017—se destapaba: “La MUD ha escogido llamar a la consulta que organiza para el 16 de este mes un plebiscito** en lugar de un referendo, básicamente para escapar a lo dispuesto en el Numeral 5 del Artículo 293 de la Constitución: ‘El poder Electoral tiene por función: 5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos'”). Es inadmisible la apelación a algún artículo constitucional para proponer algo que viole o desconozca otros artículos.

El desempeño de la Asamblea Nacional de mayoría opositora ha sido realmente lamentable. Esto se puso en Cuatro años desperdiciados (30 de diciembre de 2019):

“Haga la última cola”—para votar y elegir una mayoría de oposición en la Asamblea Nacional—fue consigna vendida con la explícita promesa de que la Asamblea en manos opositoras acabaría con las colas de consumidores en tiempos de desabastecimiento. En el primer día de diciembre de 2015, cinco días antes de la elección del cuerpo legislativo, Juan Pablo Olalquiaga, Presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, profetizaba: “El reto de la Asamblea va a ser voltear la economía; de no hacerlo, la opinión pública la castigará rápidamente”. Así ocurrió, y a estas alturas ese castigo ha alcanzado cotas vergonzantes, como registrara Meganálisis en encuesta recentísima:

 

 

LEA

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La camisa de fuerza que el Tribunal Supremo de Justicia ha puesto a la Asamblea Nacional es a todas luces excesiva, aunque la sentencia original—que la MUD nunca objetara como permiten la Constitución y las leyes—fuera bien fundada. En un proyecto de acuerdo entre los poderes públicos—a lo que éstos están obligados por el Artículo 136 de la primera— se lee (Versión formal, 26 de mayo de 2017, Cláusula Duodécima):

El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas, por cuanto esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Su declaración de nulidad de actos de la Asamblea Nacional por tal motivo se sostendrá sólo para aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en cuestión. El Tribunal Supremo de Justicia admitirá como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. Adicionalmente, ordenará al Consejo Nacional Electoral la celebración perentoria de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente.

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** Es importante tener en cuenta que a ese “plebiscito” asistió sólo el 38,5% del registro electoral de 2017, según las cifras proporcionadas por la propia “Comisión de Garantes” de la MUD, que presidiera la rectora Cecilia García Arocha. En Manipula y vencerás (17 de julio de 2017) se puso acá:

El Presidente de la Asamblea Nacional declaró anoche, al conocerse la participación de la población en el “plebiscito” convocado para el 16 de julio: “Con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy”. Bueno, para empezar, ninguna de las tres preguntas de la consulta de ayer estuvo referida a una teórica revocación del mandato de Maduro; Julio Borges corona así una serie de manipulaciones que iniciara Henrique Capriles Radonski en 2013, cuando predicara que las elecciones municipales del 8 de diciembre de ese año eran “un plebiscito contra Nicolás Maduro”. Dos años después (11 de octubre de 2015), el entonces candidato a diputado José Guerra afirmaba: “Estoy entre quienes opinan que este 6 de diciembre, además de la elección de una nueva Asamblea Nacional, se celebra un referendo consultivo sobre el modelo económico que queremos transitar”. (El socialismo va a referendo). Capriles perdió, como autoungido jefe de campaña de todos los candidatos a alcaldes por la MUD (en imitación de Hugo Chávez), ese plebiscito inexistente, y José Guerra nunca propuso seriamente, ya elegido diputado a la Asamblea Nacional, que este órgano convocara válidamente el referendo que proclamara falazmente. (Ver ¿Qué espera la Asamblea Nacional?, 8 de marzo de 2016).

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Hay gente que sí se acuerda, Sr. Ramírez

Protector de los “comités socialistas” de PDVSA

 

Acabo de leer por el servicio de Costa del Sol lo siguiente:

El expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, llamó este lunes a los factores políticos del país para crear una junta patriótica de gobierno que permita la salida de Nicolás Maduro del gobierno.

A su juicio, esta es la solución más efectiva para destrabar el desastre económico de los últimos años, que ha derivado en la peor crisis que padece la población en toda su historia.

“Hemos estado planteando una Junta Patriótica de Gobierno. Hacen falta todos los sectores para trabajar en la verdadera reconstrucción de la Patria. Necesitamos resolver este accidente histórico que es el Maduro”, dijo.

