MUD, MUD, MUD, es hora de partir

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Un archipiélago de islotes que se creen islas

¡MUD, MUD, MUD! Es hora de partir
¡MUD, MUD, MUD! Camino de perder
Los partidos bajan desde el terraplén

(Con la melodía de Din, din, din)

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terraplén. (Del fr. terre-plein, y este del lat. terra y planus). 1. m. Macizo de tierra con que se rellena un hueco, o que se levanta para hacer una defensa, un camino u otra obra semejante. 2. m. Desnivel con una cierta pendiente.

Diccionario de la Lengua Española

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Un amable y experto amigo obtendría conclusiones muy interesantes en un análisis del lenguaje corporal de los retratados en la fotografía de la hospitalidad copeyana: la mano izquierda volteada de Antonio Ledezma, la torva mirada de Julio Borges, alejada del centro de atención de los demás, el rostro desconfiado de Andrés Velásquez, etcétera. Por cierto, la denominación de Partido Popular para COPEI, aunque reciente, ya no es válida. Se la adoptó para agradecer a José María Aznar su ayuda financiera en tiempos cuando los demócrata-cristianos alemanes recortaban su apoyo, en vista del barranco en que se ha venido ahondando el partido fundado por Rafael Caldera, Q. E. P. D. Pero quien pase con frecuencia por delante de la sede de la urbanización El Bosque (rebasados los restaurantes chinos) habrá notado que, luego de dos apariciones en fachada, una larga y una corta (según la facción que controlara la proverbial botella vacía), ha vuelto a decirse en el muro delantero que allí funciona un partido social cristiano.

El partido COPEI fue el primero en realizar un congreso ideológico; luego lo celebrarían Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo (en ocasión cuando Diosdado Cabello lo proponía también para el Movimiento Quinta República, predecesor del Partido Socialista Unido de Venezuela). Se celebraría en octubre de 1986, en las instalaciones del Hotel Ávila de Caracas. Algo más de un año antes, el 12 de junio de 1985, Gustavo Tarre Briceño me invitó a almorzar, sabedor ya de que por entonces yo promovía la formación de una organización política que portara un código genético distinto de los partidos convencionales. Allí me planteó, en su nombre y el de Eduardo Fernández, que participara activamente en la preparación del congreso:

Por lo que respecta al congreso ideológico tuve que declinar, pues Gustavo me había dicho que les hacía falta un nivel intermedio, sociológico, entre un nivel principista y filosófico que estaba confiado a Enrique Pérez Olivares y Arístides Calvani, y un nivel de políticas específicas del que se ocupaban diferentes comisiones. Gustavo creía, y me aseguró que también Eduardo, que yo era el indicado para establecer un “puente” entre esos dos niveles. En esas condiciones, expliqué, lo que se me pedía era involucrarme en algo en lo que yo no creía, puesto que pensaba que la política ya no podía seguir “deduciéndose” a partir de un piso principista y abstracto de principios ideológicos generales. (Krisis: Memorias Prematuras).

Más tarde, escribí Estudio copeyano (19 de junio de 1994). Allí me ocupé más explícitamente de sugerir un patrón de metamorfosis de COPEI que dejara atrás toda pretensión ideológica:

El futuro es plural, el futuro es ramificado. No todas las ramas del futuro de COPEI son desastrosas. Al menos es concebible que, después de una serie tan larga de traspiés y fracasos electorales, COPEI esté dispuesto a la metamorfosis y el aprendizaje. (…) La historia nos muestra, con implacable reiteración, la verdad de la falibilidad humana. No existe en el mundo en ninguna de sus épocas un movimiento político, un régimen o concepto gubernamental exitoso que no fuese luego presa de la entropía, de la tendencia al envejecimiento y el deterioro. (…) Pero también es posible al quehacer humano la metamorfosis de sus organizaciones. (…) Los tiempos del futuro próximo determinarán si COPEI es capaz de aprovechar una nueva oportunidad de transformación o si desaparecerá como importante factor de la actividad política en Venezuela.

Bueno, hoy COPEI está poco menos que desaparecido. En las elecciones del 16 de este mes, este partido obtuvo un total nacional de 227.104 votos, o un poco menos de 2,6% de los votantes.

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Antes de desahuciar por entero a los actores políticos que tanto han contribuido al establecimiento de la democracia en Venezuela y al desarrollo de sus principales instituciones, intenté llamar su atención con dos textos en 2009. El primero, Nacimiento o conversión (4 de junio), comenzó argumentando así:

Observada a distancia clínica, Venezuela presenta la superposición de un proceso oncológico a una condición previa de insuficiencia política. (Médicamente, una insuficiencia cardiaca alude a la enfermedad caracterizada por una deficiencia en el bombeo de la sangre que debe hacer el corazón; una insuficiencia renal a la incapacidad de los riñones de filtrar la sangre como es necesario. Cuando el aparato público de una nación—los poderes públicos a toda escala—no resuelven los problemas públicos, única actividad que justificaría su existencia, puede hablarse con toda propiedad de un caso de insuficiencia política).

La patología política venezolana más preocupante, sin duda, es el chavoma: el proceso canceroso, invasivo y maligno que la amenaza, últimamente de modo acelerado. Es el cuadro clínico más agudo y peligroso. La atención del país se ha concentrado de modo más que natural en este proceso desde que Hugo Chávez llegara al poder en Venezuela. Pero reducido el chavoma, aun por medios clínicos, no quirúrgicos, el cuadro de insuficiencia continuaría manifestándose.

Hay que cambiarlos

Hay que cambiarlos

La etiología de esa insuficiencia no debe buscarse en una intencionalidad culpable en el político profesional promedio—que a fin de cuentas es un animal de cuarenta y seis cromosomas y, por eso mismo, de cualidad moral equidistante del santo y el felón—sino en su esclerosis paradigmática. Es la impertinencia de los paradigmas políticos prevalecientes, acompañada de una pertinaz resistencia a abandonarlos, la causa, como en casi todas partes del mundo, de nuestra insuficiencia política.

Los miembros más importantes de la constelación de paradigmas que guían la práctica política convencional son el concepto de Realpolitik (política de poder) y la “necesidad” de ubicarse en un punto del continuo cuyos polos son la extrema derecha y la extrema izquierda.

Esto último es lo que cede cada vez más, de modo inexorable. A pesar de la insistencia de Chávez en el socialismo y de los Vargas Llosa en el liberalismo, lo que es tendencia de mayor masa e inercia es el “moderno molde postideológico” (expresión de Tony Blair). Hoy en día pudiera decirse que ser socialista—a lo Bernard-Henri Lévy—no es ser estatista sobre principios marxistas, sino preocuparse por la “anormal” distribución de la riqueza en la mayoría de las regiones de la tierra. Si el buen socialista de antaño fue estatista es porque creía que la estatización era una terapéutica eficaz; el buen socialista de hoy admite al mercado como sistema fundamentalmente natural y a la libre empresa como sistema superior al manejo centralizado de la economía, aunque ambos deban ser objeto de corrección cada cierto tiempo.

En cambio, la idea básica de la Realpolitik, que en el fondo la política no es otra cosa que una lucha por el poder, es más difícil de erradicar, sobre todo en nosotros, que debemos sufrir las obsesiones de un Presidente de la República que lleva esa noción a extremos enervantes. No obstante, para allá va la cosa.

Luego, discutiendo el modo de tratar esa patología, avizoré un posible rol para partidos que hoy se combinan en la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición que se opone a Hugo Chávez:

Una cosa así sólo puede provenir de un discurso esencialmente diferente, de una nueva especie de organización política.

Pero esto último puede ser alcanzado de dos maneras. La más radical es la construcción de esa nueva opción desde cero, la inauguración de una asociación política fresca. La otra es la metamorfosis de organizaciones existentes, y en principio ésta sería la ruta más económica. Hasta una entidad tan rayada como la sucursal venezolana de Stanford Bank es apetecible por un banquero de lujo, José María Nogueroles, y seguramente le sacará provecho a su adquisición.

Claro está, esta segunda posibilidad sólo es viable—esto sí una “política realista”—a partir de la disposición de los actuales partidos democráticos a transformarse en especímenes políticos inéditos, y entonces tendrían que autorizar que en ellos se practicara lobotomía frontal e implante de nuevos circuitos conceptuales, en los que venga impreso un paradigma clínico de la política.

Sería necesaria mucha valentía y una elevación grande, en nuestros políticos convencionales, para lograr lo que se necesita a partir de una metamorfosis de lo existente. Pero ¿quién sabe? A lo mejor el aprendizaje de diez años de sobresaltos y desafueros, de ineficacia y de fracaso, ha puesto las conciencias políticas a punto de caramelo.

Todavía trataría de despertar las conciencias partidistas dos meses después, el 13 de agosto de 2009, con el artículo Bomba de fusión. El procedimiento de este trabajo fue comparar puntos en dos documentos provenientes de partidos distintos y encontrarlos sustancialmente idénticos, para identificar después las fuentes: el «Decálogo del militante copeyano» (23 de junio de 2009), redactado por Eduardo Fernández y «Democracia Social, Bases Ideológicas del Partido Un Nuevo Tiempo» (7 de abril de 2008). Hecha la constatación de similaridad, me atreví a sugerir:

En el seno del socialcristianismo venezolano ha habitado por largo tiempo la añoranza de la reunificación. Tal vez—han creído unos cuantos, en alguna misa campal que se dijera en el amigable jardín del IFEDEC en Boleíta Norte—pudiera descender en lenguas de fuego el Espíritu Santo sobre los cráneos de Luis Ignacio Planas, Henrique Salas, Julio Borges y Juan José Caldera y suscitar la unificación de COPEI, Proyecto Venezuela, Primero Justicia y lo que haya podido quedar de Convergencia. Mucho sabría agradecerlo la Fundación Konrad Adenauer.

