La salida

Una señal clara y eficaz

Una señal clara y eficaz

 

Solíamos decir de él que sería el mejor de los compañeros, si no dijera siempre la verdad…

Oscar Wilde – La esfinge sin secreto

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Fue el 7 de diciembre de 2013, un día antes de las últimas elecciones municipales, la fecha escogida para que un grupo de cincuenta y cinco venezolanos, en el que descollaban Leopoldo López y María Corina Machado, expusiera que “la salida” era la convocatoria de una asamblea constituyente:

En búsqueda de salidas democráticas para cambiar un régimen deslegitimado en su origen y desempeño que permitan recuperar la Venezuela soberana, plural y de justicia social (…) vemos en el derecho legítimo del pueblo a convocar democráticamente una Asamblea Nacional Constituyente a través de una gran movilización popular (…) el mecanismo más eficiente, plural y democrático para recomponer el acuerdo social de la República. Con nuevos funcionarios a la cabeza de los poderes públicos, tendremos en Venezuela unas elecciones presidenciales enmarcadas en un proceso justo, equilibrado y transparente acorde con nuestro arraigo democrático y tradición de libertad.

Esta declaración contiene varias peculiaridades, siendo la más notoria el cuestionamiento a la legitimidad de Nicolás Maduro como Presidente de la República. Por supuesto, eso fue lo mismo que sostuvo Henrique Capriles Radonski al término de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. Inicialmente, el candidato derrotado quiso convocar una manifestación de desconocimiento de los resultados: una ventaja de Maduro de sólo 1,49%, según proclamación del Consejo Nacional Electoral, el mismo que certificó la derrota de los estratégicos proyectos de reforma constitucional en 2007, incluyendo el presentado por el Presidente de la República, que fue rechazado por un margen de 1,31%.

Constituyente (salida de Maduro) ya

Constituyente (salida de Maduro) ya

Luego, como más de uno antes, el comunicado del 7 de diciembre incurría en el error de concebir una constituyente como herramienta para vaciar los poderes de chavistas y rellenarlos con opositores. La más elemental noción de institucionalidad democrática establece que la herramienta correcta es la instancia electoral. (Es posible conseguir chavistas que han aprendido algo tan simple. El ministro Héctor Rodríguez—Educación—, anticipándose en dos días a la marcha que produjo la generalización de la protesta, y luego de condenar el “plan fascista” convocado por líderes de la oposición—López, Machado, Ledezma—, declaró con todas sus letras: “La salida para cambiar cualquier Gobierno son las elecciones”. Si su jefe concurriera con esta opinión, tendrá que abandonar la costumbre de celebrar el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992). En camino hacia el “plebiscito” del 8 de diciembre de 2013, Henrique Capriles Radonski cometía la misma equivocación, y este blog apuntó entonces (Lo que se viene, 5 de agosto de 2013):

Esto es una aventura que ha venido siendo propuesta, con insistencia creciente en los últimos tiempos, en predios opositores, principalmente por Julio César Moreno León—ver en este blog La imaginación al poder para una crítica de la idea—, y el propio Capriles anticipó en su programa semanal de TV digital el 18 de junio: “No descartemos que en el futuro se lleve a cabo un proceso constituyente, porque para que este país pueda funcionar no solo basta con cambiar el Presidente. Aquí tiene que cambiar el sistema judicial, los alcaldes, el CNE, la Fiscalía, la Contraloría, tiene que venir un cambio absoluto”. Bueno, para cambiar esos poderes no es necesaria una asamblea de esa clase; bastaría con ganar las elecciones municipales y las próximas de Asamblea Nacional, el órgano que elige todo lo demás. Una constituyente es para cambiar la Constitución por una nueva, y con ocasión de los Lineamientos para el Programa de Gobierno de la Unidad Nacional (23 de enero de 2012), Capriles refrendó lo siguiente:

44. La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos.

45. Ella representa no sólo el punto de partida ineludible desde la perspectiva de la validez y vigencia formal de las normas, aunado ello a su ratificación popular, sino también una plataforma jurídica aceptable para el despliegue de las políticas de un gobierno democrático. Permite el funcionamiento de instituciones democráticas y garantiza los derechos humanos.

Claro que se tiene la idea equivocada de que una constituyente es “originaria”, con poder suficiente para repetir el abuso inconstitucional de la Preeliminación del Senado en 1999, antes de que la Constitución vigente hubiera sido aprobada y promulgada por el referendo popular del 15 de diciembre de ese año. (Oportunidad en la que no se registra reclamo de alguna importancia de Capriles, que entonces presidía la Cámara de Diputados).

