el blog de luis enrique alcalá de sucre

A las alturas de la escuela primaria, allá cuando se topa uno por vez primera con la historia universal, una vaga idea de las causas de la caída del Imperio Romano se forma en las cabezas infantiles: ese conjunto cimero de la civilización occidental, esa red de instituciones y héroes, de obras civiles, prescripciones de derecho, arte físico y literario, habría desaparecido por obra de incivilizados invasores, los “bárbaros”, que en asedio inmisericorde habrían dado al traste con el imperio administrado desde Roma.

Algo más tarde, en el bachillerato, en la universidad, tan simplista visión se modifica y hace más compleja. Hasta que tropieza uno con la versión lapidaria de Arnold Toynbee, el estudioso del auge y la caída de las civilizaciones. Para este gran decano de la disciplina histórica la causa principal del derrumbamiento de Roma se encuentra en otro fenómeno más sutil, más ideológico. Toynbee introduce la noción de “proletariado interno” para referirse al gran contingente de ciudadanos romanos que con la irrupción del cristianismo dejaron de regirse mentalmente por el cuadro ético de las virtudes romanas. Los ideales romanos de virtu, asociados con un tono viril, ingenieril, constructor, conquistador y modificador de la realidad, habían sido desplazados por la mansedumbre, la humildad, la pasividad del espíritu cristiano, que se dejaba arrebatar mansamente la vida por gladiadores o por leones con tal de sostener la creencia en el Dios único de los hebreos que ahora se entendía como padre del Dios Jesús.

Así, la cantidad creciente de conversos al cristianismo iba despegándose progresivamente del ethos romano, desinteresándose de los propios fundamentos psicosociales que sustentaban el tejido institucional del imperio. Fue la formación de ese proletariado interno, para Toynbee, la causa real de la caída.

Guardando debidamente las distancias entre un imperio cuasi-universal de hace mil seiscientos años y la Venezuela atribulada de 1995, es posible encontrar acá la formación de un proletariado político interno que se abstuvo de participar en el acto electoral del 3 de diciembre de 1995, el 3D, como lo ha bautizado ya José Vicente Rangel, siguiendo la costumbre y la serie del 27F-4F-27N.

Según estimaciones aproximadas del Consejo Supremo Electoral, la abstención promedio del país estuvo en 52% de los Electores, con extremos de 30 y 60% en distintas zonas. Ese proletariado interno, pues, que se siente engañado, manipulado, ausente, equivale al menos a la mitad de la población nacional. Esa mitad debe dividirse también en dos mitades, aproximadamente, siendo una de ellas la que definitivamente ha desahuciado al sistema político nacional, siendo el resto el contingente de quienes se aproximan más a la indiferencia que al rechazo final.

Pero la mitad recortada de los Electores del país asistió a los comicios y votó; admitió ejercer opciones frente a los cinco menús certificados por el Consejo Supremo Electoral, barco de antes desvencijado y que llegó a puerto después de perder velas y mástiles en su tránsito por el temporal que desataron los partidos. Tal vez el resultado más claro de todos los obtenidos el 3 de diciembre de 1995 es el de la peligrosa ineficacia de los procedimientos electorales venezolanos: lentos, onerosos, vulnerables al fraude y la manipulación. Ahora se dispone de tres años completos para producir un vuelco radical en esos procedimientos electorales: despartidizarlos y mecanizarlos totalmente.

Golpe de estados

Los resultados generales son bastante conocidos. Acción Democrática ha vuelto por sus fueros, capturando más de la mitad de las gobernaciones (12) y unas 140 alcaldías. Toda suerte de comentarios ha merecido este resultado excepcional, que reivindica y relegitima la conducción de Luis Alfaro Ucero y proporciona malas noticias para las aspiraciones de Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi.

Si se totaliza nacionalmente los votos recibidos por las distintas organizaciones de campaña, AD recibió casi el 40% de los votos admitidos. Si se toma en cuenta la abstención (y no se considera los votos nulos, que aumentaron proporcionalmente de modo considerable) ese porcentaje representa, sin embargo, sólo el 15,4% de los Electores. Lo que es una mejora, de todas maneras. Durante el año de 1994 la mayoría de las encuestas señalaban a Acción Democrática como la segunda fuerza con un 14%, lo que, por supuesto, significaba un punto muy bajo en la historia de un partido que alguna vez recibió el 70% o más del apoyo nacional. De todas formas, los logros obtenidos por AD revelan lo profundamente inadecuado de un sistema político que permite a quien obtiene menos del 16 % del apoyo de los Electores, hacerse con el 55% de las gobernaciones y el 61% de las alcaldías.

