To revoke or not to revoke; that is the question

Tuit de quien se sigue llamando alcalde

 

Es de hoy mismo un tuit de Antonio Ledezma, recogido en la imagen precedente. Paso a comentar, primeramente, su muy simplista y falsa afirmación inicial: que un referéndum revocatorio no sería aplicable a Nicolás Maduro por cuanto éste no sería el legítimo Presidente de la República de Venezuela.

Son dos los argumentos esgrimidos para sostener la falsa especie de que Maduro no es un presidente legítimo:

…se reputa de fraudulenta la convocatoria a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 por cuanto habría provenido de la ANC y porque se produjeron en fecha desacostumbrada. (Algunos, Cecilia García Arocha y José Virtuoso S. J., por ejemplo, argumentaron equivocadamente que la Constitución especificaba una fecha a fines de año). Las elecciones terminaron siendo convocadas y organizadas por el Consejo Nacional Electoral, y este órgano no podía desacatar a la ANC:

Art. 349: Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

En tanto esas decisiones sean de rango subconstitucional—la Constitución no está suspendida mientras la ANC opera—, como lo es la fijación de fecha para unas elecciones, la validez de ese artículo se sostiene. (Lloviendo sobre mojado, 15 de marzo de 2019).

Luego, aduce el “alcalde” Ledezma que en 2016 se intentó convocar un referendo revocatorio y que “sabemos qué ocurrió”. Bueno, lo que ocurrió fue que la Asamblea Nacional bajo absoluto control de la oposición desenterró el hacha de guerra el mismo día de su inauguración, el 5 de enero de 2016:

El papel de protagonista estuvo, naturalmente, a cargo de Henry Ramos Allup, elegido por el voto de 109 diputados Presidente del Poder Legislativo Nacional hasta el 4 de enero de 2017. Por una parte, su experiencia le permitió no caer en la trampa del ruidoso boicot de los diputados y barras del PSUV y su discurso inicial de autoridad máxima del Parlamento estuvo muy bueno, salvo en el tercer punto de la recapitulación de los objetivos de la Asamblea Nacional: por medio “constitucional, democrático, pacífico y electoral”, lograr la salida del actual gobierno en un plazo de seis meses contados desde esta fecha.


Fragmento del discurso de Ramos Allup en el que se compromete a salir del gobierno

Lo de la recuperación de la autonomía parlamentaria está muy bien; lo de una “ley de amnistía”, como se argumentó acá el 11 de diciembre (Sobre amnistías), sería mejor sustituirlo con un decreto de amnistía que por su carácter no puede ser objetado por la Presidencia de la República; pero la tercera formulación es un claro despropósito, que desdice previas afirmaciones en lo que dijo Ramos Allup: que la Asamblea estaría abierta al diálogo y que no se concibe como un contrapoder. La Asamblea Nacional sólo podría causar por su cuenta el resultado que Ramos Allup presentó como compromiso no transable, mediante la declaratoria de abandono del cargo de Nicolás Maduro, Presidente de la República.

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato.

La revocatoria del mandato de Maduro no es prerrogativa de la Asamblea Nacional; eso es potestad exclusiva de los Electores. Es el Tribunal Supremo de Justicia el órgano que nombraría una junta médica que pudiera, si lo amarrara para examinarlo, declarar la incapacidad física o mental permanente del mismo ciudadano; la Asamblea sólo podría prestar su anuencia a una iniciativa que no es suya. Es sólo el TSJ el poder que puede sentenciar la destitución, luego de juicio previo por algún grave delito. La renuncia es prerrogativa de la persona presidencial. La muerte está vedada a la Asamblea según la condición de un medio pacífico expuesta por Ramos Allup; aunque sería indudablemente eficaz y hasta constitucional—es la primera causal prevista en el Art. 233—, sería criminal y nada pacífico un sicariato contratado al efecto.

Las palabras de Ramos Allup en promesa con plazo de medio año no le corresponden; quizás pudiera pronunciarlas como dirigente máximo de Acción Democrática, seguramente le corresponderían a Jesús Torrealba en tanto Secretario Ejecutivo de la MUD si anunciara la recolección de casi cuatro millones de firmas necesarias para convocar a referendo revocatorio, pero jamás es esa tarea algo que corresponda a la Asamblea Nacional. (Crítica teatral, 5 de enero de 2016).

No era en ningún caso función o prerrogativa de la Asamblea Nacional, mucho menos uno de sus compromisos “no transables” lograr la cesación del gobierno de Nicolás Maduro. (Al año siguiente, ya bajo la presidencia de Julio Borges, la misma Asamblea Nacional creyó que se la comía declarando peregrinamente la falta absoluta del Presidente de la República porque ¡Maduro había abandonado su cargo!)

