por Luis Enrique Alcalá | May 27, 2013 | Argumentos, Política |
Jacques-Louis David: Juramento de la cancha de pelota (20 de junio de 1789)
L’imagination au pouvoir
Pinta en la Universidad de La Sorbona, París, mayo de 1968
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Vuelve por sus fueros la idea de una asamblea constituyente como salida eficaz y definitiva al estado de deterioro político de la Nación. En toda apariencia, no se ha pedido permiso al dueño monopólico de su franquicia, el constitucionalista Herman Escarrá. (Fue miembro de la Comisión Presidencial Constituyente de Hugo Chávez—antes de su primera toma de posesión—, diputado a la Asamblea Constituyente de 1999 y proponente de su reedición desde 2002, a sólo tres años de promulgada «la mejor constitución del mundo», cuando todavía no había regresado a jugar en las filas oficialistas). A mediados de 2008, y en aprovechamiento de su protagónica oposición a los proyectos de reforma constitucional de 2007 (derrotados en referendo del 2 de diciembre de ese año), el general Raúl Isaías Baduel la proponía en un libro de su pluma—con el modesto título de Mi solución—que presentó Ismael García en territorio de Leopoldo López, el compacto auditorio de la Fundación Cultural Chacao. Ya en diciembre del año anterior, luego de la negación de los proyectos de Hugo Chávez y Cilia Flores, había decidido copiar la receta que Manuel Rosales hubiera prescrito el 25 de septiembre de 2007: “Yo creo que, definitivamente, en Venezuela, después de este referendo constitucional hay que pensar seriamente en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente porque es la refundación y la reconciliación del país”. (Ver Receta de reconstituyente, Un kilo de estopa y Receta reencarnada para una enumeración y refutación del exhaustivo catálogo de equivocaciones de Rosales y Baduel. Diego Arria también propuso la celebración de una constituyente el 8 de diciembre de 2011, ocurrencia que este blog comentó en su momento).
La más reciente reiteración de la cosa llegó en un correo de ayer, con el texto de un artículo que Julio César Moreno León ha llamado Constituyente, el camino legítimo. Ésta es su premisa mayor: «La crisis venezolana evoluciona rápidamente hacia un violento conflicto político y social». A partir de ella, Moreno León hace un inventario bastante completo de los múltiples problemas que agobian a los venezolanos y de las malas artes del gobierno, para concluir:
El cuadro político, económico y social al que nos referimos, llevó al liderazgo democrático a denunciar la ilegitimidad del régimen. Este paso al asumirse adquiere un carácter irreversible, pues se enfrenta a las instituciones fundamentales del Estado, en la convicción de que ellas perdieron su verdadera naturaleza y por tanto deben ser sustituidas. Cuando un sistema es rechazado por la conciencia colectiva de un país no puede seguir existiendo. Cuando los gobernantes son espurios, no se puede negociar su permanencia en el poder, y mucho menos darle soporte a una estabilidad reñida con el origen y desempeño de la democracia. La Asamblea Constituyente es una alternativa prevista en la Constitución Bolivariana para superar de manera pacífica y legal el más grave conflicto que la República haya vivido en los últimos años de su historia. En la oposición hay pueblo y liderazgo para transitar con éxito este camino. Para todos, gobierno y oposición, recordemos que el 347 de la Constitución establece que el pueblo es el poder constituyente originario, y que en el 348 dice que el 15 por ciento de los electores inscritos en el Registro Electoral tienen, sin ningún otro requisito, la iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente. Ese es el camino. El único camino.
Bueno, quizás no convenga adoptar una vez más la terminología del oficialismo al escribir «Constitución Bolivariana»—la última provista por Bolívar era la de 1819, propuesta en el Congreso de Angostura—, pero el análisis de la idea que ahora recicla Moreno León requiere algunas precisiones conceptuales.
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Habitualmente se confunde el Poder Constituyente con una asamblea constituyente. Esto último es invento francés: proponiéndose abolir la monarquía, hasta entonces depositaria de la soberanía, la Asamblea Nacional de Francia se constituyó el 17 de junio de 1789 y siguió la doctrina expuesta por Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), según la cual la soberanía reside en el pueblo. Tres días más tarde, sus miembros juraban (Serment du jeu de paume) no separarse hasta que hubieran dotado a Francia con una constitución. Estos acontecimientos son la raíz histórica de la doctrina constitucional moderna; la soberanía—DRAE: 2. f. Autoridad suprema del poder público—, un poder que no reconoce otro sobre él, únicamente iguales en otros estados, tiene su asiento en el Pueblo. No otra cosa es la definición de una democracia.
Obviamente, los diputados a los Estados Generales convocados por Luis XVI, en particular los del Tercer Estado (ni nobles ni clérigos) no eran el pueblo francés, sino sus representantes; la soberanía no residía en ellos. A pesar de esto, tiende a pensarse que el poder constituyente y una asamblea constituyente—como la francesa en la definición del Juramento de la cancha de pelota, son sinónimos.
Veamos. Primero que nada, hay una confusión en esta redacción del articulista: «el 347 de la Constitución establece que el pueblo es el poder constituyente originario». La cosa es que el Pueblo es el Poder Constituyente Originario y que es él quien establece la Constitución incluyendo, por supuesto, su artículo 347. Moreno León tiene acá los términos invertidos.
Luego, cuando se iniciaba la Revolución Francesa, faltaban doscientos años para la emergencia de Internet. La tecnología política de la época hacía realmente engorrosa una comparecencia del poder constituyente completo. (A pesar de lo cual, Napoleón Bonaparte dispuso, como Primer Cónsul de los franceses, un plebiscito que le dio poderes vitalicios en mayo de 1802, una consulta general que le reportó 3.568.885 votos a su favor y 8.374 en contra; ni Chávez en sus mejores días). En tales circunstancias, era natural que se pensara en una asamblea de representantes como depositaria de la soberanía aunque no lo fuera.
Capriles y Chávez en 1999
Pero no debe persistir esta confusión de cualidades. No hay otro Poder Constituyente Originario que el Pueblo. Cuando en 1999 se postulaba que la Asamblea Constituyente elegida ese año tenía carácter originario, tan equivocada doctrina se impuso ante la catatonia evidente de una oposición que no supo señalar lo obvio: que lo único originario es el Pueblo.
Esta abdicación permitió que la Asamblea Constituyente gobernara por decretos que alteraron la “especificación arquitectónica del Estado” contenida en una constitución que aún regía, incluyendo la decapitación del Congreso de la República, al cercenarse la cabeza del Senado en lo que llegaría a llamarse la “Pre-eliminación del Senado”—cuerpo que había sido elegido directamente por los ciudadanos de Venezuela apenas finalizando el año anterior—, antes de que la nueva Constitución entrara en vigencia. Los partidos de oposición continuaron sumidos en el silencio—Henrique Capriles Radonski siguió despachando como Presidente de la Cámara de Diputados como si la cosa no fuera con él—y una escarmentada Corte Suprema de Justicia tampoco opuso mucha resistencia. (Las élites culposas, pág. 120).
En Contratesis, un artículo del 10 de septiembre de 1998 que publicara el diario La Verdad de Maracaibo, ofrecí el argumento que la oposición no supo esgrimir:
La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo haga, la Constitución de 1961 continuará vigente en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum.
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La base jurídica sobre la que fuera montado el proceso constituyente de 1999 fue echada en la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de ese año. La doctrina constitucional básica de los venezolanos está expuesta en esa sentencia, muy fundamentalmente correcta. (Julio Borges la consideró monstruosa, al caracterizarla como un «terremoto» que «ordena y consagra la destrucción total de las instituciones»).
Se trata de la decisión sobre recurso de interpretación interpuesto ante la Sala Político-Administrativa sobre la posibilidad de consultar a los Electores si era su voluntad la convocatoria a una Asamblea Constituyente. ¿Qué estableció esa decisión? Pues que sí podía preguntarse al Soberano si deseaba convocar a una asamblea constituyente, en primer término, y luego, que podía emplearse a este efecto el cauce disponible a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de diciembre de 1997. ¿Qué podía contestar, en respuesta a ese recurso de interpretación del artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, la Corte Suprema de Justicia? ¿Que no podía preguntarse al Soberano si deseaba convocar un proceso constituyente? ¿Que no podía preguntarse al accionista de la empresa, al dueño del terreno, si quería escoger un grupo de asesores que le presentase unos estatutos enteramente nuevos, si quería elegir un grupo de arquitectos que le mostrara, no ya un anteproyecto de remodelación de los balcones de su edificio, sino un concepto arquitectónico completamente diferente para un edificio que reemplazase por completo al existente?
La Corte contestó, muy acertadamente, que esta consulta sí podía hacerse al Poder Constituyente Originario. Y lo hizo de una vez, al comienzo mismo de la argumentación. La Corte estimó, en perfecta consistencia con la más elemental doctrina de la democracia, que el Pueblo, en su carácter de Poder Constituyente Originario, era un poder supraconstitucional, puesto que es la Constitución la que emana del Pueblo, y no a la inversa. No fue que la Corte instituyese o estableciese esa supraconstitucionalidad. Lo que la Corte hizo fue reconocerle al Pueblo ése su carácter originario y supremo. Y es por tal razón que la Corte asentó la doctrina de que, en ese carácter, el Pueblo no está limitado por la Constitución, la que sólo limita al poder constituido, y por ende podía discutirse sobre una constituyente aunque tal figura no estuviese contemplada en la Constitución de 1961… Eso es lo que Borges (…) considera un terremoto. (…) habría preferido que la Corte hubiera establecido la doctrina contraria: que el Pueblo es producto de la Constitución y no a la inversa. Mentes más claras, como la del Sr. Nuncio Apostólico Monseñor Andrés Dupuy, han advertido: “…podríamos decir de la Constitución de un Estado lo que el Señor decía del sábado: así como el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así una Constitución está hecha para el Pueblo y no el Pueblo para una Constitución”. (Las élites culposas, págs. 108-109).
En Contratesis, me había adelantado por un poco más de cuatro meses a esa interpretación de la Corte: «…el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente». En todo caso, el proceso de 1999 dio origen a la Constitución vigente, la misma que fuera rechazada por una oposición que convocó a su repudio en el referendo del 15 de diciembre de 1999, que antes negaba la convocatoria a constituyente en la campaña electoral de 1998, la misma oposición que ahora esgrime Constitución y constituyente; por ejemplo, en el artículo de Moreno León.
