REF #11 – El mes de Jano

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Enero debe su nombre a los romanos, en cuyo panteón figuraba Jano, el dios bifronte, que miraba hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, al pasado y al futuro. Enero, pues, es un mes con el carácter de bisagra. Enlaza todavía el año que ha concluido con el año que comienza. El mes de enero de 1995 ha sido para los venezolanos—y para el mundo entero—un mes interesante.

Al cierre del año de 1994, a pesar del muy desagradable engaño-desengaño del Banco Progreso, una cierta evaluación positiva de la economía nacional, poco estridente, comenzaba a emerger de boca de notables venezolanos.

Berend Roosen, por ejemplo, al referirse en nombre del sector comercial venezolano a las expectativas económicas de 1995, expresaba por la prensa el viernes 30 de diciembre: “…yo creo que vamos a tener algo bastante más positivo para el año entrante”. Para Roosen, varios hechos y anuncios le hacían vislumbrar “unas variables macroeconómicas a final de año bastante más favorables en relación a las de este año”. Los hechos y anuncios a los que se refería incluían la aprobación de la apertura petrolera, la reforma a la Ley de Privatización, la restitución de las garantías, el informe sobre el tema de las prestaciones sociales, la decisión de no devaluar más el signo monetario y el hecho de que el presupuesto de 1995 no contemplara el aumento de la gasolina.

Del lado de las instituciones públicas, el Presidente del Banco Central de Venezuela, de modo muy mesurado, apuntaba algunos rasgos positivos en la gestión global de Venezuela en 1994. Así, destacó la marcada mejoría de la balanza de pagos venezolana, como también, al referirse al déficit del sector público, apuntó: “La gestión financiera del Gobierno Central cierra el año con un déficit estimado equivalente a 7,3% del PIB, en comparación con un déficit de 3,3% del PIB en 1993, a pesar del significativo esfuerzo realizado en la recaudación de nuevos ingresos internos. Es de hacer notar que dicho déficit hubiera resultado menor al registrado el año precedente de no haberse presentado la crisis financiera…el déficit financiero del Gobierno Central, excluyendo los referidos impactos derivados de la crisis bancaria se estima, para el cierre del año, en 1,2% del PIB”.

De modo más general, el estado de ánimo más difundido en Venezuela pareciera ser el de una terca esperanza. Si Enrique Iglesias viene a confirmar el juicio positivo de Michel Camdessus, esa terquedad obtiene una reivindicación más. Es la esperanza que comienza a asentarse en el conocimiento de que sí hay capacidad en el país para salir del actual atolladero. Si Ignacio Rodríguez Iturbe, marabino, penetra con sus computadores misterios de la hidrografía que le hacen autoridad reconocida mundialmente, la psiquis de Venezuela registra el hecho en unas cuantas de sus neuronas, en unas cuantas cabezas que registran el dato del triunfo de un venezolano. Y estas cabezas cambian su mirada, y transmiten la nueva conciencia a quienes les encuentran, y éstos a otros, y así sucesivamente.

El Fondo Cultural Hans Neumann ha ideado una sencilla campaña radial de modificación de actitudes. Uno de sus textos dice:

Los científicos de las más diversas disciplinas han comenzado a toparse, cada vez con mayor frecuencia, con el llamado «efecto del ala de mariposa». El fenómeno se encontró por primera vez en los estudios del clima, en la ciencia de la meteorología, pero hoy en día se le ha reconocido en cardiología, en aeronáutica, en economía, en ecología, en hidráulica, en sociología… El efecto de ala de mariposa se refiere a la acción de causas muy pequeñas, que dentro de un sistema complejo, lleno de muchos elementos que se influyen mutuamente, pueden generar resultados muy grandes. En un sistema tan complejo como el del clima de la tierra, el aleteo de una sola mariposa en China podría desencadenar un huracán en el Caribe, a muchos meses y kilómetros de distancia. La sociedad de los hombres es un sistema muy complejo, más complejo que el sistema del clima terrestre. La acción más pequeña de un solo hombre puede tener grandes e impensables consecuencias. Por eso es importante la vida de cada uno de nosotros, por eso es importante el más pequeño de nuestros actos. Un papel tirado al piso con descuido, un gesto amable, una pequeña mentira, un poco más de esfuerzo, pueden llegar a ser la diferencia entre el fracaso o el éxito de nuestra sociedad. No te engañes. Cada cosa que haces es importante. No botes ese papel por la ventana. «Más importante que el gobierno lo haga bien es que el país lo haga bien».

Que se conciba una campaña así es señal de que quien la patrocina cree que tendrá efecto, que habrá quien escuche y cambie para mejorar. Pero, además, este trozo en particular enfatiza que no resulta científico despreciar el efecto de pequeñas cosas, de pequeñas señales, de eventos minúsculos, sobre el cauce que tomen los acontecimientos sociales. Hasta el triunfo de un hombre de la tercera edad, como Pompeyo Davalillo, en contra de todos los pronósticos,  “viniendo de atrás”, arroja luz sobre los logros que pudiera obtener un gobierno dirigido por un manager de edad considerable, en medio de mucho pronosticador agorero.

 

Las “verdades” de Naím

Y es que hasta alguno de los conspicuos “viudos del paquete” modera ahora sus apariciones ocasionales en el debate nacional. Moisés Naím, ex Ministro de Fomento del anterior período constitucional, vino hace poco al país. El diario “El Nacional” publicó una extensa entrevista a este importante estudioso de las políticas económicas. Según el periódico, desde sus predios en Washington “…Naím monitorea lo que ocurre en las economías latinoamericanas, pero en Caracas prefiere no comentar sobre los altos y bajos de la economía de Venezuela”.

Por esa razón, dentro de sus declaraciones vertidas hacia el problema mexicano, Naím no hizo más que pontificar con cuatro “verdades” tomadas por la chiva, las que en general están sobre buenas bases de sustentación. No obstante, Naím dijo lo que parece que es sólo la verdad, casi nada más que la verdad, pero, como dijo una vez Rafael Caldera de sí mismo, no toda la verdad. Veamos las cuatro “verdades” de Naím.