………

También ocurrió, Sr. Ledezma—como Ud. debe saber—, que Henry Ramos Allup, apoyado por Jesús Torrealba, determinó que la Mesa de la Unidad Democrática se moviera para procurar la convocatoria de un referéndum revocatorio con dos meses de retraso. (Con el único y paupérrimo argumento de que era un procedimiento “muy engorroso”). Los remolones dirigentes no querían que subieran las acciones electorales de Henrique Capriles Radonski, posicionado entonces como el campeón de la causa revocatoria, pero así desperdiciaron dos meses que a la postre resultaron ser preciosos, pues una media docena de tribunales en distintos estados del país encontró problemas en la identificación de un buen número de convocantes. Ni Ramos Allup, ni Torrealba ni la MUD interpusieron defensa alguna ante tales sentencias tribunalicias.

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La convocatoria de un referéndum revocatorio de la presidencia de Nicolás Maduro es, en efecto, perfectamente posible a partir del 10 de enero de 2022. La Constitución Nacional así lo prevé:

Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley.

(…)

Artículo 233. (…) Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.

De aquí a allá son nueve meses de un embarazo que esta vez debiera llegar a feliz término. LEA

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La Cámara de las Comunas

Foto de El Universal

 

Cámara de los Comunes (en inglés: House of Commons) es el nombre de las cámaras bajas de los parlamentos bicamerales de Reino Unido y Canadá. La expresión “Comunes” hace referencia al hecho de que los componentes de la Cámara eran originariamente representantes de las ciudades, en oposición a los miembros de la Cámara de los Lores, todos ellos miembros de la nobleza y la jerarquía de la Iglesia de Inglaterra.

Wikipedia en Español

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Ayer publicó la web de El Universal una nota que tituló así: Maduro entregó a diputados leyes para crear el Estado Comunal. Allí pone:

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo entrega al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, de los dos primeros Proyectos de Ley redactados por el Poder Popular. Se trata de la Ley del Parlamento Comunal y la Ley de las Ciudades Comunales, las cuales serán evaluadas y estudiadas por el Poder Legislativo. (…) El Mandatario nacional afirmó que el siglo XXI venezolano se definirá por el fortalecimiento del Estado Comunal, durante el acto de clausura del Congreso Nacional de Comunas 2.0. La comuna “debe ser el futuro y la garantía de la patria. La comuna tiene que saber a pueblo, a verdad, a familia, a comunidad”, recalcó. (…) Asimismo, destacó el Jefe de Estado que en la actualidad, “tenemos 3.265 comunas y 48.565 Consejos Comunales”. El Congreso Nacional de las Comunas 2.0 se desarrolló entre el pasado 20 de octubre de 2020 y este mes de febrero, a través de videoconferencias, debido a la pandemia del Covid-19.

Esto es película ya vista. El 16 de diciembre de 2015 reportaba la web del mismo periódico:

Durante una nueva emisión del programa rutinario de todos los martes, Con el Mazo Dando, Cabello explicó que el Parlamento Comunal, juramentado el pasado martes, está respaldado por la Constitución venezolana. Cabello fundamentó sus argumentos en el artículo 5 de la Constitución. “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”, citó el presidente de la Asamblea Nacional.  (…) “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley” añadió el diputado. Explicó que la Ley a la que se refiere dicho texto es la Ley Orgánica de las Comunas. (…) Según la interpretación de Cabello, el párrafo constitucional al que hace referencia, contempla que el máximo ente competente en materia jurídica es el pueblo y el Poder Legislativo tiene que responder primeramente a las directrices de la comunas.

Claro que eso era resollar por la herida. Cabello había sido herido malamente apenas diez días antes, cuando los candidatos de la oposición a la Asamblea Nacional se habían alzado con la mayoría absoluta de curules el 6 de diciembre de aquel año. Él había presidido precisamente el mismo cuerpo sin que durante su titularidad se le ocurriese el cuento de que el Poder Legislativo Nacional, en defectuosa interpretación de nuestra juridicidad, quedaba sometido al tal “parlamento comunal”. Entonces se le opuso acá lo siguiente:

No, Sr. Cabello, las comunas no eligieron a la Asamblea Nacional; ésta fue elegida directamente por los ciudadanos, sin ninguna clase de intermediación comunal; es a ellos a los que responde, y la palabra comuna no aparece en ninguna parte de la Constitución”. De seguidas se le explicó: “Lo más cercano al término es esta prescripción: Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo (…) 5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde aquellas tengan participación”. Por ejemplo, una cooperativa o empresa comunal para limpieza de oficinas o servicio de taxi. Pero las comunas o soviets venezolanos son una tramposa e inconstitucional creación del chavismo para escapar del referendo de 2007, cuando los proyectos de reforma de la Constitución introducidos por el Presidente de la República y la Asamblea Nacional fueron rechazados. El 2 de diciembre de ese año, una mayoría del Poder Constituyente Originario negó, entre otras cosas, esta pretensión de reformar el Artículo 16: “Sobre la conformación del territorio nacional. Aparece como unidad política primaria la ciudad, la cual estará integrada por comunas ‘células sociales del territorio’, las cuales a su vez estarán conformadas por las comunidades, ‘cada una de las cuales constituirá el núcleo territorial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano'”, (Wikipedia en Español). Lo que la Constitución establece es lo siguiente: “Artículo 16. Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los Estados, Distrito Capital, las dependencias federales y los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios”. Y también: “Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral”. Y por último: “Artículo 168. Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley”.

………

Asimismo se había registrado acá el 17 de diciembre de 2015—en Un “parlamento” Helene Cursis (que sí sabe de Cabellos)—que el Pueblo venezolano “no había mostrado entonces un notable entusiasmo por el parto de los montes de la ley de comunas (con el ojo ciego y desentendido de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ha debido declarar su inconstitucionalidad)”, lo que se justificó en un registro de la época por Venebarómetro (Croes, Gutiérrez & Asociados):

El Pueblo no quiere un estado comunal (clic amplía)

 

Ahora es igualmente claro que el presidente Maduro se siente triunfador. Luego de una increíble serie de torpezas, la oposición formal a su desgobierno ha perdido el control de la Asamblea Nacional, lo que ha fortalecido a los socialistas que aún lo siguen. Ya se ha notado tal resultado por cancillerías extranjeras, como igualmente el colapso de las equivocadísimas pretensiones centradas en la telenovela de la que Juan Guaidó fuera protagonista. Pero ese innegable cambio político no le da la razón a Maduro; nuestro orden constitucional no contempla un “Estado Comunal.” El actual Presidente de la República convocó el 1º de mayo de 2017, en ejercicio de su clara atribución constitucional, una asamblea constituyente disuelta recientemente, sin que su “labor” de más de tres años incluyera leyes de un parlamento comunal y de ciudades comunales, cambios constitucionales que de todos modos habrían tenido que ser aprobados en referendo, pero el desempeño de la fenecida constituyente no produjo un proyecto de nueva constitución. Supongo que Maduro dirá que lo que es igual no es trampa, y que los opositores que controlaron hasta el 5 de enero de este año la Asamblea Nacional aprobaron el engendro inconstitucional de un tal “estatuto de transición”, en evidente e inválido exceso.

Pero el error de mi contendiente no es causa de mi acierto. LEA

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Caldera & Pietri

A una prole de excepción

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El gran repositorio documental que es YouTube preserva un discurso excepcional de un orador que fue siempre excepcional. Así lo presenta:

A un mes del 4 de febrero de 1992, Rafael Caldera enfrenta a partidarios de los militares alzados en un foro en el que participó en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Invitado por el rector Luis Fuenmayor y compartiendo el escenario con Andrés Velázquez, Caldera ataca al militarismo, a la tesis del gendarme necesario, al Cesarismo Democrático y hace una defensa de la institucionalidad democrática.

Dice el presidente Caldera que la culpa no la tiene la democracia sino los dirigentes que han abusado de ella para su provecho personal e insiste en que hay salida democrática y tenemos que luchar por ella.

«Traicionaría mi vida si viniera aquí por acto de demagogia a instarlos a ustedes a realizar acciones insurreccionales», dijo en esa ocasión ante una UCV a la que volvía después de muchos años, desde antes de haber ejercido la presidencia por primera vez.

