el blog de luis enrique alcalá de sucre

Las efemérides son fechas, sin duda, usualmente útiles a las sociedades, pero son en sí mismas arbitrarias. Nada hay de mágico, pues, en los segundos días de diciembre, los cuartos, quintos, décimo cuartos o vigésimo sextos de julio, como tampoco en los décimo nonos de cualquier abril, como es el día de hoy.

Naturalmente, la recordación de hechos aleccionadores puede convenir a las psiquis de las naciones, cuando ellos son hechos positivos. El problema, sin embargo, es que esa positividad resulta de estimaciones totalmente subjetivas. Lo que para unos es motivo de júbilo para otros es una mala noticia. Por ejemplo, la Historia de España Alfaguara, que dirigiera Miguel Artola Gallego y que hasta donde supe iba por siete tomos—más de tres mil páginas en total—no dedica más de una decena de páginas a la emancipación de las colonias españolas de América. Digamos que ese portentoso proceso ocupa en la monumental obra algo menos de 0,4 por ciento del espacio. Algunos historiadores españoles prefieren que no se les recuerde el asunto.

Para nosotros, sin embargo, el tema es timbre de orgullo, y la fecha del 19 de abril de enorme importancia, pues marca el inicio de nuestra emancipación de la que hemos llamado, al menos hasta ahora, la Madre Patria. Pero aun en esa fecha de 1810, quienes exigieron la renuncia de don Vicente Emparan, Capitán General de la Provincia de Venezuela, se tenían por españoles. El Acta del Ayuntamiento de Caracas del 19 de abril de 1810 justificaba las cosas resaltando que los venezolanos de la época habían “ …sido declarados, no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interina y a la reforma de la constitución nacional…”

Ciertas personas, a pesar de eso, y quizás porque sólo pueden exhibir un magro conocimiento de la historia, insisten en negar nuestro genotipo español, aun cuando se llamen Hugo o Rafael, nombres ciertamente hispánicos, no salivas o maquiritares, o se apelliden Chávez o Frías, nombres de familia que no son ni guajiros ni piaroas.

Algunas personas, pues, andan muy confundidas por la vida.

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Así pareciera estarlo el ciudadano que responde al nombre de Hugo Rafael Chávez Frías, que no termina de decidir si está a favor del biocombustible llamado etanol—que denunciara después de encargar a Cuba nueve plantas para producirlo y volviera a absolver al ponerse duro el gobierno de Luis Inazio Lula Da Silva—, si es amigo o enemigo de Alan García o si puede o no entenderse con las instituciones públicas de Chile, en particular con su senado.

Claro que la base del reclamo de la presidenta Bachelet, a raíz de que el presidente Chávez sugiriese que una oligarquía fascista controlaba la cámara alta chilena—porque ésta condenara la negativa a renovar la concesión de Radio Caracas Televisión—no es demasiado sólida. La presidenta de la nación que Andrés Bello escogiera como patria y ayudara decisivamente a fundar, argumentó que debía respetarse la soberanía del Senado de su país. Chávez pudiera fácilmente ripostar que el senado chileno empezó la cosa, opinando sobre caso que es de indudable ámbito venezolano, entrometiéndose en negocio de nuestra soberanía.

Pero no, Chávez no hizo eso. En cambio, reclutó la indígena figura de Evo Morales para aducir que se le rechazaba al presidente boliviano y a él porque no eran blancos criollos. Más específicamente, opinó que las oligarquías vendepatria y proyanqui no le querían a él como gobernante por su condición racial de pardo. Algunos puristas han adelantado que también aquí es presa de una confusión, pues su fenotipo indicaría un origen racial menos mezclado que el de los pardos: Chávez, según estos antropólogos de salón, sería zambo.