Naturalmente, la elección de una constituyente mayoritariamente opositora es sólo un espejismo: “Al día siguiente [del remitido], el Polo Patriótico lograba 242 alcaldías y la Mesa de la Unidad Democrática 75, o menos de la tercera parte, pero en la cabeza de los firmantes cupo la ilusa noción de que las elecciones de una hipotética constituyente serían ganadas decisivamente por la oposición”. (Desarreglos simétricos). Si Capriles perdió ante Maduro por una diferencia estrechísima, y logró el 14 de octubre de 2012 el mejor desempeño de cualquier otro competidor de Chávez (la ganga de sólo once puntos por debajo)—Salas Römer 16,2%, Arias Cárdenas 22%, Rosales 25,9%—, dos meses después la oposición perdía cuatro de las cinco gobernaciones que había logrado en 2008. Sólo sobrevivió Capriles en Miranda y, claro, otras dos gobernaciones no fueron ganadas por el oficialismo (Amazonas y Lara) pero fueron capturadas por disidentes del chavismo, no por “opositores puros”.

En resumen, la idea de que una asamblea constituyente es la salvación de Venezuela es malísima.

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Tanto nadar...

Tanto nadar…

Impertérrito, Leopoldo López continuó machacando la cosa: “Nada cambió del 7 al 9 de diciembre, sigue siendo un Estado delincuente, profundamente antidemocrático, corrupto, ineficiente. La gran discusión ahora es qué hacer con esa realidad, en la que salimos de un ciclo electoral pero estamos en una relación Estado-nación que amerita asumir una posición política en torno al mantenimiento del régimen que está gobernando en Venezuela”. (Entrevista por Elvia Gómez en El Universal, 23 de diciembre de 2013, a dieciséis días del comunicado de los cincuenta y cinco). “En la Mesa de la Unidad hace dos meses decidimos que íbamos a asumir la salida del Gobierno por la vía constitucional y democrática. Los vehículos constitucionales son distintos, está la renuncia, el revocatorio, la enmienda, la constituyente y creemos que de esas opciones la constituyente es la más adecuada: se puede convocar por el pueblo, recolectando firmas de por lo menos 15% de los electores y eso nos permitiría hacer un activismo de calle, un despliegue cuerpo a cuerpo, que es el terreno de la política en la que estamos en el 2014″.

Y ya anticipaba #LaSalida: “…hubo un cortocircuito al haber asumido, como yo creo que es correcto, que ganamos las elecciones el 14 de abril pero no lograr que se materializara en un triunfo de hecho. Ese cortocircuito entre el 14A y el 8D es importante atenderlo. La mayoría de los venezolanos que quieren cambio creen que hemos debido salir a defender el triunfo con una protesta ciudadana no violenta, apoyando la voluntad popular ya expresada. Ese derecho de ir a la calle está en la Constitución y es un derecho histórico de los pueblos. Los pueblos se rebelan ante sistemas de dominación desde que la historia es historia. (…) Yo no tengo ninguna duda de que la gente se hubiera venido (el 17 de abril a la marcha hacia el CNE) en canoa de Pedernales, caminando de Maracay, a caballo de los Llanos, en bicicleta de Valencia”. Su nueva socia había cuestionado lo mismo, la presunta blandenguería de Capriles al suspender la manifestación anunciada por él mismo, en conversación con Germán Carrera Damas, quien la secundó enfáticamente.

 Fragmento de conversación Machado Parisca – Carrera Damas

También repitió López una falacia ya olvidada por Capriles y la Mesa de la Unidad Democrática. Para apuntalar la tesis de la ilegitimidad del presidente Maduro, dijo: “El mismo Nicolás Maduro sembró dudas el 14 de abril cuando ofreció una auditoría que no se hizo y por ese cuestionamiento las elecciones del 8 de diciembre adquirieron una connotación nacional”. Eso es falso; se realizó la auditoría del total de las mesas que contempla la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y ella confirmó los resultados. (Sobre la discusión acerca de los cuadernos electorales, ver en este blog Las reglas de juego). Capriles haría un papelón en su viaje a Chile y Perú de julio de 2013, para reclamar un presunto incumplimiento del “compromiso” asumido por UNASUR. Este organismo se había limitado a saludar “al Presidente Nicolás Maduro por los resultados de los comicios y su elección como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, había instado “a todos los sectores que participaron en el proceso electoral a respetar los resultados oficiales de la elección presidencial emanados del Consejo Nacional Electoral” y tomado “nota positiva de la decisión del Consejo Nacional Electoral de implementar una metodología que permita la auditoría del total de las mesas electorales”. En ningún momento se refirió a los cuadernos electorales. (Ver La torpeza de la deshonestidad).

Por lo demás, las elecciones del 8 de diciembre, que según López “adquirieron una connotación nacional” y según Capriles iban a ser un plebiscito sobre el desempeño de Maduro que él conduciría y ganaría, como jefe de campaña de todas las candidaturas de oposición, significaron una ventaja nacional de 803.594 votos para el oficialismo. (En la entrevista citada, López admitió su concurrencia de criterio con Capriles: “López aclara que él no critica la estrategia plebiscitaria que llevó adelante Henrique Capriles en la campaña municipal, porque ‘era inevitable'”, escribió Elvia Gómez. Pero fue el estrepitoso fracaso de tal estrategia lo que dañó, tal vez irreversiblemente, el liderazgo de Capriles. No fue por eso, de todos modos, que López creyó posible reemplazarlo de inmediato).

