por Luis Enrique Alcalá | Ago 25, 2012 | Argumentos, Política |
Ex Fiscal Interventor Auxiliar del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios del Ministerio del Poder Popular para el Comercio
Vemos políticos indecisos que se las dan de resueltos estadistas, y a la «fuente autorizada» que atribuye su falta de información a «imponderables de la situación». Es ilimitado el número de funcionarios públicos que son indolentes e insolentes; de jefes militares cuya enardecida retórica queda desmentida por su apocado comportamiento, y de gobernadores cuyo innato servilismo les impide gobernar realmente. En nuestra sofisticación, nos encogemos virtualmente de hombros ante el clérigo inmoral, el juez corrompido, el abogado incoherente, el escritor que no sabe escribir y el profesor de inglés que no sabe pronunciar. En las Universidades vemos anuncios redactados por administradores cuyos propios escritos administrativos resultan lamentablemente confusos, y lecciones dadas con voz que es un puro zumbido por inaudibles e incomprensibles profesores. (…) En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia.
Peter Laurence – Raymond Hull
El Principio de Peter
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We can sail, we can sail with the Orinoco Flow. We can sail, we can sail.
Enya
Orinoco Flow
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Trece ministerios eran suficientes para la Administración Pública en Venezuela al inicio de su período democrático, en 1959: Relaciones Interiores, Relaciones Exteriores, Defensa, Hacienda, Fomento, Obras Públicas, Educación Nacional, Justicia, Minas e Hidrocarburos, Trabajo, Comunicaciones, Agricultura y Cría, Sanidad y Asistencia Social. (Más la Secretaría de la Presidencia, que entonces no era un ministerio—Carlos Andrés Pérez la elevaría a ese rango en su primer gobierno—, y cuatro «oficinas centrales» adscritas a la Presidencia de la República: la de Coordinación y Planificación, la de Presupuesto, la de Personal y la de Estadística e Informática). Ahora es Hugo Chávez el jefe de un gabinete de 31 ministros.
Este crecimiento tumoral no le es enteramente atribuible. Su antecesor, Rafael Caldera, ya contó con 27 ministros en su segundo período, así que Chávez sólo ha añadido cuatro, aunque cambiándoles el nombre a todos, naturalmente. (Un viejo consejo gerencial recomienda no tener más de una docena de subalternos que reporten directamente a un jefe, so pena de sobrecargarlo).
Nunca dejó de operar un prurito reorganizador de la Administración Pública en los gobiernos precedentes de la democracia. Al comienzo, Rómulo Betancourt estableció la Comisión de Administración Pública, que confió al economista Héctor Atilio Pujol, con el propósito de reformar y modernizar la organización del Poder Ejecutivo Nacional. Esa antecesora de la COPRE (Comisión Presidencial para la Reforma del Estado) trabajó, primeramente, con una estrategia de cambio en los sistemas y procedimientos de la administración: «¿Hay un problema con la cedulación? ¿Cuántas taquillas hay en la ONIDEX (Oficina Nacional de Identificación y Extranjería) de El Silencio? ¿Cinco? Pongamos ocho. ¿Se están robando los reales? ¿Cuántas copias se hace de un punto de cuenta? ¿Tres? Para controlar mejor generemos ahora el original, la copia blanca, la copia amarilla, la copia rosada, la copia verde…» La velocidad de cambio del aparato administrador público era, por supuesto, bastante mayor que la de una oficina que dibujaba diagramas de flujo en un intento de mantenerlo bajo control. Hasta que llegó Allan Randolph (Randy) Brewer-Carías a presidir la Comisión de Administración Pública.
Caldera había ganado por primera vez la elección presidencial y él, abogado latinoamericano, socialcristiano, deductivista, nombró a Brewer—como él abogado latinoamericano, socialcristiano y deductivista, y quien nunca había sido expuesto a una situación organizativa más compleja que un consejo de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela o manejado más personal que la secretaria de su Instituto de Derecho Público—para que presidiera el órgano de la reforma del Estado.
Donde antes Pujol había puesto curitas y paños calientes, ahora Brewer pretendió reformar absolutamente todo: desde la Corte Suprema de Justicia hasta el Concejo Municipal de Humocaro Alto, pasando por todos los ministerios, todos los institutos autónomos y todas las empresas del Estado. La CAP produjo bajo su guía dos tomos de más de quinientas páginas cada uno, empastados en cubierta dura azul y amarillo—sin rojo; todavía faltaba mucho para la Batalla de la Cachucha—, con las especificaciones para cambiar hasta el último resquicio del Estado.
Alguna vez comenté al propio Brewer este contraste entre él y Pujol, y apunté que no había en el país capacidad gerencial suficiente como para acometer tal cantidad de cambio, y que si llegare a haberla—mediante la contratación, por ejemplo, de Henry Kissinger, Robert McNamara, Peter Drucker y Lee Iacocca—, la intervención de un fornido atleta para trepanar su cráneo, resecarle medio pulmón, reducirle fracturas de costillas, extraerle la vesícula, colocarle una válvula mitral, suturarle úlceras gastroduodenales y circuncidarlo simultáneamente, crearía tal cantidad de trauma que, en cuanto se le destripase una espinilla en la nariz, moriría de shock irremediablemente. Creí que entendería al recomendarle una estrategia de radicalismo selectivo (Yehezkel Dror), para escoger unos pocos puntos estratégicos en el aparato del Estado y en ellos practicar una reforma a fondo. Si la cosa resultaba, entonces pudiera considerarse la extrapolación del esfuerzo a otras dependencias. Las ciencias sociales, le dije, son demasiado incipientes como para permitirse la arrogancia de un cambio omnicomprensivo. Me escuchó con gran atención y, después de considerar mi exposición como «muy interesante», extrajo de su maletín veinte hojas anotadas en papel tamaño extra oficio; ellas contenían tan sólo el índice de una ponencia sobre reforma del Estado que debían discutir los miembros del Grupo Santa Lucía en intervenciones de tres minutos per cápita durante una sesión de media mañana. Había perdido mi tiempo.