Por supuesto que esta discusión es totalmente impertinente. Chávez es, créase o no, un ser humano provisto de plenos derechos a mera cuenta de sus cuarenta y seis cromosomas, y ninguna de sus características fenotípicas le inhabilita para el cargo que detenta, aunque otras, de corte psicológico o causa ideológica, sí le niegan idoneidad. No hay constitución venezolana, ni la de 1999 ni aquélla que declaró moribunda, que especifique que indios, negros, mulatos, mestizos, zambos o pardos tengan prohibido el ejercicio de ningún cargo público. Allí están para atestiguar esto el pelo algo chicharrón de Betancourt o el de Joaquín Crespo, el rostro presuntamente aindiado de Caldera, la tez oscurecida del segundo Castro y la más oscurecida todavía de Prieto Figueroa, que presidiera nuestro extinto Congreso y fuese candidato a la Presidencia de la República. El más reciente argumento de Chávez sobre el tema de la concesión de televisión abierta a RCTV, por tanto, no tiene otro origen que sus propios complejos y resentimientos. Es evidente que ha debido sentir, desde muy niño, la discriminación racial en su contra, y que en vez de dominar esos recuerdos con el constructivo, orgulloso y benévolo aplomo de, por ejemplo, Nelson Mandela, todavía hace política a partir de sus amarguras biográficas.

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Con lo anterior no pretendo negar que no se encuentre en un buen número de venezolanos una actitud discriminatoria de raíz racial. Encontrándonos en onda de efemérides, el suscrito se permitirá una privada, reproduciendo acá algunos trozos de material ya expuesto en esta carta; concretamente, en el número 196 del 27 de julio del año pasado. La argumentación iba así:

A fines del muy accidentado año de 2002, un cierto líder político exponía algunas consideraciones ante un nutrido grupo de oyentes. A la hora de las intervenciones del público, una persona afirmó que el grupo político del expositor no era inclusivo, que sólo captaba adeptos «de la clase media hacia arriba». El aludido negó que tal cosa fuera cierta, y adujo a su favor recientes actos de incorporación de militantes que provenían del partido favorito de los pobladores pobres. Entonces intervino una dama «de sociedad» para contradecirlo: «¡Pero chico! Yo estuve ayer en el acto que ustedes hicieron en La Guaira ¡y allí lo que había era un negrero!»

Que la señora en cuestión haya dicho tal cosa, de modo tan fresco, supone que se sintiera en un grupo que compartiría su aversión racial, naturalmente; rodeada de personas para quienes ese despectivo tratamiento fuese familiar, aceptable y útil. No ha muerto el mantuanismo en Venezuela. En son de guasa, pero sintomáticamente expresivo, un cierto personaje de la sociedad caraqueña había redactado un proyecto de ley de artículo único: «Restitúyase a sus legítimos dueños la propiedad de los negros». Repetía el chiste de mal gusto para alegría e hilaridad de muchos. Otro prohombre venezolano, ex director de empresa petrolera y promotor de institutos de educación de alto nivel, se complacía en señalar en públicas reuniones políticas: «Mi voto vale más que el de quinientos negros de Barlovento». Decir que no hay discriminación racial en Venezuela es faltar a la verdad; lo saben las personas que la sienten.

Como la mayoría del país no tiene piel blanca, mucho del menosprecio que alguna gente acomodada manifiesta hacia el país tiene su origen en la discriminación racial. Es verdad que no llegamos a establecer un Ku Klux Klan o a sentar a las personas de piel oscura en el rincón de un autobús; es decir, en términos relativos discriminamos de modo menos violento e inhumano que otras naciones, pero hay desprecio social basado en la raza en Venezuela. Tal cosa se cobra políticamente en estos tiempos.

Pero no se limitan a la pigmentación cutánea las acusaciones en contra de nuestra nación. La geografía sería cómplice del pecado original de la raza. Así se expone: «…una naturaleza sobreprotectora, que nos ha dotado a la vez de un clima benigno y de riquezas naturales, que no exigen otro sacrificio que la extracción, ha ido estimulando en nosotros… la certidumbre de que nos basta extender la mano para que el pan llueva sobre ella, y por esa vía, ha fomentado en nosotros la irresponsabilidad, la pereza y la sensación de que siempre algún milagro nos rescatará de la miseria, sin necesidad de que ofrezcamos nuestro esfuerzo a cambio».

