Ingeniería de la participación

 

Los caminos existen para ser recorridos

 

A Jean Pasquali

 

Hemos creado un sistema representativo hace doscientos años, cuando ésa era la manera práctica de organizar una democracia. La participación ciudadana directa simplemente no era factible… Pero sobrevino la revolución en las comunicaciones y con ella un electorado extremadamente bien educado. Hoy en día, con una información compartida instantáneamente, sabemos tanto acerca de lo que está pasando como nuestros representantes y lo sabemos tan rápidamente como ellos. (…) La democracia participativa está revolucionando la política local en América y borbotea hacia arriba para cambiar también la dirección del gobierno nacional. Los años 70 marcaron el comienzo de la era participativa en política, con un crecimiento sin precedentes en el empleo de iniciativas y referenda… Políticamente, estamos en un proceso de desplazamiento masivo de una democracia representativa a una democracia participativa… El hecho es que hemos superado la utilidad histórica de la democracia representativa y todos sentimos intuitivamente que es obsoleta… Esta muerte de la democracia representativa también significa el fin del sistema de partidos tradicionales.

John Naisbitt – Megatendencias (1982)

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Primeramente, algo de historia: están próximos a cumplirse veinte años de la promulgación, por referendo popular, de la Constitución venezolana—15 de diciembre de 1999—que consagra una democracia participativa tras la precursora reforma, el año anterior, de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que introdujo la figura del referendo consultivo en un nuevo Título VI (De los referendos):

Artículo 181 El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, el Congreso de la República por acuerdo adoptado en sesión conjunta de las Cámaras, convocada con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la fecha de su realización, por el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros presentes; o un número no menor del diez por ciento (10%) de aquellos electores inscritos en el Registro Electoral, tendrán la iniciativa para convocar la celebración de un referendo, con el objeto de consultar a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional.

Hasta entonces, sólo se había previsto constitucionalmente el referendo requerido para aprobar una “reforma general” de la Constitución de 1961 (Artículo 246, Numeral 4: “El proyecto aprobado se someterá a referéndum en la oportunidad que fijen las Cámaras en sesión conjunta, para que el pueblo se pronuncie en favor o en contra de la reforma”). A pesar de eso, el segundo gobierno de Rafael Caldera amenazó con la convocatoria de un referendo—ver Ahora tiene que consultar, 8 de agosto de 1994—que aprobara un segundo decreto de suspensión de garantías en su primer año, ante la negativa a apoyarlo de su antiguo partido, COPEI. (El apoyo que prestara Acción Democrática lo hizo prescindible).

El dictador plebiscitario

En la práctica, existía un precedente: el 15 de diciembre de 1957 se efectuó un plebiscito convocado por el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, la primera consulta popular de nuestra historia. “En noviembre de 1957 el general Marcos Pérez Jiménez le comunicó al Congreso de la República su intención de no convocar elecciones generales y en su lugar celebrar un referéndum para definir si continuaba al frente del gobierno 5 años más”. (Wikipedia en Español). Esa decisión agravó la opinión nacional en su contra y aceleró su deposición 39 días más tarde, al ser ampliamente tenidos como fraudulentos los resultados plebiscitarios que se anunciara. La denominación escogida por Pérez Jiménez, manchada por el descrédito, sería empleada sesenta años después por la Mesa de la Unidad Democrática, que organizó el “plebiscito” del 16 de julio de 2017.* Antes, Henrique Capriles Radonski, autonombrado jefe de campaña de todos los candidatos opositores en las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, intentó vender la errada noción de que ellas debían ser tenidas como ¡un plebiscito sobre el gobierno de Nicolás Maduro! (Lo perdió de calle; ver Las cuentas como son, 11 de diciembre de 2013).

En 1999, los venezolanos fuimos llamados a dos referendos: el primero, del 25 de abril de ese año, nos preguntó si era nuestro deseo convocar una asamblea constituyente “con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa”, lo que aprobamos. También se nos preguntó lo siguiente: “¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha Marzo 24, 1999 y publicada en su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.669 de fecha Marzo, 25 de 1999?” Eran las “bases comiciales” que determinaban la forma de elegir los diputados constituyentes; la Asamblea Nacional ha descuidado legislar sobre el asunto, lo que permitió que Nicolás Maduro estableciera las de la elección de la actual constituyente, convocada por él mismo el 1º de mayo de 2017.

“…el vicio fundamental de la convocatoria a constituyente no es que requiera un referendo previo para que sea válida, sino el diseño de las bases comiciales. Es una verdadera aberración eso de los diputados ‘sectoriales’. El Pueblo, el Poder Constituyente Originario, no es un agregado de sectores sino de ciudadanos. (…) La Asamblea Nacional ha pecado por omisión al no legislar sobre las bases comiciales de una asamblea constituyente…” (Película de terror, 3 de julio [de 2017]). Dos meses antes, en ¿Preguntas sin respuestas?: “…la Asamblea Nacional pudiera buscar cómo legislar—recuperando su eficacia si arregla el asunto del fulano desacato—acerca de las bases comiciales para elegir diputados constituyentes [una ley es de rango superior a cualquier decreto del Ejecutivo o reglamento del CNE] (…) Entonces pudiera aprestarse la MUD para dar otra paliza electoral al oficialismo, aunque sea en una constituyente que no necesitamos”.

Imagen borrosa de interlocutores muertos

En aquel entonces, se tenía a la nueva constitución que resultaría de los trabajos constituyentes como el instrumento de transformación del Estado y la concreción del “nuevo ordenamiento jurídico”. La redacción actual, que absorbe ambos propósitos en el Artículo 347, pareciera distinguir entre ellos y la nueva constitución: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, siendo que se transforma el Estado y se crea un nuevo ordenamiento jurídico precisamente en una nueva constitución. Lo que sí estuvo claro desde un principio es que la nueva constitución no entraría en vigencia hasta que el Pueblo la aprobara en referendo, y así el segundo referendo de 1999 sometió el texto producido bajo la presidencia de Luis Miquilena a la aprobación popular el 15 de diciembre de aquel año.** Tal cosa fue explicada por el propio Hugo Chávez a Oscar Yanes, quien asediaba falazmente a su entrevistado el 17 de junio de 1998 en su programa La silla caliente, en plena campaña electoral. He aquí el audio del fragmento pertinente:

Cerrando 1999, el referendo del 15 de diciembre promulgó la nueva Constitución, que aún rige. (No está suspendida mientras la Asamblea Nacional Constituyente esté en funcionamiento).

En 2004, la oposición organizada en la Coordinadora Democrática, madre de la MUD—ver la composición genética de ambas en La torta, 11 de octubre de 2012—, logró superar todos los obstáculos y convocar, con la decisiva logística de Súmate, nuestro tercer referendo, hasta ahora el único causado desde la iniciativa popular: el referendo revocatorio contra Hugo Chávez, quien pudo superarlo. (Bofetada terapéutica, 19 de agosto de 2004). Tres años más tarde, el presidente Chávez, habiendo derrotado abrumadoramente a Manuel Rosales en diciembre de 2006, creyó que podía acelerar la introducción del socialismo en Venezuela mediante un referendo, el cuarto, que se celebró el 2 de diciembre de 2007 para decidir sobre dos proyectos complementarios de reforma constitucional, uno propuesto por la Presidencia de la República y otro por la Asamblea Nacional. Chávez salió en derrota, la única de su carrera si no tomamos en cuenta su fracaso del 4 de febrero de 1992 y la enfermedad que lo venció; su proyecto fue desechado por una mayoría de sólo 1,31%, mientras que el que presentara la Asamblea lo fue por 2,02%. (Entonces presidía ya el Consejo Nacional Electoral la misma Tibisay Lucena de ahora. Es una anomalía inexplicada—por quienes predican que el Consejo Nacional Electoral de mayoría oficialista, aún presidido por ella, es consistentemente fraudulento—que con diferencias tan exiguas se promulgara el resultado adverso de una reforma que era tan importante para la “Revolución Bolivariana” desde el punto de vista estratégico).

Finalmente, el quinto referendo de nuestra historia—si no se considera el plebiscito de Pérez Jiménez—se celebró el 15 de febrero de 2009, con el propósito de instaurar la posibilidad de reelección indefinida de funcionarios electos. Tal cosa estuvo prevista en los proyectos de reforma derrotados en 2007, pero sólo para la Presidencia de la República. Esta vez—”no hay quinto malo”—, la cosa le funcionó al oficialismo.

