Glosa a un comentario aureliano
Cosecha del 99
Aurelio Useche Kislinger tuvo la amabilidad de comentar Hallado lobo estepario en el trópico. He aquí su comentario:
…quizás una de las personas con mayor grado de responsabilidad en el deterioro institucional del país es Miquilena, quien promovió la reforma constitucional del 99, dando pie a un derrumbe del sistema político de la Constitución del 61. El objetivo de la reforma al derrocar al Congreso elegido—el cual, a través de sus dirigentes de entonces (incluido quien es hoy flamante precandidato presidencial) desempeñó un triste papel entreguista—era darle un soporte político-institucional a Chávez. Lo que no se pudo hacer por las armas, se hizo a través de la muy cuestionada Asamblea Constituyente de entonces. No hay que olvidar que apenas un 15% del electorado votó a favor de “la mejor constitución del mundo”.
De modo que ahora Miquilena, arrepentido, es un factor de peso en la oposición a Chávez, y uno de sus más fieles seguidores (Gaviria) es igualmente activo en la MDU.
Desde luego que el concepto del perdón es un valor muy importante para los católicos, y no podemos más que admitir que, gracias a la contrición de ellos y muchos otros que fueron fieros seguidores de Hugo Chávez, estén hoy en día participando en la MUD.
Pero, insisto, no era necesaria la entrega del 99. Y, lamentablemente, todo esto ha degenerado en un inmenso estado de deterioro, jamás imaginado por los analistas de entonces. Muy pocos políticos de envergadura se enfrentaron a la reforma de la Constitución.
Pudiéramos decir que todo este proceso se inició con aquel fatídico discurso del 4 de febrero de 1992…
Aurelio alude acá al comportamiento de la dirigencia opositora de hoy en 1999, cuando la Asamblea Constituyente excedió sus atribuciones y decapitó al Congreso electo en 1998 al cercenar el Senado de la República. Henrique Capriles Radonski presidía entonces la Cámara de Diputados. Había llegado a esa posición propuesto por otro Henrique, «el Gallo»—autobautizado—Salas Römer, quien presentó la candidatura del joven político como modo de sentar allí a alguien que no tuviera enemigos—a sus 26 años de edad, era prácticamente imposible que los tuviera—, como salida a la tensa competencia por la Presidencia de los diputados al cabo de la debacle electoral. Es Capriles Radonski el precandidato aludido por el comentarista. (A propósito, un buen amigo llamó a mi casa en 1975 para ofrecerme un hijo que acababa de nacerle; me dijo que lo llamaría Henrique, con hache, puesto que así escribirían su nombre quienes tienen plata: Henrique Pérez Dupuy, Henrique Machado Zuloaga… Mi segundo nombre se escribe sin hache).
Conviene refrescar la historia inmediatamente anterior a esa decapitación.
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El 25 de abril de 1999 se sometió a los venezolanos dos preguntas en referendo, la segunda de ellas relativa a las normas para la elección de una asamblea constituyente, figura no prevista en el texto fundamental de 1961. Previamente—19 de enero—, la Corte Suprema de Justicia había resuelto un recurso de interpretación del novísimo Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que había sido reformada con la introducción de un título enteramente nuevo, el sexto, sobre los referendos. Hasta ese momento, el único referendo contemplado en la legislación venezolana era el aprobatorio que se requería en caso de «reforma general» de la Constitución. Con plena razón, la Corte determinó que sí podía aplicarse el Artículo 181—permitía consultar a la población sobre «materias de especial trascendencia nacional»—para plantear un referendo consultivo sobre la posibilidad de convocar una asamblea constituyente aunque ella no estuviera prevista por la constitución entonces vigente, puesto que el Poder Constituyente Originario, aquél que da origen a la Constitución, no está limitado por ella al ser un poder supraconstitucional.
La primera de las preguntas del 25 de abril, en cambio, era la fundamental y definitoria: «¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un Nuevo Ordenamiento Jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?» Esta pregunta recibió la aprobación de 87,75% de los votos escrutados ese día, aunque, similarmente a lo que apunta el comentario de Useche, se abstuvo el 62,35% de los electores inscritos para ese momento. La convocatoria misma de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, en consecuencia, fue mandada por el 33% de los electores lo que, por supuesto, no las hizo menos legítimas.
