El presidente de la Asamblea Nacional y Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, haría bien en tomar lecciones de castellano o de lógica (en esencia, son lo mismo). Disparando por su cuenta, ha sugerido primero que pudiera posponerse la toma de posesión de Hugo Chávez Frías, pautada para el 10 de enero, y hoy que lo que propone está apegado a la Constitución, cuyo texto habla de «razones sobrevenidas». (DRAE: sobrevenir. Dellat.supervenīre.1. intr. Dicho de una cosa: Acaecer o suceder además o después de otra.2. intr. Venir improvisamente).
Es obvio que lo sobrevenido es la recidiva del cáncer en la persona del Presidente; él mismo dijo el 9 de este mes que, poco después de las elecciones del 7 de octubre, se hizo exámenes en Venezuela y en Cuba y éstos no reportaron problema, pero que más tarde supo que nuevas células cancerosas requerían una nueva operación. En esa oportunidad, como sabe todo el país, Chávez indicó, aludiendo a la Constitución y precisamente a posibles «circunstancias sobrevenidas», que debía hacerse una nueva elección y pedía se eligiera en ella a Nicolás Maduro como Presidente. He aquí lo que dijo, para recordarle a Cabello las instrucciones de su jefe; es bueno que ponga atención a la sintaxis castellana.
Pero Cabello cita el Artículo 231 de la Constitución: «El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia». Entonces «razona» de este modo (por Twitter): «El carácter restrictivo de las leyes lo aplican quienes en el fondo quieren violar las leyes», «La oposición racional sabe que la Constitución contempla razones sobrevenidas», «La Constitución dice que si no se puede juramentar ante la Asamblea, lo haga ante el TSJ y no pone fecha».
Restrictivo es algo que «restringe, limita o acorta» (DRAE), pero no se trata de restringir, limitar o recortar el Artículo 231, sino de interpretarlo sin modificación al capricho del Presidente de la Asamblea. El artículo es taxativo (DRAE: 1. adj. Der. Que limita, circunscribe y reduce un caso a determinadas circunstancias. 2. adj. Que no admite discusión). Es el propio artículo el que estipula con todas sus letras que la toma de posesión debe efectuarse el 10 de enero. Y las razones sobrevenidas se refieren exclusivamente al órgano ante el cual se juramentaría el Presidente electo para convertirse en Presidente en ejercicio. Esto es, en caso de que la Asamblea Nacional esté secuestrada, como ocurrió en España, por unos golpistas como los del 4 de febrero, o que haya caído una bomba sobre los diputados matándolos a todos, o que ellos se hayan declarado en huelga y se nieguen a recibir el juramento, entonces el Presidente electo podrá jurar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Precisamente, no se habla de fecha porque no es la oportunidad sino el órgano receptor de la juramentación lo que contempla. No dice el artículo que si, por algún motivo sobrevenido, la juramentación no puede efectuarse «el diez de enero del primer año de su período constitucional», entonces puede darse en otra fecha posterior.
Y es argumento realmente defectuoso esto dicho por Cabello: «Esta es una opinión mía, no es algo oficial: tú no puedes amarrar a un día la voluntad de un pueblo». Fue justamente la voluntad de ese mismo pueblo que eligió a Chávez darse la Constitución que rige a los poderes públicos; lo que «tú» no puedes hacer es sujetar el significado de la Carta Magna a «tu» imperfecto modo de razonar.
Más aún, si la enfermedad impide a Hugo Chávez jurar ante la Asamblea, también le impedirá hacerlo ante el Tribunal. Si Chávez no llega a la fecha prevista, como él mismo dijo, debe aplicarse la Constitución y procederse a una nueva elección. O sea, Cabello se ha atrevido a enmendarle la plana al jefe máximo. ¿Qué andará buscando este poderoso dirigente del oficialismo que declara, según sus propias palabras, a título personal? ¿No es esto una señal temprana de que se prepara a cuestionar la herencia de Maduro?
Por lo demás, no tengo duda de que si se lleva el asunto a la consideración de la Sala Constitucional del TSJ, ella podría perfectamente sentenciar lo que Cabello propone. Ya antes ha mutilado la Constitución con argumentación resbalosa, maliciosa, vergonzosa. (Ver en este blog Constitución amputada). Sea como sea, la falta absoluta de Chávez antes del 10 de enero de 2017 exige—esto «no admite discusión»—una nueva elección presidencial. El 10 de enero de 2013 es cuatro años antes del 10 de enero de 2017.
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La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de su Sala Constitucional, Luisa Estella Morales, contestó sobre el tema planteado por Diosdado Cabello en los términos que se escucha a continuación:
Declaración de Luisa Estella Morales
Vale la pena comentar que la actuación de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia que empleó la noción de «supraconstitucionalidad», y a la que la magistrada Morales alude, es su decisión del 19 de enero de 1999 sobre ponencia del magistrado Humberto La Roche. Esta fue la decisión que estableciera que sí podía preguntarse a los electores venezolanos, los miembros del Poder Constituyente Originario—en virtud del nuevo Título VI de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política introducido por el Congreso de la República en reforma de diciembre de 1997—, si querían la convocatoria de una asamblea constituyente, a pesar de que no estuviera incluida esa figura en la constitución vigente para la fecha (la de 1961). También dice la magistrada Morales que esa decisión «pasó por encima de algunos escollos importantes para abrir el campo jurídico y constitucional a la posibilidad de una consulta para una asamblea constituyente». Precisemos, en orden inverso.
La Corte Suprema, en 1999, no pasó sobre escollos de ninguna importancia, sino sobre opiniones de algunos juristas—Allan Randolph Brewer Carías, por ejemplo—que sostuvieron que no podía convocarse una constituyente hasta tanto no se reformara la constitución de 1961 para incluir en ella esa institución. En ningún caso contradijo la decisión del 19 de enero de 1999 la constitución vigente para la época. Lo que esa correctísima sentencia hizo fue reconocer el carácter supraconstitucional del Poder Constituyente Originario, al establecer la doctrina de que éste no está limitado por la Constitución, que sólo limita a los poderes constituidos. (El Poder Constituyente Originario sólo está limitado por los derechos humanos y los tratados válidamente contraídos con soberanías equivalentes; esto es, las de otros países). De modo que «para abrir el campo jurídico y constitucional» no actuó contra la constitución vigente.
