por Luis Enrique Alcalá | Dic 25, 2012 | Argumentos, Política |
Un archipiélago de islotes que se creen islas
¡MUD, MUD, MUD! Es hora de partir
¡MUD, MUD, MUD! Camino de perder
Los partidos bajan desde el terraplén
(Con la melodía de Din, din, din)
………
terraplén. (Del fr. terre-plein, y este del lat. terra y planus). 1. m. Macizo de tierra con que se rellena un hueco, o que se levanta para hacer una defensa, un camino u otra obra semejante. 2. m. Desnivel con una cierta pendiente.
Diccionario de la Lengua Española
_____________________________________
Un amable y experto amigo obtendría conclusiones muy interesantes en un análisis del lenguaje corporal de los retratados en la fotografía de la hospitalidad copeyana: la mano izquierda volteada de Antonio Ledezma, la torva mirada de Julio Borges, alejada del centro de atención de los demás, el rostro desconfiado de Andrés Velásquez, etcétera. Por cierto, la denominación de Partido Popular para COPEI, aunque reciente, ya no es válida. Se la adoptó para agradecer a José María Aznar su ayuda financiera en tiempos cuando los demócrata-cristianos alemanes recortaban su apoyo, en vista del barranco en que se ha venido ahondando el partido fundado por Rafael Caldera, Q. E. P. D. Pero quien pase con frecuencia por delante de la sede de la urbanización El Bosque (rebasados los restaurantes chinos) habrá notado que, luego de dos apariciones en fachada, una larga y una corta (según la facción que controlara la proverbial botella vacía), ha vuelto a decirse en el muro delantero que allí funciona un partido social cristiano.
El partido COPEI fue el primero en realizar un congreso ideológico; luego lo celebrarían Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo (en ocasión cuando Diosdado Cabello lo proponía también para el Movimiento Quinta República, predecesor del Partido Socialista Unido de Venezuela). Se celebraría en octubre de 1986, en las instalaciones del Hotel Ávila de Caracas. Algo más de un año antes, el 12 de junio de 1985, Gustavo Tarre Briceño me invitó a almorzar, sabedor ya de que por entonces yo promovía la formación de una organización política que portara un código genético distinto de los partidos convencionales. Allí me planteó, en su nombre y el de Eduardo Fernández, que participara activamente en la preparación del congreso:
Por lo que respecta al congreso ideológico tuve que declinar, pues Gustavo me había dicho que les hacía falta un nivel intermedio, sociológico, entre un nivel principista y filosófico que estaba confiado a Enrique Pérez Olivares y Arístides Calvani, y un nivel de políticas específicas del que se ocupaban diferentes comisiones. Gustavo creía, y me aseguró que también Eduardo, que yo era el indicado para establecer un “puente” entre esos dos niveles. En esas condiciones, expliqué, lo que se me pedía era involucrarme en algo en lo que yo no creía, puesto que pensaba que la política ya no podía seguir “deduciéndose” a partir de un piso principista y abstracto de principios ideológicos generales. (Krisis: Memorias Prematuras).
Más tarde, escribí Estudio copeyano (19 de junio de 1994). Allí me ocupé más explícitamente de sugerir un patrón de metamorfosis de COPEI que dejara atrás toda pretensión ideológica:
El futuro es plural, el futuro es ramificado. No todas las ramas del futuro de COPEI son desastrosas. Al menos es concebible que, después de una serie tan larga de traspiés y fracasos electorales, COPEI esté dispuesto a la metamorfosis y el aprendizaje. (…) La historia nos muestra, con implacable reiteración, la verdad de la falibilidad humana. No existe en el mundo en ninguna de sus épocas un movimiento político, un régimen o concepto gubernamental exitoso que no fuese luego presa de la entropía, de la tendencia al envejecimiento y el deterioro. (…) Pero también es posible al quehacer humano la metamorfosis de sus organizaciones. (…) Los tiempos del futuro próximo determinarán si COPEI es capaz de aprovechar una nueva oportunidad de transformación o si desaparecerá como importante factor de la actividad política en Venezuela.
Bueno, hoy COPEI está poco menos que desaparecido. En las elecciones del 16 de este mes, este partido obtuvo un total nacional de 227.104 votos, o un poco menos de 2,6% de los votantes.
………
Antes de desahuciar por entero a los actores políticos que tanto han contribuido al establecimiento de la democracia en Venezuela y al desarrollo de sus principales instituciones, intenté llamar su atención con dos textos en 2009. El primero, Nacimiento o conversión (4 de junio), comenzó argumentando así:
Observada a distancia clínica, Venezuela presenta la superposición de un proceso oncológico a una condición previa de insuficiencia política. (Médicamente, una insuficiencia cardiaca alude a la enfermedad caracterizada por una deficiencia en el bombeo de la sangre que debe hacer el corazón; una insuficiencia renal a la incapacidad de los riñones de filtrar la sangre como es necesario. Cuando el aparato público de una nación—los poderes públicos a toda escala—no resuelven los problemas públicos, única actividad que justificaría su existencia, puede hablarse con toda propiedad de un caso de insuficiencia política).
La patología política venezolana más preocupante, sin duda, es el chavoma: el proceso canceroso, invasivo y maligno que la amenaza, últimamente de modo acelerado. Es el cuadro clínico más agudo y peligroso. La atención del país se ha concentrado de modo más que natural en este proceso desde que Hugo Chávez llegara al poder en Venezuela. Pero reducido el chavoma, aun por medios clínicos, no quirúrgicos, el cuadro de insuficiencia continuaría manifestándose.
Hay que cambiarlos
La etiología de esa insuficiencia no debe buscarse en una intencionalidad culpable en el político profesional promedio—que a fin de cuentas es un animal de cuarenta y seis cromosomas y, por eso mismo, de cualidad moral equidistante del santo y el felón—sino en su esclerosis paradigmática. Es la impertinencia de los paradigmas políticos prevalecientes, acompañada de una pertinaz resistencia a abandonarlos, la causa, como en casi todas partes del mundo, de nuestra insuficiencia política.
Los miembros más importantes de la constelación de paradigmas que guían la práctica política convencional son el concepto de Realpolitik (política de poder) y la “necesidad” de ubicarse en un punto del continuo cuyos polos son la extrema derecha y la extrema izquierda.
Esto último es lo que cede cada vez más, de modo inexorable. A pesar de la insistencia de Chávez en el socialismo y de los Vargas Llosa en el liberalismo, lo que es tendencia de mayor masa e inercia es el “moderno molde postideológico” (expresión de Tony Blair). Hoy en día pudiera decirse que ser socialista—a lo Bernard-Henri Lévy—no es ser estatista sobre principios marxistas, sino preocuparse por la “anormal” distribución de la riqueza en la mayoría de las regiones de la tierra. Si el buen socialista de antaño fue estatista es porque creía que la estatización era una terapéutica eficaz; el buen socialista de hoy admite al mercado como sistema fundamentalmente natural y a la libre empresa como sistema superior al manejo centralizado de la economía, aunque ambos deban ser objeto de corrección cada cierto tiempo.
En cambio, la idea básica de la Realpolitik, que en el fondo la política no es otra cosa que una lucha por el poder, es más difícil de erradicar, sobre todo en nosotros, que debemos sufrir las obsesiones de un Presidente de la República que lleva esa noción a extremos enervantes. No obstante, para allá va la cosa.
Luego, discutiendo el modo de tratar esa patología, avizoré un posible rol para partidos que hoy se combinan en la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición que se opone a Hugo Chávez:
Una cosa así sólo puede provenir de un discurso esencialmente diferente, de una nueva especie de organización política.
Pero esto último puede ser alcanzado de dos maneras. La más radical es la construcción de esa nueva opción desde cero, la inauguración de una asociación política fresca. La otra es la metamorfosis de organizaciones existentes, y en principio ésta sería la ruta más económica. Hasta una entidad tan rayada como la sucursal venezolana de Stanford Bank es apetecible por un banquero de lujo, José María Nogueroles, y seguramente le sacará provecho a su adquisición.
