Fermín y el tiempo

La sonrisa de un político feliz

 

El diario El Universal publicó el noveno día de este mes una nota de prensa que tituló de este modo: “Claudio Fermín afirma que no es el momento de un referéndum revocatorio”. Éste es su primer párrafo:

El presidente de Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, destacó que no es el momento de un referéndum revocatorio, ya que, descartada la posibilidad de que el Presidente de la República o la Asamblea Nacional convoquen la consulta, “la única vía sería el proceso de recolección de firmas, pero sería una distracción para las venideras elecciones del mes de noviembre, no se puede convocar de manera improvisada, lo que está planteado como una realidad son las elecciones de gobernadores y alcaldes, hay que plantarse con los pies en la tierra”.

Por supuesto que no es éste el momento y que sólo puede hacerse mediante la recolección de firmas de electores. El Artículo 72 de la Constitución establece con la mayor claridad:

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Obviamente, la mitad del segundo período de Maduro se cumple el 10 de enero de 2022. Visto así, pareciera que Fermín ha descubierto el agua tibia. Concluidas las elecciones estadales y municipales de noviembre, aún faltarían dos meses para que fuese posible convocar un referendo revocatorio de la investidura actual de Nicolás Maduro; en cambio, a partir de ese momento sería posible la revocatoria de su mandato en cualquier fecha del resto de su período, que expira el 9 de enero de 2025. Pero entonces estamos autorizados a suponer que hay dirigentes de las extintas Coordinadora Democrática y su hija única, la Mesa de la Unidad Democrática, que propugnan no distraerse ahora con las elecciones locales, dado que el problema político principal consistiría en el ejercicio presidencial de Maduro. Habrá, seguramente, quien aduzca asimismo la escasez de recursos característica de estos tiempos y la conveniencia de preservarlos para la caza mayor. ¿No es ésa la excusa de la zorra en la fábula de Samaniego? (Es voz común que a más del mediodía,
 en ayunas la Zorra iba cazando;
 halla una parra, quédase mirando
 de la alta vid el fruto que pendía. / Causábala mil ansias y congojas 
no alcanzar a las uvas con la garra,
 al mostrar a sus dientes la alta parra
 negros racimos entre verdes hojas. / Miró, saltó y anduvo en probaduras,
 pero vio el imposible ya de fijo.
 Entonces fue cuando la Zorra dijo: 
”No las quiero comer. No están maduras”. / No por eso te muestres impaciente,
 si se te frustra, Fabio, algún intento:
 aplica bien el cuento, 
y di: No están maduras, frescamente). El registro de Datanálisis en el mes de febrero de este año pareciera fundamentar que es ése el caso:

 

 

Sin embargo, el contendiente no está en mejores condiciones:

 

 

No debe haber recursos fácilmente disponibles para ninguno de los dos objetivos de la oposición que algunos contraponen, especialmente luego del desperdicio de los invertidos en la elección de Asamblea Nacional de mayoría opositora en 2015, la que resultó ser absolutamente ineficaz. Pero superado noviembre de 2021, en escasos cinco meses a partir de hoy, será indudablemente “el momento de un referéndum revocatorio”. (Ver en este blog lo expuesto acá el pasado 25 de marzo en To revoke or not to revoke; that is the question). Algo que pudiera ofrecer Fermín ahora es que en diciembre de este año comenzará a trabajar denodadamente para lograr la cesantía de Maduro por revocación. LEA

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Addenda

El sitio web llamado infobae—por información Buenos Aires—trae hoy una reacción de Juan Guaidó a la temática asumida por Claudio Fermín. Así la titula: “Guaidó señaló que los comicios regionales son una estrategia de la dictadura para dividir la alternativa democrática”. Luego expone sobre el tema de esta entrada:

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, señaló este miércoles que las elecciones regionales y municipales que se celebrarán en noviembre en el país “no son una solución” al “conflicto” en Venezuela, sino “una estrategia de la dictadura”.

En un comunicado compartido por su equipo, Guaidó indicó que “la dictadura” realiza los comicios regionales para dividir a la alternativa democrática.