Y ya ha quedado dicho que la supraconstitucionalidad es rasgo que sólo pertenece al Poder Constituyente Originario; ningún poder constituido—como el Tribunal Supremo de Justicia y su Sala Constitucional, menos aún su Presidenta—es en ningún modo o grado una instancia supraconstitucional. Dicho sea de paso, la argumentación de la decisión aludida fue anticipada en artículo del suscrito—Contratesis—en el diario La Verdad de Maracaibo, escrito cuatro meses y cuatro días antes (15 de septiembre de 1998) de la redacción de la ponencia de La Roche. En ese artículo dije, entre otras cosas:
Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.
No sobrevenida sino prevenida al bate
Por otra parte, la magistrada Morales sugiere que algunos antecedentes de jurisprudencia a la situación planteada hoy pueden encontrarse en sentencias del año 2000, cuando el TSJ reguló el período extraordinario creado por la elección de «relegitimación» del Presidente de la República, pues había sido electo por las normas de 1961 por cinco años hasta febrero de 2004, y la nueva Constitución establecía un período de seis (que empezaría el 10 de enero de 2001). Pero, si bien pudiera emplearse analógicamente algún criterio asentado en 2000, tampoco se refiere esa jurisprudencia al caso confrontado en la actualidad; en 2000 no fue reelecto un presidente cuya falta absoluta fuera inminente. Chávez continuó entonces, inmediatamente, en posesión de algo que ya ejercía y el período iniciado el 2 de febrero de 1999 concluyó efectivamente al comenzar 2001.
Para estar claros: es verdad que estamos ante el caso de un presidente en ejercicio que ha sido reelecto, pero ya lo hemos tenido con el mismo Chávez, reelecto en 2000 y en 2006 y ahora, gracias a la enmienda constitucional del 15 de febrero de 2009, por tercera vez este mismo año. Más aún, incluso antes de esta enmienda podía suscitarse la posibilidad de falta absoluta de un presidente en ejercicio que hubiera sido reelecto, puesto que en su versión no enmendada la Constitución ya permitía la reelección inmediata por un período adicional. Aun así, la Constitución no prescribió una cosa distinta a la que rige las faltas absolutas, no introdujo una excepción en el caso de presidentes en ejercicio reelectos que no pudieran tomar posesión por alguna razón «sobrevenida».
En consecuencia, el tercer período presidencial de Hugo Chávez expira el 10 de enero de 2013, dentro de tres semanas justas. Pudiera ocurrir que llegare al Tribunal Supremo de Justicia un parte médico que dijera que debe guardar reposo absoluto hasta el 15 de enero, pero que a partir de esa fecha estará en capacidad de apersonarse en el Palacio Legislativo para tomar posesión de un nuevo período, causado por la elección del pasado 7 de octubre. Una cosa así sería manejable y tolerable, por supuesto, pero no puede sujetarse la resolución del asunto a una indefinición médica más allá de eso. La Constitución es muy clara. Es más, la inminencia del asunto es tal, que el TSJ debiera prepararse para producir en pocos días lo previsto en el Artículo 233 de su texto: su declaración de «la incapacidad física o mental permanente [del Presidente] certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional». Debe designar de una vez la junta médica prescrita y pedirle a Diosdado Cabello que someta su composición a la aprobación del cuerpo que preside. A menos que reciba, muy pronto, la semana próxima, buenas noticias médicas de la segunda (¿la primera?) patria de Hugo Chávez. Mosca, magistrada Morales. LEA
desvergüenza.
1. f. Falta de vergüenza, insolencia, descarada ostentación de faltas y vicios.
2. f. Dicho o hecho impúdico o insolente.
Diccionario de la Real Academia Española
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Una de dos: o el presidente Chávez es un caso agudo de bipolaridad semántica, que puede sostener en la cabeza sin que le explote dos cosas enteramente contrarias, o es un desvergonzado que se reserva el privilegio de la inconsistencia. En el primer caso sería una personalidad desdoblada: no, como pretende, la reencarnación de héroes o santos, sino calco del famoso personaje doble de Robert Louis Stevenson: el Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
En la presentación anticipada y típicamente irregular de la Memoria y Cuenta de su cargo en 2010, fue hoy en la Asamblea Nacional casi el Dr. Jekyll, todo un caballero. Antes de dirigirse a la tribuna de oradores estrechó la mano de diputados de la oposición y a alguno, Eduardo Gómez Sigala, le palmeó el brazo. (Gómez Sigala devolvió este saludo). Una vez al habla, dijo a esos diputados: «Me parece maravillosa la ocasión de vuestro regreso… Me da mucho gusto saludarles, diputados de oposición. De verdad, sin ninguna ironía. Qué bueno es encontrarse entre humanos… Señores de la oposición: ustedes creen que soy un verdadero demonio, con el que no se puede hablar, y nosotros creemos que ustedes son unos demonios con los que no se puede hablar. Echemos los demonios y que viva lo humano, las ideas, el debate… No perdamos esta nueva oportunidad, el espacio es de ustedes, yo desde mi puesto de combate vengo a ponerme a disposición de ustedes… Finalmente, todos somos venezolanos. Ni ustedes se van a ir de aquí ni nosotros tampoco».
Escasamente diez días antes, cuando se instalara la nueva Asamblea, decía a un mitin de sus seguidores: «Me pareció muy bien, además, que estuvieran allí, haciendo acto de presencia, junto a los diputados revolucionarios, un grupo de diputados electos por las corrientes reaccionarias, electos por la corriente contrarrevolucionaria de la derecha venezolana. ¡Que hablen, que nuestros diputados los triturarán con el discurso de la verdad, como hoy ocurrió!». (La palabra triturarán fue proferida con efectos especiales de voz, en tono de arenga. Entonces estaba en ciclo de Mr. Hyde).