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Ya entrados en este dificilísimo año de 2014, López & Machado convocaron a una “asamblea de ciudadanos” en la Plaza Brión de Chacaíto, no sin antes haber reclutado a Antonio Ledezma y promovido eventos similares y simultáneos en otras ciudades del país, a celebrarse diez días antes del trágico 12 de febrero. El concepto de asamblea de ciudadanos es constitucional: “Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante… La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”. (No hay una ley de asambleas de ciudadanos, pero la Ley Orgánica de los Consejos Comunales las define como la instancia superior de los consejos comunales, es decir una instancia enteramente local. Ninguna podría decidir el término de un Presidente de la República).

La "asamblea" de la Plaza Brión

La “asamblea” de la Plaza Brión

Ostensiblemente, las asambleas examinarían las opciones constitucionales enumeradas el 7 de diciembre—renuncia del Presidente, enmienda, reforma, revocatorio, constituyente (no se incluyó la apelación al Artículo 350, otrora favorita de más de un opositor)—; en apariencia, López & Machado cum Ledezma no sabían en qué palo ahorcarse; en verdad, ya habían optado por el empleo de la marca constituyente—de esas opciones la constituyente es la más adecuada”—como etiqueta de lo que realmente era una insubordinación de calle: “Los venezolanos opositores al gobierno revolucionario bolivariano que conduce los destinos de Venezuela desde 1999, se reunieron en las primeras asambleas ciudadanas para debatir ‘La Salida’ del régimen, propuesta hecha por María Corina Machado, Leopoldo López y la Movida Parlamentaria”. (lapatilla). Leyendo correctamente el recrecido malestar ciudadano, creyeron que una caída del gobierno de Maduro podía hacerse inminente con la presión de marchas, y que había que arrebatar de una vez por todas el liderazgo opositor a un timorato y colaboracionista Capriles. (Thaelman Urgelles: “…el propósito más profundo de los promotores de #LaSalida no es reemplazar de inmediato al gobierno, sino a Henrique Capriles como líder del pueblo democrático y a Ramón Guillermo Aveledo como coordinador de la oposición organizada”).

El propio Capriles declaró: “Hay una lectura de los que quieren buscar el 8 de diciembre interesadamente para destruirme a mí; eso es parte de la lucha política, ésos se sientan al lado de uno, ésos se sientan atrás de uno y uno tiene que estar pendiente porque lo que hay no es la palmadita sino el cuchillo para clavártelo” (El Universal, 2 de febrero de 2014), no sin argumentar que ¡él no había perdido las elecciones municipales porque no había sido candidato! Hay que tener tupé: Capriles se autopostuló como jefe de campaña de todos los candidatos municipales de oposición—calcando al Hugo Chávez de 2008—e inventó la estupidez del “plebiscito”, cosas ambas acogidas por la Mesa de la Unidad Democrática. De todos modos, no se atrevió a oponerse a la táctica López-Machado y estuvo presente en la marcha fúnebre. La MUD tampoco se atrevió, aunque Tomás Guanipa, Secretario de Primero Justicia, condicionó la cosa: “En la unidad se han hecho debates en todos los espacios sobre las acciones que hay que tener y sobre lo que debemos hacer en Venezuela. Por unanimidad se decidió acompañar al pueblo en las protestas ciudadanas que se hacen todos los días en Venezuela y que no tienen que ver con el interés de algunos sectores de aumentar su liderazgo o de satisfacer su ego”. (Correo del Orinoco, 4 de febrero de 2014).

El próximo paso se daría diez días después, el Día de la Juventud. Montados sobre las primeras protestas estudiantiles, que ya habían incluido episodios de violencia—agresión a la residencia del gobernador Vielma Mora en San Cristóbal—, se dieron a combinar esos movimientos con la participación de manifestantes que ya no eran tan jóvenes. (Este blog no tiene elementos de juicio que le permitan asentar que López & Machado estuvieran tras aquellas manifestaciones iniciales en el interior de la República, aunque las “asambleas” del 2 de febrero contribuyeron a la generación del clima de exasperación. Tuit típico desde Chacaíto: “ el comienzo del fin de este régimen. Vamos Venezuela en adelante por la Democracia lucha sin cansancio!”).

Muerte en la calle

Muerte en la calle

Entonces llegó la tragedia que catapultó la indignación de la oposición más impaciente. En momentos cuando esto se escribe (19 de febrero) ya son seis las personas muertas en circunstancias protestatarias. Emiliana Duarte escribió en Caracas Chronicles:

Leopoldo, María Corina and the opposition groups that called for yesterday’s protests are not at fault for the heartbreaking deaths that occurred. They are, however, either deeply naive in ignoring the very probable chance that colectivos would show up and kill protesters, or – more likely – tragically ill-prepared for such a scenario and just hoping for the best. Either way, calling for a peaceful protest without comprehending and preparing for the full scope of what we’re dealing with is, I’m sorry to say, irresponsible and lazy.*

Luis Vicente León avisó con tiempo: “Pensar que la incapacidad de ganar una elección (cualquiera que sea la razón) se resolverá intentando medios radicales, sin ser mayoría y sin motivar a la gente, frente a un gobierno mayoritario, populista y que tiene el monopolio de las armas y del poder, puede sonarle muy atractivo en el discurso a mucha gente que, quizás con razón, se encuentre desesperada, pero es tan ineficiente e imposible como el éxito de la política económica del gobierno nacional. Las dos son intrínsecamente malas”. (¿Es la hora de los radicales?, en Prodavinci, 6 de febrero de 2014).