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De modo que vuelve a pensarse en una constituyente como salvavidas, cuando su función es otra: «…transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución». (Artículo 347). En efecto, la transformación del Estado y la creación de un nuevo ordenamiento jurídico se concretan precisamente en una nueva constitución. Si se quisiera ir más allá de eso, interpretando que la facultad de transformar el Estado permite algo como la «Pre-eliminación del Senado», o las destituciones de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia intentadas por Pedro Carmona Estanga en su infame y deforme decreto de usurpación, se estaría incurriendo en los mismos abusos y vicios de 1999 y 2002.
Pero entonces, ¿qué pudiera inscribir Moreno León en una nueva constitución? ¿Que la Fuerza Armada Nacional «constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política», y que «está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna»? Eso ya está redactado en el Artículo 328 de la Constitución que nos rige actualmente. ¿O que el Presidente de la República está obligado «a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia—de Cuba, por caso—, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República»? Ya esto ha sido estipulado en el Artículo 232. ¿Tal vez que el Poder Ciudadano «es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa» o que, más en general, todos los poderes públicos—Municipal, Estadal, Nacional (dividido en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral)—tengan «sus funciones propias»? Tales disposiciones existen en los Artículos 273 y 136. ¿Quizás que una nueva constitución deba garantizar el derecho de propiedad y que toda persona tenga «derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes»? Pues el constituyente de 1999 ya se adelantó con una normativa tal en el Artículo 115 de la actual Carta Magna.
El problema no es la Constitución, sino el desacato oficial a sus principios y normas. Si se quisiera modificar algunas de ellas no se necesitaría una constituyente; los procedimientos de reforma y enmienda, igualmente de posible introducción por iniciativa popular, están disponibles para ese cometido preciso.
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Naturalmente, cabe aún un tratamiento más radical. La doctrina de enero de 1999 reconoce que el Poder Constituyente Originario no está limitado por la Constitución, que sólo limita a los poderes constituidos. Es esto, justamente, lo que su condición de supraconstitucionalidad significa: que el Soberano puede disponer cosas no contempladas en la Constitución, sin otro límite que los derechos humanos y los compromisos válidamente contraídos con otros países.
Es, entonces, cosa enteramente posible y constitucional—lo constitucional, asentó la Corte Suprema de Justicia el 19 de enero de 1999, no está contenido por completo en una constitución específica—la presentación a referendo del Poder Constituyente Originario del texto de una constitución enteramente nueva, sin necesidad de que éste provenga de una asamblea constituyente. No estamos en Francia ni en 1789.
Inicio de la Declaración de Virginia
O puede abolirse un gobierno concreto por decreto de la Corona, del Poder Constituyente Originario, del Pueblo, único asiento de la soberanía. El derecho de rebelión corresponde solamente a «una mayoría de la comunidad». Así como la noción de que la soberanía reside en el pueblo la debemos a los franceses de 1789, la definición del derecho a rebelarse la recibimos de los estadounidenses de 1776: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Declaración de Derechos de Virginia, 12 de junio de 1776).
Una mayoría certificada de la comunidad puede tomar la decisión de abolir el presente gobierno, como cualquier otro. Aunque la figura de abolición no esté contemplada en la Constitución vigente, su empleo sería enteramente constitucional, del mismo modo que se consultó el 25 de abril de 1999 al Soberano sobre su deseo de elegir una asamblea constituyente, aunque esta figura particular no estaba contemplada en la Constitución de 1961. Si esto no se admitiera, toda la base jurídica de los poderes públicos venezolanos quedaría reducida a polvo, y no fue capaz el diputado oficialista Omar Meza Ramírez (QEPD) de refutar la idea el 25 de febrero de 2002, cuando fuera ella expuesta en el programa Triángulo que entonces transmitía Televén.
Este tratamiento definitivo—la firma de un Acta de Abolición por una mayoría nacional—fue desatendido por la dirigencia opositora en ese año y el siguiente; ella prefirió promover o cohonestar un incomprensible proyecto de enmienda para el recorte del período presidencial, el Carmonazo, la «liberación» (más bien toma) de la plaza Francia en Altamira por militares disidentes, el suicida paro petrolero, el mal manejado referendo revocatorio y la aplicación jamás intentada del Artículo 350 de la Constitución. (Sin considerar la proposición Escarrá para una nueva constituyente y los llamados más o menos explícitos a levantamiento o magnicidio). Así se dilapidó la clara mayoría nacional que a comienzos de 2002 prefería que Hugo Chávez cesara en sus funciones, mientras se desoía el consejo de una rebelión más fundamental y enteramente legítima y democrática. Claro que algo tan portentoso como la abolición de un gobierno requiere una ingeniería política adecuada, pero ésta existe.
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La convocatoria en referendo y la elección de una asamblea constituyente, por lo demás, requieren el concurso del Consejo Nacional Electoral, el órgano al que Moreno León pinta como «fraudulenta maraña tejida» para «robarse» la presunta victoria de Capriles Radonski el pasado 14 de abril. ¿Cómo, entonces, nos asegura él que ese mismo aparato permitiría la elección de una asamblea constituyente que fuera contraria a los intereses del consorcio de gobierno? Los diputados a una constituyente son elegidos por circunscripciones electorales, y una minoría de 48,13% de los votos en 2010 significó, gracias a las recomposiciones de distritos electorales que la Ley Orgánica de Procesos Electorales permite, que el oficialismo obtuviera 98 escaños parlamentarios contra 65 de la MUD (47,22%) y 2 de PPT (3,14%). ¿Puede garantizar Moreno León que para elegir una constituyente no habría resultados similares?
Todo depende, por supuesto, de las proporciones de los bandos en los eventos electorales que serían necesarios. ¿Qué es lo último que se conoce al respecto? Este hijo de vecino sólo sabe lo que informó ayer Eugenio Martínez en El Universal. (Encuesta Varianza: se deteriora popularidad del Gobierno). He aquí la infografía de su nota:
La imagen amplía con un clic
Martínez reporta que la aprobación (42,7%) de la gestión gubernamental ha perdido ocho puntos porcentuales en los últimos dos meses y su desaprobación ascendió 6,4 hasta 47,4%. ¿Significa tal cosa que el mandado está hecho y que se propinaría una paliza al gobierno en una hipotética elección de constituyente? No si se considera que todavía 45,3% de los encuestados indica estar satisfecho con los resultados de la elección de abril, ante 41,3% de inconformes; también es de considerar que una mayoría de 65,4% espera un diálogo entre gobierno y oposición. Aunque, claro, la medición de Varianzas cerró cuatro días antes de la bomba de la grabación de Mario Silva, y es sensatísimo apostar a que el deterioro súbito de la aprobación del gobierno por ese hecho es muy considerable. Aun así, parece que el presidente Maduro no está todavía totalmente ídem.
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En síntesis, no es posible aceptar la idea de una constituyente como panacea que pueda curar la enfermedad política venezolana. Luce aconsejable atreverse con mayor imaginación estratégica, aunque ésta sea prestada. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Dic 17, 2012 | Argumentos, Política |
De la portada del diario Ciudad Ccs
The term gambler’s ruin is used for a number of related statistical ideas: The original meaning is that a gambler who raises his bet to a fixed fraction of bankroll when he wins, but does not reduce it when he loses, will eventually go broke, even if he has a positive expected value on each bet. Another common meaning is that a gambler with finite wealth, playing a fair game (that is, each bet has expected value zero to both sides) will eventually go broke against an opponent with infinite wealth. (…) The most common use of the term today is for the unsurprising idea that a gambler playing a negative expected value game will eventually go broke, regardless of betting system.
Wikipedia
Quizás sea una explicación de tan marcado y reiterado fracaso el asunto de los tabiques que encierran la percepción y el pensamiento de la oposición. El chavismo es muy pernicioso, pero no por ese mismo hecho convierte en buenos a sus opositores; a ambos hay que dejarlos atrás.
Glosa aureliana, 23 de julio de 2012
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Dos gobernaciones en 2004, cinco en 2008, tres en 2012 para la oposición. De estas últimas, dos recayeron en disidentes del chavismo ligados en un tiempo a Patria Para Todos. Lara, en manos de Henri Falcón, que decía a Hernán Lugo-Galicia (El Nacional, 2 de mayo de 2010) cuando comenzaba su separación de Chávez: «Creo en la democracia, en un socialismo ético y productivo y en la Constitución». Al mismo periodista, que le preguntó si era revolucionario, contestó: «Soy un ciudadano convencido de la necesidad de cambios estructurales. Una revolución es para construir, no para destruir. (…) No lo digo sólo yo. Lo dijo también, por citar un caso, Salvador Allende en 1970, al asumir la Presidencia de Chile». (¿Será uno de sus héroes o modelos?) Amazonas, que dio al PPT en 2010 las únicas diputaciones que consiguiera ese partido, eligió a Liborio Guarulla, líder regional de la etnia baniva que forma parte del Movimiento Progresista de Venezuela, una formación política que contribuyó 0,7% de la votación del 7 de octubre por Henrique Capriles Radonski. (Constituida por ex militantes del PPT y Podemos, es decir, antiguos constituyentes del Polo Patriótico). Sólo Capriles es originalmente opositor, destacado miembro de Primero Justicia, un partido «centro-humanista». Nada para la derecha, pues. Guarulla, Falcón y Capriles son tres gobernadores en ejercicio que preservaron sus cargos. César Pérez Vivas, Henrique Salas Feo, Morel Rodríguez y Pablo Pérez, cuatro que los perdieron.
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Ha sido vergonzosamente derrotada la Mesa de la Unidad Democrática. Nada puede ocultar la escala y extensión del triunfo rojo, ciertamente no las quejas sobre la oportunidad de las elecciones—Carlos Ocariz: «Muy mala fecha; estamos a ocho días de Nochebuena»—o las consabidas del ventajismo. Ramón Guillermo Aveledo concluye: «Todos los partidos tienen que reflexionar, es nuestra obligación”. Quienes deben estar reflexionando son los factores financieros de la oposición: han venido botando plata sistemáticamente desde 1998; tal vez hoy barrunten que será mejor que la coloquen en opciones verdaderamente nuevas; a los dirigentes de la MUD les sale adquirir lo que Rafael López-Pedraza llamó conciencia de fracaso.
En sí mismo, el concepto de la MUD es perdedor, puesto que repite mantras opositores mineralizados que se han demostrado consistentemente ineficaces: «Somos oposición», «La unidad opositora es necesaria para vencer», «Se necesita una organización de organizaciones». Ante tales conceptos estratégicos, el chavismo ha ganado todas las confrontaciones electorales desde 1998 salvo el referendo de 2007, que perdió por la marcada abstención de sus simpatizantes habituales.
