Lo que debemos hacer

El instrumento requerido

 

La manera correcta de obtener nuevas elecciones presidenciales es con la renuncia de Nicolás Maduro Moros, a su cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, porque el Pueblo así lo quiera según se exprese en referendo consultivo, no meramente en encuestas. Por ejemplo, contestando mayoritariamente esta pregunta:

¿Preferiría Ud. que el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, renunciara a su cargo cuanto antes?

Una mayoría que contestara afirmativamente tal cuestión haría prácticamente imposible que el Sr. Presidente decida no renunciar aunque hacerlo, no obstante, es una decisión personal de su incumbencia. El ejemplo de renuencia de Donald Trump pudiera sugerirle lo contrario, pero Maduro no es Trump.

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Dice la Constitución:

Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.

No es lo indicado esperar que el Sr. Presidente convoque ese referendo. Tampoco la Asamblea Nacional; aún no ha resuelto el problema de desacato en el que ella misma se metiera. Sólo queda la iniciativa popular para convocar, con unos dos millones de firmas*, tal decisión. Eso no es una “consulta popular”, eso es un referendo; eso sí causa efectos constitucionalmente previstos.

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. (…) Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes.

Sólo el Pueblo puede exigir tal avenida. En particular, una cosa así no es negociable por organizaciones políticas nacionales y mucho menos por extranacionales, por una o varias repúblicas extranjeras o asociaciones de ellas. Los primeros cuatro años se cumplen el 10 de enero de 2023. El próximo 10 de enero tendremos dos años por delante para efectuar el referéndum aquí propuesto y causar una nueva elección presidencial, pero es obvia la perentoria necesidad de organizarlo lo antes posible. Creo que tal cosa es mejor que esperar hasta 2022 para intentar un referendo revocatorio.

Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Por otra parte, el esfuerzo revocatorio, sólo posible desde la iniciativa popular, amén de tardío requiere el doble de firmas que un referendo consultivo popularmente causado. Además, habría que aguantar dos años adicionales para revocar el mandato que Maduro iniciara el 5 de enero del año pasado (2019), mientras que un referendo consultivo puede iniciarse ya. No estamos para esperar.

luis enrique ALCALÁ

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Notas

1. En 2004, con un registro electoral bastante menor y luego de superar un buen número de obstáculos colocados por el Consejo Nacional Electoral presidido por Francisco Carrasquero López, fue posible validar, hace dieciséis años, un total de 2.436.830 firmas.

2. Un amable corresponsal me informó por WhatsApp que cierto abogado opinó sobre lo aquí propuesto: “El problema de esa propuesta está, en que eso solo procedería frente a un presidente ‘legítimo’, y Maduro no lo es. Convocar a tal consulta en esos términos es darle una legitimidad que no tiene”. A eso contesté: “Se ha dicho que la elección de Maduro es ilegítima, por diversas razones. La primera es que fue electo para su segundo período el 20 de mayo de 2018, en presunta contravención de lo constitucional y legalmente previsto; ciertamente, la fecha contravino la costumbre electoral venezolana, pero ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales prescriben una fecha específica a la elección de Presidente. Luego, la convocatoria misma, hecha por el Consejo Nacional Electoral, fue precedida por una decisión al respecto de la Asamblea Nacional Constituyente en funciones, pero nuestro CNE no podía objetarla, puesto que la Constitución establece en su Artículo 349: ‘Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente’. (Cualquier decisión subconstitucional de este órgano debe ser acatada). Claro que la constituyente misma es objetada, sobre la errada tesis de que la elección de ella no puede ser decidida sino mediante un referendo popular, cuando el Artículo 348 se inicia diciendo: ‘La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…’ Finalmente, se sostiene que no todas las organizaciones partidistas pudieron participar en la elección de mayo del año pasado por encontrarse inhabilitadas ventajistamente; nuestra legislación electoral obliga a cualquier partido que no haya participado en la elección inmediatamente anterior a un proceso de rehabilitación, y fueron esos mismos partidos los que decidieron no acogerse a ese procedimiento”.  (Tomado de Je m’accuse, una carta a Sebastián Piñera publicada acá el 23 de septiembre de 2019).

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REF #28 – Primer referendo nacional

Un nuevo título distingue a la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política: el Título Sexto de esta ley está dedicado por entero a la celebración de referendos.

Los referendos deben practicarse “con el objetivo de consultar a los electores sobre decisiones de especial transcendencia nacional”.

Hay algunas materias que, independientemente de su trascendencia, según la ley no pueden ser consultadas. Estas son las materias de carácter presupuestario, fiscal o tributario; la concesión de amnistía o indultos; la suspensión o restricción de garantías constitucionales y la supresión o disminución de los derechos humanos; los conflictos de poderes que deban ser decididos por los órganos jurisdiccionales; la revocatoria de mandatos populares, salvo lo dispuesto en otras leyes; los asuntos propios del funcionamiento de entidades federales y sus municipios.

La expresa prohibición de suspender garantías por referendo remite al recuerdo de la amenaza de Rafael Caldera de recurrir a este expediente cuando, a comienzos de este período, su segundo decreto de suspensión de garantías fue rechazado por el Congreso. La amenaza surtió su efecto. Un subsiguiente envío de, en esencia, el mismo decreto, contó con los votos de Acción Democrática para la aprobación parlamentaria.

Y la exclusión de la revocatoria de mandatos populares como materia de referendos va contra su concepto de reforma constitucional en 1991 y del principio expuesto en su Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela, donde se propugna, entre otros, los referendos revocatorios.

Desde el punto de vista del Derecho Público lo correcto es crear los referendos—más allá del único previsto en la Constitución vigente para reformarla—en una normativa constitucional, como lo prefiere Caldera, a como lo hizo el Congreso, que los permite en uno de los títulos de la ley electoral, la que, naturalmente, tiene rango subconstitucional. Un referendo nacional es una convocatoria al propio fundamento de la democracia—los Electores—para tomar “decisiones de especial trascendencia nacional”. El nivel correcto para prescribir los actos del poder público primario es el de la Constitución. Una vez hecho desde el rango de una ley, aunque orgánica, no podía esta ley además vulnerar, con referendos revocatorios, períodos de mandato establecidos constitucionalmente. De allí la salvedad: “salvo lo dispuesto en otras leyes”. Pero ninguna ley distinta podrá hacer lo que ésa no pudo: disponer algo distinto de lo que manda la Constitución. La salvedad, pues, no ha puesto a salvo nada, y al menos en ese punto los referendos aguardan por su correcta inserción constitucional.

Pero fuera de las materias prohibidas toda otra decisión de especial trascendencia nacional puede ser consultada a los Electores. (La ley referida los pone en minúsculas). De hecho, en una misma consulta puede decidirse sobre más de una materia, pues la ley indica que “podrá convocarse la celebración de más de un referendo simultáneamente en una misma fecha”.

Una vez convocado un referendo, el Consejo Nacional Electoral debe asegurar su celebración en un término no mayor de noventa días y no menor de sesenta. Esto es, a esta fecha todavía quedaría tiempo de celebrarlo junto con las elecciones presidenciales de diciembre. Para que esto sea posible habría que convocarlo antes del día 6 de octubre próximo.

¿Quiénes pueden convocar un referendo nacional? En el orden del texto de la ley, en primer lugar, el Presidente en Consejo de Ministros; luego una sesión conjunta del Congreso de la República por votación favorable de sus dos terceras partes; finalmente un número no menor del diez por ciento de los Electores, o un poco más de un millón de ellos.

Por orden de representatividad decreciente, consideremos primero la ruta de la iniciativa popular: obtener más de un millón de firmas de Electores registrados en apoyo a la convocatoria del referendo. Que esto se intentaría fue prometido únicamente por Hugo Chávez Frías en declaraciones de su campaña. Parece ser que su organización no pudo o no quiso, a pesar de la promesa y de su pretendida fuerza, obtener el número de firmas necesarias. Sólo le quedan quince días.

Luego está el Congreso de la República, el que ya ha concluido su período y que no hizo caso de la proposición que el Dr. Allan Brewer le hiciera llegar. Siempre se puede, por supuesto, convocar a sesiones extraordinarias para ese único fin. El Congreso de la República podría. Le quedan quince días para hacerlo.

Por último puede hacerlo el Presidente en Consejo de Ministros. Tiene quince días para convocarlo. La pregunta es ¿para qué hacerlo? La respuesta legal es obvia: para que los Electores tomen “decisiones de especial trascendencia nacional”. La pregunta política sólo podemos contestarla los Electores: ¿queremos nosotros tomar esas decisiones?

 

Constituyente

No puede caber duda de que Venezuela está frente a decisiones de especial trascendencia nacional. De hecho, una de ellas ha motivado la actual discusión pública sobre referendos: se trata de la conveniencia de convocar un órgano constituyente. Y según todos los registros una buena parte de los Electores, de hecho la mayoría,  dice querer una constituyente.

Como quiera que se mantienen discrepancias importantes, no sólo entre quienes creen que no debe convocarse una constituyente y quienes piensan lo contrario, sino respecto de la forma de integrarla y la extensión de sus poderes, y respecto de la necesidad o no de reformar la Constitución de 1961 para convocarla, sería muy conveniente despejar también estas diferencias con ocasión del referendo.

Acá hay, pues, varios puntos a dilucidar, y esto requiere la mayor claridad sobre ciertos puntos fundamentales.

Según importantes expertos sería preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse un órgano constituyente (Brewer-Carías y otros), pues habría que preservar el “hilo” de una constitución que sólo prevé reformas y enmiendas según procedimientos expresamente pautados y que además establece en su artículo 250: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”.

Pero este artículo se refiere a algo inexistente. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Y esto sería, a mi juicio, la única razón valedera para convocar una constituyente: que se requiera un nuevo pacto político fundamental que no pueda ser obtenido como reforma o enmienda del pacto constitucional existente. Si los cambios constitucionales previstos por quienes propugnan la Constituyente pueden ser obtenidos por modificación de las prescripciones vigentes o mera inserción de prescripciones adicionales, entonces no requerimos una. Bastaría entonces una reforma según lo pautado en el Artículo 246.

¿Puede argumentarse que nuestra actual armazón constitucional necesita, ya no ser modificada, sino sustituida por otra que contemple aspectos que no pueden obtenerse por reforma y que de alguna manera implican un concepto cualitativamente distinto? Sí puede hacerse, y de hecho se ha argumentado así en varias instancias. Baste como muestra referirse a lo que el Dr. Brewer-Carías ha señalado respecto de una posible integración de Venezuela en una confederación política, a la que habría que transferir poderes que actualmente son prerrogativa propia de nuestro Estado. Un cambio de esta naturaleza es claramente algo que no puede ser llamado una reforma, y menos aún una enmienda, que es aquello para lo que el “poder constituyente ordinario” o “derivado”—el Congreso de la República—tiene facultades expresas. Esta es la verdadera razón para la convocatoria de una constituyente. Los argumentos que visualizan un órgano de este tipo como medio de recambiar el elenco de actores políticos nacionales son un desacierto: para esto es que se ha creado el procedimiento electoral.

Habiendo establecido este punto fundamental, regresemos a uno que es objeto de debate y divergencia: dado que es necesaria la constituyente y que la conveniencia de convocarla puede ser sometida a referendo ¿es necesario reformar la Constitución de 1961 para convocarla aun en caso de que el referendo rinda una decisión positiva?

Quienes así piensan han dicho que la inclusión de un nuevo artículo en el texto de 1961 en el que se prevea la celebración de una Constituyente pudiera incluso ser considerada una enmienda, pero que hacerlo por esta vía causaría un considerable retraso. Las enmiendas aprobadas por el Congreso son sancionadas, a diferencia de las reformas, por las Asambleas Legislativas de los Estados, y a este respecto el ordinal quinto del Artículo 245 de la Constitución establece que las Cámaras procederán a declarar sancionado lo que haya sido aprobado por las dos terceras partes de las Asambleas, en sesión conjunta de aquéllas “en sus sesiones ordinarias del año siguiente” a aquél en el que la enmienda haya sido sometida a la consideración de las Asambleas. Es decir, si el Congreso que formulara la enmienda fuese el que se reunirá a partir de enero de 1999, entonces no podría tal enmienda ser sancionada hasta el año 2000, y sólo entonces se podría proceder a elegir los miembros de la Constituyente.

En cambio, los proyectos de reforma estipulados en el Artículo 246, sancionados por la mayoría de los Electores—en el único tipo de referendo previsto en la Constitución de 1961—no requieren un lapso intermedio entre la aprobación por las Cámaras y la celebración del referendo. (De nuevo, en sesión conjunta las Cámaras fijarían la oportunidad ad libitum). De hecho, pues, este proceso puede ser más corto que el de una enmienda. El único problema es que añade un segundo referendo y por tanto otro tipo de retraso y un costo mucho mayor. O sea, si la secuencia comenzara por el referendo consultivo de diciembre de 1998 para establecer el deseo de los Electores acerca de la Constituyente, convirtiéndolo, como se ha dicho, en un mandato para que el Congreso del próximo año proceda a la reforma pertinente, esta reforma no entraría en vigencia sino después de un segundo referendo, el que probablemente no podría celebrarse hasta mediados de 1999, para aprovechar el montaje de las elecciones municipales de ese año. Y luego habría que organizar—otro retraso y otro costo—las elecciones de la Constituyente misma.

Hay dos maneras de salvar un retraso tan inconveniente. La primera, manteniendo el punto de la previa reforma constitucional, es que el Congreso de este mismo período celebre antes de diciembre sesiones conjuntas extraordinarias para aprobar un proyecto de reforma en este sentido (el que tendría que ser presentado, para no tomar en cuenta una engorrosa y azarosa discusión de las Asambleas Legislativas, por una tercera parte de los congresistas y admitido por las dos terceras partes). Luego de la aprobación—por mayoría simple—en ambas Cámaras, la sesión conjunta puede perfectamente determinar que el referendo sancionatorio se produzca junto con las elecciones presidenciales, en el mismo acto en el que se consultaría ulteriormente si los Electores queremos elegir la Constituyente pautada en la reforma.