Desde este punto de vista COPEI también habría tenido progreso, así como el MAS y la Causa R. En 1994 COPEI registraba niveles de apoyo de sólo 9% (ahora sus candidatos fueron apoyados por 10,5% de los Electores) , el MAS 3% (ahora 4,5%) y la Causa R un 6% (esta vez 6,4%). De estos tres partidos el mayor progreso porcentual relativo, en estos términos, habría sido para el MAS (50,5%), luego para COPEI (31,7%), y finalmente la Causa R (sólo 7,1%). (Resultado de dividir la diferencia de porcentajes entre el porcentaje base de 1994).

Convergencia habría sido la única entre las organizaciones políticas con una diferencia negativa. En 1994 Convergencia llegó a registrar niveles de 21% del apoyo de los Electores, y ahora, referida al mismo universo, recibió solamente el 4,1%, para un descenso relativo de 80,5%. (16,9% de diferencia).

Esto pareciera configurar una importante derrota para el gobierno, pero en realidad el gobierno puede considerarse bastante satisfecho, por varias razones: en primer término, porque en términos gruesos, las organizaciones políticas que han mostrado una conducta de mayor cooperación o comprensión hacia la administración de Rafael Caldera obtuvieron en conjunto 60% de los votos admitidos para las gobernaciones; luego, porque con gran sentido de la oportunidad el Presidente de la República anunció su disposición a cooperar con los gobernadores y alcaldes electos el día mismo de la elección en horas de la noche; en tercer lugar, porque no se cumplieron los agoreros pronósticos de quienes creían que la violencia pudiera ser la nota principal del evento del 3 de diciembre (notablemente Oswaldo Álvarez Paz: “…en diciembre Venezuela podría convertirse en un gran bochinche…”—Primer Plano del 5 de noviembre); finalmente, porque el gobierno puede mostrar una conducta irreprochable durante todo el proceso.

En efecto, el gobierno, o más propiamente el Consejo Supremo Electoral, han sido criticados por la sanción a Televén (sacada del aire durante hora y media) y por la militarización del acto de votación y posterior procesamiento de los votos. (Arturo Sosa, S.J.) Pero lo cierto es que Televén intentó “pasarse de viva”, y había comenzado a emitir resultados, con no demasiado disimulo, unos veinte minutos antes de vencerse la hora límite explícitamente estipulada por el Consejo Supremo Electoral, por lo que incurrió conscientemente en desacato de tal disposición. (Después de malabarismos pretendidamente astutos de Rafael Poleo y José Vicente Rangel, con los que anunciaban candidatos ganadores de modo indirecto, Jorge Maza inició los anuncios directos varios minutos antes de las siete de la noche, argumentando que se guiaría por un reloj que habían usado durante todo el día).

Por lo que respecta a la militarización, seguramente la presencia juiciosa de las Fuerzas Armadas permitió el que un proceso tenso y complicado llegara a feliz término, luego de una semana de particular suspenso con los resultados en la Gobernación del Zulia. De hecho, el ex comandante Arias Cárdenas, vencedor por estrechísimo margen de 1.372 votos, reconoció el papel sobrio y sosegador de las Fuerzas Armadas, y se refirió especialmente a la actuación del General Salazar, quien se reveló como poseedor de un carisma que no tiene que envidiarle nada al del General Ítalo del Valle Alliegro de los mejores tiempos, y mucho menos al del Vicealmirante Radamés Muñoz León. Tal vez Salazar sepa administrar este don personal de manera más sabia que la de los otros dos nombrados.

Pero es que además el gobierno supo actuar con una clara demostración de imparcialidad en el caso de Radio Cristal, la emisora del tremebundo Orlando Fernández, a la postre ganador de la Gobernación de Lara y que, a pesar de haber sido apoyado decididamente por Convergencia, se vio castigado con el cierre de su emisora al hacer llamados inconvenientes a la protesta de calle, lo que hubiera podido desembocar en desórdenes de cierta magnitud.