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Aun así, Brewer ha sido superado con creces por la voracidad de la revolución «bolivariana», pero antes ya era mucho mayor el problema que llevó a Jaime Lusinchi a crear otro órgano para la reforma del Estado, la difunta COPRE. En ocasión de que Lusinchi contestara a las Comisiones del Congreso de la República que fueron a participarle la instalación del período legislativo de 1985, el entonces Presidente de la República confesó: “…el Estado casi se nos está yendo de las manos”. Era como si el piloto de un gran avión de pasajeros saliese de su cabina para anunciar a los pasajeros de primera clase (los senadores y diputados) que el aeroplano no respondía a los mandos. (Pudiera ser que una mayor tendencia a la candidez fuese característica de los presidentes de Acción Democrática. En 1975, Carlos Andrés Pérez confesaba a los periodistas que no había sido posible dar a luz el documento contentivo del V Plan de la Nación por cuanto, a pesar de que él había convocado por tres veces a su discusión ¡los ministros no habían leído el documento!) Sin embargo, más tarde no le gustaba a Lusinchi lo que hacía la comisión que él mismo creara, a la que regañó advirtiéndole que era sólo “una comisión asesora y no una comisión promotora». (El 6 de junio de 1986).
Aumenta la producción de cambures
La capacidad de gestión de los colaboradores del presidente Chávez tiene una magnitud finita, más bien escasa. No sólo es que muchos son más capaces en la fabricación de discursos ideologizados y aduladores cuadres con el jefe que en la gerencia pública, sino que la agresividad de clase del propio Jefe del Estado aliena y excluye a muchos entre los mejores talentos ejecutivos de la Nación. Gustavo Antonio Marturet, de serle ofrecida, no le aceptaría a Chávez la Presidencia del Banco Central de Venezuela.
A pesar de esta circunstancia, el gobierno «revolucionario» que sufrimos desde 1999 insiste en complicarse la vida. Cada estatización es un nuevo punto de decisión y supervisión, cada nuevo programa un nuevo dolor de cabeza. Para demostrar que habla en serio cuando nos anuncia el «socialismo del siglo XXI», ha expropiado más de un millar de empresas privadas en lo que lleva de dominación. Pero no todo es predicado desde la doctrina; luego de su tercer triunfo electoral, a comienzos de 2007, Chávez explicaba en Brasil a sus colegas del subcontinente que tenía que expropiar a la telefónica nacional porque le estaban grabando las conversaciones. (No hay necesidad de poseer la CANTV para espiarlo, y cuando esa empresa era pública, antes de la privatización de Pérez, grababa las conversaciones de Luis Herrera Campíns).
El resultado del apetito controlador de Hugo Chávez es una administración pública elefantiásica, cancerosa, recrecida sin necesidad… e ineficiente. Es imposible manejarla razonablemente bien porque los pocos ejecutivos medianamente capaces de los que dispone están sobrecargados. Una burocracia enorme obstaculiza el mejor desempeño de la sociedad y su economía, a pesar de algunas mejoras puntuales. CADIVI y SENCAMER se ocupan de que producir sea cada vez más difícil y costoso. Pregunte a cualquier industrial, incluso a los simpatizantes del oficialismo.
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Más allá de su invasividad, la revolución chavista es, por encima de todo, un discurso altisonante e inconsistente. En 1999 Chávez anunciaba un esquema de desarrollo «pentapolar» que ya nadie recuerda—¿lo recordará él mismo?—, y uno de sus componentes era la construcción del «Eje Orinoco-Apure». Ahora le ha recortado a ese proyecto grandilocuente 1.025 kilómetros, al reducirlo al más modesto «Eje Orinoco» que acaba de anunciar en actos de campaña en el estado Bolívar.
Lo sustancial de este anuncio es la adjudicación por PDVSA de 10% de las acciones de Petropiar a la emproblemada Corporación Venezolana de Guayana; en febrero, el presidente Chávez había indicado que exactamente la misma participación sería poseída por la empresa del grupo chino CITIC, así que a comienzos de año podía hablarse con propiedad del «Eje Orinoco-Yangtsé». Para cargar más peso a las exigidas finanzas de PDVSA, ésta adelantará de una vez, según anuncio presidencial, mil millones de dólares a SIDOR, pues el desarrollo en la Faja del Orinoco, que supuestamente pondrá la producción petrolera venezolana en tres y medio millones de barriles diarios para la Navidad, requeriría 1.200.000 toneladas de acero por año en el próximo quinquenio, para un gasto total de US$ 3.600 millones por este solo concepto. Además de todo lo que ya hace, PDVSA es ahora el salvavidas de la CVG.
¿Cuándo duerme Rafael Ramírez? ¿Habrán llegado él y su jefe a su nivel de incompetencia? ¿Será por eso que se produjo una explosión mortal en Amuay? Un estudio de 2011 sobre la seguridad industrial en la Faja del Orinoco, más precisamente en la Gerencia de Servicios Eléctricos de la División Ayacucho, encontró que 74% del personal no ha participado en comités de seguridad. Que se cuiden los obreros de Guayana del eje chucuto. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 16, 2012 | Historia, Memorias, Política |
Aitor Muñoz: contraportada, lomo y portada de Las élites culposas (clic amplía)
(Comienzo del primer capítulo de Las Élites Culposas, próximo a aparecer en librerías).