 

 

Sobre el impresionante discurso de Rafael Caldera Rodríguez, Senador Vitalicio, en el Congreso de la República el 4 de febrero de 1992, puse en Las élites culposas:

Caldera estaba diciendo, valientemente, la verdad. Más valientemente continuó: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia; cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad… El golpe militar es censurable y condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente y sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo”. Tenía razón, como lo hemos comprobado los venezolanos hasta la saciedad. Cuatro días después del primer levantamiento militar de 1992, el diario El Nacional publicó un artículo firmado por Manuel Alfredo Rodríguez, llamado sencillamente “Caldera”. En éste expuso: “El discurso pronunciado por el Maestro Rafael Caldera el 4 de febrero, es un elevado testimonio de patriotismo y un diáfano manifiesto de venezolanidad y humanidad. Pocas veces en la historia de Venezuela un orador pudo decir, con tan pocas palabras, tantas cosas fundamentales y expresar, a través de su angustia, la congoja y las ansias de la patria ensangrentada”. Y para que no cupieran sospechas aclaró: “Nunca había alabado públicamente a Rafael Caldera, aunque siempre he tenido a honra el haber sido su discípulo en nuestra materna Universidad Central. Nunca he sido lisonjero o adulador, y hasta hoy sólo había loado a políticos muertos que no producen ganancias burocráticas ni de ninguna otra naturaleza. Pero me sentiría miserablemente mezquino si ahora no escribiera lo que escribo, y si no le diera gracias al Maestro por haber reforzado mi fe en la inmanencia de Venezuela”. Nada menos que eso después de declarar: “La piedra de toque de los hombres superiores es su capacidad para distinguir lo fundamental de lo accesorio y para sobreponerse a los dictados de lo menudo y contingente. Quien alcanza este estado de ánimo puede meter en su garganta la voz del común, y mirar más allá del horizonte”.

Pero todavía hay hoy contradictorios cobradores de muy escasa inteligencia política:

La misma fauna que cobra odiosamente a Caldera sus palabras, aplaude en Facebook éstas de Nelson Mandela: “La libertad es inútil si la gente no puede llenar de comida sus estómagos, si no puede tener refugio, si el analfabetismo y las enfermedades siguen persiguiéndole”.

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La compañera de ese hombre plenamente excepcional fue, ella misma, una dama excepcional.

 

 

La prole que nos legaron—Mireya Alicia, Rafael Tomás, Juan José, Alicia Elena, Cecilia Antonia, Andrés Antonio—es asimismo excepcional. No podía ser de otra manera.

He dejado constancia de esta inconmovible opinión:

De los Caldera Pietri puedo afirmar lo mismo que dije de los hermanos Sucre-Eduardo—Andrés, el mayor de éstos, firmó con Caldera el acta fundacional de COPEI el 13 de enero de 1946—en el prólogo a Alicia Eduardo: Una parte de la vida (Fundación Empresas Polar), el libro de mi esposa sobre sus abuelos paternos:

La nobleza, la solidaridad, la discreción, la alegría, el sentido de realidad, la noción del deber ineludible, la paciencia, el respeto del prójimo y lo ajeno, el espíritu de cuerpo, la seriedad, (…) la falta de pretensión y una orientación práctica y desenredada hacia la vida, son rasgos comunes a los Sucre Eduardo, y esa múltiple conjunción, reiterada doce veces, sólo puede explicarse en la labor paternal y maternal de Andrés y Alicia.

Los Caldera-Pietri sólo se explican a partir de la labor familiar de Rafael Caldera y Alicia Pietri, y su excelencia es la cosecha de su séxtuple siembra.

Siempre estaré agradecido de su amistad. LEA

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En el Día de los Inocentes

Repite Pinocho Guaidó

 

Reproduzco de un reportaje del día de ayer en Panorama (Guaidó: Asumo la tarea de reunir las fuerzas democráticas para forzar una solución):

“Los convoco a organizarnos desde ya para que a partir del 5 de enero alcemos la voz en las calles de Venezuela y el mundo para luchar por la salvación de nuestro país y exigir el cumplimiento del mandato popular. Necesitamos la fuerza, tanto la de los miembros de nuestra Fuerza Armada como de la comunidad internacional, pero la fuerza debe usarse para llegar a una solución que permita no solo recuperar la libertad, si no también garantizar la estabilidad necesaria para reconstruir a Venezuela”. Ese planteamiento hizo la noche de este domingo 27 de diciembre, a través de un mensaje grabado en sus redes sociales, el líder opositor Juan Guaidó, quien además es reconocido como presidente (e) de Venezuela por poco más de 50 países. La convocatoria además fue extensiva a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la que  pidió “respaldar el próximo 5 de enero a la legítima Asamblea Nacional en su defensa de la soberanía y la Constitución”. (…) “Asumo la tarea de reunir las fuerzas democráticas nacionales e internacionales para lograr forzar una solución”, agregó. (…) “Agradezco a la Asamblea Nacional que ayer (sábado 26) dio un paso firme en respeto a la Constitución y en defensa de nuestra gente, la extensión constitucional del mandato hasta lograr lo que hoy unifica a los venezolanos y el mundo que nos acompaña, elecciones realmente libres”.