“Las elecciones regionales no son la solución a la crisis. Eso es un falso dilema, estamos luchando por condiciones. Entendemos que las elecciones regionales no son una solución a nuestro conflicto, necesitamos son elecciones presidenciales”, criticó.

Asimismo, insistió en no reconocer al Consejo Nacional Electoral (CNE), que, en sus palabras, está “tutelado por la dictadura”. “Ellos no pueden ni siquiera convocar una elección presidencial porque obedece a la dictadura”, dijo.

Primeramente, llamar a Juan Guaidó “presidente interino” no es información sino lo contrario; no es información veraz sino información falaz. Luego, las declaraciones del lamentable exdiputado son una instancia adicional de la misteriosa facultad de más de un político que parece penetrar la mente de algún adversario y conocer cuáles son sus verdaderas intenciones. (“Es en todo tiempo y lugar moralmente erróneo que cualquier persona crea en algo sobre la base de evidencia insuficiente”. William Clifford, La Ética de la Creencia). Las elecciones de autoridades estadales y municipales están pautadas constitucionalmente, y hay que realizarlas aunque las entienda el Sr. Guaidó como “estrategia de la dictadura”.

(Leyendo esto último, el amigo Orlando Amaya observó con grande y pedagógica agudeza: “Si navegamos en la ola de la locura, un golpista diría que hay que tumbar dos gobiernos”. Esto es, el “fraudulento” de Maduro y el “legítimo” de Guaidó).

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Libertad de mentir

“Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas o lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros”. (Código de Ética de Dr. Político).

 

bulo Quizá del caló bul ‘porquería’. 1. m. Noticia falsa propalada con algún fin.

Diccionario de la Lengua Española).

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El 20 de agosto de 2004, trataba de mostrar a un cierto empresario relativamente joven que cinco días antes Hugo Chávez había superado la prueba revocatoria sin recurrir a un fraude electoral; al cabo de unos minutos me dijo: “Está bien, me convenciste; no hubo fraude, pero hay que decir que lo hubo, porque a ese señor hay que negarle hasta el agua”. La maldad que percibía en Chávez lavaba de antemano su inmoral prescripción; tampoco las maldades que se atribuye a Nicolás Maduro absuelven las inmoralidades de nadie.

Juan Pinocho Guaidó (24 de julio de 2019)

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En una época de atrición de ingresos, cuando la Fundación Konrad Adenauer regateaba sus vitales aportes financieros al Partido Social Cristiano COPEI, la sede de éste cambió en la fachada su denominación de Partido Socialcristiano por la de Partido Popular. El líder copeyano Eduardo Fernández agradecía así el apoyo de fondos allegados por el partido derechista del español José María Aznar. En el fondo, se trataba de un clavo más en la urna de Rafael Caldera, quien al cierre de su campaña presidencial de 1963 había definido a COPEI como partido de centro-izquierda.

…la denominación de Partido Popular para COPEI, aunque reciente, ya no es válida. Se la adoptó para agradecer a José María Aznar su ayuda financiera en tiempos cuando los demócrata-cristianos alemanes recortaban su apoyo, en vista del barranco en que se ha venido ahondando el partido fundado por Rafael Caldera, Q. E. P. D. Pero quien pase con frecuencia por delante de la sede de la urbanización El Bosque (rebasados los restaurantes chinos) habrá notado que, luego de dos apariciones en fachada, una larga y una corta (según la facción que controlara la proverbial botella vacía), ha vuelto a decirse en el muro delantero que allí funciona un partido social cristiano. (MUD, MUD, MUD, es hora de partir – 25 de diciembre de 2012).

El ex presidente español Aznar continúa conectado con la política venezolana, sólo que ya no con COPEI:

El patronato de la Fundación FAES*, a propuesta de su presidente, José María Aznar, concedió por unanimidad el X Premio FAES de la Libertad al presidente encargado de Venezuela, por prestigiar la causa democrática de Venezuela y concitar la solidaridad internacional con ella. FAES reconoce, asimismo, su resistencia y respeto a la institucionalidad.