Por la ventana de mi cuarto escuchaba las detonaciones del asalto a la residencia presidencial de La Casona, a la una de la madrugada del 4 de febrero de 1992. Una desazón irresoluble me había atrapado, aumentada porque había buscado evitar, sin éxito, lo que ahora se desarrollaba sin clemencia. Varios venezolanos morirían abaleados o bombardeados y no se tenía seguridad acerca del desenlace. En esos momentos era todavía posible que el sistema democrático fallara y fuera interrumpido, que los golpistas desconocidos triunfaran y asumieran el poder en Venezuela.
Siete meses y catorce días atrás, el 21 de julio de 1991, El Diario de Caracas había publicado un artículo mío—Salida de estadista—, en el que recomendaba la renuncia del presidente Pérez como modo de eludir, justamente, lo que estaba ocurriendo a pocas centenas de metros de mi casa. Allí puse: “El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal”.
Saludado como exageración—el Director del periódico, Diego Bautista Urbaneja, escribió tres días después sobre mi planteamiento: “No creo que exista un peligro serio de golpe de Estado…”—, el expediente de la renuncia sería luego propuesto por nada menos que Rafael Caldera, Arturo Úslar Pietri y Miguel Ángel Burelli Rivas, después de la intentona del 4 de febrero. Yo la había recomendado antes del abuso. Herminio Fuenmayor, el Director de la Inteligencia Militar, declaró que había en marcha una campaña—¡el íngrimo artículo!—para lograr la renuncia de Pérez. El general Alberto Müller Rojas, luego jefe de campaña de Hugo Chávez Frías, escribió en El Diario de Caracas sobre la ingenuidad de mi proposición. Al año siguiente, y luego de la intentona, volvió a escribir en adulación a Úslar Pietri, señalándolo como “el primero” que había solicitado la renuncia de Pérez. La verdad era que un mes escaso antes del golpe Úslar proponía que Pérez se pusiera al frente de ¡un gobierno de emergencia nacional! El interés oportunista de Müller Rojas era obvio: habiendo gravitado antes por los predios de aquel “Frente Patriótico” que lideraba Juan Liscano, quería ahora ser contado entre “Los Notables” que rodeaban a Úslar Pietri.
Pero antes, todavía, alerté sobre el peligro de un golpe de Estado. En Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela (septiembre de 1987), había escrito: “…el próximo gobierno sería, por un lado, débil; por el otro, ineficaz, en razón de su tradicionalidad. Así, la probabilidad de un deterioro acusadísimo sería muy elevada y, en consecuencia, la probabilidad de un golpe militar hacia 1991*, o aun antes, sería considerable”.
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* La asonada de Chávez, Arias Cárdenas et al., se supo luego, estuvo prevista para fines del año de 1991. Debía darse para el 16 de diciembre de ese año, con la pretensión de amanecer en el poder en el aniversario de la muerte de Simón Bolívar.
luis enrique ALCALÁ
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 9, 2012 | Argumentos, Historia, Política |
Dos días después de la visita que reseño en esta entrada, llevé impreso su texto al Dr. Velásquez, a quien le gusta que le lea lo que escribo. Al concluir mi lectura le pregunté si había reproducido sus palabras con exactitud. «Sí; ¡fenomenal! Eso fue exactamente lo que dije». «¿Tengo, entonces, su imprimatur?», insistí para asegurarme. «¿Cómo no? ¡Por supuesto!», contestó.
La lucidez intacta en la suave palabra de Velásquez
Con un curioso criterio dogmático en Venezuela se alaba o condena sin términos medios. No se quiere ver la realidad en sus auténticos contornos. Pocos aceptan el hecho de que en cada hombre y en cada situación, la mezcla de lo bueno y lo malo, de lo grandioso y lo ridículo forman el clima natural de la historia. No quiere admitirse todavía por muchas personas el hecho simple de que la vida de los caudillos y los políticos, por la misma razón de serlo, deja de pertenecer a la familia, a la tribu, a la aldea para entregar el examen de sus actos e intenciones al público innumerable.
Ramón J. Velásquez
La caída del liberalismo amarillo
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Nos recibió y nos dio buen café y mejor historia. Fui con José Rafael Revenga y Gonzalo Pérez Petersen a visitarle el 3 de abril, a las dos de la tarde. Antes de legarnos la lección que se había propuesto, se excusó por hacernos ir adonde nos esperaba sentado. «Tengo 96 años», dijo, «y esto trae a los hombres limitaciones; a esto sólo puede oponerse la resignación, pero he vivido un siglo». El énfasis que puso a estas últimas palabras signaba el título de la lección. «De niño fui testigo de dos invasiones del general Peñaloza al Táchira. Lo vi subido a un convertible en compañía del Presidente del estado y su Secretario de Gobierno».
Allí se produjo mi primera intervención infructuosa: «¿Era ese general Peñaloza antepasado del más reciente?» Pero Velásquez, sin hacerme caso, no detuvo su curso; no estaba en plan conversador sino en modo catedrático. Sin solución de continuidad, pasó de las invasiones inconsecuentes de Peñaloza a la muy significativa de la Revolución Liberal Restauradora, lanzada también desde Colombia—dijo la fecha—por Cipriano Castro el 23 de mayo de 1899. El resultado trascendente de este hecho fue la llegada al poder de su compadre, el general Juan Vicente Gómez.