Pero esta hipótesis de la doble personalidad no es sostenible. Primero, porque también hoy destiló veneno, aun en medio de su fase conciliatoria. Es verdad que atribuyó la culpa de la distancia entre gobierno y oposición a terceros factores, como reporta Ocarina Espinoza en el sitio web de El Universal: «Volvió sobre la teoría que maneja de que la oposición y el chavismo están irreconciliados porque hay intereses ajenos al país a los que les conviene esa enemistad». Pero al saludar por primera vez a los representantes opositores ya había dicho: “Me parece maravillosa la ocasión de vuestro regreso, algunos son nuevos, algunos son ya fraguados desde centros de mucho poder, internacional y también interno, empeñados en que nosotros seamos incapaces de dialogar, de darnos la mano, empeñados en que Venezuela caiga de nuevo en la desestabilización, empeñados en que ustedes crean, señores de la oposición, que yo soy un verdadero demonio”. Antes había hecho una chocante distinción: «…revolucionarios, revolucionarias, no revolucionarios, no revolucionarias. A todos les doy mi saludo de respeto».
Luego, la explicación de personalidad escindida no se sostiene porque esta farsa tenía por objeto presentar una trampa como si se tratara de un acto magnánimo. Soltó entonces la bomba noticiosa: «Soy capaz de solicitar a esta Asamblea Nacional la derogatoria de esa Ley» (la habilitante). Propuso que su lapso de vigencia se reduzca de dieciocho meses a cinco, pues estima que «hasta en cinco meses podemos hacer las leyes que tenemos que hacer para enfrentar la emergencia; no tengo ningún problema. Cuatro o cinco meses, porque lo que necesito son instrumentos especiales para enfrentar una emergencia». Es decir, que lo que pensaba atapuzarnos en año y medio puede administrarlo en menos de medio.
La ley habilitante que él mismo solicitó y predicó sobre la emergencia de las lluvias no tiene mucho que ver con damnificados, que lo han sido mayormente por el incumplimiento gubernamental de metas y promesas en materia de vivienda. La verdad es que Hugo Chávez tenía ganas, hace tiempo, de su cuarta habilitación para legislar por decreto. El 25 de julio de 2009 ya decía a la Asamblea Nacional: «Ni una sola ley contrarrevolucionaria para el 15 de diciembre… si ustedes consideran que para ello requieren refuerzos, entonces habilítenme de nuevo y vamos acelerando por aquí y por allá». En ese momento no había ninguna emergencia.
Como tampoco estaba declarada todavía el 12 de octubre del año pasado, cuando el sitio web del PSUV anunciaba: «El diputado electo por la circunscripción 2 de Caracas a la Asamblea Nacional (AN), Robert Serra, aseguró este lunes en el programa transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) ‘Despertó Venezuela’, que el parlamento actual debería otorgar una ley habilitante al mandatario Hugo Chávez: ‘Así el presidente podrá avanzar en el andamiaje jurídico, lo que permitirá desmontar el Estado burgués y crear el revolucionario’, argumentó». Ni siquiera está declarada a estas alturas, como ha podido hacerse en uso de la atribución presidencial del Artículo 338 de la Constitución.
La pena del pueblo es para Chávez una coartada. (Ver en este blog, para más detalle, Sí vamos a hacer algo). El presidente de la novísima y falsa reconciliación— «Cuando aquí estemos haciendo una ley, cuando el gobierno tome una medida que no tenga la mas sólida oposición de la burguesía es porque no sirve, es porque sería inútil porque aquí estamos en el medio de la lucha de clases: burgueses y proletarios. Ellos allá, nosotros aquí. Es una batalla por la vida, es la batalla de la historia… la llamada conciliación siempre termina siendo la puñalada contra las espaldas del pueblo proletario» (25 de julio de 2009, cuando empezaba a pedir la cuarta ley habilitante)—ha leído encuestas, simplemente; sabe que además de la imposición del socialismo, su carácter pendenciero causa mucho rechazo; sabe de la dramática zambullida en popularidad de Evo Morales; sabe de la caída del autócrata tunecino, forzada por la protesta popular; sabe que su sala situacional ha alertado sobre la propensión creciente a una explosión social en Venezuela. (Ver en este blog Runrunes prospectivos).
Por eso recula por segunda vez en once días; porque no le gustan estas premoniciones de su derrota electoral en 2012, porque cree que los venezolanos somos idiotas y no guardamos memoria de su incesante pendencia. Además, porque ya prepara el rasgado de sus vestiduras. «Yo tendí mis brazos amorosos, éticos, a esos parlamentarios no revolucionarios, burgueses, fraguados en el exterior, contrarrevolucionarios, y ellos no quisieron abrazarme, ni decirme que yo soy el mejor presidente que este país ha tenido. A mí, que después de dos o tres períodos más, me gustaría entregar mi cargo a una mujer».
Escudado tras la desvergüenza
Cuidado con dejarse adormecer por tal encantamiento de serpientes. No proviene del Dr. Jekyll, apaciguado temporalmente al haberse saciado con la violencia de Mr. Hyde. La cosa es meramente producto de la desvergüenza. Por esto, cuando muestra una debilidad que quiere aparentar prudencia de estadista, cuando posa como gente de diálogo, hay que seguir apretando. LEA
El inefable Mario Silva se refirió al «talante democrático» de Hugo Chávez. al comentar el veto presidencial a la deforme Ley de Educación Superior. En horas de la noche del martes 4 de enero, el Presidente de la República anunció que la ley no iba y que tampoco iba el IVA, después de dejar con los crespos hechos a Dilma Rousseff en su apresurado regreso de Brasil. (Para dejar con los crespos hechos a Cilia Flores. No era para menos; hace tiempo ya que la Sala Situacional de Miraflores registra—Runrunes prospectivos—una creciente propensión a la erupción del descontento nacional, y los universitarios estuvieron mostrando los dientes de la rebelión). Así, pues, el presidente Chávez aprovechó esa nueva rendición de su afamada caracterización de Francisco de Asís para dar la bienvenida a los diputados de oposición a la Asamblea Nacional.
