Precisión gratuita (Ampliado)
Pistolero realengo
El presidente de la Asamblea Nacional y Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, haría bien en tomar lecciones de castellano o de lógica (en esencia, son lo mismo). Disparando por su cuenta, ha sugerido primero que pudiera posponerse la toma de posesión de Hugo Chávez Frías, pautada para el 10 de enero, y hoy que lo que propone está apegado a la Constitución, cuyo texto habla de «razones sobrevenidas». (DRAE: sobrevenir. Del lat. supervenīre. 1. intr. Dicho de una cosa: Acaecer o suceder además o después de otra. 2. intr. Venir improvisamente).
Es obvio que lo sobrevenido es la recidiva del cáncer en la persona del Presidente; él mismo dijo el 9 de este mes que, poco después de las elecciones del 7 de octubre, se hizo exámenes en Venezuela y en Cuba y éstos no reportaron problema, pero que más tarde supo que nuevas células cancerosas requerían una nueva operación. En esa oportunidad, como sabe todo el país, Chávez indicó, aludiendo a la Constitución y precisamente a posibles «circunstancias sobrevenidas», que debía hacerse una nueva elección y pedía se eligiera en ella a Nicolás Maduro como Presidente. He aquí lo que dijo, para recordarle a Cabello las instrucciones de su jefe; es bueno que ponga atención a la sintaxis castellana.
Pero Cabello cita el Artículo 231 de la Constitución: «El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia». Entonces «razona» de este modo (por Twitter): «El carácter restrictivo de las leyes lo aplican quienes en el fondo quieren violar las leyes», «La oposición racional sabe que la Constitución contempla razones sobrevenidas», «La Constitución dice que si no se puede juramentar ante la Asamblea, lo haga ante el TSJ y no pone fecha».
Restrictivo es algo que «restringe, limita o acorta» (DRAE), pero no se trata de restringir, limitar o recortar el Artículo 231, sino de interpretarlo sin modificación al capricho del Presidente de la Asamblea. El artículo es taxativo (DRAE: 1. adj. Der. Que limita, circunscribe y reduce un caso a determinadas circunstancias. 2. adj. Que no admite discusión). Es el propio artículo el que estipula con todas sus letras que la toma de posesión debe efectuarse el 10 de enero. Y las razones sobrevenidas se refieren exclusivamente al órgano ante el cual se juramentaría el Presidente electo para convertirse en Presidente en ejercicio. Esto es, en caso de que la Asamblea Nacional esté secuestrada, como ocurrió en España, por unos golpistas como los del 4 de febrero, o que haya caído una bomba sobre los diputados matándolos a todos, o que ellos se hayan declarado en huelga y se nieguen a recibir el juramento, entonces el Presidente electo podrá jurar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Precisamente, no se habla de fecha porque no es la oportunidad sino el órgano receptor de la juramentación lo que contempla. No dice el artículo que si, por algún motivo sobrevenido, la juramentación no puede efectuarse «el diez de enero del primer año de su período constitucional», entonces puede darse en otra fecha posterior.
Y es argumento realmente defectuoso esto dicho por Cabello: «Esta es una opinión mía, no es algo oficial: tú no puedes amarrar a un día la voluntad de un pueblo». Fue justamente la voluntad de ese mismo pueblo que eligió a Chávez darse la Constitución que rige a los poderes públicos; lo que «tú» no puedes hacer es sujetar el significado de la Carta Magna a «tu» imperfecto modo de razonar.
Más aún, si la enfermedad impide a Hugo Chávez jurar ante la Asamblea, también le impedirá hacerlo ante el Tribunal. Si Chávez no llega a la fecha prevista, como él mismo dijo, debe aplicarse la Constitución y procederse a una nueva elección. O sea, Cabello se ha atrevido a enmendarle la plana al jefe máximo. ¿Qué andará buscando este poderoso dirigente del oficialismo que declara, según sus propias palabras, a título personal? ¿No es esto una señal temprana de que se prepara a cuestionar la herencia de Maduro?
Por lo demás, no tengo duda de que si se lleva el asunto a la consideración de la Sala Constitucional del TSJ, ella podría perfectamente sentenciar lo que Cabello propone. Ya antes ha mutilado la Constitución con argumentación resbalosa, maliciosa, vergonzosa. (Ver en este blog Constitución amputada). Sea como sea, la falta absoluta de Chávez antes del 10 de enero de 2017 exige—esto «no admite discusión»—una nueva elección presidencial. El 10 de enero de 2013 es cuatro años antes del 10 de enero de 2017.