Es así como, a grandes rasgos, las elecciones resultaron ser un fuerte deterioro en la posición de Convergencia y, al mismo tiempo y paradójicamente, un éxito para el gobierno de Rafael Caldera. Evidentemente, este éxito no puede interpretarse como un referéndum a favor de políticas gubernamentales concretas, puesto que los resultados obtenidos coexisten con un marcadísimo nivel de desaprobación popular de, sobre todo, la conducción de la política económica, aunque ya para fines del mes de noviembre la figura del Presidente de la República había experimentado un repunte respecto de la tendencia en descenso del último semestre.

Antecedentes inmediatos

Este resultado moderadamente sorprendente de un repunte en la aprobación de Rafael Caldera probablemente se deba en mucha medida a su aparición por televisión, en larga entrevista que le hiciera, como es más o menos, costumbre, Edgardo de Castro por Venevisión.

La entrevista se convirtió rápidamente en objeto de controversia, gracias a una frase en particular, en la que el presidente Caldera admitió sentir ganas de “fusilar” a quienes, siendo venezolanos, desaconsejaban la inversión en Venezuela en escenarios del exterior. Caldera fue meticulosamente cuidadoso con la acotación de sus instintos: explicó muy claramente que no se refería a cualquiera que lo criticara, sino a aquellos que hacían esta mala propaganda al país en el exterior y a quienes había llamado en una ocasión “traidores a la patria”. A pesar de tales precisiones, y de que en varias ocasiones el Presidente se refiriera a las enormes dificultades actuales, Eliseo Sarmiento, Presidente de Consecomercio, escogió referirse a un discurso inexistente y asegurar que el Presidente de la República había dicho que en Venezuela todo marchaba bien y que lo único malo se debía a quienes lo criticaban por no estar de acuerdo con su política económica. Esto es, argumentó falsamente para negar el programa, como lo hicieron también otros formadores de opinión.

En verdad, la semana que culminó el 3 de diciembre hubiera podido llamarse la “semana de Miguel Rodríguez”. Rodríguez, en esos siete días, había pontificado, en el mejor estilo de la “economía colérica”, en reuniones en el IESA, la Cámara Venezolano-Norteamericana, la Universidad Simón Bolívar y el hotel Tamanaco (Grupo Santa Lucía). Fue, sin duda, el más destacado “fusilable” de la semana preelectoral, aunque también resaltaron las participaciones de Gerver Torres y Moisés Naím. Este último declaró que creía que el presidente Caldera terminaría aprendiendo por fuerza de los hechos económicos, pero que tal aprendizaje sería el más costoso del mundo. (Naím evidencia de este modo que en su ideología considera tal cosa más costosa que los centenares de muertos del 27 y 28 de febrero de 1989 y del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, junto con la zozobra de las bombas terroristas de 1993, sucesos todos que parecen no haber bastado para que ni él ni Carlos Andrés Pérez hayan aprendido).

No faltó, naturalmente, la consabida declaración de Arturo Úslar Pietri, quien probablemente ya ha tomado demasiado la palabra para repetir una vez más sus ideas favoritas: que esta crisis es muy grande y que la misma se arregla con doce apóstoles que deben conformar un comando de crisis. Tampoco supo callar su boca el ex presidente Herrera Campíns: dijo que ahora entendía por qué Caldera habría dejado de ser socialcristiano, aunque nunca dijo lo mismo de las proposiciones de pena de muerte de la senadora Haydeé Castillo, a quien, es de suponer, Herrera sigue considerando muy socialcristiana.

En fin, una capacidad notoria para fijarse en lo accesorio y para deformar y distorsionar los discursos proferidos por el Presidente de la República. Esta vez no estuvieron acompañados por la opinión general, en cuyo seno aumentó, aunque ligeramente, el apoyo a la figura de Caldera. La entrevista que de Castro le hizo seguramente le reportó mayor cantidad de simpatías que de críticas, tomando en cuenta el universo total de Electores, mientras obtuvo mayor rechazo en quienes estaban a la caza de defectos.

