Cierre de un año trágico

Los padrinos y el cura del 5 de marzo: el bautizo de un golpe de Estado en La Esmeralda

Con la sola excepción de Teodoro Petkoff, que repudió públicamente el decreto de constitución del gobierno usurpador de Pedro Carmona Estanga poco después de que fuera promulgado, ningún dirigente de oposición ha marcado distancia del golpe de Estado del 12 de abril de este año. De modo indirecto, Primero Justicia es el único partido que se distanciara, al expulsar de sus filas a Leopoldo Martínez en cuanto se supo que había aceptado un puesto en el gabinete ministerial de Carmona. Mientras los partidos y sus dirigentes no pronuncien una explícita condena de lo acontecido el 12 de abril, que tiñó con la sospecha un gigantesco movimiento civil manipulado por los golpistas, no podrán recuperar la confianza del Pueblo.

En el día de hoy, el último del año, el suscrito recibió un correo electrónico de Jorge Olavarría en el que este amigo solicitó: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llama “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él dice Olavarría que deponer a Chávez militarmente no puede ser tenido por acción subversiva y recomienda un gobierno militar de transición.

La contestación del suscrito se copia a continuación:

Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.

 No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…”

Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…”

Como escribí en marzo en un artículo que me solicitara Poleo:

Pocos días después de la reseña de El Universal, Jorge Olavarría de Tezanos Pinto retomó el punto en dos emisiones de su columna en El Nacional (así como en intervenciones televisadas), sólo que en su opinión tal derecho sería la fundamentación de un golpe de Estado clásico, y prescribía algunos ingredientes del mismo, como el inevitable manifiesto de los golpistas. Acá quiero marcar diferencia respecto de la posición de Olavarría: el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

Y también en el mismo artículo: “En detalle, nosotros mandamos que cese el patológico y folklórico paso de Chávez por el gobierno y de ese modo autorizamos a la fuerza armada de este país para que retire a ese ciudadano de Miraflores, en caso de que ni siquiera ante tal mandato expreso el alucinado personaje consienta en bajarse de la silla. Ése sí sería entonces un derecho de rebelión conferido por nosotros a quienes—los militares—sí se encuentran, como súbditos, en situación de subordinación y obligación de obediencia”.

Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

 Admito que este planteamiento se ha limitado estrictamente a una consideración de principios. Los aspectos prácticos del asunto constituyen, naturalmente, discusión aparte.

Recibe un saludo muy cordial

Luis Enrique

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La nota en El Universal (3 de febrero) a la que se hace alusión es la combinación de sendas entrevistas de Ernesto Ecarri a Ángel Álvarez y el suscrito. Ecarri se interesó en el artículo citado de la Declaración de Derechos de Virginia que yo le proporcionara, publicándolo de modo destacado, y Jorge Olavarría publicó de seguidas dos artículos sucesivos con el título Derecho de rebelión, así como fue al noticiero de Televén a predicar su punto de vista. Esto suscitó mi preocupación, y logré que Carlos Fernandes, periodista de esa planta, dedicara una de las ediciones de Triángulo, el programa que conduce, al tema de ese derecho el lunes 25 de febrero de este año que concluye. Fue la primera vez que formulara en público la noción de un Acta de Abolición. A raíz de esta intervención, fui entrevistado al día siguiente por Marta Colomina, quien escribió un artículo que apoyó la iniciativa el domingo 3 de marzo. Finalmente, Rafael Poleo me pidió ese mismo día un artículo para la revista Zeta, que publicó a la semana siguiente. He extraviado el texto completo; de él sobreviven sólo los fragmentos que cité en mi contestación al correo de Olavarría. Vista en retrospectiva, fue profética la mención del elenco de Carmona, Velasco, Ortega y Rincón. Ellos fueron, al mes siguiente, protagonistas principalísimos del golpe del 12 de abril.

El daño que este golpe de Estado, del que Carmona fuera mascarón de proa, infligió a la sociedad civil venezolana que él traicionó, persistirá hasta que el silencio alcahuete de la dirigencia opositora se transforme en activa condena.

LEA

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