Vamos a hablar de cuatro verdades, que forman parte de lo que afirman es un plan neoliberal: 1) El gobierno no debe gastar más de lo que gana: cuentas fiscales en orden. 2) Privatizar, porque el Estado no debe manejar hoteles y aerolíneas, y el poco tiempo y dinero debe invertirlo en áreas que el sector privado no atiende, como la seguridad y la educación. 3) Es mejor una economía abierta y de comercio, porque una economía cerrada lo que permite es que unos monopolios vendan productos malos y caros a unos consumidores que no tienen otra alternativa. Una economía abierta permite un crecimiento más sólido. 4) Las tasas de interés no pueden estar por debajo de la inflación esperada, porque si no el dinero se escapa. No se puede tener tasas de cambio fijas que sean establecidas por funcionarios que decidan a quién se le vende divisas o no. Este es el modelo que llaman neoliberal o como se prefiera, y yo estoy dispuesto a decir que los países que tienen fundamentadas sus economías en estas verdades van a llegar al año 2000 más sólidos que los gobiernos que intentan escapar de realidades inexorables. Los gobiernos que las ignoran crean más pobreza y desigualdad.

Respecto de su primera “verdad”. No hay que discutirla mucho. El ideal de comportamiento económico es que los ejercicios de las personas, naturales o jurídicas, privadas o públicas, sean siempre superavitarios. Naím trabaja en Washington. Allí reside un gobierno, sin embargo, crónicamente deficitario, en cantidades gigantescas: el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Una “caja” insertada en la misma página de la entrevistada publicada por “El Nacional” (22 de enero de 1995), busca adelantarse a esta observación, e incluye una muy ingenua defensa anticipada de Naím: “…si bien Estados Unidos tiene déficit en sus cuentas internas, la diferencia es que tiene tasas de interés muy bajas que le permiten financiar el déficit porque la calidad de sus políticas económicas logra que el mundo le mande dinero”.

Parece, pues, que la primera “verdad” de Naím ya no lo es tanto, puesto que puede ser condicionada. Para este analista y ex ministro, si un país tiene políticas económicas de buena calidad—como las tendría ahora Venezuela al decir de Michel Camdessus y Enrique Iglesias—puede darse el lujo de operar en déficit. Pero es que, por un lado, las políticas económicas de los Estados Unidos han sido fuertemente cuestionadas desde hace bastante tiempo, tanto internamente como fuera de su territorio. Por el otro, resulta ingenuo pensar que ese solo factor de la “calidad” de la política económica norteamericana bastaría para determinar su crédito internacional, y que factores distintos, tales como la escala de su mercado y la fortaleza de su posición política y militar no tienen nada que ver en el asunto. Eso por lo que respecta a la primera “verdad” de Naím.

La segunda de las “verdades” es también aceptable en términos generales. Coincidimos con Naím en preferir que el tejido económico se construya a sí mismo, que prácticamente toda la actividad económica sea de carácter privado. Esto no significa que deje de ser aceptable un principio de subsidiaridad del Estado en materia de economía, y que éste no deba intervenir cuando los actores privados no puedan o no quieran hacerlo, o cuando lo hagan muy mal, como en el muy patente caso de la administración de ciertos bancos venezolanos. No es por razones placenteras que el Estado venezolano ha tenido que asumir el control de los bancos intervenidos durante todo el año de 1994.

Una pequeña inexactitud de esta segunda “verdad” de Naím se produce cuando declara que el sector privado no atiende a la educación y a la seguridad. Son unas cuantas las empresas privadas que hacen su negocio, precisamente, de las necesidades crecientes de seguridad en Venezuela, y si no que pregunten a los habitantes del barrio El Onoto, que en ejercicio de la iniciativa privada, han llegado al extremo de ajusticiar delincuentes. Y en materia educativa, naturalmente, la actividad privada, tanto dentro de un marco comercial como en instituciones sin fines de lucro, tiene una importante historia en el país, como la tiene en los Estados Unidos de Norteamérica. A Naím le consta porque ha hecho estudios de postgrado en el muy privado Instituto de Tecnología de Massachussetts y ha sido notable profesor del muy privado y venezolano Instituto de Estudios Superiores de Administración. Los ejemplos de hoteles y aerolíneas son más bien ejemplos fáciles. Habría sido interesante que Naím hubiera expresado su opinión respecto de la privatización, digamos, de Petróleos de Venezuela.

Lo antedicho sirve para coincidir de nuevo con Naím en que es preferible una “economía abierta y de comercio” y que también es preferible que no existan monopolios –como, por ejemplo, el de la CANTV privatizada, heredera del antiguo monopolio público en telefonía de alambrada.

Ahora bien, ya que Naím se refirió a “productos caros”, resulta interesante que no haya dicho una sola palabra, en toda una página de periódico tamaño standard, acerca del problema de cómo curar la inflación, el proceso de continuo encarecimiento de los productos en una economía abierta. Las veces que se refiere a la inflación deja de prescribir tratamientos, ni concreta ni vagamente expuestos. Así, por ejemplo, en su cuarta y última “verdad”, lo que nos regala es la recomendación de que se mantengan en el país tasas de interés superiores a la inflación esperada, para evitar la fuga de capitales. “Si no el dinero se escapa”.

 

Charro charrasqueado

Pero hemos dicho que el tema principal de Naím en la entrevista de “El Nacional” fue el caso de la reciente débâcle mexicana. Naím intenta, con no demasiada fuerza, salir al paso de posibles interpretaciones de los recientes problemas de México como “el fracaso de las políticas neoliberales”. En cambio, sugiere que lo ocurrido se debe “al intento de politizar una política económica sana”.

Vale la pena resaltar que la política económica mexicana de los años recientes distó mucho de la sanidad, y que los resultados desastrosos de la gestión de Salinas de Gortari –cuya cabeza ha llegado a ser solicitada por algunos de sus más exaltados y desesperados compatriotas– fueron previstos con suficiente anticipación.

En un trabajo de Carlos Cota, Peter Rush y Dennis Small, publicado el 1º de abril de 1993 en Executive Intelligence Review, la situación por la que atraviesa México fue pronosticada con más de año y medio de antelación. El trabajo mencionado fue titulado así: El “modelo mexicano”, catástrofe para el mundo, éxito para los banqueros.

A continuación, haremos extensas citas de ese lúcido trabajo de Cota, Rush y Small.