Es difícil imaginar que ésa sea “la solución más efectiva” de algo, pero es posible que el Sr. Ramírez se imagine como uno de los miembros de esa junta “patriótica”; en ese caso, compartiría a partes iguales la Presidencia de la República quien sostuviera hace no mucho tiempo el teorema que cierra lo que sigue:

En particular, por ejemplo, Hinterlaces (Oscar Schemel) mide 68% de desacuerdo con la nacionalización de empresas y haciendas ordenada desde la Presidencia de la República. (Quienes están de acuerdo con esa medida alcanzan sólo al 28%. Cuatro por ciento no quiso o no supo responder). Por ejemplo, según el estudio referido, 63% estima que esa medida pudiera afectar a la propiedad privada de todos los venezolanos. (Treinta y tres por ciento no cree tal cosa). Por ejemplo, 68% está de acuerdo con la propiedad privada que apoyan los empresarios y no con la propiedad colectiva propuesta por el presidente Chávez. (Veintisiete por ciento dice preferir la propiedad colectiva sobre la privada).

Y 57% no aprueba el establecimiento del “socialismo del siglo XXI” en el país, frente a 35% que lo aprueba. Y si ese socialismo fuera como el cubano, la desaprobación asciende a 87% y la aprobación desciende a 9%. Y 83% expresa desacuerdo con la idea de que es malo ser rico. (Once por ciento expresa acuerdo). Y 86% no piensa que ser pobre es bueno. (Diez por ciento sí lo cree). Y 80%—contra 16%—no concurre con la idea de que todos debemos ser iguales para que no haya ricos ni pobres, como sostiene que ocurriría el Presidente de la República.

En suma, la mayoría de los venezolanos rechaza la pretensión de implantar en el país un sistema político-económico socialista, a pesar de lo cual Rafael Ramírez, bajo su casco de Presidente de PDVSA, proclama: “PDVSA está con Chávez. PDVSA está con la revolución… Quien no esté en un comité socialista es sospechoso de conspirar contra la revolución”. (Parada de trote, 23 de julio de 2009).

Hay más de un registro de ese tenor, y no creo que convenga que Ramírez copresida nuestra república. Más fundamentalmente: eso de una “junta patriótica de gobierno” es sólo otro nombre para el tal “consejo de Estado” propugnado por los EE. UU. y su marioneta, Juan Guaidólar, lo que es totalmente inconstitucional, como su pretendida encargaduría de la Presidencia de la República. LEA

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Seguías sigue

¿Una ocasión de oro?

 

Hace tres días el encuestador Jesús Seguías intentó convencer al Partido Socialista Unido de Venezuela de acoger el esquema del Departamento de Estado norteamericano para una “transición” política en el país. Así puso en Twitter (destacado de este blog):

JESUS SEGUIAS

@JesusSeguias

27 abr.

El PSUV necesita con urgencia pasar a la oposición. Tanto tiempo en el poder les ha sido fatal. Necesitan cambios. Y desde el poder, jamás podrán lograrlo. Los intereses creados no lo permiten. Hoy USA les hace una propuesta de oro, de mínimos costos. No deben pensarlo mucho.

¿Dónde está el oro en el esquema del Departamento de Estado de los EE. UU., analizado acá en Primer trimestre ido el pasado 1º de abril? La propuesta “dorada” tiene título: Marco de transición democrática para Venezuela, y está fechada el último día del mes anterior. Seguías debe referirse a las siguientes “concesiones” de un país extranjero que no debe meterse en asuntos que únicamente corresponde dilucidar a los venezolanos:

1. Después de la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, que sólo ella misma o un referendo popular podrían decidir—”como se expuso en los programas #268#286 de Dr. Político en RCR, del 30 de septiembre de 2017 y 24 de febrero de 2018 respectivamente, un referendo sí podría disolver la constituyente actual y hasta anular todos sus actos”. (En nota al pie de Copiado, José Luis, del 15 de abril de 2020)—, “Los Estados Unidos levantan las sanciones impuestas a los miembros de la ANC debido a su condición de miembros de la misma”.

2. “Tras la selección de un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos levantan las sanciones impuestas a los ex miembros del CNE y TSJ debido a su condición de miembros en esos cuerpos”.