La teoría del mal «material humano» venezolano, favorecida por algunas cúpulas políticas, sociales y económicas en Venezuela como explicación del nivel de desarrollo nacional, es que la combinación del mestizaje de grupos «inferiores»—indios, españoles dañados, negros—la geografía paradisíaca de los trópicos, y la insólita riqueza natural del país conspiran para que no seamos una sociedad moderna y avanzada, en la que sólo una élite más o menos pura e ilustrada escapa a la deyección y el abismo. No estamos mejor porque con «este piazo’e pueblo» no se podría hacer otra cosa.

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Tres notas al final del artículo (“Este piazo’e pueblo”) complementaban lo expuesto. La primera se refería al actual cobro político de la discriminación, y decía: “Unos veinte años antes de la asunción de Hugo Chávez al poder, José Manuel Briceño Guerrero escribía proféticamente El discurso salvaje, que incluyó después en El laberinto de los tres minotauros. (Monte Ávila, 1997). Comentaría luego Francisco Toro Ugueto: ‘…explica no sólo por qué existe el chavismo, sino también por qué tiene éxito. La atracción política de Chávez está basada en el lazo emocional que su retórica crea con una audiencia que resiente profundamente su marginalización histórica. Funciona al hacerse eco de la profunda resaca de furia de los excluidos, una furia que Briceño Guerrero explica poderosamente. La retórica de Chávez está basada en una comprensión intuitiva profunda del discurso no occidental/antirracional en nuestra cultura, un discurso que ha sido alternadamente atacado, descontado y negado por generaciones de gobernantes de mentalidad europea. Chávez valida el discurso salvaje, lo refleja y lo afirma. Lo encarna. En último término, transmite a su audiencia un profundo sentido de que el discurso salvaje puede y debe ser algo que nunca ha sido antes: un discurso de poder’.”

La última de las notas apuntaba que la tesis del mal material humano originario de Venezuela había sido adelantada por Francisco Herrera Luque en su libro La huella perenne.

La nota del medio, la segunda, se limitaba a identificar al autor de las palabras citadas sobre la “la irresponsabilidad, la pereza y la sensación de que siempre algún milagro nos rescatará de la miseria, sin necesidad de que ofrezcamos nuestro esfuerzo a cambio»: Marcel Granier, en La generación de relevo vs. el Estado omnipotente.

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Al quejarse Chávez amargamente de que el rechazo de que es objeto se debe a su pretendida condición de pardo, en el contexto de un debate continental-bilateral sobre su muy cacareada negativa a renovar la concesión de frecuencia abierta a Radio Caracas Televisión, ha desnudado inadvertidamente su alma atormentada y rencorosa. Ha hecho a Marcel Granier, a quien amenazara ya, poco veladamente, antes de que siquiera un mes hubiera transcurrido de su primera asunción al poder en 1999, el objeto focal de su reconcomio de resentido social. Lo ha hecho el objeto de su odio.

No tiene Chávez ningún argumento consistente para negar a RCTV la renovación de su licencia. Todos los que ha empleado, y que han repetido como loros sus más obsequiosos funcionarios, no tienen sostén válido, ni jurídico ni político, y no pueden disimular la verdadera motivación: la antipatía de un resentido, que proyecta sobre una persona específica todo el dolor, toda la vergüenza y toda la rabia que atesoró por largo tiempo.

Un verdadero estadista, por supuesto, tendría vedado el odio personal. Un político realmente benéfico se eleva sobre sus propios dolores, y no emplea su poder para conseguir la reivindicación de facturas privadas. Ningún magistrado tiene autorización para hacer políticas con su amargura.

LEA

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En “Para leer mientras sube el ascensor”, colección de textos humorísticos del español Enrique Jardiel Poncela, se encuentra una narración muy preocupante. Dos amigos discuten. Uno de ellos ha propuesto la siguiente descripción: “El hombre lleva siempre a la fiera atroz en su interior”. El otro se opone a tan cínica tesis.

La discusión lleva a una apuesta. Quien sostiene la tesis asegura que logrará hacer surgir tal bestia de dos tranquilos viejecitos, que conversaban sentados en un banco de un parque protegidos por una verja de hierro. Allí va a molestarles, llamando su atención con un bastón y constantes gritos: “¡Eh, fieras!”