No se necesita una organización de organizaciones, un «movimiento de movimientos»; se necesita una organización o movimiento de ciudadanos, y no hay partido viejo (AD, COPEI) o invento político—Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo—que pertenezcan a la MUD e insistan en su independencia que hayan podido entusiasmar a suficientes electores o superar al Partido Socialista Unido de Venezuela. El Instituto Venezolano de Análisis de Datos midió acerca de la afiliación o simpatía partidista en marzo de este año: el total de los partidos de oposición sumó 24,3%, mientras se registraba 28,2% de electores que no se pronunciaban por ningún partido y 3,8% de gente que no sabía o no respondió. Los electores no afiliados superaban a todas las fuerzas de la MUD al mes de sus primarias.
No es, pues, la unidad de partidos opositores, de los que el más fuerte lograba atraer en marzo a sólo 7,1% de las simpatías políticas, la fórmula ganadora. (¿Unir a “la oposición”, cuando la mitad de la nación no le está afiliada, sería la estrategia adecuada? Tal vez, pero la tarea política profunda es la de unir a ese país dividido. Principal virtud, 19 de febrero de 2009).
Lo que siempre ha hecho falta es una oferta política que deje atrás, claramente en la obsolescencia, al chavismo y a su oposición. Ella tiene que ser una idea que trascienda a toda ideología, una oferta transideológica. («…este nuevo desafío, el de una sociedad que al cabo no se reconoce en ninguna de las tribus políticas tradicionales: izquierda, centro o derecha…» Carlos Fuentes, en artículo publicado el día de su muerte).
El discurso requerido debe apagar el incendio por asfixia, cubriendo las llamas con una cobija. Su eficacia dependerá de que ocurra a un nivel superior, desde el que sea posible una lectura clínica, desapasionada de las ejecutorias de Chávez, capaz incluso de encontrar en ellas una que otra cosa buena y adquirir de ese modo autoridad moral. Lo que no funcionará es “negarle a Chávez hasta el agua”, como se recomienda en muchos predios. Dicho de otra manera, desde un metalenguaje político es posible referirse al chavismo clínicamente, sin necesidad de asumir una animosidad y una violencia de signo contrario, lo que en todo caso no hace otra cosa que contaminarse de lo peor de sus más radicales exponentes. Es preciso, por tanto, realizar una tarea de educación política del pueblo, una labor de desmontaje argumental del discurso del gobierno, no para regresar a la crisis de insuficiencia política que trajo la anticrisis de ese gobierno, sino para superar a ambos mediante el salto a un paradigma político de mayor evolución. (Retrato hablado, 30 de octubre de 2008).
La proposición del chavismo es decimonónica, incorrecta, perniciosa, pero estos rasgos no convierten a la de la MUD, que se reduce a la negación de Chávez—«La política suele hacer extraños compañeros de cama. Hoy compartimos propósitos, no ideales ni visiones”, Henry Ramos Allup, entrevista del diario Ciudad Ccs, 9 de marzo de 2011—, en una proposición acertada o viable.
El anacrónico experimento de Chávez representa los últimos estertores—imagen de Eduardo Fernández—de una política vieja que agoniza. Es la política del poder, que él lleva a su exacerbación; es la autodefinición política sobre un eje izquierda-derecha que ya no existe, a pesar del último pataleo de Bernard Henri-Lévy. (Left in Dark Times, 2008). Pero es la muerte de gigantes,* sin los que nunca hubiéramos divisado la tierra prometida. Como tales ¿por qué tendrían que sentirse mal por haber sido enormes e indispensables? Ellos construyeron las posibilidades que hoy tenemos. No se justifica entonces que entorpezcan el progreso, pretendiendo que lo que hacen, cada vez de eficacia menor, es lo único posible. Nos deben la libertad de crear, como ellos mismos en su momento lo hicieron, una cosa distinta. (Principal virtud).
El lunes 23 de febrero de 2009, ocho días después de que la oposición perdiera el referendo sobre la enmienda constitucional que permitió la reelección indefinida, el nombrado Eduardo Fernández hablaba a una venerable peña caraqueña en estos términos: «Yo estaba preparado para decir al presidente Chávez en la noche del 15 de febrero: ‘Ud. perdió, Renuncie’. Pero él no perdió; entonces, ¿a quién le pido la renuncia?» Agradezcamos a los viejos partidos lo que han contribuido a nuestra democracia, reconozcamos a Primero Justicia y a Un Nuevo Tiempo—y a otros menores inventos—la gallardía de su lucha, pero es hora de exigirles que se aparten. No más MUD.
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Hoy editorializa Analítica.com:
Pero tal vez lo más importante de la jornada es haber recuperado el liderazgo nacional de Henrique Capriles Radonski quien dio un salto mortal después de perder el 7/0 y no sólo salió ileso sino que venció al que fuera, hasta hace poco, el todopoderoso Vicepresidente de Chávez y al que se le había encomendado la tarea de vaporizar al que tuvo la osadía de desafiar y casi vencer al Comandante Supremo. (…) El juego está abierto y todo puede pasar ya que Chávez parece que ya no será parte de la ecuación. El triunfo de ayer de Capriles es el resultado de un enfrentamiento en el que daban por descontado el doble play, al poner en juego a favor de Jaua todos los recursos del Estado. Es además una prueba de la tenacidad y sagacidad de este joven líder que supo asumir su riesgo con valentía para demostrar, venciendo, que sigue existiendo un mejor camino para Venezuela.
Con algo más de vergüenza escribe Roberto Giusti: «La debacle sufrida por la oposición sólo tiene un atenuante: el triunfo de Henrique Capriles y eso es así por las circunstancias singulares que vive el país ante la enfermedad del Presidente Hugo Chávez». Esto es, se insiste tercamente en reiterar un protocolo que lleva a la ruina de los jugadores.
Vistos por un Gato
Ayer me insinuaba el Chamán del Guaraira Repano que la dupla Capriles-Falcón pudiera ser una amenaza seria a la candidatura de Nicolás Maduro. (Quien ha trabajado ese pacto a dos, por cierto, no es Capriles sino Leopoldo López). Por primera vez, creo que este arúspice está equivocado como lo está Giusti y, sobre todo, como lo está mucho Analítica. Los triunfos locales no son trasladables al teatro nacional. (A veces, ni siquiera al mismo teatro local. En las elecciones parlamentarias de 2010, como se apuntó, el PPT pudo obtener dos diputados en Amazonas, pero Henri Falcón, afiliado entonces a ese partido, no pudo colocar ninguno por Lara). Capriles conservó ayer la gobernación de Miranda, pero no es este estado el único que vota en una elección presidencial y, con excepción suya y de Amazonas y Lara, el chavismo arrasó con todo lo demás a escala nacional.
Capriles conservó ayer la Gobernación de Miranda, con 50,35% de los votos. (En 2008 había obtenido el apoyo de 53,13% de los electores). El resultado es un avance de 0,84% respecto del 7 de octubre, cuando sólo obtuvo 49,51% de la voluntad mirandina. El mismo estado que lo ha reelegido como gobernador no creyó mayoritariamente que merecía la Presidencia dos meses y nueve días antes. Perdió nacionalmente esa elección por 11 puntos. (Dicho sea de paso: los vectores son entidades matemáticas que poseen tanto magnitud como dirección, e IVAD acertó en la dirección pero erró grandemente en magnitud; adjudicaba a Capriles una ventaja de 28,8% sobre Elías Jaua; Hinterlaces no estuvo tan errado en magnitud pero sí radicalmente equivocada en dirección, pues le adjudicaba a Jaua una ventaja de cinco puntos sobre Capriles. Ver en este blog Schemel, paisajista).
Pero el problema de fondo es que Capriles es, en contra de la opinión supersticiosa de muchos votantes de oposición, un pobre político. El 13 de diciembre clausuraba en Los Teques su más reciente campaña; entonces, cuando la psiquis nacional se concentraba en la lucha de Hugo Chávez contra la muerte, no se le ocurrió algo mejor que decir: «Por Miranda y por Venezuela me juego la vida». Ayer ofreció, luego de votar, esta declaración inmortal: “No hay nada que dé más placer que mostrar el dedo con la tinta y sobre todo que le den a uno el chiquito». Estas torpezas, imitación de Chávez hasta en la procacidad, son evidencia clarísima de que los procesos mentales de Capriles son harto deficientes, y de que la Mesa de la Unidad Democrática fue incapaz de poner en juego, no ya una contrafigura eficaz en la elección presidencial, sino alguien que tuviera dos dedos de frente. No más Capriles.
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Es necesario salirse de la caja opositora. Es urgente abandonar la holgazanería estratégica que deja a la MUD—y dejó a la fracasada Coordinadora Democrática, su madre, y antes a las candidaturas erróneas de Manuel Rosales y Henrique Salas Römer—la tarea para la que se ha mostrado como incompetente. El 8 de octubre, la revista TIME analizaba el triunfo de Chávez diciendo: «…el hecho de que la mayoría no lo rechazara habla menos del duro ventajismo de Chávez que del persistente fracaso de la oposición en ofrecer una alternativa convincente». Dos meses después (10 de diciembre), al comentar la posibilidad de la falta absoluta del Presidente de la República, ponía en duda que la oposición supiera aprovechar el vacío calificándola con el adjetivo feckless: carente de iniciativa o fortaleza de carácter; irresponsable. (Lacking initiative or strength of character; irresponsible. Oxford American Dictionaries).
Quienes han venido apoyando con admirables constancia y lealtad a la esclerosada dirigencia opositora se encuentran hoy al borde de la ruina; deben jugar otro juego, apostar a cosas distintas. LEA
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*Antes, como epígrafe al texto, se había citado la frase de Isaac Newton: «Si vi más lejos fue porque me subí sobre los hombros de gigantes». (If I have seen further it is by standing on ye sholders of Giants. [sic]. En carta a Robert Hooke, del 5 de febrero de 1676). Con esto se quería reconocer el inmenso aporte de unos políticos que ya no dan más, pero un día nos dieron lo que tenemos.
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APÉNDICE: El cuadro de abajo reúne los datos de la votación por estados de los mayores partidos de la oposición. De izquierda a derecha, se ha ordenado decrecientemente a los partidos por votación total en el país. Las cifras en rojo corresponden a la mayor votación en un estado de cada partido, en naranja la segunda mayor. Voluntad Popular ha superado por pocos votos a COPEI, colocándose como la cuarta de las organizaciones opositoras. Seis partidos obtuvieron su primera o segunda votación en el estado Miranda, cuatro en Lara y tres en Zulia.