Para el referendo que aprobaría la inclusión de la figura de la Constituyente en el articulado de 1961 no hay que sujetarse, pues, a los plazos fijados para los demás referendos. No puede privar una ley sobre la Constitución, y ésta deja a la potestad del Congreso la fijación de la oportunidad. Así, una división del trabajo necesario se insinúa con claridad: el Congreso, simplemente, debe abrir la puerta constitucional a la convocatoria de constituyentes; el Presidente de la República, junto con sus Ministros, procede a consultar a los Electores si queremos convocar una de una vez, la primera “constituyente constitucional”, valga la redundancia si es que la hay. Ambas agendas, separadas, se complementarían.

Dicho de otro modo, no se le pide a nuestro renuente Congreso que se pronuncie por la convocatoria; ni siquiera que convoque a un referendo para consultar el punto. Tan sólo se le pide, a unas Cámaras que dejaron transcurrir todo el período legislativo sin iniciativa constituyente, que consagre lo que a todas luces es necesario establecer. Esto al menos nos debe el actual Congreso a los Electores. En este caso podría ahorrarse muy importantes sumas de dinero—en una situación fiscal tan apretada como la nuestra—pues las elecciones de la Constituyente podrían hacerse coincidir con las elecciones municipales de 1999 y su trabajo podría comenzar el mismo año que viene.

Y si el Congreso consintiese, como es su obligación política, en producir la reforma de una vez, haría bien en no postular una constituyente de composición partidizada. Que los legisladores que eliminaron la uninominalidad para la elección del Senado no la prohiban para la constituyente. Si, por lo contrario, diseñaran un formato constituyente enfrentado a las aspiraciones más populares, estarían preparando una contradicción prácticamente insalvable en el doble referendo que propongo: la aprobación a la convocatoria de la constituyente junto con el rechazo a la forma prescrita en la reforma.

Queda una vía más radical, finalmente, para la convocatoria de la constituyente: derivarla directamente de un referendo que pudiera efectuarse ahora, en diciembre de 1998.

Esto es, se prescindiría de la reforma previa en el texto constitucional vigente. ¿Es esto anticonstitucional? Creo que puede argumentarse que el punto es, más bien, supraconstitucional.

En efecto, el Poder Constituyente tiene justamente ese carácter supraconstitucional. Este poder no es otra cosa que el conjunto de los Electores, de los Ciudadanos, del Pueblo. Si en cualquier caso, una reforma constitucional no puede ser promulgada sin el voto favorable del Poder Constituyente, un referendo directo sobre algún punto constitucional es un acto equivalente, en su esencia y en sus efectos, al de un procedimiento convencional de reforma. Si el Poder Constituyente considerase como deseable la convocatoria de una Constituyente, sería inconcebible que el Congreso de la República presentase a ese mismo poder un proyecto de reforma contrario a ese deseo, o que le dijese a los Electores que su deseo supremo no puede ser llevado a la práctica porque no esté contemplado en las actuales disposiciones constitucionales.

Y es que el purismo jurídico que ahora se esgrime contra la derivación directa de una Constituyente a partir del propio Poder Constituyente no es exhibido para nada a la hora de evaluar jurídicamente el siguiente hecho incontestable: el Congreso elegido en diciembre de 1958, y que produjo la Constitución que hoy nos rige, nunca estuvo explícitamente facultado por los Electores para constituirse como órgano constituyente. Ese Congreso se arrogó, pues, facultades extraordinarias que no le habían sido conferidas por nadie, y produjo una Constitución que nunca fue aprobada por el Poder Constituyente sino por las Asambleas Legislativas (¡el más débil procedimiento pautado ahora para las enmiendas!), a pesar de lo cual dictó en el Artículo 252: “Queda derogado el ordenamiento constitucional que ha estado en vigencia hasta la promulgación de esta Constitución”.

Si alguna justificación pudiera aducirse en la fundamentación del origen de nuestra actual Constitución, tendría que ser la de que el Congreso que la produjo tuvo un origen democrático, a diferencia del anterior constituyente, el Congreso de la época dictatorial. Y aun así debe admitirse que esta procedencia democrática, que bastó para basar la nueva Constitución, es menos fuerte y directa que la de un referendo explícito.

Como tampoco, a un nivel distinto por cierto, el purismo constitucional se hizo escuchar demasiado cuando el presidente Caldera amagó con la convocatoria de un referendo sobre su segunda suspensión de garantías constitucionales en este período, a pesar de que los referendos consultivos no estaban previstos en ninguna norma legal venezolana. Nadie menos que el reconocido constitucionalista José Guillermo Andueza, entonces Ministro de Relaciones Interiores, declaró por aquellos días que ya tenía preparado el texto del decreto que convocaría el referendo.

Valga la referencia al Dr. Andueza para citarlo en abono a la tesis de que una decisión de convocar directamente la Constituyente a partir de un referendo no sería un acto inconstitucional. En su trabajo para optar al título de Doctor en Ciencias Políticas en 1954, La jurisdicción constitucional en el derecho venezolano, el entonces bachiller Andueza se acogía, en su aspecto material—a distinción del procesal—a la siguiente definición de inconstitucionalidad: “una contradicción lógica en que se encuentra el contenido de una ley con el contenido de la Constitución”. Y un mandato de convocatoria de la Constituyente emanado del propio Poder Constituyente no es una ley; es verdaderamente una disposición supraconstitucional que no puede entrar en contradicción con algo que ni siquiera ha sido previsto por la Constitución actual: la sustitución total de ella misma por una nueva constitución. Si algo es una contradicción lógica con ella misma, repito, es la Constitución de 1961 cuando afirma que no podrá ser derogada “por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”, dado que no dispone ninguno.

Tal vez el bachiller Andueza sostenía entonces criterios distintos que los que hoy pueda ejercer, pero otras lecturas del mismo trabajo podrían llevarnos a suponer que él prefería en 1954  que los cambios constitucionales fuesen producidos sólo por constituyentes. Por ejemplo, decía en ese tiempo: “Siendo la Constitución la norma suprema del Estado, la que ocupa el vértice superior de la pirámide jurídica, ella no puede ser derogada ni abrogada por el procedimiento legislativo ordinario. Si ello fuera posible, el legislador estaría investido de una función constituyente y las constituciones escritas serían—como lo dijera con tanta propiedad el juez Marshall—«intentos absurdos de parte del pueblo para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitado»”. (El jurado examinador de la tesis del bachiller Andueza, sin admitirse solidario de sus ideas, encontró en ella méritos que la hicieron acreedora de una mención honorífica y recomendó su publicación. Ese jurado estuvo compuesto por los doctores F. S. Angulo Ariza, Eloy Lares Martínez y Rafael Caldera Rodríguez).

En suma, creo que sería preferible, más suave y respetuosa, una reforma inmediata, en sesiones extraordinarias del actual Congreso de la República, que diera lugar a una reforma creadora de la figura de Constituyente dentro del texto constitucional vigente, la que puede perfectamente someterse a referendo aprobatorio según el Artículo 246 de ese texto y conjuntamente con un referendo consultivo que convoque el Ejecutivo Nacional acerca de la deseabilidad de la celebración de una Constituyente concreta. Pero si este Congreso vuelve a fallarnos, si persiste en obliterar los canales lógicos del cambio constitucional, el medio más airado y abrupto del origen directo en el referendo consultivo está siempre disponible, pues su brusquedad no equivale a la falta de juridicidad. Ese Congreso merecería entonces esa ira y esa brusquedad.

Es así como pienso que compete ahora al Presidente de la República argumentar ante el Congreso la necesidad de la reforma, advirtiendo que convocará a referendo para decidir sobre la convocatoria de la Constituyente.

Más aún. Creo que Rafael Caldera merece ser quien haga esa convocatoria. Más allá de las críticas de la más variada naturaleza que puedan hacérsele, el presidente Caldera puede ser considerado con justicia el primer constitucionalista del país. No sólo formó parte de la Constituyente de 1946; también fue quien mayor peso cargó cuando se redactaba el texto de 1961; también fue quien presidió la Comisión Bicameral para la Reforma de la Constitución de 1991; también fue quien expuso en su aludida “Carta de Intención”: “El referendum propuesto en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992, en todas sus formas, a saber: consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio, debe incorporarse al texto constitucional”; y también fue quien escribió en el mismo documento: “La previsión de la convocatoria de una Constituyente, sin romper el hilo constitucional, si el pueblo lo considerare necesario, puede incluirse en la Reforma de la Constitución, encuadrando esa figura excepcional en el Estado de Derecho”; fue también, por último, quien nombró como Presidente de su Comisión Presidencial para la Reforma del Estado al jurista Ricardo Combellas, el que advirtió ya en 1994 que si este Congreso no procedía a la reforma constitucional habría que convocar a una Constituyente. Si alguien merece la distinción de convocar al Primer Referendo Nacional ése es el Presidente de la República, Rafael Caldera.

 

Otras consultas

Una vez que se decida convocar a los Electores, al Poder Constituyente, para consultarlo sobre el tema discutido previamente, vale la pena aprovechar la excepcional ocasión para consultarle sobre otras materias de “especial trascendencia nacional”. Por una parte hay varias decisiones que revisten esa trascendencia y que vienen siendo insistentemente propuestas al país. Por la otra, una vez más, no estamos en condiciones de desperdiciar recursos. Hay que sacarle el jugo al Primer Referendo Nacional.

Por ejemplo, hace ya varios años que se propone vender—en distintas modalidades y proporciones—una porción de las acciones que el Estado venezolano posee exclusivamente en su empresa más importante: Petróleos de Venezuela. (A pesar de que hay quien sostiene que debe “privatizársele” por completo, la mayoría de quienes propugnan la noción sostiene que debe venderse un veinte por ciento de la propiedad y destinarse los fondos a obtener para el pago sustancial o completo de la deuda pública externa. Así argumenta, entre otros, el candidato presidencial Miguel Rodríguez).

Por ejemplo, hace ya varios años que se propone implantar en Venezuela un régimen monetario conocido con el nombre de “caja de conversión”, el sustituto total o parcial del Banco Central de Venezuela que pondría moneda nacional en circulación en función estricta de las reservas en dólares—la divisa preferida por los proponentes—y de una tasa rígidamente fija.

Pues bien, éstas son materias, sin ninguna duda, de “especial trascendencia nacional”. Es tan obvia su trascendencia que no es necesario demostrarla. Es difícil proponer cosas de mayor trascendencia—aunque las hay—y por tanto serían materia perfecta de un referendo.

Es de suponer que no faltará quien diga que tales decisiones no están al alcance del juicio de los Electores. Que “el pueblo” no está preparado para eso, que “el pueblo” no está en capacidad de entender esos asuntos, que hace falta saber mucho de economía petrolera o monetaria para tomar esas decisiones. Estaría equivocado quien así argumente contra la posibilidad de consultar sobre esas proposiciones en referendo.

En primer lugar, porque en el caso de la venta parcial de las acciones de PDVSA se estaría ante una decisión de propietarios. Precisamente es uno de los argumentos favoritos de quienes abogan por la fórmula extrema de regalarlas a los venezolanos mayores de edad, que de ese modo se estaría “devolviendo” a los nacionales la efectiva posesión de su riqueza más grande.* Y los propietarios pueden auxiliarse con todas las opiniones técnicas que requieran, pero nadie distinto a ellos mismos puede en propiedad disponer de su patrimonio.

En segundo lugar, porque la más moderna y poderosa corriente del pensamiento social ya ha adoptado la realidad de los sistemas complejos: que éstos—el clima, la ecología, el sistema nervioso, la corteza terrestre, la sociedad—exhiben en su conjunto “propiedades emergentes” a pesar de que no se hallen en sus componentes individuales. (Ilustración de Ilya Prygogine, Premio Nobel de Química: si ante un ejército de hormigas que se desplaza por una pared, uno fija la atención en cualquier hormiga elegida al azar podrá notar que la hormiga en cuestión despliega un comportamiento verdaderamente errático. El pequeño insecto se dirigirá hacia adelante, luego se detendrá, dará una vuelta, se comunicará con una vecina, tornará a darse vuelta, etcétera. Pero el conjunto de las hormigas tendrá una dirección claramente definida). Así por ejemplo, la teoría económica clásica fundamentaba la lógica macroeconómica del mercado en la racionalidad microeconómica del comprador individual: el homo economicus que tomaba sus decisiones con toda lógica sobre una base de información transparente y perfecta. Hoy en día no es necesario suponer la racionalidad individual para postular la racionalidad del conjunto: el mercado es un mecanismo eficiente independientemente y por encima de la lógica de las decisiones individuales.

La inteligencia colectiva emerge como propiedad social, y si alguno quiere argüir en contra, mediante la exhibición de supuestas decisiones erradas de los venezolanos en las elecciones producidas con sus votos, se puede a la vez contraponerle que no hicimos otra cosa que distinguir entre opciones que no fueron determinadas por nosotros, y que en todo caso, en consecuencia, no fue “el pueblo”, sino sus dirigentes políticos convencionales, quienes fabricaron las alternativas. Sobre la propiedad emergente de nuestra inteligencia colectiva podemos fundar con tranquilidad las decisiones más trascendentes. Es en ese sentido que Rafael Caldera tenía razón cuando dijo: “El pueblo nunca se equivoca”.

Pero también habrá quien esgrima la propia Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política para decir que consultas de ese tipo no serían legalmente posibles, por cuanto esa ley proscribe los referendos sobre materias presupuestarias, fiscales o tributarias, y la venta de acciones de PDVSA o el establecimiento de una caja de conversión indudablemente afectarían al presupuesto, al Fisco y a la tributación. Esto, sin embargo, no es lo que la ley significa, puesto que de ser así no se podría consultar prácticamente nada, puesto que casi cualquier “decisión de especial trascendencia nacional” tendería a tener consecuencias en uno o varios de esos ámbitos prohibidos. La venta de acciones de PDVSA no es materia presupuestaria, fiscal o tributaria; es materia patrimonial. La implantación de un mecanismo de caja de conversión no es materia presupuestaria, fiscal o tributaria; es materia monetaria. La consulta sobre tales cuestiones es perfectamente ajustada a derecho.