El buen propósito, por supuesto, no duró siquiera veinticuatro horas. En la tarde del día siguiente regresó a su papel favorito (Girolamo Savonarola), en un mitin en el que se gastó recursos que habrían aliviado a unos cuantos damnificados por las lluvias.
En la propia sede de la Asamblea Nacional, por otra parte, los discursos inaugurales siguieron el previsible curso. Abajo se muestra un video del momento álgido de los debates, que VTV y ANTV no quisieron transmitir. LEA
El 5 de agosto de 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo deber es proteger la constitucionalidad de leyes y otros actos de los poderes públicos (Artículo 336 de la Constitución), procedió a amputarla. Para cohonestar un conjunto de inhabilitaciones políticas inconstitucionalmente dictadas por el contralor Russián en ese año, sentenció que la protección establecida en el Artículo 42 de la Constitución—“El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”—ampara solamente ¡a los venezolanos por naturalización! El cirujano jefe, el ponente de la monstruosa interpretación, tramposa y cínica, fue el magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales, hijo del jurista José Manuel Delgado Ocando, a quien debiera caérsele la cara de vergüenza con la mutilación que su progenie llevó a cabo. La Asamblea Nacional ha premiado a Delgado Rosales el pasado 7 de diciembre (día propio para traiciones, como la de Pearl Harbor), al confirmar su nombramiento como Magistrado Principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Es esa misma Sala la encargada de decidir sobre la demanda de protección de la Constitución introducida, al día siguiente del nombramiento de Delgado Rosales y otros magistrados, por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) con la asistencia dudosamente conveniente de la abogada Cecilia Sosa. No es una sala imparcial u objetiva la que decidirá sobre el recurso; es una sala militante, que se concibe a sí misma como entidad revolucionaria, autorizada por esto mismo a reventar cualquier límite jurídico o ético, como lo hizo ya al mutilar el Artículo 42, con tal de sostener el poder del «líder del proceso».
Arcadio de Jesús: el Derecho como cirugía
La iniciativa de Fedecámaras es laudable. La máxima representación empresarial afirma con entera razón que la Constitución no prescribe o autoriza un Estado socialista en Venezuela, y emplaza al Tribunal Supremo de Justicia a que corrobore esta verdad más que evidente. Pero es de una supina ingenuidad creer que ese Tribunal Supremo de Justicia va a darle la razón a Fedecámaras, que para el oficialismo es la destilación más pura del capitalismo salvaje y explotador, que la identifica, no sin razón, con las actividades conspirativas de las que Pedro Carmona Estanga, su ex presidente, fuera mascarón de proa; es una presunción tan peregrina como aquella incompetente ocurrencia de Primero Justicia en 2002, que supuso que una Asamblea Nacional de mayoría gobiernera introduciría una enmienda constitucional de recorte del período presidencial de Hugo Chávez.
No faltará, sin embargo, quien defienda la sabiduría de la acción intentada porque la previsible negativa de la Sala Constitucional «pondría en evidencia» al régimen. ¿Qué más evidencia se necesita? ¿Es que el régimen no se pone en evidencia desfachatadamente por sí mismo todos los días? ¿Es que no conocemos el carácter del reo desde el 4 de febrero de 1992, hace ya casi 19 años? ¿Cuál es la utilidad práctica de las «puestas en evidencia», cuál su impacto real para modificar el perverso proceso?
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El presidente Chávez ha vuelto a «solicitar» a la Asamblea Nacional que le dote de poderes extraordinarios, que le habilite mediante legislación especial, por cuarta vez, para que sus decretos adquieran rango de ley. El presidente Chávez ha ofrecido como pretexto la preocupante situación que las prolongadas lluvias de noviembre han traído.
Por supuesto, el presidente Chávez no controla los elementos, aunque ganas no le faltan de adornar su lucido papel de Bolívar reencarnado repitiendo arrogantes palabras del Libertador: «Si la Naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca». (En general, el presidente Chávez no se mete en peleas que sabe que va a perder). El presidente Chávez no podía hacer nada para aplacar la lluvia despiadada, como antes no pudo mitigar la sequía relacionada con el fenómeno meteorológico de El Niño, al que cargó la culpa de la irresponsabilidad de su gobierno en asunto de suministro eléctrico, sobre el que ejerce un completo monopolio. Pero justificar una cuarta ley habilitante sobre el dolor de los aquejados por las lluvias más recientes es desalmado y falso, tan postizo como su vistosa demagogia al alojar una minúscula fracción de damnificados en Miraflores.
El proyecto de ley habilitante no es siquiera una creación de la Asamblea Nacional, órgano que se desentiende de sus facultades constitucionales al remitirlas a ucases de la Presidencia de la República. Ésta, para guardar las apariencias, lista de primera la facultad de legislar «En el ámbito de la atención sistematizada y continua a las necesidades humanas vitales y urgentes derivadas de las condiciones sociales de pobreza y de las lluvias, derrumbes, inundaciones y otros eventos producidos por la problemática ambiental».
Más específicamente, la facultad permitiría:
a) Dictar normas que regulen los modos de proceder de autoridades públicas o entidades privadas, ante calamidades, emergencias, catástrofes u otros hechos naturales que exijan medidas inmediatas de respuesta y atención para satisfacer las necesidades humanas vitales. Las normas promoverán la participación popular en la ejecución de las medidas destinadas a asistir a los ciudadanos o ciudadanas en situación de calamidad, garantizándoles el restablecimiento integral de las condiciones básicas que contribuyan al buen vivir.
b) Dictar normas que regulen el establecimiento y ejecución efectiva, de condiciones de prevención y seguimiento en aquellas zonas declaradas en emergencia, calamidad o alta afectación por eventos o infortunios producto de las fuerzas de la naturaleza. Igualmente, las normas establecerán el régimen especial de administración de las zonas así declaradas.