El mandado está hecho, Presidente
El 15 de diciembre de 1999, en medio de inclementes deslaves e inundaciones, 23,1% de los electores venezolanos (no 15%, como pone Useche)—descontados los votos nulos y una abstención de 67,8%—aprobaba la Constitución que rige a la República «Bolivariana» de Venezuela. En el camino a ese desenlace, el 25 de julio se elegía a la ANC—cuatro de los diputados electos no pertenecían a los promovidos por el gobierno—y ella daba un golpe de Estado con la amputación del Senado que había sido elegido y creado por el pueblo menos de un año antes. Un extraño acatamiento de tal desafuero, derivado de una aparente vergüenza, de una tácita admisión de culpa republicana, provino del silencio opositor. Particularmente, el Presidente de la Cámara de Diputados, Henrique (con hache) Capriles Radonski continuó despachando, cobrando su sueldo y trasladándose en carro con chófer sin declararse en rebeldía ante el desaguisado. A fin de cuentas, el deslave del Miquilenazo sólo había afectado la cámara vecina, no la suya.
Ahora quiere intercalar el azul
Por contraste, desde las posibilidades de un Enrique sin hache escribí Contratesis (10 de septiembre de 1998) , un artículo para el diario La Verdad de Maracaibo que se anticipaba a lo que vendría y luego reproduje (20 de septiembre) en el último número de mi antigua publicación (referéndum). Allí ponía:
La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum.
La dirigencia de oposición hizo caso omiso de esta argumentación en 1999.
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Dos cosas más deben ser glosadas en el certero comentario de Aurelio Useche. Él habla, primero, de una «reforma constitucional» en 1999. No hubo tal; aunque previsiones de la Constitución de 1961 fueran preservadas en la Carta Magna de 1999, ésta no fue una reforma de la anterior, sino una enteramente nueva. Fue, precisamente, porque lo que se quería era un concepto constitucional fresco y no una mera reforma del anterior, que el procedimiento constituyente se hizo necesario. Ángel Fajardo explicó el punto en su Compendio de Derecho Constitucional (1987):
El órgano cuya función consiste en reformar la Constitución, es el denominado poder constituyente constituido, derivado, etc., y cuya facultad le viene de la misma Constitución al ser incluido este poder en la ley fundamental por el poder constituyente; de modo, que la facultad de reformar la Constitución contiene, pues, tan sólo la facultad de practicar en las prescripciones legal-constitucionales, reformas, adiciones, refundiciones, supresiones…; pero manteniendo la Constitución; no la facultad de dar una nueva Constitución, ni tampoco la de reformar, ensanchar o sustituir por otro el propio fundamento de esta competencia de revisión constitucional, pues esto sería función propia de un poder constituyente y el legislador ordinario no lo es, él sólo tiene una función extraordinaria para reformar lo que está hecho, no para cambiar sus principios y aún menos para seguir un procedimiento distinto al establecido por el poder constituyente.
Al comentar ese pasaje de Fajardo en referéndum (Comentario constitucional, 12 de octubre de 1995), aduje: «Esto significa (…) que de aceptarse la tesis de que se requiere una nueva constitución, el Congreso de la República no es el órgano llamado a producirla, puesto que excedería sus facultades. En este caso la única forma admisible de proveernos de una constitución nueva sería la de convocar una Asamblea Constituyente». El Congreso de la República habría excedido sus funciones si hubiera intentado producir un texto constitucional fundamentalmente distinto de aquél que le daba el ser. Sólo un proceso constituyente expreso podía hacer esta tarea y eso, exactamente, fue lo que se hizo en 1999.
Por último, Useche alude a un «fatídico discurso del 4 de febrero de 1992». Ese día hubo dos discursos que pudieran ser tenidos por fatídicos; el primero, brevísimo, fue el de un oficial alzado y rendido que incluyó estas palabras: «Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital». El análisis superficial ha exagerado la presunta fatalidad de esa provisionalidad. No es porque dijo «por ahora» que Chávez manda en Venezuela. Entre ese día y su elección en diciembre de 1998 mediaron decenas o centenas de acontecimientos políticos que produjeron, en secuencia trágica, su asunción al poder. Por supuesto, su alocución fue uno de ellos, muy significativa cuando dijo: «…yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano». Pero explicar su triunfo electoral a partir de ese solo dato no es sino superficialidad y simplismo.