Al principio, los ancianos respondían con gran paciencia y dulzura, siempre con calma, y argumentaban que puesto que sólo eran dos ancianos inofensivos se les permitiese conversar en paz. Al final, luego de un larguísimo período de hostigamiento, los ancianos rugían, echaban espuma por la boca, mordían los barrotes de la verja y amenazaban con la peor de las muertes a su torturador. Asunto demostrado.

El cuento viene al caso porque sobre el 11 de abril de 2002 hay más de una interpretación y, más fundamentalmente, porque varios procesos coexistieron en paralelo ese día. Esto es, no hay una explicación lineal, unidimensional, del 11 de abril. Pero aun si lo que hubiera ocurrido fuese tan sólo lo que el gobierno de Chávez pretende vender como única verdad, que el 11 de abril solamente ocurrió un golpe de Estado en Venezuela, esa ocurrencia sería resultado de las pasiones que Hugo Chávez procuró muy bien excitar por todos los medios a su alcance. Hugo Chávez estuvo buscando la fiera atroz que anidaría, Jardiel Poncela dixit, en el alma de cada venezolano, desde el instante mismo que tomó posesión del gobierno y aun mucho antes. Por bastante menos de lo que hasta entonces había hecho Chávez, muchos presidentes recibieron, en Venezuela y el mundo, un golpe de Estado.

A su asunción de la Presidencia de la República de Venezuela, Chávez contó con un amplificador de gran potencia para su particular interpretación de lo político. En el acto mismo de prestar juramento ya evidenció mezquindad e inclemencia al referirse al libro sobre el que juraba como constitución moribunda. Dos días más tarde, al cumplirse siete años de su rebelión de febrero de 1992, exaltaba esa intentona violenta y atemorizaba a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Como se ha contado acá varias veces, poco después, en su primera alocución desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, y ante un auditorio lleno de personalidades, ofrecía a un conocido empresario de televisión venderle un carro blindado del que el gobierno se desprendería dentro de un programa de austeridad fiscal, propósito que, como sabemos, duró muy poco. La directa implicación era que el empresario aludido podría necesitar el vehículo para la protección de su vida.

El amedrentamiento ha sido arma favorita de Chávez durante todo su período, y desde su mismo inicio. Más de una de esas reuniones televisadas desde el Salón Ayacucho parecía atenerse a un estilo de gobernar en corte, como si se tratara del más absoluto de los monarcas franceses tomando decisiones sobre la marcha y delante de todo el mundo, sin discreción alguna, muchas veces para vergüenza de los involucrados.

Pero al estilo versallesco de decidir enfrente mismo de los cortesanos, Chávez ha añadido el poder intimidante de una cámara de televisión, clavada sobre el semblante de la persona a quien pudiera ocurrírsele aludir directamente. Por ejemplo, con motivo de la primera reestructuración de la plana mayor de PDVSA, Chávez se dirigía al país desde el centro del estrado, mientras a su lado derecho observaba, entre otros, el recién nombrado presidente de la compañía, Roberto Mandini. Éste último no estaba conforme con el candidato que Chávez quería imponer en PDVSA Gas, Domingo Marsicobetre. Chávez forzó una transmisión televisada al país para informar acerca de la reestructuración de autoridades en PDVSA y, ante las cámaras de televisión, dijo que todavía no había acuerdo respecto de quien dirigiría PDVSA Gas. “Hemos hablado de un nombre… ¿No es así, Mandini? ¿Marsicobetre, no?” El acosado Mandini, sabiéndose enfocado por la cámara, y sin atreverse a contradecir al Presidente de la República ante los ojos de la Nación, capituló allí mismo.

Hugo Chávez gobierna con el descaro de quien considera importante exhibir el poder que tiene. En sus comunicaciones siempre hay un reto a alguien, muchas veces de un modo muy directo. En su lenguaje, una propensión a la procacidad, un desprecio por las formas y el protocolo. Una significativa porción del rechazo que Chávez provoca tiene que ver con este lado formal de sus expresiones, con su gesticulación, su imprudencia, su informalidad, con, en suma, su mala educación.