3. “Una vez que se establezca el Consejo de Estado y las fuerzas militares extranjeras se hayan marchado (a menos que su presencia sea aprobada por las tres cuartas partes de los votos de la AN), se suspenderán las sanciones de los Estados Unidos contra el Gobierno de Venezuela, PDVSA y el sector petrolero”.

4. “El Consejo de Estado nombrará un nuevo gabinete de ministros. Los Estados Unidos levantarán las sanciones a los ex miembros del gabinete que se deban a su desempeño en sus cargos anteriores. Estados Unidos también levanta las sanciones a los miembros de la FANB que se basan en su posición en la institución”.

5. “El Consejo de Estado establecerá una fecha para elecciones simultáneas presidenciales y de la AN en 6 a 12 meses. Cualquier ciudadano venezolano elegible de conformidad con la Constitución de 1999 podrá competir en las elecciones”.

Finalmente, estas dos “garantías”: a. El Alto Mando Militar (Ministro de Defensa, Viceministro de Defensa, Comandante del CEOFANB y Jefes de Servicio) permanecerá en sus puestos durante el gobierno de transición”. b. Las autoridades estatales o locales permanecerán vigentes durante el período de transición”.

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Así se puso en Primer trimestre ido: “Es inadmisible tal intromisión estadounidense—una más—, fundada en la crasa ignorancia de nuestra constitucionalidad y su irrespeto. Dicho esto, admitiré como infortunada realidad que el parto teratológico acá comentado parecerá ingenioso y digno de aplauso a aquellos que pondrán en él toda su muy extraviada esperanza, aunque implique el sacrificio de Guiado Guaidó. El gobierno gringo cree que ‘se la comió’, pero el insólito documento es, entre otras cosas, la admisión de que su títere debe ser regresado al baúl del ventrílocuo”.

Y es que, además de la inadmisible intromisión, la proposición de un Consejo de Estado para presidir la República es enteramente inconstitucional. (“Todos los poderes asignados al Presidente por la Constitución serán conferidos exclusivamente al Consejo de Estado”). Eso no puede aceptarse, ni siquiera porque se formulara como caramelito: “Los EE. UU. y la Unión Europea levantarán las sanciones impuestas a aquellos que reivindicaron autoridad presidencial que se deban a su desempeño en sus cargos anteriores, una vez que el Consejo de Estado esté funcionando y esas personas renuncien a cualquier reclamo adicional sobre cargos ejecutivos y reconozcan al Consejo de Estado como el único Poder Ejecutivo”.

Nadie que proponga, venezolano o extranjero, que se viole nuestra Constitución, está asistido de la razón. No, Sr. Seguías; eso no es “una propuesta de oro, de mínimos costos”. Los costos de violar la Constitución son enormes, como son los de acoger una impertinente intromisión extranjera en nuestro atribulado proceso político. Las violaciones de nuestra Constitución no se corrigen con otras peores. LEA

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Intercambio guasápico

El medio es el mensaje. (Marshall McLuhan, 1964).

 

Después de haber leído en este blog Siempre hay una primera vez (24 de abril de 2020), una estimada amiga me envió este mensaje por WhatsApp: “Eso que Ud. plantea en el enlace anterior sería factible en alguien sensato, pero en un obtuso como el Sr Maduro no creo… mi opinión humilde”. Lo primero que atiné a responder fue reiteración del comienzo de esa entrada:

Desde el momento mismo de su primera elección como Presidente de la República, el 14 de abril de 2013, Maduro ha sido blanco de una incesante serie de acusaciones y agresiones: que esa elección había sido fraudulenta, lo que jamás fue probado; que él no era Chávez y podía ser depuesto de un soplido; que tenía doble nacionalidad—lo que Colombia ha desmentido—; que no podía permitirse que prosperara un incipiente período de cooperación de su gobierno con algunas alcaldías en manos opositoras (ante problemas de inseguridad ciudadana); que no se creyera en su disposición a dialogar, aunque dijera a líderes opositores en Miraflores que veía en sus rostros la buena voluntad; que era un compromiso “no transable” de la Asamblea Nacional lograr la cesación de su gobierno en pocos meses; que la misma Asamblea solicitara la intervención de la Organización de Estados Americanos mediante la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática Interamericana; que había abandonado su cargo; que usurpó el poder del Pueblo al convocar elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente; que podía asesinársele a control remoto con drones bombarderos; que su segunda elección fue no sólo fraudulenta, sino también inconstitucional, etcétera.