Claro está, esta segunda posibilidad sólo es viable—esto sí una “política realista”—a partir de la disposición de los actuales partidos democráticos a transformarse en especímenes políticos inéditos, y entonces tendrían que autorizar que en ellos se practicara lobotomía frontal e implante de nuevos circuitos conceptuales, en los que venga impreso un paradigma clínico de la política.
Sería necesaria mucha valentía y una elevación grande, en nuestros políticos convencionales, para lograr lo que se necesita a partir de una metamorfosis de lo existente. Pero ¿quién sabe? A lo mejor el aprendizaje de diez años de sobresaltos y desafueros, de ineficacia y de fracaso, ha puesto las conciencias políticas a punto de caramelo.
Todavía trataría de despertar las conciencias partidistas dos meses después, el 13 de agosto de 2009, con el artículo Bomba de fusión. El procedimiento de este trabajo fue comparar puntos en dos documentos provenientes de partidos distintos y encontrarlos sustancialmente idénticos, para identificar después las fuentes: el «Decálogo del militante copeyano» (23 de junio de 2009), redactado por Eduardo Fernández y «Democracia Social, Bases Ideológicas del Partido Un Nuevo Tiempo» (7 de abril de 2008). Hecha la constatación de similaridad, me atreví a sugerir:
En el seno del socialcristianismo venezolano ha habitado por largo tiempo la añoranza de la reunificación. Tal vez—han creído unos cuantos, en alguna misa campal que se dijera en el amigable jardín del IFEDEC en Boleíta Norte—pudiera descender en lenguas de fuego el Espíritu Santo sobre los cráneos de Luis Ignacio Planas, Henrique Salas, Julio Borges y Juan José Caldera y suscitar la unificación de COPEI, Proyecto Venezuela, Primero Justicia y lo que haya podido quedar de Convergencia. Mucho sabría agradecerlo la Fundación Konrad Adenauer.
En verdad, si se examina el documento doctrinario de Primero Justicia (construido sobre texto original de Julio Borges), tampoco es posible encontrar en él diferencia alguna sustancial con los postulados copeyanos. Otra vez, dicen lo mismo.
Pero la renuencia a esta reunión familiar es grande. Tal vez sea más fácil una primera unión entre exponentes de la democracia cristiana y la socialdemocracia—¡perdón, la democracia social!—visto que no guardan entre sí diferencias ideológicas insalvables y, por lo contrario, tienen muy numerosas coincidencias. Si, como postula cada una de esas fuerzas con tenacidad, lo ideológico es lo más importante de un partido, ¿no sería una carambola de bola a bola, no estaría de anteojito una conjugación de un partido de la democracia social con uno de la democracia cristiana que se alimenten, en el fondo, de una misma formulación ideológica?
La unión, no la unidad
En la escena corporativa los mergers (fusiones) son expediente cotidiano, enteramente habitual. Exxon y Mobil, Pfizer y Warner-Lambert, Bell Atlantic y GTE, AOL y Time Warner, Boeing y McDonnell Douglas, Sandoz y Ciba-Geigy, Citicorp y Travelers Group, JP Morgan Chase y Bank One Corp., BP y Amoco, Deutsche Bank y Bankers Trust y, para no hacer esta enumeración interminable, un larguísimo etcétera, eran entidades separadas que luego de su fusión fueron sólo una, a pesar de que todas tenían culturas corporativas bastante distintas. Supieron superar y absorber sus diferencias en procura de un propósito mayor.
Se nos pone que pudiera formarse una bola de nieve si se comenzara por la fusión de COPEI y Un Nuevo Tiempo. Al inicio percibimos que sus planteamientos ideológicos dicen las mismas cosas. ¿Qué explicación seria pudieran ofrecerle al país para que, en momentos tan menguados y peligrosos como los actuales, insistieran en seguir caminos separados?
Dijo Rómulo Betancourt en su último discurso público, en el partido que fundó, antes de morir: “Puede llegar el momento en que nosotros [debamos]… plantearnos la necesidad de un gobierno de concentración nacional, en el cual estén representados los dos partidos de mayor auditorio en la Nación…”
En apresurado regreso al realismo, sin embargo, cerré el trabajo con una salvedad:
Resulta obvio que el camino sugerido aquí es de difícil realización, y es innecesario enumerar los obstáculos que surgirían—protagonismos, preferencia por cabeza de ratón sobre cola de león, historia de disgustos interpersonales—, pero la hora lo exige. Fue Nelson Mandela quien dijera, en tiempos aun más duros: “Siempre parece imposible hasta que se hace”. (It always seems impossible until it’s done).
La hora lo exige, y es de temer que la benéfica iniciativa de la Mesa de Unidad no sea suficiente ante el avasallamiento político más procaz y ventajista que el país haya visto. El 4 de junio de este año se escribía aquí (#334): “Sería necesaria mucha valentía y una elevación grande, en nuestros políticos convencionales, para lograr lo que se necesita a partir de una metamorfosis de lo existente. Pero ¿quién sabe? A lo mejor el aprendizaje de diez años de sobresaltos y desafueros, de ineficacia y de fracaso, ha puesto las conciencias políticas a punto de caramelo”.
Quien sea lector habitual de esta carta sabe que desde ella se ha predicado la emergencia de una nueva especie política: una organización transideológica—post-ideológica, diría Tony Blair—de código genético distinto al de un partido convencional. Pareciera entonces un contrasentido que ahora proponga la fusión de dos raíces ideológicas diferentes. No es tal; en la conjugación de estos componentes diversos pero afines puede estar la mayor facilidad, precisamente, para dejar atrás lo ideológico y asumir un paradigma clínico de la política.
También, la fusión sugerida sería una sorpresa política de marca mayor, y ya es hora de que las sorpresas dejen de ser monopolio del gobierno que nos invade y atropella.
………
Si ahora hay, luego del descalabro del 16 de diciembre que siguió al fracaso del 7 de octubre, llamados al examen de conciencia—Ramón Guillermo Aveledo: “Todos los partidos tienen que reflexionar, es nuestra obligación”—, sería lo serio que la Mesa de la Unidad Democrática abriera una instancia de pensamiento concienzudo, que no esté limitado por las cajas perceptuales acostumbradas. El examen debe ser radical, pues la cosa no es la de meramente verificar el nivel táctico o procedimental. Es necesaria una lógica de presupuesto de base cero:
Fue bajo el Secretario de Defensa de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, el genio ejecutivo Robert Strange McNamara, que se introdujera el concepto de “presupuesto de base cero” (zero-base budgeting) al seno de la administración pública de los Estados Unidos. Formaba parte de un conjunto de métodos para la planificación y la toma de decisiones que Charles Hitch, el Contralor del Departamento de Defensa, instauró bajo instrucciones de McNamara. (PPBS, Programming, Planning and Budgeting System. Johnson ordenó su extensión al resto de la administración federal). Era algo así como lo siguiente: el comandante de la Sexta Flota llegaba al Departamento de Defensa para entrevistarse con el jefe, a quien decía como estaba acostumbrado: “Señor Secretario: he aquí el presupuesto de la Sexta Flota para 1961. El incremento respecto del año anterior es de sólo siete por ciento. Permítame explicar esa diferencia”. Pero McNamara interrumpía y contestaba: “No, Almirante. Lo que necesito que me explique en su integridad es todo el gasto de la Sexta Flota. Quiero que me lo justifique por entero, desde cero. Podemos empezar por esto: ¿para qué se necesita la Sexta Flota? ¿No podríamos obtener lo que ella logra con algo distinto y mejor?”
Zero-base. Back to basics. Square one. El ABC, la cartilla. Por ese procedimiento, McNamara forzaba a toda unidad significativa del aparato militar estadounidense a reflexionar sobre su propia existencia. Y ésa es la misma pregunta que la Nación debe hacerle a la política. Inocentemente, frescamente ¿para qué es necesaria la política? (Política elemental, 1º de febrero de 2007).