Veamos. ¿Cuándo fue que aconteció el desastre del estado Vargas, que también afectó al estado Miranda mucho, como está afectado ahora? Creo que eso pasó en 1999, hace once años. ¿Cómo carrizo es que el presidente Chávez, tan preocupado (de la boca para afuera) por los pobres dejó pasar once años sin regular «los modos de proceder» públicos y privados ante calamidades, emergencias y catástrofes? Su «modo de proceder» es típico. Las cacareadas «misiones» sólo hicieron su aparición en la segunda mitad de 2003, y sólo lo hicieron porque el presidente Chávez confrontaba entonces el albur de un referendo revocatorio de su mandato. Hasta ese momento, había gobernado cuatro años y medio sin ocuparse del analfabetismo, o la salud, o la cesta de alimentos de la población.
Es sólo ahora, después de un nuevo desastre—que hubiera sido mucho menor si el Estado, monopolizador de la cabilla y el cemento, interventor y expropiador de empresas constructoras, hubiera construido las viviendas de los necesitados, y no la ridícula cantidad de 13.000 por año—, sólo después de que las lluvias han amainado misericordiosamente, cuando decide que hay que ocuparse de las «condiciones de prevención y seguimiento en aquellas zonas declaradas en emergencia, calamidad o alta afectación por eventos o infortunios producto de las fuerzas de la naturaleza».
Chávez: al buen tiempo mala cara
La justificación esgrimida para la ley habilitante es realmente cínica. No es en absoluto necesaria para enfrentar la emergencia. En la Constitución hay todo un capítulo—De los Estados de Excepción, el segundo del Título VIII—cuyo Artículo 338 ha establecido: «Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos o ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable por treinta días más». Ya el elefantiásico, enrevesado y últimamente adulterado dispositivo jurídico del país contiene las previsiones necesarias para resolver los problemas causados por las lluvias de noviembre. Nada hay en este pretexto, esta coartada para amarrar—inconstitucionalmente, por lo demás—a una Asamblea Nacional pronta a asumir sus poderes con 67 diputados que no acatan la voluntad omnímoda del presidente Chávez, que justifique un año entero de legislación por decreto, esta multiplicación por doce de lo previsto en la Constitución. Son previsiones que no fueron atendidas, a tiempo, por un imprevisivo gobierno culposo.
Pero es evidente la vocación monárquica del presidente Chávez en la redacción de la nueva y monstruosa ley habilitante. Todavía en lo atinente a la emergencia pluvial, hay una facultad que no tiene que ver con ella y cuya redacción difusa y genérica puede permitir cualquier cosa: «Dictar medidas que permitan desarrollar de manera equitativa, justa, democrática y participativa los derechos de la familia venezolana para su buen vivir». (¿?)
Luego vienen facultades extraordinarias y autosuficientes para legislar «En el ámbito de la infraestructura, transporte y servicios públicos»—muy especialmente, para «Dictar y reformar normas regulatorias en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de información, los mecanismos públicos de comunicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas»—, «En el ámbito de la vivienda y hábitat», «En el ámbito de la ordenación territorial, el desarrollo integral y del uso de la tierra urbana y rural», «En el ámbito financiero y tributario», «En el ámbito de la seguridad ciudadana y jurídica», «En el ámbito de seguridad y defensa integral», «En el ámbito de la cooperación internacional» y «En el ámbito del sistema socioeconómico de la Nación».
Valdrá la pena guardar los nombres de los diputados (y diputadas) que se disponen a abdicar sus atribuciones legislativas y a hipotecar las de la próxima Asamblea Nacional, pues serán los de traidores (traidoras y traidoros) de la Constitución y del Pueblo.
………
¿Qué hace la oposición? ¿Era imposible que previera la grosera jugada habilitante del gobierno, que hace a Teodoro Petkoff escribir que «Chávez ha comenzado a recorrer, ahora sí, el camino de la dictadura»?
Una cabeza experimentada, competente y seria como la de José Rafael Revenga lo previó con, al menos, un año de antelación. En su artículo 2010: año de la tromba (14 de diciembre de 2009), enumeró los siguientes pelos y señales:
Aprobar, antes de finalizar las sesiones parlamentarias preelectorales de 2010, una nueva Ley Habilitante que otorgue al Jefe del Estado la capacidad de promulgar—digamos durante unos 24 meses—los decretos presidenciales con “fuerza, valor y rango de ley”. Este curso de acción podría sortear la imposibilidad para el oficialismo de aprobar una nueva Ley Habilitante a partir de enero del 2011, en caso de que la representación democrática obtuviera, en el primer escenario, 67 o más votos parlamentarios, con lo cual superaría el tercer punto de inflexión, o sea que traspasaría el umbral de los tres quintos de los votos necesarios para la aprobación de una Habilitante.
Esta estrategia impondría de hecho a la Asamblea una inactividad vacacional durante los años 2011 y 2012, la cual en principio despejaría en buena medida el camino hacia la reelección presidencial prevista para fines del 2012.
La damnificación de decenas de miles de venezolanos fue para el presidente Chávez un evento afortunado, pues le proporcionó la excusa para la habilitación que quería y que Revenga, una sala situacional de un solo miembro, había previsto con tanta clarividencia. La damnificación ha servido para competir por figuración política, para oponer la vistosidad de la mudanza del presidente Chávez a una tienda que le regalara Kadaffi a la de una fotografía del gobernador Capriles Radonski con el agua al pecho. (Este último declaró, y El Nacional consideró sus palabras material de primera plana para el domingo 12 de diciembre, el siguiente cliché: «En Miranda está prohibida la palabra tragedia». Habrá que explicar a un superviviente del colapso de su casa, en el que su esposa y prole hayan perecido, que eso ha sido una comedia).
