por Luis Enrique Alcalá | Feb 26, 1996 | Política, Referéndum |
Hará pronto un año que el Señor Presidente de la República convocó a los venezolanos a construir entre todos un proyecto de país. Es decir, nos invitó a participar en la fijación del rumbo del Estado. En su último mensaje anual al Congreso, el 10 de marzo de 1995, nos hizo precisamente esa invitación. Y durante el lapso de casi un año hemos desatendido el llamado. Muchos de nosotros hemos hecho proposiciones, es cierto, pero la mayoría de las veces éstas han sido demasiado vagas—el “acuerdo nacional”, el plan coherente y creíble—o las hemos envuelto en un lenguaje meramente crítico y a veces irrespetuoso.
Acá queremos atrevernos a un poco menos que lo que fue solicitado: a proponer que el Señor Presidente anuncie el próximo 12 de marzo un cierto conjunto de medidas económicas de corto plazo y algunas modificaciones inmediatas en la organización y el funcionamiento del Estado.
Comoquiera que el primer grupo de proposiciones son de política económica, creemos necesario hacer notorio que, como el ciudadano Ministro de Hacienda, no somos economistas. Nuestra perspectiva es la de un político general. Pero así como un médico general puede válida y responsablemente hacer observaciones en un caso neumológico aunque no sea un especialista en neumonología, debiera ser admisible que un político general conjeture soluciones en el reino de la política económica, sujeto, claro está, a la evaluación crítica de los economistas.
Este atrevimiento nuestro tiene un antecedente puntual. Cuando comenzaba el gobierno de Jaime Lusinchi estaba recién estrenado el problema de la deuda externa venezolana. Éste no había sido universalmente reconocido hasta su mención por Rafael Alfonzo Ravard en un discurso del 23 de agosto de 1982, y las discrepancias entre Leopoldo Díaz Bruzual desde el Banco Central de Venezuela y Luis Ugueto Arismendi, primero, y después Arturo Sosa desde el Ministerio de Hacienda, significaron el traslado del irresuelto problema a la Administración Lusinchi. Unos 400 y tantos bancos acreedores de la República de Venezuela, temblorosos por el deterioro general de la seguridad financiera mundial luego de la erupción de las deudas públicas de Polonia y México, hacían toda clase de presiones sobre el gobierno recién encargado.
Por aquel momento nos atrevimos a proponer—en una publicación que hasta cierto punto es la precursora de referéndum—que se tomara una fracción de las reservas en oro de la Nación para liquidarla en los mercados internacionales, y que se emplease el efectivo resultante para saldar deudas con los bancos más pequeños del lote de acreedores, los que, siguiendo la misma Ley de Pareto que usan los predicadores de la “calidad total”, eran la mayoría pero representaban un porcentaje pequeño de la deuda total.
Con esta recomendación se perseguía aliviar al gobierno de la presión de la jauría más inquieta—los bancos más pequeños—para concentrarse en la negociación con la veintena de bancos más grandes—de los que podía esperarse más serenidad y mayor paciencia—al tiempo que se emitía una clara señal de voluntad de pago. Habría habido, incluso, un beneficio colateral muy saludable si se hubiese adoptado la recomendación, pues poco tiempo antes, durante el período de Luis Herrera Campíns, el Banco Central de Díaz Bruzual había sido criticado duramente por haber revalorizado las reservas de oro, aunque se les había asignado un valor significativamente menor al que resultaría de valorizarlas a los precios del oro en el mercado internacional. La crítica que se hacía –la revalorización de Díaz Bruzual era una manipulación contable que no tenía fundamento en operaciones reales– hubiera dejado de tener razón al realizar parte de las reservas y así conseguir un precio de referencia que habría sido marcadamente superior al precio registrado en las cuentas nacionales, haciendo entonces que éstas pudiesen, con toda justificación, ser consideradas serias, sobrias y conservadoras.
Eso fue nuestra aventura en territorio de economistas en 1984, y la primera vez que reivindicamos nuestro derecho a emprenderla.
Esa proposición fue presentada a economistas por esa misma época, con el resultado de que no pudimos obtener de ellos una razón válida para no efectuar la operación que no fuese la de objeciones del tenor siguiente: eso nunca se hace.
De hecho, esa fue la argumentación que vehementemente opuso a la idea Luis Teófilo Núñez, en uno de aquellos editoriales que publicaba cuando dirigía el diario El Universal y que firmaba con el pseudónimo de “Amadís”. Las reservas de oro eran consideradas por quienes, como él, se oponían a la proposición, como las “joyas de la familia”, como lo último que se tocaba. En vano preguntamos cuál era el sentido de “reservar” si las reservas no podían ser usadas en caso de necesidad.
Plenamente conscientes, pues, de que no dominamos el campo de la economía, cometemos el atrevimiento de sugerir al Señor Presidente de la República, en primer término, algunas medidas de política económica.
Fecha cierta
Creemos que el Señor Presidente debe anunciar, esencialmente, cinco grandes decisiones económicas, y que a todas ellas debe asignarles fecha precisa. Como enfatiza el Dr. Bruno Egloff, el economista a quien hemos dedicado con agradecimiento este trabajo, es de suprema importancia atender el punto de la credibilidad con un compromiso cronológico. De allí que acojamos su idea básica e insistamos en que las medidas deben poder ser colocadas con precisión en un calendario.
En primer lugar, el Presidente de la República debe anunciar el cese del régimen de control de cambios para las doce de la noche del 31 de marzo de 1996. Esto no sería otra cosa que el cumplimiento de un compromiso asumido públicamente por el Gobierno Nacional en los términos de la Agenda Venezuela, compromiso que reiteró de modo explícito el Ministro de Hacienda en diciembre de 1995 al anunciar la nueva tasa oficial de 290 bolívares por dólar. El Presidente anunciaría así un decreto inmediato que establece una fecha definitiva para el cese del control, y la misma sería compatible con lo que ha sido prometido, lo que deberá ser visto con toda justicia como signo de seriedad.
En términos estrictos lo que el gobierno ha prometido es la eliminación del control de cambios en dos etapas. Su compromiso del primer trimestre de 1996 es en lo tocante a la cuenta corriente, mientras no ha fijado fecha para lo relativo a la cuenta de capital. El Dr. Egloff acepta la conveniencia de un desmontaje gradual, sólo que sugiere una apertura inmediata en la cuenta de capital para transacciones de monto inferior a 5 mil dólares. Carecemos de capacidad técnica para opinar sobre esta específica recomendación, pero creemos recomendable fijar también una fecha cierta a la liberación total, para la que nos atrevemos a sugerir el 31 de marzo de 1997 a las doce de la noche. (Cae en día lunes).
Nuestra segunda recomendación fue prefigurada el 19 de octubre de 1994 en el número 8 del Volumen 1 de esta publicación: “En otras latitudes, en otros países, se ha optado… por reformular la definición del valor unitario de las monedas. Esto ha sido hecho algunas veces con éxito. Otras veces el cambio de moneda no ha servido como un factor contribuyente al tratamiento de la inflación. El ejemplo antonomásico de un caso exitoso es el del franco nuevo, con el que la república francesa sustituyó a cien de los francos viejos. Ese cambio de valor se ha demostrado como estable… Más recientemente, en varios países de América del Sur se ha procedido también a la emisión de nuevos signos monetarios sustitutivos de los anteriores, con mayor éxito que en otras ocasiones, cuando tales manipulaciones llegaron a verse anuladas dentro de los procesos hiperinflacionarios de Brasil y de varios países del Cono Sur del continente… Tiene sentido preguntarse, entonces, si una medida de naturaleza similar tiene cabida en Venezuela y si la misma sería de algún modo eficaz en el tratamiento de la dolencia inflacionaria. Una escala de conversión adecuada para un nuevo bolívar sería la misma que la empleada por los franceses. Así, un nuevo bolívar debería valer 100 bolívares de los actuales”.