MUD – Estados y partidos (clic para ampliar)
En 2012, Primero Justicia ha obtenido 27.315 votos más que URD ¡en 1958! URD obtuvo entonces el segundo lugar; Acción Democrática, para elegir a Rómulo Betancourt a la caída de Pérez Jiménez, obtuvo 1.284.092, o 353.298 más que PJ hoy, cincuenta y cuatro años después. ¡Y eso que entonces el registro electoral era de 2.913.801 ciudadanos! (El de ahora es de 18.903.143, lo que significa que PJ recibió el 16 de diciembre el equivalente de 4,92% de los votantes inscritos). La sola ventaja de AD le sacó a PJ hace 54 años es superior a la votación total de Voluntad Popular y a la de COPEI. Su votación total de aquel año supera la que el mismo partido obtuvo el 16 de diciembre por 782.456 votos. Eran tiempos mejores.
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 1, 2012 | Estudios, Política |
Tomás de Aquino, autor de Summa contra gentiles
La cepa abstencionista es, como Bruce Willis, dura de matar. Cíclicamente, cuando se viene encima un evento electoral, hay una actividad recrecida de los predicadores del fraude, que advierten con angustia, a veces con desprecio de quienes quieren participar electoralmente, que todo esfuerzo por esta ruta es inútil. Recapitulemos, pues, pacientemente una vez más.
En 2004, María Corina Machado dijo dos días antes del referendo revocatorio que las discrepancias del registro electoral no llegaban a 1%, y que había que ir a votar. Alberto Quirós Corradi dijo que el sistema electoral estaba blindado, concepto repetido en coro por el cogollo de la extinta Coordinadora Democrática. El 15 de agosto en la noche, el general Enrique Mendoza no fue capaz de aceptar la derrota que todas las encuestas predecían, incluso Penn, Schoen & Borland, traída por Marcel Granier. Quince días antes del referendo, Edmond Saade había dicho a los jefes de la oposición, en un desayuno en casa de Mauricio García Araujo, que su encuestadora (Datos) tenía al gobierno ganando por al menos doce puntos, y un tracking poll de Consultores 21 del 13 de agosto, cuarenta y ocho horas antes del referendo, produjo cifras que sólo diferían en décimas de los resultados que posteriormente ofrecería el Consejo Nacional Electoral. La única encuesta que dijo lo contrario fue una pirata dirigida por algunos profesores de la UCV, que fue atribuida falsamente por El Universal a Félix Seijas, lo que provocó la retractación del periódico cuando reventó el patuque y provocó la salida de Kico Bautista de la dirección de El Mundo. La Coordinadora Democrática quiso engañarnos cuando dijo que hubo fraude electoral, mintió para ocultar su descomunal incompetencia, que dilapidó el decisivo capital político que en 2002 y 2003 era mayoritariamente proclive a la revocación. Mendoza dio, aquella noche, la espalda a las cámaras y cedió el podio a Ramos Allup para que éste voceara ¡fraude! Entonces llegaron los explicadores de esta acusación. Tulio Álvarez dijo que había habido fraude, con toda seguridad, porque ¡él había escrito dos años antes un libro en el que se explicaba cómo hacerlo! El Sr. J. J. Rendón—hoy pretencioso asesor electoral—compareció el 18 al programa que entonces tenía César Miguel Rondón en Televén:
Probablemente el concursante más aventajado sea todavía J. J. Rendón, quien asegura saber cómo se habría configurado la descomunal estafa y que Smartmatic, para decir lo más prudente que se le ocurrió, habría sido al menos tonto útil al doloso plan del gobierno. (Lo que tal vez haya contribuido a que una turba, similar a un Ku Klux Klan en ánimo de linchamiento en Alabama, parecida a la que sitió con violencia la Embajada de Cuba el 12 de abril de 2002, se haya presentado ante las oficinas de Smartmatic ayer para gritar, democrática, constitucional, electoral y pacíficamente, «Mugica, ladrón» y otras menudencias por el estilo).
Rendón llevó ayer a canales de televisión su hallazgo: en dos centros del estado Bolívar encontró que había siete coincidencias exactas de votos por el «Sí»—en un acta tres veces el número 133, en otra del mismo centro dos veces el número 127, en otra de centro diferente dos veces el número 122. Luego ha afirmado, en sucesión, que tenía un total de 9 actas en la que se observaba este extraño fenómeno; más tarde que eran 15; luego que eran 24 y, antenoche, en el programa Rendón-Rondón, que le habían reportado anomalías similares en otros estados.
Pues bien, lo que sería verdaderamente anómalo es que en un universo total de 19.664 máquinas de votación no aparecieran centenares de actas con resultado idéntico. En sí mismo, cada caso parece extraño y, de hecho, considerados individualmente, los casos reportados resultan repugnantes a la intuición.
Sin embargo, la estadística es ciencia sosegadamente implacable que con frecuencia nos presenta aparentes paradojas o, en todo caso, sorpresas contraintuitivas. Por ejemplo, el famoso caso—entre los estadígrafos, naturalmente—del cumpleaños duplicado. En teoría, cualquier persona tuvo una probabilidad de nacer en un día específico del año calendario equivalente a 1/365—para no considerar años bisiestos—o, en términos porcentuales, 0,27%, o un poco más de un cuarto de uno por ciento. Consigamos entonces un grupo constituido por 23 personas elegidas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas de ese grupo cumplan años exactamente el mismo día? Nuestros lectores seguramente se sorprenderían si se les dice que esa probabilidad es de 50,7%, o 187 veces la probabilidad de que alguien haya nacido en un día específico del año.
La verdad es, entonces, que lo esperable estadísticamente es que en varios centenares de casos se registre lo que al Sr. Rendón parece «matemáticamente imposible», incluyendo, por supuesto, la aparición de «insólitas» coincidencias en un mismo centro de votación. Cualquier jugador de dominó registra en su memoria más de una vez en la que en un mismo partido tres o cuatro manos seguidas arrojan un resultado de, digamos, 22 puntos. («¡Qué casualidad!») Y más de uno entre nosotros ha observado la improbabilísima distribución de siete blancos en una misma mano, durante amistoso juego en el que a ningún miembro del Comando Maisanta se le ha permitido barajar las piedras.
Pero es que la necesidad emocional exige que nuestra hipótesis favorita—el fraude electoral masivo ante las narices de los observadores internacionales que se chupaban el dedo—encuentre asidero, y nuestra psiquis anda automáticamente—no es un ejercicio consciente y voluntario—a la caza de cualquier hábil pseudoexplicación que la corrobore. Estamos persuadidos de que el Sr. Rendón cree inocente y honestamente en su «explicación». Pero no podemos estar de acuerdo conque de su involuntariamente defectuoso razonamiento extrapole acusaciones gravísimas. A él no le consta en absoluto que en verdad se haya producido la alevosa «programación» de los «topes» que postula.
Ah, pero entonces vuelven los detectives de la megaestafa a la carga. Acabamos de recibir un archivo de hoja electrónica de cálculos con más de 4.500 centros en los que se manifestaría un tal «gradiente del fraude». ¿En qué consiste? Pues en un listado de centros en los que el voto por el «Sí» habría presuntamente sido inferior a las solicitudes interpuestas en los mismos centros para exigir el referendo revocatorio. Es decir, en el «Reafirmazo». Y esto, arguyen, es «claramente imposible».
¿Por qué es imposible? ¿Es que no hubo en el revocatorio muchos más centros habilitados que en el «Reafirmazo» y por tanto la población de solicitantes estuvo distribuida entre más centros, bajando la proporción original promedio en cada uno? ¿Es que no ha podido haber ningún factor que disminuyera la voluntad de los firmantes originales, por ejemplo, el temor que la Coordinadora Democrática decía saber que las «cazahuellas» impartirían a los votantes, y que quiso combatir asegurando que el sistema era inviolable, o el real amedrentamiento del régimen a pobladores que temieron perder sus becas u otras dádivas? ¿De dónde se obtiene el impepinable teorema de que las solicitudes establecían un piso inamovible a los votos? (Carta Semanal #100 de doctorpolítico, del 19 de agosto de 2004).
El 20 de agosto conversé de estas cosas con un empresario venezolano que creía en el fraude. Me dijo: «Está bien, me convenciste, no hubo fraude, pero hay que decir que lo hubo porque a este señor hay que negarle hasta el agua».
El pacto Bush-Machado
Luego, caídas estas «explicaciones», María Corina Machado encargó a Ricardo Hausmann y su compinche Roberto Rigobón el famoso estudio del «cisne negro», el primero de una familia de estudios numerológico-estadísticos que distan mucho de haber demostrado fraude en ningún caso. Me ocupé de disecarlo minuciosamente y de demostrar su invalidez en la Carta Semanal #103 de doctorpolítico, del 11 de septiembre de 2004. La Sra. Machado, a quien envié por cortesía el resultado de la disección, me reprochó que no hubiera hablado antes con Hausmann; en verdad, yo le había pedido a ella una conversación a la que se negó porque estaba muy ocupada preparando algo que era, precisamente, la presentación del adefesio que desmonté.
No fue sino hasta agosto de 2005 cuando, acosado por Pedro Pablo Peñaloza—hoy periodista consentido de Leopoldo Castillo—desde El Universal, Alejandro Plaz admitió a regañadientes que no se había demostrado fraude en 2004 (cita del artículo breve de la Carta Semanal #149 de doctorpolítico):
Pero Plaz debió reconocer algo más sustancial todavía, asediado por el periodista. Que no se había probado el fraude en el revocatorio o las elecciones de gobernadores y alcaldes. Que no era posible, más fundamentalmente, probar el fraude. El periodista afirmó: «Aunque tras cada votación se agregan nuevos elementos, puede decirse que los reclamos actuales son similares a los expuestos en 2004; no obstante, en el pasado jamás pudo demostrarse el fraude». Plaz evadió el asunto alejándose de la precisión para situarse en un plano jurídico: «Recuerda que al referendo revocatorio no se le podía aplicar la ley electoral, porque el Tribunal Supremo de Justicia decidió que no era una elección y que no podía regirse por la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política (Losypp). En esa ocasión, el CNE creó un reglamento nuevo que estipulaba en su artículo 50 que el escrutinio sería manual; sin embargo, metieron las máquinas y violaron su propia norma. Igual pasó en octubre, cuando denunciamos que violentaron más de 15 artículos de la Losypp, y en esta oportunidad ya han infringido más de 20 artículos».
Ante esta evasiva Peñaloza persiguió con reiteración: «Pero nadie ha podido ofrecer elementos de convicción sobre la perpetración de un fraude electoral». Y dijo entonces Plaz: «No se puede demostrar porque, a medida que violas más la ley, vas haciendo la caja más negra. El CNE mantiene una caja negra, que impide el acceso a la información, al centro de votación, a los programas de las máquinas, a los centros computarizados del CNE y de la Universidad Bolivariana, donde revisan las huellas. Mientras más blindada esté la caja negra, más complicado es probar el fraude».