Por estas razones, pues, quisiera votar en un referendo que nos permitiera dilucidar estas cuestiones de indudable importancia y que han sido las protagonistas del debate económico reciente. Además, la inclusión de estos temas en el referendo que podremos celebrar en diciembre de este mismo año, contribuirá a desplazar la atención de la cosmética de las campañas y sus muy escuetos eslóganes para fijarla sobre puntos realmente programáticos, lo que desde todo punto de vista es sano para la Nación.

 

Confianza

Como es perfectamente sano para la Nación el referendo mismo y la propia Constituyente. Concebidos con serenidad, convocado uno por el actual Presidente de la República y la otra según las reglas que puedan derivarse de la consulta popular o de una no imposible reforma de la Constitución, restituirán en grado apreciable la disminuida seguridad política venezolana.

Celebrado el referendo en diciembre de este año, para empezar, junto con las elecciones presidenciales, puede desaguarse por su fundamental cauce buena parte de la angustia ciudadana que hasta ahora sólo disponía de los cauces candidaturales y parece preferir uno entre ellos, el que se prevé más turbulento. Conduciendo buena parte del raudal de inconformes voluntades electorales por un brazo tan primario y portentoso como el de un referendo, es de esperar que la preferencia por lo tumultuoso disminuya, y así llegue a la Presidencia de la República un candidato inviolento.

No debemos temer a una constituyente. Ya parece haberse desvanecido la noción de que la constituyente a convocar tendría poderes omnímodos, disolvería otros poderes, y forzaría una nueva constitución sin someterla a referendo.

No renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referendo. Así que nada podrá hacerse sin nuestro consentimiento. Así que cualquier temor residual no será otra cosa que temor de nosotros mismos.

Somos nosotros mismos. Somos los que saqueamos ciudades en 1989, los que apoyamos a Chávez después de haber apoyado a Sáez, los que cambiamos bolívares por dólares para depositarlos lejos de la Patria, los que abandonamos pacientes en los hospitales y niños en la calle. Somos los que debemos decenas de millones de dólares, los que cuestionamos todas nuestras instituciones, los que descreemos de nosotros mismos.

Pero somos también quienes respetamos las vidrieras, ante el apagón descomunal de 1993, porque no quisimos dar pretexto a un golpe de Estado. Somos los mismos que no salimos a defender a Chávez un año antes porque pensábamos como nos ha citado Amaneció de golpe: estábamos arrechos pero no queríamos el golpe. Somos los que aceptamos de Caldera y con mayor paciencia lo que rechazamos de Pérez. Somos los que juzgamos a Pérez. Somos los que regresamos al cabo a los hospitales. Somos los que han hecho bajar el dólar. También somos los que rechazamos las calificaciones que se hacen de nuestra deuda. Somos los que producimos el petróleo heredado. Somos los mismos.

Podemos celebrar perfectamente una gran constituyente. Vamos a celebrarla. Que no nos digan de afuera que no podemos tocar nuestro estatuto básico porque nos sacarán los reales. Ya nos han dicho lo mismo con muchas otras cosas y esto último sería verdaderamente el colmo.

Podemos elegir sensatamente a nuestros apoderados constituyentes y prescribir límites a su poder, sujetando siempre sus efectos a nuestra aprobación.

Podemos elegir un conjunto de variadas trayectorias y perspectivas; no sólo los expertos en Derecho Constitucional y los historiadores que se ha dicho bastarían, sino los futurólogos y los expertos en sistemas.

Podemos elegirlos uninominalmente y también cooptar autoridades de conveniente inclusión y que aborrezcan imaginarse en campaña por cerros o cañadas. Podemos servir a la constituyente con una secretaría técnica que prepare e investigue, y auxiliarla por un consejo asesor que recoja la experiencia y el ángulo de gremios y corporaciones.

La constituyente no es, ciertamente, una fórmula mágica. Con ella, como dice un candidato, no podremos ir al mercado. No se trata de postularla como panacea. Se trata, simplemente, de reconocer que nuestra armazón constitucional contiene verdaderas camisas de fuerza que impiden la adaptación de nuestro Estado a las nuevas dimensiones planetarias de lo político y la ampliación de la democracia hasta los nuevos límites que la moderna tecnología comunicacional le impone.

A comienzos del período constitucional que ahora llega a su fin, el Dr. Ramón Escovar Salom, preguntado acerca de los principales problemas del período contestó así: “El problema principal va a ser el de la gobernabilidad”.

Cuando afirmaba esto no se refería a la dificultad de gobernar a un pueblo díscolo y desobediente que fuese necesario someter. Se refería más bien, como luego detalló con claridad, a los impedimentos fundamentales que la Constitución y las leyes imponían al gobernante. Se trata entonces de eso, de aumentar la gobernabilidad a través de una mejor estructura constitucional. Y a pesar de que con una nueva Constitución no se vaya al mercado, ni se mejore la situación de los hospitales, ni la condición de seguridad de los habitantes del país, sí es cierto que mejores disposiciones constitucionales incidirían sobre todos y cada uno de esos problemas, a través de una mejora sustancial en la capacidad del Estado. En todo caso, uno no rechaza el empleo de una herramienta porque no sirva para fines diferentes al que está destinada.

Finalmente, hay quienes argumentan que el mero hecho de convocar a una constituyente es un acto desestabilizador. Que abriría un extenso compás de incertidumbre superpuesta a la existente, de por sí considerable. Es todo lo contrario. La convocatoria sensata y responsable de una Constituyente contribuirá a la liberación de tensiones y proveerá un cauce perfectamente normal, aunque extraordinario, para la modernización de nuestro Estado.

Para más de un actor político convencional la oportunidad de los cambios nunca llega. Nunca parecen ser oportunos. Al menos desde 1963 se producía, siempre en año electoral, la proposición de separar las elecciones legislativas de las presidenciales. Así se hizo en 1968, 1973 y 1978, contando el proponente, por supuesto, conque su proposición sería rechazada con el argumento de inconveniencia de la oportunidad por tratarse de años electorales.

No puede posponerse por más tiempo el cambio fundamental que requiere la República. Diferir de nuevo la transformación para un momento más oportuno que nunca llegaría equivale a asegurarla como consecuencia de una explosión. En estos momentos la constituyente se perfila como un gran proceso estabilizador.

Pero también lo es el referendo mismo, la apelación directa a la opinión del Poder Constituyente, de los Electores de la Nación, para decidir sobre asuntos de nuestro más alto interés. En el fondo, más que una elección de representantes o mandatarios, es el referendo el acto supremo de una democracia. Es la participación total de la voluntad de los Electores en la toma de decisiones fundamentales.

La necesidad de la participación popular en esta toma de decisiones políticas no es en absoluto exclusiva de Venezuela. Tampoco es tan nueva, a pesar de su creciente actualidad. Hace ya dieciséis años, en 1982, publicaba John Naisbitt el más seminal entre sus libros, Megatendencias: diez nuevas direcciones que transforman nuestras vidas. Se explicaba allí la actuación de las más grandes y poderosas corrientes de transformación en el mundo posmoderno. La séptima de ellas era la del cambio de una democracia representativa a una democracia participativa. Decía Naisbitt entonces de este modo:

Políticamente estamos hoy inmersos en el proceso de un desplazamiento masivo de una democracia representativa a una participativa. En una democracia representativa, por supuesto, no votamos sobre los temas directamente; elegimos a alguien que vote por nosotros… Hemos creado un sistema representativo hace doscientos años cuando era la forma práctica de organizar una democracia. La participación ciudadana directa simplemente no era factible, así que elegíamos personas que fueran a las capitales de estados, nos representaran, votaran y luego regresaran a contarnos lo que había pasado. El representante que hacía un buen trabajo era reelecto. El que no lo hacía era rechazado. Por doscientos años esto funcionó bastante bien… Pero sobrevino la revolución en las comunicaciones y con ella un electorado extremadamente bien educado. Hoy en día, con información instantáneamente compartida, sabemos tanto acerca de lo que acontece como nuestros representantes, y lo sabemos tan rápidamente… El hecho es que hemos trascendido la utilidad histórica de la democracia representativa y todos sentimos intuitivamente que es obsoleta.

Estamos, por tanto, a las puertas de nuestro primer ejercicio nacional de democracia participativa. Ni más ni menos. Tal ocasión no puede ser otra que la de felicitarnos por la presencia de la oportunidad. Hagamos, por tanto, de nuestro Primer Referendo Nacional una gran ocasión, un gran referendo. Hagamos esto sin temer de nosotros mismos, con confianza en que somos lo suficientemente maduros para producir un resultado a la vez audaz y sensato.

A fin de cuentas, hay constantes en nuestras opiniones políticas más elementales que prefieren la democracia a la opción autoritaria, a pesar de la vociferación televisada de atrabiliarios personajes, a pesar de la escandalosa propaganda de una silla que ha ido a recalentarse hasta Madrid,** a pesar de la falaz contraposición de una “mala” democracia y una “buena” dictadura, a pesar de la prédica odiosa e irresponsable de abusadores golpistas. Hay que preservar por encima de todo lo que más de un siglo tardó en conquistarse: el régimen democrático obtenido en 1958. No podemos permitir que se le amenace.

Pero también necesitamos expandir la democracia, “ejercer una acción pública para acrecentar la democracia hasta que ésta alcance sus límites tecnológicos”.*** El medio para alcanzar esto no es otro que la Constituyente, y el detonante de su proceso no debe ser otro que el Primer Referendo Nacional.

El Presidente de la República tiene la potestad de desencadenar ese proceso. Será estupendo constatar que en sus manos no se perdió la República, pero lo será más todavía que pueda decirse que en esas mismas manos creció la democracia que él tanto contribuyó a crear. LEA

………

En el derecho español que heredamos, las riquezas del subsuelo son de la propiedad del soberano, del rey; de allí el término regalías. En una democracia, es el Pueblo el heredero de las prerrogativas reales.

** La silla caliente, programa televisado del periodista Oscar Yanes, hizo una entrevista madrileña a Marcos Pérez Jiménez, y Hugo Chávez (también entrevistado por Yanes) visitaría al ex dictador durante su campaña de 1998.

*** En Proyecto – La Sociedad Política de Venezuela. (8 de febrero de 1985).

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REF #28 – Contratesis constituyentes

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La constituyente es sólo un argumento electorero de Chávez Frías, dice un candidato (Salas Römer) que se opone a la idea. Falso. Chávez Frías se incorpora a un “frente amplio pro constituyente” desde 1994. No es su postura ante el punto exclusivamente electoral. En su grupo, por lo demás, destacan entre otros Manuel Quijada y Luis Miquilena, quienes acompañaban las peticiones de Juan Liscano y su “patriótico” frente desde 1989.

Nosotros propusimos la constituyente en 1992, dicen otros (Brewer-Carías, Alvarez Paz), como queriendo mostrar que la idea no es propiedad exclusiva de Chávez Frías. Mal ejemplo. Chávez Frías podría contestar con toda comodidad: “Precisamente; Uds. la propusieron después de mi alzamiento. Hasta entonces no habían abierto la boca. Es el miedo que les causé lo que les llevó a hablar de constituyente”.

Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.

La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referéndum.

La constituyente debe componerse, a lo Mussolini, corporativamente. (Chávez Frías et al). Esto es, que debe estar compuesta por representantes de distintos cuerpos o unidades sociales: obreros, empresarios, militares retirados, profesionales colegiados, eclesiásticos, etcétera. Muy incorrecto. Nuestra condición de miembros del Poder Constituyente no nos viene de pertenecer a algún grupo o corporación, sino de la condición simple y original de ser ciudadanos. Así, la mejor representación de esta condición se alcanza con la postulación uninominal de candidatos a una diputación constituyente.

La constituyente es una fórmula mágica que no resolverá el problema del costo de la vida, de la seguridad personal, de la salud, y por tanto debemos desecharla. (Uslar, Fernández, muchos otros). Falaz argumento. Un destornillador no sirve, es cierto, para peinarse, sino para ajustar y desajustar tornillos. Porque no sirve para ordenar el cabello no debo desecharlo como instrumento útil a la función para la que ha sido diseñado. Y las constituciones, además, prescriben un marco legal supremo que puede facilitar o impedir la consecución de soluciones a problemas no constitucionales, como los enumerados.

La constituyente es inoportuna, estamos en crisis, no conviene añadir incertidumbre con ella. (Bunimov Parra, Carrillo Batalla, Fernández, etc.) Trampa. Nunca parecen ser oportunas las transformaciones, según algunos. Volver a posponer el cambio es aumentar todavía más la temperatura de la olla de presión, que tiene ciertamente un límite. Ese jueguito ya lo hemos jugado antes, cuando COPEI proponía separación de elecciones presidenciales y parlamentarias en 1963, 1968, 1973, 1978. Justamente, todos eran años electorales, a sabiendas de que Acción Democrática se opondría bajo la tesis de que tal cosa era inconveniente en año de elecciones. Luego se olvidaban del asunto. Aprovecho para recordar una vez más a Eduardo Fernández que él admitió la conveniencia de una constituyente en 1992, cuando su desazón le llevó a declarar tal cosa desde la ciudad de Valencia. Algunas memorias son frágiles.

(Lo que antecede es el texto de artículo de Luis Enrique Alcalá, publicado el domingo 13 de septiembre de 1998 en el diario La Verdad de Maracaibo).

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REF #28 – Manual del mandarín

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Es sólo muy recientemente que la “teoría de la complejidad”—que incluye la llamada “teoría del caos”—ha podido proporcionar un paradigma adecuado al tratamiento del futuro de un sistema complejo. Los primeros ejercicios analíticos de predicción eran fundamentalmente proyecciones en línea recta. (La estadística había proporcionado la herramienta de la “regresión lineal”, mientras el “determinismo histórico” de las doctrinas marxistas contribuía a esa opinión de que el futuro era único e inevitable). Obviamente, sólo pocos fenómenos pueden ser adecuadamente descritos como una línea recta.