La proposición de hoy es en esencia la misma, a la que adicionamos dos elementos nuevos: la fijación de una paridad con el dólar para la nueva moneda y la fecha de su entrada en circulación. Sugerimos al Señor Presidente de la República que anuncie un nuevo bolívar equivalente a cien bolívares de los actuales con una paridad de 4,30 por dólar norteamericano para el día 24 de julio de 1996, fecha en la que volvemos a conmemorar el natalicio del Libertador. (Los franceses usaron por un tiempo la denominación de “nuevo franco” o NF para referirse a su nueva moneda, pero hoy en día se dice simplemente franco. Nuestro NB o “nuevo bolívar” podrá recuperar el augusto nombre sin necesidad de adjetivo en un tiempo razonable).
Cuando hacíamos la proposición en octubre de 1994 comentábamos: “Probablemente sería mas estable una medida de este tipo dentro de una economía de mayores proporciones que la nuestra pero, aunque sólo fuese por su efecto facilitador de las transacciones en efectivo, aunque sólo fuese por su efecto psicológico sobre la población, vale la pena considerar la emisión de un nuevo bolívar más fuerte. La comodidad en el uso de una nueva moneda más poderosa puede llegar a ser un factor de cierta importancia, así como la psicología no es un factor a despreciar dentro del juego económico de las sociedades, y convendría a la psiquis nacional ver de nuevo respetada en el símbolo monetario, hoy en día vergonzantemente disminuido, la persona del Padre de la Patria”.
Es obvia la asociación que se busca con la tasa de 4,30 por dólar con nuestra antigua paridad “democrática”. (Hasta el gobierno de Betancourt iniciado en 1959 el bolívar tenía una paridad, más fuerte aún, de 3,35 por dólar). Es un punto que añade carga psicológica favorable. Y es posible que un refuerzo ulterior fuese el adelantar al 24 de julio de 1996 la liberación de los controles en la cuenta de capital, desde la fecha que hemos sugerido del 31 de marzo de 1997. Nuevamente este es un punto para el que carecemos de los suficientes conocimientos técnicos. Lo que sí suponemos es que el país que pudo recibir al Papa más popular de la historia de un modo tan organizado, será capaz de preparar lo necesario para la transición a la nueva moneda para la fecha en la que se cumplirán 213 años del nacimiento de Simón Bolívar.
En cambio, sí creemos que es pertinente para la consideración de la paridad respecto del dólar la siguiente relación: para el año de 1995 el valor en dólares del producto bruto estadounidense era de 7 billones (7.058 miles de millones, en estimación empleada por Strategyon, empresa analítica fundada hace varios años por Henrique Salas Römer). Para el mismo pasado año el producto teritorial bruto de Venezuela fue de 72,4 miles de millones de dólares. Es decir, los Estados Unidos producen 97,5 veces, digamos 100 veces, lo que produce Venezuela.
Si se adoptase el criterio de que la relación entre monedas de países distintos debiese estar en función de sus respectivas producciones reales—tal vez, amigos economistas, una noción no tan descabellada si atendemos a vuestras teorías, que pretenden convencernos de que el sector “nominal”, el dinero, debe ser un espejo del sector “real” de bienes y servicios concretos—entonces la relación anotada debiera indicar que la moneda venezolana actual no debiera ser superior a un centésimo de dólar. Que cien bolívares de los actuales no sean suficientes, que consideraríamos adecuada una paridad de 430 (NB 4,30) por dólar, pudiera justificarse con un coeficiente de 4,3 que expresase factores cualitativos tales como la riqueza y variedad de la producción norteamericana, su mayor sofisticación, y factores de esa clase.
La tercera recomendación que nos tomamos la libertad de hacer al Señor Presidente de la República es la de cancelar la totalidad de las prestaciones sociales acumuladas de los trabajadores de la Administración Pública Nacional mediante pago efectivo en dólares para el día 1º de mayo de 1996.
El tema de las prestaciones sociales en general es, como se sabe, uno de los temas álgidos del debate económico nacional. El caso particular de las prestaciones sociales del sector público, una de las preocupaciones más intensas de las finanzas de la Nación.
Respecto del tema general queremos acotar que, en análisis de un muy calificado y respetado consultor del sector privado—que ha preferido permanecer, generosamente, en el anonimato—el punto de la retroactividad de las prestaciones dejaría de ser casus belli de no existir la inflación, de modo que el verdadero problema—la inflamación inflacionaria—no tendría que ver con un derecho adquirido que, en toda razonabilidad, los trabajadores venezolanos se resisten a sacrificar. Un problema completamente separado es si los montos mismos de las prestaciones se depositan en fideicomisos—la previsión legal vigente que no es acatada ni por el mismo gobierno–—o en fondos de pensiones de nuevo diseño.
En cuanto al punto más específico de las prestaciones sociales del sector público –estimadas en términos gruesos en la cifra de 1 billón de bolívares– se ha propuesto cancelarlas mediante la entrega de acciones de PDVSA a los empleados públicos. Esta proposición, que originalmente fue planteada por el Dr. Asdrúbal Baptista, Ministro de Estado para la Reforma de la Economía, en abril de 1994, ha sido retomada por el periodista Alfredo Peña con un interés que llama a la sospecha por lo falacioso de su argumentación. En efecto, Peña—que ya antes había hecho insistente campaña a la dolarización definitiva de una caja de conversión—argumenta que si Venezuela ha abierto su industria petrolera a la inversión extranjera, los trabajadores del sector público tendrían más que derecho de obtener acciones de PDVSA a cambio de sus prestaciones.
Son dos cosas muy distintas. En ningún caso ha pasado parte del patrimonio de Petróleos de Venezuela a manos de Mobil, o de British Petroleum o de cualquiera otra empresa extranjera que participa en el esquema de ganancias compartidas de la “apertura”. Ninguna posee aunque sea una acción de PDVSA.
Diera más bien la impresión de que detrás del razonamiento de Peña está el de emplearlo más adelante a la inversa, para clamar por una apertura total del capital de PDVSA a la inversión extranjera una vez que se hubiera hecho trabajar, al empleado público venezolano, en gran ironía, como punta de lanza para facilitar la penetración de capitales foráneos en la empresa estratégica por excelencia de nuestro Estado.
En cambio de esto, proponemos que el Señor Presidente decida pagar enteramente las prestaciones sociales de los trabajadores del Gobierno Nacional con moneda norteamericana de las reservas que actualmente se sitúan en el nivel de 6.000 millones de dólares. (El Presidente del Banco Central de Venezuela, en referencia a la posibilidad de desmontar el control de cambios, ha reconocido esta fortaleza de las reservas de divisas).
Empleando la tasa de 290 bolívares por dólar para los cómputos del pago—nuevamente, en números gruesos—la cancelación de estas prestaciones consumiría 3.500 de los 6.000 millones de dólares de las reservas, dejando un remanente de 2.500 millones de dólares para suplir las transacciones de la cuenta corriente. (El monto promedio de compra diaria de “dólares Brady”, la que en algunos casos ha llegado a la cifra de 30 millones, es inferior a la cantidad de 20 millones de dólares en cada uno de los cinco días hábiles de la actividad bursátil. Esto significa que 2.500 millones de dólares suplen 6 meses a razón de 20 millones diarios, tiempo más que suficiente para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiempo más que suficiente para volver a recuperar el nivel de las reservas en una economía que sería mucho más feliz).