«Gómez partió en dos a Venezuela», dijo, refiriéndose al tajo en la historia del país. «Castro y Gómez vinieron con soldados sin zapatos, pata en el suelo, de barriga al aire. Y la idea de Gómez fue darles botines y camisas. Tras eso vendrían los quepis y las normas, la educación de los militares y el petróleo. También un país unificado. Antes de Gómez, era natural que los andinos desconfiaran de los llaneros y éstos de los primeros; estaban aislados. Gómez se encargó de unir a San Cristóbal y Caracas con la Carretera Trasandina—cinco días se tardaba antes en llegar a Caracas—, y hubo carretera al Oriente y la conexión del Norte de Venezuela con los llanos».
Con la gesticulación de sus manos nos hacía saber que lo que había dicho ya contenía claves para el presente y que seguiría hablando. «Nacieron los partidos del siglo XX, porque los generales López Contreras y Medina Angarita no eran de vocación dictatorial. El Partido Comunista de Gustavo Machado y Salvador de la Plaza, que más tarde se dividiría para dar algo como La Causa R de Andrés Velásquez, o el MAS. Acción Democrática, cuyo origen en Barranquilla y Costa Rica fue la Agrupación Revolucionaria de Izquierda, se dividió en cuatro partes: AD, cuyo nombre se lo dio Rómulo Gallegos, el MIR, el ARS y el partido socialista de Luis Beltrán Prieto: el MEP. COPEI, que vino después de una temprana afirmación de la Iglesia, antes de Rafael Caldera, con la Juventud Católica, también se dividió, cuando su fundador creó un partido nuevo».
Ramón José Velásquez toleró dos o tres comentarios aparentemente informados de nosotros y retomó la narración para, también aparentemente, sólo marcar con algunos hitos el tránsito más reciente. La crisis de Diógenes Escalante, que vivió en primera fila como secretario del enloquecido candidato medinista. El segundo gobierno de Rómulo Betancourt, del que fue pivote principal como Secretario de la Presidencia: «Tuvimos que afrontar conspiraciones mensualmente». Entonces pareció proponernos una adivinanza, al añadir repentinamente: «Pero hay otro partido, muy importante».
J. V. Gómez: «Creo en la Mano Poderosa»
De nuevo, la pausa sugería que podíamos intercalar la respuesta, y pensé que se refería al partido de Medina Angarita y su eco de los años sesenta: el uslarismo. Así que pregunté: «¿El partido medinista?» Eludió contradecirme directamente y dijo, como si yo no hubiera hablado: «Es el partido de los militares», e hizo otra pausa, lapidaria. «Siempre ha estado allí, desde que Gómez calzó, vistió y educó a los soldados. Fíjese que ellos manejaron la crisis de Escalante, entonces con civiles. En una casa no muy lejana de ésta, el Dr. Edmundo Fernández los reunió en 1945—Vargas, López Conde, Pérez Jiménez—con Betancourt y Raúl Leoni. [Revenga, quien entonces era un niño, sabe del asunto porque Fernández era su suegro]. Pero después volvió ese partido a emerger, de nuevo con civiles, para derrocar a Marcos Pérez Jiménez y además uno de los suyos, el contralmirante Wolfgang Larrazábal, fue candidato presidencial». Terco y desatendido, acoté: «Y cuando usted fue Presidente, conspiraron en su contra».
No se dio por aludido. Venía el remate de una clarísima línea de historia: «Después permitieron los militares un largo período de civiles: Betancourt, Leoni, Caldera, Pérez y los otros. Y ahora tienen de nuevo directamente el poder, sólo que con un lenguaje del siglo XXI». La tesis no necesitaba ser nombrada: los militares conforman el partido más importante de la historia de Venezuela. El silencio del historiador formó el nuestro durante el minuto que empleó en escrutar nuestros rostros.
Decidí intentar una vez más la introducción de un tema; interpelé al anfitrión: «Y ¿cómo ve la campaña electoral de este año? ¿Qué le parece la candidatura de Capriles?» Creí ver en su boca un frugal esbozo de sonrisa y dijo: «Bueno, yo veo la enfermedad del Presidente. Su cáncer. Él ha dicho que tiene una hija que ha manifestado su interés en el destino del país, y también que piensa adquirir una finca en Barinas, distinta de la de su familia; que desde allí observará algún día los acontecimientos venezolanos. Vamos a ver qué sucede». O sea, ni media palabra sobre los manejos de la Mesa de la Unidad Democrática o la campaña de su candidato. Era como si no fueran términos de la actual ecuación de poder.
Hicimos referencias de aficionado a la única dinastía eficaz de nuestra historia, la de los Monagas, y señalamos que Henrique Salas Römer había establecido una regional en Carabobo—en 2003 lanzaba su precandidatura presidencial, la del «gallo» que era él mismo y, si no, la del «pollo», aludiendo a su hijo—y también mencionamos que Caldera no había sido exitoso en la promoción de su hijo Andrés.
Una hora había volado sin que nos hubiéramos percatado y comenzamos a despedirnos agradecidos. No nos dejó ir sin averiguar antes acerca de un libro mío, para el que ha escrito una generosa nota prologal. Cuando le dije que estaba muy próximo a salir a las librerías, José Rafael prometió: «Vendremos de nuevo, con un ejemplar para usted». Velásquez le tomó la palabra y aseguró haber disfrutado nuestra visita. Gracias, gracias, gracias, repetimos como súbditos de Su Suavidad mientras salíamos.
De sus manos heredamos la historia desnuda y desenredada que quiere legar a Venezuela. Tal vez sus silencios nos dijeron tanto como sus palabras. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 3, 2012 | Argumentos, Política |
He aquí un reproductor con el archivo de audio de una versión leída del estudio que sigue, el que puede también ser descargado a su disco duro desde el enlace señalado.