En verdad, si se examina el documento doctrinario de Primero Justicia (construido sobre texto original de Julio Borges), tampoco es posible encontrar en él diferencia alguna sustancial con los postulados copeyanos. Otra vez, dicen lo mismo.

Pero la renuencia a esta reunión familiar es grande. Tal vez sea más fácil una primera unión entre exponentes de la democracia cristiana y la socialdemocracia—¡perdón, la democracia social!—visto que no guardan entre sí diferencias ideológicas insalvables y, por lo contrario, tienen muy numerosas coincidencias. Si, como postula cada una de esas fuerzas con tenacidad, lo ideológico es lo más importante de un partido, ¿no sería una carambola de bola a bola, no estaría de anteojito una conjugación de un partido de la democracia social con uno de la democracia cristiana que se alimenten, en el fondo, de una misma formulación ideológica?

La unión, no la unidad

La unión, no la unidad

En la escena corporativa los mergers (fusiones) son expediente cotidiano, enteramente habitual. Exxon y Mobil, Pfizer y Warner-Lambert, Bell Atlantic y GTE, AOL y Time Warner, Boeing y McDonnell Douglas, Sandoz y Ciba-Geigy, Citicorp y Travelers Group, JP Morgan Chase y Bank One Corp., BP y Amoco, Deutsche Bank y Bankers Trust y, para no hacer esta enumeración interminable, un larguísimo etcétera, eran entidades separadas que luego de su fusión fueron sólo una, a pesar de que todas tenían culturas corporativas bastante distintas. Supieron superar y absorber sus diferencias en procura de un propósito mayor.

Se nos pone que pudiera formarse una bola de nieve si se comenzara por la fusión de COPEI y Un Nuevo Tiempo. Al inicio percibimos que sus planteamientos ideológicos dicen las mismas cosas. ¿Qué explicación seria pudieran ofrecerle al país para que, en momentos tan menguados y peligrosos como los actuales, insistieran en seguir caminos separados?

Dijo Rómulo Betancourt en su último discurso público, en el partido que fundó, antes de morir: “Puede llegar el momento en que nosotros [debamos]… plantearnos la necesidad de un gobierno de concentración nacional, en el cual estén representados los dos partidos de mayor auditorio en la Nación…”

En apresurado regreso al realismo, sin embargo, cerré el trabajo con una salvedad:

Resulta obvio que el camino sugerido aquí es de difícil realización, y es innecesario enumerar los obstáculos que surgirían—protagonismos, preferencia por cabeza de ratón sobre cola de león, historia de disgustos interpersonales—, pero la hora lo exige. Fue Nelson Mandela quien dijera, en tiempos aun más duros: “Siempre parece imposible hasta que se hace”. (It always seems impossible until it’s done).

La hora lo exige, y es de temer que la benéfica iniciativa de la Mesa de Unidad no sea suficiente ante el avasallamiento político más procaz y ventajista que el país haya visto. El 4 de junio de este año se escribía aquí (#334): “Sería necesaria mucha valentía y una elevación grande, en nuestros políticos convencionales, para lograr lo que se necesita a partir de una metamorfosis de lo existente. Pero ¿quién sabe? A lo mejor el aprendizaje de diez años de sobresaltos y desafueros, de ineficacia y de fracaso, ha puesto las conciencias políticas a punto de caramelo”.

Quien sea lector habitual de esta carta sabe que desde ella se ha predicado la emergencia de una nueva especie política: una organización transideológica—post-ideológica, diría Tony Blair—de código genético distinto al de un partido convencional. Pareciera entonces un contrasentido que ahora proponga la fusión de dos raíces ideológicas diferentes. No es tal; en la conjugación de estos componentes diversos pero afines puede estar la mayor facilidad, precisamente, para dejar atrás lo ideológico y asumir un paradigma clínico de la política.

También, la fusión sugerida sería una sorpresa política de marca mayor, y ya es hora de que las sorpresas dejen de ser monopolio del gobierno que nos invade y atropella.

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Si ahora hay, luego del descalabro del 16 de diciembre que siguió al fracaso del 7 de octubre, llamados al examen de conciencia—Ramón Guillermo Aveledo: “Todos los partidos tienen que reflexionar, es nuestra obligación”—, sería lo serio que la Mesa de la Unidad Democrática abriera una instancia de pensamiento concienzudo, que no esté limitado por las cajas perceptuales acostumbradas. El examen debe ser radical, pues la cosa no es la de meramente verificar el nivel táctico o procedimental. Es necesaria una lógica de presupuesto de base cero:

Fue bajo el Secretario de Defensa de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, el genio ejecutivo Robert Strange McNamara, que se introdujera el concepto de “presupuesto de base cero” (zero-base budgeting) al seno de la administración pública de los Estados Unidos. Formaba parte de un conjunto de métodos para la planificación y la toma de decisiones que Charles Hitch, el Contralor del Departamento de Defensa, instauró bajo instrucciones de McNamara. (PPBS, Programming, Planning and Budgeting System. Johnson ordenó su extensión al resto de la administración federal). Era algo así como lo siguiente: el comandante de la Sexta Flota llegaba al Departamento de Defensa para entrevistarse con el jefe, a quien decía como estaba acostumbrado: “Señor Secretario: he aquí el presupuesto de la Sexta Flota para 1961. El incremento respecto del año anterior es de sólo siete por ciento. Permítame explicar esa diferencia”. Pero McNamara interrumpía y contestaba: “No, Almirante. Lo que necesito que me explique en su integridad es todo el gasto de la Sexta Flota. Quiero que me lo justifique por entero, desde cero. Podemos empezar por esto: ¿para qué se necesita la Sexta Flota? ¿No podríamos obtener lo que ella logra con algo distinto y mejor?”

Zero-base. Back to basics. Square one. El ABC, la cartilla. Por ese procedimiento, McNamara forzaba a toda unidad significativa del aparato militar estadounidense a reflexionar sobre su propia existencia. Y ésa es la misma pregunta que la Nación debe hacerle a la política. Inocentemente, frescamente ¿para qué es necesaria la política? (Política elemental, 1º de febrero de 2007).

Es hasta ese nivel elemental que una reflexión responsable de la Mesa de la Unidad Democrática debiera llegar. Ella, y los partidos que la componen, deben saber que su esencia ha sido sobrepasada por los hechos, que si no emprenden una metamorfosis radical, creadora de una organización política cualitativamente distinta, se verán reducidos a la insignificancia. En particular, una reflexión de esa clase debe prohibirse a sí misma que su propósito sea la derrota de Hugo Chávez y el chavismo. Tiene que definirse con fines que tendrían sentido aun si Chávez no hubiera existido.
(El 23 de los corrientes, en un artículo mayormente lúcido en El Nuevo País—Los resultados del 16D—, Henry Ramos Allup reitera el error de óptica, la falla de origen de la MUD: «Las dos derrotas electorales sufridas por la Oposición hay que analizarlas con responsabilidad, lo cual supone apartar explicaciones acomodaticias o dirigidas a echarle la culpa al otro, no importa a quien perjudique si nos lleva al objetivo de derrotar al Gobierno»).

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Cuando se dibujaba, en febrero de 1985, una organización política de otra especie, proveniente de una mutación conceptual, de una revolución mental—“…la actual crisis política venezolana no es una que vaya a ser resuelta sin una catástrofe mental que comience por una sustitución radical de las ideas y concepciones de lo político»—, se explicaba acerca de su composición:

Los miembros de la Sociedad Política de Venezuela serán todas aquellas personas que manifiesten el deseo de serlo, conozcan su normativa y consientan en acatarla. En particular, no obstará para ser miembro de la Sociedad Política de Venezuela que una persona sea miembro de algún partido, del mismo modo que no se impedirá la entrada por razones de religión, sexo, raza, edad o cualquier otro criterio similar. Las ideologías son expresión de valores como lo son las posturas religiosas. Las diferencias ideológicas y prácticas entre los partidos venezolanos se han ido atenuando hasta el punto de que constituyen ofertas poco distinguibles, fenómeno que conocen y comentan aun algunos líderes de tales organizaciones. (Proyecto: La Sociedad Política de Venezuela, 8 de febrero de 1985).

Más adelante (7 de mayo de 1985), tuve oportunidad de comentar en notas al proyecto de febrero:

Por último, participo del criterio expuesto por Diego Bautista Urbaneja en uno de sus recientes artículos: estamos en deuda con los actores políticos tradicionales. De mis notas al trabajo de febrero, la número 18 dice así:

“18. Los actores políticos tradicionales, por supuesto, han aportado muy importantes y beneficiosas transformaciones al desarrollo político nacional. Para empezar, la implantación misma de las más elementales nociones del juego democrático. Nuestro análisis no descalifica a los partidos tradicionales por un inventario de su actual negatividad, sino por la insuficiencia de su positividad. Sin embargo, es posible encontrar dentro de los planteamientos que circulan por los partidos venezolanos algunas ideas positivas, sobre todo ahora cuando han sentido la presión de la desfavorable opinión pública sobre ellos”.

Por esto creo que nuevamente debe intentarse que los actores políticos tradicionales den un salto, se aproximen a un nuevo paradigma, introduzcan cambios netos significativos.