Por supuesto, es un derecho ciudadano la petición de la renuncia de un funcionario público en cualquier momento y sitio. La manifestación pública de ese deseo no debe ser reprimida.

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Existe una larga tradición filosófica acerca de las condiciones de una guerra justa; gente como Santo Tomás de Aquino se ha ocupado de eso. De modo esquemático, son éstas las que justifican una acción violenta ante la agresión a una colectividad: 1. El daño infligido por el agresor en contra de la comunidad ha sido grave y continuado; 2. Todo otro medio de detenerlo se ha mostrado impráctico o ineficaz; 3. La probabilidad de éxito de la acción reparadora es elevada o suficiente: 4. El empleo de la violencia no debe producir males mayores que lo que se pretende repeler. Puede admitirse que la primera y, tal vez, la cuarta condición están cumplidas—el momento económico nacional, que pesa sobre toda la nación, ciertamente se agravará con los disturbios—, pero ni están agotados todos los medios para parar el trote a Nicolás Maduro ni era en absoluto probable que fuera exitosa la iniciativa propugnada por López & Machado. Los hechos lo dicen.

El titular de la corona

El titular de la corona

La salida no es la calle. La salida es la apelación al soberano:

No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar. La grave situación de la república, consecuencia de la necia intención de imponerle una camisa de fuerza socialista, sólo puede resolverla la Corona: el Soberano, el Poder Constituyente Originario. Éste es un poder supraconstitucional, sólo limitado por los derechos humanos y lo que la nación haya convenido con las soberanías equivalentes de otras naciones. Es éste el gigante que debe ser despertado para que hable, para que se pronuncie, para que manifieste su voluntad. No para que marche o fabrique pancartas, no para que golpee cacerolas o abuchee presidenticos en juegos de pelota, sino para que ordene. No hay eventos electorales próximos en el calendario nacional (…) pero siempre es tiempo de referendo. Podemos convocarlo cuando queramos. Más que nunca, es el tiempo de preguntar al Soberano si está conforme con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista, que es la coartada fundamental del actual gobierno y los que lo antecedieron desde 1999. (La marcha de la insensatez, 12 de febrero de 2014).

La contestación a objeciones comunes a este tratamiento se encuentra en Doctrina del referendo sobre el socialismo, y una explicación hablada en el programa #72 (7 de diciembre de 2013) de Dr. Político en RCRLEA

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*Leopoldo, María Corina y los grupos de la oposición que convocaron las protestas de ayer no tienen la culpa de las desgarradoras muertes que se produjeron. Son, sin embargo, o bien profundamente ingenuos al ignorar la posibilidad muy probable de que los colectivos aparecerían y matarían a manifestantes, o—más probablemente—trágicamente mal preparados para tal escenario y por limitarse a esperar lo mejor. De cualquier manera, llamar a una protesta pacífica sin comprender y prepararse para la magnitud real de lo que estamos confrontando es, siento decirlo, irresponsable y negligente. (Traducción añadida a raíz de una comunicación que la exigió con impertinencia).

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Para descargar en archivo de formato .pdf La salida

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Lo que se viene

El pescozón de mardo a Capriles (El Nuevo País)

El pescozón de Mardo a Capriles (El Nuevo País)

Ni el Gobierno ni la Oposición lograron una movilización masiva en su convocatoria de ayer. Más apretada la concentración opositora y evidente el uso de recursos del Estado por parte del oficialismo, pero nada del otro mundo. Arriba, Capriles, camisa azul, cuando llama al diputado Mardo, leit motiv del evento, a compartir con él la tribuna. Abajo, Maduro en su estrategia de identificarse con Chávez. Ni lo primero mueve al pueblo opositor ni lo segundo es creído por el pueblo chavista.

El Nuevo PaísA media máquina, 4 de agosto de 2013

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Algún profundo estratega de la Mesa de la Unidad Democrática habrá dicho hace días: “Hay que calentar la calle”. La retirada de Capriles del 17 de abril—convocó y desconvocó una marcha de protesta—fue reclamada por la parte más airada del pueblo opositor y también por algunos de sus dirigentes; notablemente, por María Corina Machado, grabada en conversación con Germán Carrera Damas. Fue ése el primer punto que trataron y el primero en que coincidieron. De allí la convocatoria a la concentración en defensa de Richard Mardo.