Esa noticia está tomada textualmente del sitio web de la fundación presidida por Aznar, el que “informa”:

Juan Guaidó es ingeniero industrial por la Universidad Católica Andrés Bello con estudios de posgrado en gestión. A los 36 años, representa a su estado natal, Vargas, como diputado electo a la Asamblea Nacional. En 2019 es designado presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, apegado a los artículos 233 y 333 de la Constitución Nacional.

Bueno, Juan Guaidó no es “presidente encargado” de Venezuela; nunca lo ha sido.** Además, lo correcto es describirlo como desapegado de los artículos constitucionales citados por FAES y de otros varios que aduce adulterando su sentido. Es así como estamos autorizados a entender el Premio FAES de la Libertad, que se justifica en función de un pretendido “respeto a la institucionalidad” por parte de Guaidó, como uno que se adjudica a la libertad de mentir. LEA

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* FAES no debe interpretarse acá como las siglas de las Fuerzas Armadas Especiales, la división de la Policía Nacional Bolivariana creada en 2016, sino como las de la española Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales: “La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, más conocida por su acrónimo FAES, es una fundación privada española, creada en 1989 y ligada al Partido Popular (PP), que trabaja en el ámbito de las ideas y las propuestas políticas. Su principal cometido es ayudar al debate de las ideas, la formación política y desarrollar los principios ideológicos que fundamentan a la derecha política. Informalmente se la conoce como «el laboratorio de ideas del PP» y se constituye como un think tank de dicho partido”. (Wikipedia en Español).

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** Lo que es verdaderamente una farsa es la “controversial decisión” de la autoproclamación de Guaidó como “presidente encargado” de la República. Nuestra Constitución contempla sólo un caso en el que el Presidente de la Asamblea Nacional asume la Presidencia de la República; su Artículo 233 lo establece así en su segundo parágrafo: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”. No es la Asamblea Nacional—mucho menos un “cabildo abierto” que no fue tal y cuyo nivel decisional no rebasa el de asuntos municipales—el órgano que designa a su Presidente como encargado de la Presidencia de la República sino esa previsión constitucional, y ésta requiere la existencia previa de un Presidente electo cuya falta absoluta se haya producido, lo que no ha sido nunca el caso. José Ignacio Hernández, el cuestionado “Procurador Especial” nombrado inconstitucionalmente por Guaidó, escribió el 11 de enero del año pasado: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego argumentaría falsamente que correspondería a la Asamblea Nacional interpretar ese artículo para “ajustarlo” a la situación real, cuando el Artículo 336 confiere inequívocamente esa potestad al Tribunal Supremo de Justicia. (Exégesis de Crisis (Group), 12 de marzo de 2020).

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Intersubjetividad extraviada

Pérez Vivas con mascarilla

Evans, el único sin mascarilla

 

Creo que debo explicar el título de esta entrada, primeramente eso de intersubjetividad. El Diccionario de la Lengua Española define el concepto así: “1. f. Cualidad de intersubjetivo”, y a este término de este modo: “1. adj. Que sucede en la comunicación intelectual o afectiva entre dos o más sujetos”. Los sujetos a los que me refiero son César Pérez Vivas y Nicmer Evans, que han arribado a una pretensión táctico-política en comunicación intelectual, tal vez también afectiva.

Antes de discutir lo que ahora apadrinan, sin embargo, evocaré la opinión que me merecía una pretenciosa pero falsa tesis de Evans, expuesta en una entrada en este blog del 31 de agosto de 2016 (El fundamentalismo inútil):

…son términos vistosos de apariencia técnica frecuentes en el articulista, como el de “intersubjetividad”, los que han servido para que algunas almas fácilmente impresionables lleguen a creer que el pensamiento de Evans es algo profundo. No hay tal cosa; la “tesis” de Evans, expuesta en el párrafo precedente, es un condensado babiecal tan simplista como históricamente falso, una intrasubjetividad que se vomita a través de una dentadura dañada.

Es constancia que dejo a la mano, para aquellos que quieran acusarme de prejuicio, antes de comprobar que se justifica el adjetivo extraviada para la pieza que tocan a cuatro manos Evans & Pérez Vivas.