De esta misma manera se criticó un sustantivo con el que el inconsciente traicionó al Presidente la noche de la elección. Queriendo decir que le preocupaba la alta tasa de abstención, lo que dijo fue que le preocupaba la alta tasa de inflación. Pocas horas después, en reuniones de impenitentes carlos-andresistas se usaba ese desliz freudiano para argumentar a favor de la inhabilitación de Rafael Caldera. Por supuesto, quienes esto argumentan sobre base tan deleznable nunca propusieron la inhabilitación de Carlos Andrés Pérez cuando acuñó el grave sin sentido de “ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario” allá por 1975, ni tampoco se han detenido a considerar que el muy joven Gobernador  Electo del Estado Carabobo (31 años), se refirió dos veces a la presencia de una “brocha (sic) generacional”, cuando fue preguntado la misma noche del 3D por la participación juvenil en su triunfo electoral.

Poco antes de la controversial entrevista televisada (y repuesta al día siguiente) de Caldera con de Castro, se había producido la defenestración de Carlos Bernárdez, ahora fuera del gobierno. A este hecho hizo referencia explícita Rafael Caldera en la entrevista en cuestión, y seguramente el evento fue una importante señal hacia la opinión pública, además de constituir un fuerte respaldo a Luis Raúl Matos Azócar. En la juramentación de Alberto Poletto como sucesor de Bernárdez en el Fondo de Inversiones de Venezuela, Matos Azócar aparecía como el testigo privilegiado, invitado intencionalmente para reforzar aún más su autoridad como líder de la política económica gubernamental.

Todo el debate nacional sobre las conversaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional gravitó necesariamente sobre los resultados electorales, aunque esta vez los factores locales tuvieron probablemente más peso en la decisión de voto de cada Elector. No otra cosa dominaba la mente de los Electores con mayor fuerza que la economía, pública y privada, puesto que ninguna otra cosa acaparaba más espacio y tiempo en los medios de comunicación y las conversaciones civiles.

Probablemente no hubo ningún momento en la vida del sistema de elección universal, directa y secreta en Venezuela en el que hubiera sido vapuleado un gobierno como lo ha sido el actual en los últimos meses. Tal vez entre 1991 y 1992 haya sido tan fuertemente golpeado el último gobierno de Carlos Andrés Pérez, aunque muchísimo más rechazado que el último gobierno de Rafael Caldera. Pero la dureza, frecuencia y cobertura de los ataques y problemas que han gravado los hombros de Rafael Caldera son algo inusitado.

Milagro de María de San José; eventos de San Román y del Domo Bolivariano; rumores de golpe para octubre aderezados con “historias vivas” y peticiones de renuncia; aumento de la gasolina; decenas de informes, conferencias y declaraciones de nacionales y extranjeros sobre “el desastre”; Banco Andino, Semary, Weill, con sus ataques a los Caldera en general y al Ministro de Hacienda; impasse del presupuesto entre éste y el Congreso; discusiones con el Fondo Monetario Internacional; devaluación. Todo ha sido criticado con acritud. Es extraordinariamente raro encontrar un caso de reportero, articulista, editorialista, que encuentre algo de bueno en lo que el gobierno hace. Parece sospechoso que un gobierno, por muy malo que sea, no pegue una.

En todo caso, esta fue a grandes rasgos la secuencia presentada a la psiquis de los Electores. Entre sus riscos se hundían las inversiones de transnacionales petroleras, la aprobación del esquema de apertura del petróleo venezolano en mayores y nuevas de esas inversiones, el pacto anti-inflacionario, la comisión de prestaciones sociales, la descentralización de la educación y el aumento de la libertad de determinación curricular por parte de los centros educativos, la disminución de los índices de mortalidad criminal y por ende la elevación de los índices de seguridad. Todo esto es remitido a tépidas y reducidas aprobaciones o aun el mero reconocimiento en los medios, en las conversaciones de Electores.