Esta decisión, creemos, tendría las siguientes enormes ventajas: primero, mejoraría de modo instantáneo la economía personal, hogareña, microeconómica de los empleados públicos; segundo, liberaría al gobierno de la pesadísima carga de las prestaciones de sus empleados; tercero, pondría a disposición del mercado un volumen muy importante de divisas en una oferta atomizada que haría imposible la corrupción que tiende a anidarse cuando quiera que hay una fuente discrecional y monopólica de divisas; cuarto, fortalece nuestra posición para nuestro negocio con el FMI. (Anticipamos el siguiente tipo de crítica: “¡Eso es poner en manos de unos tierrúos y patas en el suelo una plata que se van a gastar inmediatamente en Miami!” Como si no fuese precisamente eso lo que hubieran hecho, más de una vez excediéndose en los cupos legales, poblaciones muy distintas a la de los empleados públicos, cuyo ejemplar típico no tiene la menor posibilidad de hacer el viaje mayamero por excelencia. Rogamos se nos excuse la vulgaridad de este comentario. En todo caso, estamos dispuestos a apostar que esa inyección directa de efectivo en dólares a personas naturales venezolanas sería manejada, en conjunto, dentro de una gran racionalidad a pesar de que habría casos aislados irresponsables).
El 1º de mayo de 1996, nueva celebración del Día del Trabajo, es fecha propicia para esta gran liberación.
Nuestra cuarta proposición al Señor Presidente de la República es la de que anuncie, para el día 12 de marzo de 1997, la completa fusión de los bancos comerciales que el Estado venezolano ha llegado a poseer como consecuencia de la crisis bancaria, en un solo gran banco comercial—bajo la denominación de “Banco de Venezuela”—que deberá ser privatizado un año después –el 12 de marzo de 1998– en condiciones que explicaremos más adelante.
En los momentos actuales el gobierno se desgasta cada día ante la miríada de problemas cotidianos que debe atender, y entre estos se encuentra, naturalmente, el engorroso problema de manejar, en función subsidiaria que le es extraña, un numeroso grupo de bancos comerciales de todos los tamaños. El gobierno debería considerar la emulación de PDVSA a este respecto. La casa matriz de la industria petrolera venezolana está llegando a la conclusión de que no tiene sentido mantener, en condiciones monopólicas, tres marcas distintas de gasolina para el mercado local—Lagovén, Maravén, Corpovén—con la consiguiente triplicación de esfuerzos de mercadeo. Así, planea mercadear la gasolina producida por sus subsidiarias bajo una sola marca. (Y abrir el mercado a la competencia de marcas extranjeras).
Del mismo modo debiera el gobierno reducir una docena de dolores de cabeza a una sola y única preocupación: la creación de un gran banco comercial, que durante el tiempo que dure todavía en manos del Estado venezolano se convierta en pivote de la reactivación productiva en Venezuela, mediante un agresivo y a la vez prudente programa de fomento a la industria y el agro nacionales. (Sugerimos adicionalmente que los fondos crediticios de un programa de tal naturaleza sean adjudicados en un 70% por libre solicitud de los interesados en el apoyo a la empresa privada –con los estudios apropiados a cada caso– y en un 30% en unos cuantos campos determinados por prioridades establecidas con criterio estratégico).
Con la fusión de los bancos Consolidado, Latino, La Guaira, Venezuela, República, Progreso, Maracaibo, etcétera, se estaría mejorando en grado apreciable una condición indeseable del sistema financiero venezolano: su excesiva atomización. Sería un paso muy significativo hacia una compactación racional del sector. Y, naturalmente, sería mucho más fácil manejar una sola entidad, que gerenciar toda una bancada diversa que además debiera, en principio, competir entre sí.
De resto, la intención final deberá ser la de privatizar en cuanto sea posible—tal vez de modo más gradual que en el año calendario que hemos sugerido—ese nuevo Banco de Venezuela, obviamente muy atractivo en razón de su tamaño, dando prioridad a inversionistas venezolanos y suramericanos para la compra de la mayoría del capital.
Nuestra última proposición de política económica es la de que el Señor Presidente, en su esperado discurso del 12 de marzo, reafirme la seria intención del Estado venezolano de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a fin de que este organismo apuntale con su financiamiento, en el orden de los montos que han sido manejados como hipótesis de trabajo, la estrategia de la Agenda Venezuela complementada con los cuatro puntos antes sugeridos. Y que el Señor Presidente solicite, reclute, exija, porque así es lo justo, patriótico, sensato e inteligente, el respaldo de todo el pueblo venezolano a las posiciones venezolanas en esta negociación, y especialmente exija que se pronuncien en ese sentido el Congreso de la República, la Convención de Gobernadores, el Consejo Nacional de Alcaldes, Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera.
Es importante que los venezolanos nos demos cuenta de que el Fondo Monetario Internacional no nos estaría haciendo un favor al prestarnos auxilio financiero. Estaría, simplemente, cumpliendo con su deber, por cuanto ésa es exactamente su misión y su sentido. El FMI es un órgano internacional que junto con el Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo) están hechos para ayudar a los países soberanos a solventar dificultades financieras transitorias y enrumbarse en una trayectoria de desarrollo económico. No existe ninguna cláusula de sus respectivas constituciones por la cual deba interpretarse que podrán o deberán suplantar la decisión macroeconómica soberana y autónoma de los países que soliciten su auxilio. Esto sería algo que ni siquiera en casos personales y comerciales se admitiría. Un banco privado puede exigirnos un balance fiel y las garantías que considere necesarias para aceptarnos un pagaré, pero no tiene ningún derecho para decidir por nosotros qué cosas compraremos en el mercado o cuánto deberá destinarse a mesada de los niños.
Venezuela es un miembro fundador del Fondo Monetario Internacional. Más allá de eso, es un miembro que demostró con creces su solidaridad y su interés durante su más reciente época de vacas gordas, por lo que merece un trato respetuoso y no menos pródigo que el que ha recibido, por ejemplo, México, a raíz de su no muy feliz aplicación de las recetas estándar del propio FMI.
Reconfiguración
Pasamos ahora a un territorio en el que podemos movernos con mayor seguridad: el de la gobernabilidad. Pero no la gobernabilidad entendida como gobernabilidad de la sociedad, de la Nación, sino como la gobernabilidad del Estado, la gobernabilidad del gobierno mismo.
Ya está sobrediagnosticado que la propia estructura ministerial es un impedimento mayor al desempeño eficaz del gobierno, y ya es más que evidente que entre las raíces del problema de credibilidad gubernamental se encuentra una emisión de opiniones de funcionarios del gobierno que es frecuentemente inarmónica. Pues bien, sería muy conveniente al Señor Presidente de la República que el gabinete ministerial estuviera construido como una estructura de dos pisos: un piso del Estado, para la atención y el manejo de problemas de gran estrategia, y un piso táctico de las operaciones habituales de servicio público.
En la configuración preferible, al Presidente de la República en tanto Jefe del Estado, deben reportar los ministros de Estado propiamente dichos: los ministros de Relaciones Interiores, Relaciones Exteriores, de Defensa, de Hacienda y de la Secretaría de la Presidencia. Por razones estratégicas fácilmente comprensibles debe reportarle también, por ahora, el Ministro de Energía y Minas. Deben estar subordinados directamente al Presidente de la República, por supuesto, el Procurador General de la República y un Director de Comunicaciones del Estado, junto con un Auditor General del Estado que, desde dentro del Ejecutivo adelante las auditorías y controles que usualmente establece a posteriori el Contralor General de la República, que es un auditor externo independiente.
Pero igualmente debe estarle subordinado un séptimo ministro de Estado: un “primer ministro”, “jefe de gobierno”, Ministro del Servicio Público. Y a este ministro deben reportarle los ministros que él nombre para ocuparse de las carteras de Educación, Salud, Asistencia Social, Seguridad Ciudadana, Sanciones y Rehabilitación, Transporte, Comunicaciones, Obras Públicas y Apoyo a la Economía.
De este modo, sin perder el control último de la prestación de los servicios públicos, el Presidente de la República puede descargar en su Ministro de Servicio Público una inmensa presión cotidiana que distrae su atención de los verdaderos problemas de Estado, a los que este presidente, a nuestro juicio, ha dado respuestas de alta calidad.
Así, se formaría un Consejo de Estado, presidido por el Presidente y sus Ministros de Estado (incluido el de Servicio Público), y un Consejo de Servicio Público, presidido por el Ministro ya referido.