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¿En qué andan Evans y Pérez Vivas? Ayer publicó El Nacional una nota—Movimiento ciudadano consignó ante el CNE solicitud de activación del referéndum revocatorio presidencial—en la que se lee:

El Movimiento Venezolano por el Revocatorio consignó este martes ante el CNE la solicitud de activación del referéndum revocatorio con el argumento de que el 24 de mayo se cumplieron tres años de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente, cargo desconocido por una parte de la oposición y la comunidad internacional debido a que fue elegido en unos cuestionados comicios.

“Hemos hecho entrega del documento que implica la activación administrativa de una respuesta, que tenemos la expectativa sea en los próximos días, para poder activar el cronograma electoral y tomar las medidas necesarias en función del revocatorio. Sin que esto perturbe la convocatoria de elecciones regionales y municipales”, expresó luego de salir del CNE el líder opositor Nicmer Evans, quien asumió la vocería junto con el exgobernador del Táchira César Pérez Vivas.

De nuevo, sobre una “astuta” premisa—que es enteramente falsa—dos políticos profesionales creen habérsela comido. Antes, por ejemplo, pensó Julio Borges que si la Asamblea Nacional, presidida por él desde el 5 de enero de 2017, declaraba el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro, el mandado estaría hecho. Y es sabida la secuencia de patrañas que signaron, desde 2019, el ejercicio del mismo cargo de Borges por parte de Juan Guaidó: a. que él era el Presidente de la República encargado, b. que un “cabildo abierto” que no fue tal, y tampoco habría tenido competencia de haberlo sido, fue el escenario idóneo para juramentarse como tal, c. que las “misiones militares” extranjeras que autorizaría el Poder Legislativo podían entenderse como invasiones, d. que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que amenazó con invocar “es un tratado interamericano, en sus grandes líneas, de asistencia humanitaria. Dicen que tiene que ver con el tema del uso de la fuerza. No es así. Principalmente afecta a cuestiones de asistencia humanitaria”. (Declaración del aludido el 22 de julio de 2019).

Ahora han “descubierto” Evans & Pérez Vivas que ya estaríamos a mitad del segundo período de Nicolás Maduro porque él se habría juramentado, ante la Asamblea Nacional Constituyente, el 24 de mayo de 2018. Pero aun La Voz de América, el servicio de radio y televisión internacional del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, tenía las cosas más claras que el dúo Evans-Pérez Vivas, al emitir el 10 de enero de 2019 una nota que tituló Maduro juramenta como presidente hasta 2025 en medio del rechazo internacionalEn ella también dio cuenta de que tal acto se efectuó ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El Artículo 231 de la Constitución pauta lo siguiente:

El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El motivo “sobrevenido” era que la Asamblea Nacional presidida por Guaidó pretendió que Maduro usurpaba el cargo de Presidente de la República, razón por la cual no recibiría su juramento. Nadie sostuvo entonces que Maduro ya había prestado juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente. (Ver, en este blog, To revoke or not to revoke; that is the question, del 25 de marzo de este año).

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La nueva ingeniosidad* de tan oportunistas opositores no tiene el menor futuro, y así deben advertirlo los frescos rectores del Consejo Nacional Electoral ante quienes fuera introducida la peregrina tesis: Enrique Márquez y Roberto Picón Herrera. Puede que sean funcionarios a los que no puede agruparse en el oficialismo, pero antes que lealtad hacia la “oposición” tienen el deber de alinearse con la verdad. LEA

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* ingeniosidad Expresión o idea artificiosa o sutil. U. m. en sent. despect. (Diccionario de la Lengua Española).

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¿Miedo al cuero?

No existe apoyo mayoritario a la oposición venezolana

 

Hace mucho tiempo escuché el chiste del pintor que trabaja en parte alta de una pared y escucha al compañero, que le dice: “¡Agárrate de lo brocha que me llevo la escalera!” De allí viene la imagen que empleara Luis Vicente León, en reseña publicada originalmente por el diario El Nacionalista que reprodujera el servicio de noticias Costa del Sol FM: “La oposición se queda colgada de la brocha al depender de terceros y no de su propia lucha política, dijo LVL” Acá la reproducción:

Luis Vicente León le lanzó un mensaje a la oposición: 76% de la población sigue aspirando un cambio político.