La deliberación constructiva que propongo debe partir de esta premisa: cualquier intento de preservar el modelo federativo de la MUD estará condenado al fracaso. La gente de AD, Primero Justicia, COPEI, Un Nuevo Tiempo, etcétera, deberá entender que estos partidos deben desaparecer para dar origen a una organización radicalmente novedosa; la propia Mesa de la Unidad Democrática, por tanto, dejaría de existir, al no quedar nadie que federar.

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El día que debió acabarse el mundo escribí en este blog: «…por última vez recomendaré esta Navidad, a los partidos (…), un curso de acción que aproveche la considerable experiencia política de sus muchos dirigentes buenos».

La experiencia es útil

La experiencia es útil (clic amplía)

En efecto, creo que las formaciones agrupadas en la MUD acumulan un considerable capital de experiencia y vocación política. Pero ese capital está encarnado en personas concretas; son ellas y no las organizaciones lo que hay que preservar. Quien escribe respeta y aprecia, por ejemplo, la sabiduría que se expresa en la serenidad y el tino diplomático de Ramón Guillermo Aveledo, la sinceridad de Henry Ramos Allup, el compromiso con la verdad de Eduardo Fernández, la valentía democrática de Julio Borges, la bondad de Henri Falcón o la seriedad de Arístides Hospedales.

Pero todos ellos están atados por las cadenas ideológicas, y por la superstición de que lo único posible es la lucha por el poder. A ellos les propongo que se fajen a construir una organización transideológica, diseñada más allá y por encima de Chávez, dedicada a la suprema labor política: la de resolver, del modo más responsable posible, los problemas públicos del país y sus divisiones territoriales. Pudiera ser su propósito el siguiente:

La Asociación tiene por objeto facilitar la emergencia de actores idóneos para un mejor desempeño de las funciones públicas y el de llevar a cabo operaciones que transformen la estructura y la dinámica de los procesos públicos nacionales a fin de: 1. Contribuir al enriquecimiento de la cultura y capacidad ciudadana del público en general y especialmente de personas con vocación pública; 2. Procurar la modernización y profesionalización del proceso de formación de las políticas públicas; 3. Estimular un acrecentamiento de la democracia en dirección de límites que la tecnología le permite; 4. Aumentar la significación y la participación de la sociedad venezolana en los nuevos procesos civilizatorios del mundo. (Proyecto de Acta Constitutiva de la Sociedad Política de Venezuela).

En esos fines no hay nada ideológico; tampoco se trata de una intención antipolítica. Por lo contrario, hay en ellos la voluntad de hacer la política que hoy es posible; no se trata de no hacer política, sino de hacerla bien hecha. Esto es una tarea separada de las decisiones que deben atender la actual coyuntura, que lleva entre otras cosas el germen de una nueva elección presidencial. Ya en Lo que hay que hacer (2 de abril de 2009), distinguía el problema de una organización de futuro de «la lidia cotidiana con el atropello gubernamental, la necesidad de contenerlo»:

Es desarrollo conceptual fundamentalmente venezolano que el nuevo paradigma político, que sustituirá al prevaleciente, es de carácter clínico, y su aceptación está a punto, pues se percibe con claridad una reciente y creciente emergencia de su postulado fundamental y sencillo: que la Política sólo cobra sentido como el oficio de resolver los problemas de carácter público.

Pero la expresión efectiva de un paradigma político se lleva a cabo mediante el vehículo de una organización que lo practique y difunda. Es la construcción de una organización que porte y difunda ese paradigma la tarea política más importante del nivel estratégico.

Por mencionar un caso especialmente auspicioso de activo diseño, en la actualidad progresa, en labor de ingeniería genética, el desarrollo de una opción para la organización requerida. Las siguientes son algunas entre las hipótesis fundamentales que guían este desarrollo:

1. La organización no es un partido político convencional definido por una ideología, ni nace para oponerse o desplazar a los partidos. Se rige por una metodología y pueden pertenecer a ella miembros de partidos.

2. La organización no lo es de organizaciones, sino de ciudadanos.

3. La organización no se define como instrumento de la “comunidad opositora”, y su apelación universal pretende ayudar a subsanar el problema de un país dividido.

4. La misión fundamental de la organización es de la elevar la cultura política de la ciudadanía en general, y la de formar a personas con vocación pública en el arte de resolver problemas de carácter público, esto es, en Política.

5. La organización establecerá una unidad de desarrollo de políticas públicas (think tank), a ser sometidas a la consulta más amplia posible.

6. La organización facilitará la emergencia de actores idóneos para el ejercicio de las funciones públicas.

Cuando eso se escribiera, parecía que hablaba en serio un importante político venezolano que llegara a la conclusión de que con las organizaciones de la MUD, con ella misma, «no se iba p’al baile». Luego quiso crear una nueva organización política con «gente nueva», como ¡Luis Miquilena!

Cumplo de esta manera mi ofrecimiento de un aguinaldo a la MUD, habitada por animales políticos con muchas cualidades. Tal vez se nieguen a discutir estas ideas, con la fórmula habitual de considerarlas románticas y decir que así no se hace política. Entonces me ocuparía de emitir clínicamente un parte de desahucio, como anticipo de una definitiva acta de defunción. LEA

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Para descargar esta entrada en formato .pdf: MUD, MUD, MUD

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La ruina de los jugadores

De la portada del diario Ciudad Ccs

De la portada del diario Ciudad Ccs

 

The term gambler’s ruin is used for a number of related statistical ideas: The original meaning is that a gambler who raises his bet to a fixed fraction of bankroll when he wins, but does not reduce it when he loses, will eventually go broke, even if he has a positive expected value on each bet. Another common meaning is that a gambler with finite wealth, playing a fair game (that is, each bet has expected value zero to both sides) will eventually go broke against an opponent with infinite wealth. (…) The most common use of the term today is for the unsurprising idea that a gambler playing a negative expected value game will eventually go broke, regardless of betting system.

Wikipedia

Quizás sea una explicación de tan marcado y reiterado fracaso el asunto de los tabiques que encierran la percepción y el pensamiento de la oposición. El chavismo es muy pernicioso, pero no por ese mismo hecho convierte en buenos a sus opositores; a ambos hay que dejarlos atrás.

Glosa aureliana, 23 de julio de 2012

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Dos gobernaciones en 2004, cinco en 2008, tres en 2012 para la oposición. De estas últimas, dos recayeron en disidentes del chavismo ligados en un tiempo a Patria Para Todos. Lara, en manos de Henri Falcón, que decía a Hernán Lugo-Galicia (El Nacional, 2 de mayo de 2010) cuando comenzaba su separación de Chávez: «Creo en la democracia, en un socialismo ético y productivo y en la Constitución». Al mismo periodista, que le preguntó si era revolucionario, contestó: «Soy un ciudadano convencido de la necesidad de cambios estructurales. Una revolución es para construir, no para destruir. (…) No lo digo sólo yo. Lo dijo también, por citar un caso, Salvador Allende en 1970, al asumir la Presidencia de Chile». (¿Será uno de sus héroes o modelos?) Amazonas, que dio al PPT en 2010 las únicas diputaciones que consiguiera ese partido, eligió a Liborio Guarulla, líder regional de la etnia baniva que forma parte del Movimiento Progresista de Venezuela, una formación política que contribuyó 0,7% de la votación del 7 de octubre por Henrique Capriles Radonski. (Constituida por ex militantes del PPT y Podemos, es decir, antiguos constituyentes del Polo Patriótico). Sólo Capriles es originalmente opositor, destacado miembro de Primero Justicia, un partido «centro-humanista». Nada para la derecha, pues. Guarulla, Falcón y Capriles son tres gobernadores en ejercicio que preservaron sus cargos. César Pérez Vivas, Henrique Salas Feo, Morel Rodríguez y Pablo Pérez, cuatro que los perdieron.

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Ha sido vergonzosamente derrotada la Mesa de la Unidad Democrática. Nada puede ocultar la escala y extensión del triunfo rojo, ciertamente no las quejas sobre la oportunidad de las elecciones—Carlos Ocariz: «Muy mala fecha; estamos a ocho días de Nochebuena»—o las consabidas del ventajismo. Ramón Guillermo Aveledo concluye: «Todos los partidos tienen que reflexionar, es nuestra obligación”. Quienes deben estar reflexionando son los factores financieros de la oposición: han venido botando plata sistemáticamente desde 1998; tal vez hoy barrunten que será mejor que la coloquen en opciones verdaderamente nuevas; a los dirigentes de la MUD les sale adquirir lo que Rafael López-Pedraza llamó conciencia de fracaso.

En sí mismo, el concepto de la MUD es perdedor, puesto que repite mantras opositores mineralizados que se han demostrado consistentemente ineficaces: «Somos oposición», «La unidad opositora es necesaria para vencer», «Se necesita una organización de organizaciones». Ante tales conceptos estratégicos, el chavismo ha ganado todas las confrontaciones electorales desde 1998 salvo el referendo de 2007, que perdió por la marcada abstención de sus simpatizantes habituales.

No se necesita una organización de organizaciones, un «movimiento de movimientos»; se necesita una organización o movimiento de ciudadanos, y no hay partido viejo (AD, COPEI) o invento político—Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo—que pertenezcan a la MUD e insistan en su independencia que hayan podido entusiasmar a suficientes electores o superar al Partido Socialista Unido de Venezuela. El Instituto Venezolano de Análisis de Datos midió acerca de la afiliación o simpatía partidista en marzo de este año: el total de los partidos de oposición sumó 24,3%, mientras se registraba 28,2% de electores que no se pronunciaban por ningún partido y 3,8% de gente que no sabía o no respondió. Los electores no afiliados superaban a todas las fuerzas de la MUD al mes de sus primarias.