 

 

…es claramente violatorio de la Constitución el tal “Estatuto de Transición” aprobado por la Asamblea Nacional el 5 de febrero de este año, como es falaz el argumento de que Guaidó sería el encargado de la Presidencia de la República al aducir una lectura interesadamente distorsionada del Art. 233 de la Constitución, e igualmente el que sostiene que la Asamblea Nacional puede autorizar la invasión por fuerzas militares de alguna potencia extranjera por otra distorsión, esta vez del numeral 11 del Artículo 187. (“Corresponde a la Asamblea Nacional… Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”). Una misión militar, típicamente de cooperación técnica con la Fuerza Armada Nacional, no es una invasión y, de todos modos, el Diccionario de la Lengua Española define autorizar así: “Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo”. Ese “alguien” es el Ejecutivo Nacional— que está presidido por Nicolás Maduro, no por Juan Guaidó—, es el Ejecutivo el que solicitaría la autorización de la Asamblea Nacional para una misión que hubiera acordado con algún gobierno foráneo; la cosa no es que por su cuenta la Asamblea Nacional pueda establecer misiones militares de cualquier país extranjero. Ella no puede autorizarse a sí misma. (Política falaz, 7 de mayo de 2019).

 

 

El diputado Guaidó ha podido, cuando claramente fuera—en 2019; ya no—Presidente de la Asamblea Nacional, convocar por mayoría simple de ella un referendo consultivo del Pueblo, el único poder supraconstitucional, para ordenar nuevas elecciones presidenciales, disolver la Asamblea Constituyente o rechazar el socialismo. Nunca lo hizo. Ni su “cabildo abierto” ante el que se proclamara inconstitucionalmente presidente encargado, ni su “consulta popular” son un pedimento claro y expreso al poder supremo del Estado venezolano.

 

Quizás le venga mejor, en vista de sus vínculos y acuerdos con Donald Trump, esperar al próximo mes de abril, cuando los anglosajones celebran el equivalente de nuestro Día de los Inocentes, su April Fools’ Day. LEA

 

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* Concepto mal plagiado del Acta de Abolición y Estatuto de Transición, propuestos por primera vez por el suscrito el 25 de febrero de 2002.
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Lo que debemos hacer

El instrumento requerido

 

La manera correcta de obtener nuevas elecciones presidenciales es con la renuncia de Nicolás Maduro Moros, a su cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, porque el Pueblo así lo quiera según se exprese en referendo consultivo, no meramente en encuestas. Por ejemplo, contestando mayoritariamente esta pregunta:

¿Preferiría Ud. que el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, renunciara a su cargo cuanto antes?

Una mayoría que contestara afirmativamente tal cuestión haría prácticamente imposible que el Sr. Presidente decida no renunciar aunque hacerlo, no obstante, es una decisión personal de su incumbencia. El ejemplo de renuencia de Donald Trump pudiera sugerirle lo contrario, pero Maduro no es Trump.

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Dice la Constitución:

Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.

No es lo indicado esperar que el Sr. Presidente convoque ese referendo. Tampoco la Asamblea Nacional; aún no ha resuelto el problema de desacato en el que ella misma se metiera. Sólo queda la iniciativa popular para convocar, con unos dos millones de firmas*, tal decisión. Eso no es una “consulta popular”, eso es un referendo; eso sí causa efectos constitucionalmente previstos.

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. (…) Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes.

Sólo el Pueblo puede exigir tal avenida. En particular, una cosa así no es negociable por organizaciones políticas nacionales y mucho menos por extranacionales, por una o varias repúblicas extranjeras o asociaciones de ellas. Los primeros cuatro años se cumplen el 10 de enero de 2023. El próximo 10 de enero tendremos dos años por delante para efectuar el referéndum aquí propuesto y causar una nueva elección presidencial, pero es obvia la perentoria necesidad de organizarlo lo antes posible. Creo que tal cosa es mejor que esperar hasta 2022 para intentar un referendo revocatorio.

Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Por otra parte, el esfuerzo revocatorio, sólo posible desde la iniciativa popular, amén de tardío requiere el doble de firmas que un referendo consultivo popularmente causado. Además, habría que aguantar dos años adicionales para revocar el mandato que Maduro iniciara el 5 de enero del año pasado (2019), mientras que un referendo consultivo puede iniciarse ya. No estamos para esperar.

luis enrique ALCALÁ

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Notas

1. En 2004, con un registro electoral bastante menor y luego de superar un buen número de obstáculos colocados por el Consejo Nacional Electoral presidido por Francisco Carrasquero López, fue posible validar, hace dieciséis años, un total de 2.436.830 firmas.