Aunque en diciembre pasado el chavismo haya reconquistado la Asamblea Nacional con una aplastante mayoría, según Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, 76% de los venezolanos sigue aspirando a un «cambio político» y responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro de la crisis económica y social.

En su cuenta de Twitter, el economista y analista dice que «el problema es que ese deseo, usualmente gran impulsor de lucha política, se convierte en decepción y desánimo cuando no se concreta en el tiempo y conduce a la migración o la adaptación».

A renglón seguido, León pone la vista en la oposición para señalar que, en su criterio, el liderazgo que debería motorizar ese cambio político solo está centrado en sus disputas internas y en obtener el control estratégico de esa parcialidad.

«Cuando la oposición concentra sus esfuerzos en atacar a los otros grupos opositores (que piensan distinto) o en mantener el ´poder´ interno, sin ofrecer nada diferente que pueda reconstruir esperanzas de cambio, se condena a su pulverización o a un cambio incontrolado desde adentro«, sostiene el presidente de Datanálisis.

Después de haber concluido formalmente la legislatura parlamentaria de 2016, donde contaba con una clara mayoría, sin lograr el objetivo central del «cambio político», la oposición luce desarticulada y sin rumbo.

Claramente dividida en dos sectores—que no son necesariamente cohesionados en sus estructuras—, el debate se centra entre mantener una agenda de presión política, social e internacional que conduzca, eventualmente a una salida rápida del poder chavista y regresar al juego político interno, a través de la vía electoral, para provocar cambios progresivos y pacíficos en la estructura del poder.

Pero Datanálisis determinó en febrero pasado que una mayoría de venezolanos votaría por un outsider en elecciones presidenciales hipotéticas y, más en general, que los partidos y los dirigentes de la oposición local, la oposición misma, son mayoritariamente apreciadas muy negativamente. (Ver en este blog Sobre mojado, del pasado 21 de marzo). ¿Por qué entonces León se ocupa de ella? A la imagen de la brocha pudiera oponérsele aquello de “mató al tigre y le tiene miedo al cuero”.

El artículo principal—Bofetada terapéutica—de la Carta Semanal #100 de doctorpolítico exponía ya el 19 de agosto de 2004:

Si tuviéramos, Dios no lo permita, un pariente con tan grave dolencia que ameritara la atención de toda una junta médica; si este cuerpo de facultativos intentase primero una cierta terapéutica y con ella provoca a nuestro familiar un paro cardiaco; si a continuación prescribe un segundo tratamiento que le causa una crisis renal aguda; si, finalmente, aplica aún una tercera prescripción que desencadena en nuestro deudo un accidente cerebro-vascular, con toda seguridad no le querremos más como médicos.

Y ésta es la estructura del problema con la Coordinadora Democrática. La constelación que se formó alrededor de ella, no sin méritos que hemos reconocido, nos llevó primero a la tragedia de abril de 2002, luego a la sangría suicida del paro, finalmente a la enervante derrota del revocatorio. (Para no agregar al inventario una nutrida colección de derrotas menores). No hay vuelta de hoja. No podemos atender más nunca a esa dirigencia.

La misma carta concluía su argumentación de esta manera:

…más que una oposición habría que ejecutar una superposición, una elaboración discursiva desde un nivel superior de lenguaje político, que flotara sobre sus agendas, sobre su nomenclatura, sobre sus concepciones, sobre los terrenos que siempre escogió astutamente para la batalla y a los que llevó, casi sin esfuerzo, a un generalato opositor incompetente, y que pudiera, esa interpretación alterna, ese discurso fresco, ser convincente para el pueblo. Este discurso es perfectamente posible. Ese discurso existe, y entre él y unos Electores hambrientos de liderazgo eficaz, sólo hay que interponer los medios que hasta ahora sólo han estado disponibles para actores ineficaces.

Por esto viene ahora una nueva etapa, preñada de posibilidades, más aprendida. Venezuela, herida, desconcertada, desilusionada y nihilista, tiene que recuperarse de la desazón y el fracaso. Y al cabo de un tiempo más bien corto, encontrará el camino correcto y verá sus tribulaciones de ahora como el principio de su metamorfosis creadora. No nos avergonzamos de nuestras tribulaciones, decía San Pablo, porque a la postre transmutan en esperanza, y no nos avergonzamos de nuestra esperanza.