A veces desde afuera se ve mejor. Decía el CS First Boston el 14 de noviembre de este año, hace un mes: “A comienzos de 1994, la Administración Caldera heredó un país con severos problemas económicos. Pero, con excepción de un frágil sector bancario, el país estaba en gran medida libre de distorsiones macroeconómicas. Las crisis de 1994 en el sector bancario, y los subsiguientes controles al capital, sin embargo, introdujeron varios problemas macroeconómicos mayores… No obstante, la Administración Caldera merece altas calificaciones por la restauración de la estabilidad política a una nación que estaba al borde del caos social. Las insurrecciones militares, la disensión política y las erupciones sociales, fueron rápida y calladamente disueltas por el nuevo gobierno”. (CS First Boston, Economist Department, Latin America Research: Venezuela: Light at the End of the Tunnel?)

La tercera ola

El gobierno está emitiendo variadas señales de la inminencia de una bifurcación en la orientación de sus políticas. Para eso se apoya en su entendimiento básico con Luis Alfaro Ucero, en su alianza con el MAS, en su Convergencia, hasta en el curioso soporte que prometen sus críticos. (En la reunión del Grupo Santa Lucía del 2 de diciembre, la proposición final de la presidencia de la mesa fue la de aprestarse a ayudar al gobierno, lo que sigue, por cierto, a una apertura complementaria de Caldera en ocasión de la entrevista televisiva varias veces mencionada, en la que el Presidente de la República pidió cooperación).

Pero podría conseguir un importante apoyo en dos juegos diferentes de interlocutores nuevos: los gobernadores y alcaldes electos. Ya hemos notado que el Presidente de la República habló de convocar, desde enero, y en sucesión, la Convención de Gobernadores y el Consejo Nacional de Alcaldes.

¿Qué temas pudieran tocarse en esas reuniones? ¿Cuáles serían las posiciones mayoritarias entre gobernadores y alcaldes ante posibilidades como las de una Asamblea Constituyente y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Son materias éstas para ser consultadas a gobernadores y alcaldes?

En todo caso se podría decir que se está frente a casi dos cámaras nuevas: un breve senado de gobernadores y una extensa cámara de alcaldes, que prefiguran el futuro modo de elegir representantes a una legislatura nacional bicameral: uninominalmente a dos senadores por estado y a un diputado por cada municipio.

Se trata, claro está, de dos “cámaras ejecutivas”, las que guardan importantes y muy básicas diferencias entre sí: el Consejo Nacional de Alcaldes reúne a ejecutivos municipales fundamentalmente autónomos; la Convención de Gobernadores reúne a ejecutivos que no han perdido su carácter de gestores del Ejecutivo Nacional, por más que hayan sido elegidos directamente por los ciudadanos. (Primer párrafo del Artículo 21 de la Constitución Nacional: “El gobierno y la administración de cada Estado corresponde a un Gobernador, quien además de Jefe del Ejecutivo del Estado es agente del Ejecutivo Nacional en su respectiva circunscripción”. Ordinal 1º del Artículo 23, sobre las atribuciones y deberes del Gobernador: “Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes, y ejecutar y hacer ejecutar las órdenes y resoluciones que reciba del Ejecutivo Nacional”).

Esta calidad de autonomía municipal que no tienen los estados en los que se divide Venezuela, no proviene de la Constitución de 1961, ni siquiera de la de 1830 o de la primera constitución republicana. La entidad de los municipios era ya una institución española de nuestro período colonial. De hecho, los primeros protagonistas de la Independencia no son los países: son los municipios, son las ciudades. Es el Ayuntamiento de Caracas, y no la Capitanía General de Venezuela o la provincia de Nueva Andalucía, el que envía la primera comunicación suramericana de emancipación.

En cambio los estados nunca han tenido esa entidad. Don José Antonio Giacopini Zárraga los considera en gran medida una creación artificial, pues a su juicio en la Venezuela de 1811 se pretendió tener la República antes de tener la Nación. Y en 1964 el inolvidable Arístides Calvani hacía respecto de los estados la siguiente observación: “¿Cuál es su fundamento económico? ¿Cuál es su fundamento geográfico? ¿Cuál es el fundamento humano de esta división político-territorial? No existe. Allí está. Es así y a ella nos atenemos. ¿Por qué hay 20 estados y no 21? ¿Por qué hay 20 estados y no 15? Nadie estaría en capacidad de decirlo, salvo que la ley fija 20 estados. Eso es todo”. El día que Venezuela llegue a federarse con otros países en la Tierra de Gracia de América del Sur, probablemente disminuya de modo aún más pronunciado esta identidad de los estados como división territorial de los venezolanos.