No es, pues, la unidad de partidos opositores, de los que el más fuerte lograba atraer en marzo a sólo 7,1% de las simpatías políticas, la fórmula ganadora. (¿Unir a “la oposición”, cuando la mitad de la nación no le está afiliada, sería la estrategia adecuada? Tal vez, pero la tarea política profunda es la de unir a ese país dividido. Principal virtud, 19 de febrero de 2009).

Lo que siempre ha hecho falta es una oferta política que deje atrás, claramente en la obsolescencia, al chavismo y a su oposición. Ella tiene que ser una idea que trascienda a toda ideología, una oferta transideológica. («…este nuevo desafío, el de una sociedad que al cabo no se reconoce en ninguna de las tribus políticas tradicionales: izquierda, centro o derecha…» Carlos Fuentes, en artículo publicado el día de su muerte).

El discurso requerido debe apagar el incendio por asfixia, cubriendo las llamas con una cobija. Su eficacia dependerá de que ocurra a un nivel superior, desde el que sea posible una lectura clínica, desapasionada de las ejecutorias de Chávez, capaz incluso de encontrar en ellas una que otra cosa buena y adquirir de ese modo autoridad moral. Lo que no funcionará es “negarle a Chávez hasta el agua”, como se recomienda en muchos predios. Dicho de otra manera, desde un metalenguaje político es posible referirse al chavismo clínicamente, sin necesidad de asumir una animosidad y una violencia de signo contrario, lo que en todo caso no hace otra cosa que contaminarse de lo peor de sus más radicales exponentes. Es preciso, por tanto, realizar una tarea de educación política del pueblo, una labor de desmontaje argumental del discurso del gobierno, no para regresar a la crisis de insuficiencia política que trajo la anticrisis de ese gobierno, sino para superar a ambos mediante el salto a un paradigma político de mayor evolución. (Retrato hablado, 30 de octubre de 2008).

La proposición del chavismo es decimonónica, incorrecta, perniciosa, pero estos rasgos no convierten a la de la MUD, que se reduce a la negación de Chávez—«La política suele hacer extraños compañeros de cama. Hoy compartimos propósitos, no ideales ni visiones”, Henry Ramos Allup, entrevista del diario Ciudad Ccs, 9 de marzo de 2011, en una proposición acertada o viable.

El anacrónico experimento de Chávez representa los últimos estertores—imagen de Eduardo Fernández—de una política vieja que agoniza. Es la política del poder, que él lleva a su exacerbación; es la autodefinición política sobre un eje izquierda-derecha que ya no existe, a pesar del último pataleo de Bernard Henri-Lévy. (Left in Dark Times, 2008). Pero es la muerte de gigantes,* sin los que nunca hubiéramos divisado la tierra prometida. Como tales ¿por qué tendrían que sentirse mal por haber sido enormes e indispensables? Ellos construyeron las posibilidades que hoy tenemos. No se justifica entonces que entorpezcan el progreso, pretendiendo que lo que hacen, cada vez de eficacia menor, es lo único posible. Nos deben la libertad de crear, como ellos mismos en su momento lo hicieron, una cosa distinta. (Principal virtud).

El lunes 23 de febrero de 2009, ocho días después de que la oposición perdiera el referendo sobre la enmienda constitucional que permitió la reelección indefinida, el nombrado Eduardo Fernández hablaba a una venerable peña caraqueña en estos términos: «Yo estaba preparado para decir al presidente Chávez en la noche del 15 de febrero: ‘Ud. perdió, Renuncie’. Pero él no perdió; entonces, ¿a quién le pido la renuncia?» Agradezcamos a los viejos partidos lo que han contribuido a nuestra democracia, reconozcamos a Primero Justicia y a Un Nuevo Tiempo—y a otros menores inventos—la gallardía de su lucha, pero es hora de exigirles que se aparten. No más MUD.

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Hoy editorializa Analítica.com:

Pero tal vez lo más importante de la jornada es haber recuperado el liderazgo nacional de Henrique Capriles Radonski quien dio un salto mortal después de perder el 7/0 y no sólo salió ileso sino que venció al que fuera, hasta hace poco, el todopoderoso Vicepresidente de Chávez y al que se le había encomendado la tarea de vaporizar al que tuvo la osadía de desafiar y casi vencer al Comandante Supremo. (…) El juego está abierto y todo puede pasar ya que Chávez parece que ya no será parte de la  ecuación. El triunfo de ayer de Capriles es el resultado  de un enfrentamiento en el que daban por descontado el doble play, al poner en juego a favor de Jaua todos  los recursos del Estado. Es además una prueba de la tenacidad y sagacidad de este joven líder que supo asumir su riesgo con valentía para  demostrar, venciendo, que sigue existiendo un mejor camino para Venezuela.

Con algo más de vergüenza escribe Roberto Giusti: «La debacle sufrida por la oposición sólo tiene un atenuante: el triunfo de Henrique Capriles y eso es así por las circunstancias singulares que vive el país ante la enfermedad del Presidente Hugo Chávez». Esto es, se insiste tercamente en reiterar un protocolo que lleva a la ruina de los jugadores.

Vistos por un Gato

Vistos por un Gato

Ayer me insinuaba el Chamán del Guaraira Repano que la dupla Capriles-Falcón pudiera ser una amenaza seria a la candidatura de Nicolás Maduro. (Quien ha trabajado ese pacto a dos, por cierto, no es Capriles sino Leopoldo López). Por primera vez, creo que este arúspice está equivocado como lo está Giusti y, sobre todo, como lo está mucho Analítica. Los triunfos locales no son trasladables al teatro nacional. (A veces, ni siquiera al mismo teatro local. En las elecciones parlamentarias de 2010, como se apuntó, el PPT pudo obtener dos diputados en Amazonas, pero Henri Falcón, afiliado entonces a ese partido, no pudo colocar ninguno por Lara). Capriles conservó ayer la gobernación de Miranda, pero no es este estado el único que vota en una elección presidencial y, con excepción suya y de Amazonas y Lara, el chavismo arrasó con todo lo demás a escala nacional.

Capriles conservó ayer la Gobernación de Miranda, con 50,35% de los votos. (En 2008 había obtenido el apoyo de 53,13% de los electores). El resultado es un avance de 0,84% respecto del 7 de octubre, cuando sólo obtuvo 49,51% de la voluntad mirandina. El mismo estado que lo ha reelegido como gobernador no creyó mayoritariamente que merecía la Presidencia dos meses y nueve días antes. Perdió nacionalmente esa elección por 11 puntos. (Dicho sea de paso: los vectores son entidades matemáticas que poseen tanto magnitud como dirección, e IVAD acertó en la dirección pero erró grandemente en magnitud; adjudicaba a Capriles una ventaja de 28,8% sobre Elías Jaua; Hinterlaces no estuvo tan errado en magnitud pero sí radicalmente equivocada en dirección, pues le adjudicaba a Jaua una ventaja de cinco puntos sobre Capriles. Ver en este blog Schemel, paisajista).

Pero el problema de fondo es que Capriles es, en contra de la opinión supersticiosa de muchos votantes de oposición, un pobre político. El 13 de diciembre clausuraba en Los Teques su más reciente campaña; entonces, cuando la psiquis nacional se concentraba en la lucha de Hugo Chávez contra la muerte, no se le ocurrió algo mejor que decir: «Por Miranda y por Venezuela me juego la vida». Ayer ofreció, luego de votar, esta declaración inmortal: “No hay nada que dé más placer que mostrar el dedo con la tinta y sobre todo que le den a uno el chiquito». Estas torpezas, imitación de Chávez hasta en la procacidad, son evidencia clarísima de que los procesos mentales de Capriles son harto deficientes, y de que la Mesa de la Unidad Democrática fue incapaz de poner en juego, no ya una contrafigura eficaz en la elección presidencial, sino alguien que tuviera dos dedos de frente. No más Capriles.

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Es necesario salirse de la caja opositora. Es urgente abandonar la holgazanería estratégica que deja a la MUD—y dejó a la fracasada Coordinadora Democrática, su madre, y antes a las candidaturas erróneas de Manuel Rosales y Henrique Salas Römer—la tarea para la que se ha mostrado como incompetente. El 8 de octubre, la revista TIME analizaba el triunfo de Chávez diciendo: «…el hecho de que la mayoría no lo rechazara habla menos del duro ventajismo de Chávez que del persistente fracaso de la oposición en ofrecer una alternativa convincente». Dos meses después (10 de diciembre), al comentar la posibilidad de la falta absoluta del Presidente de la República, ponía en duda que la oposición supiera aprovechar el vacío calificándola con el adjetivo feckless: carente de iniciativa o fortaleza de carácter; irresponsable. (Lacking initiative or strength of character; irresponsible. Oxford American Dictionaries).

Quienes han venido apoyando con admirables constancia y lealtad a la esclerosada dirigencia opositora se encuentran hoy al borde de la ruina; deben jugar otro juego, apostar a cosas distintas. LEA

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*Antes, como epígrafe al texto, se había citado la frase de Isaac Newton: «Si vi más lejos fue porque me subí sobre los hombros de gigantes». (If I have seen further it is by standing on ye sholders of Giants. [sic]. En carta a Robert Hooke, del 5 de febrero de 1676). Con esto se quería reconocer el inmenso aporte de unos políticos que ya no dan más, pero un día nos dieron lo que tenemos.