Es obvio que ésta no es la configuración del Gobierno Nacional y que para poder arribar a una estructura similar a la descrita sería necesario que el Congreso reformase un buen número de leyes de rango orgánico. Por esta razón se propone igualmente que el Señor Presidente someta a la consideración de las Cámaras Legislativas y sucesivamente se remita a las Asambleas Legislativas, una enmienda constitucional para la que deberá solicitarse tratamiento de urgencia. Por esta enmienda debe disponerse que el Congreso de la República podrá suspender temporalmente el efecto de disposiciones de las leyes orgánicas de la Administración Pública a petición del Ejecutivo Nacional, siempre y cuando éste presente un “código orgánico ejecutivo” que supla el vacío legal temporal y regule la estructura y funciones del Poder Ejecutivo Nacional. Esto deberá proceder dentro de un lapso fijo, dentro del cual el Ejecutivo deberá someter los proyectos de reforma orgánica necesarios para que el Congreso pueda legislar definitivamente.
Sin una libertad de esta naturaleza el Gobierno Nacional continuaría en la muy impedida situación actual, enmarañado dentro de sí mismo, tratando de manejar una realidad cada vez más compleja desde un aparato engorroso, recrecido y en gran medida obsoleto.
En ulterior detalle puede recomendarse, asimismo, que el Fondo de Inversiones de Venezuela sea readscrito al despacho de Hacienda, junto con la parte de la Oficina Central de Presupuesto que corresponda a los gastos de Estado. En cambio, es recomendable adscribir la OCEI y la COPRE al Ministro de Servicio Público. Resultará conveniente que este ministro asuma la misión adicional de completar los instrumentos jurídicos que den basamento legal orgánico a esta metamorfosis, y para esto la COPRE es pieza de gran utilidad. El actual despacho de CORDIPLAN debe escindirse en dos, para dar paso a una oficina de “análisis de políticas” de la Presidencia –bajo perfil, sin declaraciones de prensa– y una análoga para el Ministro de Servicio Público.
Es deber del Congreso Nacional permitir la libertad necesaria para proceder a la búsqueda de esa configuración ministerial o alguna otra de corte similar. Si se acusa al Gobierno de haber consumido dos años sin que muchas áreas de la acción del Estado hayan mejorado ¿qué puede decirse de un Congreso que tiene la facultad constituyente ordinaria y no ha sido capaz de proceder a la reforma de la Constitución del 61?
El cambio debe darse de inmediato. El estado al que ha llegado la percepción de la gran mayoría de los formadores de opinión en Venezuela no permite creer que con un simple cambio en el elenco ministerial—el que también es recomendable—se dará un vuelco en lo atinente a credibilidad o será probable la consecución de mayor eficacia. En cambio, una configuración como la delineada acá, o alguna otra de análoga intención, permitirá una mejor planeación y coordinación de la acción gubernamental, al tiempo que se tendrá un mayor control de la bastante indisciplinada comunicación del gobierno. Ya tan sólo este último logro justificaría la transformación.
Que vendría a ser, ya no un golpe de Estado ejecutado por algún sector de la oposición o por el mismo gobierno en un “calderazo”, sino un golpe de gobierno llevado a cabo con la mira puesta en un criterio de responsabilidad pública hacia los Electores y sus necesidades.
Otras recomendaciones
El gobierno debe hacer un esfuerzo adicional, continuado y consistente de explicación de sus criterios y posturas. Este es un proceso que debe ejecutarse con la mira puesta en la conciliación. Cierto es que en muchas ocasiones se tergiversa estas cosas, así como también es verdadero que una parte significativa de la oposición es prejuiciada y otra igualmente significativa es definitivamente malintencionada. Esto no quita, sin embargo, que es deber primordial del gobierno producir reiteradas señales generadoras de confianza, para que, entre otras cosas, pueda pedir igual conducta de parte de formadores de opinión que han demostrado, en muchos casos, superficialidad, improvisación y falta de seriedad en sus planteamientos, cuando no pura y simple irresponsabilidad.
Hay base para emprender este otro cambio, esta vez en el plano comunicacional, con tono moderado. Salvo ocasionales reacciones gubernamentales más agudas, de variable recepción por parte de la opinión pública, un examen desapasionado dirá que el gobierno de Rafael Caldera ha sido generalmente discreto en la respuesta a sus críticos más acerbos. A partir de esa discreción digna de encomio sería posible una mejora significativa en la comunicación gubernamental.
Todos sabemos que hay quienes recomiendan en este país “mano dura”, cuando no la dictadura misma. Una dictadura le pedimos a Rafael Caldera: la prohibición total a sus ministros para declarar fuera del área de su competencia. Es una garantía necesaria en una situación en la que ya casi todo el mundo espera una interrupción del período de Rafael Caldera. Así parecieran darlo a entender los recientes comunicados de Fedecámaras, y así parecieran encaminarse proposiciones de renuncia del Presidente como las de Jorge Olavarría, llamados a un referéndum revocatorio que hace el Secretario General de la Federación de Centros Universitarios de la UCV y peticiones de adelantamiento de elecciones como la de Andrés Velásquez.
Un grupo de jóvenes analistas que se llama a sí mismo “comité de crisis”—trabajan para las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, para PDVSA, para el Banco Central de Venezuela—toma pie entre otras cosas sobre gráficos cronológicos de las contradicciones ministeriales y maneja “teorías del reventón” y predicciones de una caída del gobierno para una fecha que se daría entre fines de la Semana Santa de 1996 y septiembre de este año.
A este ambiente, por supuesto, es preciso prestarle atención y cuidado. Creemos que el Señor Presidente debe presentar al país el 12 de marzo un poderoso conjunto de medidas que logre un vuelco dramático a la cada vez más deteriorada situación. Una cosa así podría representarle la recuperación de la iniciativa, que ahora parece haber sido desgarrada y repartida, como botín de guerra, en la cacofónica declaradera de los formadores de opinión. (En este torneo de atrevimiento con frecuencia se manejan argumentaciones falaciosas. Por ejemplo, un documento de Fedecámaras señala que “ningún país aguanta” una devaluación de 170 a 430 en el lapso de dos semanas. Un razonamiento serio no mezclaría, para dramatizar con mayor exageración, el valor oficial del bolívar un día antes de la devaluación a 290 con el valor especulativo del “dólar Brady” diez semanas después).
Pero en todo caso el clamor angustioso y desesperado se generaliza al paso de los días. No hay otra cosa más importante a tomar en cuenta que esta opinión pública para que el gobierno decida actuar de manera contundente. Esperamos la alocución presidencial del próximo 12 de marzo, la que tal vez sea la última oportunidad de encarrilar este vertiginoso proceso.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 11, 1996 | Política, Referéndum |
A las alturas de la escuela primaria, allá cuando se topa uno por vez primera con la historia universal, una vaga idea de las causas de la caída del Imperio Romano se forma en las cabezas infantiles: ese conjunto cimero de la civilización occidental, esa red de instituciones y héroes, de obras civiles, prescripciones de derecho, arte físico y literario, habría desaparecido por obra de incivilizados invasores, los “bárbaros”, que en asedio inmisericorde habrían dado al traste con el imperio administrado desde Roma.
Algo más tarde, en el bachillerato, en la universidad, tan simplista visión se modifica y hace más compleja. Hasta que tropieza uno con la versión lapidaria de Arnold Toynbee, el estudioso del auge y la caída de las civilizaciones. Para este gran decano de la disciplina histórica la causa principal del derrumbamiento de Roma se encuentra en otro fenómeno más sutil, más ideológico. Toynbee introduce la noción de “proletariado interno” para referirse al gran contingente de ciudadanos romanos que con la irrupción del cristianismo dejaron de regirse mentalmente por el cuadro ético de las virtudes romanas. Los ideales romanos de virtu, asociados con un tono viril, ingenieril, constructor, conquistador y modificador de la realidad, habían sido desplazados por la mansedumbre, la humildad, la pasividad del espíritu cristiano, que se dejaba arrebatar mansamente la vida por gladiadores o por leones con tal de sostener la creencia en el Dios único de los hebreos que ahora se entendía como padre del Dios Jesús.