2. Un amable corresponsal me informó por WhatsApp que cierto abogado opinó sobre lo aquí propuesto: “El problema de esa propuesta está, en que eso solo procedería frente a un presidente ‘legítimo’, y Maduro no lo es. Convocar a tal consulta en esos términos es darle una legitimidad que no tiene”. A eso contesté: “Se ha dicho que la elección de Maduro es ilegítima, por diversas razones. La primera es que fue electo para su segundo período el 20 de mayo de 2018, en presunta contravención de lo constitucional y legalmente previsto; ciertamente, la fecha contravino la costumbre electoral venezolana, pero ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales prescriben una fecha específica a la elección de Presidente. Luego, la convocatoria misma, hecha por el Consejo Nacional Electoral, fue precedida por una decisión al respecto de la Asamblea Nacional Constituyente en funciones, pero nuestro CNE no podía objetarla, puesto que la Constitución establece en su Artículo 349: ‘Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente’. (Cualquier decisión subconstitucional de este órgano debe ser acatada). Claro que la constituyente misma es objetada, sobre la errada tesis de que la elección de ella no puede ser decidida sino mediante un referendo popular, cuando el Artículo 348 se inicia diciendo: ‘La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…’ Finalmente, se sostiene que no todas las organizaciones partidistas pudieron participar en la elección de mayo del año pasado por encontrarse inhabilitadas ventajistamente; nuestra legislación electoral obliga a cualquier partido que no haya participado en la elección inmediatamente anterior a un proceso de rehabilitación, y fueron esos mismos partidos los que decidieron no acogerse a ese procedimiento”.  (Tomado de Je m’accuse, una carta a Sebastián Piñera publicada acá el 23 de septiembre de 2019).

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La última patraña

Un poder colectivo que se ha empleado con ineficacia originada en falacias

 

Queda ahora sólo un trimestre de vida a la enteramente inútil Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2015. En casi cinco años de “labor”, no atinó a producir ni una sola pieza de legislación de importancia, aunque sí generó una destacada serie de trapacerías.

Este proceso tuvo su inicio el mismo día de su inauguración, el 5 de enero de 2016. En esa fecha fue electo como su primer Presidente el perdurable—en Acción Democrática—Henry Ramos Allup, quien declaró en la sesión inaugural, ya electo, que era un “compromiso no transable” de la Asamblea encontrar la forma de lograr la cesación del gobierno encabezado por Nicolás Maduro en el plazo de seis meses, lo que por supuesto era una aberración; ese propósito no corresponde en ningún caso a la Asamblea Nacional. En cambio, como dirigente muy importante de la Mesa de la Unidad Democrática, y revestido del prestigio de su investidura como el primus inter pares de los diputados, causó el retraso injustificable del proceso revocatorio contra Maduro, que pudo empezar el 11 de enero de 2016 y postergó hasta abril con la excusa de que ese camino constitucional era “muy engorroso”, prédica en la que le acompañara Jesús Torrealba, en ese momento el principal ejecutivo de la MUD. Bajo su presidencia, la Asamblea Nacional desacató la sentencia temporal de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que invalidó la elección de diputados por el estado Amazonas, sirviendo así de pretexto para que el máximo órgano judicial maniatara al Poder Legislativo Nacional.* Hacia el término de su mandato, permitió el paralizante desorden en el nombramiento de rectores del Consejo Nacional Electoral, asunto que también descuidaron quienes le sucedieron en la presidencia del parlamento. También inició la connivencia del Poder Legislativo Nacional con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, oficiándole documento en el que se solicitaba la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática Interamericana.

El primero de sus sucesores fue Julio Borges Junyent, y éste pareció encontrar en pocas horas el medio para causar la cesantía de Maduro, mediante la alucinada declaración de la Asamblea que sostuvo que Nicolás Maduro había ¡abandonado su cargo! Más adelante en el año, Borges pretendió la entera sustitución del Tribunal Supremo de Justicia mediante procedimiento inconstitucional, pues el Poder Ciudadano—Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo—no participó en la írrita designación de la Plaza Alfredo Sadel. Borges continuó la conchupancia con Luis Almagro, quien llegara a la OEA con Maduro entre ceja y ceja. Su sucesor, Omar Barboza, no presidió sobre desaguisados parecidos; tampoco se distinguió por algún logro significativo.