No se nos ha consultado más.
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Aproximadamente mensual

El suscrito ha sido partidario de consultas referendarias desde hace treinta y cinco años. En carta a Arturo Sosa hijo (el padre del padre jesuita) del 7 de septiembre de 1984, ya especificaba sobre un nuevo y necesario tipo de organización política que debía ser “[u]na sociedad que lleve a todas las aulas la revolución de la informática y que al mismo tiempo establezca una comunicación regular con sus miembros que trascienda la esporádica convocatoria a un ‘acto de masas’. Una sociedad que nunca más se refiera a sus miembros como ‘masa’. Una sociedad que haga uso de la inmediata posibilidad tecnológica para dar paso a la participación de la voz del pueblo, que promueva la encuesta, la consulta, el referéndum”. Diez años después, establecía una publicación mensual sobre materia política que se llamó, justamente, referéndum (1994-1998). En el segundo de sus números, escribí:

Lo aconsejable es confiar más en este pueblo. Lo aconsejable es un referéndum anual de la República. (…) Hay que confiar en que el pueblo de Venezuela puede aportar tanto en un referéndum anual como puede aportar a una empresa la asamblea de sus accionistas. Este referéndum debe producirse luego de la presentación de la cuenta ordinaria del Presidente de la República al término de cada año de su mandato. Debe pronunciarse por la aprobación o improbación de su memoria y cuenta y sobre su confirmación en el cargo o su cesantía. Todos los años. (Visión de Venezuelareferéndum #2, 4 de abril de 1994).

El propósito de esta entrada no es otro que volver sobre esta idea, luego de registrar que he adelantado otras proposiciones referendarias en el mismo 1994 y, más tarde, en 1998, 2003, 2007, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017 y 2018. Más recientemente, reiteré que no puede acordarse—en Noruega, Barbados o Nueva Zelanda—nuevas elecciones sino a partir de un referendo (a menos que se acuerde la renuncia de Nicolás Maduro a su legítimo cargo de Presidente de la República). En Tiempo de Guerra (10 de junio de 2019), se propuso el siguiente grupo de consultas:

a. si el Pueblo quiere que se celebre en noventa días una nueva elección de Presidente de la República; b. si el Pueblo quiere que se celebre en noventa días una nueva elección de Asamblea Nacional; c. si el Pueblo quiere que se nombre de inmediato cinco nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (“cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”, Art. 296) según el siguiente procedimiento—distinto del previsto en ese artículo, que sólo el Poder Constituyente Originario puede sobrepujar—: dos de los nuevos rectores a ser nombrados por la Asamblea Nacional, dos por el Poder Ejecutivo Nacional y uno de mutuo acuerdo de estos dos poderes.

Diseño de mi hija Eugenia en franela que me regaló

Y en el último programa de Dr. Político en RCR (18 de mayo de 2019), expuse que podía introducirse una particular reforma de la Constitución que instituyera el Referendo Anual de la República propuesto hace veinticinco años. Éste es el fragmento de esa emisión postrera que concluye con el asunto:

Más allá de lo propugnado al proponerlo en abril de 1994, creo que debe añadirse al que se celebraría en el primer año de cada período constitucional lo siguiente, que es proposición de agosto de ese mismo año (referéndum #6, 8 de agosto de 1994):

…puede valer la pena considerar la siguiente idea: consultar a los Electores sobre los lineamientos generales del plan de desarrollo económico y social del Ejecutivo, el que hasta ahora, dicho sea de paso, es desconocido. La Constitución Nacional incluye ahora, gracias al Artículo 7º de su Enmienda Nº 2, la siguiente disposición: “El Ejecutivo Nacional en el transcurso del primer año de cada período constitucional, presentará para su aprobación, a las Cámaras en sesión conjunta, las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación”. En nuestra opinión, debiera ser a los Electores, no a las Cámaras del Congreso de la República, a quienes debiera solicitarse la aprobación de las “líneas generales del plan de desarrollo” del Ejecutivo. Esto, naturalmente, precisaría que la Constitución fuese modificada. No puede crearse de la noche a la mañana un carácter vinculante que colida con uno dispuesto expresamente en el texto constitucional. Pero si, como había argumentado el Gobierno, podía hacerse un referéndum no vinculante para consultar su diferendo con el Congreso, perfectamente puede celebrarse uno para el acto más esencial que puede haber en el ejercicio de la política: obtener la aquiescencia del Pueblo respecto del rumbo general del Estado de cuya soberanía es asiento.

Es decir, pasaría al Pueblo la atribución establecida en el Numeral 8 del Artículo 187 de la Constitución actual como prerrogativa de la Asamblea Nacional: “Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional”.

Tratándose de una proposición de reforma constitucional, la iniciativa popular es exigida en 15% de los electores (Artículo 342 de la Constitución), pero la Asamblea Nacional por mayoría simple y el Presidente de la República en Consejo de Ministros proveen canales de igual eficacia y menor costo. De resto, la puerta debe permanecer abierta a la inclusión de otras cuestiones que convendría que el Pueblo considerase en ese Referendo Anual de la República. Dado que se trata de un referendo periódico preestablecido, creo que debe reducirse muy marcadamente la exigencia a la iniciativa popular para esas consultas adicionales. (Es de 20% de los electores para un referendo revocatorio, de 15% para convocar a constituyente o introducir un proyecto de reforma de la Constitución, de 10% para un referendo consultivo y la abrogación de leyes y de 5% para la abrogación de “los decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República en uso de la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de esta Constitución”, según estipula el Artículo 74; es decir, cuando ha sido autorizado al efecto mediante ley habilitante). Pienso que puede ser el requisito tan bajo como el de 1% de los electores (algo más de 200.000 ciudadanos en este momento); a fin de cuentas, el Numeral 7 del Artículo 204 de la Constitución prescribe que la iniciativa de las leyes corresponde “A los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro electoral permanente”, o un poco más de veinte mil electores.

La conveniencia de apelaciones al juicio del Pueblo, el Poder Supraconstitucional, no es de índole coyuntural; tal cosa debe ser instituida con carácter periódico, como institución de empleo permanente que no esté sujeta a convocatorias electivas o azarosas. El Pueblo, en una verdadera democracia participativa, debe mandar (ya no sólo elegir) habitualmente.

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Un último asunto de ingeniería, que me encuentro promoviendo: la constitución de una asociación permanente para facilitar la expresión de la iniciativa popular en las formas contempladas en la Constitución; esto es, en la convocatoria de referendos por esa iniciativa. Ella podría también auxiliar la formación de grupos de electores que puedan postular candidatos a cargos municipales, estadales o nacionales. He aquí dos párrafos del Proyecto SPV (Sociedad Política de Venezuela)—la sociedad que anticipaba a Sosa—, del 8 de febrero de 1985:

…una tercera clase de operación en la que in­tervendrá la Sociedad Política de Venezuela, junto con las ya mencionadas operaciones estatutarias y operaciones pro­gramáticas, está constituida por las operaciones electora­les. Y acá la Sociedad Política de Venezuela introduce una normativa que difiere radicalmente de la habitual partici­pación electoral de los actores políticos tradicionales. La Sociedad Política de Venezuela en ningún caso postulará a persona alguna para un cargo público electivo. Esta norma puede parecer a primera vista la negación de la esencia de lo político. Sin embargo, esto no significa en modo alguno que la Sociedad Política de Venezuela renuncia a toda participación en los procesos electorales del país. Al contra­rio, la Sociedad podrá emplear recursos financieros y téc­nicos en apoyo a la postulación de miembros suyos a cargos electivos, pero siempre y cuando los miembros en cuestión soliciten los recursos descritos luego de que hayan obte­nido el apoyo de un grupo de electores. Este apoyo deberá expresarse en un número de electores aún superior al que determinen las actuales leyes electorales venezolanas como definición de grupo de electores.

Con esta norma quiere consagrarse el principio de la re­presentación real, en sustitución de la representación in­completa e imperfecta que hoy en día supone la práctica partidista de imponerle a los ciudadanos unos representan­tes que menos lo son de la ciudadanía que de las circunstanciales oligarquías partidistas. No debe bastar que al­guien sea miembro de la Sociedad y en ese sentido se en­tienda que en principio tal persona comprenda la política desde un nuevo punto de vista. Ni siquiera debe bastar que los órganos directivos de la Sociedad consideren que uno de sus miembros es además particularmente idóneo para un cierto cargo electivo. La condición verdaderamente impor­tante debe estar dada por la voluntad de los electores mis­mos, por esa voluntad que continúa siendo mediatizada y es­camoteada en beneficio de una soberbia pretensión de los partidos de que son ellos más idóneos que el propio electo­rado para determinar quién debe representarlo. Por esto la norma de la no postulación tiene el más profundo sentido democrático, y la Sociedad Política de Venezuela de ese modo da substancia real y operante al concepto de la demo­cracia factible y verdadera opción para que nuevos actores políticos puedan acceder a la carrera de orientación pú­blica. Y precisamente por tratarse de proveer oportunidades a los nuevos actores, la Sociedad contará asimismo con los mecanismos por los cuales sea posible ayudar a nuevos acto­res políticos a darse a conocer a los electores. Pero serán éstos, en definitiva, quienes tendrán la voz determinante para decir: “queremos que sea éste quien nos represente”.