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El DVD de la película de Carlos Azpúrua
En vano el suscrito ha buscado identificar al autor de una frase poderosa. Perdí su nombre hace ya varios años, y aunque he trasegado el Diccionario Oxford de Citas—sé, al menos, que el autor es inglés—y otras colecciones similares, no logro dar con su identidad. Por eso no puedo darle crédito por haber acuñado lo siguiente: “La propaganda del vencedor es la historia del vencido”. Es una terrible frase y es un pensamiento muy certero. Quien cuenta la historia es quien ha ganado.
El uso del abuso
Carta Semanal #172 de doctorpolítico
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Ésta es la última: Diosdado Cabello, registra el diario El Universal, «afirmó que la rebelión cívico militar del 4 de febrero de 1992 evitó un golpe de estado de derecha y la instauración de una dictadura en el país». Hay gente que sabe de cabellos (Helene Curtis), hay la que sabe lavar dinero; Cabello, al menos, sabe de lavar crimen con argumentos que, apropiadamente, hala por los pelos.
Si hubiera habido por aquellos días una conspiración de derecha, ¿no habría sido lo indicado que Cabello corriera lealmente a denunciarla? Nos habríamos ahorrado el abuso y la sangre del 4 de febrero. Creo, por lo demás, que desde que somos república no ha habido un minuto de nuestra historia en el que no haya habido una conspiración. En septiembre de 1987 escribí en Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela: «En todo tiempo, en todo sistema político, subsiste una fracción de personas, muy reducidas las más de las veces, que piensan en un golpe de Estado por la fuerza como solución a los problemas. Hay conspiradores por vocación, que necesitan la excitación del secreto y la urdimbre de siniestros planes para hacerse con el poder». Cabello, por tanto, y quienes pudieran estar conspirando en 1991 o 1992 para establecer una dictadura derechista, no hacían otra cosa que repetir una larga historia de abuso militarista en el país.
Pero es que, seguramente, las asonadas de 1992, ambas fracasadas, sirvieron para todo lo contrario de lo que Cabello dice. En 1993, después del abuso del 4 de febrero, hubo un amago derechista de golpe de Estado, cuyo líder era el Vicealmirante Radamés Muñoz León, quien por aquellos días decía: “Yo me voy a encargar personalmente de llevar preso a Caldera a Fuerte Tiuna, desnudo y amarrado en un camión de estacas, si se niega a reconocer el triunfo de Oswaldo Álvarez Paz”. Si acaso, entonces, la aventura golpista de 1992 sirvió para excitar el golpismo de derecha.
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La banda de delincuentes
Cabello ha aportado también, inadvertidamente, una admisión invalorable. En sus declaraciones a Venezolana de Televisión, dijo: «El 4 de febrero nosotros salimos solos. No nos dio tiempo de que saliera el pueblo». Por supuesto; los conspiradores no sólo no tenían la autorización del pueblo para sublevarse, sino que jamás lo tomaron en cuenta. El régimen establecido en febrero de 1999, que se llena la boca con la palabra pueblo, en verdad no lo toma en cuenta para decidir ni sus aciertos ni sus atropellos. En 1998, el Movimiento Quinta República anunció que introduciría una convocatoria a referendo sobre la elección de una constituyente por iniciativa popular; así lo permitía el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, luego de la reforma de diciembre de 1997. A mitad de camino de la campaña electoral, el MVR entendió que Chávez ganaría la Presidencia con los votos, según pronosticaban todas las encuestas, y entonces se dejó de eso. ¿Para que molestarse en movilizar la iniciativa popular si Chávez podría fácilmente convocar el referendo mediante un simple decreto, como finalmente ocurrió? Más de una vez durante la última década, Chávez ha recibido de miembros del pueblo, en alguno de sus innumerables espectáculos, algún reclamo; entonces se molesta y bloquea la petición diciendo que él es el líder de la revolución, que él sabe lo que hace. El pueblo no debe cuestionar su conducción del «proceso».
El pueblo es el titular del derecho de rebelión. La Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776) lo formuló con precisión: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera). Cuarenta días antes de los hechos del 11 de abril de 2002, escribí en un artículo que me solicitara la revista Zeta:
…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.
No hay modo, pues, de justificar el alzamiento del 4 de febrero de 1992, cuya celebración se prepara con insolentes, peligrosos y costosísimos vuelos de aviones de combate, desde hace varios días, sobre la capital de la República. Chávez y sus compinches no eran la mayoría de la comunidad; de hecho, las encuestas de la época mostraban un rechazo mayoritario a Carlos Andrés Pérez, pero también, muy explícitamente, un repudio a cualquier acto de fuerza para resolver el problema de su gobierno. La asonada de febrero del 92 no fue más que un intento fallido de usurpación del sagrado derecho popular.
Hugo Chávez recordará un desayuno en las oficinas de la agencia publicitaria J. Walter Thompson, al que fuera invitado por Roberto Coimbra durante la campaña de 1998. Luego de concluir su resbaladiza retórica, tomé la palabra para señalarle que no era de él, ni de sus camaradas delincuentes, el derecho de rebelarse. En esa ocasión optó por eludir mi planteamiento («Águila no caza moscas») y se me acercó al término de la reunión en compañía de William Izarra, quien le servía entonces como edecán de seguridad. Me entregó una tarjeta con un número de teléfono celular y me dijo que quería conversar conmigo. Ya le dije en aquel momento que, si persistía en la glorificación de su abuso, no teníamos nada que conversar.
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Cabello ha procurado añadir, dos décadas después de la intentona en la que participó y le ha valido poder y riqueza, un nuevo argumento. Así ha sido la explicación del criminal hecho; cada cierto tiempo, los golpistas de 1992 ofrecen una nueva coartada.