El reconocimiento de la multiplicidad del futuro llevó, más tarde, al desarrollo de la técnica de “escenarios” (principalmente por la Corporación RAND, en la década de los sesenta), en los que se exponía intencionalmente un conjunto de descripciones diferentes del futuro en cuestión. Sin embargo, aun la técnica de escenarios tiende a estar asociada con una percepción del problema en forma de “abanico” de futuros, según la cual se presume una continuidad de la transición entre los distintos futuros, al desplazarse por el área continua del abanico. Este modo de ver las cosas supone, por tanto, una enorme cantidad de incertidumbre, pues los futuros serían, en el fondo, infinitos.

El formalismo matemático sobre el que se asienta la teoría de la complejidad, en cambio, permite describir el futuro como una estructura arborificada o ramificada, como una arquitectura discontinua en la que unos pocos futuros posibles actúan como cauces o “atractrices” por los que puede discurrir la evolución del presente.

Los sistemas complejos, como el clima, la ecología o la sociedad, se mueven a lo largo de unos pocos cauces. El futuro, entonces, no está compuesto de una variedad infinita de escenarios. Son tan sólo unos pocos cursos, carriles o cauces—sus atractrices—los que conducen el cambio de un sistema complejo. Son, por ejemplo, unos pocos conductos los que están desaguando el caudal político venezolano, y si esto es así la incertidumbre viene siendo algo menor de lo que habitualmente se supone. Hay incertidumbre, naturalmente, pero al menos podemos estructurarla, al menos conocemos la forma general del delta de los cauces políticos en Venezuela a fines de 1998.

Las atractrices estúpidas

Entre los venezolanos de posición social dominante, política o económica, hay una cierta división de percepciones respecto de los resultados en las próximas elecciones presidenciales. Hay quienes piensan que el triunfo electoral de Chávez Frías es inevitable. Hay quienes aún esperan algún tipo de sorpresa, algún reacomodo, alguna emergencia que niegue la posibilidad de Chávez Frías en la Presidencia de la República.

Y entre los primeros hay asimismo una subsiguiente ramificación. Está la rama de quienes se resignan al hecho y preparan como pueden su red de seguridad: dólares afuera, principalmente. Está la rama de quienes creen que es posible controlar o influir a Chávez Frías, o por lo menos que es posible evitar ser decapitados. Le adulan recomendándole un cambio de imagen y le compran decenas de trajes de precio millonario de un conocido sastre caraqueño; le ofrecen cenas íntimas; le entregan millones de bolívares; le ponen a su disposición aviones que lo trasladen en sus giras.

Luego está una tercera rama, la más estúpida de todas, de los que han cruzado la raya de la inmoralidad política y se creen autorizados a emplear medios criminales para impedir el triunfo de Chávez Frías. Esta rama tiene a su vez tres ramitas: el asesinato, el fraude electoral, el golpe “preventivo” antes de las elecciones nacionales, contando con el tumulto justificador que las regionales establecerían a partir del 8 de noviembre. (Una semanita después). De todas las atractrices estúpidas ésta es la más fuerte y recrecida.

Tiene que haber en estos momentos la conformación de un plan de esta naturaleza: antidemocrático, abominable, estúpido. Hay demasiados signos de que esto es así.

Más a futuro, otra pequeña rama aspira surgir: un golpe de Estado “curativo” una vez que Chávez Frías esté en el poder y haya producido, previsiblemente, efectos allendistas.

Pero hay todavía otra esperanza para quienes han colocado sus apuestas sobre la mesa de las elecciones regionales: que un triunfo de Acción Democrática, similar al que obtuvo en las elecciones de 1995, opondría un muro de contención regional al poder central de Chávez Frías, y hay quien no descarta que esta línea divisoria sería la que separaría a los eventuales contendientes de una guerra civil: los poderes “locales” (de todos modos son controlados centralmente por el cogollo y el caudillismo adeco) frente a Chávez Frías, quien claramente prefiere un Estado fuertemente centralizado, con policía única nacional.

Los modos de pensar de quienes transitan por estos cauces son realmente defectuosos. La democracia está amenazada, dicen, por Chávez Frías, y para evitar este daño es preciso interrumpirla antes de que él lo haga. Bárbara Tuchman empleaba como ejemplo de insensatez política la declaración más citada de la guerra de Vietnam. Un mayor norteamericano justificaba que se hubiera arrasado un pueblo vietnamita del siguiente modo: “Se hizo necesario destruir el pueblo con el objeto de salvarlo”.

Las atractrices electorales

Para propósitos de la elección presidencial—no para otras instancias políticas—puede considerarse hoy que tres de los cinco candidatos presidenciales están ya técnicamente fuera de juego: Alfaro, Fermín, Sáez. Aclaro más. Alfaro Ucero y Acción Democrática continuarán siendo muy importantes factores políticos. Sáez Conde y COPEI en menor medida, y sólo si la candidata señorita declina antes de ser contada, como modo de preservar algo de su muy disminuido capital político. Fermín, pienso, tendría que reinsertarse en otro sitio. Buscar más adelante, tal vez, una gobernación para comenzar de nuevo. Pero lo que es para las elecciones presidenciales ninguno de ellos cuenta como candidato viable.

La atractriz electoral de mayor cauce, por ahora, es sin lugar a dudas la de Chávez Frías. Le sigue, con caudal en apariencia creciente, la atractriz de Salas Römer, pues es el único con potencial de aglutinar, más que un entusiasmo con su discurso, el fuerte rechazo y el temor que Chávez Frías genera. Y queda todavía un pequeñísimo cauce, un tubo capilar casi, que proporciona el Artículo 151 de la Ley del Sufragio y Participación Política: “…en caso de candidatos ya postulados que por muerte, renuncia, incapacidad física o mental o por cualquier otra causa derivada de la aplicación de normas constitucionales o legales deben ser retirados, se admitirán las correspondientes sustituciones”.

O sea, todavía puede darse un candidato sorpresivo de última hora. Esto es lo que había anunciado en público primero que nadie Pompeyo Márquez y luego quiso capitalizar Eduardo Fernández.

Para que una sorpresa de este tipo fuese realmente viable varias condiciones tendrían que llenarse. Entre ésas una es absolutamente indispensable: el candidato emergente no puede ser percibido por los Electores como alguien que de un modo u otro ha formado parte de la configuración del poder prevaleciente. Es decir, habría que olvidarse de Giusti, Ramírez León, Ledezma, del mismo Fernández. No podría ser viable sino un verdadero “outsider”.

Hace unos cuantos años ya se quería estimular a un cierto organismo público para que se atreviese a formular aunque fuese un proyecto audaz entre un nutrido conjunto de proyectos convencionales. Para esto se le planteó la siguiente parábola de la ruleta. Un jugador racional que dispone de mil bolívares—hace 18 años era una cantidad no despreciable—haría bien, primero que nada, en reservar la mitad y arriesgar al principio sólo quinientos bolívares. Y estos quinientos debiera colocarlos así: la gran mayoría, digamos cuatrocientos cincuenta, en apuestas de mayor probabilidad—rojo, negro, par, impar. Pero debiera poner un poquito, unos cincuenta bolívares, en un pleno: el diecisiete negro, por ejemplo, puesto que si pierde será poco, pero si gana el factor multiplicador del pleno es muy considerable.

Así que ante estas atractrices electorales los colocadores de recursos que, muy correctamente, consideran que Chávez Frías es un retroceso y un peligro totalmente inadmisibles, debieran considerar el mismo protocolo: reservar quinientos por si acaso; invertir cuatrocientos cincuenta en Salas Römer; guardar cincuenta para la eventualidad de un pleno sobre el Artículo 151.

LEA

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REF #26 – De héroes y de sabios

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La característica general de la política venezolana hasta ahora es que si usted está mejor preparado en el campo de las ideas, es más inteligente a la hora de buscar soluciones y tiene las ideas claras sobre lo que hay que hacer para sacar adelante el país, entonces usted ya perdió las elecciones.

Argenis Martínez

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A Mauricio Marcelino Báez Cabrera

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Existe una antigua leyenda de las tribus germánicas según la cual, al comienzo del mundo, sólo había dos clases de hombres: héroes y sabios. (Dicen que en algunas traducciones se lee justos en lugar de sabios).

Según el mito, los héroes se levantaban todas las mañanas dispuestos para la faena: conquistar castillos, derrotar bandidos, rescatar doncellas y matar dragones. Al caer el día cesaba la jornada; y entonces los héroes se dirigían a las cuevas de los sabios, para que éstos les explicaran el significado de sus hazañas, pues no sabían ni por qué ni para qué las emprendían.

Lo que la leyenda indica es que desde hace mucho tiempo, en un pueblo bastante distante de nuestra heredad, ya se pensaba que había una gente que se ocupaba de las cosas y otra distinta que se entretenía con los significados de las cosas.

No es sólo en Venezuela, pues, que se manifiesta esa bipolaridad entre “hombres de acción” y “hombres de pensamiento”, entre héroes y sabios, entre caciques y brujos. Pero en Venezuela esta tensión se manifiesta con particular crudeza. Porque no sólo es que en Venezuela se prohíbe a los brujos mandar, sino que ni siquiera se les estima.

Una vez un profesor extranjero, experto internacional en sistemas de decisión racional de alto nivel, fue invitado por un ministro clave de un gabinete de esta última mitad de siglo venezolana. El profesor, a petición del ministro, recomendó la institución de un centro de investigación y desarrollo de políticas—con una cierta propensión al largo plazo, bien dotado de recursos, escudado del poder—; una unidad de análisis de políticas para la Presidencia de la República, naturalmente sometida al corto plazo, con capacidad de respuesta instantánea; y un programa de formación para los que trabajarían en ambos tipos de centro. Dijo que esa trilogía era indispensable para aumentar la racionalidad en la toma de decisiones públicas. Después de escucharlo con mucha atención, y después de declarar que esto último era lo que él procuraba hacer desde su ministerio, el ministro dijo: “El problema, profesor, es que por mucho tiempo más la clave de la política venezolana estará en el número de compadres que tenga el Presidente en el país”.

Y no se crea que algo así ocurre sólo en el corazón del Gobierno Central: hace unos años ya en una de las operadoras de PDVSA, nuestro dechado de virtudes gerenciales, un conferencista buscaba una página en blanco en el rotafolio de la junta directiva a la que hablaría en unos instantes. En ese proceso se topó con una página en cuyo centro estaba escrito lo siguiente: “A la industria petrolera no le conviene tener demasiada gente inteligente”.

¿Qué es este prejuicio contra las personas que tienen la tara de intelectualidad? Que se sepa, la Constitución de 1961 sólo inhabilita para el ejercicio de los altos cargos públicos a quienes no son venezolanos por nacimiento, a quienes son demasiado jóvenes, a quienes son religiosos. (Si se comprende las enmiendas, a quienes han sido hallados culpables de delitos contra la cosa pública). No existe indicación alguna, ni en su texto original ni en las dos enmiendas subsiguientes, de la inhabilidad política de los “hombres de pensamiento”. ¿De dónde se saca entonces que éstos no deben mandar?

 

Necesidad vital

Es un rasgo de modernidad de las más exitosas sociedades del planeta la presencia institucional importante de una reflexión profesional, sistemática, disciplinarmente amplia, sobre la dirección de sus organizaciones. En cada organización de importancia, sea pública o privada, las unidades de inteligencia y estrategia ocupan un espacio considerable y, fuera de ellas, grandes centros de análisis constituyen los think tanks, los “tanques” de pensamiento, que son capaces de inventar políticas, analizarlas, mejorarlas; e inventar también herramientas de análisis, de predicción, de invención y decisión.

Acá en Venezuela, en cambio, ha resultado muy difícil establecer este tipo de centros, y cuando se ha logrado hacerlo su vida ha resultado efímera o se ha distorsionado sus funciones propias para convertirlos en fabricadores de discursos o vitrina de eventos dirigidos a un objetivo de relaciones públicas. Y también ocurre que se le da el nombre de think tanks a organizaciones que realmente no lo son, con lo que se desacredita inmerecidamente a los verdaderos.

El autor de este comentario no conoce todos los institutos de investigación venezolanos en los que se estudie problemas públicos, por supuesto, y cree, además, que algún espacio se ha ido ganando a esta función racionalizadora de la política con la producción del ILDIS (centro socialdemócrata que contribuye a un análisis serio en el seno de los órganos de dirección de Acción Democrática), del IESA (que ahora ofrece una maestría en políticas públicas), del CENDES, (viejo centro de la democracia que ha perdido influencia), de la COPRE (que debiera ser redefinida), del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAB, de Pensamiento y Acción, de CEDICE, de la Fundación Raúl Leoni, por mencionar a institutos domiciliados en la región capital. Y algo se hace, aunque muy poco y más bien marginal, en las escuelas de ciencias políticas.

Sin embargo, ninguno de los institutos nombrados es un verdadero think tank, estando menos lejanos que los otros de la definición de think tank el ILDIS, el CENDES y el Instituto de Investigaciones Económicas. Así, tengo razón para creer que la historia de la que soy testigo directo es un conjunto de casos pertinentes a la tesis acerca de la dificultad de que se dé en Venezuela un think tank público que sea digno del nombre.

Un think tank es un instituto de investigación con un número considerable de al menos, quizá, treinta investigadores que suelen trabajar, en grupos multidisciplinarios y especializados, en la formulación de políticas, en proyectos dirigidos sobre todo a procesos sociales amplios y de largo alcance o carácter estratégico, que examinan sus creaciones y recomendaciones con la mayor rigurosidad científica. Un think tank ha sido establecido porque se cree en la utilidad de un servicio de esa clase (pública o privadamente, pública o secretamente) y por tanto se le dota adecuadamente, hasta generosamente, de recursos (bibliotecas, salones, oficinas, computadoras, correo electrónico y “navegación” en Internet, asistencia en búsqueda y apoyo administrativo). Un think tank, para que sea verdaderamente tal, debe tener garantizada la libertad de pensar y expresar lo que piensa, debe gozar de un derecho equivalente a la libertad de cátedra, de un derecho a la investigación.