Deséenme, por favor, la suerte que no he tenido a tal fin en los últimos treinta y cuatro años. LEA

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* “La MUD ha escogido llamar a la consulta que organiza para el 16 de este mes un plebiscito en lugar de un referendo, básicamente para escapar a lo dispuesto en el Numeral 5 del Artículo 293 de la Constitución: ‘El poder Electoral tiene por función: 5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos’. En verdad, se trata de términos sinónimos; El Diccionario de la Lengua Española define como plebiscito: 1. m. Resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos. 2. m. Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. En cambio ofrece para referendo (referéndum): 1. m. Procedimiento por el que se someten al voto popular leyes o decisiones políticas con carácter decisorio o consultivo. En verdad, la ruta de escape es precaria, puesto que la propia MUD publicó hace tres días una explicación de la iniciativa que comenzaba por decir: ‘…solicitamos a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el Artículo 71 de la Constitución Nacional, convoque a un Proceso Nacional de Decisión Soberana para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debe asumir el país, decida o no adherirse masivamente a la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, y a partir de ese resultado, activar el levantamiento democrático en la totalidad del territorio nacional y la activación de la Hora Cero nacional’. El Artículo 71 es, precisamente, el que norma los referendos consultivos, y su terminología no menciona un “proceso nacional de decisión soberana” ni emplea la palabra plebiscito. Como puse el 3 de julio (Película de terror): ‘Si la MUD finca su atropellada idea en la Constitución Nacional al citar el Artículo 71, no puede desatender ninguna otra de sus disposiciones; no se puede (debe) acoger la Constitución a pedacitos’, y la MUD escoge apelar a los Artículos 71, 333 y 350 y desconocer el Numeral 5 del Artículo 293′”. (El tercer plebiscito, 6 de julio de 2017). La Comisión de Garantes de la MUD, presidida por Cecilia García Arocha, reportó la asistencia de 38,5% del registro electoral el 16 de julio de 2017, lo que evidentemente no constituía la mayoría de los electores, ni siquiera el 40%, a pesar de lo cual gente como Ma. Corina Machado insiste en considerar al evento como un “mandato del Pueblo”. (Ver Exégesis crítica, 19 de julio de 2017).

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** El Preámbulo de nuestra vigente Constitución, una cláusula castellana compleja, tiene por oración principal la siguiente: “El pueblo de Venezuela… en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente {Constitución]”, y la Disposición Final Única establece: “Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”. (La única entre las muchas constituciones venezolanas que ha sido aprobada por el Pueblo, se refiere a él con inicial minúscula, mientras emplea la mayúscula para los poderes constituidos. La ANC en funciones, remolona pero sexodiversa, debiera instituir la mayúscula debida por fundamental respeto).

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Para descargar esta entrada como archivo de formato .pdf: Ingeniería de la participación

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Cuestión de época

 

Las cosas ya no son tan simples

 

A Superchamo, un día después del Día del Padre

 

Ya no vivimos la Revolución Industrial, cuando toda ideología se inventara; ahora vivimos la de la Internet, la telefonía móvil, las tabletas, las interacciones instantáneas, las enciclopedias democráticas, las apps. La de la biogenética, la cirugía mínimamente invasiva, la posibilidad de introducir al planeta especies vegetales o animales nuevas. La de una sonda espacial posada sobre un cometa, la comprobación experimental de la partícula de Dios o Bosón de Higgs, la fotografía cada vez más extensa y detallada de los componentes del cosmos, la materia oscura, la geometría fractal y las ciencias de la complejidad. La de la explosión de la diversidad cultural, la del referendo, del escrutinio inmisericorde de la privacidad de los políticos y el espionaje universal. La del hiperterrorismo, las agitaciones políticas a escala subcontinental, el cambio climático. Nada de esta incompleta enumeración cabe en una ideología, en la cabeza de Stuart Mill, Marx, Bernstein o León XIII. Cualquier ideología—la pretensión de que se conoce cuál debe ser la sociedad perfecta o preferible y quién tiene la culpa de que aún no lo sea—es un envoltorio conceptual enteramente incapaz de contener ese enorme despliegue de factores novísimos y revolucionarios. Ésta es una revolución de revoluciones.

El medio es el medio – 29 de abril de 2015

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Cuando aprendíamos Historia Universal en la escuela primaria nos enseñaban a dividirla en dos eras, la Prehistórica y la Histórica, y a dividir a la vez a ésta en cuatro edades: Antigua, Media, Moderna, Contemporánea. Pues bien, es tiempo de que tomemos conciencia de que estamos, no ya cerrando un siglo, no ya cerrando un milenio y abriendo otro, sino en el mismo comienzo de una nueva edad de la historia, la que me atreveré, en este auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, a bautizar con un nombre: la Edad Compleja.

El comunicador necesario: ¿especialista o generalista? – 19 de mayo de 1994

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La humanidad que se enfrenta a la enumeración contenida en el primer epígrafe ha alcanzado, en abril de este año, los 7.700 millones de habitantes del mundo. Cuando nací, todavía la población mundial no había llegado siquiera a 2.500 millones; esto es, ella se ha triplicado tranquilamente (?) mientras he vivido.

El 8 de febrero de 1985 formulé por primera vez—en Proyecto SPV—la siguiente conjetura:

Si se piensa en la distribución real de la «honesti­dad»—o, menos abstractamente, en la conducta promedio de los hombres referida a un eje que va de la deshonestidad máxima a la honestidad máxima—es fácil constatar que no se trata de que existan dos grupos nítidamente distinguibles. Toda sociedad lo suficientemente grande tiende a ostentar una distribución que la ciencia estadística conoce como distribución normal de lo que se llama co­rrientemente «las cualidades morales»: en esa sociedad habrá, naturalmente, pocos héroes y pocos santos, como habrá también pocos felones, y en medio de esos extremos la gran masa de personas cuya conducta se aleja tanto de la heroicidad como de la felonía.

No hacía otra cosa que proyectar, sobre la inasible noción de la moralidad humana, la distribución típica de variables como la estatura o el cociente intelectual. Digamos, 5% de héroes o santos (una Madre Teresa de Calcuta por planeta), 5% de malandrines a tiempo completo y 90% de gente equidistante de tan opuestos extremos. Creo razonable la hipótesis—en ausencia de un moralímetro que Hewlett-Packard no ha inventado aún—de que hoy vivimos en compañía de 385 millones de personas peligrosísimas.

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Yehezkel Dror transcribe otra enumeración de nuevos factores que toma del McKinsey Global Institute: la de tecnologías emergentes disruptivas. (En Avant-Garde Politician: Leaders for a New Epoch, 2014). Es decir, tecnologías que cambiarán la vida de los humanos en modo imprevisto, con efectos positivos y también perniciosos: 1. la Internet móvil; 2. la automatización del trabajo del conocimiento; 3. la Internet de las cosas; 4. la tecnología de nubes; 5. la robótica avanzada; 6. los vehículos autónomos y cuasi-autónomos; 7, la genómica de nueva generación; 8. el almacenamiento de energía; 9. la impresión 3D; 10. los nuevos materiales; 11. la exploración y recuperación avanzadas de petróleo y gas; 12. la energía renovable. (A continuación añade: “Asimismo se menciona en el documento [de McKinsey], aunque no las discute en detalle, la fisión nuclear de próxima generación, la energía de fusión, la captura de carbono, la purificación avanzada del agua y la computación cuántica”).

Todos esos desarrollos, y otros no enumerados o por emerger, tendrán implicaciones políticas pero uno en particular, la proliferación de redes en la Internet—la “Red de redes”—es ya un proceso que conlleva bienvenidas potencialidades y, al mismo tiempo, efectos grandemente nocivos.