La oposición formal, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática, no ha pasado de las rituales declaraciones críticas, convocar una marcha de protesta contra las expropiaciones—cuando ya el presidente Chávez y el general, todavía de tres soles, Rangel Silva, habían declarado que la fuerza militar no admitiría un presidente distinto del actual—que debió ser suspendida por el estado del tiempo, y de elevar sus quejas a instancias internacionales, probablemente para «poner en evidencia» al régimen.
En la periferia de la MUD, voces habitualmente lúcidas no atinan a señalar un rumbo. Petkoff ha concluido dos recientes editoriales—14 y 15 de diciembre—con preguntas, no con respuestas: «¿No vamos a hacer nada?» y «¿Se lo va a calar el país?», después de sentenciar: «Chávez ha comenzado a recorrer, ahora sí, el camino de la dictadura». El mismo día 15 dijo a Globovisión que el pueblo haría algo, pero que no sabía lo que haría.
Bueno, lo que hay que hacer es muy claro: activar el Poder Constituyente Originario, el Poder del Pueblo, superior a cualquier poder constituido, para pararle el trote al presidente Chávez y a su corrupto y obsecuente entorno. Las cosas han llegado a un punto en el que «la estrategia» no puede ser otra que apelar directamente al Soberano, porque ya esas cosas no deben ser decididas por Chávez, Jaua, Ramos Allup o Aveledo. Ahora es un asunto de Corona. Es ésta la que debe pronunciarse.
La Corona
Un referendo consultivo convocado por iniciativa popular puede consultar a la Corona, al enjambre soberano, si está de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista (consulta que el presidente Chávez, perfectamente capaz, se ha negado a propiciar; ver Emplazamiento de Caracas); si está de acuerdo con la postura antidemocrática del presidente Chávez y su más reciente General en Jefe que impediría el ejercicio de otro presidente elegido por el Pueblo; si está de acuerdo con la amputación perpetrada por el cirujano Arcadio de Jesús a la altura del Artículo 42 de la Constitución Nacional; si está de acuerdo con que el presidente Chávez legisle una cuarta vez a punta de sus decretos.
Ningún otro ente que el Pueblo, la Corona, puede hacer eso. Es sólo de una mayoría del Pueblo el derecho de rebelión; sólo una mayoría de la comunidad tiene el «derecho indudable, inalienable e irrevocable de alterar, reformar o abolir» un gobierno contrario a la seguridad y prosperidad de la Nación. Este problema no es incumbencia de golpistas.
Tampoco es asunto de la oposición mineralizada o de su federación electoral, la Mesa de la Unidad Democrática. Ésta es una convocatoria que deben propiciar voces no alineadas, en asociación de cualesquiera venezolanos, inscritos o no en partidos, con un propósito único y finito: lograr la consulta al Enjambre Soberano de los ciudadanos de Venezuela.
Desde que este procedimiento fuera propuesto por vez primera (Parada de trote, 23 de julio de 2009), algunos opositores burocráticos han encontrado inconvenientes que aducen insinceramente, porque no vieron la salida primero.Ahora, cuando ya salieron de sus elecciones del 26 de septiembre, si no van a ayudar que no estorben.
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El Presidente de la República seudobolivariana de Venezuela me perdonará si no interpreto con fidelidad lo que dijo ayer, en la rueda de prensa a la que convocó representantes de la prensa extranjera, para un intento de controlar los daños que sufriera su anacrónica e inepta revolución el domingo 26 de septiembre. No vi prácticamente nada de esa rueda de prensa salvo el fragmento en el que la periodista Andreína Flores lo hace desvariar y contestarle con ataques personales, en una nueva exhibición de su pobreza argumental. Lo que conozco es la concisa y útil sinopsis que hiciera de ella Noticias 24, la que estimo fiel.
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Pone la nota de Noticias 24: “Chávez criticó a voceros opositores que se han adjudicado la victoria en las parlamentarias de ayer. ‘Esa es su naturaleza, (están) mintiendo, manipulando’, dijo”. Más adelante reporta: “Dijo entonces que la oposición logró 5.320.175 votos ayer, estableciendo una diferencia de más de 100 mil votos con respecto a las alianzas del oficialismo, que lograron 5.422.040 votos, aun cuando esto no era una elección nacional… ‘Ellos están sumando para sí más de 500 mil votos que corresponden a un conjunto de otros partidos que no son de la Mesa de la Ultraderecha’, aseguró Chávez”.
El presidente Chávez no tiene poderes sobrehumanos que le permitan conocer la naturaleza de nadie; ni siquiera tiene estudios de Psicología. La acusación de que quienes señalan que el domingo hubo más votos contra Chávez mienten y manipulan, en cambio, es una proyección clásica: el segundo más primitivo de los mecanismos de defensa psicológicos enumerados por Sigmund Freud. El presidente Chávez miente de modo consuetudinario, y con la misma frecuencia atribuye su conducta falaz a los que disienten de su política. Ya el 10 de agosto de 1998 escribí sobre esto un artículo (Yugo Chávez es un mentiroso) que publicó El Diario de Caracas, del que transcribo ahora unos pocos fragmentos:
Una de sus reiteradas explicaciones, cuando intenta defender su infeliz ocurrencia del 4 de febrero de 1992, es que el frustrado levantamiento de esa fecha se produce como rectificación “bolivariana” de los acontecimientos del 27 y el 28 de febrero de 1989. La lógica chavista procede más o menos de este modo: primero, Simón Bolívar había señalado que un ejército sería maldito si enfilaba las armas contra su pueblo; segundo, Carlos Andrés Pérez ordenó al ejército venezolano enfilar sus armas contra el pueblo en 1989; tercero, en consecuencia, la asonada del 4 de febrero no fue otra cosa que el castigo merecido por el pecado perecista.
Eso es mentira. Mentira dicha con el mayor desparpajo, con el mayor irrespeto por la inteligencia y la memoria de ese pueblo que él dice defender. Durante su breve prisión en el penal de Yare, cuando no preveía aún el posterior desarrollo de los acontecimientos y por tanto se encontraba algo descuidado, Hugo Chávez Frías admitió que el grupo que encabezó el intento de golpe de Estado de 1992 llevaba muchos años conspirando, por lo menos cinco años antes de que se produjeran los disturbios de 1989, la excusa que ahora ofrece como explicación.