Es hora de concretar esa anticipación pronta a cumplir diecisiete años. LEA

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To revoke or not to revoke; that is the question

Tuit de quien se sigue llamando alcalde

 

Es de hoy mismo un tuit de Antonio Ledezma, recogido en la imagen precedente. Paso a comentar, primeramente, su muy simplista y falsa afirmación inicial: que un referéndum revocatorio no sería aplicable a Nicolás Maduro por cuanto éste no sería el legítimo Presidente de la República de Venezuela.

Son dos los argumentos esgrimidos para sostener la falsa especie de que Maduro no es un presidente legítimo:

…se reputa de fraudulenta la convocatoria a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 por cuanto habría provenido de la ANC y porque se produjeron en fecha desacostumbrada. (Algunos, Cecilia García Arocha y José Virtuoso S. J., por ejemplo, argumentaron equivocadamente que la Constitución especificaba una fecha a fines de año). Las elecciones terminaron siendo convocadas y organizadas por el Consejo Nacional Electoral, y este órgano no podía desacatar a la ANC:

Art. 349: Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

En tanto esas decisiones sean de rango subconstitucional—la Constitución no está suspendida mientras la ANC opera—, como lo es la fijación de fecha para unas elecciones, la validez de ese artículo se sostiene. (Lloviendo sobre mojado, 15 de marzo de 2019).

Luego, aduce el “alcalde” Ledezma que en 2016 se intentó convocar un referendo revocatorio y que “sabemos qué ocurrió”. Bueno, lo que ocurrió fue que la Asamblea Nacional bajo absoluto control de la oposición desenterró el hacha de guerra el mismo día de su inauguración, el 5 de enero de 2016:

El papel de protagonista estuvo, naturalmente, a cargo de Henry Ramos Allup, elegido por el voto de 109 diputados Presidente del Poder Legislativo Nacional hasta el 4 de enero de 2017. Por una parte, su experiencia le permitió no caer en la trampa del ruidoso boicot de los diputados y barras del PSUV y su discurso inicial de autoridad máxima del Parlamento estuvo muy bueno, salvo en el tercer punto de la recapitulación de los objetivos de la Asamblea Nacional: por medio “constitucional, democrático, pacífico y electoral”, lograr la salida del actual gobierno en un plazo de seis meses contados desde esta fecha.


Fragmento del discurso de Ramos Allup en el que se compromete a salir del gobierno

Lo de la recuperación de la autonomía parlamentaria está muy bien; lo de una “ley de amnistía”, como se argumentó acá el 11 de diciembre (Sobre amnistías), sería mejor sustituirlo con un decreto de amnistía que por su carácter no puede ser objetado por la Presidencia de la República; pero la tercera formulación es un claro despropósito, que desdice previas afirmaciones en lo que dijo Ramos Allup: que la Asamblea estaría abierta al diálogo y que no se concibe como un contrapoder. La Asamblea Nacional sólo podría causar por su cuenta el resultado que Ramos Allup presentó como compromiso no transable, mediante la declaratoria de abandono del cargo de Nicolás Maduro, Presidente de la República.

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato.

La revocatoria del mandato de Maduro no es prerrogativa de la Asamblea Nacional; eso es potestad exclusiva de los Electores. Es el Tribunal Supremo de Justicia el órgano que nombraría una junta médica que pudiera, si lo amarrara para examinarlo, declarar la incapacidad física o mental permanente del mismo ciudadano; la Asamblea sólo podría prestar su anuencia a una iniciativa que no es suya. Es sólo el TSJ el poder que puede sentenciar la destitución, luego de juicio previo por algún grave delito. La renuncia es prerrogativa de la persona presidencial. La muerte está vedada a la Asamblea según la condición de un medio pacífico expuesta por Ramos Allup; aunque sería indudablemente eficaz y hasta constitucional—es la primera causal prevista en el Art. 233—, sería criminal y nada pacífico un sicariato contratado al efecto.