Es tiempo, por ejemplo, de proliferación de noticias falsas (fake news) y la difamación programada por puro interés político. Es posible defenderse de tan dañina práctica; Google News, por caso, ha incorporado a su servicio de las principales noticias una sección de verificación fáctica (Fact check), y más de un sitio web se dedica a desmontar las mentiras más absurdas. No es que la difamación por razones políticas sea algo nuevo; en La Guerra Civil ¿Cómo pudo ocurrir?, Julián Marías apunta al exponer el tercero—pereza—de once factores que explican su eclosión: ¿No era una época en que los intelectuales gozaban de gran prestigio, no había entre ellos unos cuantos eminentes y de absoluta probidad intelectual? Ciertamente los había; pero encontraron demasiadas dificultades, se les opuso una espesa cortina de resistencia o difamación”.

Pinocho digitalizado

Todos sabemos que Donald Trump ejerce el cargo más poderoso del mundo creando fake news en sus compulsivos tuits, que comúnmente inicia al despuntar el día en Washington D. C., y registra Wikipedia (en Defamation): “From early times, people have comprehended defamatory and injurious statements made in a public manner (convicium adversus bonos mores)”. Luego registra la gran enciclopedia que en la Inglaterra anglo-sajona—entre los siglos V y XI—se penaba la calumnia cortando la lengua del infractor; ahora habría que cortar el acceso informático de decenas de millones de calumniadores; unos cuantos crédulos diseminan las calumnias sin considerar su veracidad, animados por lo sustancioso o picante de las falsas afirmaciones que dan por veraces.

A mayores escalas, algunos países pueden involucrarse en actividades grandemente dañinas. Sergey Naryshkin, el jefe de la agencia de inteligencia exterior de Rusia (SVR), ha denunciado según Russia Today que algo así emplean los Estados Unidos contra Venezuela:

Los métodos empleados para influir y desestabilizar otras naciones incluyen la creación de estructuras orientadas a la red que pueden operar sobre premisas de activismo público, ciencia, religión o extremismo, dijo el funcionario ruso. Después de recolectar datos sobre las líneas de falla en una sociedad bajo la mira, esas estructuras son usadas para atacar los puntos débiles en ataque sincronizado, abrumando la capacidad de respuesta de las naciones a sus crisis. Simultáneamente, los perpetradores empujan una narrativa, a través de medios globales y redes sociales, que sostiene que la única manera de resolver los problemas es el reemplazo del gobierno de la nación víctima por otro, posiblemente con apoyo extranjero directo. “Podemos observar cómo este escenario está siendo implementado en Venezuela”, dijo Naryshkin.

Claro, la misma Rusia ha sido acusada de prácticas de ataque cibernético sobre la política o la economía estadounidenses. ¿A quién creer? ¿A ninguno o a ambos?

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¿La buena noticia? La red está siendo crecientemente empleada para el alojamiento de espacios del ejercicio democrático, ahora potenciados por la tecnología blockchain (cadena de bloques). Ya la Unidad de Previsión Científica del Parlamento Europeo recomendaba ese preciso camino (EPRS_ATA(2016)581918_EN) a fines de 2016. Una tecnología extraordinariamente confiable existe para, incluso, someter a la legitimación de los ciudadanos del mundo algo como la Constitución de la Humanidad que el profesor Dror ha venido recomendando, al insistir en la sustitución de la razón de Estado por una razón de Humanidad.

Otra buena noticia está pronta a llegarnos desde la computación cuántica:

Hoy en día, la Internet es terreno de juego para los hackers. Desde enlaces de comunicaciones inseguras hasta datos inedecuadamente almacenados en la nube, las inseguridades están por todas partes. Pero, si los físicos cuánticos se salen con la suya, tales debilidades pronto tendrán el destino del pájaro dodo. Ellos quieren construir redes cuánticas (…) en las que la información se cree, se almacene y se mueva en formas que reflejan el extraño comportamiento del mundo cuántico (…) Liberados de muchas limitaciones de las redes “clásicas”, estos sistemas pudieran proveer un nivel de privacidad, seguridad y poder computacional que son imposibles de lograr con la Internet de hoy en día. (La Internet Cuántica está emergiendo, un experimento a la vez. Scientific American, 19 de junio de 2019).

La criptografía cuántica ya había iniciado su camino en la década de los ochenta del siglo XX.

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Cada instrumento inventado por el hombre puede ser empleado para propósitos beneficiosos o perniciosos; la diferencia está ahora en la escala de su impacto. Depende de nosotros, ahora millardos de nosotros, cuál vaya a ser el uso que prevalezca, y 7.315 millones de personas no somos delincuentes a dedicación exclusiva. También, dependerá el curso de los acontecimientos humanos de que los líderes correctos aprendan el empleo de las poderosas tecnologías disruptivas.

“La bondad nunca se equivoca”, nos dijo infaliblemente Pedro Grases.* LEA

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Ésa es precisamente la razón por la cual el Sr. Trump se equivoca a cada rato: Donald Trump no es un político virtuoso. (19 de marzo de 2016).

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Sobre corrupción (2)

 

Hoy transmitió Globovisión un intercambio—grabado el jueves 5 de abril—del suscrito con Manuel Felipe Sierra, quien observó rasgos importantes de la nueva ola de procesos por corrupción contra antiguos o actuantes mandatarios, incluyendo varios presidentes de países; su observación más interesante: a la técnica del golpe de Estado militar se opone ahora la tecnología de las acusaciones por corrupción. Tuve oportunidad de sugerir la creación del cargo de Auditor General del Estado, que debe responder, como en una empresa, a los accionistas; es decir, al Pueblo.

…una nueva figura: la del Auditor General del Estado. Otra vez, las funciones de este nuevo funcionario están prefiguradas en la práctica de la organización privada. Las compañías privadas, además de ser auditadas por auditores o firmas de auditores externos, tienen su propio auditor interno, el que está allí para procurar una correcta administración de los bienes corporativos y de este modo proteger los derechos de los accionistas. Por eso como tal no pertenece al equipo gerencial, y por eso mismo no es usualmente muy bien recibido. El Contralor General de la República es más bien un auditor externo, nombrado como es por el Poder Legislativo. (Si yo fuera Presidente, 8 de diciembre de 1997).

La conversación quedó registrada en el canal YouTube de la televisora, en videos que se coloca de inmediato (el primero es de la introducción de Sierra):

 

Presentación del tema

 

La conversación

LEA

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El paradigma jurídico-militar

 

Una obra fundamental del siglo XX

 

A mediados de la década de los sesenta, estimulado por una incesante alimentación intelectual provista por José Rafael Revenga—mi profesor de Filosofía Política y Social en la Universidad Católica Andrés Bello—, inicié mi inmersión en temas de lógica y filosofía de la ciencia. Poco después, el Arq. Hugo Manzanilla Guerra me prestó Criticism and the Growth of Knowledge, la colección de conferencias y debates del Coloquio Internacional sobre Filosofía de la Ciencia celebrado en Londres en 1965. Las estrellas de ese simposio eran Thomas Kuhn, cuyas tesis sirvieron como centro de las deliberaciones, y la patriarcal figura de Karl Popper, quien había publicado La lógica de la investigación científica en 1934. El debate de estos dos gigantes me pareció fascinante, y pronto me hice de sendos ejemplares del libro de Popper y la seminal obra de Kuhn: La estructura de las revoluciones científicas, de la que ya tuve noticia en julio de 1972, cuando me cupo la fortuna de asistir al Taller de Análisis de Políticas para Tomadores de Decisiones de Alto Nivel, que condujera el profesor Yehezkel Dror durante su primera visita al país, en un aula de seminario del recién estrenado edificio del IESA (Instituto de Estudios Superiores de Administración); el profesor Dror tomó un tiempo para aplicar los conceptos básicos de Kuhn ¡al proceso de toma de decisiones!

En su obra central, La estructura de las revoluciones científicas, Kuhn introduce el concepto de paradigma para referirse al conjunto de nociones básicas y fundamentales—casi los axiomas—de una determinada disciplina. Popper enfatizaba como característico de la actividad científica una incesante crítica de las teorías; Kuhn sostiene que la “ciencia normal” hace todo lo contrario: intenta proteger al paradigma dentro del que se opera cuandoquiera que un evento empírico parece contradecir la teoría. De este modo la ciencia, normalmente, sería conservadora, y la actividad típica del científico sería la de resolver acertijos—puzzle solving—que hagan congruente la teoría con los datos aportados por la observación. (…) Ahora bien, de cuando en cuando ciertos acertijos permanecen irresueltos. Cuandoquiera que la acumulación de acertijos sin resolver es demasiado grande, o cuando éstos parecen ser fundamentales, el paradigma entra en crisis. El trabajo de los científicos va produciendo los postulados teóricos que darán paso a la formulación de un nuevo paradigma que absorba los acertijos irresueltos y se produce una revolución teórica, una revolución paradigmática. (Un tratamiento al problema de la calidad en la educación superior no vocacional en Venezuela, diciembre 1990).