Así, la cantidad creciente de conversos al cristianismo iba despegándose progresivamente del ethos romano, desinteresándose de los propios fundamentos psicosociales que sustentaban el tejido institucional del imperio. Fue la formación de ese proletariado interno, para Toynbee, la causa real de la caída.
Guardando debidamente las distancias entre un imperio cuasi-universal de hace mil seiscientos años y la Venezuela atribulada de 1995, es posible encontrar acá la formación de un proletariado político interno que se abstuvo de participar en el acto electoral del 3 de diciembre de 1995, el 3D, como lo ha bautizado ya José Vicente Rangel, siguiendo la costumbre y la serie del 27F-4F-27N.
Según estimaciones aproximadas del Consejo Supremo Electoral, la abstención promedio del país estuvo en 52% de los Electores, con extremos de 30 y 60% en distintas zonas. Ese proletariado interno, pues, que se siente engañado, manipulado, ausente, equivale al menos a la mitad de la población nacional. Esa mitad debe dividirse también en dos mitades, aproximadamente, siendo una de ellas la que definitivamente ha desahuciado al sistema político nacional, siendo el resto el contingente de quienes se aproximan más a la indiferencia que al rechazo final.
Pero la mitad recortada de los Electores del país asistió a los comicios y votó; admitió ejercer opciones frente a los cinco menús certificados por el Consejo Supremo Electoral, barco de antes desvencijado y que llegó a puerto después de perder velas y mástiles en su tránsito por el temporal que desataron los partidos. Tal vez el resultado más claro de todos los obtenidos el 3 de diciembre de 1995 es el de la peligrosa ineficacia de los procedimientos electorales venezolanos: lentos, onerosos, vulnerables al fraude y la manipulación. Ahora se dispone de tres años completos para producir un vuelco radical en esos procedimientos electorales: despartidizarlos y mecanizarlos totalmente.
Golpe de estados
Los resultados generales son bastante conocidos. Acción Democrática ha vuelto por sus fueros, capturando más de la mitad de las gobernaciones (12) y unas 140 alcaldías. Toda suerte de comentarios ha merecido este resultado excepcional, que reivindica y relegitima la conducción de Luis Alfaro Ucero y proporciona malas noticias para las aspiraciones de Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi.
Si se totaliza nacionalmente los votos recibidos por las distintas organizaciones de campaña, AD recibió casi el 40% de los votos admitidos. Si se toma en cuenta la abstención (y no se considera los votos nulos, que aumentaron proporcionalmente de modo considerable) ese porcentaje representa, sin embargo, sólo el 15,4% de los Electores. Lo que es una mejora, de todas maneras. Durante el año de 1994 la mayoría de las encuestas señalaban a Acción Democrática como la segunda fuerza con un 14%, lo que, por supuesto, significaba un punto muy bajo en la historia de un partido que alguna vez recibió el 70% o más del apoyo nacional. De todas formas, los logros obtenidos por AD revelan lo profundamente inadecuado de un sistema político que permite a quien obtiene menos del 16 % del apoyo de los Electores, hacerse con el 55% de las gobernaciones y el 61% de las alcaldías.
Desde este punto de vista COPEI también habría tenido progreso, así como el MAS y la Causa R. En 1994 COPEI registraba niveles de apoyo de sólo 9% (ahora sus candidatos fueron apoyados por 10,5% de los Electores) , el MAS 3% (ahora 4,5%) y la Causa R un 6% (esta vez 6,4%). De estos tres partidos el mayor progreso porcentual relativo, en estos términos, habría sido para el MAS (50,5%), luego para COPEI (31,7%), y finalmente la Causa R (sólo 7,1%). (Resultado de dividir la diferencia de porcentajes entre el porcentaje base de 1994).
Convergencia habría sido la única entre las organizaciones políticas con una diferencia negativa. En 1994 Convergencia llegó a registrar niveles de 21% del apoyo de los Electores, y ahora, referida al mismo universo, recibió solamente el 4,1%, para un descenso relativo de 80,5%. (16,9% de diferencia).
Esto pareciera configurar una importante derrota para el gobierno, pero en realidad el gobierno puede considerarse bastante satisfecho, por varias razones: en primer término, porque en términos gruesos, las organizaciones políticas que han mostrado una conducta de mayor cooperación o comprensión hacia la administración de Rafael Caldera obtuvieron en conjunto 60% de los votos admitidos para las gobernaciones; luego, porque con gran sentido de la oportunidad el Presidente de la República anunció su disposición a cooperar con los gobernadores y alcaldes electos el día mismo de la elección en horas de la noche; en tercer lugar, porque no se cumplieron los agoreros pronósticos de quienes creían que la violencia pudiera ser la nota principal del evento del 3 de diciembre (notablemente Oswaldo Álvarez Paz: “…en diciembre Venezuela podría convertirse en un gran bochinche…”—Primer Plano del 5 de noviembre); finalmente, porque el gobierno puede mostrar una conducta irreprochable durante todo el proceso.
En efecto, el gobierno, o más propiamente el Consejo Supremo Electoral, han sido criticados por la sanción a Televén (sacada del aire durante hora y media) y por la militarización del acto de votación y posterior procesamiento de los votos. (Arturo Sosa, S.J.) Pero lo cierto es que Televén intentó “pasarse de viva”, y había comenzado a emitir resultados, con no demasiado disimulo, unos veinte minutos antes de vencerse la hora límite explícitamente estipulada por el Consejo Supremo Electoral, por lo que incurrió conscientemente en desacato de tal disposición. (Después de malabarismos pretendidamente astutos de Rafael Poleo y José Vicente Rangel, con los que anunciaban candidatos ganadores de modo indirecto, Jorge Maza inició los anuncios directos varios minutos antes de las siete de la noche, argumentando que se guiaría por un reloj que habían usado durante todo el día).
Por lo que respecta a la militarización, seguramente la presencia juiciosa de las Fuerzas Armadas permitió el que un proceso tenso y complicado llegara a feliz término, luego de una semana de particular suspenso con los resultados en la Gobernación del Zulia. De hecho, el ex comandante Arias Cárdenas, vencedor por estrechísimo margen de 1.372 votos, reconoció el papel sobrio y sosegador de las Fuerzas Armadas, y se refirió especialmente a la actuación del General Salazar, quien se reveló como poseedor de un carisma que no tiene que envidiarle nada al del General Ítalo del Valle Alliegro de los mejores tiempos, y mucho menos al del Vicealmirante Radamés Muñoz León. Tal vez Salazar sepa administrar este don personal de manera más sabia que la de los otros dos nombrados.
Pero es que además el gobierno supo actuar con una clara demostración de imparcialidad en el caso de Radio Cristal, la emisora del tremebundo Orlando Fernández, a la postre ganador de la Gobernación de Lara y que, a pesar de haber sido apoyado decididamente por Convergencia, se vio castigado con el cierre de su emisora al hacer llamados inconvenientes a la protesta de calle, lo que hubiera podido desembocar en desórdenes de cierta magnitud.
Es así como, a grandes rasgos, las elecciones resultaron ser un fuerte deterioro en la posición de Convergencia y, al mismo tiempo y paradójicamente, un éxito para el gobierno de Rafael Caldera. Evidentemente, este éxito no puede interpretarse como un referéndum a favor de políticas gubernamentales concretas, puesto que los resultados obtenidos coexisten con un marcadísimo nivel de desaprobación popular de, sobre todo, la conducción de la política económica, aunque ya para fines del mes de noviembre la figura del Presidente de la República había experimentado un repunte respecto de la tendencia en descenso del último semestre.
Antecedentes inmediatos
Este resultado moderadamente sorprendente de un repunte en la aprobación de Rafael Caldera probablemente se deba en mucha medida a su aparición por televisión, en larga entrevista que le hiciera, como es más o menos, costumbre, Edgardo de Castro por Venevisión.