Pero entretanto los gobernadores existen y disponen, aunque con limitaciones. Los alcaldes y su poder sí no tienen discusión. Hacia estos dos estamentos recientemente refrescados vuelve ahora su mirada el Ejecutivo Nacional. Será para más adelante una tercera ola constituyente, luego de que la ola de los alcaldes sobrepuje la ola de los gobernadores y su golpe de estados del 3D.

Los nuevos

Con toda esta revolución regional y municipal se ha activado ya el arranque de la campaña presidencial de 1998. Nuevas caras han emergido, para sumarse a las de los eternos candidatos irreductibles. (Eduardo Fernández, por ejemplo, quien desea “recuperar su protagonismo”). De varias de esas nuevas posibilidades venía hablándose desde hacía ya un cierto tiempo, como en el caso de Irene Sáez y aún antes en el de Henrique Salas Römer.

Cada uno de estos dos basa su presencia en la imaginación política que los visualiza en la Presidencia de la República, sobre su fama de buen gobernante local. Irene Sáez es con mucho la favorita. Registros de fines de octubre indican que obtenía un 34% de respuestas favorables a la pregunta si las elecciones presidenciales fueran hoy ¿por quién votaría?

Hasta ahora, claro, no se conoce cuál es la “visión de Estado” de Irene Sáez. Las veces que ha aparecido entrevistada en televisión y recibe preguntas que trascienden a lo municipal, se refugia razonablemente en la salida de que su interés exclusivo reside por los momentos en Chacao y sus circunstancias. Tampoco ha sido confrontada nunca. La Srta. Irene Saéz mantiene un halo de intocable que no puede durar mucho tiempo, sobre todo si llegara a aspirar a la Presidencia de la República. En ese caso ya no sería la candidata unánime de todas las fuerzas políticas, y tendría que defenderse con argumentos más sustanciosos y responsables que las muñequitas imitación de Barbie con marca Sáez.

Salas Römer, por su parte, también ha sabido acumular un prestigio de buen gobernante, esta vez en un cargo de mayor nivel que el de una alcaldía, hasta el punto de haberse perpetuado indirectamente en Carabobo por la persona interpuesta de su hijo Salas Feo. Tampoco ha hecho explícita su visión de país, su idea de un proyecto para Venezuela, pero trae un mayor tiempo de involucración que Irene Sáez con la problemática nacional, al menos desde que fundó Strategyon, un centro de análisis del proceso político-económico venezolano. Junto con Sáez comparte la imagen de buen gerente o administrador, y un cierto carácter de “outsider” (menos que Sáez), reforzado por el hecho de que la candidatura de su hijo se impuso en contra de los designios de COPEI. (En su momento se comentó que el “veto” copeyano a Henrique Salas Feo habría sido un intento de Eduardo Fernández por vulnerar una previsible candidatura presidencial de Henrique Salas Römer).

Quien seguramente no puede presentarse como outsider es Antonio Ledezma, que ahora se perfila como fuerte precandidato a la candidatura adeca para 1998, y que ha decidido transitar por la misma trayectoria de Claudio Fermín: de la Alcaldía de Caracas al Palacio de Miraflores. El estilo de Ledezma corresponde al del operador de mercadeo electoral, pendiente más de las señales que de los significados. En una “operación pantalla” pocos días después de las elecciones, fue “sorprendido” por fotógrafos montado sobre una escalera recostada de un poste del que retiraba su afiche. Tendrá Ledezma, por otra parte, que resolver el problema de su “perecismo”, sobre todo si quiere ser candidato dentro de un partido controlado por Luis Alfaro Ucero, quien ha declarado hace pocos días que ni Pérez ni Lusinchi tienen nada que buscar en Acción Democrática.