En el simposio de Londres participó Margaret Masterman con una presentación sobre La naturaleza de un paradigma, conferencia en la que mostró cómo el propio Kuhn empleaba el término en no menos de veintiún sentidos diferentes. (Ver unos cuantos en Wikipedia en Español: Paradigma según Thomas S. Kuhn). Pero la idea fundamental es que un paradigma provee un marco mental dentro del cual puede pensarse la realidad, y entonces el concepto puede ser trasvasado con utilidad a actividades humanas distintas de la ciencia.

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Fue en 1980 cuando, luego de once años de trabajo en un grupo industrial, me encargaba de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). Allí hubo oportunidad, en alguna reunión con los directores y jefes de unidades de la organización que me estaban subordinados, de declarar que en Venezuela predominaba un paradigma jurídico-militar, tan conservador como la “ciencia normal” de Kuhn. Postulé, entonces, que el trámite de los asuntos públicos en nuestra sociedad se entendía como un problema predominantemente jurídico o como algo que debe ser dirimido o controlado por la fuerza de las armas. (Marcel Antonorsi e Ignacio Ávalos, que habían escrito a cuatro manos La planificación ilusoria, una crítica del Primer Plan Nacional de Ciencia y Tecnología de 1975, empleaban asimismo el concepto kuhniano). Poco después tendría una confirmación de la primera mitad de mi tesis.

El docto jurista

En mayo de 1982 se reunía una vez más el Grupo Santa Lucía en Puerto Rico. Éste era un corte transversal de élites venezolanas—empresariales, académicas, políticas, militares—ensamblado en 1977 para discutir, en condiciones óptimas para la reflexión crítica, acerca de los más importantes problemas nacionales. Allan Randolph Brewer Carías y el suscrito teníamos tiempo fastidiando al grupo con una prédica común: que debía discutirse el tema de la reforma de la administración pública venezolana, la que reiteramos en Puerto Rico. Esa vez la mesa de la reunión reaccionó con hartazgo: “¡Caray ¡Reúnanse Randy y Luis Enrique y tráigannos una proposición concreta al respecto!”

Unos dos meses después nos citamos Randy y yo en la Casa de Italia, para almorzar un risotto estupendo y comparar notas a partir de las que pudiéramos cumplir lo que se nos había encargado. Inicié el trabajo exponiendo:

Creo ver en el país de la democracia dos escuelas en materia de reforma de la administración pública. Una es la de la Comisión de Administración Pública creada por Rómulo Betancourt, cuya dirección confiara al economista Héctor Atilio Pujol. Ésa fue una oficina que se aproximó al problema desde el punto de vista de sistemas y procedimientos; armada de los consabidos diagramas de flujo, resolvía los casos de insuficiencia que identificara con algún nuevo procedimiento representado en una flecha o cajita. “¿Hay muchas colas en esta oficina de cedulación? ¿Cuántas taquillas hay? ¿Cuatro? Pongamos ocho”. O tal vez: “¿Están desapareciendo fondos? ¿Cuántas copias hacen de las requisiciones? ¿Original y duplicado nada más? Hágase cinco: original, duplicado, copia amarilla, copia rosada, copia azul… y fírmeselas todas”. El problema con este enfoque de abajo hacia arriba es que la velocidad de complicación del aparato público es superior a la de una oficina de sistemas y procedimientos.

Uno de los “compendios” de Randy (clic amplía)

Luego vino Caldera en 1969. Caldera es un abogado latino, deductivista, socialcristiano, que cree que para cambiar una rueda desinflada hay que remontarse a Santo Tomás de Aquino y las fuentes del Derecho Natural para ir descendiendo por la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos… hasta que ¡por fin! se llega al gato, la llave de cruz y el neumático de repuesto. Este presidente, entonces, te nombra a ti, abogado latino de obra extensa, deductivista, socialcristiano, cuya experiencia acerca de organizaciones complejas se reduce a una secretaria del Instituto de Derecho Público y las sesiones del Consejo de la Escuela de Derecho, para que presidas la Comisión de Administración Pública y te ocupes de la reforma. (No fue muy prudente de mi parte mencionar de ese modo irónico la experiencia de Randy con organizaciones complejas; soy incorregible). ¿Qué haces? Produces dos tomos de 500 páginas cada uno en los que consta qué debe ser modificado en la pirámide entera de la administración, desde la Corte Suprema de Justicia hasta el Concejo Municipal de Humocaro Alto (usé este ejemplo), pasando por todos los ministerios, todos los institutos autónomos, todas las empresas del Estado. “…apunté que no había en el país capacidad gerencial suficiente como para acometer tal cantidad de cambio, y que si llegare a haberla—mediante la contratación, por ejemplo, de Henry Kissinger, Robert McNamara, Peter Drucker y Lee Iacocca—, la intervención de un fornido atleta para trepanar su cráneo, resecarle medio pulmón, reducirle fracturas de costillas, extraerle la vesícula, colocarle una válvula mitral, suturarle úlceras gastroduodenales y circuncidarlo simultáneamente, crearía tal cantidad de trauma que, en cuanto se le destripase una espinilla en la nariz, moriría de shock irremediablemente. Creí que entendería al recomendarle una estrategia de radicalismo selectivo (Yehezkel Dror), para escoger unos pocos puntos estratégicos en el aparato del Estado y en ellos practicar una reforma a fondo. Si la cosa resultaba, entonces pudiera considerarse la extrapolación del esfuerzo a otras dependencias. Las ciencias sociales, le dije, son demasiado incipientes como para permitirse la arrogancia de un cambio omnicomprensivo. Me escuchó con gran atención y, después de considerar mi exposición como ‘muy interesante’, extrajo de su maletín veinte hojas anotadas en papel tamaño extra oficio; ellas contenían tan sólo el índice de una ponencia sobre reforma del Estado que debían discutir los miembros del Grupo Santa Lucía en intervenciones de tres minutos per cápita durante una sesión de media mañana. Había perdido mi tiempo”. (El eje chucuto, 25 de agosto de 2012).

Entre abogados te veas, dicen por ahí.

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Respecto del componente militar del paradigma no se necesita decir mucho, ante la monumental evidencia de su exacerbación elefantiásica durante el chavismo-madurismo:

Los militares “bolivarianos” piensan

Desde que entró, en mala hora, Hugo Rafael Chávez Frías a la política venezolana, el 4 de febrero de 1992, este ciudadano se ha conducido, constantemente, como un modelo agresivo. Por supuesto, por sus actos de esa fecha, que fueron armados para la agresión. Pero también en su campaña electoral de 1998, cuando ofrecía freír cabezas de adecos y copeyanos; también el 4 de febrero de 1999—cuarenta y ocho horas después de haber jurado sobre una constitución a la que declaró, frente a su padre, moribunda, en revelación de su carácter despiadado—cuando emplazó a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia para que aceptara el robo por necesidad; también cuando sugirió a Marcel Granier que su vida corría peligro; también cuando escribía cartas, en plan de colega revolucionario, al terrorista criollo Illich Ramírez Sánchez, alias “El Chacal”; también cuando incitó agresiones de otros, como las de la banda de Lina Ron, a la que declaraba luchadora meritoria; también cuando despidió con sorna a los ejecutivos de PDVSA; también cuando insulta a mandatarios extranjeros e instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales en cualquier parte del globo; también cuando excita las invasiones de propiedades privadas, como él mismo hace en aplicación del “método Chaz”; también cuando amenaza a quienes se le opongan con el empleo de la fuerza armada; también cuando compra armas—fusiles, helicópteros, submarinos—y establece contingentes de reservistas más grandes que el ejército regular; también cada vez que golpea la palma de su mano diestra con el puño siniestro; también cuando no cesa de hablar de guerra, de magnicidio, de guerrilla, de resistencia; también cuando ofrece la expropiación a cuanto factor social no se alinee con su voluntad; también cuando acuña el lema de “patria, socialismo o muerte”. (Nocivo para la salud (mental), 5 de julio de 2007).

Claro, Norberto Ceresole le había dicho que la clave de su conducción revolucionaria estaría en el trípode “líder, ejército, pueblo”. (Nosotros siempre en último lugar).

Pero quiero anotar acá que lo jurídico y lo militar se complementan simbióticamente, se realimentan mutuamente.