Decían hace casi dos años los autores del estudio:

Según los fabricantes de mitos, el «nuevo México» de Carlos Salinas de Gortari, el presidente harvardiano de México, ha dominado la inflación, echó a la basura la tradición de 70 años de control estatal de grandes porciones de la economía y se ha puesto en una trayectoria de crecimiento sostenido que debería emular el resto de Iberoamérica y, por qué no, Europa oriental. México paga sus deudas, abrazó el «libre mercado» y hace las «reformas» económicas necesarias para abrir el país a la importación irrestricta de bienes y capitales («libre comercio»), y a la repatriación irrestricta de ganancias que abandonan el país. Esto, dicen ellos, prueba que la economía liberal sí funciona, y que México es la receta para el éxito que todas las naciones deben seguir.

Todo esto se ha hecho—continúa el argumento—para abrir el camino al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos, Canadá y México, el cual consolidaría estas reformas de libre mercado. El TLC, entonces, también es un modelo a seguir por otras naciones.

El «modelo mexicano», sin embargo, es un fiasco. Atrás de la fachada viven 90 millones de mexicanos comprobadamente más pobres que el ruso promedio de 1935. Una inmensa mayoría de mexicanos gana menos de la mitad de lo que ganaba hace diez años, y el consumo de alimentos se redujo drásticamente en 30 por ciento en el mismo período. Más de 50 por ciento de la fuerza de trabajo está desempleada de manera efectiva y las filas de desempleados crecen a la velocidad de casi un millón al año. Las estadísticas de salud y educación revelan un holocausto social en marcha, con desnutrición endémica que afecta a la mayoría de los niños y enfermedades que crecen sin control, al tiempo que la educación se derrumba.

Lejos de ser un modelo de economía triunfante, el «modelo mexicano» verdadero es el modelo de la rendición de la soberanía económica a los Estados Unidos. El presidente Salinas de Gortari, que llegó a la presidencia en diciembre de 1988, aceptó un Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TLC) que representa la virtual absorción económica de México a la economía de los Estados Unidos en detrimento de los empleos y los salarios de ambos lados de la frontera, y para beneficio de los banqueros que promueven el proyecto. El objetivo del TLC, como denuncia el informe que sobre este tema publicó EIR hace dos años, es encarcelar a México en las reformas de Salinas de Gortari que han permitido el reinado desenfrenado de los bancos extranjeros y las compañías multinacionales para explotar la mano de obra barata de México, comprar sus bancos y realizar el saqueo especulativo criminal de lo que queda de su sistema financiero, todo con el fin de cobrar religiosamente la gigantesca deuda externa de México”.

“No obstante que la reducción a la mitad del nivel de vida no ha provocado (aún) una explosión social como las ocurridas en otros países de Iberoamérica (como Venezuela y Brasil)—el trabajo que estamos citando antecedió por varios meses los acontecimientos de Chiapas—, la otra consecuencia de adoptar las normas de libre comercio—un enorme déficit comercial sin precedente en la historia de México—puede provocar el estallido del sistema financiero mexicano en el futuro cercano”. Premonitorio, ¿no es verdad?

“La medida más dramática de la crisis inevitable—que es hija legítima del “libre comercio”—es el creciente e insostenible déficit comercial. México importó en 1992 cerca de veinte mil millones de dólares más que lo que exportó. Con los ingresos por exportación sólo puede pagar menos de dos tercios de sus importaciones”.

“Para financiar este déficit de cuenta corriente de 20 mil millones de dólares al año, el gobierno mexicano se ha dedicado a atraer un flujo inestable de dinero que sólo busca ganancias especulativas. Si se quiere comprender esta «estrategia» hay que mirar unos años atrás. De 1975 a 1982 grandes cantidades de capitales abandonaron el país, en su mayoría con destino a cuentas bancarias suizas, inmuebles en Miami y cuentas en bancos estadounidenses. (¿Suena conocido?) Los capitales fugados—en una estimación conservadora—se calculan en 60 mil millones de dólares. El grueso de la deuda externa de México, como la de 1992, se solicitó en realidad tan sólo para proporcionar dólares, de manera que dicho capital, originalmente en pesos, se pudiera convertir en dólares y abandonar el país.

Al inicio del régimen de Salinas de Gortari se identificó a ese capital fugado como un recurso que había que traer de vuelta al país para que ayudara a sostener el programa del FMI. En 1989 se clamaba que cantidades crecientes de esos capitales regresaban a México, por lo que se esperaba con confianza que fueran la salvación de México. Desde que Salinas de Gortari llegó a la presidencia han ingresado al país 27 mil millones de dólares de supuesta inversión extranjera, más de dos tercios de ella especulativa. Casi la mitad de esa cifra ingresó al país tan sólo en 1992. Aunque la mayoría de ese capital a todas luces no es el mismo dinero que huyó en los años ochenta, dado que la mayoría parece ser de «inversionistas» estadounidenses que buscan dinero fácil, ha sido la única cosa que ha impedido que México sea golpeado por una crisis cambiaria.

Pero hoy el castillo de naipes está a punto de caer… Antes de 1989 no entraban más de tres mil millones de dólares al año, y las más de las veces el ingreso anual de dólares era menor a los mil millones, todo dirigido a la «inversión directa» para comprar o construir capital físico. Desde 1989 la inversión está destinada cada vez más a «inversión en portafolio» puramente especulativo, que no es otra cosa que poner dinero en el volátil mercado de valores de México, o comprar deuda gubernamental mexicana a corto plazo a tasas de interés exorbitantes, en los llamados Cetes (Certificados de la Tesorería). De 1989 a 1992 se duplicó la inversión directa, que llegó a seis mil millones de dólares, pero la inversión en portafolio se disparó a 11 mil millones de dólares”.

“Pero a mediados de 1992 sucedió lo inevitable, y ahora el mercado se ubica por abajo de lo que estuviera hace un año y el dinero comenzó a salir… Para atraer dinero que compensara esa fuga, el gobierno mexicano elevó las tasas de interés drásticamente… Esas tasas de interés tan elevadas han diezmado a los solicitantes de crédito nacionales que necesitan dinero para invertir o hasta para sus gastos de operación. El resultado es que hasta las cifras oficiales revelan una marcada reducción del ritmo de crecimiento a partir del verano pasado.

Peor todavía, el gobierno mexicano se convirtió en rehén de esas tasas de interés internas usureras, puesto que cualquier declinación puede provocar enormes fugas de capital, ya que la mayor parte de la deuda es en Cetes con vencimiento entre 7 y 28 días. Si bajan las tasas, los inversionistas extranjeros sencillamente no renovarán sus Cetes, y el gobierno tendrá que pagar miles de millones de dólares de un día para otro”.