Puesto en términos de Lewis Carroll: «But I was thinking of a plan to dye one’s whiskers green, and always use so large a fan that they could not be seen». («Pero pensaba en un plan de teñirme los bigotes de verde, y usar después un abanico tan grande que no pudiera vérselos»).
Ramos Allup: líder de retiradas
Pasemos a 2005, el año de «una auténtica y espontánea manifestación de desobediencia civil» (Erik Ekvall dixit en reciente artículo iracundo), el estúpido forfeit que otra vez encabezara Ramos Allup para entregar al oficialismo la totalidad de la Asamblea Nacional. En verdad, este curso de acción estaba decidido de antemano: “…estamos preparando un retiro masivo de candidatos… seguido de un evento espectacular de lanzamiento de campaña 2006”. (Correo dirigido a mí por Roberto Smith Perera. El hallazgo accidental en Fila de Mariches, que le dio a una oposición prederrotada el pretexto para abandonar su intento electoral, ocurrió el 29 de noviembre. El correo de Smith es del 31 de octubre).
Uno de los miembros del Grupo La Colina, Leopoldo González, fue quien fuera inscrito por Primero Justicia como «técnico» suyo para la auditoría técnica a las máquinas de votación de Smartmatic. En ese carácter—su propio grupo no es reconocido como actor certificado por el Consejo Nacional Electoral—González encontró a través de su examen experto que después de todo las famosas máquinas electorales guardaban en su memoria la secuencia de votos, de modo que era posible en principio violar el secreto del sufragio, al cotejar esa secuencia con el orden de identificación de los votantes que proviene de las llamadas «captahuellas», en las que cada elector que acudiera a votar debía registrar su huella digital para demostrar su condición de votante inscrito en el Registro Electoral Permanente y así imposibilitar que una misma persona votase más de una vez. Este hallazgo brindó en bandeja de plata a los partidos de oposición el pretexto que requerían para retirarse de unas elecciones parlamentarias que sabían perdidas. Tal hazaña llevó a Olga Krnjajsky (nom de plume Olga K) a decir que González había logrado lo que «no había hecho ni SÚMATE con su tecnología, ni los partidos con su maquinaria, ni Tulio con su informe, ni Oswaldo Álvarez Paz con el 350». Tan justa fama explica la confianza suscitada por el Grupo La Colina, que se expresa claramente en reciente proposición de Gerardo Blyde: que el Grupo La Colina se sumara a Súmate para la organización de las propuestas elecciones primarias de la oposición.
El lunes pasado tuvo el suscrito la oportunidad de asistir a una presentación de miembros de este grupo, centrada sobre el tema de una candidatura unitaria de la oposición. La exposición consistió de un modo muy útil de organizar los elementos fundamentales de este problema, pero fueron tres tajantes afirmaciones de la gente del Grupo La Colina lo que más llamó la atención. Esta gente, que logró descubrir la persistencia de la secuencia de votos en Fila de Mariches, no se montó sobre tal plataforma para exhibirse como los grandes descubridores de un fraude electoral el 15 de agosto de 2004. Todo lo contrario. Lo primero que afirmaron fue que las máquinas de Smartmatic hacían exactamente lo que esta compañía había prometido. Luego, establecieron que el registro secuencial de los votos emitidos no se debía a acción deliberada por parte de Smartmatic o el CNE, sino a un error de Microsoft, uno de cuyos programas off the shelf fue adquirido por Smartmatic para combinarlo con su propio software. Microsoft había garantizado que aquel registro desaparecería, e incluso había mencionado que tal cosa sería así porque la misma condición era requerida por importantes loterías europeas que usaban el mismo programa para garantizar la transparencia de sus sorteos. (Voceros de Smartmatic, por otra parte, han explicado que para que fuese posible emplear la secuencia registrada con intención política dolosa, hubieran tenido que concurrir los partidos de oposición, pues sin la mitad de la llave que abre la caja negra, que estaba en manos de la oposición, no hubiera sido posible acceder a la tal secuencia).
En suma, al conjunto de sólidos argumentos que permiten pensar que el 15 de agosto de 2004, independientemente de otras conductas abusivas y ventajistas por parte del gobierno, hubo más «Noes» que «Síes»—que todas las encuestadoras serias del país así lo predijeron, por ejemplo—se añade la puntilla mortal de la certificación ofrecida con la mayor seriedad y tersura por los colineros: se trata del definitivo certificado de defunción de la hipótesis del fraude electrónico.
Pero todavía dijeron otra cosa los representantes del Grupo La Colina: que en su considerado criterio el sistema automatizado de Smartmatic hacía más fácil que la oposición vigilase la correspondencia con los votos reales y los defendiera; esto es, que resulta más fácil defender la fidelidad de los registros y la transparencia del sistema con las mismas máquinas, que con conteos manuales, que regresarían la pelota a la cancha superada de las actas que matan votos.
Estas son cosas importantísimas, porque rompen el paradigma abstencionista, montado sobre la premisa del fraude electoral. Si se quiere revertir la matriz de opinión a este respecto, construida a partir de la prédica irresponsable de una dirigencia inepta que quiso disimular su ineptitud—dilapidó el enorme capital político acumulado en 2002 y 2003—es de la mayor importancia que se difunda esta valiente y seria evaluación del Grupo La Colina. (En la Carta Semanal #184 de doctorpolítico, del 6 de abril de 2006. En realidad, la llave que abriría la memoria de las máquinas de votación tendría que haberse recompuesto de cinco partes: una en poder del CNE, dos para el oficialismo y dos para la oposición).
El 7 de julio de ese año de 2005 pude anticipar, en la Carta Semanal #145 de doctorpolítico:
Gold über alles
El emblema que distingue a Súmate pudiera contener una simbología intencional o freudianamente desintencionada. Es una pirámide de base cuadrilátera que muestra dos de sus caras. En el tercio superior de su altura está coloreada de amarillo; el tercio medio es azul; el inferior rojo. Obviamente, el tricolor venezolano.
Tal disposición corresponde, naturalmente, a un área y volumen más pequeños cuyo símbolo es el oro patrio, las riquezas de la nación; a un área y volumen intermedios distinguidos por el azul de nuestros cielos y nuestros mares; a un área y un volumen, finalmente, en proporción mucho más grande y que están coloreados por el rojo de la sangre—¿el rojo chavista?—de nuestros libertadores. La pirámide de Súmate refleja admirablemente la de nuestra población y su distribución de la riqueza, gruesamente coincidente con la de sus preferencias políticas. Pocos ricos, algo más de clase media, la gran masa de la roja pobreza.
Más allá de esta disquisición semiótica, Súmate es, sin que quepa la menor duda, una organización seria, profesional, metódica, moderna y no poco heroica. Baste esta resumida caracterización para pasar a comentar su más inmediato aporte, puesto que esta publicación ya ha expresado más de una vez su aprecio por la labor de Súmate y su más visible liderazgo como para que sea necesario extenderse sobre el tema.
En seguimiento de su programa de cinco puntos, anunciado en marzo de este año al convertirse en «movimiento ciudadano nacional», Súmate procura ahora la impugnación del Registro Electoral Permanente. Para esto invita a los ciudadanos que quieren hacer valer su voto a que acudan a sus centros de votación con una exigencia escrita—ofrece una redacción estándar legalmente cuidada—sobre la publicación de las direcciones de los votantes, condición estipulada en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Pero toda esta iniciativa—que requeriría tal como la organización lo reconoce la «valentía» de unos ciudadanos que quedarían como opositores más patentes que en la «Lista de Tascón»—parece ser emprendida para que fracase. Así lo explica una nota de la misma Súmate: «Esta nueva acción que lanza Súmate ‘Impugna tu registro’ requiere que los ciudadanos acudan ante el director del plantel, por su condición de agentes de actualización, donde funciona su Centro de Votación para que exijan lo establecido en el ordinal 1 del artículo 91 de la LOSPP, referida a la publicación del lugar de residencia de los electores. Para Machado esto resultará imposible porque el CNE no le ha suministrado las direcciones de residencias en las listas de electores».
Esta presunción de Machado, pues, y este enfoque, parecen procurar no tanto la corrección del sistema electoral como su invalidación y su deslegitimación. Pareciera que hay una convicción previa, un axioma subyacente y apriorístico, según el cual no podrá haber las «elecciones limpias» que Súmate buscaría. Que el objetivo real de la organización es ahora el de documentar esta conclusión.
Con un certificado técnico de tan alta factura puede darse por descontado que los abogados del abstencionismo completarán su cometido. Dados el prestigio y la influencia de Súmate habrá muy poco opositor a quien le queden ganas de ir a votar.
Y es que el teorema de la abstención es imposible de refutar, si se aceptan sus axiomas de partida. Si el sistema electoral está irremisiblemente viciado y sesgado a favor del chavismo ¿para qué debiera ir un opositor a votar cuando su voto corre el riesgo cierto de ser torcido?
El razonamiento es impecable.
Eppur si muove. Porque hay en el fondo un problema mucho más importante que el de la confiabilidad en el registro electoral: que la oposición organizada no levanta opinión a su favor, que se ha mostrado incapaz de mover a la masa electoral de modo convincente y atractivo, como lo señalan, con pequeñas diferencias, todas las encuestas. (Con excepción de la sacacifras). Por ejemplo, hace poco hacíamos referencia a las mediciones de Oscar Schemel, que arrojaban sólo 11% de apoyo a la oposición, contra uno de 37% al gobierno, una proporción superior a una de 3 a 1.
Y en estas condiciones, aun si el inefable Jorge Rodríguez fuese de súbito sustituido por una Teresa de Calcuta rediviva, el gobierno propinaría una mayúscula paliza a su oposición formal, y ganaría casi todos los puestos municipales, y abrumaría con una mayoría suficiente para el cambio constitucional en la Asamblea Nacional, y reelegiría cómodamente a Chávez en 2006, si no se hiciera nada distinto de lo que se ha venido haciendo.
Por tal razón, si bien el argumento abstencionista parece imbatible, la verdad es que funciona como pretexto o coartada de una incapacidad más fundamental. Es la que ilustraba la proverbial zorra de la clásica y cínica fábula de Félix de Samaniego:
Es voz común que a más del mediodía,
en ayunas la Zorra iba cazando;
halla una parra, quédase mirando
de la alta vid el fruto que pendía. / Causábala mil ansias y congojas
no alcanzar a las uvas con la garra,
al mostrar a sus dientes la alta parra
negros racimos entre verdes hojas. / Miró, saltó y anduvo en probaduras,
pero vio el imposible ya de fijo.