Como era de esperarse, el oficialismo inventó una marcha para el mismo sábado 3 de agosto de la concentración opositora en Los Ruices; es su táctica habitual. Pero, como registra El Nuevo País, ni la MUD ni el gobierno lograron interesar a la ciudad de Caracas, que siguió su vida sabatina como si la cosa no fuera con ella. Hay una fatiga, un aburrimiento derivado de la repetición, nada original, de esta clase de eventos.

Maduro centró su oferta en la recién estrenada lucha contra la corrupción. (Aunque el invento no tiene nada de nuevo; cuando Hugo Chávez inscribió su candidatura en 2006, salió del Consejo Nacional Electoral para declarar que su postulación convocaba al pueblo a ayudarlo a “continuar la lucha contra la corrupción”. Siete años después, Maduro tiene que remendar la tela de la vieja bandera). Capriles defendió a Richard Mardo, pero centró su mensaje en el logro de un triunfo en las elecciones del próximo 8 de diciembre, no sin indicar que pudiera intentarse una asamblea constituyente el año que viene.

Esto es una aventura que ha venido siendo propuesta, con insistencia creciente en los últimos tiempos, en predios opositores, principalmente por Julio César Moreno León—ver en este blog La imaginación al poder para una crítica de la idea—, y el propio Capriles anticipó en su programa semanal de TV digital el 18 de junio: “No descartemos que en el futuro se lleve a cabo un proceso constituyente, porque para que este país pueda funcionar no solo basta con cambiar el Presidente. Aquí tiene que cambiar el sistema judicial, los alcaldes, el CNE, la Fiscalía, la Contraloría, tiene que venir un cambio absoluto”. Bueno, para cambiar esos poderes no es necesaria una asamblea de esa clase; bastaría con ganar las elecciones municipales y las próximas de Asamblea Nacional, el órgano que elige todo lo demás. Una constituyente es para cambiar la Constitución por una nueva, y con ocasión de los Lineamientos para el Programa de Gobierno de la Unidad Nacional (23 de enero de 2012), Capriles refrendó lo siguiente:

44. La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos.

45. Ella representa no sólo el punto de partida ineludible desde la perspectiva de la validez y vigencia formal de las normas, aunado ello a su ratificación popular, sino también una plataforma jurídica aceptable para el despliegue de las políticas de un gobierno democrático. Permite el funcionamiento de instituciones democráticas y garantiza los derechos humanos.

Claro que se tiene la idea equivocada de que una constituyente es “originaria”, con poder suficiente para repetir el abuso inconstitucional de la Preeliminación del Senado en 1999, antes de que la Constitución vigente hubiera sido aprobada y promulgada por el referendo popular del 15 de diciembre de ese año. (Oportunidad en la que no se registra reclamo de alguna importancia de Capriles, que entonces presidía la Cámara de Diputados).

Una plúmbea mediocritas, entonces, caracteriza a la política que ofrecen gobierno y oposición. El primero no termina de asentar el liderazgo de Maduro, lo que se refleja en encuestas (IVAD; Datanálisis, Varianzas) que encuentran una hipotética derrota suya ante Capriles si se repitiera las elecciones del 14 de abril. La segunda no ha demostrado al país que ese día le robaron las elecciones a Capriles.

Con tal de que no me preeliminen...

Con tal de que no me preeliminen…

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Pero lo que viene no son elecciones presidenciales, sino municipales. La última vez que se eligió alcaldes fue en 2008, junto con los gobernadores de los estados. El 23 de noviembre de ese año, el gobierno perdió terreno al nivel estadal, pues la oposición añadió tres gobernaciones a las alcanzadas en 2004 y la Alcaldía Metropolitana. El suscrito presumió, equivocadamente, que lo mismo ocurriría en materia municipal, pero el oficialismo conquistó el 82% de las alcaldías, dejando a las candidaturas opositoras sólo 58 de las 321 en disputa. Del mismo modo, luego de las elecciones presidenciales del 7 de octubre del año pasado, el desempeño opositor en las elecciones de gobernadores del siguiente 16 de diciembre empeoró; la oposición regresó a tener solamente dos de veintitrés gobernaciones. El propio Capriles, que pudo superar a Elías Jaua por 4,01%, obtuvo una votación porcentual menor que la que sacara en 2008.

De modo que la cosa no está cantada, a pesar de la ventaja de Capriles sobre Maduro en los últimos sondeos de opinión; se trata de unas elecciones diferentes. Me abstendré de predecir para no repetir mi error de 2008, aun cuando creo que la oposición conquistará más alcaldías que en aquel año. En cualquier caso, Varianzas ha medido en junio-julio 42,7% de simpatías por el PSUV y sólo 24,5% por Primero Justicia, el más grande fragmento de la MUD (Un Nuevo Tiempo 6,5%, Voluntad Popular 5%, AD 4,4%, COPEI 1,4%).