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La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de su Sala Constitucional, Luisa Estella Morales, contestó sobre el tema planteado por Diosdado Cabello en los términos que se escucha a continuación:
Declaración de Luisa Estella Morales
Vale la pena comentar que la actuación de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia que empleó la noción de «supraconstitucionalidad», y a la que la magistrada Morales alude, es su decisión del 19 de enero de 1999 sobre ponencia del magistrado Humberto La Roche. Esta fue la decisión que estableciera que sí podía preguntarse a los electores venezolanos, los miembros del Poder Constituyente Originario—en virtud del nuevo Título VI de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política introducido por el Congreso de la República en reforma de diciembre de 1997—, si querían la convocatoria de una asamblea constituyente, a pesar de que no estuviera incluida esa figura en la constitución vigente para la fecha (la de 1961). También dice la magistrada Morales que esa decisión «pasó por encima de algunos escollos importantes para abrir el campo jurídico y constitucional a la posibilidad de una consulta para una asamblea constituyente». Precisemos, en orden inverso.
La Corte Suprema, en 1999, no pasó sobre escollos de ninguna importancia, sino sobre opiniones de algunos juristas—Allan Randolph Brewer Carías, por ejemplo—que sostuvieron que no podía convocarse una constituyente hasta tanto no se reformara la constitución de 1961 para incluir en ella esa institución. En ningún caso contradijo la decisión del 19 de enero de 1999 la constitución vigente para la época. Lo que esa correctísima sentencia hizo fue reconocer el carácter supraconstitucional del Poder Constituyente Originario, al establecer la doctrina de que éste no está limitado por la Constitución, que sólo limita a los poderes constituidos. (El Poder Constituyente Originario sólo está limitado por los derechos humanos y los tratados válidamente contraídos con soberanías equivalentes; esto es, las de otros países). De modo que «para abrir el campo jurídico y constitucional» no actuó contra la constitución vigente.
Y ya ha quedado dicho que la supraconstitucionalidad es rasgo que sólo pertenece al Poder Constituyente Originario; ningún poder constituido—como el Tribunal Supremo de Justicia y su Sala Constitucional, menos aún su Presidenta—es en ningún modo o grado una instancia supraconstitucional. Dicho sea de paso, la argumentación de la decisión aludida fue anticipada en artículo del suscrito—Contratesis—en el diario La Verdad de Maracaibo, escrito cuatro meses y cuatro días antes (15 de septiembre de 1998) de la redacción de la ponencia de La Roche. En ese artículo dije, entre otras cosas:
Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.
No sobrevenida sino prevenida al bate
Por otra parte, la magistrada Morales sugiere que algunos antecedentes de jurisprudencia a la situación planteada hoy pueden encontrarse en sentencias del año 2000, cuando el TSJ reguló el período extraordinario creado por la elección de «relegitimación» del Presidente de la República, pues había sido electo por las normas de 1961 por cinco años hasta febrero de 2004, y la nueva Constitución establecía un período de seis (que empezaría el 10 de enero de 2001). Pero, si bien pudiera emplearse analógicamente algún criterio asentado en 2000, tampoco se refiere esa jurisprudencia al caso confrontado en la actualidad; en 2000 no fue reelecto un presidente cuya falta absoluta fuera inminente. Chávez continuó entonces, inmediatamente, en posesión de algo que ya ejercía y el período iniciado el 2 de febrero de 1999 concluyó efectivamente al comenzar 2001.
Para estar claros: es verdad que estamos ante el caso de un presidente en ejercicio que ha sido reelecto, pero ya lo hemos tenido con el mismo Chávez, reelecto en 2000 y en 2006 y ahora, gracias a la enmienda constitucional del 15 de febrero de 2009, por tercera vez este mismo año. Más aún, incluso antes de esta enmienda podía suscitarse la posibilidad de falta absoluta de un presidente en ejercicio que hubiera sido reelecto, puesto que en su versión no enmendada la Constitución ya permitía la reelección inmediata por un período adicional. Aun así, la Constitución no prescribió una cosa distinta a la que rige las faltas absolutas, no introdujo una excepción en el caso de presidentes en ejercicio reelectos que no pudieran tomar posesión por alguna razón «sobrevenida».
En consecuencia, el tercer período presidencial de Hugo Chávez expira el 10 de enero de 2013, dentro de tres semanas justas. Pudiera ocurrir que llegare al Tribunal Supremo de Justicia un parte médico que dijera que debe guardar reposo absoluto hasta el 15 de enero, pero que a partir de esa fecha estará en capacidad de apersonarse en el Palacio Legislativo para tomar posesión de un nuevo período, causado por la elección del pasado 7 de octubre. Una cosa así sería manejable y tolerable, por supuesto, pero no puede sujetarse la resolución del asunto a una indefinición médica más allá de eso. La Constitución es muy clara. Es más, la inminencia del asunto es tal, que el TSJ debiera prepararse para producir en pocos días lo previsto en el Artículo 233 de su texto: su declaración de «la incapacidad física o mental permanente [del Presidente] certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional». Debe designar de una vez la junta médica prescrita y pedirle a Diosdado Cabello que someta su composición a la aprobación del cuerpo que preside. A menos que reciba, muy pronto, la semana próxima, buenas noticias médicas de la segunda (¿la primera?) patria de Hugo Chávez. Mosca, magistrada Morales. LEA
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