La entrevista se convirtió rápidamente en objeto de controversia, gracias a una frase en particular, en la que el presidente Caldera admitió sentir ganas de “fusilar” a quienes, siendo venezolanos, desaconsejaban la inversión en Venezuela en escenarios del exterior. Caldera fue meticulosamente cuidadoso con la acotación de sus instintos: explicó muy claramente que no se refería a cualquiera que lo criticara, sino a aquellos que hacían esta mala propaganda al país en el exterior y a quienes había llamado en una ocasión “traidores a la patria”. A pesar de tales precisiones, y de que en varias ocasiones el Presidente se refiriera a las enormes dificultades actuales, Eliseo Sarmiento, Presidente de Consecomercio, escogió referirse a un discurso inexistente y asegurar que el Presidente de la República había dicho que en Venezuela todo marchaba bien y que lo único malo se debía a quienes lo criticaban por no estar de acuerdo con su política económica. Esto es, argumentó falsamente para negar el programa, como lo hicieron también otros formadores de opinión.
En verdad, la semana que culminó el 3 de diciembre hubiera podido llamarse la “semana de Miguel Rodríguez”. Rodríguez, en esos siete días, había pontificado, en el mejor estilo de la “economía colérica”, en reuniones en el IESA, la Cámara Venezolano-Norteamericana, la Universidad Simón Bolívar y el hotel Tamanaco (Grupo Santa Lucía). Fue, sin duda, el más destacado “fusilable” de la semana preelectoral, aunque también resaltaron las participaciones de Gerver Torres y Moisés Naím. Este último declaró que creía que el presidente Caldera terminaría aprendiendo por fuerza de los hechos económicos, pero que tal aprendizaje sería el más costoso del mundo. (Naím evidencia de este modo que en su ideología considera tal cosa más costosa que los centenares de muertos del 27 y 28 de febrero de 1989 y del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, junto con la zozobra de las bombas terroristas de 1993, sucesos todos que parecen no haber bastado para que ni él ni Carlos Andrés Pérez hayan aprendido).
No faltó, naturalmente, la consabida declaración de Arturo Úslar Pietri, quien probablemente ya ha tomado demasiado la palabra para repetir una vez más sus ideas favoritas: que esta crisis es muy grande y que la misma se arregla con doce apóstoles que deben conformar un comando de crisis. Tampoco supo callar su boca el ex presidente Herrera Campíns: dijo que ahora entendía por qué Caldera habría dejado de ser socialcristiano, aunque nunca dijo lo mismo de las proposiciones de pena de muerte de la senadora Haydeé Castillo, a quien, es de suponer, Herrera sigue considerando muy socialcristiana.
En fin, una capacidad notoria para fijarse en lo accesorio y para deformar y distorsionar los discursos proferidos por el Presidente de la República. Esta vez no estuvieron acompañados por la opinión general, en cuyo seno aumentó, aunque ligeramente, el apoyo a la figura de Caldera. La entrevista que de Castro le hizo seguramente le reportó mayor cantidad de simpatías que de críticas, tomando en cuenta el universo total de Electores, mientras obtuvo mayor rechazo en quienes estaban a la caza de defectos.
De esta misma manera se criticó un sustantivo con el que el inconsciente traicionó al Presidente la noche de la elección. Queriendo decir que le preocupaba la alta tasa de abstención, lo que dijo fue que le preocupaba la alta tasa de inflación. Pocas horas después, en reuniones de impenitentes carlos-andresistas se usaba ese desliz freudiano para argumentar a favor de la inhabilitación de Rafael Caldera. Por supuesto, quienes esto argumentan sobre base tan deleznable nunca propusieron la inhabilitación de Carlos Andrés Pérez cuando acuñó el grave sin sentido de “ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario” allá por 1975, ni tampoco se han detenido a considerar que el muy joven Gobernador Electo del Estado Carabobo (31 años), se refirió dos veces a la presencia de una “brocha (sic) generacional”, cuando fue preguntado la misma noche del 3D por la participación juvenil en su triunfo electoral.
Poco antes de la controversial entrevista televisada (y repuesta al día siguiente) de Caldera con de Castro, se había producido la defenestración de Carlos Bernárdez, ahora fuera del gobierno. A este hecho hizo referencia explícita Rafael Caldera en la entrevista en cuestión, y seguramente el evento fue una importante señal hacia la opinión pública, además de constituir un fuerte respaldo a Luis Raúl Matos Azócar. En la juramentación de Alberto Poletto como sucesor de Bernárdez en el Fondo de Inversiones de Venezuela, Matos Azócar aparecía como el testigo privilegiado, invitado intencionalmente para reforzar aún más su autoridad como líder de la política económica gubernamental.
Todo el debate nacional sobre las conversaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional gravitó necesariamente sobre los resultados electorales, aunque esta vez los factores locales tuvieron probablemente más peso en la decisión de voto de cada Elector. No otra cosa dominaba la mente de los Electores con mayor fuerza que la economía, pública y privada, puesto que ninguna otra cosa acaparaba más espacio y tiempo en los medios de comunicación y las conversaciones civiles.
Probablemente no hubo ningún momento en la vida del sistema de elección universal, directa y secreta en Venezuela en el que hubiera sido vapuleado un gobierno como lo ha sido el actual en los últimos meses. Tal vez entre 1991 y 1992 haya sido tan fuertemente golpeado el último gobierno de Carlos Andrés Pérez, aunque muchísimo más rechazado que el último gobierno de Rafael Caldera. Pero la dureza, frecuencia y cobertura de los ataques y problemas que han gravado los hombros de Rafael Caldera son algo inusitado.
Milagro de María de San José; eventos de San Román y del Domo Bolivariano; rumores de golpe para octubre aderezados con “historias vivas” y peticiones de renuncia; aumento de la gasolina; decenas de informes, conferencias y declaraciones de nacionales y extranjeros sobre “el desastre”; Banco Andino, Semary, Weill, con sus ataques a los Caldera en general y al Ministro de Hacienda; impasse del presupuesto entre éste y el Congreso; discusiones con el Fondo Monetario Internacional; devaluación. Todo ha sido criticado con acritud. Es extraordinariamente raro encontrar un caso de reportero, articulista, editorialista, que encuentre algo de bueno en lo que el gobierno hace. Parece sospechoso que un gobierno, por muy malo que sea, no pegue una.
En todo caso, esta fue a grandes rasgos la secuencia presentada a la psiquis de los Electores. Entre sus riscos se hundían las inversiones de transnacionales petroleras, la aprobación del esquema de apertura del petróleo venezolano en mayores y nuevas de esas inversiones, el pacto anti-inflacionario, la comisión de prestaciones sociales, la descentralización de la educación y el aumento de la libertad de determinación curricular por parte de los centros educativos, la disminución de los índices de mortalidad criminal y por ende la elevación de los índices de seguridad. Todo esto es remitido a tépidas y reducidas aprobaciones o aun el mero reconocimiento en los medios, en las conversaciones de Electores.
A veces desde afuera se ve mejor. Decía el CS First Boston el 14 de noviembre de este año, hace un mes: “A comienzos de 1994, la Administración Caldera heredó un país con severos problemas económicos. Pero, con excepción de un frágil sector bancario, el país estaba en gran medida libre de distorsiones macroeconómicas. Las crisis de 1994 en el sector bancario, y los subsiguientes controles al capital, sin embargo, introdujeron varios problemas macroeconómicos mayores… No obstante, la Administración Caldera merece altas calificaciones por la restauración de la estabilidad política a una nación que estaba al borde del caos social. Las insurrecciones militares, la disensión política y las erupciones sociales, fueron rápida y calladamente disueltas por el nuevo gobierno”. (CS First Boston, Economist Department, Latin America Research: Venezuela: Light at the End of the Tunnel?)