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APÉNDICE: El cuadro de abajo reúne los datos de la votación por estados de los mayores partidos de la oposición. De izquierda a derecha, se ha ordenado decrecientemente a los partidos por votación total en el país. Las cifras en rojo corresponden a la mayor votación en un estado de cada partido, en naranja la segunda mayor. Voluntad Popular ha superado por pocos votos a COPEI, colocándose como la cuarta de las organizaciones opositoras. Seis partidos obtuvieron su primera o segunda votación en el estado Miranda, cuatro en Lara y tres en Zulia.

MUD - Estados y partidos

MUD – Estados y partidos (clic para ampliar)

 

En 2012, Primero Justicia ha obtenido 27.315 votos más que URD ¡en 1958! URD obtuvo entonces el segundo lugar; Acción Democrática, para elegir a Rómulo Betancourt a la caída de Pérez Jiménez, obtuvo 1.284.092, o 353.298 más que PJ hoy, cincuenta y cuatro años después. ¡Y eso que entonces el registro electoral era de 2.913.801 ciudadanos! (El de ahora es de 18.903.143, lo que significa que PJ recibió el 16 de diciembre el equivalente de 4,92% de los votantes inscritos). La sola ventaja de AD le sacó a PJ hace 54 años es superior a la votación total de Voluntad Popular y a la de COPEI. Su votación total de aquel año supera la que el mismo partido obtuvo el 16 de diciembre por 782.456 votos. Eran tiempos mejores.

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Para descargar esta entrada en formato .pdf: La ruina de los jugadores

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La torta

La torta de la oposición

 

Bote salvavidas: Lancha que sirve para que se ahoguen juntos los que se iban a ahogar por separado.

Enrique Jardiel Poncela – Para leer mientras sube el ascensor

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No hay democracia sin partidos, repetía Ramón Guillermo Aveledo el 6 de octubre para la web de El Nacional y su originalísima sentencia era rebotada, con entusiasmo, en el espacio virtual por frenéticos tuits de esa misma fecha. A juzgar por ese concepto, la Mesa de la Unidad Democrática hace honor a su nombre, pues son más o menos treinta partidos sus miembros; es mucha democracia.

Para la elección del 7 de octubre, no todos los partidos—algunos entran y salen, otros se fusionan o cambian el nombre—fueron con tarjeta propia. Los venerables AD y COPEI, por ejemplo, así como Proyecto Salas Gallo-Pollo (perdón, Proyecto Venezuela), optaron por no exponerse al conteo y decidieron «ir con» la tarjeta MUD Unidad. Otros han añadido la palabra o el concepto de unidad a sus denominaciones: Unidad para Venezuela, MIN Unidad, Unidos Visión Venezuela, Unidad DR, Unidad NOE. (En la lista oficial de la MUD aparece también el vetusto nombre de Unión Republicana Democrática). Muchos fueron los que quisieron montarse en el bote salvavidas, en el autobús del progreso.

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He aquí una tabla que registra el desempeño de las distintas tarjetas el pasado domingo:

Votación para Capriles Radonski por tarjetas

(Los votos reportados luego para Capriles Radonski fueron 6.499.575, vs. 8.136.637 para Chávez Frías. La proporción de las distintas tarjetas de la MUD no varía sustancialmente).

 

Resulta claro que Primero Justicia alcanzó su objetivo: siendo que el candidato de la MUD es miembro suyo, quiso ir con tarjeta propia para medirse y emerger, circunstancialmente, como el «primer partido de la oposición». Esa jugada era, obviamente, un tiro al piso. La gran mayoría de los votantes sabe que Capriles es un primojusticiero, y era natural que una buena cantidad de los votos a su favor desaguara por el canal de su partido. PJ—Primero Julio, al decir de Leopoldo López y Ramón José Medina—estuvo muy cerca de la votación por la tarjeta unitaria y diez puntos por encima de Un Nuevo Tiempo, que es porcentualmente la ventaja que Chávez obtuvo sobre su contendor. (Ahora se razona que esa diferencia es un gran progreso del autobús respecto de la elección de 2006—cuando Chávez superó a Rosales por 26 puntos—, y que la pérdida no fue por mucho; los estrategas zulianos pudieran aducir lo mismo en esto de determinar cuál es el principal partido de la oposición. Ya lo harán).

Las tres primeras tarjetas (MUD, PJ, UNT) representaron el 80% (79,8%) de la votación a favor de Capriles. Si se considera las cinco primeras, añadiendo el «popular» partido de Leopoldo López—ex Primero Justicia, ex Un Nuevo Tiempo—y Avanzada Progresista, refugio de los ex chavistas Ismael García, Henri Falcón, el «Gato» Briceño y algunos ex adecos y otros izquierdistas menores, se alcanza 90,9% de los votos de la oposición. Así se repartió la torta, y ya Moverse no puede moverse más, porque llegó en el último lugar.

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Las reacciones dignas en el mundo opositor llaman a no rendirse; así razonan los dirigentes de la MUD y el candidato mismo, tanto Julio Borges como Teodoro Petkoff: que Chávez tiene a «la mitad del país en contra», que el vaso está medio lleno. No alcanzan al obvio corolario: que Capriles tiene más de la mitad de la población en contra. Y ahora se escucha lo mismo que se decía tras la elección presidencial de 2006, cuando se creyó que Rosales era el líder que a la oposición le faltaba. (Ver la Lectura recomendada de esta semana en este blog: Medio líder). Ahora se cree haber encontrado esa figura en Capriles, sobre todo porque tuvo un desempeño mejor que el del zuliano. Si éste no ganó en ningún estado del país (sólo en el municipio Maracaibo), Capriles superó a Chávez en Mérida y Táchira, que eran los únicos estados—más Trujillo—donde COPEI, fundado en 1946, ganaba tradicionalmente con la afluencia del gomecismo (hegemonía andina) desplazado por la revolución protagonizada por militares y Acción Democrática en 1945. Son cosas que se han dicho antes: luego del revocatorio de 2004, la elección de gobernadores en 2008 y la minoría en la Asamblea Nacional en 2010. La MUD casi que celebra, como aquel entusiasmado argentino luego de la Guerra de las Malvinas: «¡Che, quedamos subcampeones!»

El precursor en su carraca

Ahora bien, como Manuel Rosales, Capriles tendría que ejercer el tal liderazgo de la oposición en el tiempo que le dejaría el ejercicio de la Gobernación del Estado Miranda (¿medio tiempo?), si es que gana la elección decembrina en la que ha decidido participar 72 horas después de cesar como candidato presidencial. Tendrá por competidor a Elías Jaua, en un estado que se suponía suyo y en el que no pudo ganarle a Hugo Chávez, quien lo superó por unos siete mil votos. A comienzos de 2007, cuando una buena parte de opositores entendidos creía con fe de bretona que Rosales era ese líder que la oposición «tanto había buscado», el Dr. Ramón J. Velásquez mostró su molestia por la nueva candidatura del zuliano a la Alcaldía de Maracaibo. (El segundo parágrafo del Artículo 160 de la Constitución especificaba entonces que los gobernadores en ejercicio sólo podían presentarse una vez a la reelección, y Rosales ya había sido reelecto el 31 de octubre de 2004). El ex Presidente dijo a una reunión de una fracción de aquellos entendidos: «¿No y que era un líder nacional? ¿Cómo es eso de refugiarse en una alcaldía? ¡Jefe es jefe!» Capriles sigue los pasos de Rosales con su mismo justificativo: Más vale pájaro en mano que cien volando. (En realidad treinta, el número de partidos que componen la MUD). El franciscanismo de Capriles no llega hasta prescindir así como así del presupuesto del estado Miranda.

¿No es una de las críticas que se hace a Hugo Chávez que además de su cargo público ejerce muy activamente la jefatura del oficialismo como Presidente del PSUV?

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Un automatismo que no deja de ser conmovedor postula que «lo que hay que hacer», «lo que tenemos que hacer», es preservar el «capital político» obtenido el 7 de octubre. Esto es una ilusión de base lingüística: la mera conjunción del sustantivo capital y el adjetivo político. Ese capital fue gastado íntegramente el domingo pasado; Chávez no tiene un «capital» de ocho millones de votos ni Capriles uno de seis millones y medio. (Como no tenía siquiera el capital de 53,11% de electores mirandinos que lo eligieron en 2008; el domingo obtuvo el apoyo de 49,51%). En cada campaña hay que empezar de nuevo; la conciencia de la gente no es un mineral cristalizado para siempre. Y la primera persona del plural en «tenemos» se refiere, por supuesto, a quienes se definen como antichavistas. Esta gente alienada (fuera de sí, referida a algo externo y no a sí misma, sin sustancia propia) puede conformarse con el liderazgo del «Flaco»—como hay innumerables referencias en Twitter y Facebook a Capriles Radonski—por el mero hecho de que él no es Chávez, pero la cosa no será tan fácil en el seno de la central opositora. Dicho sea de paso, en una de sus ineficaces imitaciones de Chávez, Capriles adquirió la costumbre de referirse a él mismo en tercera persona, y hablaba en su mítines del «Flaco» y de «Capriles» o «Capriles Radonski». David Owen anotó como uno de los rasgos de lo que llamó enfermedad hibrística la «tendencia a hablar de sí mismos en tercera persona o con el plural mayestático». (In Sickness and in Power, 2008).