Hugo Chávez Frías miente. Miente cuando dice y repite que el artículo 250 de la Constitución Nacional lo obligaba a la asonada. (Así declaró, por ejemplo, a la revista Newsweek en 1994). Hugo Chávez Frías miente. Porque el texto del artículo 250, que por sí solo constituye el Título XI (De la inviolabilidad de la Constitución) lo que dice en su primer inciso es lo siguiente: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
Veamos entonces. Hugo Chávez Frías estaría diciendo la verdad, por una parte, si el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez hubiera dejado de observar la Constitución por acto de fuerza o la hubiera derogado por un medio distinto del que ella misma dispone. Y es muy claro que ninguno de esos dos casos estuvieron presentes en 1992. Por otra parte, no creo que puede sostenerse que una conspiración militar, preparada largamente, puede ser entendida como una “colaboración” para el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución. Al contrario, nada hay más inconstitucional que la única acción notoria de Hugo Chávez Frías. (Artículo 115 de la Constitución: “Los ciudadanos tienen el derecho de manifestar pacíficamente y sin armas, sin más requisitos que los que establezca la ley”. Artículo 119: “Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos”. Artículo 120: “Es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o por reunión de individuos en actitud subversiva”).
También manipula, para no decir que miente, el presidente Chávez cuando se refiere a la Mesa de la Unidad Democrática como la “Mesa de la Ultraderecha”. El partido COPEI, que antaño se ubicara al centro-izquierda, es hoy una organización de centro-derecha, como lo es Primero Justicia; ninguno de los dos puede ser ubicado sin faltar a la verdad en la derecha extrema. Los partidos Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, miembros como los anteriores de la MUD, son formaciones socialdemócratas, colocadas en el centro-izquierda. Los partidos Podemos, La Causa R y Bandera Roja son socialistas, organizaciones de izquierda. (Y el partido Patria Para Todos, que no pertenece a la MUD pero también se opuso al PSUV desde una postura socialista, tampoco puede ser considerado de derecha, mucho menos de ultraderecha. Si alguien manipula en estas cosas expertamente es Hugo Chávez).
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El domingo 26 de septiembre hubo más votos por candidatos que no eran del PSUV o sus aliados. Las cifras que ofreció el propio Presidente reflejan inequívocamente ese resultado. Más de la mitad de los votantes optó por rechazar la oferta oficialista, y esto es una realidad que el Presidente no podrá ocultar con ningún malabarismo, como tampoco el Consejo Nacional Electoral. (Cuadro de abajo con cifras totales definitivas del CNE).
Esto sí es una victoria de m...
Dice Noticias 24: “Chávez puso la jornada de ayer en cifras, indicando que las fuerzas aliadas al gobierno lograron el 59,39% de los diputados, mientras que la oposición logró 40% del parlamento”. Pero lo que Chávez oculta para su conveniencia es que en la Asamblea Nacional actuante el PSUV sienta a 139 diputados y esta vez logró elegir a 98; esto es una pérdida de 41 curules. Del lado opositor, la actual Asamblea tiene 11 diputados; la nueva tendrá 67 (65 MUD + 2 PPT), para una ganancia de 56 curules. (El oficialismo, no obstante, tiene una manera peculiar de sacar sus cuentas. Hoy reporta la web de Unión Radio declaraciones de la diputada electa al Parlamento Latinoamericano por el PSUV, Ana Elisa Osorio, quien dijo: “Hubo un decrecimiento, porque hoy en día sólo con el Partido Comunista y nosotros tenemos 98, y ellos llegaron a 65 después que tuvieron 80, así que realmente han venido perdiendo espacios”. De su propia pérdida parece no tener ningún conocimiento).
Que el PSUV alcanzó una votación mayor en mayor número de estados es verdad, pero la unidad de la democracia no es el territorio, es el ciudadano, y un mayor número de ciudadanos votó en su contra. Gracias a la redistribución sesgada de los circuitos efectuada por el CNE—así venga hoy la rectora Lucena, algo tarde, a defenderla con la cínica noción de que no se hizo para favorecer a nadie—, las zonas menos pobladas y desarrolladas del país quedaron sobrerepresentadas en la Asamblea. (Gustavo Tarre Briceño no tiene razón, sin embargo, cuando dice que esto es inconstitucional, puesto que la Constitución garantiza la representación de las minorías, pero igualmente garantiza la personalización del voto, es decir, la elección nominal, sin indicar la proporción de la mezcla de ambos principios. Ver sobre el punto Elecciones de Asamblea Nacional en este blog).
Que la elección tuvo una estructura mayormente circuital, como la llama el Presidente de la República, es también cierto, pero verdad es asimismo que el presidente Chávez quiso que se interpretara como un plebiscito sobre su persona, y aseguraba (el 16 de septiembre) que ya estaba en campaña para las elecciones de 2012 y que la elección de la Asamblea sería un preludio de lo que pudiera suceder en las elecciones presidenciales. No puede, por tanto, sin incurrir una vez más en la inconsistencia que le es tan característica, venir ahora con que las elecciones del pasado domingo eran circuitales y no deben ser interpretadas como un evento nacional.
Más aún: la campaña de los candidatos del PSUV fue asumida como una sola tarea colocada sobre los hombros universales y únicos de Hugo Chávez. Todavía cuelgan en las calles los carteles en los que el rostro del Presidente empequeñece el de los verdaderos candidatos. Y tan temprano como en mayo de este año, el fallecido Willian Lara, cuyo nombre fue escogido por el presidente Chávez para designar las operaciones de su aparato en la fecha electoral, definía el carácter único de la campaña. Leo en Correo del Orinoco del 10 de mayo:
Willian Lara, gobernador del estado Guárico y miembro del PSUV, hizo referencia a la campaña única que realizarán las candidatas y los candidatos que resultaron ganadores en las elecciones internas del partido revolucionario, para participar en la contienda por los curules de la Asamblea Nacional que se efectuarán el próximo 26 de septiembre.