Otra cosa distinta son las llamadas unidades de análisis de políticas. Concebidas para proporcionar un análisis y un consejo oportunos, de aplicación las más de las veces táctica para la acción y decisión de un jefe, en principio deben estar sujetas a la confidencialidad y carecen usualmente del sosiego necesario para consideraciones de largo plazo. Lo que generan son documentos en los que recomiendan la adopción de alguna postura, sugieren objetivos para una negociación, informan acerca de un problema o de un interlocutor que será enfrentado próximamente, etcétera. En general, las unidades de análisis de políticas son consideradas más “útiles” que los think tanks.

Si uno observa con un poco de detenimiento a las sociedades dominantes, se dará cuenta de que en ellas abundan organizaciones de los tipos descritos. No debe ser casualidad que prolifere en los Estados Unidos toda clase de institutos de investigación y desarrollo de políticas—la Corporación RAND, la Institución Brookings, el Instituto Hudson, el Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas, el Instituto Catón, la Fundación Heritage, el Instituto de Investigaciones de Stanford, Arthur D. Little, los que recientemente ha establecido Newton Gingrich, y cientos más. Las sociedades avanzadas procuran alcanzar racionalmente un destino favorable.

Y ya no dudan de la enorme utilidad que estos centros de recomendación pueden rendir. Las ganancias que pueden derivarse de un solo estudio pueden justificar por sí solas toda la vida de un instituto. (El caso antonomásico es el del descomunal ahorro que representó para la fuerza aérea norteamericana la invención, en el seno de la Corporación RAND, del método de abastecimiento de combustible a los aviones en vuelo).

Yo creo que hay una razón profunda para esa mayor presencia de los institutos de política en las sociedades dominantes, de un mayor espacio para ellos: en los sistemas biológicos y los sistemas sociales más evolucionados hay una mayor presencia de pensamiento organizado, que en lo social se concentra sobre la búsqueda de soluciones a los problemas públicos.

Resulta científicamente válido estudiar la arquitectura de los sistemas biológicos para obtener claves que orienten el diseño de sistemas políticos viables. Desde la emergencia de la cibernética como cuerpo teórico consistente ha demostrado ser muy fructífero el análisis comparativo de sistemas de distintas clases, dado que a ellos subyace un conjunto de propiedades generales de los sistemas. El descubrimiento de la “autosimilaridad”, en el campo de las matemáticas fractales, refuerza esta posibilidad de estudiar un sistema relativamente simple y extraer de él un conocimiento válido, al menos analógicamente, para sistemas más complejos. Esto dista mucho de la ingenua y ya periclitada postura del “organicismo social”, que propugnaba una identidad anatómica casi absoluta entre lo biológico y lo social. Con esta salvedad, vale la pena extraer algunas lecciones del funcionamiento y la arquitectura del cerebro humano, el obvio órgano de dirección del organismo.

El cerebro humano, a pesar de constituir el órgano nervioso más desarrollado de todo el reino de lo biológico, regula directamente muy pocas cosas. Más específicamente, la corteza cerebral, asiento de los procesos conscientes y voluntarios de mayor elaboración, sólo regula directamente los movimientos voluntarios del organismo. La gran mayoría de los procesos vitales son de regulación autónoma (muchos de ellos ni siquiera son regulados por el sistema nervioso no central, o sistema nervioso autónomo). La analogía con lo económico es inmediata. La economía, según la observamos, tiende a funcionar mejor dentro de un ambiente de baja intensidad de regulación.

La corteza cerebral puede emitir órdenes incuestionables al organismo… por un tiempo limitado. Puede ordenar a los músculos respiratorios, por ejemplo, que se inmovilicen. Al cabo de un tiempo más bien breve esta orden es insostenible y el aparato respiratorio recupera su autonomía. Este hecho sugiere, por supuesto, más de una analogía útilmente aplicable  para la comprensión de la relación entre gobierno y sociedad. Ninguna sociedad tolera por mucho tiempo los gobiernos dañinos u opresores.

Más aún, es sólo una pequeña parte de la corteza cerebral la que emite estas órdenes ineludibles. La circunvolución prerrrolándica, o área piramidal, es la única zona del cerebro con función motora voluntaria, la única conectada directamente con los efectores músculo-esqueléticos. Esa corteza motora, la corteza de las células piramidales, abarca la extensión aproximada de un dedo sobre toda la amplia superficie de la corteza cerebral. En el cerebro los caciques son, como debe ser, los menos.

Un tercio de la corteza restante es corteza de naturaleza sensorial. A través de los cinco sentidos registra información acerca del estado ambiental o externo; a través de las vías sensoriales propioceptivas se informa acerca del estado del medio interno corporal.

La gran mayoría de la superficie cortical del cerebro humano es corteza asociativa. Emplea la información recibida por la corteza sensorial, coteja recuerdos almacenados en sus bancos de memoria, procesa emociones y es la que verdaderamente elabora el “telos”, la intencionalidad del organismo humano. Es interesante constatar este hecho: en la corteza cerebral hay más brujos que caciques. Y este otro: mientras más evolucionada es la especie más corteza asociativa posee el cerebro de sus miembros. Parece ser que el pensamiento es una necesidad vital, ya no de le especie homo sapiens, sino en ella, y a través de ella, como vio Pedro Teilhard, de toda la evolución, de toda la vida.

 

Historia prerracional

En cambio, en nuestro aparato político la participación de actores de tipo “asociativo” (de ideas) es muy reducida, a pesar de que cada vez su necesidad sea mayor. Arturo Úslar Pietri y Juan Liscano, en artículos de fines de 1991, referidos a la necesidad, uno, de un nuevo lenguaje político, y el otro, de un “proyecto totalizador”, no escribían pidiendo caciques, ni conciliadores de intereses. Estaban expresando la necesidad de la asociación de ideas políticas, de la invención política.

Por esa misma época el presidente Pérez, no sin razón, se quejaba de las críticas a su “paquete” económico y retaba: “Bueno, si no es éste el paquete que sirve ¿entonces cuál es el paquete que debemos aplicar?” COPEI recogió el reto, anunciando que en breve presentaría un “paquete alternativo”. La presentación anunciada se produjo a mediados de febrero del año siguiente, en 1992, un tanto retrasada por los acontecimientos del día 4. La formulación alternativa, presentada por el entonces Secretario General de ese partido, consistió en propugnar una “economía con rostro humano” y en la proposición de constituir un “consejo consultivo” que debiera proponer soluciones. Como recogió el punto un periodista local, “En síntesis, el Dr. Fernández ha propuesto que otros propongan”.

En el fondo, la proposición del consejo consultivo iba en la dirección correcta. El político convencional se ocupa del exigente proceso de la conciliación de intereses, del delicado asunto piramidal de emitir instrucciones, y no tiene ni el tiempo ni el adiestramiento requerido por una función de corte asociativo. Que el Consejo Consultivo nombrado con alguna resistencia por el presidente Pérez no haya tenido mucho éxito se debe a otros factores. Por un lado, a la enorme presión y al acusado grado de inestabilidad del régimen en esos momentos, cuando la natural reacción del Presidente era la de sostener sus puntos de vista so pena de pérdida de autoridad. Por el otro, al método y al concepto empleados en la operación y la composición del consejo mismo. Se trató de un cuerpo de acción temporal y perentoria que se dedicó a ensamblar una lista inorgánica de medidas puntuales, mediante el expediente de entrevistarse con un número reducido de notables personalidades de la vida nacional. Todavía el presidente Velásquez, que había formado parte del Consejo Consultivo de 1992, creyó que ésa era una fórmula correcta y que debía incluso ampliarla. Así, a las pocas horas de asumir la Presidencia de la República, anunció la formación de «cuatro o cinco» consejos consultivos—nunca fueron creados—e indicó su esperanza de que los futuros miembros de los mismos dedicaran un tiempo importante a su labor, ¡“…al menos unas dos horas semanales!

Entre 1974 y 1975 se intentó establecer, para la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, una unidad de análisis de políticas, que en la medida de lo posible intentaría reivindicar algo del carácter de un instituto de política pública. La necesidad se había agudizado bruscamente por el atragantamiento de dólares provenientes del primer salto hacia arriba de los precios del petróleo. Ningún candidato presidencial había tenido tiempo de pensar qué haría con tan sorpresivas y numerosas divisas, y el gobierno de Carlos Andrés Pérez no sabía realmente lo que podía hacer con ellas. Una cierta angustia decisional llegó a posarse sobre el gobierno en su más temprana fase.

El intento, en cuyo diseño se llegó a consumir varios meses, no llegó a pasar de la primera etapa. El gatekeeper o padrino del proyecto era un miembro del consejo de ministros celado por sus colegas, y al menos dos de éstos, muy influyentes, torpedearon la idea. (Uno de los antagonistas era el mismo ministro que años más tarde, hacia el término del período, haría su frase sobre la importancia crucial de los abundantes compadres del Presidente de la República). Ante esta oposición el padrino abandonó al ahijado, no poco desmotivado porque quien se pensaba dirigiría la unidad se había mostrado como demasiado independiente y, sobre todo, se había negado a traer unas maletas del ministro desde Londres a Caracas.

Antes había fracasado ya un instituto de política del sector privado, que para 1964 prometía ser le think tank, y que murió de inanición en 1968. El Instituto para el Desarrollo Económico y Social—IDES—había sido fundado por Arístides Calvani y tenido por el “cordiplán” de la libre empresa agrupada en torno a la idea del Dividendo Voluntario para la Comunidad. En diciembre de 1963 la idea del DVC era la de racionalizar la “inversión social” de las empresas privadas venezolanas a través de la concentración de las liberalidades empresariales y la asignación, también concentrada, en los proyectos de mayor impacto o utilidad, los que serían determinados con el empleo de una racionalidad de planificación. En la Asamblea Plenaria del “Primer Seminario Internacional de Ejecutivos” el DVC fue presentado como el ente racionalizador y el IDES como su órgano planificador.

Pero la seguridad económica que el DVC debió proporcionar al IDES, según las expectativas de ambas organizaciones, nunca llegó a materializarse. Al menos dos de los más importantes grupos empresariales del país se negaron a pertenecer a la organización del DVC y los que sí se hicieron miembros continuaron con sus propios programas de donación directa y sólo remitían a aquélla una fracción poco significativa de sus liberalidades para cubrir el gasto de una burocracia mínima. (Si enviaban la mayor parte de su presupuesto de donaciones a la organización central del DVC perdían su efecto de relaciones públicas, lo que venía a ser, en todo caso, la motivación principal para donar).

Así, el IDES, que se había instalado en el mismo piso en el que el DVC tenía sus oficinas, confiado en que éste, o el sector privado en general, le abrumaría con peticiones de trabajos de investigación, pronto debió ir a la calle a procurar donaciones directas de empresas, que le permitieran sufragar los costos fijos derivados del equipo que pudo reunir el primer director del instituto. Tres de los más importantes empresarios del país consideraron, y rechazaron, hacer donaciones significativas al IDES. Uno de ellos argumentó que su mentalidad campestre no le permitía interesarse por tan urbano y sofisticado proyecto. Otro exigía que el IDES fuese contado dentro de la organización de empresas y centros de acción social de su grupo. (Debía aparecer así presentado en un muro de exhibición en el edificio sede de su cuartel general). Otro prometió financiar el presupuesto anual del IDES si éste producía un “estudio” que declarase inconveniente el proyecto de reforma tributaria del gobierno de Raúl Leoni, el que por ese tiempo había sido introducido al Congreso para su discusión. Cuando se le dijo que sólo se podría emprender la investigación del proyecto en cuestión sin ofrecer garantía previa sobre el resultado negativo que se esperaba, la oferta salvadora del empresario de marras se esfumó inmediatamente.

Pero es que tampoco el IDES recibió demandas de sus servicios del sector empresarial de la época. Por aquel entonces las empresas del país no poseían la sofisticación suficiente como para demandar proyectos de investigación de alguna relevancia. En 1968 el IDES dejó de operar.

Años después de este deceso y del fracaso del intento por establecer aquella unidad de análisis de políticas durante el primer gobierno de Pérez, se intentó una vía diferente. De nuevo como una organización del sector privado, la asociación civil sin fines de lucro Heuris fue fundada en 1977. Constituida por muy notables líderes del sector empresarial y unos pocos profesionales de ese mismo ámbito, pretendió seguir el patrón de formación que caracterizó el surgimiento y consolidación de la Corporación RAND. Esta institución—el think tank más importante del planeta—comenzó siendo un grupo de analistas de la compañía de aviación Douglas en su departamento de investigación y desarrollo. (Las siglas RAND vienen siendo la contracción de la expresión inglesa research and development).

Al término de la Segunda Guerra Mundial la fuerza aérea norteamericana continuó solicitando estudios a este grupo, el que aplicaba técnicas de análisis operacional a problemas tácticos y estratégicos de la guerra en el aire. Los competidores de Douglas se quejaron de esta “competencia desleal” y la compañía decidió desprenderse del equipo de investigadores, pues decía estar más interesada en vender aviones que en vender papeles. Nació entonces Project RAND, un contrato entre la fuerza aérea de los Estados Unidos y el grupo de despedidos de Douglas para la realización de varios estudios; que luego fue RAND Corporation que hoy se compone de un millar de doctores investigando, y que hoy dedica todavía un tercio de sus esfuerzos a temas de interés para los aviadores norteamericanos. (La Corporación RAND destina, en verdad, dos tercios de su gasto a temas de carácter militar, pues los requerimientos del Departamento de Defensa generan un tercio adicional de los proyectos de investigación de aquélla, quedando un tercio que constituye el programa civil o Domestic Program).