Tampoco se acerca la aprobación de la oposición organizada al volumen de votos obtenidos por Capriles el 7 de octubre. En la cuarta semana de septiembre, Datanálisis levantó los datos de su Tracking telefónico nacional; en el rubro de autodefinición política encontró un 42% de entrevistados que se identificaban con el oficialismo o chavismo—menos que el 54% que terminó sufragando por Chávez—y sólo 17,6% que lo hacían con la oposición o el antichavismo; 33,4% se denominó Ni-Ni y 7% no supo o no contestó. Claro que Datanálisis no es la encuestadora favorita de los opositores, aquella que habló primero de «empate técnico» y luego, para el 2 de octubre, de la victoria de Capriles por 4,6% de ventaja. («Alguien está mintiendo». Saúl Cabrera, Vicepresidente de Consultores 21). Los votos por Capriles no son de la Mesa de la Unidad Democrática.

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Una cosa es el liderazgo del capriloradonskismo y otra muy distinta el de los factores formales de oposición, reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática. Esta organización de organizaciones o «movimiento de movimientos»—lo que se necesita es una organización de ciudadanos—dista mucho de ser un movimiento homogéneo. En famosa entrevista a Ciudad Ccs—un diario al que también han concedido sus declaraciones Julio Borges y Eduardo Fernández, entre otros opositores—dijo Henry Ramos Allup (9 de marzo de 2011): «Bueno, la política suele hacer extraños compañeros de cama. Hoy compartimos propósitos, no ideales ni visiones».

La cosa está entre Ramones

Por otra parte, la MUD misma, su secretaría, es objeto de competencia. Ya se comenta que Ramón José Medina buscará postularse como sucesor de Ramón Guillermo Aveledo, y ésta sería sólo una de las luchas internas en su seno. No todos querrán admitir a Capriles como líder único de la oposición, y más de uno querrá ser candidato presidencial en 2018 o aun antes, si es que una incapacitación de Chávez da paso a una nueva elección según lo contemplado en el Artículo 233 de la Constitución: «Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. (…) Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes».

Pero peor aún es que la MUD no ha logrado desprenderse de su imagen de vieja política, por más que Capriles dijera en su campaña que la había superado. La MUD es hija de la extinta Coordinadora Democrática, a juzgar por su composición:

Mapas genéticos de madre e hija única y heredera

 

El 60% de las organizaciones que componían la Coordinadora Democrática forma ahora parte de la Mesa de la Unidad Democrática; en cualquier caso, sus miembros más importantes y vocales: Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, COPEI, Movimiento al Socialismo, La Causa R, Proyecto Venezuela. Entre las que estaban y no están han desaparecido algunas; otras han cambiado de nombre o se han fundido, y entre las que están y no estaban hay un buen número que no existía cuando se despachaba los asuntos de la oposición desde la quinta Unidad en la popular y populosa barriada de Campo Alegre.

Cuatro días después del referendo revocatorio de 2004, la Carta Semanal #100 de doctorpolítico estableció un símil que precedía a una conclusión:

Si tuviéramos, Dios no lo permita, un pariente con tan grave dolencia que ameritara la atención de toda una junta médica; si este cuerpo de facultativos intentase primero una cierta terapéutica y con ella provoca a nuestro familiar un paro cardiaco; si a continuación prescribe un segundo tratamiento que le causa una crisis renal aguda; si, finalmente, aplica aún una tercera prescripción que desencadena en nuestro deudo un accidente cerebro-vascular, con toda seguridad no le querremos más como médicos.

Y ésta es la estructura del problema con la Coordinadora Democrática. La constelación que se formó alrededor de ella, no sin méritos que hemos reconocido, nos llevó primero a la tragedia de abril de 2002, luego a la sangría suicida del paro, finalmente a la enervante derrota del revocatorio. (Para no agregar al inventario una nutrida colección de derrotas menores). No hay vuelta de hoja. No podemos atender más nunca a esa dirigencia.

La hija y heredera de aquella otra organización de organizaciones, que no de ciudadanos, ha vuelto a fracasar. La misma dirigencia que entregó íntegra al gobierno la Asamblea Nacional en 2005 y fue incapaz de obtener una mayoría de curules en la de 2010—tampoco numérica: PSUV 48,13%, MUD 47,22%—, la organización que ni siquiera existía en 2007 cuando el gobierno perdió, fundamentalmente por abstención entre sus filas, el referendo sobre las reformas constitucionales de 2007, la que en el mejor de sus intentos hasta ahora logró cinco de veintitrés gobernaciones en 2008, ha aplicado un nuevo tratamiento que no cura al paciente de su chavoma.

Si la oposición tuvo su mejor desempeño desde 1998 es porque esta vez derrotar a Chávez era más fácil que nunca. Un artículo en TIME Magazine del día siguiente a la elección apuntaba:

Pero los venezolanos tenían más razones que nunca para votar en contra de Chávez en estas elecciones—delitos violentos y rampantes que han significado para el país la tasa más alta de homicidios de América del Sur, la mala gestión económica que ha producido una de las tasas de inflación más altas del mundo, la corrupción oficial que ha comenzado a recordar a los venezolanos la sordidez que Chávez condenara cuando llegó al poder—, y el hecho de que la mayoría no lo rechazara habla menos del duro ventajismo de Chávez que del persistente fracaso de la oposición en ofrecer una alternativa convincente.

Se trata de la misma gente. Es gente, hay que reconocerlo, muy consistente: volvió a poner la torta, aunque haya sido una torta más pequeña. LEA

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Falacia de origen

 

Aitor Muñoz: contraportada, lomo y portada de Las élites culposas (clic amplía)

(Extracto del tercer capítulo de Las Élites Culposas, próximo a aparecer en librerías)

Y es que los arrolladores triunfos del chavismo—elecciones regionales del 8 de noviembre de 1998, elecciones presidenciales del 6 de diciembre, referendo consultivo del 25 de abril de 1999—habían sumido a lo que hasta hace nada gobernaba al país y ahora era muy minoritaria oposición, en una catatonia determinada por la conciencia de culpa y la vergüenza. Hasta fines de 2001 no se levantarían con alguna eficacia las antiguamente poderosas voces de los partidos tradicionales, que en la elección presidencial de 1998 habían obtenido, Acción Democrática, 591.362 votos y, COPEI, 140.792 contra 3.673.685 sufragios a favor de Chávez. Tanto fue el encogimiento catatónico que la mayoría de los candidatos de oposición a la [Constituyente por la] circunscripción nacional, veintinueve en total, se presentó en postulaciones de la “sociedad civil” o por iniciativa propia. Así, por ejemplo, como candidato por iniciativa propia, se postuló ¡Henry Ramos Allup en el estado Apure! Los neo-opositores procuraban evitar, patéticamente, que se les identificara con Acción Democrática o COPEI, pero su disfraz de independientes no engañó a nadie. Luis Herrera Campíns creyó oportuno recomendar: “Compren alpargatas, que lo que viene es joropo”.

Por supuesto, la pregunta fundamental del referendo del 25 de abril había sido la primera: “¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa?”

La interpretación interesada del gobierno era que la asamblea tenía prerrogativas de poder constituyente originario y que, por consiguiente, gozaba de poderes absolutos. De nuevo, la vergüenza de los partidos tradicionales hizo que esencialmente callaran ante esta monstruosidad. La Asamblea Constituyente tenía por única misión redactar el proyecto de una constitución nueva, que no entraría en vigencia hasta que el verdadero Poder Constituyente Originario la aprobara en referendo. Cualquier otra cosa era un retroceso en el reconocimiento de los derechos del pueblo, como había advertido en Contratesis: “Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum”.

Así, lo que era originario no era la asamblea sino el Pueblo, pero a ninguna voz de oposición se le ocurrió hablar así; cogidos por primera vez en el cepo terminológico de la retórica chavista, los opositores burocráticos pensaron que sólo podrían oponer la tesis de que la constituyente no era originaria sino derivada, lo que sonaría mal en un mitin de campaña en cualquier barrio y creyeron, con fundamento, que si lo hacían recibirían pedradas.

Esta abdicación permitió que la Asamblea Constituyente gobernara por decretos que alteraron la “especificación arquitectónica del Estado” contenida en una constitución que aún regía, incluyendo la decapitación del Congreso de la República, al cercenarse la cabeza del Senado en lo que llegaría a llamarse la “Pre-eliminación del Senado”—cuerpo que había sido elegido directamente por los ciudadanos de Venezuela apenas finalizando el año anterior—, antes de que la nueva Constitución entrara en vigencia. Los partidos de oposición continuaron sumidos en el silencio—Henrique Capriles Radonski siguió despachando como Presidente de la Cámara de Diputados como si la cosa no fuera con él—y una escarmentada Corte Suprema de Justicia tampoco opuso resistencia. Sabía que sus días estaban contados.

luis enrique ALCALÁ

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REF #6 – Ahora tiene que consultar

Rafael Caldera habló ante los gobernadores de estado. Según el modo de titular de un matutino caraqueño, les dijo que tendrían que acatar las líneas emanadas de Miraflores. Les dijo muchas otras cosas. Pero de lo que está pendiente el estilo más difundido de mirar a la política, es de lo que huela a confrontación de poderes. Por eso el periódico destacó también un notorio traspié de Rafael Caldera: Caldera expresó ante los gobernadores su “preocupación” por el hecho de que aquéllos habían sido electos en votaciones con un alto grado de abstención, lo que, por supuesto, puede decirse exactamente de la elección del presidente Caldera.