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Pero, por supuesto, para abril de 2002 no era una añoranza de la urbanidad perdida en la Presidencia de la República lo que más preocupaba a la inmensa proporción de venezolanos que ya consideraban a Chávez completamente inconveniente. Eso habría sido sólo criticar al lobo, no porque se comiera al cordero, sino porque no lo hacía con cubiertos. Para la época del “carmonazo” un abultado prontuario de desaguisados del gobierno, más la exacerbación intencional de la psiquis nacional, había llevado el rechazo a niveles de paroxismo. Ya Chávez había exhibido suficientemente, más allá de la conducta y empaque de baladrón, su preferencia por relacionarse con dictadores o terroristas y su inequívoca tendencia autoritaria. La primera versión del decreto para el referéndum que daría origen a la Constituyente de 1999 es emblemática en materia de tentaciones totalitarias. La redacción estipulaba que los venezolanos depositaríamos en las manos de Chávez un cheque en blanco para que él determinase a su antojo todo lo concerniente al referéndum. Era tan evidente la construcción autoritaria que la Corte Suprema de Justicia pudo forzar la reformulación del decreto, gracias a recurso introducido por Gerardo Blyde, que con este hecho llegó por vez primera a la conciencia nacional.

Salvo ese momento estelar de la oposición, el resto de su actuación fue ineficaz. Para las elecciones de 2000, aparentemente necesarias como relegitimación dentro de un nuevo marco constitucional, la oposición fue incapaz de oponer a Chávez nadie mejor que Francisco Arias Cárdenas, otro golpista de 1992, con la esperanza de que en política, como en carpintería, nada sería más eficaz que una cuña del mismo palo, a pesar de que de ese modo se absolvía la culpa de la criminal insurrección del 4 de febrero.

Después de esas elecciones, en las que Chávez ganó con la mayor facilidad ante el gris y poco carismático Arias Cárdenas, la oposición cayó en el estupor una vez más. Sólo quedaba esperar que Chávez cavara su propia fosa. Entretanto, las esperanzas se cifraban en cualquiera que emergiese como opositor, así fuera alguien que hubiera tenido responsabilidad destacada en la llegada de Chávez al poder o en el inicio de su gobierno. (Alfredo Peña, Luis Miquilena, Alejandro Armas, Guaicaipuro Lameda, etcétera). Miquilena se convirtió en líder respetado por la oposición a su salida del gobierno a comienzos de 2002, a pesar de que no hacía mucho que hubiera preguntado con sorna: “¿La sociedad civil? ¿Con qué se come eso?”

Fue justamente esa incomible “sociedad civil” la que produciría las condiciones que llevaron al efímero derrocamiento de Chávez el 11 de abril de 2002. La sociedad civil o, más propiamente, las más activas entre las organizaciones no gubernamentales que no formaban parte del diseño chavista, habían marcado algunos logros tempranos en el largo proceso de oposición al gobierno de la “Quinta República”. Por ejemplo, Elías Santana y Liliana Ortega, las cabezas visibles de Queremos Elegir y COFAVIC (Comité de Familiares de las Víctimas del 27 y 28 de febrero), tuvieron éxito en producir la suspensión momentánea de las elecciones pautadas para el 28 de julio de 2000.

Al calor de estos hechos, y ante la obvia ineficacia de la convencional acción partidista, estos líderes y otros más comenzaron a arreciar su oposición y a establecer algunas instancias de coordinación. Para estos fines contaron con el apoyo de los principales medios de comunicación, constantemente vapuleados por Chávez. Igualmente se les sumaba la Iglesia Católica, cuya jerarquía había sido también objeto de ataque público por parte del Presidente. No menos importantes, Fedecámaras y la CTV se ubicaban en franca oposición al gobierno. Esta última había protagonizado, antes del paro empresarial de diciembre de 2001 (en protesta por los frutos de la primera ley habilitante), la primera derrota evidente del chavismo, cuando la plancha oficialista que encabezaba Aristóbulo Istúriz recibiera una verdadera paliza en las elecciones de la central de sindicatos.