Ahora bien, conviene mirar con atención un caso particular: la candidatura de Antonio Ecarri a la Alcaldía del Distrito Libertador. Ecarri fue derrotado, según la MUD, por Ismael García en las primarias del 12 de febrero de 2012 con una diferencia de 500 votos, y él ha aducido votaciones irregulares que no pueden ser comprobadas a la destrucción de los cuadernos electorales por parte de la central opositora. Es decir, Ecarri reclama lo mismo que Capriles respecto de la última elección presidencial.

¿Puede la conciencia de Ecarri tolerar que quien fuera chavista por mucho tiempo, artífice de la “Lista Maisanta”—análoga a la Lista de Tascón—se convierta en alcalde en el centro de la capital? No parece ser el caso, y se da por seguro que en estos días presentará su fresca candidatura fuera de la federación opositora.

La dirigencia de oposición, y buena parte de sus seguidores, se ha mostrado constantemente dispuesta, no sólo a recibir a la disidencia del chavismo, sino a permitir que se conviertan sus miembros más conspicuos en dirigentes suyos: los generales Rosendo y Lameda, Alfredo Peña (primer Ministro de la Secretaría de la Presidencia de Chávez, diputado constituyente y Alcalde Metropolitano elegido en planchas de Chávez), Alejandro Armas (pretendiente miquilenista a la candidatura presidencial opositora en caso de que Chávez fuera revocado en 2004), Margarita López Maya (que trataba con sorna a quien osara oponerse al difunto presidente), Henri Falcón (que quiso posicionarse antes de su notorio ingreso a la MUD como líder de los no alineados), etcétera. Ismael García es otro caso más de ésos que apoyaron por tiempo considerable al oficialismo chavista y ahora son tenidos por héroes a los que se debe seguir.

Si se materializa la candidatura de Ecarri, estaremos ante una jugada con vocación de más amplia significación: una candidatura que no se identifica ni con el gobierno ni con su leal oposición. Su discurso puede hacerle anclar en el universo no alineado, y luego captar intención de voto de ambos polos. Pudiera ganar, y entonces se habría demostrado que no es necesaria “la unidad”, ese monopolio mítico de la oposición, para derrotar al chavismo.

Un tal desenlace sería portentoso: sería el modelo a tomar en cuenta cuando llegue la próxima elección presidencial.

LEA

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Lo que sigue es el archivo de audio de una entrevista con Manuel Felipe Sierra por Radio Venezuela, en la misma fecha de esta entrada. Sierra introdujo el tema de Ecarri. Tres días después, quiso enfocar en Noticias 24 Radio las venideras elecciones municipales.

 Radio Venezuela, 05/08/13
 Noticias 24 Radio, 08/08/13
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El espejismo de Diego Mandarria

El único con ranking de estadista

El cognomento del título es justificado con orgullo en el generalmente benévolo artículo de Wikipedia en Español sobre Diego Arria: “Su gestión contra las construcciones ilegales en el DF, con sus respectivas demoliciones inmediatas sin mediar tribunales y su rigidez en el manejo del poder entonces le dio el sobrenombre de ‘Diego Mandarria’. El juego de palabras es por Manda-Arria, pero en Venezuela se conoce como mandarria a un tipo de mazo de hierro pesado usado para demoler paredes”. En ocasión de candidatearse por segunda vez a la Presidencia de la República, parece venir con todos los hierros. (La primera vez lo hizo en 1978, aunque anunció privadamente su intención a un pequeño grupo reunido en su casa en noviembre de 1974, cuando el gobierno al que servía como Gobernador del Distrito Federal no había cumplido siquiera un año. De los 5.332.712 votos emitidos en aquella oportunidad, Arria obtuvo 90.060, o 1,69% de la votación. Todavía no se había mudado “a vivir con su familia a la ciudad de Nueva York en donde se convierte en socio de negocios de Donald Trump”).

Arria con CAP en tiempos idos (clic amplía)

De los seis candidatos a las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática es Arria, sin duda, el político de más cartel: ex gobernador, ex presidente del Centro Simón Bolívar, ex ministro, ex candidato presidencial, ex embajador ante la Organización de las Naciones Unidas. En este organismo destacó como Asesor Especial de su Secretario General (Kofi Annan), y como hábil negociador en el Consejo de Seguridad, donde la “Fórmula Arria” designaba un exitoso mecanismo de consultas informales que se empleó durante la más reciente guerra en los Balcanes. Siempre ha sido un negociador eficaz: de las mazmorras del mismísimo Augusto Pinochet, Arria liberó a Orlando Letelier, ex ministro de Salvador Allende. Es una capacidad que puso de manifiesto tempranamente en la década de los sesenta, cuando era funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo.

Pero también es el candidato que Hugo Chávez preferiría confrontar, su más cómodo enemigo. Chávez no tendría problemas al catalogarlo como representante destacado de “la Cuarta República”, y seguramente sacaría a relucir la estela de cuestionamientos que Arria dejó a su salida del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1978: “Su gestión como gobernador no está ausente de polémicas, entre éstas se cuenta el hecho denunciado que la adquisición de los autobuses importados no fué bajo licitaciones por ley, una adquisición por parte del CSB de unos terrenos en Antímano y otra con respecto a unas obras realizadas en el balneario de Camurí” (Wikipedia). Arria, el más redondo y experimentado de los precandidatos de la MUD, es también el más vulnerable.