Rafael Caldera rugía desde México en 1984 porque se había hecho lugar común la noción de que “el modelo de desarrollo venezolano” se había agotado. El Dr. Caldera respondió que eso no era cierto, que lo que en verdad ocurría era que el modelo de desarrollo no había visto su culminación, y que podía encontrársele definido en el Preámbulo de la Constitución de 1961. Para la época, los militares habían acogido ese concepto: la conferencia magistral del curso del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional sobre Objetivos Nacionales abría con el siguiente catecismo: “Los Objetivos Nacionales se dividen en Objetivos Nacionales Permanentes y Objetivos Nacionales Transitorios. Los Objetivos Nacionales Permanentes están expresados en el Preámbulo de la Constitución Nacional”. (Mitología proyectiva, 26 de abril de 2011).

Hay algo extraño en esa definición. El sentido en ella del término “objetivo” es el de la octava acepción del Diccionario de la Lengua Española: “Punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una operación militar”. Naturalmente, hace mucho que ese significado ha ingresado a la cotidianidad civil para designar un sinónimo de meta o propósito, y si algo es una meta o propósito “permanente”, entonces es algo que nunca se alcanza.

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El cambio político necesario en el país (y en el mundo) es paradigmático; más que crisis políticas particulares, asistimos a una crisis de la política que ha adquirido dimensión planetaria. En una comprensión de la política como lucha por el poder, no puede sorprendernos que la fuerza militar ocupe un lugar privilegiado, y ya hemos visto que el último año y medio de la política local ha alojado un ping-pong jurídico de sentencias de desacato, enmiendas de recorte de período, declaraciones de abandono del cargo presidencial, demandas de la Fiscal General de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia, discusiones sobre la interpretación del Artículo 347 de la Constitución, etcétera. Birretes de legista y gorras militares parecen ser lo que cuenta.

Necesitamos una Política Clínica, que se entienda a sí misma como arte u oficio de resolver los problemas de carácter público. El abogado y el militar deben estar subordinados a esa tarea, que es para lo que el Pueblo, el Poder Constituyente Originario, ha dado origen al Estado. De lo contrario, la institución perfectamente representativa de los venezolanos va a terminar siendo un tribunal militar. LEA

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De un proyecto irrealizado

 

Atardecer en la bahía de Juan Griego

 

Luego de la publicación de mi último libro (Las élites culposas, 2012), llegué a pensar que haría caso a José Rafael Revenga, quien escribió la tercera de su notas prologales (tras la de Ramón J. Velásquez y Victoria De Estefano); en ella puso: “Como agradecimiento a quien me requiriera este prólogo, me permito esbozar un “pré-logo” en el sentido de que considero que la presente creación porta en sus entrañas por lo menos dos obras adicionales. Una referente a un breviario de conductas propias a la nueva política y, la segunda, una reformulación del desempeño del liderazgo no sincronizado con tiempos pretéritos sino en sintonía anticipada con los signos por venir”. Es decir, mi profesor de Filosofía Política y Social en la UCAB (1963-64), sintió que debía explicar los fundamentos de una nueva política que anunciara al cierre del epílogo: “…vienen tiempos de acomodo y convergencia. Viene una nueva política. El tiempo de esta anunciada visita sólo depende de nosotros”.

Ya a fines de 2011 había emprendido la tarea sobre un elaborado esquema de ficción. Inventé unos personajes que se reunirían en Juan Griego, isla de Margarita, para un seminario que conduciría el inexistente profesor Santiago De Las Casas. Éste me habría hecho llegar unas minutas de la actividad con una carta explicativa:

Hola, LEA. Encontrarás acá las minutas de una reunión de tres días, celebrada en la Isla de Margarita el 2, el 3 y el 4 de julio de 2008. Además de mí, participaron en ella Elena Ripamonti Arvelo, Graciela Sánchez Perdomo, Hernán Delgado Franklin y José Antonio Caballero Díaz. Todos ellos habían escuchado o leído la transcripción de una esquemática charla mía—Nociones Elementales de Política—y cada uno, y por separado, expresó genuino interés en conocerme y aprender de mí algo más del tema (…) Caballero Díaz es graduado en Ciencias Políticas de la Sorbona y mantiene simpatías contradictorias hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela y Primero Justicia; las dos damas hacen incipiente vida política, una en Un Nuevo Tiempo y la otra en Podemos. Delgado Franklin se presentó como un ciudadano ordinario que cree su deber estar informado acerca de política. El primero trajo un grabador de audio, y obtuvo mi autorización para registrar las sesiones. A partir de las grabaciones, compuso las minutas de las mismas, incluyendo una breve conversación de antesala entre ellos mientras esperaban el primer día que yo les atendiera. A los tres días de haber concluido las reuniones, me dejó un disco compacto con el archivo de su trabajo. Hice una copia, que ahora tienes en tus manos.

Mi trabajo de ficcionador nunca fue completado, pero quedaron en mi computador algunos de los textos que lograra componer. Acá reproduzco la mayor parte de la imaginaria segunda sesión del Coloquio de Juan Griego, que jamás tuvo lugar. En estos días de agitación constituyente, algunas de las nociones manejadas en la ficticia reunión pudieran ser útiles. LEA

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Sesión 2

El demos. El pueblo como sustrato y actor principal de la política.


“Bueno—dijo De Las Casas—, espero que hayan almorzado bien y descansado algo, porque la sesión de esta tarde versará sobre la clave de todos nuestros asuntos. Y ¿ésta es?”—preguntó.

“El Pueblo, profesor”—contestó Graciela, a lo que De Las Casas repuso: “Hablado no se distingue; ¿tú dijiste Pueblo con inicial mayúscula o con minúscula?” Sin tardanza, dijo Graciela: “Con mayúscula, profesor. Yo siempre lo pienso así, como nombre propio”.

De Las Casas la felicitó: “Muy bien, Graciela, es así como debe ser. ¿Se han fijado ustedes que la Constitución, que pone con mayúsculas Presidente de la República, Defensor del Pueblo y Poder Municipal, comienza su texto poniendo ‘el pueblo de Venezuela’ con minúscula? Así es lo mismo cada vez que dice elector o ciudadano. Es la manera indirecta que tienen los políticos profesionales de decirnos que ellos, cuando se ocupan de magistraturas, se creen superiores a los ciudadanos. En el Preámbulo de la Constitución, que escribimos con mayúscula, se dice del Pueblo: ‘…en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente Constitución’. Y ese ‘poder originario’, superior al Poder Nacional, al Electoral, al Municipal, que todos escribe con mayúscula inicial, está escrito con minúsculas, y además le sigue la coletilla esa de la Asamblea Nacional Constituyente que es totalmente innecesaria, porque cuando el Pueblo, el poderdante, ejerce su poder directamente, como al decretar la Constitución o pronunciándose en cualquier otro tipo de referéndum, no necesita intermediario, apoderado o representante ninguno. La mención de la Asamblea Constituyente es, en ese punto, de un todo impertinente. En principio, puede someterse a referéndum soberano un proyecto de nueva constitución que no provenga de una asamblea constituyente”.

“Perdone, profesor—intervine yo—, ¿quiere decir Ud. que no se necesita una asamblea constituyente para arribar a una constitución enteramente nueva? Yo tenía entendido que si no se establece una asamblea constituyente no es posible hacer otra cosa que reformar o enmendar una constitución existente”.

“No—dijo De Las Casas—; eso es sólo una impresión latente, una convicción que sostenemos por inercia. Nos quedamos anclados en tiempos pretéritos de la Revolución Francesa, en el opúsculo que escribiera el abate Sieyès para resolver el problema de residencia de la soberanía, una vez que ésta ya no residía en cabeza del monarca francés, Luis XVI, a quien de todos modos esa cabeza le sería cercenada bajo la guillotina. Fue Sieyès quien propusiera que los Estados Generales convocados por el rey se constituyeran como Asamblea Nacional con poderes supremos y, como ella trajo la constitución republicana, desde entonces se cree que sólo una asamblea constituyente puede hacer constituciones o proyectos de constitución. Pero, en verdad, si se sigue hasta sus últimas consecuencias la lógica de la soberanía popular, es sólo el Pueblo el asiento originario de esa soberanía y es quien puede aprobarla, pues es el Pueblo quien da origen a la Constitución, no la Constitución al Pueblo”.