“La política del gobierno para manejar el déficit de la cuenta corriente es lisa y llanamente mantener altas las tasas de interés”. (Parecida a la recomendación de Naím, a la cuarta de sus “verdades”). “Es difícil predecir por cuanto tiempo más esa sola jugada podrá mantener el juego de dados especulativo. Es muy probable que Salinas de Gortari se vea forzado a devaluar el peso—medida que ha tratado de evitar con desesperación—, con lo que se desinflaría el mito internacional del «modelo mexicano» y la crisis de la deuda externa del país se colocaría en el lugar central”. (Ahora sabemos que Salinas le pasó el problema a su sucesor, quien no había calentado todavía el puesto cuando se vio forzado a devaluar).

El trabajo de Cota, Rush y Small es implacable. Valdría la pena reproducir íntegramente su análisis. Baste lo citado hasta ahora, sin embargo, para salir al paso de la naimesca interpretación, según la cual el serio traspié mexicano no tiene nada que ver con el modelo neoliberal, sino con la intromisión de la política en el curso de “políticas económicas sanas”. Nada de sano se manifiesta en el análisis de Executive Intelligence Review. No tiene nada de sano el proceso de desinversión pública de México, hasta el punto de que se proyecte para el año 2000 que, a consecuencia de la descapitalización de su sector petrolero, ese país pase a ser ¡importador de petróleo! No tiene nada de sano que el gobierno mexicano haya falseado sus estadísticas poblacionales como único modo de presentar cifras menores de desempleo. No tiene, en fin, nada de sano que la población mexicana sufra extensamente de pobreza y de desnutrición.

Héctor Valecillos ha disecado con pluma tan certera como los autores del Executive Intelligence Review el cuerpo tumefacto del plan de Salinas de Gortari. En artículo aparecido en el diario “El Globo” (9 de enero de 1995), Valecillos escribe:

…el éxito mexicano no soportó la prueba de 1994. En los propios días de año nuevo, la revuelta campesina de Chiapas puso al descubierto las profundas desigualdades que desgarran a la sociedad mexicana, escasamente disimuladas por la mampostería de una democracia de ocasión; desigualdades que inciden especialmente sobre la gran mayoría de las masas del campo, predominantemente campesinas. Tres meses después, el asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, en una acción tenebrosa cuyos móviles no se han querido desentrañar, conmocionó aún más al ya convulso panorama político y económico de esa nación. Pero fueron hechos más recientes, a escasos días de la toma de posesión de Emilio (sic) Zedillo, en especial la rápida y pronunciada devaluación del peso y el subsecuente torbellino que se desató en los mercados financieros, los que pusieron en cuestión la pertinencia del modelo económico instrumentado a partir de 1988 y sembraron de incertidumbre el futuro del país de Lázaro Cardenas.

Prosigue Valecillos, en el artículo que llamó México, el fin de una ilusión:

Dicho sin ironía, a la luz de los hechos, la realización más exitosa del gobierno de Salinas no estuvo en la esfera económica sino en el dominio publicitario… lo que le permitió «vender a México» tanto a la mayoría de los legisladores norteamericanos como a una porción importante de la población estadounidense… Sin embargo, este cántico al «milagro» ocultaba cínicamente aspectos críticos de gran trascendencia… el crecimiento económico logrado por el gobierno de Salinas durante 198893 escasamente alcanzó a 3,15% al año, lo que contrasta claramente con el ritmo alcanzado durante 19401980 (6% al año en promedio), cuando estuvo en vigencia el modelo ahora desacreditado de la sustitución de importaciones con apoyo estatal…en contra del mito según el cual la «recuperación de Salinas» ha sido el resultado de la acción de las fuerzas del mercado, el modesto crecimiento logrado ha dependido fundamentalmente del apoyo masivo adoptado por instituciones multilaterales (BID, FMI y BM), el cual ha servido para fortalecer la inversión privada extranjera y en particular los flujos financieros.

Y sigue disecando Héctor Valecillos:

…la política de apertura externa indiscriminada y de pago a ultranza de la deuda externa—ejes clave del modelo FMI—tuvo como resultado una ampliación desmedida del déficit de la balanza comercial mexicana, el cual se sitúa actualmente en 30 mil millones de dólares. Cifra inquietante pero explicable en una economía cuyas importaciones equivalen al 30% de su producto interno. Dados el nivel absoluto y el ritmo de aumento del déficit comercial, no puede extrañar que en tan sólo seis meses (juniodiciembre) México haya consumido el 80% de sus reservas internacionales, las cuales alcanzaban a $ 25 mil millones a mediados de año. De aquí a la devaluación abrupta no había sino un paso, precisamente el que se dio a finales del año.

Y concluye así la disección del cirujano Héctor Valecillos:

Para el 30% más pobre de la fuerza de trabajo, los salarios en 1993 eran 70% inferiores al nivel alcanzado en 1976. De 1988 a 1991 la porción de los salarios en el ingreso nacional cayó desde el impresionantemente bajo nivel de 26, 6% a 24,7%. En estas circunstancias no debe extrañar que al salir del gobierno Salinas deja como herencia 40 millones de pobres, casi la mitad de la población del país…Es en estos factores, objetivos y constatables, y no en la torpeza de los burócratas responsables del manejo de la política financiera donde deben buscarse las causas determinantes del rápido desmoronamiento de los logros del que hasta hace pocos días fuese juzgado «el mejor alumno del FMI».

Eso sí son verdades. Verdades que Moisés Naím prefirió ignorar olímpicamente, en su innecesaria y reciente visita al país.

 

Las verdades de Perogrullo

Como ya es costumbre, debimos escuchar de nuevo la palabra de Arturo Úslar Pietri. Un poco callado desde que Ramón Adolfo Ilarramendi le recordó cómo el antiguo PDV—el partido del general Isaías Medina del que Úslar era primerísimo dirigente— había consagrado la intervención del Estado en sus propias bases programéticas, ha vuelto a aparecer, como ya es costumbre, inaugurando un nuevo ciclo de Primer Plano, el programa de opinión que conduce Marcel Granier. (Úslar Pietri, poco antes del rescate documental de Illarramendi, había ofrecido preocupadas declaraciones a la prensa sobre el intervencionismo del gobierno actual).

La información es definida, por la teoría que la estudia, como aquello que cambia el estado mental  de quien la recibe. Si se le dice a los venezolanos que la tierra es redonda, que el agua moja, o que Carlos Gardel ha fallecido, no se les está ofreciendo información. Eso ya se sabe; eso no cambia para nada nuestro estado mental. Algo así resultó ser la última aparición del profeta Úslar  ante las cámaras del Canal 2.