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Ahora Arria quiere lograr tres cosas: la Presidencia, por supuesto; una nueva asamblea constituyente; sentar a Hugo Chávez en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional de La Haya, por presuntos “crímenes de lesa humanidad”. Ya elevó su denuncia ante la comisión del tribunal encargada de procesar estos delitos, y la prueba principal que aduce es un conjunto de grabaciones del Presidente de la República en intervenciones por televisión: “Introducimos la denuncia en defensa de los miles de niños venezolanos que han sido afectados por Chávez (…) Nosotros no somos acusadores; eso le corresponde al fiscal. Nosotros venimos como defensores de los venezolanos”. Bueno, eso tiene sus reglas y su proceso. Ya veremos si los magistrados de La Haya encuentran méritos para el enjuiciamiento y condena de Chávez según la pretensión de Arria, que es persona de fama internacional y contactos importantes.

Pero es otra cosa el asunto ese de una nueva constituyente. Arria se añade a la lista de proponentes de esa panacea: Herman Escarrá, Raúl Isaías Baduel, Ángel Lombardi, Teódulo López Meléndez… Cada uno—Arria también—concibe a ese mecanismo como el indicado para anular políticamente al régimen chavista que sería, en principio, derrotado electoralmente. Los procesos constituyentes, sin embargo, son para otra cosa: para redactar el proyecto de una constitución enteramente nueva. Quienes proponen la constituyente para realizar una teórica limpieza política indican un uso equivocado de un organismo tal. Cuando se discutía en 1998 el tema de la constituyente, varios errores de concepto salieron a relucir en el debate; entonces, escribí el 10 de septiembre de ese año un artículo (Contratesis, para el diario La Verdad de Maracaibo) con el peregrino propósito de enderezar las ideas. Uno de sus fragmentos es éste: “La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo haga, la Constitución de 1961 continuará vigente en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum”.

Tan sencillos conceptos no fueron atendidos. La oposición a Chávez permitió que éste lograra un carácter “originario” para la Constituyente de 1999, que decapitó al Congreso de la República cercenándole el Senado—sin que Henrique Capriles Radonski, entonces Presidente de la Cámara de Diputados, protestara la barbaridad, pues su oficina permanecía incólume—en acto abusivo que dio en llamarse “la Preeliminación del Senado”. (Los dirigentes de oposición parecían actuar en aquellos momentos desde una vergüenza y una conciencia culpable que permitió estas cosas. Henry Ramos Allup, por ejemplo, se postuló como candidato a diputado constituyente, con la intención de que su condición adeca pasara desapercibida, ¡como independiente por el estado Apure!)

Ahora quieren los opositores que propugnan una constituyente que ésta siga el equivocado modelo chavista. Arria ha señalado, por supuesto correctamente, que un candidato opositor triunfante en 2012 tendría que encargarse del gobierno en condiciones de muy difícil gobernabilidad: la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral, etc., estarían en manos de chavistas. Es por esto que propone la constituyente como modo de arrasar con ese dominio.

Pero, en cualquier caso, la elección de diputados a una nueva constituyente tendría que efectuarse según las reglas de la Ley Orgánica de Procesos Electorales promulgada en agosto de 2009, y ella estableció una estructura de distritos electorales que permitiría, de nuevo, que el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuviera una cómoda mayoría en la hipotética constituyente, como pudo lograr la mayoría operativa en la Asamblea Nacional en las elecciones de 2010. (Con una diferencia a su favor que no llegó a 1% de los votos, el PSUV logró 98 diputados contra 65 de la MUD). Es un espejismo, por consiguiente, el control de una constituyente por la MUD, por la que se pronunció el 27,4% de los consultados por IVAD entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre, frente a 37,1% que expresó preferencia por el PSUV.

Claro, el espejismo previo es la elección misma de Diego Arria como Presidente de la República. Ni siquiera ganará las primarias del 12 de febrero, lo que hace de esta nota, en verdad, un ejercicio innecesario. Posicionado como el más radical antichavista, como agente justiciero que quiere ver a Chávez en el lugar de Milosevic, ha optado deliberadamente por cortejar el apoyo de la minoría más furibunda. Así no se gana elecciones. LEA

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¿Quién dijo miedo?

La Verdad

Entre el sinnúmero de acciones públicas que es preciso acometer en Venezuela, pocas pueden disputar la primacía estratégica que tiene la siguiente tarea: cambiar el sistema operativo del Estado venezolano. Los familiarizados con los términos de la computación saben que el sistema operativo es el núcleo de los programas más básicos y fundamentales de un computador, aquellos que permiten la operación de todos los demás.