Cada uno de estos sectores, el empresarial, el sindical, el comunicacional, el eclesiástico, el cívico, tenía algo que reclamar de modo directo, vilipendiados como habían sido por la verborrea agresiva e incesante de Hugo Chávez. Los ancianos del parque estaban fuera de sí.

No podía faltar en el concierto opositor un sitio privilegiado para el estamento militar. El malestar en el seno de las fuerzas armadas—Fuerza Armada en el prurito nominalista del chavismo—había ido in crescendo desde que el gobierno les hubiera colocado en funciones ajenas a la suya propia con el Plan Bolívar 2000. Pero también hacía mella profunda la dudosa relación del gobierno con los movimientos guerrilleros colombianos, la presencia de asesores cubanos de seguridad, la figura de José Vicente Rangel como Ministro de Defensa, la distorsión de la meritocracia castrense en aras de un control “revolucionario” de los puestos de comando y el soborno y corrupción de la oficialidad. Los militares venezolanos comenzaron a escuchar, insistentemente, peticiones cada vez más apremiantes de que interviniesen para asegurar la caída de Chávez.

Los militares resistieron el embate por un buen tiempo. En general, argumentaban que el problema era esencialmente civil, que el voto civil había colocado a Chávez en la Presidencia de la República y que era la sociedad civil la que debía producir un inequívoco rechazo, el que a fines de 2001, a pesar de que las encuestas revelaban por primera vez una mayoría del país en oposición a Chávez, no era aún absolutamente convincente. Llegado el caso de una manifestación muy explícita, los militares podrían considerar la intervención. Con no poca razón, la oficialidad asediada aducía que no era su función enderezar un entuerto que era propiedad de los civiles.

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No fue sino hasta el mes de enero de 2002 que pudo cuajar la convicción de que Chávez era derrotable, de que su salida era posible aun antes de que venciera su período presidencial. La gran marcha del 23 de enero de 2002 así lo demostró.

Chávez hizo todo lo posible por minimizar la significación de la marcha, que hasta el 11 de abril fue la mayor manifestación pública escenificada en Venezuela. Desde prohibir el sobrevuelo de helicópteros en intento de impedir que los medios de comunicación pudieran mostrar su verdadera magnitud, hasta su mentira directa y patética al comparar el tamaño de la concentración opositora con el de la de sus partidarios. Previamente había buscado negar la importancia de la efeméride, preguntando qué era lo que había que celebrar en esa fecha. El país no cayó en el engaño, sin embargo, y todo el mundo supo que Chávez, por primera vez, había “perdido la calle”.

Casi un mes después, cuando quiso conmemorar, primero el 4 y luego el 27 de febrero—robándole la idea a Salas Roemer—las cámaras de televisión mostraban a un Chávez acompañado de una rala asistencia que no llegaba a quinientas personas. Chávez, el otrora invencible guerrero de boca suelta y actitud desafiante, empezaba a dar lástima. Los perros de presa de la oposición ya estaban oliendo sangre y el país daba por caído el régimen de Chávez. Sólo faltaba saber cuál sería la forma del desenlace definitivo. El anuncio de un “pacto de gobernabilidad” entre Fedecámaras, la CTV y, de alguna manera, la Iglesia, era muestra de que todo temor había desaparecido.

Chávez procuró a última hora recuperar la eficacia de su táctica de amedrentamiento. Lina Ron tuvo éxito, con agresiones físicas que causaron heridos entre estudiantes y periodistas, en desorganizar una marcha de protesta que pretendía salir de la Universidad Central de Venezuela. Cuando la OEA envió a su Relatoría de la Comisión de Derechos Humanos a investigar las agresiones a medios y periodistas, un peculiar personaje atacó a un camarógrafo de televisión, para aparecer minutos después, atravesando por detrás de la figura de Diosdado Cabello, Vicepresidente de la República, en un acto transmitido desde el propio Palacio de Miraflores. Pero estos abusos sólo sirvieron para acrecentar el creciente tsunami de oposición.