Por una parte, todo lo que dijo ya lo había dicho antes, él mismo u otros venezolanos que han opinado sobre el tema nacional. No incluyó nada nuevo, ni siquiera en su reconocimiento a la figura del Presidente de la República. (“…no hay que olvidarse de un hecho, Marcel, que la estabilización del sistema político venezolano, la desaparición de la amenaza cierta o supuesta de un posible golpe de Estado militar o de movimientos insurrecionales en el país, se debe en gran parte a un solo hecho: la presencia de un hombre que se llama Rafael Caldera en la Presidencia de la República. Caldera es un hombre creíble, es un hombre honorable, es un hombre respetable, es un hombre honesto, y eso es una novedad escandalosa en la Presidencia de Venezuela, y eso al país lo ha impresionado. De modo que el país cree en Caldera. Pero es un soporte muy frágil, porque depende de un hombre”).

De resto, verdades de Perogrullo. La comparación con la Venezuela de hace cincuenta años, cuando el presupuesto de la Nación no alcanzaba a 500 millones de bolívares y el país tenía 4 millones 400 mil habitantes. “De entonces acá, la población ha crecido cinco veces, quizás ni siquiera eso, y el gasto público en bolívares no ha crecido 100 veces ni quinientas, ha crecido cinco mil veces. De modo que por cada bolívar que el Estado venezolano gastaba en 1945—ese año en el que Úslar era decidido partidario del intervencionismo estatal—, gasta cinco mil bolívares hoy”. Úslar no alcanzó a referirse, obviamente, a la inflación de cuarenta y cinco años, ni a la diferencia entre el presupuesto norteamericano de hoy comparado con el de hace cincuenta años (aún en condiciones de guerra mundial), ni tampoco se refirió al crecimiento del gasto privado en el mismo lapso. Tan sólo lo que se estima tienen hoy los depósitos privados en dólares en el exterior equivalen, en bolívares, no a 500 veces, Arturo, ni siquiera a 5.000 veces, Marcel, sino ¡a 27.200 veces el presupuesto nacional íntegro del añorado año de 1945!

De modo que con comparaciones tan dramáticas como las que Úslar repite una y otra vez, no se nos ilustra, no se nos enseña, en realidad, dado el corte falacioso de su cartabón. De resto, puede entenderse su añoranza de 1945, cuando Úslar formaba parte del gobierno de entonces, cuando, repetiremos una vez más, Arturo Úslar Pietri militaba en un partido gubernamental en cuyo programa se había consagrado como principio la acción intervencionista del Estado. (Ver en el número doble 9-10 de esta publicación, “La libertad económica y la intervención del Estado”, de Mario Briceño-Iragorry, pags. xxv a xxvii).

Cuando Úslar Pietri pareció aproximarse a la concreción, volvió con su reiterada recomendación (que otros habían formulado antes que él) de reducir el número de ministerios a una docena, de reducir el tamaño del gobierno en tres años, de “racionalizarlo”. Y también con su recomendación de un gabinete de emergencia, que ahora denomina un “comando de crisis”. La última vez que Úslar Pietri había sugerido una cosa así (en Primer Plano) corría el mes de diciembre de 1991, a menos de un mes del intento militar del 4 de febrero de 1992. Tan tarde como eso Úslar Pietri proponía que el presidente Pérez se pusiera “al frente de un gobierno de emergencia”. Días después del fallido golpe Úslar pedía la renuncia de Pérez, sólo un mes después de haber opinado que Pérez encabezara un gobierno nacional de emergencia. ¿Irá a pedir Úslar la renuncia de Caldera?

¿Es serio y responsable Úslar cuando presenta al país los más oscuros colores del cuadro nacional sin proponer absolutamente nada útil, cuando ha podido señalar más de un rasgo francamente positivo? ¿Es que, como Ledezma, piensa continuar prescribiendo el mítico y vago remedio del “gran acuerdo nacional”? ¿Es que le era imprescindible volver sobre el tema de consenso nacional del desmedido tamaño del Estado al cabo de un año en el que el déficit del gobierno central fue reducido, si no se toma en cuenta el gasto de la emergencia financiera? ¿Es científico cuando deja colar frases tan poco comprobables como que “lo peor es que (el gobierno) da la sensación de que se siente contento” al haber intervenido los bancos en problemas? ¿O es que ya Úslar no puede enseñarnos más allá de lo que ha hecho, considerablemente, y ya Marcel Granier debiera dejarlo tranquilo? En octubre de 1991 Úslar admitió: “Hasta ahora no hemos encontrado las nuevas ideas para la nueva situación”.

Llama la atención esta nueva salida de Úslar Pietri, el timing escogido para la misma, que pareciera prelusiva de un nuevo partido político, a juzgar por el diálogo sostenido con Marcel Granier. Tal vez un nuevo PDV, el Partido Democrático Venezolano de su juventud, liderado por gente como Marcel Granier. Ya antes, en uno de los innumerables juegos de palabras de Úslar y Granier, el viejo maestro parecía pedir el relevo del joven empresario de medios y turismo. Ya antes, hace diez años, Úslar decía “el país está deseoso de que se le señale un rumbo”, como ahora repite “el país lo que necesita a gritos, en este momento, es una orientación, un camino que se le marque”. Estamos de acuerdo. No otra cosa ha venido reiterándose en esta publicación desde hace todo un año. Pero de lo que estamos ya seguros es de que Úslar Pietri no será quien señale ese camino, porque por propia admisión, aún no ha “encontrado las nuevas ideas para la nueva situación”.

 

Otras señales

Desde las alturas uslarianas podemos descender a niveles verdaderamente subterráneos. El “analista” Andrés Galdo, en su venenosa columna (acostada) Laberinto, mencionó el nombre de Gustavo Roosen para presentarlo como el padrino protector que Orlando Castro habría tenido en las filas del gobierno. El Banco Latino presidido por Roosen se había negado a pagar algunos “servicios” suministrados, según Galdo por él mismo, a ese instituto en la época de su previa administración, al no poder presentar el “analista” Galdo ningún soporte o documento que hiciera legítima su pretensión. He allí un motivo de molestia para el “analista”—redactor de verdaderos escritos anales, en el sentido no histórico sino freudiano—, quien no hace demasiado tiempo servía las necesidades de Gustavo Gómez López, de quien ahora denuesta periódicamente en sus laberínticas preparaciones. El desmentido a favor de Roosen vino a servirlo, inadvertidamente, el propio Orlando Castro, que desde sus cuarteles de invierno en Miami se caracterizó a sí mismo como víctima de las confabulaciones del Grupo Roraima, el que aseguró estar formado por Gustavo Roosen, Marcel Granier, Oscar García Mendoza y Carlos Bernárdez. Parece ser, pues, que Orlando Castro no tiene que agradecerle nada a Gustavo Roosen.