Entonces fue cuando la Zorra dijo:
»No las quiero comer. No están maduras». / No por eso te muestres impaciente,
si se te frustra, Fabio, algún intento:
aplica bien el cuento,
y di: No están maduras, frescamente.
La oposición retiró sus candidaturas porque iba irremisiblemente a perder en 2005 las elecciones de Asamblea, y habló una vez más de fraude para ocultar irresponsablemente su incompetencia. Para coronar la locura, se le ocurrió a unos pocos que la abstención de 75% en diciembre de 2005 equivalía a la emisión de catorce «mandatos» detallados «del Pueblo a la Nación» (¿no son la misma cosa?) En octubre, antes del incidente de Fila de Mariches, Hinterlaces anticipaba una abstención de 71%, por lo que, si acaso, el retiro de las candidaturas de oposición añadió 4%:
La relación anterior viene a cuento porque, muy temprano en este año electoral de 2006, se propaga por la psiquis oposicionista una buena cantidad de ideas igualmente «inteligentes» y «profundas», ocurrencias vistosas que sin embargo están destinadas al fracaso más rotundo. Y también porque es tesis persistente que criticarlas le hace el juego al gobierno, que no se debe criticar a nada o nadie que le haga oposición, porque sería preciso desacreditar al gobierno con cualquier cosa, así sea una mentira, y «no debemos pisarnos la manguera entre bomberos».
Es así como unos pocos han concebido el siguiente monstruoso récipe: que a Chávez es preciso oponerle alguien que sea aun más procaz que él; que ese personaje es el Conde del Guácharo; que debe aportarse un «pote» para aupar su candidatura presidencial. Es ésta una «solución» tan estúpida como aquella de la candidatura de Arias Cárdenas en 2000, que en «profunda» e «inteligente» evaluación estratégica fue considerada la mejor oposición posible a Chávez ¡porque era cuña del mismo palo!
Sin llegar a esos extremos dignos del teatro del absurdo, se ha generalizado demasiado una particular interpretación de lo acontecido el pasado 4 de diciembre con la elección de la Asamblea Nacional. La interpretación estándar va sobre las siguientes líneas: que «la sociedad civil» impuso a los partidos políticos de oposición una línea abstencionista—«No fueron los partidos, fuimos nosotros»—, que los partidos, en acatamiento a esa voluntad soberana, asestaron el golpe de última hora—el gobierno no tuvo tiempo de reaccionar—de su retirada o forfeit y que tal cosa determinó la voluminosa abstención del 4D; que esa abstención fue toda de oposición al gobierno y además se expresó en una serie de «mandatos» específicos, razones todas por las cuales el que el oficialismo controle ahora todos los escaños de la Asamblea ¡es un resonante triunfo para la oposición!
La sociedad civil no impuso nada a los partidos. Una fracción escéptica de la sociedad civil, opuesta al régimen chavista, había adoptado, es cierto, una postura abstencionista, y unos partidos venidísimos a menos, como en otras ocasiones—la «tarimitis» de una Plaza Francia militarizada, el paro de 2002-2003—no quisieron perder la escasa ascendencia residual que aún tienen sobre unos cuantos electores, las más africanizadas entre las abejas del enjambre ciudadano, y aprovecharon la oportunidad de una nueva «sintonía» con «la masa» para retirarse, como zorra de Samaniego, de unas elecciones que sabían perdidas.
Todas las encuestas anticipaban la derrota inmisericorde de los candidatos de oposición, además, dicho sea de paso, de una abstención muy elevada, con bastante antelación al retiro de aquellos candidatos. Henry Ramos Allup no hubiera podido presentar a la base de su partido, y al resto del país, otra cosa que una fracción parlamentaria de Acción Democrática muy reducida, marcadamente menor que la que actuó en la Asamblea Nacional del período que hace poco concluyó. Es decir, un descalabro mayúsculo y definitivo, letal. (Como fue aquí certificado—Carta Semanal #166, del 1º de diciembre de 2005—obra en poder de doctorpolítico un correo electrónico proveniente de uno de los actuales precandidatos a la Presidencia, y fechado el 31 de octubre—un poco más de un mes antes del 4D—en el que se avisa: «…estamos preparando un retiro masivo de candidatos…» El hallazgo en hora nona de Fila de Mariches, respecto del registro en memoria de las máquinas de votar de la secuencia del voto, fue un golpe de suerte para una oposición que había obtenido del CNE, para su sorpresa, prácticamente todo lo que solicitaba públicamente con la esperanza de que Jorge Rodríguez se negara. La verdad es que esa oposición sabía que iba al sacrificio y buscaba desesperadamente un pretexto creíble para retirarse de la contienda).
Luego, ¿de dónde sacan ciertos análisis la conclusión de que toda la abstención del 4 de diciembre de 2005 se produjo a partir de un cuadre sólido con la oposición? Como se apuntó antes, las encuestas, unas más y otras menos, registraban una alta propensión a no votar desde un buen tiempo antes de la votación. Es más, el propio Chávez, en noviembre de 2004, luego de las elecciones de gobernadores del 31 de octubre, destacaba ante sus copartidarios reunidos en la Escuela Militar, que el enemigo a vencer era la abstención, que después calificó de estructural. (Por cierto, ¿cómo se explica que un CNE que es tenido por tramposo y adulterador, no atinó a ocultar las cifras de la abstención del 4 de diciembre, siendo que el único líder del proceso había señalado justamente que había que derrotarla?)
La abstención del 4 de diciembre fue el producto de múltiples razones que actuaron, unas aisladamente, otras en combinación, en la disposición de la abrumadora mayoría de los electores. Un cierto número, en efecto, se abstuvo de sufragar porque alberga una profunda desconfianza del árbitro electoral, y esta percepción se vio grandemente reforzada con el descubrimiento de Fila de Mariches ya mencionado. Otros, normalmente proclives al gobierno pero no demasiado entusiastas, en conocimiento de que la revolución obtendría todos los diputados aunque sólo fueran diez electores a votar, en virtud de la misma retirada opositora, habrán considerado que su voto no era críticamente necesario.
Pero esta publicación adelantó una interpretación distinta en su número 167 (8 de diciembre de 2005): que el gobierno no fue capaz de llevar a las urnas a más de la cuarta parte de los electores del país, que tal hecho significa que el gobierno sí es derrotable electoralmente, pero que igualmente el rechazo recae sobre la oposición organizada en partidos, y que no puede atribuirse a ésta ninguna victoria. («Pero el rechazo no fue solamente al sistema electoral impuesto, a un CNE que contemplamos incrédulos a distancia, por más que las encuestas y ahora los observadores internacionales hayan medido su poca credibilidad. La repulsa fue mucho más profunda que eso, el repudio generalizado fue en verdad a todo un teatro político de actores profesionales, un hartazgo y una ausencia que toma distancia de un combate cotidiano que ha terminado por hacernos anómicos, no participantes. Los venezolanos ya hemos asimilado que una política entendida como lucha por el poder, como incesante contienda, no resuelve nuestros problemas públicos»). Una candidatura ganadora en diciembre de 2006 tendría que cumplir más de una condición esencial, y una de ellas es que debe diferenciarse nítidamente de Chávez, pero igualmente de una oposición institucionalizada y convencional que continúa medrando y que junta no supera el diez por ciento del apoyo ciudadano.
En lo concerniente al famoso «mandato» del pueblo, expresado en la abstención del 4D, cabe señalar que la especie ha sido adoptada como «línea» opositora. Esto es, ya no es solamente una mera interpretación más o menos extendida, sino que en ciertos círculos se ha decidido vocearla de todo modo y manera. Varios son sus obvios y coordinados evangelistas: Carlos Blanco, María Corina Machado, en cierto modo Armando Durán y, lo más preocupante, una treintena de nombres al pie de un manifiesto fechado el 4 de febrero, hace doce días, en el que se sostiene que el 4 de diciembre de 2005 el pueblo emitió un inequívoco y múltiple mandato. Por ejemplo, dice el texto aludido:
Cinco de los mandatos
«El 4-D el pueblo venezolano manifestó su voluntad de progresar y prosperar de manera sustentable, con igualdad de oportunidades para todos; así como superarse y ser dueño de su destino.
El 4-D el pueblo venezolano formuló su deseo de contar con una Fuerza Armada que garantice la independencia, la soberanía y la integridad del territorio nacional.
El 4-D el pueblo venezolano exigió el rescate de la Industria Petrolera para que se sitúe, nuevamente, entre las más poderosas, eficientes y productivas empresas del mundo.
El 4-D el pueblo venezolano invocó el cumplimiento de la cláusula federal y redimir las reformas políticas dirigidas a la descentralización y la paulatina desconcentración del poder político, como fórmulas de control social y garantía de libertad».
Con este mismo tenor se enumera un total de dieciséis mandatos específicos, que habrían sido declarados por el pueblo abstencionista, unánimemente opositor. Es obviamente un exageradísimo y falaz documento, y no se puede fundar un movimiento político sobre una mentira, no digamos dieciséis.
Preocupa entonces grandemente que nuevamente se proponga a la opinión pública, a esa entelequia a nombre de la que muchos pretenden hablar y llaman «la sociedad civil», una interpretación de la realidad completamente falseada que impedirá la formulación y puesta en práctica de una estrategia verdaderamente eficaz. (En Delirio estratégico, artículo principal de la Carta Semanal #177 de doctorpolítico).
«El que calla otorga», reza un proverbio castellano, pero una ingeniosidad digna de mejor objetivo creyó que su alquimia retórica era capaz de transformar la abstención, un resonante silencio, en la especificidad de exigencias concretísimas que jamás fueron pronunciadas. Por supuesto, el «Movimiento 4D» murió prácticamente al nacer.
Llegamos con esta alucinada ocurrencia a 2006, año de elecciones presidenciales. La tendencia abstencionista centró entonces sus baterías sobre el issue del registro electoral, que se descalificaba como no confiable. Pero… para el 20 de julio de ese año—en la Carta Semanal #195 de doctorpolítico—fue posible reportar:
Está disponible desde hace poco una presentación que lleva por título «Auditoría digital del RE: Estudio de consistencia demográfica y estadística». Los patrocinantes de este estudio no son otros que las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, las tres entidades que «la sociedad civil» quería que escudriñaran el Registro Electoral Permanente. Como sabemos, un examen de este registro se ha tenido como una de las condiciones exigidas por cierta oposición para considerar siquiera una participación en la venidera elección presidencial del 3 de diciembre.