Es hasta ese nivel elemental que una reflexión responsable de la Mesa de la Unidad Democrática debiera llegar. Ella, y los partidos que la componen, deben saber que su esencia ha sido sobrepasada por los hechos, que si no emprenden una metamorfosis radical, creadora de una organización política cualitativamente distinta, se verán reducidos a la insignificancia. En particular, una reflexión de esa clase debe prohibirse a sí misma que su propósito sea la derrota de Hugo Chávez y el chavismo. Tiene que definirse con fines que tendrían sentido aun si Chávez no hubiera existido.
(El 23 de los corrientes, en un artículo mayormente lúcido en El Nuevo País—Los resultados del 16D—, Henry Ramos Allup reitera el error de óptica, la falla de origen de la MUD: «Las dos derrotas electorales sufridas por la Oposición hay que analizarlas con responsabilidad, lo cual supone apartar explicaciones acomodaticias o dirigidas a echarle la culpa al otro, no importa a quien perjudique si nos lleva al objetivo de derrotar al Gobierno»).
………
Cuando se dibujaba, en febrero de 1985, una organización política de otra especie, proveniente de una mutación conceptual, de una revolución mental—“…la actual crisis política venezolana no es una que vaya a ser resuelta sin una catástrofe mental que comience por una sustitución radical de las ideas y concepciones de lo político»—, se explicaba acerca de su composición:
Los miembros de la Sociedad Política de Venezuela serán todas aquellas personas que manifiesten el deseo de serlo, conozcan su normativa y consientan en acatarla. En particular, no obstará para ser miembro de la Sociedad Política de Venezuela que una persona sea miembro de algún partido, del mismo modo que no se impedirá la entrada por razones de religión, sexo, raza, edad o cualquier otro criterio similar. Las ideologías son expresión de valores como lo son las posturas religiosas. Las diferencias ideológicas y prácticas entre los partidos venezolanos se han ido atenuando hasta el punto de que constituyen ofertas poco distinguibles, fenómeno que conocen y comentan aun algunos líderes de tales organizaciones. (Proyecto: La Sociedad Política de Venezuela, 8 de febrero de 1985).
Más adelante (7 de mayo de 1985), tuve oportunidad de comentar en notas al proyecto de febrero:
Por último, participo del criterio expuesto por Diego Bautista Urbaneja en uno de sus recientes artículos: estamos en deuda con los actores políticos tradicionales. De mis notas al trabajo de febrero, la número 18 dice así:
“18. Los actores políticos tradicionales, por supuesto, han aportado muy importantes y beneficiosas transformaciones al desarrollo político nacional. Para empezar, la implantación misma de las más elementales nociones del juego democrático. Nuestro análisis no descalifica a los partidos tradicionales por un inventario de su actual negatividad, sino por la insuficiencia de su positividad. Sin embargo, es posible encontrar dentro de los planteamientos que circulan por los partidos venezolanos algunas ideas positivas, sobre todo ahora cuando han sentido la presión de la desfavorable opinión pública sobre ellos”.
Por esto creo que nuevamente debe intentarse que los actores políticos tradicionales den un salto, se aproximen a un nuevo paradigma, introduzcan cambios netos significativos.
La deliberación constructiva que propongo debe partir de esta premisa: cualquier intento de preservar el modelo federativo de la MUD estará condenado al fracaso. La gente de AD, Primero Justicia, COPEI, Un Nuevo Tiempo, etcétera, deberá entender que estos partidos deben desaparecer para dar origen a una organización radicalmente novedosa; la propia Mesa de la Unidad Democrática, por tanto, dejaría de existir, al no quedar nadie que federar.
………
El día que debió acabarse el mundo escribí en este blog: «…por última vez recomendaré esta Navidad, a los partidos (…), un curso de acción que aproveche la considerable experiencia política de sus muchos dirigentes buenos».
La experiencia es útil (clic amplía)
En efecto, creo que las formaciones agrupadas en la MUD acumulan un considerable capital de experiencia y vocación política. Pero ese capital está encarnado en personas concretas; son ellas y no las organizaciones lo que hay que preservar. Quien escribe respeta y aprecia, por ejemplo, la sabiduría que se expresa en la serenidad y el tino diplomático de Ramón Guillermo Aveledo, la sinceridad de Henry Ramos Allup, el compromiso con la verdad de Eduardo Fernández, la valentía democrática de Julio Borges, la bondad de Henri Falcón o la seriedad de Arístides Hospedales.
Pero todos ellos están atados por las cadenas ideológicas, y por la superstición de que lo único posible es la lucha por el poder. A ellos les propongo que se fajen a construir una organización transideológica, diseñada más allá y por encima de Chávez, dedicada a la suprema labor política: la de resolver, del modo más responsable posible, los problemas públicos del país y sus divisiones territoriales. Pudiera ser su propósito el siguiente:
La Asociación tiene por objeto facilitar la emergencia de actores idóneos para un mejor desempeño de las funciones públicas y el de llevar a cabo operaciones que transformen la estructura y la dinámica de los procesos públicos nacionales a fin de: 1. Contribuir al enriquecimiento de la cultura y capacidad ciudadana del público en general y especialmente de personas con vocación pública; 2. Procurar la modernización y profesionalización del proceso de formación de las políticas públicas; 3. Estimular un acrecentamiento de la democracia en dirección de límites que la tecnología le permite; 4. Aumentar la significación y la participación de la sociedad venezolana en los nuevos procesos civilizatorios del mundo. (Proyecto de Acta Constitutiva de la Sociedad Política de Venezuela).
En esos fines no hay nada ideológico; tampoco se trata de una intención antipolítica. Por lo contrario, hay en ellos la voluntad de hacer la política que hoy es posible; no se trata de no hacer política, sino de hacerla bien hecha. Esto es una tarea separada de las decisiones que deben atender la actual coyuntura, que lleva entre otras cosas el germen de una nueva elección presidencial. Ya en Lo que hay que hacer (2 de abril de 2009), distinguía el problema de una organización de futuro de «la lidia cotidiana con el atropello gubernamental, la necesidad de contenerlo»:
Es desarrollo conceptual fundamentalmente venezolano que el nuevo paradigma político, que sustituirá al prevaleciente, es de carácter clínico, y su aceptación está a punto, pues se percibe con claridad una reciente y creciente emergencia de su postulado fundamental y sencillo: que la Política sólo cobra sentido como el oficio de resolver los problemas de carácter público.
Pero la expresión efectiva de un paradigma político se lleva a cabo mediante el vehículo de una organización que lo practique y difunda. Es la construcción de una organización que porte y difunda ese paradigma la tarea política más importante del nivel estratégico.
Por mencionar un caso especialmente auspicioso de activo diseño, en la actualidad progresa, en labor de ingeniería genética, el desarrollo de una opción para la organización requerida. Las siguientes son algunas entre las hipótesis fundamentales que guían este desarrollo:
1. La organización no es un partido político convencional definido por una ideología, ni nace para oponerse o desplazar a los partidos. Se rige por una metodología y pueden pertenecer a ella miembros de partidos.
2. La organización no lo es de organizaciones, sino de ciudadanos.
3. La organización no se define como instrumento de la “comunidad opositora”, y su apelación universal pretende ayudar a subsanar el problema de un país dividido.
4. La misión fundamental de la organización es de la elevar la cultura política de la ciudadanía en general, y la de formar a personas con vocación pública en el arte de resolver problemas de carácter público, esto es, en Política.
5. La organización establecerá una unidad de desarrollo de políticas públicas (think tank), a ser sometidas a la consulta más amplia posible.
6. La organización facilitará la emergencia de actores idóneos para el ejercicio de las funciones públicas.
Cuando eso se escribiera, parecía que hablaba en serio un importante político venezolano que llegara a la conclusión de que con las organizaciones de la MUD, con ella misma, «no se iba p’al baile». Luego quiso crear una nueva organización política con «gente nueva», como ¡Luis Miquilena!