La tercera ola
El gobierno está emitiendo variadas señales de la inminencia de una bifurcación en la orientación de sus políticas. Para eso se apoya en su entendimiento básico con Luis Alfaro Ucero, en su alianza con el MAS, en su Convergencia, hasta en el curioso soporte que prometen sus críticos. (En la reunión del Grupo Santa Lucía del 2 de diciembre, la proposición final de la presidencia de la mesa fue la de aprestarse a ayudar al gobierno, lo que sigue, por cierto, a una apertura complementaria de Caldera en ocasión de la entrevista televisiva varias veces mencionada, en la que el Presidente de la República pidió cooperación).
Pero podría conseguir un importante apoyo en dos juegos diferentes de interlocutores nuevos: los gobernadores y alcaldes electos. Ya hemos notado que el Presidente de la República habló de convocar, desde enero, y en sucesión, la Convención de Gobernadores y el Consejo Nacional de Alcaldes.
¿Qué temas pudieran tocarse en esas reuniones? ¿Cuáles serían las posiciones mayoritarias entre gobernadores y alcaldes ante posibilidades como las de una Asamblea Constituyente y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Son materias éstas para ser consultadas a gobernadores y alcaldes?
En todo caso se podría decir que se está frente a casi dos cámaras nuevas: un breve senado de gobernadores y una extensa cámara de alcaldes, que prefiguran el futuro modo de elegir representantes a una legislatura nacional bicameral: uninominalmente a dos senadores por estado y a un diputado por cada municipio.
Se trata, claro está, de dos “cámaras ejecutivas”, las que guardan importantes y muy básicas diferencias entre sí: el Consejo Nacional de Alcaldes reúne a ejecutivos municipales fundamentalmente autónomos; la Convención de Gobernadores reúne a ejecutivos que no han perdido su carácter de gestores del Ejecutivo Nacional, por más que hayan sido elegidos directamente por los ciudadanos. (Primer párrafo del Artículo 21 de la Constitución Nacional: “El gobierno y la administración de cada Estado corresponde a un Gobernador, quien además de Jefe del Ejecutivo del Estado es agente del Ejecutivo Nacional en su respectiva circunscripción”. Ordinal 1º del Artículo 23, sobre las atribuciones y deberes del Gobernador: “Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes, y ejecutar y hacer ejecutar las órdenes y resoluciones que reciba del Ejecutivo Nacional”).
Esta calidad de autonomía municipal que no tienen los estados en los que se divide Venezuela, no proviene de la Constitución de 1961, ni siquiera de la de 1830 o de la primera constitución republicana. La entidad de los municipios era ya una institución española de nuestro período colonial. De hecho, los primeros protagonistas de la Independencia no son los países: son los municipios, son las ciudades. Es el Ayuntamiento de Caracas, y no la Capitanía General de Venezuela o la provincia de Nueva Andalucía, el que envía la primera comunicación suramericana de emancipación.
En cambio los estados nunca han tenido esa entidad. Don José Antonio Giacopini Zárraga los considera en gran medida una creación artificial, pues a su juicio en la Venezuela de 1811 se pretendió tener la República antes de tener la Nación. Y en 1964 el inolvidable Arístides Calvani hacía respecto de los estados la siguiente observación: “¿Cuál es su fundamento económico? ¿Cuál es su fundamento geográfico? ¿Cuál es el fundamento humano de esta división político-territorial? No existe. Allí está. Es así y a ella nos atenemos. ¿Por qué hay 20 estados y no 21? ¿Por qué hay 20 estados y no 15? Nadie estaría en capacidad de decirlo, salvo que la ley fija 20 estados. Eso es todo”. El día que Venezuela llegue a federarse con otros países en la Tierra de Gracia de América del Sur, probablemente disminuya de modo aún más pronunciado esta identidad de los estados como división territorial de los venezolanos.
Pero entretanto los gobernadores existen y disponen, aunque con limitaciones. Los alcaldes y su poder sí no tienen discusión. Hacia estos dos estamentos recientemente refrescados vuelve ahora su mirada el Ejecutivo Nacional. Será para más adelante una tercera ola constituyente, luego de que la ola de los alcaldes sobrepuje la ola de los gobernadores y su golpe de estados del 3D.
Los nuevos
Con toda esta revolución regional y municipal se ha activado ya el arranque de la campaña presidencial de 1998. Nuevas caras han emergido, para sumarse a las de los eternos candidatos irreductibles. (Eduardo Fernández, por ejemplo, quien desea “recuperar su protagonismo”). De varias de esas nuevas posibilidades venía hablándose desde hacía ya un cierto tiempo, como en el caso de Irene Sáez y aún antes en el de Henrique Salas Römer.
Cada uno de estos dos basa su presencia en la imaginación política que los visualiza en la Presidencia de la República, sobre su fama de buen gobernante local. Irene Sáez es con mucho la favorita. Registros de fines de octubre indican que obtenía un 34% de respuestas favorables a la pregunta si las elecciones presidenciales fueran hoy ¿por quién votaría?
Hasta ahora, claro, no se conoce cuál es la “visión de Estado” de Irene Sáez. Las veces que ha aparecido entrevistada en televisión y recibe preguntas que trascienden a lo municipal, se refugia razonablemente en la salida de que su interés exclusivo reside por los momentos en Chacao y sus circunstancias. Tampoco ha sido confrontada nunca. La Srta. Irene Saéz mantiene un halo de intocable que no puede durar mucho tiempo, sobre todo si llegara a aspirar a la Presidencia de la República. En ese caso ya no sería la candidata unánime de todas las fuerzas políticas, y tendría que defenderse con argumentos más sustanciosos y responsables que las muñequitas imitación de Barbie con marca Sáez.
Salas Römer, por su parte, también ha sabido acumular un prestigio de buen gobernante, esta vez en un cargo de mayor nivel que el de una alcaldía, hasta el punto de haberse perpetuado indirectamente en Carabobo por la persona interpuesta de su hijo Salas Feo. Tampoco ha hecho explícita su visión de país, su idea de un proyecto para Venezuela, pero trae un mayor tiempo de involucración que Irene Sáez con la problemática nacional, al menos desde que fundó Strategyon, un centro de análisis del proceso político-económico venezolano. Junto con Sáez comparte la imagen de buen gerente o administrador, y un cierto carácter de “outsider” (menos que Sáez), reforzado por el hecho de que la candidatura de su hijo se impuso en contra de los designios de COPEI. (En su momento se comentó que el “veto” copeyano a Henrique Salas Feo habría sido un intento de Eduardo Fernández por vulnerar una previsible candidatura presidencial de Henrique Salas Römer).
Quien seguramente no puede presentarse como outsider es Antonio Ledezma, que ahora se perfila como fuerte precandidato a la candidatura adeca para 1998, y que ha decidido transitar por la misma trayectoria de Claudio Fermín: de la Alcaldía de Caracas al Palacio de Miraflores. El estilo de Ledezma corresponde al del operador de mercadeo electoral, pendiente más de las señales que de los significados. En una “operación pantalla” pocos días después de las elecciones, fue “sorprendido” por fotógrafos montado sobre una escalera recostada de un poste del que retiraba su afiche. Tendrá Ledezma, por otra parte, que resolver el problema de su “perecismo”, sobre todo si quiere ser candidato dentro de un partido controlado por Luis Alfaro Ucero, quien ha declarado hace pocos días que ni Pérez ni Lusinchi tienen nada que buscar en Acción Democrática.
Pero gobernadores y alcaldes electos aparte—hasta Arias Cárdenas ha dejado entrever que no descarta una candidatura suya a la Presidencia de la República—el más nuevo de los nuevos es, sin duda, Miguel Rodríguez, economista que junto con Hugo Farías y Gustavo García compone el grupo que exhibe el estilo de “economía colérica”. Lejos de emitir sus opiniones profesionales con distancia clínica y serenidad, estos tres economistas exponen sus ideas con gran vehemencia, en muchas ocasiones con un aparente nivel de disgusto que no tiene que envidiar nada a las más puras expresiones furibundas de, pongamos, Andrés Velásquez.