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…por ahora…
El segundo discurso al que se ha atribuido desproporcionadas virtudes es el que pronunciara Rafael Caldera en una sesión conjunta de las cámaras legislativas hacia el final de la tarde del mismo 4 de febrero. Se ha convertido en lugar común señalar que aprobaba el intento de golpe de Estado, que fue oportunista, que por haberlo dicho ganó su segunda presidencia en 1993. Estas cosas son puras necedades, de nuevo superficiales y simplistas. Por un lado, el discurso en sí fue una gran pieza republicana en dificilísima hora. En Memoria a disgusto (8 de febrero de 2007), escribí:
En efecto, Rafael Caldera pronunció uno de los mejores discursos de su vida en horas de la tarde del 4 de febrero de 1992, premunido de su condición de Senador Vitalicio. De nuevo la simpleza atribuye a este discurso su triunfo electoral de 1993, que se debió mucho más a otros factores de muy diversa índole. (Como que venía—era prácticamente el único dirigente nacional de importancia que lo hiciera—de varios años de coherente oposición a la receta “ortodoxa” del Consenso de Washington, administrada sin miramientos por Carlos Andrés Pérez). De nuevo el simplismo político tiene por dogma que Caldera se colocó con sus palabras en connivencia con los conjurados. Esto es una tontería. La condena de Caldera al golpe no deja lugar a equívocos: “…la normalidad y el orden público están corriendo peligro después de haber terminado el deplorable y doloroso incidente de la sublevación militar…” “Yo pedí la palabra para hablar hoy aquí antes de que se conociera el Decreto de Suspensión de Garantías, cuando esta Sesión Extraordinaria se convocó para conocer los graves hechos ocurridos en el día de hoy en Venezuela, y realmente considero que esa gravedad nos obliga a todos, no sólo a una profunda reflexión sino a una inmediata y urgente rectificación”. “Debemos reconocerlo, nos duele profundamente pero es la verdad: no hemos sentido en la clase popular, en el conjunto de venezolanos no políticos y hasta en los militantes de partidos políticos ese fervor, esa reacción entusiasta, inmediata, decidida, abnegada, dispuesta a todo frente a la amenaza contra el orden constitucional”.
Caldera estaba diciendo, valientemente, la verdad. Más valientemente continuó: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia; cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad… El golpe militar es censurable y condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente y sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo”. Tenía razón.
El 8 de febrero de 1992 el diario El Nacional publicó un artículo firmado por Manuel Alfredo Rodríguez, llamado sencillamente “Caldera”. En éste expuso: “El discurso pronunciado por el Maestro Rafael Caldera el 4 de febrero, es un elevado testimonio de patriotismo y un diáfano manifiesto de venezolanidad y humanidad. Pocas veces en la historia de Venezuela un orador pudo decir, con tan pocas palabras, tantas cosas fundamentales y expresar, a través de su angustia, la congoja y las ansias de la patria ensangrentada”. Y para que no cupieran sospechas aclaró: “Nunca había alabado públicamente a Rafael Caldera, aunque siempre he tenido a honra el haber sido su discípulo en nuestra materna Universidad Central. Nunca he sido lisonjero o adulador, y hasta hoy sólo había loado a políticos muertos que no producen ganancias burocráticas ni de ninguna otra naturaleza. Pero me sentiría miserablemente mezquino si ahora no escribiera lo que escribo, y si no le diera gracias al Maestro por haber reforzado mi fe en la inmanencia de Venezuela”. Nada menos que eso después de declarar: “La piedra de toque de los hombres superiores es su capacidad para distinguir lo fundamental de lo accesorio y para sobreponerse a los dictados de lo menudo y contingente. Quien alcanza este estado de ánimo puede meter en su garganta la voz del común, y mirar más allá del horizonte”.
Por otro lado, Caldera no ganó en 1993 a causa de ese discurso. En Tiempo de desagravio (artículo para El Diario de Caracas del 18 de diciembre de 1998) salí al paso de este nuevo simplismo:
Se ha repetido hasta el punto de convertirlo en artículo de fe que Rafael Caldera fue elegido Presidente de la República por el discurso que hizo en el Congreso en horas de la tarde del 4 de febrero de 1992. Esto es una tontería. Caldera hubiera ganado las elecciones de 1993 de todas formas. Sin dejar de reconocer que ese discurso tuvo, en su momento, un considerable impacto, Caldera hubiera ganado las elecciones porque representaba un ensayo distanciado de los partidos tradicionales cuando el rechazo a éstos era ya prácticamente universal en Venezuela y porque venía de manifestar tenazmente una postura de centro izquierda frente al imperio de una insolente moda de derecha.