Mientras Andrés Galdo y Orlando Castro se ocupan de difundir especies interesadas, uno de los nombrados por este último, Oscar García Mendoza, presidente del Banco Venezolano de Crédito, convocó a la prensa para proponer públicamente por su intermedio las líneas generales de un tratamiento a la crisis financiera del país. García Mendoza, temprano crítico—allá por 1989—de las políticas financieras del último gobierno de Carlos Andrés Pérez, anunció que el Banco Venezolano de Crédito había encargado un estudio del problema financiero venezolano a un grupo de economistas que dirigió su tocayo de apellido, Gustavo García Osío, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración.

Los objetivos del plan esbozado por García Mendoza son los siguientes: 1. Recuperar la confianza de los depositantes y reducir drásticamente la amenaza de una crisis latente y no resuelta; 2. Recuperar la rentabilidad de la intermediación financiera y preservar a las instituciones financieras solventes y/o recuperables; 3. Esparcir en el tiempo el costo de la crisis financiera y reducir o evitar sus impactos monetarios e inflacionarios en el corto plazo; 4. Reducir el “Riesgo o Daño Moral” en el tratamiento de los depositantes; 5. Facilitar la estabilización macroeconómica, la cual a su vez se retroalimenta con la crisis financiera; 6. Recuperar el ahorro y la inversión privada, así como el crédito a largo plazo tanto para las familias como para las empresas.

Como decíamos en la pasada edición de esta publicación, ha llegado el tiempo de proponer. García Mendoza se ha sumado al actual diálogo nacional en busca de soluciones, en momentos cuando ha sido puesta sobre el tapete la posibilidad radical de nacionalizar toda la banca. De allí su insistencia en la instrumentación específica de un plan cuyos objetivos, dicho sea de paso, debieran ser totalmente aceptables para el gobierno. Es inconcebible que algún funcionario gubernamental viniese a proponer que no se debe recuperar la confianza de los depositantes, ni se debe facilitar la estabilización macroeconómica, ni tampoco se debe recuperar el ahorro y la inversión privada. De modo que el quid de la reciente emergencia propositiva de García Mendoza viene a ser el punto de las medidas específicas que sugiere, y que en síntesis deben ser entendidas así: “No me confundan”.

En efecto, García Mendoza-García Osío proponen que se clasifique a los bancos privados en tres grupos: a. Bancos solventes y rentables en todas las etapas del negocio bancario; b. Bancos aparentemente solventes y con ganancias en la intermediación financiera, pero poco rentables o con pérdidas al incluir costos de transformación y/o reducir operaciones conexas; c. Bancos insolventes y que registran pérdidas operativas.

Para los bancos del último grupo, los García proponen un drástico acto quirúrgico: intervención pública inmediata por parte del gobierno con garantía total de los depósitos. (Mucho más allá de los niveles previstos en la Ley de emergencias financieras). Para los bancos en situación de poca rentabilidad el nombramiento de un “veedor” con poderes de veto y la elaboración de un plan de recuperación de los mismos. Para los bancos en situación óptima—el Banco Venezolano de Crédito, por ejemplo—que los dejen tranquilos. “No me confundan”.

El trabajo y las proposiciones del mismo son mucho más extensas y detalladas que lo hasta ahora expuesto. Además, García Mendoza anunció que el trabajo completo sería próximamente publicado, por lo que restringimos el comentario a lo antedicho. Vale la pena, sin embargo, algunas anotaciones adicionales.

La proposición García-García requiere algunas acciones a las que llama “macroeconómicas”, entre las que destaca, por su doble alusión al comienzo y al final mismo (puesto de honor) del documento sinóptico, “la privatización de una parte importante del negocio petrolero”. No se sabe el límite de esta parte que los García proponen privatizar, así como tampoco si el mecanismo previsto sería el propuesto hace poco por Andrés Sosa Pietri, la venta de acciones de PDVSA. Pero los autores del estudio en cuestión conceden una importancia central a este aspecto: “…la generación de los montos requeridos para la solución de los problemas planteados pasa por la privatización de una parte importante del negocio petrolero, lo cual debe plantearse como parte integrante de un plan de rescate de la economía no sólo para superar la crisis actual, sino también para evitar la recurrencia de la misma en el futuro una vez privatizada parcialmente dicha industria”. Los autores dejan de explicarnos por qué la privatización de “parte importante” de la industria petrolera serviría para evitar la recurrencia de la crisis, o qué papel habría tenido en la actual crisis financiera el hecho de que la industria petrolera sea del Estado.

De resto, siempre se topa uno con los consabidos comentarios antipúblicos: “…el Estado ha demostrado ser un pésimo administrador de las instituciones financieras…” Suponemos que García Mendoza y García Osío no se refieren, por ejemplo, a la administración del Banco Central de Venezuela, y que tampoco han percibido la inmediata contradicción entre una declaración de ese tenor y su enfática proposición de que el Estado asuma de inmediato la administración de los bancos privados que estén siendo pésimamente administrados por actores privadísimos.  Por último, a pesar de este faux pas de lógica elemental, creemos sana la distinción que García Mendoza quiere establecer. Un verdadero triage médico que separe a los enfermos curables de los pacientes sanos y de aquellos a quienes no queda otra cosa que el desahucio. Políticas tan generales, tan horizontales como una estatización general de la banca, son las más de las veces inconvenientes en alto grado. Por eso García Mendoza tiene razón. Por eso se la han reconocido sus colegas Nogueroles (Provincial) y Dao (Caribe), con pequeños matices de diferenciación. Pero es bueno registrar, para la edificación y gobierno de comentaristas tan críticos como Úslar Pietri, que los primeros que proponen que el Estado cargue sobre sus hombros las responsabilidades de los banqueros privados fracasados, son los banqueros privados exitosos.

 

Plazo vencido

En las cosas más propiamente políticas, algunas cosas interesantes, otras más preocupantes, han acaecido en el país durante el mes de Jano.