En Heuris se pensaba que igualmente en Venezuela las fuerzas armadas podrían ser el cliente madre que proveyera la demanda. Dos de sus directores eran militares y su presidente era asesor ad honorem de la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Pero domestic problems en el seno de esa secretaría, a cuyo frente se había colocado un general de operaciones que echaba en falta el mando de tropas, hicieron imposible una relación contractual con Heuris, organización que fue puesta en el congelador.

A comienzos de los años ochenta PDVSA estableció su Unidad de Estudios Especiales, a la que erróneamente llamaba su think tank. (Por toda la industria corrieron los zahirientes “tanques de zinc” y “Tin Tán”). Pero su programa de trabajo esperó más de seis meses para su aprobación justo en el año en el que por primera vez tuviera la OPEP  que poner techo a la producción de sus miembros para enfrentar un descenso de precios. La unidad recibió una somera información acerca de la situación. Lo que nunca recibió fue una solicitud para que recomendara alguna política. Un miembro de la unidad era sostenido allí para que hiciera los discursos del presidente de la compañía, mientras el director veía los partidos del mundial de fútbol con la secretaria y los directivos de la industria enviaban a trabajar a la unidad ejecutivos con los que no sabían qué hacer. Un año electoral complicado por el antecedente del Viernes Negro no contribuyó a que adquiriese su propia identidad y la unidad jamás fue lo que se dijo al principio. En un intento por salvar el asunto del think tank se expuso, ante la junta directiva de una empresa subsidiaria de PDVSA, que se le diera entonces ese carácter, como un instituto de la industria con la misma autonomía de INTEVEP y que—de nuevo en imitación de RAND—podía dedicar un tercio de su actividad a problemas de política petrolera, otro tercio a problemas de política energética y un tercio restante a problemas de políticas públicas en general. La proposición no pasó de esa sesión.

 

Los programas de gobierno

Tampoco se toman demasiado en serio los partidos y líderes políticos el tema del programa de gobierno, o lo acometen a través de métodos intuitivos y vistosos, con los que procuran ligarlos a la mezcla de impresiones que su mercadeo de campañas busca inyectar en la psiquis de los Electores. Estos métodos son constitucionalmente ineficaces para generar un esquema estratégico con alguna coherencia, y así refuerzan la tendencia a despreciar esa actividad.

Cuando algún dirigente político más sensato que el promedio ha logrado persuadir a sus copartidarios de que un programa de gobierno es algo de importancia, casi siempre se dispone la realización de un evento—en ocasiones precedido de eventos parciales más pequeños—en el que una pléyade de notables viene a exponer sus ideas programáticas en el área de su especialidad. El modelo prevaleciente se asemeja al de reuniones como las de aquellos  “Encuentros de la Sociedad Civil” organizados por la Universidad Católica Andrés Bello durante los angustiosos días de 1993, cuando campeaban la sensación y la realidad de una muy acusada inestabilidad política, y que culminaron en la publicación de dos tomos a los que ya nadie se refiere; como nadie se refiere al trabajo de la comisión Úslar sobre educación, ni al pacto por la modernización del Estado firmado en la COPRE, ni a las dos más voluminosas partes del proyecto de reforma de la administración pública dirigido por Allan Randolph Brewer Carías desde la antecesora de la COPRE. (Hace poco Carlos Blanco, con vehemente orgullo, declaraba en un programa televisado que cuando él dirigía la comisión se le había hecho caso. La verdad es que cuando sus declaraciones de la época incluyeron ideas de las que no participaba el Presidente de la República—Jaime Lusinchi—fue públicamente silenciado por éste, quien le especificó en regaño del 5 de junio de 1986 que la COPRE era “una comisión asesora y no una comisión promotora”).

La elección de ese método de ensamblaje de partes elaboradas por una decena de cabezas dispares, o la acumulación aluvional de fragmentos menores cuando se involucra a centenares de participantes—así se produjo “Mi compromiso con Venezuela”, programa de gobierno de Luis Herrera Campíns, de nuevo en los consabidos dos tomos—es un error reiterado de la política venezolana, y conduce usualmente a documentos inanes, que se diferencian poco de los de otros partidos, ineficaces en su excesiva vaguedad y abstracción o, paradójicamente, en su excesivo detalle. Nunca se ha producido por este método un plan de gobierno que haya sido ejecutado.

En todo caso, siempre se destina a la elaboración programática una escasa cantidad de recursos. En 1992 un precandidato presidencial de partido consideraba demasiado costoso invertir, en el sostén de una unidad que trabajaría todo un año para elaborar un “programa de Estado”, una cantidad que era la mitad de lo que en ese mismo momento aquél gastaba en publicidad en una sola semana. En esa misma ocasión ofreció un argumento que le parecía definitivo; decía que las elecciones norteamericanas de ese año serían ganadas por William Clinton y éste no tenía un programa, de modo que ¿para qué hacía falta un programa? (Fue posible explicarle que el programa no se proponía para ganar las elecciones, sino para gobernar).

A veces la desconsideración hacia el tema programático se manifiesta de un modo más candoroso. En noviembre de 1974 un miembro del consejo de ministros de Carlos Andrés Pérez—el mismo padrino de la abortada unidad de análisis de políticas para la Presidencia—reunió en su casa a un grupo ante el que planteó que el objeto de la convocatoria era manifestarles que quería optar por la Presidencia de la República en las siguientes elecciones. En la discusión que se sucedió uno de sus invitados le habló así: “Sobre lo que has anunciado, distingo dos problemas diferentes y principales. En cuanto al primero de ellos—cómo llegarías a ser presidente—no tengo interés en estos momentos. En cambio me parece más importante el segundo problema: ¿qué harías tú como presidente? O, dicho de otra forma, ¿por qué los venezolanos votaríamos por ti?” La pausa del interpelado demostró que no esperaba esa pregunta, aunque se recuperó con relativa rapidez y contestó: “Aquel presidente que se rodee de gentes tan brillantes y tan capaces como las que están aquí será un gran presidente”.

Esa anécdota parece ser la versión criolla de la leyenda alemana en la que los héroes se han desentendido de los fines, de los significados políticos, y sólo atienden a la emisión de señales, que pueden ser cabalgatas en Carabobo, patadas de fútbol en atuendo deportivo, moños recogidos o sueltos, asociaciones felinas o bolivarianas, boinas militaroides, eslóganes, jingles, apariciones en estadios o corridas de toros. El problema de los contenidos políticos, de los tratamientos a problemas públicos, de los programas, no es asunto que les desvela. Para eso siempre puede contratarse a alguien que los imagine y los escriba.

Uno de los actuales candidatos presidenciales, por ejemplo, decía a un auditorio de estudiantes universitarios—3 de diciembre de 1997—que el país estaba urgido de un “nuevo modelo político” pero que él ¡no estaba seguro de cuál era! Al comentar tan inocente declaración en un grupo que se reúne frecuentemente para analizar el acontecer político nacional, el líder del mismo opinó que eso no venía siendo problema del candidato. De esta manera daba expresión a una noción bastante común, y que no es exclusiva de nuestra escena política. En su obra “Para entender al neoliberalismo”, William Schneider se refiere al mismo punto del desinterés presidencial norteamericano por lo programático, al decir que un presidente “después de todo, siempre puede contratar a alguien que le solucione los problemas”.

 

De un viejo a un nuevo paradigma

Éste es, pues, el asunto. En el “viejo modelo político” los caciques mandan, los héroes matan dragones, pero no tienen que pensar en la solución a los problemas públicos. De eso deben ocuparse, subordinados siempre a quienes mandan, los sabios que encuentran los significados y los brujos que producen menjurjes y encantamientos. Profesionales que encuentren soluciones. El modelo, el arquetipo, el paradigma en el viejo sentido de ejemplo, prescribe a quien detente o quiera detentar el mando el papel y el carácter de un combatiente. No en vano las imágenes con las que los actores políticos convencionales hacen auto-referencia tienden a ser las de “combatiente” o “luchador” político o social, y se refieren a la “arena” y a la “lucha” políticas y a los procesos de “vencer” y “derrotar”.

Y piensan ellos, así como la mayoría de nosotros, que su papel consiste en “mandar”. No en mandar a secas, lo que pudiese ser moderado si se restringiera al mando sobre los órganos ejecutivos del Estado, sino que se entiende como mandando sobre la Nación. El mismo candidato que declaró con la mayor frescura desconocer cuál es el modelo político que necesita Venezuela se refirió, en un conocido programa de televisión, a quienes pretendan “gobernar sobre un país”. Y esta idea de que se gobierna sobre un país es, con seguridad, algo que debe ser cambiado, justamente, en un nuevo modelo político para Venezuela y, si a ver vamos, para cualquier país. No se gobierna sobre un país, se gobierna para un país.

Con un concepto de la política como mando es del único modo como puede sostenerse una postulación de Irene Sáez: como la de una persona que no necesita ser particularmente docta o versada sobre los problemas públicos y sus posibles soluciones o los métodos con los que se puede generarlas, con tal de que pueda concitar a su alrededor a un grupo suficiente de personas capaces que son las que trabajan resolviendo los problemas y sobre las que se manda. En abono a esta tesis son citados como ejemplo los casos muy particulares de Juan Vicente Gómez y Eugenio Mendoza Goiticoa, pero el último era un benévolo jefe de empresa, no un hombre de Estado, y el primero mandaba fundado en el miedo que inspiraba, lo que no parece convenir a la imagen de placidez original de la Licenciada Sáez. Pero como de algún modo se presiente que la gente ha comenzado a percatarse de que ya no es posible gobernar de esa manera, entonces se procura ocultar la deficiencia o se admite la necesidad de algo que pueda ser presentado como programa. (El erróneo intento de polarización temprana entre Sáez y Chávez, que terminó de hundir las posibilidades de la primera, tenía al menos la virtud de no requerir de Irene Sáez otra cosa que no fuera la idea de que ella sería la “única” que podía derrotar al militarizado exmilitar).

Todas estas cosas pertenecen a la noción que encontramos en la leyenda alemana, en el rotafolio de la compañía petrolera venezolana, en el ministro que hablaba de compadres, en el que anunciaba sus pretensiones presidenciales sin saber lo que haría como presidente: que los héroes mandan aunque sean unos inconscientes.

Y su corolario fuerte es que los sabios, los brujos, no mandan, no pueden mandar, no se les debe permitir que manden, porque ellos no saben matar dragones ni vencer oponentes en las arenas políticas. Es lo que encontramos en el dictum de Argenis Martínez: “La característica general de la política venezolana hasta ahora es que si usted está mejor preparado en el campo de las ideas, es más inteligente a la hora de buscar soluciones y tiene las ideas claras sobre lo que hay que hacer para sacar adelante el país, entonces usted ya perdió las elecciones”.

No se concibe que quien ostensiblemente lea mucho, piense mucho, invente mucho, pueda ser un buen gobernante, sea un hombre capaz de acción, capaz de defenderse.

Esto es percibido así no sólo por los políticos que trabajan bajo esas premisas, sino por el común de los mortales. Por eso pueden ser sorprendidos cuando llegan a observar a un “hombre de pensamiento” comportándose como un “hombre de acción”. Un destacado estudiante universitario, que obviamente no tenía problemas con su calificación en los exámenes, fue una vez invitado a una fiesta a la que asistirían varias de sus compañeras de curso. Cuando bailó con no poca habilidad y gusto ante ellas una de éstas exclamó, atónita: “¡Pero si él baila!”

El mismo estudiante, mientras cursaba su tercer año de Medicina, participó en un cursillo de adiestramiento antiguerrillero, pues la incipiente democracia venezolana de 1962 había comenzado a ser amenazada por un movimiento de guerrillas. Todos los pronósticos apuntaban a que fracasaría en el cursillo, pues su participación académica le hacía ser tenido por hombre cerebral que debía, en principio, rechazar el trabajo físico y las situaciones de combate. No sólo estuvo, para sorpresa de sus compañeros, entre los participantes más destacados de la experiencia, sino que, irónicamente, como “enfermero” de su patrulla, tuvo que recibir muchas peticiones de exención de ejercicios de varios de quienes pensaban que él no podría con la actividad, pues se quejaban de algún dolor, alguna torcedura, alguna ampolla. Más tarde dejó la carrera médica por las ciencias sociales y luego, como profesional, tuvo varias oportunidades para ejercer cargos ejecutivos, lo que siempre hizo con brillantez. A pesar de esto nunca ha podido quitarse  una fama de intelectual que le incapacitaría, por ejemplo, para la actividad política. Antes que aceptar que alguien como él puede resultar un buen político, resulta más fácil aceptar que alguien proveniente del mundo del espectáculo lo sea.

Esta percepción va a cambiar, no obstante.

Desde hace ya algún tiempo es posible registrar una nueva irrupción del pensamiento y la inteligencia en el ámbito del poder. La revista Fortune titulaba en su edición del 14 de enero de 1991: “Ahora capital significa cerebro, no sólo dólares”. Y citaba a líderes empresariales norteamericanos que decían cosas como las siguientes: que el capitalismo empresarial había dado paso a un capitalismo gerencial que ahora cedía el sitio a un “capitalismo intelectual”; que “la materia gris es tan diferente a los billetes que la economía neoclásica, con sus leyes de la oferta y la demanda y de los rendimientos decrecientes, no puede explicar adecuadamente cómo funciona su substancia”; que el capital intelectual producirá un profundo desplazamiento en la riqueza del mundo de los dueños de los recursos naturales a quienes controlen las ideas y el conocimiento.

Este proceso, que ya ha comenzado en el ámbito de la economía, no tardará en manifestarse con igual fuerza en el ámbito de la política, y cuando lo haga cambiará radicalmente el modo como ésta es practicada.

Es probable que continúe habiendo un predominio de los “hombres de acción” en las cabezas ejecutivas de los Estados, de los partidos políticos, pero aun en este caso habrá un marcado aumento del espacio y la influencia de los “hombres de pensamiento” en la política.