De mediados de 1991 data una encuesta que distribuía la intención de voto entre los precandidatos de aquellos días de modo casi totalmente homogéneo. Rafael Caldera, Luis Piñerúa, Eduardo Fernández, Andrés Velázquez, absorbían cada uno alrededor del 20% de la intención de voto (con pequeña ventaja para Caldera) y un restante 20% no estaba definido o no contestaba. Se trataba de una distribución uniforme, indiferente, que a la postre iba a desaguar por el cauce calderista por las razones anotadas más arriba. Las elecciones de 1993 contuvieron dos ofertas sesgadas a la derecha en lo económico, la de Álvarez Paz y la de Fermín, y dos sesgadas a la izquierda, la de Velázquez y la de Caldera. Con este último ganó, si se quiere, una izquierda sosegada, puesto que los candidatos furibundos eran claramente Álvarez Paz y Velázquez, que llegaron detrás de los más serenos Caldera y Fermín.
No, aquel discurso no fue el pecado de Caldera. Otras cosas sí lo serían.
El sobreseimiento de la causa contra los alzados presos en Yare, decretado por Caldera, ciertamente, en medio de extenso consenso—Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz, Fernando Ochoa Antich, Luis Herrera Campíns, Patricia Poleo, Juan Martín Echeverría, Freddy Muñoz, el cardenal José Alí Lebrún, Jorge Olavarría y Américo Martín, entre otros, se pronunciaron a favor de la medida—, sí constituyó, a mi juicio, un error mayúsculo. Pero no porque gracias a eso Chávez ganara las elecciones en 1998. En el mismo artículo anterior opiné:
Se ha dicho que la ‘culpa’ de que Chávez Frías haya ganado las elecciones es de Rafael Caldera, porque el sobreseimiento de la causa por rebelión impidió la inhabilitación política del primero. Esto es otra simplista tontería. Al año siguiente de la liberación de Chávez Frías se inscribe una plancha del MBR en las elecciones estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela, tradicional bastión izquierdista. La susodicha plancha llegó de última. Y la candidatura de Chávez Frías, hace exactamente un año, no llegaba siquiera a un 10%. La “culpa” de que Chávez Frías sea ahora el Presidente Electo debe achacarse a los actores políticos no gubernamentales que no fueron capaces de oponerle un candidato substancioso. Salas Römer perdió porque no era el hombre que podía con Chávez, y ninguna elaboración o explicación podrá ocultar ese hecho.
La luna de Yare (clic para ampliar)
Caldera había explicado, por supuesto, en entrevista que el 2 de junio de 1994 le hiciese César Miguel Rondón:
…la libertad de Chávez fue una consecuencia de la decisión que se había tomado con todos los participantes de los alzamientos del 4 de febrero y del 27 de noviembre… esos sobreseimientos comenzaron a dictarse en tiempos del propio presidente Pérez, que fue el Presidente que estaba en Miraflores cuando ocurrió la sublevación; continuaron durante el gobierno del presidente Velásquez y cuando yo asumí habían puesto en libertad a casi todos, por no decir a todos, los participantes de la acción… Sería contrario a todas las normas jurídicas que se hubiera sobreseído el juicio que se les seguía a los demás oficiales y se hubiera mantenido a Chávez en la cárcel por el temor de que pudiera llegar a ser Presidente. Temor que nadie compartía en ese momento…
Pero la nocividad del sobreseimiento residía en otro de sus aspectos. El 4 de junio de 1994, dos días después de la entrevista mencionada, escribí en referéndum: «No es un costo bajo el de poner en la calle, en libertad, a los responsables de las asonadas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992… Es por esto que lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Puede que sea políticamente útil tener en la calle al ex comandante Chávez exhibiendo la escasez de su discurso. Puede pensarse que Caldera, después de su discurso del 4 de febrero de 1992, pudiera estar de algún modo obligado a perdonar a los infractores. Puede hasta admitirse que las sacudidas de 1992 conmovieron o consolidaron la opinión contra Pérez, pero no existe asidero legal que permita afirmar que los golpistas hicieron lo debido”.
El costo aludido era “la terrible modelación que se hacía ante los ciudadanos: que no era nada grave levantarse en armas contra las instituciones de la República, que uno podía alzarse y causar la muerte de venezolanos sin mayor pena que la de una temporada en el penal de Yare, antes de ser puesto en plena libertad con sus derechos políticos intactos; que hasta podía uno de una misma vez conseguir un empleo público. (Caldera ofreció a Arias Cárdenas la dirección del PAMI, el programa de asistencia materno-infantil del gobierno nacional)».