Las palabras de Ramos Allup en promesa con plazo de medio año no le corresponden; quizás pudiera pronunciarlas como dirigente máximo de Acción Democrática, seguramente le corresponderían a Jesús Torrealba en tanto Secretario Ejecutivo de la MUD si anunciara la recolección de casi cuatro millones de firmas necesarias para convocar a referendo revocatorio, pero jamás es esa tarea algo que corresponda a la Asamblea Nacional. (Crítica teatral, 5 de enero de 2016).

No era en ningún caso función o prerrogativa de la Asamblea Nacional, mucho menos uno de sus compromisos “no transables” lograr la cesación del gobierno de Nicolás Maduro. (Al año siguiente, ya bajo la presidencia de Julio Borges, la misma Asamblea Nacional creyó que se la comía declarando peregrinamente la falta absoluta del Presidente de la República porque ¡Maduro había abandonado su cargo!)

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También ocurrió, Sr. Ledezma—como Ud. debe saber—, que Henry Ramos Allup, apoyado por Jesús Torrealba, determinó que la Mesa de la Unidad Democrática se moviera para procurar la convocatoria de un referéndum revocatorio con dos meses de retraso. (Con el único y paupérrimo argumento de que era un procedimiento “muy engorroso”). Los remolones dirigentes no querían que subieran las acciones electorales de Henrique Capriles Radonski, posicionado entonces como el campeón de la causa revocatoria, pero así desperdiciaron dos meses que a la postre resultaron ser preciosos, pues una media docena de tribunales en distintos estados del país encontró problemas en la identificación de un buen número de convocantes. Ni Ramos Allup, ni Torrealba ni la MUD interpusieron defensa alguna ante tales sentencias tribunalicias.

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La convocatoria de un referéndum revocatorio de la presidencia de Nicolás Maduro es, en efecto, perfectamente posible a partir del 10 de enero de 2022. La Constitución Nacional así lo prevé:

Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley.

(…)

Artículo 233. (…) Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.

De aquí a allá son nueve meses de un embarazo que esta vez debiera llegar a feliz término. LEA

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La Cámara de las Comunas

Foto de El Universal

 

Cámara de los Comunes (en inglés: House of Commons) es el nombre de las cámaras bajas de los parlamentos bicamerales de Reino Unido y Canadá. La expresión “Comunes” hace referencia al hecho de que los componentes de la Cámara eran originariamente representantes de las ciudades, en oposición a los miembros de la Cámara de los Lores, todos ellos miembros de la nobleza y la jerarquía de la Iglesia de Inglaterra.

Wikipedia en Español

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Ayer publicó la web de El Universal una nota que tituló así: Maduro entregó a diputados leyes para crear el Estado Comunal. Allí pone:

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo entrega al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, de los dos primeros Proyectos de Ley redactados por el Poder Popular. Se trata de la Ley del Parlamento Comunal y la Ley de las Ciudades Comunales, las cuales serán evaluadas y estudiadas por el Poder Legislativo. (…) El Mandatario nacional afirmó que el siglo XXI venezolano se definirá por el fortalecimiento del Estado Comunal, durante el acto de clausura del Congreso Nacional de Comunas 2.0. La comuna “debe ser el futuro y la garantía de la patria. La comuna tiene que saber a pueblo, a verdad, a familia, a comunidad”, recalcó. (…) Asimismo, destacó el Jefe de Estado que en la actualidad, “tenemos 3.265 comunas y 48.565 Consejos Comunales”. El Congreso Nacional de las Comunas 2.0 se desarrolló entre el pasado 20 de octubre de 2020 y este mes de febrero, a través de videoconferencias, debido a la pandemia del Covid-19.

Esto es película ya vista. El 16 de diciembre de 2015 reportaba la web del mismo periódico:

Durante una nueva emisión del programa rutinario de todos los martes, Con el Mazo Dando, Cabello explicó que el Parlamento Comunal, juramentado el pasado martes, está respaldado por la Constitución venezolana. Cabello fundamentó sus argumentos en el artículo 5 de la Constitución. “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”, citó el presidente de la Asamblea Nacional.  (…) “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley” añadió el diputado. Explicó que la Ley a la que se refiere dicho texto es la Ley Orgánica de las Comunas. (…) Según la interpretación de Cabello, el párrafo constitucional al que hace referencia, contempla que el máximo ente competente en materia jurídica es el pueblo y el Poder Legislativo tiene que responder primeramente a las directrices de la comunas.