Después añadí: “Si parece obtuso, tal vez haya influido en eso el comportamiento de sus opositores, y obtendría alivio y ventajas en el camino que le señalo. Es un hombre con una misión encomendada por su predecesor, y eso ciertamente contribuye a la inflexibilidad”.

Cerré el intercambio con lo que sigue:

“Creo que mis servicios y obligaciones para con un paciente se han completado una vez que he revelado el significado escondido y secreto de sus síntomas. La cura reside en ese mismo acto. Realmente no es mi responsabilidad si acepta mi diagnóstico o no, aunque por supuesto no habrá cura a menos que lo acepte. Por tanto, para mí es urgente que ella crea en mi solución y trabaje fielmente con mis indicaciones. Si los dolores son la culpa de Emma obviamente no soy yo el culpable; por tanto, ella ha fracasado en su propia cura y no soy responsable de ninguna parte del fracaso”. (Sigmund Freud comentándole a su esposa un sueño que había tenido y que relacionaba con una paciente renuente a aceptar su diagnóstico y su tratamiento. En Pasiones del Espíritu, la biografía de Irving Stone sobre Freud).
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Mi obligación como médico (político) es exponer el mejor tratamiento disponible. La cualidad de “obtuso” que Ud. adjudica a Maduro equivale a declararlo constitucionalmente incapaz de razonar, y esto no nos consta. Como apunté al comienzo de la entrada que Ud. pone en duda, Maduro ha estado abierto al diálogo en más de una ocasión. Se le atribuye, por ejemplo, que se retiró del diálogo en Barbados por una nueva tanda de sanciones estadounidenses y eso no es verdad; se retiró luego de que Guaidó las justificara.

Hasta ahora no hay reacción ulterior de la amable corresponsal.

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En los análisis de nuestro proceso nacional es muy frecuente toparse con psicologizaciones de aparente sofisticación política; por ejemplo, que las recientes decisiones gubernamentales de vigilancia adicional de la industria alimenticia venezolana son “para demostrar quién tiene el control”. Son como ésas, proferidas de lado y lado de nuestro combate político, que pretenden saber telepáticamente “lo que busca Maduro” o “lo que intenta Ramos Allup”. Nadie tiene acceso a sus cabezas.

Mi gentil interlocutora no es de quienes llevan la cosa a cotas “superiores”, aquéllas esgrimidas por “sofisticados” estrategas de bolsillo que se refugian en preceptos como “el enemigo de mi enemigo es mi amigo” o “lo que es igual no es trampa”. Otros me han dicho: “No hubo fraude, pero hay que decir que lo hubo” o “la buena noticia es que la crisis continúa”. Usualmente, he escuchado cosas como ésas de personas que adoptan aires de superioridad, reforzados por una sonrisa mientras hablan. Cuando se preparaba, en total ignorancia mía, la telenovela de Guaidó, alguien a quien respetaba postuló que nuestros problemas eran a esas alturas un “asunto de Derecho Internacional” y que por tanto “¡lo importante es lo que piense Francia!” Más recientemente, alguien graduado justamente en París, en Ciencias Políticas, quiso justificar su renuencia a cualquier salida referendaria aduciendo sólo que “la Política es el arte de lo posible”.

Absolutamente todo lo que proponga una persona tiene que ser, por definición, posible. Lo que debamos hacer tiene que ser posible; nadie está obligado a hacer lo imposible, y Lord Acton nos enseñó que La libertad no es el poder de hacer lo que queramos, sino el derecho de hacer lo que debamos”.

Al líder le importan y tienen que importarle los resultados, especialmente aquellos resultados humanos y organizacionales en los que tiene responsabilidad plena o parcial. A lo que, en razón del honor, debe ser indiferente es a los resultados de las acciones en tanto le afecten personalmente. Suponiendo que su curso de acción sea correcto, que ha descubierto cuál es su deber y cumplido con él, lo que es entonces un asunto de indiferencia, de despreocupación, es su propio éxito o fracaso. Ése es el ideal. Su propio ego debe dejar de importar, tiene que ser eliminado de la ecuación de las variables organizacionales. Tiene que ser trascendido. Y aunque esto pueda parecer escandalosamente idealista, esa praxis es también posible.

Cristopher Hodgkinson, La Filosofía del Liderazgo.

LEA

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