El periodista y Gobernador del estado Guárico indicó que los candidatos ganadores en los comicios internos no podrán realizar campañas políticas individuales, sino en equipo. En ese sentido, el militante de la organización revolucionaria resaltó que se conformará un comando nacional de campaña, el cual se regirá bajo los estatutos de la dirección nacional del PSUV.
“Este comando de campaña abarcará cada uno de los circuitos electorales y, por ende, en cada uno de los estados del país”, dijo Lara, al tiempo que precisó que se debe “hacer una sola campaña para no segmentar al electorado“.
Ahora, cuando una mayoría nacional ha votado contra los candidatos de la alianza encabezada por el PSUV, el presidente Hugo Chávez pretende que ese planteamiento centralista y único de la campaña, en ámbito nacional, sea olvidado. Ya no quiere que se le mencione lo que Lara y él dijeron.
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Curiosamente, el presidente Chávez escogió referirse ayer a dos temas ajenos a las elecciones del 26 de septiembre: el primero fue su reiterada invitación—más bien desafío—a la convocatoria de un referendo revocatorio de su mandato.
Noticias 24 reproduce sus palabras: “Si dicen que ya son mayoría, convoquen un revocatorio. Les hago un reto, como dicen que son mayoría, ya yo cumplí tres años de este período, tres años y medio, les hago un reto: convoquen a referéndum. ¿No son mayoría? Háganlo. ¿Por qué esperar dos años?”
Es un tema que se ha convertido para él en obsesión. Desde el año pasado anda en eso. La última vez que lo planteara fue el 2 de junio, cuando añadiera un elemento nuevo: “¿Por qué no llaman a un referendo revocatorio, si la constitución les da ese derecho? Aprovechan las elecciones y piden un referendo para el 26 de septiembre”. Noticias 24 reportó ese día: “Según Chávez, el Consejo Nacional Electoral está en capacidad de organizar la consulta revocatoria en 4 meses”.
La idea de celebrar el referéndum junto con las elecciones la había plagiado de este blog, que había propuesto el 31 de mayo, dos días antes de lo que Chávez presentó como su ocurrencia, lo siguiente:
…somos los Electores—10% del registro electoral—quienes debemos ocuparnos de la convocatoria. Somos nosotros quienes, por iniciativa popular, tendremos que causar la consideración, por parte de cada ciudadano hábil para votar, de esta pregunta: “¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?”
Este blog anuncia que ya hay quienes estamos estudiando la ingeniería de la cosa, y que nos proponemos que la consulta tenga lugar exactamente el domingo 26 de septiembre de este mismo año. De este modo, no se exige un gasto adicional y un esfuerzo organizativo distinto al Consejo Nacional Electoral.
Y es que este referéndum sobre el socialismo fue propuesto por vez primera en la Carta Semanal #341—Parada de trote—de Dr. Político el 23 de julio de 2009. Se trata de un referéndum que el Presidente de la República habría podido convocar en Consejo de Ministros si hubiera tenido las agallas, a diferencia del revocatorio que no puede convocar contra sí mismo. De hecho, en este blog—leído, si no por él mismo (águila no caza moscas), por su Sala Situacional—le dije:
De modo, pues, Señor Presidente, que si Usted ha recomendado insistentemente a sus opositores organizados en partidos políticos la convocatoria de un referéndum revocatorio en Su contra, a Usted puede recomendársele recíprocamente, más bien exigírsele, que convoque Usted mismo, en acuerdo con Sus ministros, el referéndum consultivo sobre la conveniencia de instaurar en nuestro país un régimen político-económico socialista.
Si Usted cree verdaderamente en la democracia participativa, si Usted puede ver que la pretendida instauración modifica profundamente la estructura y el concepto del Estado venezolano y las costumbres de la Nación, si puede ver que Usted no tiene derecho de imponer tal cosa, por su gravedad, sin recabar la opinión del Soberano, entonces Usted no puede negarse a la inmediata convocatoria del referéndum descrito. Usted nos debe esa consulta; se la debe al Pueblo, el Poder que le supera. (Emplazamiento de Caracas, 8 de febrero de 2010).
El presidente desafiante, el político que se la pasa retando y profiriendo amenazas, optó por ignorar el razonable emplazamiento. No tuvo el valor de asumirlo; él, que acostumbra decir que asume.
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La segunda referencia presidencial a un asunto desconectado de las elecciones del 26 de septiembre fue el descarado, lastimero y repetido intento de que no se le tenga por golpista. Una vez más, la cita procede de Noticias 24: “Yo participé en una rebelión, si lo llaman golpe, está bien, lo acepto. La rebelión está diametralmente opuesta a los golpes de Estado; fue la juventud militar que se alzó contra los altos mandos”.
Cada vez que Hugo Chávez se refiere a los actos abusivos del 4 de febrero de 1992 cambia los matices, dice cosas distintas. Él recordará que nos vimos por primera vez en un desayuno durante la campaña presidencial de 1998, y que ya en esa ocasión le hice conocer mi opinión acerca de su criminal abuso. Tal vez, en cambio, no leyera un artículo con el que penetré la revista Zeta, algo premonitoriamente, un mes antes del Carmonazo. De él cito:
Esto dice, por ejemplo, la Declaración de Derechos de Virginia, de la que calcaba tres semanas después la Declaración de Independencia de los Estados Unidos: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”.
El sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti, Gruber Odremán, Chacón y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia. (3 de marzo de 2002, referido en Salir de la caja, 25 de marzo de 2004).
Pero todavía insiste desde su mala conciencia, aunque nadie le hubiera tocado ayer el tema, ni siquiera Andreína Flores. Con la negación: el más primitivo de todos los mecanismos freudianos de defensa. LEA
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*Ésas son puras mentiras. Los amigos invisibles. Ir a descargar
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