Fue una falla lamentable. Pero fue la única. Cuando Caldera dio a entender a los gobernadores lo que registró el periódico el día siguiente tenía toda la razón, pues no hacía otra cosa que afirmar algo que está claramente establecido en la Constitución de 1961: que un gobernador de estado “además de Jefe del Ejecutivo del Estado es agente del Ejecutivo Nacional en su respectiva circunscripción” (Artículo 21) y que está obligado a “ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones que reciba del Ejecutivo Nacional” (Artículo 23).

Es explicable que pueda existir confusión a este respecto, puesto que una falta de conocimiento de nuestras leyes puede darnos a entender que desde que los gobernadores son nombrados directamente por los electores, son totalmente independientes del Poder Nacional. Esto no es así. La ley que actualmente regula la elección y remoción de los gobernadores es un desarrollo opcional—La ley podrá establecer la forma de elección y remoción de los Gobernadores—del Artículo 22 de la Constitución Nacional, y esa ley no puede, por ser norma de inferior jerarquía, anular o suspender lo previsto en otros dos artículos totalmente separados. En ninguna de las dos enmiendas que ha recibido la Constitución del 61 se ha tocado a los Artículos 21 y 23. De modo, pues, que las disposiciones de ambos artículos están plenamente vigentes y, por tanto, los gobernadores de estado son agentes del Ejecutivo Nacional y deben ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones que reciba del mismo.

 

Maestro del suspenso (de garantías)

Va a ser muy difícil cazar a Rafael Caldera en un error jurídico. No sólo ha sido hasta hoy y desde su carrera summa cum laude un estudioso del Derecho (sus notas alojan la imperfección de una nota de 19 puntos sobre 20, en Derecho Internacional Privado). Caldera no sólo estudió Derecho; Caldera ha hecho y hace Derecho. Por eso es poco práctico pensar que Caldera es derrotable por ante la Corte Suprema de Justicia. Si en algo puede y va a poner cuidado Rafael Caldera es en la constitucionalidad y la legalidad de sus decisiones.

COPEI ha dicho que demandaría ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad, por inconstitucional, del decreto que resuspende las garantías constitucionales luego de que el Congreso de la República revocara el decreto inicial. Es muy poco probable que tenga éxito en el intento—el que todavía no se ha producido, aun cuando dos ciudadanos a título personal han introducido la demanda en cuestión. Para entender esto resulta necesario revisar lo que la Constitución de 1961 estipula al respecto.

La Constitución del 61 dedica todo un Título de su articulado para referirse a la facultad de suspensión de las garantías. Es su Título IX: De la Emergencia. El Artículo 241, segundo de este Título, es el que establece la facultad en cuestión en solamente tres casos: a. en caso de emergencia, definida en el Artículo anterior; b. de conmoción “que pueda perturbar la paz de la República”; c. de “graves circunstancias que afecten la vida económica y social”.

Es obvio que la motivación del Gobierno para suspender las garantías no puede ser otra que la contemplada en el tercer caso, puesto que no ha procedido a declarar el estado de emergencia (que sólo puede hacerse “en caso de conflicto interior o exterior, o cuando existan fundados motivos de que uno u otro ocurran”), ni tampoco puede sostenerse que nos hallamos ante una “conmoción que pueda perturbar la paz de la República”. Los propios ministros encargados de vigilar por la seguridad del Estado, el Ministro de Relaciones Interiores y el Ministro de la Defensa, declararon en el Congreso que la Nación se encontraba en paz.

El Gobierno sólo puede argumentar, y tendría razón, que el país enfrenta en los actuales momentos “graves circunstancias que afect[a]n la vida económica o social”. Nadie en su sano juicio se atrevería a desmentir una fundamentación de esa clase. El consenso más unánime de toda nuestra historia es, precisamente, que nos hallamos en las más graves circunstancias que el país ha conocido, que el gobierno que preside Rafael Caldera ha heredado la más crítica de las situaciones.

Al anunciar la resuspensión voceros del Gobierno manifestaron que esperaban explicarse mejor esta vez. De hecho, esta segunda vez el Gobierno fue un poco más explícito respecto del uso que pensaba dar a las facultades extraordinarias que se derivan de la suspensión de las garantías. Así, explicó que pretendía con la suspensión, sobre todo de la garantía de la propiedad privada—distinta de la llamada garantía de la libertad económica—impedir transacciones con ciertos bienes económicos que pudieran escamotearse a la acción del Estado en procura de la recuperación de activos pertenecientes a los institutos financieros intervenidos. Dicho sea de paso, no existe ningún título o capítulo de la Constitución que se refiera a garantías. Los capítulos en cuestión hablan de derechos, no de garantías. Este término se emplea solamente en el Título IX, en el ordinal 6º del Artículo 190 (sobre atribuciones del Presidente de la República) y, curiosamente, en el Artículo 99. (“Se garantiza el derecho de propiedad”).

La idea, por tanto, es la de actuar contra algunas personas que estarían transfiriendo propiedades que pudiesen ser objeto de acciones de recuperación por parte del Estado. Se supone, también, que algunas de estas mismas personas pudieran estar involucradas en actividades de corte conspirativo. De allí los allanamientos a algunas personas durante la primera fase de la suspensión. A este respecto, un importante líder copeyano contestó, sin darse cuenta de que un periodista le escuchaba, una pregunta de un compañero de partido acerca de las razones de por qué habían practicado una visita domiciliaria a la casa de una cierta persona. El interpelado contestó: “Bueno, lo andaban siguiendo”. Obviamente, la respuesta revela que el seguimiento habría dado motivos para suponer que la persona en cuestión estaba efectuando contactos de índole conspirativa o reuniéndose con personas sospechosas, y no que le habían seguido a la lavandería, a la farmacia o al banco.

Pero también se usó el expediente del allanamiento en casos de sospecha de acaparamiento de bienes de consumo por parte de algunos comerciantes. Se ha dicho que en varios casos se habría cometido excesos, puesto que se trataría de almacenamiento normal y no de acaparamiento. Hasta ahora no ha sido comprobado fehacientemente que hubiera habido o que no hubiera habido los excesos mencionados, pero el Presidente del IDEC ha declarado, sin haber sido desmentido, que en todas las actuaciones de su despacho estuvo presente un representante de la Fiscalía General de la República y que se levantaron las actas que contempla la Ley de Protección al Consumidor.

En todo caso, el Congreso de la República decidió, en sesión conjunta de las Cámaras del 21 de julio, restituir las garantías suspendidas, incluyendo la garantía de la propiedad privada, con excepción de la garantía de la libertad de la actividad económica. El mismo día en que se produjo la revocatoria del decreto de suspensión, se dejó entrever que el Gobierno procedería a emitir un nuevo decreto. En aquel momento, COPEI no argumentó que sería inconstitucional un segundo decreto. Orlando Contreras Pulido, por ejemplo, se limitó a observar que cualquier decreto de este tipo tendría que ir a parar, en último término, al Congreso de la República para su consideración, y Haydeé Castillo de López Acosta, senadora copeyana, consideró que Caldera entraría en un “juego” muy peligroso si remitía de nuevo a las Cámaras un segundo decreto de suspensión. (No parece una caracterización verídica de Rafael Caldera el adjudicarle un espíritu juguetón).

Otra parte de la argumentación contraria a la suspensión, que el propio Contreras Pulido esgrimió en sus declaraciones del 21 de julio, consistió en estimar que bastaría la suspensión de la garantía implicada en el Artículo 96 para que el Gobierno actuase en las direcciones que quería. La estimación del Gobierno era diferente, al sostener que el ordenamiento legal vigente no era suficiente para fundamentar las actuaciones de la Junta de Emergencia Financiera o las medidas precautelativas que ha venido ejecutando en los últimos días la Procuradoría General de la República.

Pero, al producirse un segundo decreto de suspensión, COPEI y otros voceros comenzaron a ventilar la noción de que este segundo decreto era, además de un irrespeto al Congreso, un paso violatorio de la Constitución Nacional, y que por esa razón debía pedirse a la Corte Suprema de Justicia que interviniese en el impasse.

Ya ha sido intentada ante la Corte esta demanda de inconstitucionalidad, la que pudiese considerarse procedente si el punto a dilucidar se refiriese a la determinación de si el Congreso de la República es el órgano de control pautado por la Constitución para esta materia de suspensión de garantías. Esto no es totalmente claro. Por una parte, el Artículo 243 es el que establece el procedimiento para revocar el decreto de restricción o suspensión de garantías, y en él se establece que la revocatoria puede hacerla el Congreso, pero también el Ejecutivo Nacional, órgano al que el Artículo 243 menciona de primero.

Pero, por otra parte, el Artículo 243 condiciona esa revocatoria a que hayan cesado las causas que motivaron la suspensión. La postura del Gobierno es que esas causas no han cesado. ¿Puede la Corte Suprema de Justicia entrar a determinar si las causas subsisten?

El Artículo anterior, el 242, pareciera negar esta posibilidad, puesto que es el que establece que la consideración del decreto de restricción o suspensión de garantías es potestad del Congreso de la República. (“El Decreto que declare el estado de emergencia u ordene la restricción o suspensión de garantías será dictado en Consejo de Ministros y sometido a la consideración de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada, dentro de los diez días siguientes a su publicación”). Esto significa que la Corte Suprema no es la llamada a considerar el fondo del asunto, el punto de si las causas esgrimidas por el Gobierno se compadecen con la realidad.

El debate de fondo, pues, es si la justificación ofrecida por el Gobierno es sostenible. El argumento del irrespeto no tiene mayor importancia, El gobierno también hubiera podido decir, cosa que no ha dicho, que el Congreso había irrespetado al Ejecutivo al revocar el decreto original. El problema es, por un lado, si las causas para la suspensión eran suficientes y, por el otro, si las causas habían cesado.