Pues bien, la presentación de los resultados y conclusiones de este análisis triborlado dista muchísimo de rasgarse las vestiduras, lo que habría ocurrido de haber encontrado groseras discrepancias o errores muy sospechosos. En efecto, las tres alma mater encontraron equivocaciones en el REP, y recomiendan una estrategia básica para superarlos: «Es necesario diseñar un esquema muestral que permita estimar el efecto de los errores del RE en los próximos comicios y monitorear el proceso». Punto.
El registrador de los votantes
Pero veamos como presentan el asunto. Su primera observación es la siguiente: «La discrepancia entre valores observados y esperados permite inferir que una importante proporción de los datos de los electores contenidos en el RE tiene errores al menos desde 1998″. (Destacado nuestro). Así observan, por otra parte, la pretendida imposibilidad de un registro algo superior a los 17 millones de electores dentro de la estructura poblacional venezolana: «Las estructuras por edad del RE y Proyecciones de Población, tanto a nivel nacional como por entidad federal, son consistentes… La estructura refleja un rezago en la inscripción de los más jóvenes así como la sobre-representación de la población adulta mayor (80 y más) que podría estar mostrando los problemas de depuración… Se hicieron pruebas de consistencia de las estructuras de esas dos poblaciones aun corrigiendo los problemas con los grupos extremos y los resultados mejoran, no obstante que la significación de las pruebas con los datos sin corregir ya era bastante aceptable». (Destacado nuestro).
El más definitivo de los dictámenes, no obstante, que además repiten, es el siguiente: «No se observaron evidencias de que exista correlación entre errores y preferencias políticas en eventos comiciales nacionales… Los resultados sugieren que los errores no parecen estar relacionados con la intención del voto en un evento comicial presidencial».
De hecho, verificaron los municipios con más errores contra la votación del referendo revocatorio de 2004, y así concluyen, según reporta El Universal: «Al comparar los defectos del Registro Electoral de 1998 con los errores detectados el año 2006 los investigadores concluyeron que las inconsistencias se han multiplicado en municipios donde ya existían errores. Para demostrar si estos errores inciden en un proceso de votación nacional se compararon los resultados del referendo revocatorio presidencial entre los municipios donde existen errores con las entidades que presentan anomalías esperadas. En los municipios problemáticos el NO se impuso con el respaldo de 55% de los votos; mientras en los municipios sin inconsistencias sensibles el NO obtuvo 62%».
¿Qué tal? Participacionistas uno, abstencionistas cero.
A Manuel no le daban las cuentas
Manuel Rosales perdió las elecciones en 2006; sólo pudo ganar en el municipio Maracaibo pues ¡perdió en el resto del estado Zulia! Un mes y medio antes de las elecciones, Edmond Saade nos decía en un desayuno que analizó sus posibilidades: «El problema es que Rosales no da». Debe anotarse como mérito de Rosales que rápidamente admitió su derrota como un hombre, pero eso le fue cobrado por los talibanes de la oposición. (Oswaldo Álvarez Paz, por ejemplo). Por mi parte, acepté una invitación de IFEDEC para que ofreciera un análisis post mortem el 14 de diciembre de 2006. Justifiqué la cosa al exponer razonadamente por qué Rosales no fue el mejor candidato y la campaña tampoco fue acertada. El anfitrión de una conocida peña caraqueña estuvo presente, y al escuchar esta evaluación se levantó indignado, fue a cuchichear al oído del anfitrión y se retiró porque, me explicó Eduardo Fernández, yo osaba criticar a Rosales, el «indiscutido» líder que la oposición tanto necesitaba.
Vino entonces 2007 y ¡oh sorpresa!, el proyecto de reforma constitucional tan crucial para la revolución de Chávez fue derrotado en las urnas por menos de 2% de ventaja del No sobre el Sí y Chávez admitió la derrota, no sin revirar procazmente. Los suspicaces incrédulos del CNE no han explicado jamás a qué se debió tan enorme anomalía. Ya Esdata—liderada por el dulce amigo Alfredo Weil Reyna, con quien me gradué de bachiller—tenía tiempo con su cantilena descalificadora del CNE, y habiéndoles demostrado a él y a los profesores Salas y Delfino—en marzo de 2006, luego de invitar a los tres a almorzar para advertirles lealmente—que sus pretensiones eran meros malabarismos estadísticos sin conexión con la realidad, regresó la persistente y paranoica organización con el estudio «irrefutable» de María Mercedes Febres Cordero.* (Un importante publicista me entregó una copia del informe y me mintió con el mayor irrespeto, al asegurarme que Teodoro Petkoff habría quedado impresionadísimo y totalmente convencido en presentación que se le habría hecho. El publicista no contaba conque yo verificaría; Petkoff desmintió rotundamente que tal presentación hubiera tenido lugar).
Una vez más confronta el país una encrucijada electoral. Esta vez se trata de aprobar o rechazar, en referendo popular, el proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Chávez a la Asamblea Nacional. Increíblemente, subsiste aferrada a más de una inteligencia, cual tenaz garrapata, la convicción de que no debe asistirse al acto referendario. Es persistente, porque así fue sembrada sistemáticamente, la idea de que no vale la pena votar, dado que el sistema electoral está controlado por el propio Chávez, quien no permitiría el reconocimiento a un triunfo de sus adversarios.
Así, todavía aparecen estudios estadísticos tan impecables como un teorema de Euclides, y se les blande como espada definitiva, pues han sido publicados en prestigiosas revistas especializadas, o algún conocido político habría quedado impresionadísimo con sus hallazgos. A fines de 2004, recién celebrado el referendo revocatorio del 15 de agosto, Súmate presentó con bombos y platillos los resultados de un estudio llevado a cabo por los profesores Hausmann y Rigobón—¡antes de que treinta días siquiera hubieran transcurrido desde el acto electoral!—como base para afirmar que se había cometido un fraude electrónico. (En su momento—# 103 de la Carta Semanal de doctorpolítico, del 12 de septiembre de 2004—esta publicación produjo la disección del referido informe, mostrando su invalidez). El año pasado, en cambio, estuvo de moda un nuevo estudio, el de los profesores Salas y Delfino, de la Universidad Simón Bolívar. El suscrito pudo presenciar la presentación que estos profesores hicieron de su análisis, y antes de desbaratarlo ante el mismo auditorio que los escuchara, invitó a almorzar a sus autores y a su promotor. En esa ocasión desmontó cordialmente su argumentación, en guerra avisada que no impidió que soldados murieran.
Pero ya esos estudios pasaron de moda, y ahora se distribuye en circuitos exclusivos uno distinto, hecho en Miami por María M. Febres Cordero y Bernardo Márquez, y se pretende que su trabajo—A statistical approach to assess referendum results: The Venezuelan recall referendum 2004—es la prueba verdaderamente definitiva de que hubo fraude el 15 de agosto de ese año, y que por tanto Chávez es un mandatario ilegítimo.
Esta nueva pieza adolece de la misma falla básica de los anteriores: es una manipulación estadística sin conexión con la realidad, y no demuestra en absoluto cómo habría sido perpetrado el delito electoral, que Hermann Escarrá asegura existió y Alejandro Plaz—Súmate—debió admitir que no podía ser probado. Comoquiera que esta publicación ya ha hecho examen crítico detenido de estudios de esa clase, se limitará a sugerir, por vía anecdótica ya empleada acá hace tres años, cuál es el problema de fondo con las “pruebas” de su especie.
Mi entrañable amigo Eduardo Quintana Benshimol, muy prematuramente fallecido, me contó la anécdota en 1974, hace ya treinta y tres años. Tiene que ver con cómo fue que Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein se conocieron. Russell estaba en Cambridge ante su clase, escribiendo teorema tras teorema en un pizarrón. Volteado hacia el salón notó la presencia de un joven con chaqueta, de pie, hacia el fondo—era Wittgenstein—y se percató de que éste movía negativamente la cabeza. Regresó por un momento a escribir sobre la pizarra y volteó de nuevo. Wittgenstein continuaba negando con la cabeza. Ya molesto, Russell le increpó, preguntándole cuál era el problema. A lo que el genio (Russell no lo era) dijo simplemente: “Profesor Russell, ¿podría usted por favor demostrarme que en este salón no hay un elefante?” Russell acogió confiadamente el reto y se lanzó a borrar el pizarrón y a escribir nuevos y larguísimos teoremas. Pero Wittgenstein permaneció impertérrito: “Perdone, Profesor Russell, pero eso no es una comprobación de que aquí no hay un elefante”. Al borde del desespero Russell devolvió el desafío: “Bien, joven, ¿quiere usted demostrarnos a todos que en este salón no hay un elefante?» Dijo Wittgenstein entonces: «Con su permiso, Profesor Russell”, y se movió en el salón hacia adelante, examinando calmadamente bajo los pupitres, tras unas cortinas y unos cuadros, hasta llegar al escritorio profesoral cuyas gavetas abrió y cerró para sentenciar: “Profesor Russell, en este salón no se encuentra un elefante”.
Pues bien, el elefante de Hausmann y Rigobón, Salas y Delfino, Febres Cordero y Márquez, es el presunto fraude del referendo revocatorio, y sus estudios un “pizarrón de Russell”, inconexo con existencias concretas. Pero los adalides de la “resistencia” y la abstención—que ahora convocan para una “gran marcha, ahora sí definitiva” para fines de octubre o comienzos de noviembre de este año—se valen de ellos para predicar que no se vaya a votar en el inevitable referendo por la reforma constitucional. No falta quien apunte: “¿Viste que Chávez anda preocupado con la abstención? Eso es lo que más duele, así que vamos a abstenernos”. No se dan cuenta de que Chávez admite esa angustia precisamente para alimentar, con la creencia de que tal cosa es su talón de Aquiles, la abstención de sus opositores que le entregue en bandeja de plata el texto constitucional que le hace falta para perfeccionar su dominación. (Cepa resistente, de la Carta Semanal #253 de doctorpolítico).
Hablar y callar sería la misma cosa
Mi compañero de pupitre en la UCAB, Luis Ugalde, escribió un artículo verdaderamente increíble, por el que argumentaba que votar en contra de la reforma en la que Chávez había puesto tanta esperanza y abstenerse de votar eran dos caras de la misma moneda. Así puso (El día después, 25 de octubre de 2007): “…el día del referéndum el rechazo se expresará de dos maneras, ambas con fuertes razones y motivos: por la abstención y por el no. No será posible acordar una única forma de rechazo. Millones (opositores y chavistas) lo harán con la abstención y otros millones con el voto por el no. Ambas formas de rechazo sumarán más de 70% (ya 60% sería un triunfo) y dejarán en evidencia que, con minoría de 30%, el Gobierno quiere imponer como obligación constitucional un régimen autoritario y un modo de vida rechazado”.