Y esto es algo que está fundamentalmente mal en el Estado nacional de los venezolanos. Cuando se ha puesto de moda en Venezuela, tal vez en América Latina en general y aun en algunas otras partes del mundo, una noción que ya era de uso común a los politólogos de los años sesenta—la noción de gobernabilidad—es porque los estadistas de hoy en día encuentran que gobernar es cada vez más difícil. En efecto, la mayor complejidad de las sociedades y el hecho de que ella crezca incesantemente, la cantidad y gravedad de los problemas públicos, la profundidad y profusión de las interconexiones entre éstos, ha hecho cada vez más exigente la tarea de tomar decisiones públicas.

Esta situación se complica porque los marcos generales que rigen al sector público –constituciones, leyes orgánicas– aquellos que establecen la arquitectura general del Estado y sus modos de operación, su sistema operativo, en suma, actúan como camisa de fuerza que impide la eficacia de los mejores entre los funcionarios públicos. Así pasa, por ejemplo, con la Constitución de 1961.

No se trata, sin embargo, de que la solución a este problema crucial pueda darse mediante la mera reforma del texto constitucional. No se trata de remendar con modificaciones puntuales el concepto de Estado que fuera delineado en 1961. Se trata, en verdad, de concebir un nuevo Estado, de diseñar un Estado diferente.

Cuando la Comisión Oberto, allá por los agitados días de 1992, buscó arribar a un proyecto de reforma constitucional que pudiera aprobarse apresuradamente, lo que hizo fue continuar un trabajo previo de la comisión que antes presidiera el hoy presidente Caldera. En el curso del apresuramiento el número de proposiciones de enmienda o reforma creció de manera verdaderamente tumoral. El 29 de julio de 1992 el Presidente de la Cámara de Diputados remitía al Presidente de la Cámara del Senado un Proyecto de Reforma General de la Constitución que contenía ¡103 artículos! (De hecho, la cantidad de modificaciones era muy superior a ese número. Para dar una idea, tan sólo el Artículo 9º del proyecto de reforma aspiraba modificar el Artículo 17º de la Constitución vigente y para esto sustituía cuatro de sus ordinales por nuevas redacciones y además añadía quince ordinales adicionales).

Antes de que tal proliferación constituyente llegara a su término, ya Humberto Peñaloza había advertido que había algo fundamentalmente viciado en el procedimiento. (El Ing. Peñaloza evocó a un maestro de su escuela primaria: si los alumnos le presentaban una “plana” con cinco errores o más no les admitía enmiendas y les obligaba a intentar el trabajo de nuevo). La cantidad de tachones que Oberto y compañía hicieron al texto del 61 indicaba a las claras que lo que se necesitaba era una Constitución enteramente nueva.

Ahora bien, el Congreso de la República no está facultado para acometer esa tarea, por más que ahora Pedro Pablo Aguilar proponga a última hora un conjunto de reformas, que más parecen apuntar a la idea de robarle banderas a Hugo Chávez y a la aparente necesidad de apuntalar la deficiente presidencia eventual de Irene Sáez. El Dr. Angel Fajardo explica el punto con mucha claridad cuando nos dice que la facultad de reformar la Constitución no equivale a “la facultad de dar una nueva Constitución… pues esto sería función propia de un poder constituyente y el legislador ordinario no lo es”.

Esto significa que de aceptarse la tesis de que se requiere una nueva constitución, el Congreso de la República no es el órgano llamado a producirla, puesto que excedería sus facultades. En este caso la única forma admisible de proveernos de una constitución nueva, urgentemente necesaria, sería la de convocar una Asamblea Constituyente.

El punto ha sido levantado insistentemente en los últimos ocho a diez años, y es sólo ahora que el excomandante Hugo Chávez pareciera querer apropiarse de la idea. Dicho sea de paso, el Sr. Chávez nunca ha esbozado siquiera el dibujo general de una nueva constitución—como tampoco antes los que han propuesto lo mismo–—principalmente porque él entiende a la Constituyente más como un modo de sustituir actores políticos tradicionales que como el medio sereno de arribar a un nuevo diseño del Estado.

Pero la necesidad está allí, y la capacidad de un trabajo serio y sistemático para dotarnos de un nuevo Estado también. Basta que formulemos reglas sensatas para la conformación y elección de los miembros de esa asamblea. Elegidos uninominalmente, reclutados no sólo entre expertos en derecho público e historiadores (como Úslar Pietri ha pretendido), y exigidos de exhibir como su legitimación su idea de constitución preferible, conformaríamos con ellos un cuerpo constituyente con mayores probabilidades de producir el trabajo que se requiere.

Negar que esto sea posible en Venezuela es, una vez más, incurrir en el sempiterno error de subestimar a la Nación. Tenerle miedo a una constituyente es desconfiar injustificadamente de nuestras capacidades. Tenerle miedo a una constituyente es creer que abogar por ella equivale a apoyar a un golpista fracasado y radical.

Una buena constituyente producirá una buena constitución. Lo que tenemos que hacer, por tanto, es asegurarnos de elegir a una constituyente capaz. ¿Quién dijo miedo?

LEA

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