Cumplo de esta manera mi ofrecimiento de un aguinaldo a la MUD, habitada por animales políticos con muchas cualidades. Tal vez se nieguen a discutir estas ideas, con la fórmula habitual de considerarlas románticas y decir que así no se hace política. Entonces me ocuparía de emitir clínicamente un parte de desahucio, como anticipo de una definitiva acta de defunción. LEA
………
Para descargar esta entrada en formato .pdf: MUD, MUD, MUD
_________________________________________________________
por Luis Enrique Alcalá | Nov 7, 2011 | Argumentos, Política |
Nuestra bandera sonríe cuando la vemos patas arriba
Gregorovius pensó que en alguna parte Chestov había hablado de peceras con un tabique móvil que en un momento dado podía sacarse sin que el pez habituado al compartimiento se decidiera jamás a pasar al otro lado. Llegar hasta un punto en el agua, girar, volverse, sin saber que ya no hay obstáculo, que bastaría seguir avanzando…
Julio Cortázar, Rayuela
_________________________
En Francia primero, con la idea de futuribles promovida por gente como Bertrand de Jouvenel (1960) y antes (1957) Gaston Berger con su Centre d’études prospectives; en los Estados Unidos poco después, por ejemplo desde el Hudson Institute (1961) dirigido por Herman Kahn, la futurología y los futurólogos han tenido un espacio importante en las discusiones de la política grande.
Uno entre los futurólogos más atinados y exitosos es, sin duda, John Naisbitt, cuyo libro Megatendencias de 1982 se mantuvo dos años seguidos en la lista de bestsellers del Times de Nueva York, la mayor parte del tiempo en el primer lugar. Naisbitt estableció un laboratorio de análisis de eventos sociales microscópicos a nivel local: sus asistentes revisaban miles de periódicos de pequeñas localidades en los Estados Unidos, en busca de noticias acerca del nacimiento de lo que pudiera convertirse poco después en una tendencia que se generalizara. Con este método, pronto descubrió que había ciudades, a veces insospechadas, o estados que consistentemente eran pioneros en el uso de alguna práctica social; lo que se hacía al comienzo en ellos, se diseminaba luego de un cierto rezago al resto del país. California, por caso, era uno de esos bellwethers—así se llama a la oveja líder de un rebaño, a cuyo cuello se ha colgado una campana—que presagiaban con su conducta aquello que más tarde se convertiría en uso nacional.
La primera vez que pensé en las posibilidades de Venezuela como a bellwether Nation, capaz de un rol precursor en la innovación política, fue en 1986, con la escritura de Dictamen[1], mi primer atrevimiento explícito como médico-político. Me parecía entonces que faltaba tiempo para que la evidente insuficiencia política[2] de entonces hiciera crisis; que ese tiempo podía emplearse en una deliberación sosegada que diera origen a una especie nueva de organización política, dentro de la que fuera posible hacer una política distinta, suficiente. No veía que fuera constitucionalmente imposible a los venezolanos innovar políticamente antes de que sociedades más fuertes e influyentes lo hicieran.
Más tarde, volví explícitamente sobre esa intuición. En el artículo Una visión de Venezuela para el siglo XXI[3] escribí:
Somos un municipio del planeta. El mundo está por constituirse políticamente. El substrato de esa nueva polis existe: la hipótesis de James Lovelock llega a pensar la Tierra como un ente viviente, como una sola célula. Una gigantesca célula cuyos organelos interdependen ecológicamente, cuyas regiones se comunican por satélites inventados por el hombre. Un organismo vivo que construye, intento por intento, lo que Yehezkel Dror llama la “mente central del mundo”: su gobierno.
Un gobierno planetario que, como el sistema nervioso central de los animales superiores, el hombre incluido, regulará muy pocas de las actividades del conjunto. El desarrollo de la Tierra, en su mayor parte, no provendrá de las acciones de ese gobierno mundial, sino de las unidades locales. Y entre las unidades locales, las naciones del tamaño de la venezolana serán los municipios de la estructura política del planeta Tierra.
Un planeta que construye también una nueva versión, más comprensiva, de su conciencia. Que elabora con penoso esfuerzo los componentes de una nueva teoría del mundo, de una forma más desarrollada de funcionamiento político, hasta de una nueva percepción religiosa.
Se construye, poco a poco pero incesantemente, el cerebro del mundo. Las redes celulares y de computadores y telefacsímiles, CNN, Telemundo, los satélites, los servicios de medios múltiples, las fibras ópticas, van tendiendo los ganglios y los nervios, los núcleos cerebrales de esa mente central planetaria. Se construye un cerebro de la Tierra.
Una región del planeta puede ser maqueta para el conjunto. Como veremos más adelante, aun dentro de sí misma Venezuela puede potenciar las instancias asociativas en su aparato político. La imagen-objetivo de Venezuela como lúcido y anticipador municipio del planeta, en tanto campo de demostración de las ventajas del conocimiento como determinante político es perfectamente sostenible.
Francisco Nadales nació en Cumanacoa, Estado Sucre, Venezuela. Pudo completar solamente una educación primaria, lo que no le permitió mejor empleo que el de obrero no calificado de la industria de la construcción. Una vez fue puesto, sin otra preparación previa, delante de un moderno computador personal. La pantalla mostraba una hoja de cálculo electrónica, en la que en breves segundos postuló, bajo instrucciones, una operación algebraica. Cuando la pantalla titiló mostrando el resultado, una sonrisa tan amplia como su cara demostró su alegría profunda, y la extensión de su súbita comprensión fue expresada en su inmediato comentario: “¡Hay que ver que el hombre es bien inteligente!”
Francisco Nadales hablaba, claro, del hombre que había sido capaz de concebir, producir y ensamblar la intrincada maraña de circuitos y componentes del computador que tuvo ante sí; del que había sido capaz de generar y enhebrar las numerosas líneas del código de programa que le permitió usar el álgebra por primera vez. Pero esa referencia no habría bastado para ampliarle la sonrisa de aquel modo. Francisco Nadales estaba también hablando de sí mismo. Francisco Nadales era ese hombre bien inteligente y Venezuela puede contribuir significativamente a la constitución política de la Tierra.
Yo no usaría Internet por la primera vez hasta el año siguiente de haber escrito esos párrafos, en 1995, cuando CANTV ofreció por primera vez el servicio de dial-up en Venezuela. En octubre de ese año, discutiendo la necesidad de un proceso constituyente[4] recordé otra alusión de enero del mismo a la cosa de las capacidades de nuestro pueblo, cuando discutía la conveniencia de instalar en Venezuela redes de fibra óptica para ofrecer plataforma moderna a la participación democrática cotidiana:
Pero ahora disponemos de una tecnología comunicacional que vuelve a ofrecer las condiciones requeridas para una participación masiva, instantánea y simultánea, de grandes contingentes humanos. Ya vimos algo de esto en las teleconferencias de amplia extensión que sostuvo Ross Perot en los Estados Unidos en su carrera hacia la presidencia de ese país.
Alguien puede argumentar ante este planteamiento que el nivel de desarrollo político y tecnológico norteamericano es inconmensurablemente superior al venezolano, y que por esa razón ese concepto de democracia participativa electrónica estaría, para nosotros, muy lejos dentro de un futuro largamente incierto. Pero puede a su vez contraargumentarse que los venezolanos no hemos tardado mucho para aprender a operar telecajeros electrónicos, celulares, telefacsímiles, etc., y que con igual o mayor facilidad podríamos navegar dentro de una red permanente de referenda electrónicos. Opinábamos de esta manera en el Nº 11 del volumen 1 de esta publicación (enero de 1995): “Nada hay en nuestra composición de pueblo que nos prohíba entender el mundo del futuro. Venezuela tiene las posibilidades, por poner un caso, de convertirse, a la vuelta de no demasiados años, en una de las primeras democracias electrónicamente comunicadas del planeta, en una de las democracias de la Internet. En una sociedad en la que prácticamente esté conectado cada uno de sus hogares con los restantes, con las instituciones del Estado, con los aparatos de procesamiento electoral, con centros de diseminación de conocimiento”.