Entonces rebatí esa locura de este modo:
Son de una supina inocencia estas prescripciones de dejar “en evidencia”—¿ante quién, por cierto?—las intenciones autoritarias y socializantes de un gobierno que, para empezar, nunca ha cesado de ponerse en evidencia él mismo a este respecto; su carácter está en evidencia por su propia actuación descarada, y la puesta «en evidencia” que Ugalde prescribe no añade absolutamente nada.
Pero cabe preguntar: ¿sostiene Ugalde que la Constitución que nos rige es ilegítima? No pareciera; al igual que Mejía Betancourt la da por sentada y por aceptable: “Chávez ha decidido imponer una nueva Constitución (acabando con la bolivariana)… La nueva constitución es una locura… Hay que… evitar que se aplique un régimen que reduzca los derechos humanos y elimine la democracia pluralista”.
Recordemos entonces las cifras del referéndum del 15 de diciembre de 1999, que consagró la Constitución que Ugalde acepta. Para ese día el registro electoral computaba un total de 10.940.596 electores. De éstos, sólo 3.301.475 electores (30,2%) votaron afirmativamente. Descartemos los votos nulos (219.476), suponiendo que ni Ugalde ni Mejía Betancourt querrán aducir que se les debe computar como rechazos. Quedan, pues, para constituir la suma que propugna Ugalde, y que interpreta como rechazo expreso, los votos negativos (1.298.105) y las abstenciones (6.121.540); nada menos que 7.419.645 electores, para un total de 67,8%, o un 7,8% por encima de lo que Ugalde consideraría “un triunfo”.
Si fuera válida su teoría de que la suma de las abstenciones y los votos negativos debe ser tenida por explícito rechazo, ¿por qué no escribe Ugalde denunciando la Constitución de 1999 como írrita, dado que el 15 de diciembre de ese año se cumplieron casi exactamente las metas cuantitativas que ahora propone?
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El régimen político ucraniano que siguió a una nueva constitución, aprobada en 1996, era criticado por sus opositores, que lo acusaban de corrupción y de concentrar excesivo poder, así como de fraude electoral e impedimento a la libre expresión, para no referir las prebendas económicas concedidas a sus seguidores, que incluyeron transferencias de propiedades públicas a sus manos. En noviembre de 2004 el Primer Ministro de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue declarado triunfador en las elecciones de ese país. Muchos observadores estuvieron de acuerdo en que las votaciones habían sido amañadas. El 22 de ese mes se reunió una gran multitud en la Plaza Independencia de Kiev en apoyo al candidato opositor, Viktor Yushchenko, quien procedió a conducir la exitosa rebelión pacífica que el mundo conocería como Revolución Naranja. El gobierno se vio forzado a repetir las elecciones y a salir de éstas en derrota.
Por supuesto, para que este resultado pudiera darse eran necesarias dos condiciones: la primera era la de constituir una mayoría real; la segunda era la asistencia a las urnas. En Ucrania no cogió cuerpo la necia prédica abstencionista, ni hubo quien elaborase bizantinos y falsos argumentos que sostuvieran que abstenerse era lo mismo que votar en contra.
El “día después” del referéndum que decidirá el destino del proyecto chavista de reforma constitucional pudiera ser ucraniano—no digo naranja para que no se diga que milito en el MAS—, siempre y cuando el “día antes” seamos realmente mayoría, el “día mismo” acudamos en masa a rechazarlo con las máquinas de votación y el gobierno se atreva—cosa que no ha hecho hasta ahora, seguramente porque no lo ha necesitado—a desconocer el verdadero rechazo del voto negativo. Todo lo demás es cuento. (Glosa de pupitre, en la Carta Semanal #261 de doctorpolítico).
Después del sorprendente resultado del 2 de diciembre—sirvió a Miguel Henrique Otero para juntar una decena de nombres y hablar de su «Movimiento 2D», de vida más perdurable que la del «Movimiento 4D» en razón de su mayor sensatez—, la oposición logró pasar de dos gobernaciones—Nueva Esparta y Zulia—a cinco más la Alcaldía Metropolitana en las elecciones del 23 de noviembre de 2008. Una vez más, ¿cómo se explica que un CNE tramposo haya permitido este resultado? Y, más recientemente, el 26 de septiembre de 2010 se produjo una votación en la que más de la mitad de los votos dejó de ir a las candidaturas del PSUV. Chávez resolló por la herida:
Pone la nota de Noticias 24: “Chávez criticó a voceros opositores que se han adjudicado la victoria en las parlamentarias de ayer. ‘Ésa es su naturaleza, (están) mintiendo, manipulando’, dijo”. Más adelante reporta: “Dijo entonces que la oposición logró 5.320.175 votos ayer, estableciendo una diferencia de más de 100 mil votos con respecto a las alianzas del oficialismo, que lograron 5.422.040 votos, aun cuando esto no era una elección nacional… ‘Ellos están sumando para sí más de 500 mil votos que corresponden a un conjunto de otros partidos que no son de la Mesa de la Ultraderecha’, aseguró Chávez”.
Votación del 26 de septiembre de 2010
¿Cómo permitió el tramposo CNE estas cifras? ¿Cómo entiende Esdata tan inexplicable resultado?
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Naturalmente, el PSUV controla la Asamblea Nacional habiendo obtenido, junto con el PCV, 98 diputados ante 65 de la MUD y 2 de PPT. Esta configuración era más que previsible desde la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que permitió diseñar ventajistamente los distritos de votación para favorecer al gobierno. Nothing new. En inglés estadounidense existe, desde comienzos del siglo XIX, el verbo gerrymander para referirse a esa clase de manipulaciones. La gente de Lyndon B. Johnson, cuando era gobernador de Texas, era experta en cosas como ésas.
Aquí sí llegamos a un punto de gran importancia y enteramente veraz: el gobierno es decidida y groseramente ventajista; Luis Alfaro Ucero es un niño de pecho ante un oficialismo que nunca ha arrimado ni arrimará una al mingo de la oposición. Un esfuerzo electoral que quiera oponerse al oficialista, naturalmente, debe estar preparado para defender sus logros con los dientes.
¿Es esto algo que deba sorprendernos? En absoluto; el carácter del reo es perfectamente conocido desde el 4 de febrero de 1992. No nos sirve de nada que se nos diga hoy que Chávez es maluco; la teoría de la información la define como algo que cambia el estado mental de quien la recibe, y sabemos cómo es Chávez desde hace casi ya veinte años. Todos sabemos que enfrentamos a un matón perdonavidas, abusivo y fanfarrón. Vicente Díaz, el único rector electoral que no es del oficialismo, no ha sostenido nunca que el gobierno haya trampeado las cifras de ninguna votación; más de una vez, en cambio, ha señalado infructuosamente el abuso de la propaganda oficial. ¿Quién piensa que jugamos contra Teresa de Calcuta?
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Pero hay gente que ha desestimado a la MUD porque tiene un «decidido plan de sólo seguir una ruta electoral». ¿Qué significa esto? ¿Tendrá esa gente otro distinto con posibilidades prácticas reales?
Ya en 1998 decía cierto abogado tremendista que la solución al problema era «pegarle un tiro a Chávez». ¿Por qué él no lo ha hecho desde entonces? ¿Por qué no ha organizado un golpe de Estado? ¿Por qué no busca garantizar que Obama envíe helicópteros que retiren quirúrgicamente a Chávez, como se hizo en Panamá con Manuel Antonio Noriega? (Marta Colomina sugirió hace unos días por Twitter que Chávez se mirara en el espejo de Noriega). En marzo de 2006, María Corina Machado proponía el récipe de crear «una crisis de gobernabilidad» que acabara con el régimen. (Ella predicaba entonces que el candidato presidencial debía ser determinado por elecciones primarias, para que su candidatura fuera oportunamente retirada con 45% y no con 15% de apoyo). ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se garantiza el control del caos? Hay indignados héroes de pacotilla que se la pasan emitiendo proclamas moralizantes y exhortaciones arrogantes que echan en falta la hombría de los venezolanos, en particular la de sus militares, porque no tendrían el «valor de los militares hondureños». Uno de ellos—Gustavo Coronel—escribe desde la tierra norteamericana, donde vive hace un buen número de años, para acusar a los venezolanos de «falta de coraje moral». ¿Por qué no se viene a conducir el movimiento insurreccional que, según él, haría falta? La MUD sabe que ni siquiera tiene ya la capacidad de convocatoria para una marcha de protesta o un cacerolazo, y que este expediente, eficaz en Ucrania y en Egipto, ya no levanta la fe de una ciudadanía opositora que se hartó de marchar sin resultados. La cepa infecciosa ha mutado; ese antibiótico ya no causa efecto.
Si lo que ha logrado producir la MUD—lo mejor que buenamente podía—es insuficiente, lo que hay que hacer se cae de maduro: es preciso levantar y aupar una contrafigura de Chávez que sea capaz de refutarlo en su discurso. Sólo un líder así podría convocar una Revolución Naranja, en caso de que hiciera falta.
Pero es esencial que pongamos cabeza fría a la producción estratégica. Fría no significa aquí timidez; si de algo hemos tenido necesidad es de atrevimiento estratégico, imaginación y osadía para salir de las cajas perceptuales. LEA
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*Sobre la presunta aplicabilidad de la Ley de Benford a la detección de fraude en eventos electorales. (Benford’s Law has been invoked as evidence of fraud in the 2009 Iranian elections, and also used to analyze other election results. However, other experts consider Benford’s Law essentially useless as a statistical indicator of election fraud in general. Wikipedia). Acá puede descargarse un trabajo que asienta la impertinencia de esa clase de pretensiones:
https://web.archive.org/web/20140517120934/http://vote.caltech.edu/sites/default/files/benford_pdf_4b97cc5b5b.pdf.
Sus autores (Joseph Deckert, Mikhail Myagkov y Peter C. Ordeshook) asientan en el sumario: “With increasing frequency websites appear to argue that the application of Benford’s Law – a prediction as to the observed frequency of numbers in the first and second digits of official election returns — establishes fraud in this or that election. However, looking at data from Ohio, Massachusetts and Ukraine, as well as data artificially generated by a series of simulations, we argue here that Benford’s Law is essentially useless as a forensic indicator of fraud. Deviations from either the first or second digit version of that law can arise regardless of whether an election is free and fair. In fact, fraud can move data in the direction of satisfying that law and thereby occasion wholly erroneous conclusions.”
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