En su innecesario artículo semanal (Las líneas de Chávez, que ya no escribe), el Presidente de la República reincidió el 28 de marzo de 2010 en su particular interpretación de los acontecimientos del 27 y 28 de febrero de 1989. Así escribió: “En 1989 se cometió el más grande genocidio de la historia de Venezuela del siglo XX. El más sistemático y criminal ejercicio de terrorismo de Estado se desarrolló en los primeros días de marzo, luego de que la rebelión se había apagado. El genocida mayor es Carlos Andrés Pérez, pero no el único: reos de genocidio serán, por toda la eternidad, los personeros de su Gobierno, los cogollos de AD y Copei, los integrantes del Alto Mando Militar para aquella fecha, las cúpulas de Fedecámaras y Consecomercio, los dueños de los latifundios mediáticos y pare usted de contar”. José Vicente Rangel sostuvo antes, por cierto, una versión enteramente opuesta: “Más allá de fallas, errores e incluso abusos, la posición de las FF. AA., institucionalmente hablando, con motivo de los acontecimientos del 27 de febrero, ha sido altamente positiva. Fue el único organismo del Estado que respondió cuando imperaba el caos. Y respondió con espíritu democrático, encarnando un liderazgo responsable, reivindicando no sólo la noción de orden público, sino de justicia y honradez”. Eso escribía el 20 de marzo de 1989.
Como siempre, Chávez distorsiona los hechos para acomodarlos a su conveniencia. Una descripción análoga a la citada le servía, luego de su salida del Penal de Yare, para justificar su alzamiento del 4 de febrero de 1992. Chávez dijo reiteradamente, en entrevistas, en reuniones, en declaraciones, que él y sus compañeros habían intentado derrocar al gobierno de Venezuela porque Carlos Andrés Pérez había ordenado al Ejército volver sus fusiles contra el pueblo en febrero de 1989, contra la explícita condena del Libertador, que había declarado la posibilidad abominable. Para la época de su prisión en Yare, sin embargo, Hugo Chávez ya había admitido que “su grupo” conspiraba desde hacía al menos nueve años (desde el bicentenario de la muerte de Bolívar; de allí el nombre de su club de maquinaciones: MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200). Por tanto, para el 27 y 28 de febrero de 1989, la intención de tomar el poder por la fuerza ya estaba formada varios años antes. Mal podía presentarse, como pretexto para el golpe fallido del 4 de febrero de 1992, algo que no pudo tener nada que ver con la conformación de su logia conspirativa.
El asalto de la tanqueta a Miraflores
Antes había ofrecido otras explicaciones. El ex comandante Chávez argumentaba a la revista Newsweek a comienzos de 1994 que el artículo 250 de la Constitución Nacional prácticamente le mandaba a rebelarse. Lo que el artículo 250 estipulaba es que en caso de inobservancia de la Constitución por acto de fuerza o de su derogación por medios distintos a los que ella misma disponía, todo ciudadano, independientemente de la autoridad con la que estuviera investido, tendría el deber de procurar su restablecimiento. Pero con todo lo que podíamos criticar a Carlos Andrés Pérez en 1992, y aun cuando estábamos convencidos de que lo más sano para el país era su salida de Miraflores, ni Pérez había dejado de observar la Constitución en acto de fuerza, ni la había derogado por medio alguno. Todas las cosas que le eran censurables a Pérez tenían rango subconstitucional. Si hubiera tenido Chávez algún respeto por la Constitución de 1961, habría debido observar escrupulosamente sus artículos 119 y 120, que decían: “Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos”, y “Es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o por reunión de individuos en actitud subversiva”. Aquella declaración a la revista estadounidense fue uno de los primeros intentos de manipulación y distorsión que Chávez ofreciera; el mismo artículo 250 que aducía para justificar su abuso de poder rezaba: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza…”
También dijo Cabello algo realmente descarado. Reporta El Universal: «Sostuvo que no hubo ambiciones personales entre los motivos de quienes participaron en la rebelión militar del 4 de febrero de 1992». Por supuesto que no; gobernar hasta 2021 o 2031 no es una ambición, sino el desprendimiento de las almas generosas que se alzaron hace veinte años.
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¿Quién ha pagado por estas muertes?
Uno de los más graves errores del segundo gobierno de Rafael Caldera fue dictar el sobreseimiento de la causa penal contra los cabecillas del 4 de febrero, recluidos en Yare. Lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Su liberación fue una lección retorcida y terrible: “No se preocupe; álcese usted, mate a unos cuantos venezolanos. Después de un breve confinamiento lo pondremos en la calle. Si quiere, hasta le daremos un puesto en el gobierno”. (Rafael Caldera confió a Francisco Arias Cárdenas la dirección del Programa Materno-Infantil, un proyecto asistencial de su segundo gobierno).
En estricto sentido, el ex comandante Chávez y sus compañeros de la cuarta madrugada de febrero abusaron de nosotros. El ex comandante Chávez actuó como cirujano. La imagen del 4 de febrero como acto quirúrgico ha entrado hace tiempo en nuestras cabezas, pero el pequeño grupo de militares que participaron en la acción, independientemente de la pasión que lo animaba, abusó del pueblo venezolano. Porque es que ningún cirujano tiene derecho a intervenir sin el consentimiento del paciente, a menos que éste se encuentre inconsciente y, por tanto, privado de su facultad de decidir si se pone en las manos del cuchillero. Y el pueblo venezolano no estaba inconsciente y el ex comandante Chávez no nos consultó sobre la operación y nosotros no le autorizamos a que lo hiciera. Chávez, Arias Cárdenas y Cabello quisieron resolver quirúrgicamente la remoción del tumor, sin autorización de nadie e ignorando, a pesar de que había sido dicho bastantes veces, que todavía existían los medios clínicos, los procedimientos médicos para el mismo objetivo.