Por ejemplo, resulta interesante la contundente declaración de Radamés Muñoz León, en reciente programa de Alfredo Peña por el Canal 4—entre peña y peña periquito suena—acerca de sus aspiraciones presidenciales. “Yo quiero ser Presidente de la República porque yo estudié para poner orden”. Semejante exabrupto fue complementado con el recuerdo del ex vicealmirante: él estudió administración en la universidad y por eso se siente en capacidad de administrar cualquier cosa. Hemos escuchado que el ex ministro desea presentarse como un “candidato de la derecha”, y que también quiere presentarse como “candidato de la clase media”. También que Radamés no tendría placer más grande que el de medirse electoralmente contra el ex comandante Hugo Chávez. Todo un combate digno de nuestros domingos de televisión, en el que un golpista flagrante se opondría a un protogolpista que, al decir de Ramón J. Velásquez, no se alzó porque no pudo. A pesar de lo cual el ex presidente debió sufrir, además de lo que ya ha sufrido en razón del malhadado indulto, la publicación de una fotografía en la que Muñoz León aparecía a su lado, entre un grupo de personalidades que le agasajaban por su cumpleaños, según invento de Allan Randolph Brewer-Carías.

Ambas candidaturas conseguirían clientela, no hay duda. Más de un venezolano cree que lo que se necesita es “orden”, aquello para lo que Muñoz León dice haber estudiado. En una reciente reunión de un interesante y diverso grupo de reflexión política, se nos repartió, no sabemos si con preocupación o alborozo, copia de un artículo aparecido en la prensa nacional del día 7 de este mes de enero, autorado por Georgie Anne Geyer desde Washington, y que llevó por título “El mundo no marcha inevitablemente hacia la democracia”.

El artículo cuya copia se obsequió a los asistentes incluye referencias a una intervención de George Kennan—el texto le describe como un venezolano nonagenario—en el Centro Nacional de Entrenamiento para Asuntos Extranjeros de Arlington, Virginia. Kennan habría dicho: “El mundo no se tornará democrático en nuestro tiempo”, y también “Es posible que para muchos países ni siquiera sea lo mejor en estos momentos”.

Hacia el final del artículo la conclusión pareciera ser la conveniencia, para algunos países, de sistemas de “democracia autoritaria”: “En un centro político autoritario, un presidente o líder gobierna con menos controles que en una democracia tradicional, hasta que la economía funciona”.

Preocupa realmente este tipo de enfoque. A quienes están convencidos de que los Carlos (Andrés Pérez y Salinas de Gortari) tenían razón, pudiera ocurrírseles que la democracia es la responsable de su fracaso. Nada más tentador para ellos que buscar en latitudes dictatoriales la reivindicación de su contumaz postura económica, a pesar del hambre, a pesar del sufrimiento generalizado. Para organizarse ya disponen de un menú de opciones que comienza a dibujarse, y cuyas ofertas extremas se llaman Hugo y Radamés.

Preocupa también el incidente del barrio El Onoto. Justicia expedita, sumaria y definitiva. Seguidores del pensamiento de Haydeé Castillo de López Acosta, que proponía hace poco la pena de muerte. Una cosa, naturalmente, es la autodefensa de las comunidades. Otra muy distinta el linchamiento.

En la presidencia de Eduardo Frei Montalva en Chile llegó a dictarse en esa nación la “ley anticogotero”—cogotero = malandro—, que dejaba en libertad a quien hubiese dado muerte a quien contara con prontuario policial. Gustavo Tarre Briceño preparó para la Alcaldía de Baruta un “manual de autodefensa comunitaria”, y CESAP ha hecho trabajos de corte más jurídico sobre el tema. Pero ya circulan por los barrios caraqueños versiones más crudas e implacables, en las que la figura de tribunales populares—ya no la de los jueces de paz—se discute abiertamente, junto con realistas evaluaciones acerca de la protección que puede esperarse de una policía que más de una vez se encuentra en connivencia criminal, en complicidad con los propios delincuentes.

El mismo Gustavo Tarre Briceño dijo no hace mucho—lo referimos aquí—que la criminalidad en Venezuela no era tanto un problema del Ministro de Relaciones Interiores o del de Justicia, como de los Ministros de Hacienda y de CORDIPLAN. El enfoque de fondo es éste que tan aguda frase de Tarre resume admirablemente. No hay esquema represivo que pueda anular la acción delictiva de una sociedad hambreada.

También, por supuesto, las comunidades y los ciudadanos individuales pueden contribuir mucho en la prevención y el control del delito. Pero conservando el apego a la Ley, por más defectuosa y frustrante que pueda ser la administración de la justicia en Venezuela. La Ley del Talión no haría otra cosa que agravar las cosas y conducirnos a un estado caótico. Tomen nota, no obstante, las autoridades policiales de este gobierno. Así como existe el principio de subsidiaridad del Estado que legitima la acción de éste cuando los entes privados no suplen ciertas necesidades de la sociedad, así ésta también buscará llenar los vacíos del Estado. Y fue nadie menos que el actual Ministro de Relaciones Interiores, Ramón Escovar Salom, quien denunciaba en artículo de prensa de 1991 la “inexistencia del Estado” en Venezuela, porque era un Estado, afirmaba, para el que el territorio de ciertas barriadas le estaba vedado y, en consecuencia, dejaba de ejercer la soberanía en ese terreno.

Así pues, es un aviso de la ciudadanía al Estado. Como pudiera serlo el concepto de “congreso de ciudadanos” que comienza a manejarse con la irrupción de Newton Gingrich en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Un congreso sin privilegios especiales para los congresistas, sujetos a las mismas leyes que rigen la vida cívica de los comunes mortales. Veremos más de estas cosas, pues está en el cauce principal de la evolución política de la humanidad.

Una evolución que se despliega en la dirección de una polis planetaria, de una sociedad “global” del siglo XXI a la que parece dirigirse el “IX Plan de la Nación”, según los atisbos que ha permitido Werner Corrales, el jefe de planificación de la Presidencia de la República.

En plazo vencido o a punto de vencerse, el Ejecutivo Nacional cumplirá con lo dispuesto en la Segunda Enmienda de la Constitución de 1961, que lo obliga a presentar a las Cámaras Legislativas los lineamientos del plan quinquenal de desarrollo económico y social.