………
Pero la resistencia a esta manera de ver las cosas es muy considerable. Entre 1980 y 1982, una de las temporadas profesionales más satisfactorias de mi vida, tuve la inmensa suerte de ejercer la Secretaría Ejecutiva de CONICIT, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas que fundara el hombre-ciencia de Venezuela, el Dr. Marcel Roche. Viniendo de mi trabajo ejecutivo en la Corporación de Desarrollo Tecnológico, una empresa que creé para el Grupo Corimón, tenía bastante noticia de la novísima actividad de ingeniería genética en EEUU y Europa.
Llevaría yo dos o tres meses en el cargo de CONICIT cuando se presentó la oportunidad de asistir a una gigantesca conferencia sobre ingeniería genética que tendría lugar en las afueras de la ciudad de Washington, y hacia allá encaminé mis pasos. La experiencia valió la pena, pues pude ver un amplio panorama de aplicación de las últimas técnicas de manipulación del material genético celular. Regresé, por tanto, decidido a promover desde el organismo rector de la ciencia y la tecnología en Venezuela un programa especial de investigación en ingeniería genética: la dotación de fondos para que los dos núcleos más prometedores en Venezuela, uno en la Universidad de Los Andes y otro en el IVIC,[5] progresaran con más rapidez y amplitud que lo que harían vegetativamente. Llevé el planteamiento al Directorio de la institución, que se reunía todos los lunes: un ingeniero agrónomo, un físico, un médico, un matemático, un industrial. Les dije que estaba muy bien eso de invertir en investigación en petroquímica; a fin de cuentas, Venezuela está atapuzada de hidrocarburos. Pero señalé también que en materia de industria química los alemanes nos llevaban 150 años de ventaja y, en cambio, en ingeniería genética teníamos un atraso de, a lo sumo, dos años, en razón de la novedad del campo.[6]
No hubo manera de hacer pasar la idea de esa sesión del Directorio, donde murió. Quienes debían liderar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país se habían constituido en cuerpo refractario al cambio, tal vez dominados por un complejo de inferioridad que es lamentablemente extendido en nuestra cultura.
Hace unas dos semanas fui testigo de una conversación típica, en la que una persona conocedora del mundo financiero aconsejaba a un ama de casa que abriera una cuenta en dólares. Me llamó la atención la sugerencia y pregunté por qué, si el uso de fondos de la dama ocurría en bolívares y la remuneración del ahorro es mucho mayor en Venezuela que en los Estados Unidos, donde no se percibe intereses. Mentalmente me preparé para escuchar una explicación cuasi-técnica en la que oiría alusiones al poder de compra comparado de ambas monedas—el dólar-hamburguesa—y otras cosas por el estilo. En verdad, esperaba ser instruido.
La respuesta me dejó atónito: “Pues, ¡porque en los últimos sesenta años los norteamericanos han demostrado ser más inteligentes que los venezolanos!” Cuando repuse que la crisis financiera estadounidense de 2008—todavía no superada, montada con la irresponsable ingeniería financiera sub-prime sobre una burbuja inmobiliaria cuya enfermedad se conocía al menos dos años antes—no parecía algo demasiado inteligente, el consejero optó por despedirse con rapidez.
………
Notas de lo futurible: cuaderno de la artista cantábrica Cecilia Álvarez de Soto (clic amplía)
Soy poco dado a exhortaciones voluntaristas, pero admito el valor en la disposición actitudinal que aparece en el cuaderno de Cecilia Álvarez de Soto: “Cómo reinventarse dentro de la rutina. Inaugurar dentro del mismo marco cotidiano nuevos hábitos y perspectivas. Ruptura de círculos. Requiere voluntad, sacrificio, proyección”. En general, creo que las exhortaciones que exigen sacrificio son motivadores ineficientes; a muy poca gente le gusta sacrificarse. Contribuiré, pues, diciendo que no es uno quien tiene que sacrificarse, sino uno quien debe sacrificar en el altar de la verdad las ideas que bloquean el progreso; muchas de ellas lo hacen imperceptiblemente.
Y es que, además de que tenemos que desembarazarnos de ataduras terminológicas, el caso de Venezuela como posible nación pionera no es tan descabellado. En materia política, por caso y paradójicamente, por haber llegado relativamente tarde a la democracia, pues no es sino hasta que la primera mitad del siglo XX se hubiera cumplido que logramos cierta estabilidad a ese respecto. Pero a esa democracia embrionaria, aun así saludada como modelo para el mundo y en especial para América Latina, le cayó la plaga de la inundación de dólares que parecía ser otra bendición del cielo—no buscada por Venezuela, producto de decisiones políticas en el mundo árabe a raíz de la Guerra del Yom Kippur—y terminó siendo una indigestión que ningún otro país hubiera asimilado mejor. La evolución de los partidos políticos a partir de estos hechos puso de manifiesto, precozmente, signos de deterioro de los sistemas ideológicos que tardaron dos o tres décadas en emerger con claridad en sociedades tenidas por más avanzadas.
Nuestra patología económica, por otra parte, siguió su curso, y en 1994 sufrimos lo que el mundo de los países más desarrollados experimentaría con creces catorce años después. La hecatombe bancaria de aquel año me permitió decir:
…es posible afirmar que uno de los problemas básicos de la economía venezolana es, hoy por hoy, el crecimiento desproporcionado de la actividad financiera nacional, el que ha incluido una buena parte de actividad puramente especulativa. (…) Los economistas acostumbran distinguir dos ciclos complementarios y ‘opuestos’ de producción. El primero de ellos, constituido por la suma de los productos y servicios generados dentro de un determinado territorio, es el sistema del producto ‘real’. En oposición a él, el volumen monetario presente en el mismo período dentro del mismo espacio es denominado el sistema simbólico o ‘virtual’. Está compuesto por el dinero en todas sus formas: efectivo, efectos de pago tales como el llamado ‘dinero plástico’, cuasi-dinero… En teoría, se tiene inflación cuando el sistema virtual de la economía crece más aceleradamente que el sistema real. Esto es, justamente, lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. No sólo proviene la inflación, pues, del crecimiento del gasto público y de la devaluación constante de nuestra moneda. También del desarrollo de la actividad bancaria y financiera en general el que, como hemos dicho, ha sido muy superior al experimentado por los sectores aportantes de producto real.[7]
El que Dominique Strauss-Kahn, hasta hace no mucho Director General del Fondo Monetario Internacional, presuntamente adolezca de satiriasis, no lo descalifica como experto económico. Y el 17 de septiembre de 2008 juzgaba así lo que estaba ocurriendo con los bancos y mercados de valores: “…los sistemas financieros, … se han desarrollado en exceso en relación con la economía real”. Exactamente el mismo diagnóstico que el suscrito hacía en mayo de 1994 comentando la primera fase de la crisis bancaria nacional. (No tengo otro parecido con el Sr. Strauss-Kahn, por cierto). Por esto aventuré en Pompa y circunstancia (25 de septiembre de 2008): “Es decir, en maqueta, los venezolanos vivimos a nuestras modestas escalas lo mismo que sufre ahora el sistema financiero estadounidense. Nos adelantamos a los gringos. Somos unos machetes”.
Incluso, hace diecisiete años, anticipó Rafael Caldera movimientos recentísimos de Georgios Papandreou, que anunció un referéndum que hizo recular al líder de la oposición a su gobierno, por lo que retiró el reto y optó por una votación en las cámaras legislativas, que ganó. En 1994, un segundo decreto de suspensión de garantías emitido por el gobierno de Caldera enfrentó inicialmente el rechazo de varios partidos en el Congreso de la República. Entonces amenazó con someter la medida a referéndum (José Guillermo Andueza, Ministro de Relaciones Interiores, aseguró tener lista la redacción del decreto que lo convocaría). Acción Democrática optó por cambiar su posición opositora—luego de que una encuesta conducida por el diario El Nacional mostrara que 90% del país estaba de acuerdo—, asegurando así el triunfo de la suspensión segunda en el Congreso. Entonces, el senador Juan José Caldera anunció que ya el referéndum no sería necesario.