Hace exactamente veinte años (3 de febrero de 1992) que el diario El Globo, veinticuatro horas antes del golpe, publicara mi artículo Basta:
Basta de paquete. Basta de financiarle sus campañas extranacionales. Basta de mermas al territorio. Basta de megaproyectos, sociales o económicos. Basta de megaocurrencias. Basta de megalomanía. Usted, señor Pérez, que hace no mucho ha tenido la arrogancia de autotitularse patrimonio nacional, tiene toda la razón. Usted sí es patrimonio nacional, historia nacional, cruz y karma nacionales. Por tanto es a nosotros a quienes corresponde decidir qué hacer con Ud. Por de pronto, no queremos que siga siendo Presidente de la República.
Desde el 21 de julio de 1991, cuando El Diario de Caracas publicara mi Salida de estadista, procuré convencer en unos tres o cuatro artículos más acerca de la conveniencia de una renuncia de Carlos Andrés Pérez, una salida civil:
El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal.
No es verdad que la única solución era el alzamiento inconsulto y criminal. Desde entonces tengo una culebra personal con Chávez y sus secuaces; bastante sacrificio personal y privaciones a mi familia representó mi prescripción de la renuncia de Pérez, a la que se sumaron, sólo después de la cuarta madrugada de febrero, Rafael Caldera, Arturo Úslar Pietri y Miguel Ángel Burelli Rivas, entre otros.
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Los militares tienen, como todos nosotros, cuarenta y seis cromosomas en su dotación genética. Son gente, como todos nosotros. Como entre nosotros, algunos de ellos son excepcionales personas, nobles, heroicos. Como entre nosotros, se encuentra en ellos alguna personalidad delincuente, inmoral, enferma. La mayoría de ellos, como la mayoría de nosotros, es gente común, ni santa ni delictiva.
Tengo amigos militares y hasta un compadre militar. Entiendo la importancia de su función y la defiendo—así lo hice en el seminario Seguridad, Defensa y Democracia de la Universidad Simón Bolívar, en 1980—cuando se trata de protegernos de agresiones exteriores, como la de Cuba en los años sesenta. Fui conferencista invitado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Militar, así como en la Escuela Superior de Guerra y en la Escuela Superior de Guerra Naval. Me cupo el honor de ser nombrado asesor ad honorem en dos secretarías del incipiente Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (1976-1979). No tengo nada en contra de la actividad militar. Me opongo al militarismo, no a los militares; me opongo a su salida de los cuarteles para entrometerse en la función civil. De esto hemos tenido demasiado en Venezuela, y es de la mayor importancia corregir la viciosa distorsión que Hugo Chávez ha producido en la noble tarea castrense. Hay que indignarse ante esta aberración.
Rómulo Betancourt: "La violencia es el arma de los que no tienen razón".
Ahora vuelve a celebrar su abuso de 1992, ahora vuelve a una glorificación que no es otra cosa que autobombo, alimentador del más asqueroso culto a la personalidad que haya ocurrido en Venezuela. Ahora continúa en su distorsión de la historia para que su crimen sea absuelto.
El historiador Will Durant escribió en The Pleasures of Philosophy lo siguiente:
Quizás la causa de nuestro pesimismo contemporáneo es nuestra tendencia a ver la historia como una turbulenta corriente de conflictos—entre individuos en la vida económica, entre grupos en política, entre credos en la religión, entre estados en la guerra. Éste es el lado más dramático de la historia, que captura el ojo del historiador y el interés del lector. Pero si nos alejamos de ese Mississippi de lucha, caliente de odio y oscurecido con sangre, para ver hacia las riberas de la corriente, encontramos escenas más tranquilas pero más inspiradoras: mujeres que crían niños, hombres que construyen hogares, campesinos que extraen alimento del suelo, artesanos que hacen las comodidades de la vida, estadistas que a veces organizan la paz en lugar de la guerra, maestros que forman ciudadanos de salvajes, músicos que doman nuestros corazones con armonía y ritmo, científicos que acumulan conocimiento pacientemente, filósofos que buscan asir la verdad, santos que sugieren la sabiduría del amor. La historia ha sido demasiado frecuentemente una imagen de la sangrienta corriente. La historia de la civilización es un registro de lo que ha ocurrido en las riberas.
Eso es lo que hace un pueblo. Hugo Chávez, con todas sus pretenciosas ínfulas de una intelectualidad de la que carece, es alérgico a la civilización. LEA
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Para descargar este artículo en .pdf: Celebración de un abuso homicida
por Luis Enrique Alcalá | Nov 22, 2011 | Argumentos, Política |
El único con ranking de estadista
El cognomento del título es justificado con orgullo en el generalmente benévolo artículo de Wikipedia en Español sobre Diego Arria: «Su gestión contra las construcciones ilegales en el DF, con sus respectivas demoliciones inmediatas sin mediar tribunales y su rigidez en el manejo del poder entonces le dio el sobrenombre de ‘Diego Mandarria’. El juego de palabras es por Manda-Arria, pero en Venezuela se conoce como mandarria a un tipo de mazo de hierro pesado usado para demoler paredes». En ocasión de candidatearse por segunda vez a la Presidencia de la República, parece venir con todos los hierros. (La primera vez lo hizo en 1978, aunque anunció privadamente su intención a un pequeño grupo reunido en su casa en noviembre de 1974, cuando el gobierno al que servía como Gobernador del Distrito Federal no había cumplido siquiera un año. De los 5.332.712 votos emitidos en aquella oportunidad, Arria obtuvo 90.060, o 1,69% de la votación. Todavía no se había mudado «a vivir con su familia a la ciudad de Nueva York en donde se convierte en socio de negocios de Donald Trump»).