Pero gobernadores y alcaldes electos aparte—hasta Arias Cárdenas ha dejado entrever que no descarta una candidatura suya a la Presidencia de la República—el más nuevo de los nuevos es, sin duda, Miguel Rodríguez, economista que junto con Hugo Farías y Gustavo García compone el grupo que exhibe el estilo de “economía colérica”. Lejos de emitir sus opiniones profesionales con distancia clínica y serenidad, estos tres economistas exponen sus ideas con gran vehemencia, en muchas ocasiones con un aparente nivel de disgusto que no tiene que envidiar nada a las más puras expresiones furibundas de, pongamos, Andrés Velásquez.

Miguel Rodríguez fue, como se sabe, Ministro Presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela y luego Presidente del Banco Central de Venezuela durante el último gobierno de Carlos Andrés Pérez. Hace unos 10 años llamó la atención del entonces precandidato adeco a raíz de un interesante trabajo suyo en el que mostraba cómo era que el excedente financiero del sector público, proveniente de los súbitos y marcados aumentos de precios del petróleo durante el primer gobierno de Pérez y el de Herrera Campíns, había sido en gran medida transferido al sector privado y luego seguido la apátrida lógica del capital hasta los depósitos en dólares que algunos venezolanos mantienen en cuentas del exterior. Poco después de este estudio Miguel Rodríguez pasó de ser asiduo visitante a la Torre Las Delicias, cuartel general de Pérez, a miembro de un staff en el que ya destacaban Beatrice Rangel y Reinaldo Figueredo Planchart, hoy algo alejados de la geografía nacional.

Después de la “semana de Miguel Rodríguez”—la semana que terminó el domingo 3 de diciembre—el combativo profesor e investigador del IESA lideró una reunión para la constitución de su movimiento político en las oficinas del ingeniero Leopoldo Baptista Zuloaga, y a la que asistió un interesante grupo de partidarios del libre mercado, entre los que se encontraba, según reseña de prensa no desmentida, el copeyano Oswaldo Álvarez Paz.

Demócratas y republicanos

En conversación de hace poco más de un mes, el ingeniero Humberto Peñaloza nos hacía la siguiente observación: en Venezuela no ha existido nunca un partido republicano; todos nuestros partidos son demócratas. Peñaloza alude, naturalmente, a la terminología norteamericana, y elabora para explicar la diferencia entre los dos polos de la política de los Estados Unidos: los demócratas se ocuparían del método de gobierno, del método político general; los republicanos en cambio, colocarían el foco sobre la res publica, sobre la casa republicana de todos.

En análisis de Peñaloza, nuestros partidos demócratas—siendo el principal y nuclear Acción Democrática—habrían puesto el énfasis en el demos, según él, para asolar la res publica. El corolario de su razonamiento se cae de maduro: en Venezuela habría que fundar un partido republicano.

Algo de premonitorio hubo en esta percepción de Peñaloza, pues a los pocos días de las elecciones del 3 de diciembre resonó en COPEI la insólita proposición de aliar a este partido con el MAS y la Causa R para hacer un frente contra Acción Democrática. (No se mencionó a Convergencia en esta idea, pero la tesis de reunión de la “familia socialcristiana” renació por los predios no herreristas de Eduardo Fernández).

¿Estaremos a las puertas de un nuevo esquema bipolar en las organizaciones políticas venezolanas? ¿Hay algo de natural y lógico en un sistema bipartidista? En la fisiología del cuerpo humano podemos encontrar analogías de esta disposición. El sistema nervioso central (el gobierno), no es el único regulador nervioso del funcionamiento corporal. De hecho, son mucho más activos los componentes autónomos del sistema nervioso: el sistema simpático (demócrata) y el sistema parasimpático (republicano). Ambos sistemas coexisten dentro del cuerpo en un proceso de constante oposición. El tono general del sistema simpático es más acelerado, mientras que el de su opuesto, el sistema parasimpático, es de desaceleración (conservador).

No poseemos una teoría política por la cual sea posible prescribir como más sano que otros sistemas políticos un sistema bipartidista. En América Latina se han dado sistemas bipartidistas—siendo el más cercano ejemplo el de los Conservadores y Liberales de Colombia—con logros de dudosa evaluación y, en todo caso, no demasiado similares al de los sistemas norteamericano e inglés. Pero resulta sugestivo imaginar que verdaderamente el espectro partidista venezolano llegue a organizarse entre dos polos, siendo uno de ellos Acción Democrática.