………
Hablando en serio, el asunto es que podemos saltar como país a una economía y una política y a una educación el siglo XXI. En diciembre de 1990,[8] quien suscribe abogaba por programas de estudios universitarios generales que se centraran en lo más recientemente pensado—lo clásico, lo canónico es saber bastante de Platón y nada de Popper—; luego de exponer lo que creía que eran sus virtudes, volví a creer que podíamos atrevernos al liderazgo:
…bien diseñado, el programa vendría a ser innovador, no sólo en Venezuela, sino en términos de cómo se entiende hoy el problema de la educación superior en el mundo. La interpretación estándar de nuestras posibilidades nos hace creer que, en el mejor de los casos, una creación nuestra nos colocaría en un nivel más cercano pero inferior a lo logrado en otras latitudes “más desarrolladas”, y por eso no intentamos lo posible cuando se nos antoja demasiado avanzado. Es como el pugilista que desacelera inconscientemente su puño antes de completar el golpe.
Si Irlanda hubiera continuado amarrada a sus hortalizas y sus ovejas, habría seguido sumida en su miseria de siglos. Se atrevió a entrar con decisión en el campo informático y protagonizó a partir de 1995 un “milagro económico” que le valió el remoquete del “Tigre celta” que dejaba atrás su pobreza secular. Esto no basta, naturalmente; luego invirtió donde no debía, descuidó su infraestructura como lo ha hecho Venezuela en los últimos años y entró en crisis financiera al olvidar la virtud de la prudencia.
Pero nosotros podemos progresar sin estos errores, si nos percatamos de que “ya no hay obstáculo, que bastaría seguir avanzando…” Si dejamos atrás lo que nos ancla a un pasado que fue el presente de nuestros antecesores, nunca el nuestro.
El Presidente de la República acaba de decir que “la educación es Bolívar”. No puede estar más equivocado. Su fijación sobre un venezolano heroico, épico, muerto antes que la primera mitad del siglo XIX se cumpliera, es patológica, enfermiza, para no entrar a considerar el abuso manipulador de su figura. La gente, cuando alcanza mayoría de edad, también asume su autodeterminación ética. Uno establece ahora sus propias opiniones y sus propios valores, uno se emancipa de los padres, por más que los quiera. Es ley de vida, y lo que propone el Presidente es ley de muerte.
Simón Bolívar hizo su historia, ciertamente grande. Hagamos ahora la nuestra. LEA
………
[1] Venezuela es el paciente. Es obvio que sus males no son pequeños. Ya casi se ha borrado de la memoria aquella época en la que nuestros medios de comunicación difundían una mayoría de buenas noticias, cuando en la psiquis nacional predominaba el optimismo y la sensación de progreso. La política se hace entonces exigible como un acto médico. En las condiciones actuales, en las que el sufrimiento es intenso y creciente, ya no basta que los tratamientos políticos sean lo que han venido siendo. Por esta razón este dictamen se ofrece en la justa dimensión indicada por su nombre. Es lo que yo propondría en la junta política que tuviera que atender la salud de la Nación en la presente circunstancia. Lo ofrezco en el espíritu con el que deben emitirse los dictámenes: a la vez con la fuerza del mejor tratamiento que uno sabe proponer y con la conciencia de su imperfección, deliberadamente abierto y vulnerable ante la refutación. A fin de cuentas aun lo que propone el hombre más seguro no pasa de ser una mera conjetura. (Dictamen – Versión preliminar, junio de 1986).
[2] Condición caracterizada por una baja proporción de problemas públicos resueltos por las instituciones políticas de una sociedad.
[5] El Dr. Manuel Rieber, quien asistió a la conferencia de Washington, ya hacía para entonces en su laboratorio del IVIC anticuerpos monoclonales: moléculas idénticas porque eran fabricadas por clones de una sola célula madre, con valor inmunológico.
[6] La primera combinación de ADN que procediera de células distintas ocurrió en 1972, ocho años antes, aunque el concepto mismo de «ingeniería genética» apareció en Dragon’s Island, una novela de ciencia-ficción de Jack Williamson, en 1951. Pero, como muestra la mención del trabajo de Rieber, Venezuela no partiría de cero en 1980 y, en el momento cuando ambos nos presentamos en Washington, faltaban todavía seis años para que las primeras pruebas de campo de plantas genéticamente modificadas se llevaran a cabo en Francia y los EEUU. Estábamos a tiempo.
por Luis Enrique Alcalá | Ago 8, 1994 | Política, Referéndum |
Rafael Caldera habló ante los gobernadores de estado. Según el modo de titular de un matutino caraqueño, les dijo que tendrían que acatar las líneas emanadas de Miraflores. Les dijo muchas otras cosas. Pero de lo que está pendiente el estilo más difundido de mirar a la política, es de lo que huela a confrontación de poderes. Por eso el periódico destacó también un notorio traspié de Rafael Caldera: Caldera expresó ante los gobernadores su “preocupación” por el hecho de que aquéllos habían sido electos en votaciones con un alto grado de abstención, lo que, por supuesto, puede decirse exactamente de la elección del presidente Caldera.
Fue una falla lamentable. Pero fue la única. Cuando Caldera dio a entender a los gobernadores lo que registró el periódico el día siguiente tenía toda la razón, pues no hacía otra cosa que afirmar algo que está claramente establecido en la Constitución de 1961: que un gobernador de estado “además de Jefe del Ejecutivo del Estado es agente del Ejecutivo Nacional en su respectiva circunscripción” (Artículo 21) y que está obligado a “ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones que reciba del Ejecutivo Nacional” (Artículo 23).
Es explicable que pueda existir confusión a este respecto, puesto que una falta de conocimiento de nuestras leyes puede darnos a entender que desde que los gobernadores son nombrados directamente por los electores, son totalmente independientes del Poder Nacional. Esto no es así. La ley que actualmente regula la elección y remoción de los gobernadores es un desarrollo opcional—La ley podrá establecer la forma de elección y remoción de los Gobernadores—del Artículo 22 de la Constitución Nacional, y esa ley no puede, por ser norma de inferior jerarquía, anular o suspender lo previsto en otros dos artículos totalmente separados. En ninguna de las dos enmiendas que ha recibido la Constitución del 61 se ha tocado a los Artículos 21 y 23. De modo, pues, que las disposiciones de ambos artículos están plenamente vigentes y, por tanto, los gobernadores de estado son agentes del Ejecutivo Nacional y deben ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones que reciba del mismo.
Maestro del suspenso (de garantías)
Va a ser muy difícil cazar a Rafael Caldera en un error jurídico. No sólo ha sido hasta hoy y desde su carrera summa cum laude un estudioso del Derecho (sus notas alojan la imperfección de una nota de 19 puntos sobre 20, en Derecho Internacional Privado). Caldera no sólo estudió Derecho; Caldera ha hecho y hace Derecho. Por eso es poco práctico pensar que Caldera es derrotable por ante la Corte Suprema de Justicia. Si en algo puede y va a poner cuidado Rafael Caldera es en la constitucionalidad y la legalidad de sus decisiones.
COPEI ha dicho que demandaría ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad, por inconstitucional, del decreto que resuspende las garantías constitucionales luego de que el Congreso de la República revocara el decreto inicial. Es muy poco probable que tenga éxito en el intento—el que todavía no se ha producido, aun cuando dos ciudadanos a título personal han introducido la demanda en cuestión. Para entender esto resulta necesario revisar lo que la Constitución de 1961 estipula al respecto.
La Constitución del 61 dedica todo un Título de su articulado para referirse a la facultad de suspensión de las garantías. Es su Título IX: De la Emergencia. El Artículo 241, segundo de este Título, es el que establece la facultad en cuestión en solamente tres casos: a. en caso de emergencia, definida en el Artículo anterior; b. de conmoción “que pueda perturbar la paz de la República”; c. de “graves circunstancias que afecten la vida económica y social”.
Es obvio que la motivación del Gobierno para suspender las garantías no puede ser otra que la contemplada en el tercer caso, puesto que no ha procedido a declarar el estado de emergencia (que sólo puede hacerse “en caso de conflicto interior o exterior, o cuando existan fundados motivos de que uno u otro ocurran”), ni tampoco puede sostenerse que nos hallamos ante una “conmoción que pueda perturbar la paz de la República”. Los propios ministros encargados de vigilar por la seguridad del Estado, el Ministro de Relaciones Interiores y el Ministro de la Defensa, declararon en el Congreso que la Nación se encontraba en paz.