“Yo recuerdo—dijo Hernán Delgado Sánchez—, pues estuve en el sitio, una frase de Monseñor Dupuy, el que fuera Nuncio papal en Venezuela hace unos años, que dice más o menos lo mismo. Él decía la homilía de una misa en recuerdo de Keyla Guerra, una de las víctimas de la masacre de la Plaza Francia en diciembre de 2002. Dijo más o menos que así como Jesús de Nazaret había dicho que el Sábado estaba hecho para el Hombre, y no el Hombre para el Sábado, la Constitución estaba hecha para el Pueblo, y no el Pueblo para la Constitución”.

“Muy bien dicho—continuó el profesor—; André Dupuy es culto y francés. Supongo que sabe muy bien la doctrina de la soberanía popular de la Revolución Francesa, que es la base jurídica moderna de la democracia”.

“Ud. dice moderna. ¿Cuál era la base antigua de la democracia? ¿La de los griegos?”, preguntó Delgado, explicablemente satisfecho de su intervención.

“En efecto—continuó De Las Casas—, el primer concepto de democracia es la de los atenienses. Hay que tomar en cuenta que, para la mente antigua, Atenas no quería tanto decir el sitio físico de la ciudad, ése que está frente al puerto del Pireo, sino la ciudad de los atenienses. Era el grupo humano que la componía, no su localización geográfica, lo que determinaba el concepto de ciudad. De modo que eran los ciudadanos de Atenas quienes daban el ser a la ciudad, y como tales eran los llamados a gobernarla. En el caso único de Atenas, los atenienses participaban directamente, sin representantes, en ese gobierno. Tenían el derecho de votar para hacer decisiones públicas. Así las tomaban. Claro, no todos los habitantes de la ciudad formaban parte o tenían derecho de formar parte de su asamblea, de la ecclesia. Sólo los ciudadanos libres tenían ese derecho, los numerosos esclavos de los atenienses no podían votar. Se estima que el número mayor de participantes en una asamblea, que a veces debatía desde el amanecer hasta el atardecer, y que se reunía unas cuarenta veces al año, fue de unos 6.000 ciudadanos en una ocasión.

“Luego, hay que tomar en cuenta la lentitud de las agendas y su relativamente baja complejidad, muy diferente de la que confronta un Estado moderno. Desde que decidieran la guerra contra los persas hasta que los barcos y los avíos estuvieran listos, pasaban largos meses, a veces años enteros. Eso no era la Operación Tormenta del Desierto. Sólo así era posible entonces la democracia directa, que hoy llamamos democracia participativa. No había entonces, por supuesto, nada electrónico, no tenían los griegos telecomunicaciones. Si no hubieran sido pocos y la agenda de asuntos hubiera sobrepasado cierto umbral de número o urgencia, la democracia ateniense no hubiera podido existir. Así que la democracia tuvo que hacerse más tarde representativa, tuvo que introducir el intermediario del representante para adaptarse a una mayor complejidad de los asuntos y satisfacer la necesidad de tomar decisiones con mayor celeridad, tal como una economía más compleja debió abandonar el trueque directo y valerse de una unidad de cambio intermediaria, el dinero”, concluyó el tutor de nuestros coloquios.

“Muy interesante”, dijo Elena Ripamonti, que hasta entonces había escuchado el intercambio con cierta expresión de tedio. “Pero eso pasó hace milenios. ¿Por qué no regresamos al presente, a la noción moderna de democracia que Ud. mencionó?”

“Hagamos eso, Elena”, contestó el profesor. “Mejor aún: revisemos lo que creo es lo más moderno y claro de la doctrina jurídica a este respecto. ¿Sabes dónde se formuló? Aquí en Venezuela”. Esta declaración del conductor del diálogo nos puso a todos expectantes. De Las Casas sabía que sus palabras habían causado efecto evidente en nuestras posturas y miradas, y aprovechó el impacto para continuar: “El 19 de enero de 1999, la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela asentó lo que no ha sido superado en la jurisprudencia de ningún otro país sobre el punto que discutimos. Recordemos: la campaña electoral que acababa de concluir con el triunfo de Hugo Chávez tuvo como tema central la celebración de una asamblea constituyente. Apartando la división fundamental entre quienes creían que ella era necesaria y los que sostenían que era inconveniente, también había quienes sostenían que para convocarla era preciso reformar primero la Constitución de 1961, que no contemplaba la figura de constituyente. Ésa era la posición, por caso, del prestigioso profesor de Derecho Público Allan Randolph Brewer-Carías. (Después les contaré de cómo la misma noción sirvió como justificación oculta, nunca explicada, al decreto enteramente inconstitucional de uno de los más breves gobiernos de la historia: el de Pedro Carmona Estanga).

“Frente a la opinión de Brewer estaba la de quienes defendían que bastaba someter el asunto a referendo. Esta figura sí existía en la Constitución del 61, aunque sólo para el caso de un proyecto de ‘reforma general’ de la Constitución. Pero, en diciembre de 1997, el Congreso había aprobado una reforma a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, y con ella insertó todo un nuevo título a la ley, que se llamó, precisamente, ‘De los referendos’, su Título VI. Bien; el nuevo artículo establecía que el Presidente en Consejo de Ministros, las dos terceras partes de una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso, y 10% o más de los electores inscritos, podría convocar un referendo ‘con el objetivo de consultar a los electores sobre decisiones de especial transcendencia nacional’. Se había creado la figura de los referendos consultivos.

“Entonces se sometió a la consideración de la Corte Suprema de Justicia un recurso de interpretación de ese artículo, solicitando que el máximo tribunal dijera si podía emplearse para preguntar al Pueblo si quería convocar una asamblea constituyente, un órgano que pudiera construir una constitución enteramente nueva, no una mera reforma de la que entonces estaba vigente. Permítanme aquí, antes de proseguir, precisar un poco este punto. El Congreso de la República era entonces lo que se conoce como poder constituyente ordinario, facultado para realizar enmiendas o reformas al texto constitucional. Si se trataba de enmiendas, es decir, modificaciones relativamente menores, ellas tenían que ser ratificadas por el voto favorable de las dos terceras partes de las asambleas legislativas de los estados. Si se trataba de una ‘reforma general’ (Artículo 246), el proyecto debía ser sometido a la ratificación en referéndum.

“Hasta allí; el Congreso no tenía facultades de constituyente extraordinario, no podía traer un proyecto de constitución diferente, con conceptos constitucionales radicalmente distintos a los existentes, porque él mismo era una creación de la constitución que se quería suplantar. Para esta labor hubiera quedado excedido en sus facultades; por eso era necesario un proceso constituyente extraordinario. Bueno, solicitada la interpretación del Artículo 181 de la Ley del Sufragio, la Corte contestó afirmativamente a la pregunta que se le hacía: sí podía preguntarse al Pueblo por su voluntad de que se celebrara una asamblea constituyente y, al hacerlo, sentó una doctrina fundamental. La Corte observó que era el mismo Pueblo el Poder Constituyente Originario, superior a cualquier constitución; que era el Pueblo el que daba origen a la Constitución; que por tal razón no estaba limitado por la Constitución, la que sólo limitaba a los poderes constituidos, esto es, al Presidente, al Congreso, a la misma Corte, etcétera. Dijo, además, que el reino de lo constitucional no se agota en una constitución cualquiera, que nunca es contenido completo en una constitución específica. Naturalmente, registró lo que era obvio: que la decisión de convocar una constituyente era ‘de especial trascendencia nacional’, lo que se atenía a la letra del Artículo 181”.

“Explíqueme algo, profesor”, solicitó Graciela. “¿Significa entonces que el Poder Constituyente Originario, el Pueblo manifestado en ese carácter, no tiene limitación alguna?” Dije entonces: “Creo que yo puedo contestar esa pregunta”, y De Las Casas permaneció callado, asintiendo tácitamente a mi ofrecimiento. “Sólo dos cosas—proseguí—limitan a ese poder verdaderamente soberano. La primera limitación la imponen los derechos humanos. Un referéndum unánime con participación de la totalidad de los ciudadanos no puede, a pesar de su soberanía, decretar que me caigan a palos o se impida mi educación. El segundo límite viene de la interacción con otras soberanías jurídicamente equivalentes. El Pueblo de Venezuela es soberano, pero sólo en nuestra nación, dentro de nuestro territorio. Los noruegos son titulares de una soberanía idéntica en el suyo y los australianos en su país. Por esto, los tratados internacionales a los que válidamente se adhiera nuestra nación limitan también nuestra soberanía. De resto, el Poder Constituyente Originario, el Pueblo soberano, la Corona, por decirlo de otra manera, puede hacer absolutamente todo”.