En este caso, ¿en cuál de los dos polos se afiliarían los más notorios personajes de nuestra política vernácula?

Seguramente encontraríamos a Rafael Caldera del lado demócrata, junto con Acción Democrática, el MAS, la Causa R. Seguramente hallaríamos a Miguel Rodríguez del lado republicano, en compañía de Uslar, Olavarría, COPEI (al menos el de Eduardo Fernández y Oswaldo Álvarez Paz). De estilo demócrata (que no democrático) es ciertamente Convergencia, mientras parecen ser estilísticamente republicanos pequeños movimientos de nuevo cuño como Factor Democrático. Siempre quedarán por fuera de tan nítida disposición los radicales de cosas tales como el MBR 200, y probablemente personajes como Pablo Medina, el más derrotado de los candidatos a gobernación alguna, junto con algún indeciso que no podrá ubicarse en “ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario”.

Pero es posible que los resultados del 3D realmente lleven a una reorganización bipolar. Paradójicamente, la fragmentación local y regional de la acción política, impulsada por la elección directa de gobernadores y alcaldes, refuerza esta tendencia bipolar. Si bien todavía es posible hablar de cinco núcleos partidistas con significativa presencia electoral—AD, COPEI, Causa R, MAS y Convergencia—parece probable que se dé la predicción de Eduardo Fernández sobre una fusión de COPEI y Convergencia, en cuyo caso esta “familia socialcristiana” (con algunos de dudosa ideología en materia de fusilamientos y penas de muerte) habría recibido un 35% de los votos admitidos para la elección de gobernadores, y junto con el polo acción democratista conformarían hoy en día el 74% de las preferencias a escala nacional. (Si se excluye del análisis la desafección de quienes no fueron a votar el 3 de diciembre próximo pasado).

El evento electoral del 3 de diciembre puede haber sido, entonces, un punto de inflexión en la política venezolana. Habiendo ocurrido a fines de este peculiar año de 1995, da pie para pronosticar un año de 1996 bastante movido en materia política. Probablemente se verá, como apuntamos, la definición de la política económica gubernamental, algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un intento de cambiar solvencia por liquidez en el Erario Público.

Pero tampoco ha desaparecido del panorama la atractriz de una Asamblea Constituyente. La necesidad, por un lado, está allí. La obsolescencia del marco constitucional de 1961 es evidente. Por otra parte, la “clientela” inicial de un expediente de esa clase reside en ese 52% de abstención que no fue atraída por las opciones presentadas el 3 de diciembre. Y, también, hay activismo y trabajo en esta dirección.

El año de 1996 será un período de definiciones, redefiniciones y reagrupaciones en el orden económico y político. Ambas dimensiones, la política y la económica, se encuentran a punto de ruptura. La económica porque los resultados de la administración de Rafael Caldera a nivel de la economía individual y familiar, corporativa y pública, si bien racionalizables con una apelación a las dificultades impuestas por la crisis bancaria, no son en absoluto satisfactorios. Por lo contrario, la inflación continúa, la devaluación se repite, el gasto público prosigue aumentando a saltos.

La dimensión política, por el otro lado, continuará asediada por las interrogantes ya consolidadas: la validez de nuestro sistema electoral y de partidos, el estilo de Realpolitik, el muy considerable proletariado político interno que se siente decepcionado y frustrado.

Es por esto que no debiera haber mucho descanso navideño para los actores políticos principales del país. El año que se les encima es complicado, y si bien el 3 de diciembre representó una suerte de transfusión renovadora, probablemente no lo fue en proporción suficiente como para asegurar un progreso con vocación de longevidad.

El 3D puso en evidencia las debilidades orgánicas de nuestro sistema político, que para llevar a cabo una operación estrictamente civil, debió recurrir a la toma militar del país para que fuese posible culminar el proceso electoral a duras penas. Por esto queda recrecida ahora la sección política de una Agenda Venezuela, respecto de la que el Ejecutivo Nacional tiene la máxima responsabilidad. Pero también deberán mostrar lo suyo los nuevos gobernadores y alcaldes. De su conducta dependerá en mucho el destino de esta res publica venezolana, haya o no un partido que se dedique a defenderla.

LEA