Entonces fue elegido Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional y arrancó la telenovela con guión de libretistas del Departamento de Estado de Donald Trump. (Ver Más usurpador será usted, del 23 de enero de 2019, El caso Venezuela, un deporte internacional, del 5 de febrero del mismo año, o Política falaz, del 7 de mayo también del año pasado). En esta última entrada asenté:

También es claramente violatorio de la Constitución el tal “Estatuto de Transición” aprobado por la Asamblea Nacional el 5 de febrero de este año, como es falaz el argumento de que Guaidó sería el encargado de la Presidencia de la República al aducir una lectura interesadamente distorsionada del Art. 233 de la Constitución, e igualmente el que sostiene que la Asamblea Nacional puede autorizar la invasión por fuerzas militares de alguna potencia extranjera por otra distorsión, esta vez del numeral 11 del Artículo 187. (“Corresponde a la Asamblea Nacional… Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”). Una misión militar, típicamente de cooperación técnica con la Fuerza Armada Nacional, no es una invasión y, de todos modos, el Diccionario de la Lengua Española define autorizar así: “Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo”. Ese “alguien” es el Ejecutivo Nacional— que está presidido por Nicolás Maduro, no por Juan Guaidó—, es el Ejecutivo el que solicitaría la autorización de la Asamblea Nacional para una misión que hubiera acordado con algún gobierno foráneo; la cosa no es que por su cuenta la Asamblea Nacional pueda establecer misiones militares de cualquier país extranjero. Ella no puede autorizarse a sí misma.

Todo el “Período Guaidó”, de casi dos años, se ha caracterizado por el empleo descarado de la falacia. Por ejemplo, ese señor se autoproclamó Presidente de la República en un supuesto cabildo abierto, concepto referido a una reunión de algún Concejo Municipal con los pobladores del municipio en cuestión, lo que no ocurrió y que, de haberse dado, sólo habría podido considerar asuntos de ámbito municipal, jamás decidir por todo el país.

La cumbre de tal período se alcanzó en mayo de este año, con la abortada “invasión” a Venezuela por parte de mercenarios estadounidenses, contratados por J. J. Rendón como testaferro de Juan Guaidó. Puede leerse en este blog El “ridículo” intento fallido de golpe en Venezuela, explicado, un completo reportaje de Vox Media acerca de tal locura.

………

Ahora, con sólo tres meses disponibles, la Asamblea Nacional, todavía presidida en infame torpeza por el representante local de Donald Trump, ha aprobado un “acuerdo de consulta popular” que pretende, de nuevo falazmente, recibir la aprobación del Pueblo a los siguientes dos planteamientos intencionalmente redactados de forma tendenciosa:

1 ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?

2 ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?

Para empezar, las elecciones de Asamblea Nacional no han sido convocadas por el presidente Maduro; ellas están pautadas por la propia Constitución en cuyo marco los diputados que aprobaron la más reciente trapacería dicen inscribirse: “con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 70 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. De éstos, es el Artículo 70 el que menciona la noción de consulta popular:

Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

¿Qué es, en este contexto, una “consulta popular”? La Constitución incluye la expresión en únicamente dos artículos posteriores; el Art. 172 reza:

El Consejo Legislativo estadal, previo pronunciamiento favorable mediante consulta popular de la población afectada, definirá los límites del distrito metropolitano y lo organizará según lo establecido en la ley orgánica nacional, determinando cuáles de las competencias metropolitanas serán asumidas por los órganos de gobierno del respectivo distrito metropolitano. Cuando los Municipios que deseen constituirse en un distrito metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, corresponderá a la Asamblea Nacional su creación y organización.

Finalmente, el Art. 279 dispone:

El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, que estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna que será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional que, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular.

De estos dos casos se desprende que la consulta popular puede producirse para que se exprese el acuerdo o el desacuerdo popular con alguna iniciativa, elaborada por alguna autoridad que debe decidirla en última instancia—un Consejo Legislativo estadal o la Asamblea Nacional en uno y otro artículo—, y el resultado de la consulta no sería en ningún caso vinculante; tan sólo expresaría apoyo o rechazo y es el órgano decisor el que debe finalmente decidir. Lo que ahora pretende la Asamblea sería, en cambio, asunto de un referendo popular, y aun así las preguntas están mal formuladas, al inquirir por más de un asunto diferente en cada caso. (Apartando el referéndum general descrito en el Artículo 246 de la Constitución de 1961, fue la reforma de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política la que introdujo la figura de referendos consultivos—ahora recogidos en la Constitución vigente—en su nuevo Título VI: De los referendos, que incluyó los artículos del 181 al 195. El numeral 1 del artículo 182 establecía este requisito: “Formulación de la pregunta en forma clara y precisa, en los términos exactos en que será objeto de la consulta, de tal manera que pueda contestarse con un “si” o “no”. ¿Cómo haría para votar, por ejemplo, algún elector que quisiera elecciones de Asamblea pero no de Presidente y que se garantice la paz pero no quiere presiones internacionales?). Las tendenciosas preguntas de la nueva trampa de Guaidó & Pompeo me hicieron recordar lo que enseñaba Maritza Izaguirre en su cátedra de Metodología de la Investigación en la UCAB: que en una encuesta las preguntas no debían inducir las respuestas, so pena de invalidez del instrumento.