Es probable que los hombres de pensamiento que se dediquen a la formulación de políticas se entiendan más como “brujos de la tribu” que como “brujos del cacique”. Esto es, se reservarán el derecho de comunicar los tratamientos que conciban a los Electores, sobre todo cuando las situaciones públicas sean graves y los jefes se resistan a aceptar sus recomendaciones.

Pero también es probable que en algunos pocos casos algunos brujos lleguen a ejercer como caciques. En situaciones muy críticas, en situaciones en las que una desusada concentración de disfunciones públicas evidencie una falla sistémica, generalizada, es posible que se entienda que más que una crisis política se está ante una crisis de la política, la que requiere un actor diferente que la trate.

Y luego el nuevo paradigma político se extenderá por el planeta: uno en el que la inteligencia reivindique su espacio y su función y en el que los hombres intelectualmente más capaces no sean tratados como inhábiles políticos.

Vilfredo Pareto, sociólogo y economista italiano de principios de siglo, se ha hecho muy conocido en el ámbito empresarial, gracias a que sus “curvas” han devenido en concepto medular de la escuela gerencial de la “calidad total”. También es el autor de “La circulación de las élites”. En este libro Pareto describe la configuración de poder más frecuente como aquélla en la que los hombres de acción, los “leones”, son los que gobiernan. Pero también expone que cíclicamente los “leones” arriban ante atolladeros que no pueden superar, y deben venir entonces los “zorros” al gobierno, los hombres de pensamiento, los que dominan el “arte de la combinatoria”, a resolver la situación. Según su esquema, los “leones” y los “zorros” se alternan cíclicamente; según Pareto las élites circulan.

Tal vez, entonces, estemos en Venezuela necesitando un desplazamiento, aunque sólo sea temporal, de “leones” por “zorros”, de caudillos por filósofos. Tal vez estemos ante la necesidad de un nuevo ciclo de Pareto, y entonces recupere la vigencia la idea de un “retorno de los brujos”, que fuera el título de uno de los libros de mayor influencia en la fértil década de los años sesenta.

 

Prejuicios complementarios

Una muy buena parte de la resistencia de la política convencional al tema programático es una desconfianza muy arraigada respecto de las posibilidades e intereses del pueblo, de los intereses y capacidades de los Electores.

La inmensa mayoría de la dirigencia nacional, política o privada, alimenta un desprecio básico por el pueblo venezolano. A casi todo proyecto político verdaderamente audaz y significativo se le opone usualmente la idea de que el pueblo no se interesa sino por muy elementales necesidades de supervivencia, por las más egoístas apetencias, por los más triviales objetivos.

O si no, se derrota alguna buena idea con la declaración de que el pueblo no la entendería, de que “no está preparado para eso”.

En un programa de radio dedicado al análisis político, hace pocos años, el conductor del mismo decidió explicar a sus oyentes en qué consistía una “caja de conversión”, cuando esta receta económica empezaba a ser propuesta en Venezuela. Al poco rato recibió la llamada telefónica de un oyente, quien dijo: “Lo que Ud. está explicando es muy interesante, pero ¿no cree que debería hablar Ud. más bien del precio del ajo y la cebolla en el mercado de Quinta Crespo, porque eso no lo entiende el pueblo-pueblo?” Mientras el conductor del programa contraargumentaba para oponerse a la postura del oyente telefónico, un segundo oyente llamó a la emisora. Y así dijo al conductor: “Mire, señor. Yo me llamo Fulano de Tal; yo vivo en la parroquia 23 de Enero; yo soy pueblo-pueblo; y yo le entiendo a Ud. muy claro todo lo que está explicando. No le haga caso a ese señor que acaba de llamar”.

En mi escueta experiencia las personas responden con entusiasmo a un liderazgo que les respeta, que les estima, que piensa que son capaces de entender e interesarse por lo que la prédica convencional asegura que no les importa. En uno de los experimentos comunicacionales de éxito más rotundo que se hayan visto en Venezuela, la más crucial de las causas del mismo fue el concepto que de los lectores se formó un cierto periódico de provincia. Definió de antemano a su lector tipo como una persona inteligente, que preferiría que se le elevase a que se le mantuviese en un nivel de chabacanería. El periódico logró, en contra de cualquier pronóstico, el primer lugar de circulación en su ciudad en el lapso de seis meses desde su aparición, y tres meses después se hizo acreedor al Premio Nacional de Periodismo, en competencia con otros dos candidatos de gran peso.

Lo contrario también puede lograrse. Cuando Lyndon Johnson asumió la presidencia de los Estados Unidos, declaró la “Guerra a la Pobreza”, un conjunto de programas en el que el “Headstart Program”, destinado a proveer instrucción preescolar a niños de sus principales guetos urbanos, era su programa estrella. Al año de la declaración de guerra el “Headstart Program” había fracasado estrepitosamente.

Naturalmente, la administración Johnson ordenó un estudio que pudiera poner de manifiesto las causas del fracaso. La investigación evaluadora indicó una causa principal entre todos los factores de actuación negativa. Los maestros del programa se disponían a tratar con “niños desaventajados”—todos los instructivos que manejaban se referían a sus futuros alumnos precisamente así: disadvantaged children—y de manera inconsciente transmitían esa noción a los niños. Éstos, a su vez, “internalizaban el rol”, como dicen los sociólogos, de niños desaventajados y se comportaban como tales. Se esperaba de los alumnos un rendimiento deficiente y esto fue exactamente lo que proporcionaron.

Depende, por tanto, de la opinión que el líder tenga del grupo que aspira a conducir, el desempeño final de éste. Si el liderazgo venezolano continúa desconfiando del pueblo venezolano, si le desprecia, si le cree holgazán y elemental, no obtendrá otra cosa que respuestas pobres congruentes con esa despreciativa imagen. Si, por lo contrario, confía en él, si procura que tenga cada vez más oportunidades de ejercitar su inteligencia, si le reta con grandes cosas, grandes cosas serán posibles.

Junto con la visión convencional acerca del papel social de los “hombres de pensamiento”, esta desconfianza fundamental del liderazgo común y corriente venezolano respecto de las posibilidades e intereses del pueblo, conspira contra el mejor tratamiento de nuestros problemas públicos.

 

Solución de compromiso

Mientras no se generalice el cambio de paradigma necesario –y los cambios paradigmáticos son de suyo procesos de distribución general más bien lenta (por más que a nivel individual puedan darse casi instantáneamente)– tal vez sea posible admitir un tratamiento excepcional y transitorio a los más básicos y profundos problemas de la política venezolana, en el que se asegure una participación determinante de los “hombres de pensamiento” del país.

Es preciso admitir que ese cambio es difícil. Porque es que a la disposición habitual de la percepción, que como vimos tiende a negar al intelectual la posibilidad de mando, se une, tal vez, un miedo profundo a tal eventualidad.

En Poor Koko, John Fowles relata la violencia aparentemente gratuita que un intelectual hace brotar de un ladrón más bien inculto, provisto tan sólo de un barniz de catecismo marxista, a quien vence en una discusión. Precisamente porque había sido vencido por las palabras del intelectual, el ladrón reaccionó con violencia especialmente cruel. No hay nada tan humillante como una derrota intelectual.

Una vez un politólogo que ahora es político me propuso la siguiente cuestión para debatir: ¿cuál es el deporte más violento? Él proponía que era el fútbol el deporte más violento. (Él lo practica). Yo le sugerí considerar al ajedrez.

En el enfrentamiento igualitario de dos inteligencias no caben las excusas. No se puede diluir la responsabilidad entre los varios miembros de un equipo, ni se puede argumentar que  un defensor corpulento, mucho más grande que nosotros, nos ha impedido con tácticas sucias. No hay nada tan humillante como una derrota intelectual. Y los intelectuales pueden ser particularmente crueles al infligirla.

Así, pues, hay un trasfondo de miedo en el rechazo a la posibilidad de un gobernante intelectual. Ante él se tiene tanta aprensión como ante la mujer que es la vez bella e inteligente en grado sumo. Mientras más brillante sea el intelectual más se le teme.

Esto es hasta cierto punto natural. Puede con facilidad sentirse que una persona así tenderá al totalitarismo, basada en una conciencia egomaníaca que le haga pensarse superior a los demás.

Pero si se es un verdadero intelectual se sabe que la inteligencia no es meritoria si no está al servicio de los demás, si no respeta y cree en la sabiduría superior del pueblo—“lo primero que debieran enseñar (las) escuelas (de política) es que el pueblo es más sabio y poderoso que el gobierno”—si se cree inmune al error. Por fortuna varios siglos de una ciencia más social y menos exclusiva, menos esotérica, han enseñado a quienes emplean sistemáticamente el pensamiento que las mejores teorías no son eternas.

Y si aún persiste la desconfianza puede adoptarse todavía otra estrategia. Puede acotarse y limitarse temporalmente el ejercicio del poder por el brujo.

Respecto de los problemas del Estado venezolano “…en un lapso relativamente corto es posible modificar su organización, desencadenar su metamorfosis, para arribar, en un Estado diferente, a una disposición en la que los muy considerables talentos evidentes entre los venezolanos, puestos al servicio de la función pública, rindan resultados mucho más importantes y valiosos que los muy escasos que ahora obtenemos, desde que el paradigma político prevaleciente, la manera ordinaria de entender y hacer la política, los supuestos de nuestra política, comenzaran a ser impertinentes”.

Quizás sea una realidad paradójica que los problemas verdaderamente más fundamentales puedan ser resueltos más rápidamente que los problemas cotidianos de menor nivel. La evidente falla sistémica del Estado venezolano es algo que debe ser ciertamente resuelto con prontitud y en relativo corto tiempo. Creo difícil que los “hombres de acción” sean los llamados a acometer una reingeniería radical del Estado venezolano, obviamente aquejado por un catálogo casi completo de los problemas políticos conocidos en el mundo. El momento actual exige el rediseño de nuestro Estado. Exige, por tanto, pensamiento.

Exige una manera diferente de entender la política. Exige, por tanto, un liderazgo ya no solamente programático, sino paradigmático. Y quienes pueden ejercer ese liderazgo no son otros que quienes encarnan el nuevo paradigma, y éstos se hallan entre quienes lo han inventado o ya lo han hecho suyo. Hasta que, reitero, ese nuevo paradigma haya permeado para generalizarse, y pueda confiarse de nuevo el gobierno a un nuevo político convencional

Puede pensarse, por consiguiente, en confiar este momento crucial de la política venezolana a quien ya haya perdido las elecciones porque “está mejor preparado en el campo de las ideas, es más inteligente a la hora de buscar soluciones y tiene las ideas claras sobre lo que hay que hacer para sacar adelante el país”.

Hay quienes estarían dispuestos a asumir la tarea metamórfica y a completarla en lapso de no mucha duración.

Esto es posible en Venezuela. No digo que probable; afirmo tan sólo que es posible. La probabilidad irá en aumento, como ha venido siendo, con el crecimiento del mal. Pues si el próximo gobierno de Venezuela es un nuevo gobierno convencional o si, peor aún, es un gobierno de vindicta seudo-justiciera que se justifica con una interpretación interesada de los próceres del pasado, el problema político nacional se agravará aún más. Entonces llegará un momento en que Tío Tigre deba dejar el mando a Tío Conejo.

Que la mera posibilidad pueda convertirse en realidad efectiva dependerá, a la larga, del ineludible aumento de conciencia de los Electores venezolanos en general. En un cierto punto del futuro forzarán el cambio. Que esto pueda darse en un plazo más corto dependerá de la lucidez de las élites de poder del país: de ésas que asignan oportunidades y recursos, y que podrían, en un salto de conciencia que les justificaría como tales élites, abrir las puertas a la incruenta revolución, a la revolución mental que la magnitud de los problemas exige.

Y una cosa más a favor de los intelectuales en el poder en esta hora nacional: no siendo, precisamente, políticos que se entenderían como combatientes, es menos probable que entiendan su misión como la de ángeles vengadores, por cuanto su compromiso no es de combate entre contrincantes por alcanzar el poder, sino de compromiso con la verdad. Estando, en principio, adiestrados para la lectura serena y desapasionada de las cosas, serían menos propensos a involucrarse en cacerías de brujas, reivindicaciones clasistas y programas de exterminio.

“Un paciente se encuentra sobre la cama. No parece padecer una indisposición común y leve. Demasiados signos del malestar, demasiada intensidad y duración de las dolencias indican a las claras que se trata de una enfermedad que se halla en fase crítica. Por esto es preciso acordar con prontitud un tratamiento. No es que el enfermo se recuperará por sus propias fuerzas y a corto plazo. Tampoco puede decirse que las recetas habituales funcionarán esta vez. El cuerpo del paciente lucha y busca adaptarse, y su reacción, la que muchas veces sigue cauces nuevos, revela que debe buscarse tratamientos distintos a los conocidos. Debe inventarse un nuevo tratamiento”.

Son los sabios, son los brujos, quienes podrían ofrecerlo esta vez. LEA

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REF #9-10 – Manual del outsider

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El año que viene es un año electoral. El año que viene, aún en preparación de una fecha tan lejana como 1998, ya habrá movimientos de ubicación y emergencia de nuevos líderes, que calcularán sobre las oportunidades que el descrédito de los partidos tradicionales (AD y COPEI), las dificultades de la Causa R y la precariedad de la Convergencia Nacional, pueden abrir a los nuevos actores.

Aunque la preocupación por la sucesión de Caldera parece extemporánea, por más que la hora actual es programática y polémica, puede resultar interesante fijar los parámetros que pueden regir la emergencia exitosa de un líder no convencional, de un outsider.

El primer rasgo indispensable en el líder que pueda orientar a su favor la considerable potencialidad de un voto harto de lo tradicional y de su ineficacia, es que sea un verdadero outsider. Hay, al menos, dos sentidos en los que este concepto de outsider se aplicaría en este contexto.

Para comenzar, el candidato debe ser un político que pueda ser percibido como estando fuera del establishment de poder venezolano. No necesariamente significa esto que el candidato deba estar contra  la actual articulación de poder en Venezuela. Simplemente es necesario que no se le perciba como formando parte de la red de compromisos que caracterizan a la configuración actual.