Si se considera sólo esto último, habría que decir que las causas no han cesado, que las graves circunstancias continúan existiendo. Por tanto, en este sentido, el Congreso no debió revocar el decreto si nos atenemos estrictamente al texto constitucional, el que establece que la revocatoria procede cuando las causas han cesado.

De modo que sólo restaría dilucidar si en la primera instancia, en la consideración que las Cámaras deben  hacer del decreto de suspensión, y aun admitiendo éstas que existen graves circunstancias, las garantías específicas que fueron suspendidas impedían el manejo de la circunstancia grave.

 

Alfaro convergente

Los desarrollos posteriores indican que ahora la fracción de Acción Democrática ha sido convencida acerca del último punto, puesto que ha manifestado su disposición a favor de mantener la nueva suspensión mientras el Congreso, reunido en sesiones extraordinarias, aprueba las leyes que ha requerido el Ejecutivo, especialmente la ley que regula las emergencias financieras. Este desenlace aleja definitivamente el problema de la atención de la Corte Suprema de Justicia, pues si el propio Congreso aprueba la suspensión, desaparece el impasse entre los poderes ejecutivo y legislativo.

Ya habíamos detectado una aproximación entre el Gobierno y Acción Democrática en el Nº 2 de esta publicación—4 de abril de este año—cuando mencionamos la “convergencia” de AD en momentos cuando se discutía dotar al Gobierno con una ley habilitante. Como se recordará, solamente la fracción de Convergencia superaba a Acción Democrática en el grado de apoyo a los poderes extraordinarios. Ahora es Acción Democrática la que salva el enfrentamiento de poderes, al disponerse a aprobar el nuevo decreto de suspensión.

Se trata, a nuestro juicio, de una muy inteligente postura de la corriente dominante de Acción Democrática: la corriente alfarista, la misma que expulsó de las filas de AD a Carlos Andrés Pérez. En esta ocasión, habiendo medido el abrumador grado de apoyo en la opinión pública del que ahora goza el Gobierno, ha decidido apoyarlo, lo que deja a COPEI en una muy deslucida posición, en la precaria compañía de una Causa R que no encuentra qué hacer para mover a su favor la opinión de los Electores. De nuevo, recordamos del Nº 2 de esta publicación, cuando escribimos: “Un análisis preliminar de las posturas de los partidos ante esta proposición permite darse cuenta de una suerte de alianza de facto entre Acción Democrática y Convergencia, como también del hecho de que, una vez más, los extremos se tocan: los partidos menos propensos a dar al gobierno de Caldera poderes extraordinarios son COPEI y la Causa R, el partido que presentó en las elecciones—con la candidatura de Álvarez Paz—la posición de corte más neoliberal y el partido más izquierdista”. (La Tentación Totalitaria, 4 de abril de 1994).

De esta manera AD cree posicionarse tempranamente en sitio ventajoso con miras a las futuras elecciones, puesto que calcula que Convergencia no tiene posibilidades reales de generar la sucesión de Rafael Caldera. Al propio tiempo, ha desactivado la carga explosiva del referéndum, con el que el Presidente de la República amenazó al Congreso.

 

Suspensión del referéndum

Pero ahora parece que no va el referéndum. Después de haber excitado el interés de los Electores la “entrada en razón” de Acción Democrática hizo que el Gobierno reculara, apresurándose a anular su oferta. El Senador Juan José Caldera no perdió un minuto, al conocerse el cambio de posición de Acción Democrática, para declarar que ya el referéndum no era necesario.

La consulta que Caldera (Rafael), había asomado como posible—el Ministro Andueza llegó a hablar, incluso, de un texto de decreto convocatorio ya preparado—consistiría, simplemente, en preguntar a los Electores si estaban de acuerdo con la suspensión de garantías decretada por el Gobierno. De inmediato se pasó a interpretar que un referéndum de este tipo vendría siendo más bien, en interpretación del destacado constitucionalista Gustavo Planchart Manrique, un verdadero plebiscito, dado que sus efectos vendrían a ser la deslegitimación política de aquel de los poderes que resultase derrotado en el referéndum. Para algunos, se hubiera tratado de una consulta bien extraña: le estarían preguntando a uno si estaba de acuerdo conque le negasen el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, a la inviolabilidad de su hogar, a la propiedad de sus bienes, etcétera. La mayoría de la población, sin embargo, parecía “saber” que este no sería el sentido de la pregunta, entendiéndolo más bien de este modo: “¿Está Ud. de acuerdo, Señor Elector, conque se suspenda la garantía de libre tránsito a quien haya delinquido en el manejo de los dineros del público, sea porque los hubiese empleado en fines distintos de la intermediación bancaria o porque hubiese empleado dineros públicos que les fueron entregados para garantizar los dineros del público depositados en sus arcas de banquero para, por ejemplo, comprar dólares?”

No había dudas en la inmensa mayoría de los venezolanos de que ése sería el significado de la consulta. Por eso esa mayoría no se sentía amenazada por las medidas de excepción y las aprobaba decididamente.

Lo que ocurre es que no es posible constitucionalmente suspender las garantías a un subconjunto de la ciudadanía. La Constitución de 1961 permite limitar el ámbito territorial en el que se extiende el decreto de restricción o suspensión de garantías que ella misma establece. (Parágrafo segundo del Artículo 241). Es posible suspender las garantías, por ejemplo, en el Estado Bolívar, o en el Municipio Brión, o en la urbanización Los Palos Grandes. Lo que no se puede es decir que se suspende la garantía de la inviolabilidad del hogar a los zapateros, o a los ladrones de automóviles o a la familia Pacheco.

Por esto resultó curiosísima la intervención televisada de Allan Randolph Brewer-Carías, quien el mismo día de la primera suspensión exigía muy agitadamente al Gobierno que presentara una lista de las personas contra las que irían dirigidas las medidas que vulnerarían los derechos suspendidos. Sorprende ese veloz dictamen jurídico en boca de uno de los más destacados profesores de Derecho Público con los que cuenta Venezuela.

Pero ya, en todo caso, la pregunta no será hecha oficialmente a los venezolanos, quienes ya la contestaron por vías informales. (El referéndum telefónico del diario El Nacional arrojó cotas de aprobación superiores al 90% de las llamadas. Ni siquiera hubo la astucia, por parte de los interesados en contradecir al gobierno, de congestionar las líneas del periódico con llamadas desaprobatorias).

Este retroceso gubernamental tiene bastante de lamentable pues, como pudo evidenciarse, la ciudadanía creyó que había llegado la ocasión para participar directamente, por primera vez, en la adopción de una decisión de Estado.

El mismo presidente Caldera, en su “Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela”, decía así: “El referendum (sic) propuesto en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992, en todas sus formas, a saber: consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio, debe incorporarse al texto constitucional”.

El Presidente de la República puede argumentar ahora que no corresponde al Poder Ejecutivo, sino al Congreso de la República, el trabajo de la reforma de la Constitución. Pero si el Gobierno declaró, por boca del Ministro Andueza, que ya tenía redactado un decreto para convocar a referéndum, ¿qué puede impedir que se redacte otro para consultar a los Electores sobre cualquier otro asunto, dado que según la doctrina Andueza habría bastado un acto del Ejecutivo para que se produjera la convocatoria?

Si era posible convocar un referéndum “consultativo” sobre la suspensión de las garantías, es posible convocar un referéndum para consultar a los Electores sobre cualquier otra materia. A este respecto puede valer la pena considerar la siguiente idea: consultar a los Electores sobre los lineamientos generales del plan de desarrollo económico y social del Ejecutivo, el que hasta ahora, dicho sea de paso, es desconocido.

La Constitución Nacional incluye ahora, gracias al Artículo 7º de su Enmienda Nº 2, la siguiente disposición: “El Ejecutivo Nacional en el transcurso del primer año de cada período constitucional, presentará para su aprobación, a las Cámaras en sesión conjunta, las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación”.

En nuestra opinión, debiera ser a los Electores, no a las Cámaras del Congreso de la República, a quienes debiera solicitarse la aprobación de las “líneas generales del plan de desarrollo” del Ejecutivo. Esto, naturalmente, precisaría que la Constitución fuese modificada. No puede crearse de la noche a la mañana un carácter vinculante que colida con uno dispuesto expresamente en el texto constitucional.

Pero si, como había argumentado el Gobierno, podía hacerse un referéndum no vinculante para consultar su diferendo con el Congreso, perfectamente puede celebrarse uno para el acto más esencial que puede haber en el ejercicio de la política: obtener la aquiescencia del Pueblo respecto del rumbo general del Estado de cuya soberanía es asiento.

Toca pues al Gobierno considerar esta posibilidad y decidir si se atreve realmente a hacer buenas las siguientes palabras: “El pueblo debe ser escuchado y debe sentir que comparte el poder. Ello obliga a abrir y mantener un diálogo fecundo, en la forma más amplia, orientada a obtener el consenso necesario para las grandes determinaciones”.(Rafael Caldera: “Mi Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela”).

Sería una lástima y seguramente, a la larga, un error político, haber mencionado la posibilidad de un referéndum solamente como amenaza hacia el Congreso de la República, o como promesa electoral demagógica. Eso sí sería, presidente Caldera, Senadora Castillo, jugar un juego extremadamente peligroso. “Un tal gioco, credetemi, e meglio non giocarlo”. LEA

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