“Yo no hubiera podido explicarlo mejor”, dijo De Las Casas. No puedo certificar el orgulloso color de mi tez al escucharlo, pero sentí claramente que aumentó la temperatura de mis orejas. Graciela continuó pidiendo más explicaciones: “Ajá; Ud. nos dijo que nos contaría algo del decreto fundador del gobierno de Carmona en relación con esto”.

“En efecto”, dijo nuestro tutor. “Nunca se dijo; quizás no tuvieron tiempo, pero quienes armaron y apoyaron la usurpación de Carmona basaron los excesos del decreto—la eliminación de la Asamblea Nacional, por ejemplo—sobre la idea de que no podía celebrarse una asamblea constituyente sin que previamente se reformara la Constitución de 1961 para contemplarla. El abogado Oswaldo Páez Pumar sostuvo precisamente esa tesis en la asamblea de Fedecámaras que eligió como su presidente a Pedro Carmona en julio de 2001, menos de un año antes del terrible 11 de abril que depuso momentáneamente a Chávez. Páez Pumar basó su pretensión sobre lo previsto en el Artículo 250 de esa constitución, que decía: ‘Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone’. Como, obviamente, una asamblea constituyente no era un medio previsto en el texto de 1961, Páez Pumar sostuvo, más aún, que la Constitución de 1961 era el texto fundamental que estaba vigente, que la Constitución de 1999, aprobada en referéndum por el Pueblo soberano, era inválida, que no existía. Quiero dar crédito a Luis Enrique Alcalá, de quien ya hablamos esta mañana, por el siguiente hallazgo, que dio a conocer en un artículo publicado en Maracaibo en septiembre de 1998, antes, incluso, que la Corte Suprema se pronunciara el 19 de enero del año siguiente. Aquí tengo el recorte del periódico La Verdad. Leo:

Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.

“¿Ven la cosa? La redacción de 1961 hablaba de algo inexistente. La constitución de ese año no había previsto ningún medio para su derogación, por lo que mal podía hablarse de un medio distinto del que ella misma ‘disponía’, que no era ninguno. Entiendo que Alcalá y Páez Pumar discutieron el asunto por escrito, y que el primero sentó al segundo de rabo, si me admiten el eufemismo de una expresión más castiza”.

“Caray, profesor”, dijo Delgado Sánchez. “Ahora veo lo que Ud. sugiere. Si Carmona creía en la tesis de Páez Pumar, entonces creía también que la constitución vigente era la de 1961, y como ésta no prescribía una Asamblea Nacional unicameral, sino un Congreso bicameral, alcanzó la tranquilidad de espíritu para volarse la Asamblea íntegra, y el Tribunal Supremo de Justicia porque lo que debía existir era la Corte Suprema”.

“Así es. Yo creo realmente que Carmona se convenció a sí mismo de que estaba ética y jurídicamente autorizado para suprimir tales órganos del Poder Público”, remató el profesor.

“Debo decir otra vez que todo esto es muy interesante. Explica cosas que no estuvieron claras en el ‘Carmonazo’. Pero esta discusión se ha situado en el plano jurídico. ¿Cómo entiende al Pueblo la Política Clínica que examinamos esta mañana?” Así intervino de nuevo Elena Ripamonti, con tono ácido en la voz.

“Pertinente tu observación, como es costumbre”, dijo De Las Casas, sin que yo entendiera su constante deferencia hacia alguien tan incómodo y seco como Elena. “Nos mantienes en el carril que convinimos seguir. Ése era precisamente el punto que quería sacar ahora a colación”. “Gracias, Santiago”, dijo Elena, más educadamente que yo y más igualada.

El profesor retomó su exposición: “Quiero advertirles que sólo será hasta la tarde de mañana cuando ofreceré una base científica más rigurosa del concepto de Pueblo en Política Clínica. Será entonces cuando exponga las nociones elementales de teoría de la complejidad, que ofrece un fundamento razonable a esa noción. Mientras tanto, el concepto que presentaré ahora tiene sólo una base analógica, y aunque las analogías tienen utilidad heurística…”[1] Hernán hizo un gesto de incomprensión y De Las Casas explicó de una vez: “Quiero decir, que son útiles al descubrimiento y la invención, que son semillas para la generación de conocimiento válido. Pero las analogías no pueden extenderse demasiado. Herbert Spencer, por ejemplo, propugnaba a fines del siglo XIX un ‘organicismo sociológico’, una postura según la cual la sociedad debía ser entendida como un organismo biológico, que la sociología debía construirse como una biología. Es evidente que esta cómoda teoría no es sostenible, por más tentadora que parezca a quienes queremos sostener que la Política debe ser considerada como arte de carácter médico. Por ejemplo, el hígado que trataban Galeno e Hipócrates desde su medicina primitiva es esencialmente como mi hígado de hoy; anatómicamente, así como en su bioquímica y su fisiología, los hígados de Moisés y Jesús de Nazaret o el de Confucio eran idénticos al mío. En cambio, la sociedad venezolana de hoy es muy distinta de la que tenía por monarca a Luis XVI. La anatomía y funcionamiento de las sociedades cambia con el tiempo y, por consiguiente, el objeto de la Política es estructural y funcionalmente cambiante.

“Bien, Si ya hemos establecido esta mañana que la Política es Medicina y, por tanto, que los políticos son médicos—por más que algunos sean muy incompetentes y charlatanes—, ¿quiénes son los pacientes de estos profesionales?”

“Los pueblos—respondió Elena—, y los nombro con inicial minúscula porque ahora se trata de varios y por eso de un nombre común”.

“Así es—confirmó De Las Casas—. Son los pueblos los pacientes de los políticos, y este concepto trae sus consecuencias. Como ocurre frecuentemente, el significado de las palabras nos da la orientación más inmediata. José Antonio: ¿puedes buscar en tu ordenador qué dice la Real Academia de la Lengua de la palabra paciente?”

“¿Cómo no? Acá dice: 1. Que tiene paciencia. 2. Se dice del sujeto que recibe o padece la acción del agente. 3. Persona que recibe la acción del verbo. 4. Persona que padece física y corporalmente, y especialmente quien se halla bajo atención médica. 5. Persona que es o va a ser reconocida médicamente”.

“Bien. Gracias, José Antonio. Normalmente usamos la palabra en los dos últimos sentidos, en su significado médico, lo que conviene a nuestras definiciones de esta mañana. Pero quiero, antes de retomar nuestra línea de consideración profesional de la Política, aprovechar las dos primeras acepciones para no olvidar un cierto aspecto, muy real, de la relación entre políticos y pueblos.

“Los pueblos verdaderamente, normalmente, padecen la acción de los políticos, y por esto requieren un buen grado de paciencia. A mediados de los años setenta trabé una relación de colegas con quien entonces era un joven historiador y politólogo venezolano: Nikita Harwich Vallenilla, ahora asociado a la Universidad de París en Nanterre. Bueno, Nikita es muy divertido y, una noche de vinos en casa de amigos comunes, expuso su teoría de la joroba para describir la actitud políticamente desapegada de los italianos. Según él, los italianos han decidido que el Estado, todo el aparato político de Italia es como una joroba: es algo que los limita, los afea, los molesta, pero es algo, a la vez, por lo que no pueden hacer nada. No tiene remedio. Los jorobados no piensan en su joroba; hacen su vida sin ocuparse de ella. Así, decía Nikita, los italianos se han desentendido de su gobierno; viven sabiendo que está allí y que es algo muy inconveniente, pero no se interesan, por lo general, en política. Es terrible que pueda hacerse una descripción así, que ella pueda tener mucho de justicia. Pero la verdad es que, por su mayor parte, las naciones padecen gobiernos conducidos por gestores insuficientes o totalmente incompetentes, que sólo se ocupan del importante negocio de preservar el poder; es decir de practicar, no la Política, sino la Realpolitik.

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[1] Del DRAE: Técnica de la indagación y del descubrimiento. En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc.

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Nociones de Política Clínica

Carátula del folleto

Carátula del folleto

Hoy se dio inicio al Taller de Política Clínica, que hospitalariamente aloja la Cátedra de Fisiología Normal de la Escuela Luis Razetti en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. La actividad, como explicara el Dr. Jacobo Villalobos, Jefe de la cátedra, es una secuela de la presentación La política como arte de carácter médico, en el espacio Ciencia y algo más… que coordina la distinguida Profra. Ana Blanco Díaz. Ella y la competente investigadora Emilia Díaz han organizado estupendamente el taller en tiempo brevísimo. El grupo de acuciosos asistentes se reunirá conmigo hasta el viernes de esta semana. LEA

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