Claro que eso era resollar por la herida. Cabello había sido herido malamente apenas diez días antes, cuando los candidatos de la oposición a la Asamblea Nacional se habían alzado con la mayoría absoluta de curules el 6 de diciembre de aquel año. Él había presidido precisamente el mismo cuerpo sin que durante su titularidad se le ocurriese el cuento de que el Poder Legislativo Nacional, en defectuosa interpretación de nuestra juridicidad, quedaba sometido al tal “parlamento comunal”. Entonces se le opuso acá lo siguiente:

No, Sr. Cabello, las comunas no eligieron a la Asamblea Nacional; ésta fue elegida directamente por los ciudadanos, sin ninguna clase de intermediación comunal; es a ellos a los que responde, y la palabra comuna no aparece en ninguna parte de la Constitución”. De seguidas se le explicó: “Lo más cercano al término es esta prescripción: Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo (…) 5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde aquellas tengan participación”. Por ejemplo, una cooperativa o empresa comunal para limpieza de oficinas o servicio de taxi. Pero las comunas o soviets venezolanos son una tramposa e inconstitucional creación del chavismo para escapar del referendo de 2007, cuando los proyectos de reforma de la Constitución introducidos por el Presidente de la República y la Asamblea Nacional fueron rechazados. El 2 de diciembre de ese año, una mayoría del Poder Constituyente Originario negó, entre otras cosas, esta pretensión de reformar el Artículo 16: “Sobre la conformación del territorio nacional. Aparece como unidad política primaria la ciudad, la cual estará integrada por comunas ‘células sociales del territorio’, las cuales a su vez estarán conformadas por las comunidades, ‘cada una de las cuales constituirá el núcleo territorial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano'”, (Wikipedia en Español). Lo que la Constitución establece es lo siguiente: “Artículo 16. Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los Estados, Distrito Capital, las dependencias federales y los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios”. Y también: “Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral”. Y por último: “Artículo 168. Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley”.

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Asimismo se había registrado acá el 17 de diciembre de 2015—en Un “parlamento” Helene Cursis (que sí sabe de Cabellos)—que el Pueblo venezolano “no había mostrado entonces un notable entusiasmo por el parto de los montes de la ley de comunas (con el ojo ciego y desentendido de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ha debido declarar su inconstitucionalidad)”, lo que se justificó en un registro de la época por Venebarómetro (Croes, Gutiérrez & Asociados):

El Pueblo no quiere un estado comunal (clic amplía)

 

Ahora es igualmente claro que el presidente Maduro se siente triunfador. Luego de una increíble serie de torpezas, la oposición formal a su desgobierno ha perdido el control de la Asamblea Nacional, lo que ha fortalecido a los socialistas que aún lo siguen. Ya se ha notado tal resultado por cancillerías extranjeras, como igualmente el colapso de las equivocadísimas pretensiones centradas en la telenovela de la que Juan Guaidó fuera protagonista. Pero ese innegable cambio político no le da la razón a Maduro; nuestro orden constitucional no contempla un “Estado Comunal.” El actual Presidente de la República convocó el 1º de mayo de 2017, en ejercicio de su clara atribución constitucional, una asamblea constituyente disuelta recientemente, sin que su “labor” de más de tres años incluyera leyes de un parlamento comunal y de ciudades comunales, cambios constitucionales que de todos modos habrían tenido que ser aprobados en referendo, pero el desempeño de la fenecida constituyente no produjo un proyecto de nueva constitución. Supongo que Maduro dirá que lo que es igual no es trampa, y que los opositores que controlaron hasta el 5 de enero de este año la Asamblea Nacional aprobaron el engendro inconstitucional de un tal “estatuto de transición”, en evidente e inválido exceso.

Pero el error de mi contendiente no es causa de mi acierto. LEA

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