La opción de una “consulta popular”, como el empleo del término “plebiscito” para el evento organizado por la Mesa de la Unidad Democrática el 16 de julio de 2017, escapa a la Constitución que a cada rato se dice “defender”. (En El tercer plebiscito—6 de julio de 2017—se destapaba: “La MUD ha escogido llamar a la consulta que organiza para el 16 de este mes un plebiscito** en lugar de un referendo, básicamente para escapar a lo dispuesto en el Numeral 5 del Artículo 293 de la Constitución: ‘El poder Electoral tiene por función: 5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos'”). Es inadmisible la apelación a algún artículo constitucional para proponer algo que viole o desconozca otros artículos.

El desempeño de la Asamblea Nacional de mayoría opositora ha sido realmente lamentable. Esto se puso en Cuatro años desperdiciados (30 de diciembre de 2019):

“Haga la última cola”—para votar y elegir una mayoría de oposición en la Asamblea Nacional—fue consigna vendida con la explícita promesa de que la Asamblea en manos opositoras acabaría con las colas de consumidores en tiempos de desabastecimiento. En el primer día de diciembre de 2015, cinco días antes de la elección del cuerpo legislativo, Juan Pablo Olalquiaga, Presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, profetizaba: “El reto de la Asamblea va a ser voltear la economía; de no hacerlo, la opinión pública la castigará rápidamente”. Así ocurrió, y a estas alturas ese castigo ha alcanzado cotas vergonzantes, como registrara Meganálisis en encuesta recentísima:

 

 

LEA

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La camisa de fuerza que el Tribunal Supremo de Justicia ha puesto a la Asamblea Nacional es a todas luces excesiva, aunque la sentencia original—que la MUD nunca objetara como permiten la Constitución y las leyes—fuera bien fundada. En un proyecto de acuerdo entre los poderes públicos—a lo que éstos están obligados por el Artículo 136 de la primera— se lee (Versión formal, 26 de mayo de 2017, Cláusula Duodécima):

El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas, por cuanto esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Su declaración de nulidad de actos de la Asamblea Nacional por tal motivo se sostendrá sólo para aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en cuestión. El Tribunal Supremo de Justicia admitirá como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. Adicionalmente, ordenará al Consejo Nacional Electoral la celebración perentoria de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente.

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** Es importante tener en cuenta que a ese “plebiscito” asistió sólo el 38,5% del registro electoral de 2017, según las cifras proporcionadas por la propia “Comisión de Garantes” de la MUD, que presidiera la rectora Cecilia García Arocha. En Manipula y vencerás (17 de julio de 2017) se puso acá:

El Presidente de la Asamblea Nacional declaró anoche, al conocerse la participación de la población en el “plebiscito” convocado para el 16 de julio: “Con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy”. Bueno, para empezar, ninguna de las tres preguntas de la consulta de ayer estuvo referida a una teórica revocación del mandato de Maduro; Julio Borges corona así una serie de manipulaciones que iniciara Henrique Capriles Radonski en 2013, cuando predicara que las elecciones municipales del 8 de diciembre de ese año eran “un plebiscito contra Nicolás Maduro”. Dos años después (11 de octubre de 2015), el entonces candidato a diputado José Guerra afirmaba: “Estoy entre quienes opinan que este 6 de diciembre, además de la elección de una nueva Asamblea Nacional, se celebra un referendo consultivo sobre el modelo económico que queremos transitar”. (El socialismo va a referendo). Capriles perdió, como autoungido jefe de campaña de todos los candidatos a alcaldes por la MUD (en imitación de Hugo Chávez), ese plebiscito inexistente, y José Guerra nunca propuso seriamente, ya elegido diputado a la Asamblea Nacional, que este órgano convocara válidamente el referendo que proclamara falazmente. (Ver ¿Qué espera la Asamblea Nacional?, 8 de marzo de 2016).

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