El Gobierno sólo puede argumentar, y tendría razón, que el país enfrenta en los actuales momentos “graves circunstancias que afect[a]n la vida económica o social”. Nadie en su sano juicio se atrevería a desmentir una fundamentación de esa clase. El consenso más unánime de toda nuestra historia es, precisamente, que nos hallamos en las más graves circunstancias que el país ha conocido, que el gobierno que preside Rafael Caldera ha heredado la más crítica de las situaciones.
Al anunciar la resuspensión voceros del Gobierno manifestaron que esperaban explicarse mejor esta vez. De hecho, esta segunda vez el Gobierno fue un poco más explícito respecto del uso que pensaba dar a las facultades extraordinarias que se derivan de la suspensión de las garantías. Así, explicó que pretendía con la suspensión, sobre todo de la garantía de la propiedad privada—distinta de la llamada garantía de la libertad económica—impedir transacciones con ciertos bienes económicos que pudieran escamotearse a la acción del Estado en procura de la recuperación de activos pertenecientes a los institutos financieros intervenidos. Dicho sea de paso, no existe ningún título o capítulo de la Constitución que se refiera a garantías. Los capítulos en cuestión hablan de derechos, no de garantías. Este término se emplea solamente en el Título IX, en el ordinal 6º del Artículo 190 (sobre atribuciones del Presidente de la República) y, curiosamente, en el Artículo 99. (“Se garantiza el derecho de propiedad”).
La idea, por tanto, es la de actuar contra algunas personas que estarían transfiriendo propiedades que pudiesen ser objeto de acciones de recuperación por parte del Estado. Se supone, también, que algunas de estas mismas personas pudieran estar involucradas en actividades de corte conspirativo. De allí los allanamientos a algunas personas durante la primera fase de la suspensión. A este respecto, un importante líder copeyano contestó, sin darse cuenta de que un periodista le escuchaba, una pregunta de un compañero de partido acerca de las razones de por qué habían practicado una visita domiciliaria a la casa de una cierta persona. El interpelado contestó: “Bueno, lo andaban siguiendo”. Obviamente, la respuesta revela que el seguimiento habría dado motivos para suponer que la persona en cuestión estaba efectuando contactos de índole conspirativa o reuniéndose con personas sospechosas, y no que le habían seguido a la lavandería, a la farmacia o al banco.
Pero también se usó el expediente del allanamiento en casos de sospecha de acaparamiento de bienes de consumo por parte de algunos comerciantes. Se ha dicho que en varios casos se habría cometido excesos, puesto que se trataría de almacenamiento normal y no de acaparamiento. Hasta ahora no ha sido comprobado fehacientemente que hubiera habido o que no hubiera habido los excesos mencionados, pero el Presidente del IDEC ha declarado, sin haber sido desmentido, que en todas las actuaciones de su despacho estuvo presente un representante de la Fiscalía General de la República y que se levantaron las actas que contempla la Ley de Protección al Consumidor.
En todo caso, el Congreso de la República decidió, en sesión conjunta de las Cámaras del 21 de julio, restituir las garantías suspendidas, incluyendo la garantía de la propiedad privada, con excepción de la garantía de la libertad de la actividad económica. El mismo día en que se produjo la revocatoria del decreto de suspensión, se dejó entrever que el Gobierno procedería a emitir un nuevo decreto. En aquel momento, COPEI no argumentó que sería inconstitucional un segundo decreto. Orlando Contreras Pulido, por ejemplo, se limitó a observar que cualquier decreto de este tipo tendría que ir a parar, en último término, al Congreso de la República para su consideración, y Haydeé Castillo de López Acosta, senadora copeyana, consideró que Caldera entraría en un “juego” muy peligroso si remitía de nuevo a las Cámaras un segundo decreto de suspensión. (No parece una caracterización verídica de Rafael Caldera el adjudicarle un espíritu juguetón).
Otra parte de la argumentación contraria a la suspensión, que el propio Contreras Pulido esgrimió en sus declaraciones del 21 de julio, consistió en estimar que bastaría la suspensión de la garantía implicada en el Artículo 96 para que el Gobierno actuase en las direcciones que quería. La estimación del Gobierno era diferente, al sostener que el ordenamiento legal vigente no era suficiente para fundamentar las actuaciones de la Junta de Emergencia Financiera o las medidas precautelativas que ha venido ejecutando en los últimos días la Procuradoría General de la República.
Pero, al producirse un segundo decreto de suspensión, COPEI y otros voceros comenzaron a ventilar la noción de que este segundo decreto era, además de un irrespeto al Congreso, un paso violatorio de la Constitución Nacional, y que por esa razón debía pedirse a la Corte Suprema de Justicia que interviniese en el impasse.
Ya ha sido intentada ante la Corte esta demanda de inconstitucionalidad, la que pudiese considerarse procedente si el punto a dilucidar se refiriese a la determinación de si el Congreso de la República es el órgano de control pautado por la Constitución para esta materia de suspensión de garantías. Esto no es totalmente claro. Por una parte, el Artículo 243 es el que establece el procedimiento para revocar el decreto de restricción o suspensión de garantías, y en él se establece que la revocatoria puede hacerla el Congreso, pero también el Ejecutivo Nacional, órgano al que el Artículo 243 menciona de primero.
Pero, por otra parte, el Artículo 243 condiciona esa revocatoria a que hayan cesado las causas que motivaron la suspensión. La postura del Gobierno es que esas causas no han cesado. ¿Puede la Corte Suprema de Justicia entrar a determinar si las causas subsisten?
El Artículo anterior, el 242, pareciera negar esta posibilidad, puesto que es el que establece que la consideración del decreto de restricción o suspensión de garantías es potestad del Congreso de la República. (“El Decreto que declare el estado de emergencia u ordene la restricción o suspensión de garantías será dictado en Consejo de Ministros y sometido a la consideración de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada, dentro de los diez días siguientes a su publicación”). Esto significa que la Corte Suprema no es la llamada a considerar el fondo del asunto, el punto de si las causas esgrimidas por el Gobierno se compadecen con la realidad.
El debate de fondo, pues, es si la justificación ofrecida por el Gobierno es sostenible. El argumento del irrespeto no tiene mayor importancia, El gobierno también hubiera podido decir, cosa que no ha dicho, que el Congreso había irrespetado al Ejecutivo al revocar el decreto original. El problema es, por un lado, si las causas para la suspensión eran suficientes y, por el otro, si las causas habían cesado.
Si se considera sólo esto último, habría que decir que las causas no han cesado, que las graves circunstancias continúan existiendo. Por tanto, en este sentido, el Congreso no debió revocar el decreto si nos atenemos estrictamente al texto constitucional, el que establece que la revocatoria procede cuando las causas han cesado.
De modo que sólo restaría dilucidar si en la primera instancia, en la consideración que las Cámaras deben hacer del decreto de suspensión, y aun admitiendo éstas que existen graves circunstancias, las garantías específicas que fueron suspendidas impedían el manejo de la circunstancia grave.
Alfaro convergente
Los desarrollos posteriores indican que ahora la fracción de Acción Democrática ha sido convencida acerca del último punto, puesto que ha manifestado su disposición a favor de mantener la nueva suspensión mientras el Congreso, reunido en sesiones extraordinarias, aprueba las leyes que ha requerido el Ejecutivo, especialmente la ley que regula las emergencias financieras. Este desenlace aleja definitivamente el problema de la atención de la Corte Suprema de Justicia, pues si el propio Congreso aprueba la suspensión, desaparece el impasse entre los poderes ejecutivo y legislativo.