Arria con CAP en tiempos idos (clic amplía)
De los seis candidatos a las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática es Arria, sin duda, el político de más cartel: ex gobernador, ex presidente del Centro Simón Bolívar, ex ministro, ex candidato presidencial, ex embajador ante la Organización de las Naciones Unidas. En este organismo destacó como Asesor Especial de su Secretario General (Kofi Annan), y como hábil negociador en el Consejo de Seguridad, donde la «Fórmula Arria» designaba un exitoso mecanismo de consultas informales que se empleó durante la más reciente guerra en los Balcanes. Siempre ha sido un negociador eficaz: de las mazmorras del mismísimo Augusto Pinochet, Arria liberó a Orlando Letelier, ex ministro de Salvador Allende. Es una capacidad que puso de manifiesto tempranamente en la década de los sesenta, cuando era funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo.
Pero también es el candidato que Hugo Chávez preferiría confrontar, su más cómodo enemigo. Chávez no tendría problemas al catalogarlo como representante destacado de «la Cuarta República», y seguramente sacaría a relucir la estela de cuestionamientos que Arria dejó a su salida del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1978: «Su gestión como gobernador no está ausente de polémicas, entre éstas se cuenta el hecho denunciado que la adquisición de los autobuses importados no fué bajo licitaciones por ley, una adquisición por parte del CSB de unos terrenos en Antímano y otra con respecto a unas obras realizadas en el balneario de Camurí» (Wikipedia). Arria, el más redondo y experimentado de los precandidatos de la MUD, es también el más vulnerable.
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Ahora Arria quiere lograr tres cosas: la Presidencia, por supuesto; una nueva asamblea constituyente; sentar a Hugo Chávez en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional de La Haya, por presuntos «crímenes de lesa humanidad». Ya elevó su denuncia ante la comisión del tribunal encargada de procesar estos delitos, y la prueba principal que aduce es un conjunto de grabaciones del Presidente de la República en intervenciones por televisión: “Introducimos la denuncia en defensa de los miles de niños venezolanos que han sido afectados por Chávez (…) Nosotros no somos acusadores; eso le corresponde al fiscal. Nosotros venimos como defensores de los venezolanos». Bueno, eso tiene sus reglas y su proceso. Ya veremos si los magistrados de La Haya encuentran méritos para el enjuiciamiento y condena de Chávez según la pretensión de Arria, que es persona de fama internacional y contactos importantes.
Pero es otra cosa el asunto ese de una nueva constituyente. Arria se añade a la lista de proponentes de esa panacea: Herman Escarrá, Raúl Isaías Baduel, Ángel Lombardi, Teódulo López Meléndez… Cada uno—Arria también—concibe a ese mecanismo como el indicado para anular políticamente al régimen chavista que sería, en principio, derrotado electoralmente. Los procesos constituyentes, sin embargo, son para otra cosa: para redactar el proyecto de una constitución enteramente nueva. Quienes proponen la constituyente para realizar una teórica limpieza política indican un uso equivocado de un organismo tal. Cuando se discutía en 1998 el tema de la constituyente, varios errores de concepto salieron a relucir en el debate; entonces, escribí el 10 de septiembre de ese año un artículo (Contratesis, para el diario La Verdad de Maracaibo) con el peregrino propósito de enderezar las ideas. Uno de sus fragmentos es éste: «La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo haga, la Constitución de 1961 continuará vigente en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum».
Tan sencillos conceptos no fueron atendidos. La oposición a Chávez permitió que éste lograra un carácter «originario» para la Constituyente de 1999, que decapitó al Congreso de la República cercenándole el Senado—sin que Henrique Capriles Radonski, entonces Presidente de la Cámara de Diputados, protestara la barbaridad, pues su oficina permanecía incólume—en acto abusivo que dio en llamarse «la Preeliminación del Senado». (Los dirigentes de oposición parecían actuar en aquellos momentos desde una vergüenza y una conciencia culpable que permitió estas cosas. Henry Ramos Allup, por ejemplo, se postuló como candidato a diputado constituyente, con la intención de que su condición adeca pasara desapercibida, ¡como independiente por el estado Apure!)
Ahora quieren los opositores que propugnan una constituyente que ésta siga el equivocado modelo chavista. Arria ha señalado, por supuesto correctamente, que un candidato opositor triunfante en 2012 tendría que encargarse del gobierno en condiciones de muy difícil gobernabilidad: la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral, etc., estarían en manos de chavistas. Es por esto que propone la constituyente como modo de arrasar con ese dominio.
Pero, en cualquier caso, la elección de diputados a una nueva constituyente tendría que efectuarse según las reglas de la Ley Orgánica de Procesos Electorales promulgada en agosto de 2009, y ella estableció una estructura de distritos electorales que permitiría, de nuevo, que el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuviera una cómoda mayoría en la hipotética constituyente, como pudo lograr la mayoría operativa en la Asamblea Nacional en las elecciones de 2010. (Con una diferencia a su favor que no llegó a 1% de los votos, el PSUV logró 98 diputados contra 65 de la MUD). Es un espejismo, por consiguiente, el control de una constituyente por la MUD, por la que se pronunció el 27,4% de los consultados por IVAD entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre, frente a 37,1% que expresó preferencia por el PSUV.
Claro, el espejismo previo es la elección misma de Diego Arria como Presidente de la República. Ni siquiera ganará las primarias del 12 de febrero, lo que hace de esta nota, en verdad, un ejercicio innecesario. Posicionado como el más radical antichavista, como agente justiciero que quiere ver a Chávez en el lugar de Milosevic, ha optado deliberadamente por cortejar el apoyo de la minoría más furibunda. Así no se gana elecciones. LEA
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