Como sabemos, el hilo conductor del cívico asalto final fue montado a raíz del intento de someter a PDVSA a los designios de una junta directiva que violentaba los tradicionales principios meritocráticos de la industria. Los empleados de PDVSA cerraron filas en protesta, y el domingo 7 de abril, de la manera más insolente, Hugo Chávez despedía públicamente, ante una corte radiofónica, a los más notorios gerentes de la empresa. La CTV convocó a paro general.

El 11 de abril de 2002 se reunió la más grande concentración humana que se haya visto en Venezuela en torno a las oficinas de PDVSA en Chuao. Un descomunal río de gente desbordaba la arteria vial de la autopista Francisco Fajardo. Personas de todas las edades se daban cita para protestar el atropello de la industria petrolera y exigir, a voz en cuello, como ya se había gritado el 23 de enero, la salida de Hugo Chávez de Miraflores. Confiado en su innegable y colosal fuerza, y estimulado por la consigna de los oradores de Chuao, que veían desbordadas sus más optimistas expectativas, el inconmensurable río comenzó a desaguarse en dirección a ese palacio de gobierno. Por aclamación de unanimidad asombrosa, la mayoría aplastante del pueblo caraqueño, para sorpresa y terror de Chávez y sus secuaces, pedía que los militares se pronunciaran y sacaran al autócrata de la silla presidencial.

Luego los muertos. Asesinados a mansalva, con ventaja, con alevosía. La sociedad civil puso los muertos necesarios a una conspiración que, sordamente, se había solapado tras la pureza cívica de un movimiento inocente. Días antes del sangriento día, un corpulento abogado transmitía las seguridades que enviaba una “junta de emergencia nacional” a una reunión de caraqueños que habían descubierto su vocación por lo político en la lucha contra Chávez. Enardecido, con una bandera norteamericana prendida en la solapa, admitía que conspiraba junto a otros, que una junta de nueve miembros—cinco civiles y cuatro militares—asumiría el poder en cuestión de días. Un conocido editor de periódicos advertía que los “factores de poder” en Venezuela depondrían a Chávez y luego darían un “maquillaje constitucional” a un golpe de Estado. Pedro Carmona Estanga emergería como el líder de un golpe cuya víctima, antes que Hugo Chávez, depuesto por la presión de un pueblo, era este mismo pueblo, manipulado y utilizado por la sofisticación artera de operadores políticos que habían decidido la acción anticipadamente.

Viajaron a los Estados Unidos para consultas, coordinaron calendarios, calibraron la temperatura creciente de la protesta popular y estuvieron listos para el golpe de mano. Nada de esto sabían los que marcharon el 11 de abril. Nada sabrían hasta que la verdadera cara de los golpistas emergiera al día siguiente, 12 de abril de 2002, cuando Pedro Carmona Estanga traicionara sin escrúpulo la confianza de la sociedad venezolana, que había visto en él a uno de sus líderes.

Al presidir un acto arbitrario como el de su autoproclamación y el del monstruoso decreto “constituyente” del 12 de abril, echó por tierra el enorme esfuerzo, regado con sangre, de la sociedad civil que había logrado el milagro político de deponer al autócrata de Sabaneta.

Al aceptar ser sucesor de Chávez, con la ceguera de pretender sustituir negro por blanco, al furibundo denunciador de oligarquías por uno de los más destilados representantes de éstas, hizo inviable la transición que necesitábamos y que nos había costado tres años de desasosiego y un año de despertar.

Al hacer eso, Pedro Carmona Estanga dejó mal herido al hermoso movimiento venezolano de 2002, que había adquirido fuerza invencible y que, por su culpa y la de los demás conspiradores que manipularon su inocencia, quedaba teñido de sospecha.

La sociedad civil venezolana no tiene nada que agradecer a Pedro Carmona Estanga. Por lo contrario, tiene mucho que reclamarle y cobrarle, por olvidar que la solución al autoritarismo no es uno de signo contrario, que esa solución no es otra cosa que la democracia.

LEA