Ya habíamos detectado una aproximación entre el Gobierno y Acción Democrática en el Nº 2 de esta publicación—4 de abril de este año—cuando mencionamos la “convergencia” de AD en momentos cuando se discutía dotar al Gobierno con una ley habilitante. Como se recordará, solamente la fracción de Convergencia superaba a Acción Democrática en el grado de apoyo a los poderes extraordinarios. Ahora es Acción Democrática la que salva el enfrentamiento de poderes, al disponerse a aprobar el nuevo decreto de suspensión.
Se trata, a nuestro juicio, de una muy inteligente postura de la corriente dominante de Acción Democrática: la corriente alfarista, la misma que expulsó de las filas de AD a Carlos Andrés Pérez. En esta ocasión, habiendo medido el abrumador grado de apoyo en la opinión pública del que ahora goza el Gobierno, ha decidido apoyarlo, lo que deja a COPEI en una muy deslucida posición, en la precaria compañía de una Causa R que no encuentra qué hacer para mover a su favor la opinión de los Electores. De nuevo, recordamos del Nº 2 de esta publicación, cuando escribimos: “Un análisis preliminar de las posturas de los partidos ante esta proposición permite darse cuenta de una suerte de alianza de facto entre Acción Democrática y Convergencia, como también del hecho de que, una vez más, los extremos se tocan: los partidos menos propensos a dar al gobierno de Caldera poderes extraordinarios son COPEI y la Causa R, el partido que presentó en las elecciones—con la candidatura de Álvarez Paz—la posición de corte más neoliberal y el partido más izquierdista”. (La Tentación Totalitaria, 4 de abril de 1994).
De esta manera AD cree posicionarse tempranamente en sitio ventajoso con miras a las futuras elecciones, puesto que calcula que Convergencia no tiene posibilidades reales de generar la sucesión de Rafael Caldera. Al propio tiempo, ha desactivado la carga explosiva del referéndum, con el que el Presidente de la República amenazó al Congreso.
Suspensión del referéndum
Pero ahora parece que no va el referéndum. Después de haber excitado el interés de los Electores la “entrada en razón” de Acción Democrática hizo que el Gobierno reculara, apresurándose a anular su oferta. El Senador Juan José Caldera no perdió un minuto, al conocerse el cambio de posición de Acción Democrática, para declarar que ya el referéndum no era necesario.
La consulta que Caldera (Rafael), había asomado como posible—el Ministro Andueza llegó a hablar, incluso, de un texto de decreto convocatorio ya preparado—consistiría, simplemente, en preguntar a los Electores si estaban de acuerdo con la suspensión de garantías decretada por el Gobierno. De inmediato se pasó a interpretar que un referéndum de este tipo vendría siendo más bien, en interpretación del destacado constitucionalista Gustavo Planchart Manrique, un verdadero plebiscito, dado que sus efectos vendrían a ser la deslegitimación política de aquel de los poderes que resultase derrotado en el referéndum. Para algunos, se hubiera tratado de una consulta bien extraña: le estarían preguntando a uno si estaba de acuerdo conque le negasen el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, a la inviolabilidad de su hogar, a la propiedad de sus bienes, etcétera. La mayoría de la población, sin embargo, parecía “saber” que este no sería el sentido de la pregunta, entendiéndolo más bien de este modo: “¿Está Ud. de acuerdo, Señor Elector, conque se suspenda la garantía de libre tránsito a quien haya delinquido en el manejo de los dineros del público, sea porque los hubiese empleado en fines distintos de la intermediación bancaria o porque hubiese empleado dineros públicos que les fueron entregados para garantizar los dineros del público depositados en sus arcas de banquero para, por ejemplo, comprar dólares?”
No había dudas en la inmensa mayoría de los venezolanos de que ése sería el significado de la consulta. Por eso esa mayoría no se sentía amenazada por las medidas de excepción y las aprobaba decididamente.
Lo que ocurre es que no es posible constitucionalmente suspender las garantías a un subconjunto de la ciudadanía. La Constitución de 1961 permite limitar el ámbito territorial en el que se extiende el decreto de restricción o suspensión de garantías que ella misma establece. (Parágrafo segundo del Artículo 241). Es posible suspender las garantías, por ejemplo, en el Estado Bolívar, o en el Municipio Brión, o en la urbanización Los Palos Grandes. Lo que no se puede es decir que se suspende la garantía de la inviolabilidad del hogar a los zapateros, o a los ladrones de automóviles o a la familia Pacheco.
Por esto resultó curiosísima la intervención televisada de Allan Randolph Brewer-Carías, quien el mismo día de la primera suspensión exigía muy agitadamente al Gobierno que presentara una lista de las personas contra las que irían dirigidas las medidas que vulnerarían los derechos suspendidos. Sorprende ese veloz dictamen jurídico en boca de uno de los más destacados profesores de Derecho Público con los que cuenta Venezuela.
Pero ya, en todo caso, la pregunta no será hecha oficialmente a los venezolanos, quienes ya la contestaron por vías informales. (El referéndum telefónico del diario El Nacional arrojó cotas de aprobación superiores al 90% de las llamadas. Ni siquiera hubo la astucia, por parte de los interesados en contradecir al gobierno, de congestionar las líneas del periódico con llamadas desaprobatorias).
Este retroceso gubernamental tiene bastante de lamentable pues, como pudo evidenciarse, la ciudadanía creyó que había llegado la ocasión para participar directamente, por primera vez, en la adopción de una decisión de Estado.
El mismo presidente Caldera, en su “Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela”, decía así: “El referendum (sic) propuesto en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992, en todas sus formas, a saber: consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio, debe incorporarse al texto constitucional”.
El Presidente de la República puede argumentar ahora que no corresponde al Poder Ejecutivo, sino al Congreso de la República, el trabajo de la reforma de la Constitución. Pero si el Gobierno declaró, por boca del Ministro Andueza, que ya tenía redactado un decreto para convocar a referéndum, ¿qué puede impedir que se redacte otro para consultar a los Electores sobre cualquier otro asunto, dado que según la doctrina Andueza habría bastado un acto del Ejecutivo para que se produjera la convocatoria?
Si era posible convocar un referéndum “consultativo” sobre la suspensión de las garantías, es posible convocar un referéndum para consultar a los Electores sobre cualquier otra materia. A este respecto puede valer la pena considerar la siguiente idea: consultar a los Electores sobre los lineamientos generales del plan de desarrollo económico y social del Ejecutivo, el que hasta ahora, dicho sea de paso, es desconocido.
La Constitución Nacional incluye ahora, gracias al Artículo 7º de su Enmienda Nº 2, la siguiente disposición: “El Ejecutivo Nacional en el transcurso del primer año de cada período constitucional, presentará para su aprobación, a las Cámaras en sesión conjunta, las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación”.
En nuestra opinión, debiera ser a los Electores, no a las Cámaras del Congreso de la República, a quienes debiera solicitarse la aprobación de las “líneas generales del plan de desarrollo” del Ejecutivo. Esto, naturalmente, precisaría que la Constitución fuese modificada. No puede crearse de la noche a la mañana un carácter vinculante que colida con uno dispuesto expresamente en el texto constitucional.
Pero si, como había argumentado el Gobierno, podía hacerse un referéndum no vinculante para consultar su diferendo con el Congreso, perfectamente puede celebrarse uno para el acto más esencial que puede haber en el ejercicio de la política: obtener la aquiescencia del Pueblo respecto del rumbo general del Estado de cuya soberanía es asiento.
Toca pues al Gobierno considerar esta posibilidad y decidir si se atreve realmente a hacer buenas las siguientes palabras: “El pueblo debe ser escuchado y debe sentir que comparte el poder. Ello obliga a abrir y mantener un diálogo fecundo, en la forma más amplia, orientada a obtener el consenso necesario para las grandes determinaciones”.(Rafael Caldera: “Mi Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela”).
Sería una lástima y seguramente, a la larga, un error político, haber mencionado la posibilidad de un referéndum solamente como amenaza hacia el Congreso de la República, o como promesa electoral demagógica. Eso sí sería, presidente Caldera, Senadora Castillo, jugar un juego extremadamente peligroso. “Un tal gioco, credetemi, e meglio non giocarlo”. LEA
_______________________________________________________
){kind=link}
intercambios