Miguel Rodríguez fue, como se sabe, Ministro Presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela y luego Presidente del Banco Central de Venezuela durante el último gobierno de Carlos Andrés Pérez. Hace unos 10 años llamó la atención del entonces precandidato adeco a raíz de un interesante trabajo suyo en el que mostraba cómo era que el excedente financiero del sector público, proveniente de los súbitos y marcados aumentos de precios del petróleo durante el primer gobierno de Pérez y el de Herrera Campíns, había sido en gran medida transferido al sector privado y luego seguido la apátrida lógica del capital hasta los depósitos en dólares que algunos venezolanos mantienen en cuentas del exterior. Poco después de este estudio Miguel Rodríguez pasó de ser asiduo visitante a la Torre Las Delicias, cuartel general de Pérez, a miembro de un staff en el que ya destacaban Beatrice Rangel y Reinaldo Figueredo Planchart, hoy algo alejados de la geografía nacional.
Después de la “semana de Miguel Rodríguez”—la semana que terminó el domingo 3 de diciembre—el combativo profesor e investigador del IESA lideró una reunión para la constitución de su movimiento político en las oficinas del ingeniero Leopoldo Baptista Zuloaga, y a la que asistió un interesante grupo de partidarios del libre mercado, entre los que se encontraba, según reseña de prensa no desmentida, el copeyano Oswaldo Álvarez Paz.
Demócratas y republicanos
En conversación de hace poco más de un mes, el ingeniero Humberto Peñaloza nos hacía la siguiente observación: en Venezuela no ha existido nunca un partido republicano; todos nuestros partidos son demócratas. Peñaloza alude, naturalmente, a la terminología norteamericana, y elabora para explicar la diferencia entre los dos polos de la política de los Estados Unidos: los demócratas se ocuparían del método de gobierno, del método político general; los republicanos en cambio, colocarían el foco sobre la res publica, sobre la casa republicana de todos.
En análisis de Peñaloza, nuestros partidos demócratas—siendo el principal y nuclear Acción Democrática—habrían puesto el énfasis en el demos, según él, para asolar la res publica. El corolario de su razonamiento se cae de maduro: en Venezuela habría que fundar un partido republicano.
Algo de premonitorio hubo en esta percepción de Peñaloza, pues a los pocos días de las elecciones del 3 de diciembre resonó en COPEI la insólita proposición de aliar a este partido con el MAS y la Causa R para hacer un frente contra Acción Democrática. (No se mencionó a Convergencia en esta idea, pero la tesis de reunión de la “familia socialcristiana” renació por los predios no herreristas de Eduardo Fernández).
¿Estaremos a las puertas de un nuevo esquema bipolar en las organizaciones políticas venezolanas? ¿Hay algo de natural y lógico en un sistema bipartidista? En la fisiología del cuerpo humano podemos encontrar analogías de esta disposición. El sistema nervioso central (el gobierno), no es el único regulador nervioso del funcionamiento corporal. De hecho, son mucho más activos los componentes autónomos del sistema nervioso: el sistema simpático (demócrata) y el sistema parasimpático (republicano). Ambos sistemas coexisten dentro del cuerpo en un proceso de constante oposición. El tono general del sistema simpático es más acelerado, mientras que el de su opuesto, el sistema parasimpático, es de desaceleración (conservador).
No poseemos una teoría política por la cual sea posible prescribir como más sano que otros sistemas políticos un sistema bipartidista. En América Latina se han dado sistemas bipartidistas—siendo el más cercano ejemplo el de los Conservadores y Liberales de Colombia—con logros de dudosa evaluación y, en todo caso, no demasiado similares al de los sistemas norteamericano e inglés. Pero resulta sugestivo imaginar que verdaderamente el espectro partidista venezolano llegue a organizarse entre dos polos, siendo uno de ellos Acción Democrática.
En este caso, ¿en cuál de los dos polos se afiliarían los más notorios personajes de nuestra política vernácula?
Seguramente encontraríamos a Rafael Caldera del lado demócrata, junto con Acción Democrática, el MAS, la Causa R. Seguramente hallaríamos a Miguel Rodríguez del lado republicano, en compañía de Uslar, Olavarría, COPEI (al menos el de Eduardo Fernández y Oswaldo Álvarez Paz). De estilo demócrata (que no democrático) es ciertamente Convergencia, mientras parecen ser estilísticamente republicanos pequeños movimientos de nuevo cuño como Factor Democrático. Siempre quedarán por fuera de tan nítida disposición los radicales de cosas tales como el MBR 200, y probablemente personajes como Pablo Medina, el más derrotado de los candidatos a gobernación alguna, junto con algún indeciso que no podrá ubicarse en “ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario”.
Pero es posible que los resultados del 3D realmente lleven a una reorganización bipolar. Paradójicamente, la fragmentación local y regional de la acción política, impulsada por la elección directa de gobernadores y alcaldes, refuerza esta tendencia bipolar. Si bien todavía es posible hablar de cinco núcleos partidistas con significativa presencia electoral—AD, COPEI, Causa R, MAS y Convergencia—parece probable que se dé la predicción de Eduardo Fernández sobre una fusión de COPEI y Convergencia, en cuyo caso esta “familia socialcristiana” (con algunos de dudosa ideología en materia de fusilamientos y penas de muerte) habría recibido un 35% de los votos admitidos para la elección de gobernadores, y junto con el polo acción democratista conformarían hoy en día el 74% de las preferencias a escala nacional. (Si se excluye del análisis la desafección de quienes no fueron a votar el 3 de diciembre próximo pasado).
El evento electoral del 3 de diciembre puede haber sido, entonces, un punto de inflexión en la política venezolana. Habiendo ocurrido a fines de este peculiar año de 1995, da pie para pronosticar un año de 1996 bastante movido en materia política. Probablemente se verá, como apuntamos, la definición de la política económica gubernamental, algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un intento de cambiar solvencia por liquidez en el Erario Público.
Pero tampoco ha desaparecido del panorama la atractriz de una Asamblea Constituyente. La necesidad, por un lado, está allí. La obsolescencia del marco constitucional de 1961 es evidente. Por otra parte, la “clientela” inicial de un expediente de esa clase reside en ese 52% de abstención que no fue atraída por las opciones presentadas el 3 de diciembre. Y, también, hay activismo y trabajo en esta dirección.
El año de 1996 será un período de definiciones, redefiniciones y reagrupaciones en el orden económico y político. Ambas dimensiones, la política y la económica, se encuentran a punto de ruptura. La económica porque los resultados de la administración de Rafael Caldera a nivel de la economía individual y familiar, corporativa y pública, si bien racionalizables con una apelación a las dificultades impuestas por la crisis bancaria, no son en absoluto satisfactorios. Por lo contrario, la inflación continúa, la devaluación se repite, el gasto público prosigue aumentando a saltos.
La dimensión política, por el otro lado, continuará asediada por las interrogantes ya consolidadas: la validez de nuestro sistema electoral y de partidos, el estilo de Realpolitik, el muy considerable proletariado político interno que se siente decepcionado y frustrado.
Es por esto que no debiera haber mucho descanso navideño para los actores políticos principales del país. El año que se les encima es complicado, y si bien el 3 de diciembre representó una suerte de transfusión renovadora, probablemente no lo fue en proporción suficiente como para asegurar un progreso con vocación de longevidad.
El 3D puso en evidencia las debilidades orgánicas de nuestro sistema político, que para llevar a cabo una operación estrictamente civil, debió recurrir a la toma militar del país para que fuese posible culminar el proceso electoral a duras penas. Por esto queda recrecida ahora la sección política de una Agenda Venezuela, respecto de la que el Ejecutivo Nacional tiene la máxima responsabilidad. Pero también deberán mostrar lo suyo los nuevos gobernadores y alcaldes. De su conducta dependerá en mucho el destino de esta res publica venezolana, haya o no un partido que se dedique a defenderla.
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