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Aun hubo una abdicación más grave de Rafael Caldera, más de fondo, en su segundo período presidencial. Caldera no quiso convocar el referendo que hubiera producido la Constituyente, a pesar de que esto le fuera especialmente recomendado:
En el número anterior se avisó que en esta Ficha Semanal #145 de doctorpolítico se reproduciría un trabajo relativamente extenso—Primer referendo nacional—que fuera publicado originalmente el 20 de septiembre de 1998 en el número 28 de la publicación referéndum, redactada y editada por quien escribe entre 1994 y 1998. En el largo artículo se proponía la realización de una consulta sobre la deseabilidad de convocar una asamblea constituyente, aprovechando que el Congreso de la República había incluido un título nuevo—De los referendos—en la reforma de diciembre de 1997 a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Para el momento la proposición no tuvo acogida. Fue elevada directamente a la consideración del Presidente de la República de entonces, Rafael Caldera, por intermedio de representación ante su Ministro de la Secretaría de la Presidencia, Fernando Egaña, actuación parecida ante su Ministro de CORDIPLÁN, Teodoro Petkoff, y por entrega del texto que aquí se transcribe en La Casona. Ambos ministros, sobre todo este último, indicaron su general acuerdo con la idea, pero por razones que desconoce el autor de estas líneas, la proposición fue desestimada.
Además de las gestiones mencionadas, el Dr. Ramón J. Velásquez consintió amablemente en ser mi embajador de la iniciativa ante Caldera. Éste no hizo el menor caso. Caldera había ofrecido cambios constitucionales de importancia en su Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela, su oferta de campaña en 1993, incluyendo la inserción de la figura de constituyente en una reforma de la Constitución lo que, dicho sea de paso, no era cosa que podía ofrecer un candidato a la Presidencia de la República, que no tenía entonces iniciativa constituyente, ni ordinaria ni extraordinaria. Su período transcurrió, sin embargo, sin que esa promesa se cumpliera. Tal circunstancia me permitió escribir en octubre de 1998, ya agotada la posibilidad de la convocatoria: “Pero que el presidente Caldera haya dejado transcurrir su período sin que ninguna transformación constitucional se haya producido no ha hecho otra cosa que posponer esa atractriz ineludible. Con el retraso, a lo sumo, lo que se ha logrado es aumentar la probabilidad de que el cambio sea radical y pueda serlo en exceso. Este es el destino inexorable del conservatismo: obtener, con su empecinada resistencia, una situación contraria a la que busca, muchas veces con una intensidad recrecida” .
Es probable que un proceso constituyente detonado por Caldera hubiera sido menos abrasivo, ciertamente sin el abuso del Miquilenazo, que el que Chávez puso en marcha y, en todo caso, ya este último no habría tenido la celebración de una constituyente como su principal bandera de campaña. Le habría sido arrebatada.
Era la tercera vez que Caldera rechazaba una iniciativa que yo le propusiera. En la campaña de 1983, que perdió increíblemente ante el muy inferior Jaime Lusinchi, le había recomendado un discurso amplio, explicador de la crisis:
Mis recomendaciones alcanzaban a vislumbrar varios “momentos” posibles en la campaña de Rafael Caldera. El primero sería el de la “asunción de la crisis”. Para esto había elaborado un discurso prototípico cuyo texto anexé. El discurso exigía de Caldera hablar bien del país. Pero no únicamente del país en abstracto o del país en general. Lo ponía, debiendo adoptar una posición superior a la esperada y minúscula competencia, a hablar bien de Acción Democrática, del Movimiento al Socialismo, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción. Lo ponía a explicar la crisis financiera como un resultado casi natural derivado del atragantamiento y consiguiente indigestión de dólares de la recrecida renta petrolera. Lo ponía a reconciliar al país con su propia imagen, al mostrar cómo era que las economías de los países más prestigiosos (Alemania Federal, los Estados Unidos de Norteamérica), también se hallaban en problemas y, por tanto, cómo no éramos “los indios” los únicos que habían mostrado un desempeño económico defectuoso. Lo ponía a desmontar esas inexactas visiones dicotómicas de los buenos y los malos y a explicar cómo las cualidades morales también mostrarían al análisis una distribución estadística normal. Lo ponía, finalmente, a prometer algunas consecuencias prácticas para su propia campaña electoral, en consonancia con la necesidad de contribuir a la austeridad que ya era evidentemente requerida. (Como renunciar al empleo de asesores electorales extranjeros como un medio de ahorrar, aunque fuese poco, la erogación de divisas). Ése era, claro está, el discurso que yo hubiera pronunciado de haber sido Rafael Caldera, pero fue también el discurso que Caldera no quiso pronunciar. (Memorias prematuras).
Ésa ha sido la historia. LEA
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