En una reunión del Grupo Santa Lucía de hace unos años, Allan Randolph Brewer Carías advirtió a los asistentes: “Estamos hablando del Estado como si se tratara de un caballero que se encuentra en la habitación de al lado, que está a punto de entrar y de ser presentado a nosotros. Pero la verdad es que todos nosotros hemos sido el Estado. De quien estamos hablando es de nosotros”.

Lo que Brewer quería decir es que las elites de Venezuela forman parte de un sistema consensual que determina una buena parte de las políticas principales, o al menos el esquema general de la cosa política. En el caso de un líder político tradicional, por ejemplo, sus buenas intenciones hacia, digamos, una mayor democratización, se encuentran impedidas por las trabadas reglas de juego de su partido.

El pueblo sabe, empírica o intuitivamente, que una persona, participante directo de la configuración de poder actual, carece de la libertad necesaria para acometer los cambios que sería necesario introducir a través de tratamientos novedosos a la situación política. Para ponerlo en otros términos: un líder que ostente en los momentos actuales una cantidad significativa de poder, estará al mismo tiempo muy impedido por la serie de transacciones en las que, con toda probabilidad, habrá debido incurrir para acceder a la posición que ocupa y para mantenerla. Esta es, por poner un caso, la situación en la que se encontró Eduardo Fernández. Es, posiblemente, la condición que habría anulado un intento de alguien como Marcel Granier, como fue, por argumento en contrario, la que significó, en el pasado, un apoyo importante al intento de Jorge Olavarría, percibido entonces como outsider.

Hay un segundo sentido, más específico, en el que el candidato que pueda resultar la sorpresa debe ser un outsider. Debe serlo también en términos de estar afuera o por encima del eje tradicional del “espacio” político. Tal eje viene determinado por un continuum más o menos lineal, que va desde las posiciones de “izquierda” hasta las posiciones de “derecha”. Esta es una división tradicional del campo político, pues responde al criterio de que el principal “problema social” (o político), consiste en distribuir la renta social: si se acomete este asunto con preferencia para “los pobres” entonces se es izquierdista; si esto se hace con preferencia por “los ricos”, entonces se es derechista.

No es éste el sitio para describir otra noción política más moderna que considera obsoleto el planteamiento anterior, definitorio de “derechas” e “izquierdas”. Pero el candidato que pretenda tener éxito deberá ser outsider también en el sentido de no situarse en alguna posición del eje referido, sino en un plano diferente.

La segunda característica importante (a nuestro juicio más importante que la condición de outsider) que debe ostentar un candidato con posibilidades de “dar la sorpresa”, es la posesión de tratamientos suficientes y convincentes para la crisis.

La base de esta condición consiste en poder partir de una concepción de lo político que comprenda importantes y hasta radicales diferencias con las concepciones convencionales. En la raíz de tal concepción está la necesidad de una sustitución de paradigmas políticos, en el sentido que Tomás Kuhn da al término paradigma. Es decir, nos hallamos ante una realidad social y política que ya no puede ser comprendida por los planteamientos y enfoques convencionales, lo que es la causa de fondo de la crisis de gobernabilidad. No es el caso que los políticos tradicionales tengan las recetas adecuadas y por “maldad” se resistan a aplicarlas. El punto es que no las saben.

A partir de una concepción diferente, más científica y moderna de la política y sus posibilidades tecnológicas reales, es como podría ser posible la generación de tratamientos que cumplan con tres condiciones necesarias a la persuasión pública requerida:

1. Deben ser radicales pero pocos: dos extremos resultan imposibles, dañinos o inútiles: el planteamiento de una reforma radical y global, que se ocupe de todo a la vez, en el mejor de los casos será altamente traumático y, más probablemente, imposible de aplicar por falta de capacidad para gerenciar un grado de cambio tan exhaustivo; la estrategia de cambiar lo menos posible e ir ajustando las cosas de modo incrementalista es derrotada por la complejidad original del problema y su velocidad de complicación creciente. Este dilema es comprendido intuitivamente por el elector promedio. De allí la poca credibilidad de los programas de gobierno exhaustivos, así como la de los programas tímidos e incrementalistas. Para que un programa alcance la credibilidad necesaria deberá ser del tipo radical selectivo, es decir, identificador de pocos puntos estratégicos sobre los que se ejerza una acción transformadora a fondo. Y a esta condición deberá sumarse la de concreción, pues no bastará la enumeración de pocas áreas si éstas son vagamente definidas.

2. Deben ser eficaces: no se trata por tanto de pseudotratamientos. “Reactivar la economía” no es la solución, sino el estado final que debe alcanzarse una vez aplicada la solución. Combatir el “centralismo”, combatir el “presidencialismo”, etcétera, son orientaciones generales muy loables pero poco concretas. Los tratamientos deberán venir explicados en forma tan concreta que se pueda especificar su beneficio y su costo. Los tratamientos deberán dirigirse al ataque de causas problemáticas antes que a la moderacion temporal de sintomatologías anormales.

3. Deben ser positivos: se necesita un planteamiento terapéutico que trascienda la política quejumbrosa para ofrecer salidas que permitan un razonable optimismo.

Por último, el candidato debiera tener la capacidad de “librar por todos”. (En el juego infantil del escondite se estipula a veces una regla por la que al quedar sólo un jugador por descubrir, éste puede salvarse, no únicamente a sí mismo, sino a todos los anteriores que hayan sido atrapados.) No se trata acá de “capacidad de convocatoria”. El cargo de Presidente de la República tiene de por sí mucha capacidad de convocatoria, y lo tendría mucho más si tal cargo lo ocupase un outsider que hubiera logrado dar la sorpresa. El punto está más bien en la voluntad real de convocar que tenga el involucrado, en la medida en que no esté atado a intereses tan específicos que no pueda verdaderamente pasar por encima de rencores de asiento grupal. Si un aspirante a outsider sorpresivo, a “tajo” de las elecciones, plantea su campaña con un grado apreciable de vindicta, de falta de comprensión de lo que en materia de logros políticos debemos aún a los adversarios, obtendrá temprana resonancia y fracaso final. El outsider con posibilidad de éxito no se impondrá por una mera descalificación de sus contendientes y, en todo caso, no por descalificación que se base en la negatividad de éstos sino en la insuficiencia de su positividad. El propio Issac Newton reconoció: “Si pude ver más lejos fue porque me subí sobre los hombros de gigantes”.

 

La campaña

Suponiendo que exista el verdadero outsider y que éste posea un arsenal terapéutico eficaz, concentrado y positivo, capaz de ser asumido voluntariamente como programa por el público en general, todavía queda el problema de ejecución de su campaña en forma correcta.

El eje básico de una campaña correctamente ejecutada pasa nuevamente por la suficiencia de los tratamientos que el outsider proponga. La campaña debe ser planteada en esos términos: suficiencia vs. insuficiencia.

Luego viene la consideración del tiempo estratégico. Por diversas razones el tiempo de lanzamiento de la candidatura con posibilidades debe ser lo más tardío posible. Por un lado está el problema de los recursos: es improbable que un verdadero outsider pueda conseguir los fondos necesarios a una campaña prolongada. Por otra parte, el intento debe ser hecho contraviniendo los intentos de actores muy poderosos. En tales condiciones una guerra de atrición no es sostenible. No puede un outsider trenzarse en una larga “guerra de trincheras” contra Acción Democrática y COPEI, pues caería en el asedio. Nuestro outsider se encuentra en la situación de Israel, país pequeño y rodeado de enemigos mucho más numerosos y de mayor poder. Así, su estrategia indica un golpe sorpresivo y contundente y definitivo. Por último, el tiempo debe ser tardío porque lo que es necesario producir corresponde a lo que los psicólogos de la percepción llaman un gestalt switch. Es un cambio súbito en la manera de percibir una misma cosa. De este modo, o el cambio de percepción se produce o no se produce, o se entiende o no se entiende, y para esto no es necesaria o correcta una campaña de convencimiento gradual, sino una argumentación suficiente que tienda a producir una respuesta más instantánea.

Este punto viene ligado, como dijimos, al tema de los recursos. Pues una condición de corrección de la campaña deberá ser por fuerza la de su economía. La campaña deberá ser económica. Tanto porque no se dispondrá de muchos recursos como porque un gasto excesivo produciría un rechazo de la misma. Así, la campaña debiera ser diseñada en términos económicos.

Esto será posible si la campaña es planteada en términos de calidad vs. cantidad. Contra la reiteración esloganista de millares de cuñas y pancartas, una concentración en mensajes más completos, más densos y contundentes.

A favor de esta posibilidad jugaría la amplificación que se daría por el efecto de novedad. Por el mismo hecho de plantearse una campaña de estilo diferente es como se daría la posibilidad de distinguir el mensaje en un mar de ruido electoral, en la cacofonía de las abrumantes campañas tradicionales, como un minúsculo flautín clarísimo lo hace dentro de un tutti orquestal.

La campaña deberá caracterizarse, además, por una extraordinaria capacidad organizativa. Se trata, para mencionar sólo un problema, de disponer de testigos en las mesas electorales, con su correspondiente apoyo logístico y de comunicación. Para un outsider este problema es de gran cuantía, puesto que por definición, al ser outsider, no dispone de la “maquinaria” de antemano.

Finalmente, el outsider deberá ser capaz de resistir los ataques que sobrevendrían, en una gama que puede ir desde el enlodamiento de su reputación hasta la eliminación física. El riesgo aumentará a medida que la opción que representa comience a significar una posibilidad clara de victoria.

Las probabilidades

Siendo lo que antecede las condiciones indispensables a una “sorpresa” exitosa ¿qué puede decirse de las probabilidades de tal aventura?

La condición crítica será seguramente la de disponibilidad de los recursos. Acá se enfrentaría un outsider con la incredulidad básica ante una aventura no convencional y con la tendencia conservadora que aún en casos de crisis encuentra difícil ensayar algo novedoso. Aquellos que pudieran dotar a una campaña como la esbozada de los recursos suficientes estarán oscilando entre los extremos de más de un dilema.

Uno de los dilemas es el de seguridad vs. corrección. Se sabe de lo inadecuado de los actores políticos tradicionales, pero ante un planteamiento correcto por un outsider habría la incomodidad de abandonar lo conocido. Es queja perpetua del sector privado que el Gobierno no establece reglas de juego estables. La verdad es que hay reglas tácitas de conducta establecidas desde hace tiempo, incluyendo las que regulan la urbanidad de la corrupción. Stafford Beer decía, refiriéndose a la sociedad inglesa de hoy, que su problema era que “los hombres aceptables ya no son competentes, mientras los hombres competentes no son aceptables todavía”. En forma similar Yehezkel Dror destaca otro dilema: si se quiere eficacia es necesaria una transparencia en los valores, la exposición descarnada de los mismos; si lo que se quiere, en cambio, es consenso, entonces es necesaria la opacidad de los valores, no discutirlos más allá de vaguedades y abstracciones.

Así, pues, se estaría ante un dilema de tradicionalidad vs. eficacia, de poder vs. autoridad. Es pronosticable que la mayoría de los actores con recursos, ante una solicitud de cooperación por parte de un outsider con tratamientos realmente eficaces, se pronunciarían por los términos dilemáticos más conservadores.

Pero es concebible que una minoría lúcida entre los mismos pueda proveer los recursos exigidos por una campaña poco costosa en grado suficiente, al menos para cebar la bomba que pueda absorber los recursos totales del mercado político general, pues si la aventura cala en el ánimo del público, una multitud de pequeños aportes puede sustituir o complementar a un número reducido de aportes cuantiosos.

Pero el obstáculo principal consistirá en salvar la diferencia entre una percepción de improbabilidad y una de imposibilidad. Ni aún el menos conservador de los hombres dará un céntimo a una campaña de este tipo si considera que todo el esfuerzo sería inútil, si piensa que un resultado exitoso es, más allá de lo improbable, completamente imposible. El análisis que hemos hecho indica que, si bien el éxito de una aventura así es por definición improbable  a fin de cuentas se trataría de una sorpresa  no es necesariamente imposible, y que, por lo contrario, la dinámica del proceso político venezolano hace que esa baja probabilidad inicial vaya en aumento. Si esto es percibido de este modo, entonces tal vez las fuentes de apoyo necesarias quieran comportarse como un jugador racional de la ruleta con cien dólares en la mano. Apartará cincuenta dólares como reserva y de los cincuenta restantes apostará la mayoría, cuarenta y cinco quizás, a las posibilidades de mayor probabilidad, rojo, negro, par, impar. Pero jugará cinco de los cien dólares en pleno al diecisiete negro (outsider), porque sabe que si la apuesta es de éxito menos probable, si pierde pierde poco y si gana ganará mucho más que lo que invirtió.

Finalmente, y nuevamente en la analogía de los juegos, bastante dependerá de la lectura que se tenga de la crisis. Para aquellos para los que la abrumadora acumulación de evidencias no sea suficiente para creer que la crisis no es de carácter coyuntural y pasajero, será lo indicado negar su apoyo al outsider. Sólo aquellos que ya se hayan convencido de que la crisis es estructural y requiere por tanto terapias no convencionales, podrán pensar como el buen jugador de dominó (o de bridge) que carezca de la información completa sobre la localización de las piezas o cartas claves. En esas condiciones un buen jugador identificará cómo tendría que darse esa ubicación de piezas para poder ganar la mano. Entonces jugará como si en verdad la disposición fuese esa única forma de ganar, rogando para que así sea.  Yehezkel Dror nos dice que la situación del agente de decisión de hoy es cada vez más la de una apuesta difusa.

El acceso al poder de Alberto Fujimori o de Silvio Berlusconi, por señalar dos casos solamente—e independientemente de la excelencia o deficiencia de sus ejecutorias—ha mostrado que el análisis que antecede puede darse en la práctica. Los outsiders son posibles, tanto en la teoría como en la práctica. Habrá que ver si la misma receta de Perú o de Italia puede ser aplicada con éxito en Venezuela.

LEA

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