Corrales ha declarado que el plan—difícilmente denominable “de la Nación”, puesto que aún la Nación lo desconoce y no lo ha hecho ella—se organiza sobre cinco líneas principales, a saber: inserción de Venezuela en la sociedad “global” (planetaria) del siglo XXI; desarrollo de una economía productiva con justicia social; proyecto de solidaridad social; reforma crucial del proceso educativo; reforma integral del Estado que permita la consecución de los previos objetivos. Corrales ha dicho, asimismo, que el horizonte del plan excede el quinquenio y pretende alcanzar una penetración de veinte años.

A la salida pública del documento planificador comentaremos su contenido analíticamente en esta publicación. Por ahora ignoramos que puedan significar en concreto las referencias a la justicia y la solidaridad sociales. Pero pareciera auspicioso el tono audaz de los veinte años de horizonte, la intención de insertarse en una sociedad planetaria del futuro, la importancia especial que se le concede a la educación y el reconocimiento implícito a la insuficiencia de nuestro Estado de hoy.

Esa audacia es necesaria; esa audacia será bienvenida por los venezolanos, que queremos reto y acicate. Nada hay en nuestra composición de pueblo que nos prohíba entender el mundo del futuro. Venezuela tiene las posibilidades, por poner un caso, de convertirse, a la vuelta de no demasiados años, en una de las primeras democracias electrónicamente comunicadas del planeta, en una de las democracias de la Internet. En una sociedad en la que prácticamente esté conectado cada uno de sus hogares con los restantes, con las instituciones del Estado, con los aparatos de procesamiento electoral, con centros de diseminación de conocimiento.

No es imposible que en el año 2015 el venezolano promedio tenga un nivel de conocimientos equivalente a una licenciatura de estudios generales. La educación primaria garantizada estaba bien para el país de Guzmán Blanco. A comienzos del siglo XXI los venezolanos todos deberíamos disponer de una educación superior.

Carlos Alberto Granier glosó recientemente un artículo de Peter Drucker, publicado en la revista The Atlantic Monthly y que tuvo como título La Edad de la Transformación Social. El artículo-glosa de Granier llevó, a nuestro criterio, un título mucho más atractivo y explicador: La sociedad del conocimiento y nosotros.

Citamos a Granier que cita a Drucker:

El lugar del trabajador fabril está siendo tomado por un trabajador que combina habilidad física con conocimiento teórico, que Drucker denomina como «tecnólogo». Son éstos los técnicos en computación, investigadores de mercadeo, terapistas físicos, técnicos de laboratorio, técnicos de rayos X, etcétera, que constituyen las categorías laborales de mayor crecimiento en el mundo desarrollado, amenazando con convertir a los trabajadores fabriles simplemente en otro grupo de presión… A diferencia del trabajador fabril, de habilidad eminentemente manual, el trabajador intelectual requiere de una educación formal y la habilidad de adquirir y aplicar conocimientos teóricos y analíticos, en un proceso de transformación continua.

Continúan Drucker & Granier: “…el predominio de un proceso productivo intensivo en conocimiento, cuyo portador es el trabajador intelectual, tiene un enorme impacto sobre el propósito, contenido y valores del sistema educativo… el fenómeno tiene un impacto evidente sobre las políticas públicas de todos los países, al que no podremos sustraernos, a riesgo de quedar relegados a la categoría de países ignorantes, más que de país pobre… se requiere una teoría económica apropiada a una economía mundial en que el conocimiento es el recurso productivo dominante”.

Y muy, pero muy importante, dice Drucker también: “…la adquisición y distribución del conocimiento formal podría ocupar el lugar en la política… que han ocupado la adquisición y la distribución de la propiedad y el ingreso en los últimos dos o tres siglos que hemos dado en llamar la Edad del Capitalismo”.

Ese es, sin duda, un fenómeno, una metamorfosis general que debe ser comprendida para que cualquier ejercicio de planificación en Venezuela sirva para algo más que para cumplir un acto ritual de presentación al Congreso de la República. El IX Plan de la Nación tendrá que proponer, y así parece darlo a entender el ministro Corrales, respuesta programática para nuestra participación en la sociedad del conocimiento. Son éstas las cosas que esperamos encontrar en el IX Plan de la Nación cuando sea posible conocer todo su contenido.

Seguramente, por otra parte, Rafael Caldera mismo, luego de la presentación del IX Plan de la Nación a cargo de Werner Corrales, dirá también lo suyo cuando le toque dirigir al Congreso de la República su relación del primer año de su segunda gestión presidencial. Allí seguramente se referirá, además de temas tan futuristas, a la marcha más reciente del proceso venezolano. Defenderá su actuación y atacará a sus críticos; buscará emocionar a los venezolanos y convencer a los extranjeros; reiterará que se considera el guardián de la esperanza, tema que ha compartido con el mismísimo Sumo Pontífice Juan Pablo II. ¿Quién dijo miedo?

Hace poco, en su mensaje de Año Nuevo, aludió directamente al muy inmediato tema de las elecciones regionales y municipales de este año de 1995. Mantiene, pues, el pulso del momento como el más hábil táctico de los estrategas políticos venezolanos. Y ya hay quien asegura en COPEI que Eduardo Fernández ha tornado a ser calderista.

El año de 1995 no será demasiado fácil. Pero tampoco será peor que el pasado año de 1994.  Por ahora Caldera ha apagado de un golpe sus 79 velas. Ojalá pueda apagar 83 con la misma autoridad antes de entregar el mando a su sucesor. LEA

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REF #2 – Una visión de Venezuela

ref

Visión. Imagen-objetivo. Esas son las nociones centrales y básicas de las más recientes teorías estratégicas. Una imagen-objetivo es la sinopsis de una visión. De la visión que se tenga de un estado futuro alcanzable. Naturalmente, de un estado futuro alcanzable que sea significativamente mejor que el estado actual. Que comparado con cualquier otro futuro propuesto, alcanzable y deseable, sea el mejor, sea el futuro preferible.

El tema de la visión surgió con insistencia, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas. Clinton empleó el término. Bush se refirió a la noción despectivamente. “Esa cosa que llaman visión”, se le escuchó decir. Todos sabemos que Bush perdió las elecciones.

Venezuela, municipio del planeta

El periódico La Columna resurgió en Maracaibo en septiembre de 1989. Seis meses después era el diario que más circulaba en esa ciudad. Muchos factores tuvieron que ver con ese resultado, pero seguramente fue esencial para tan calurosa acogida que los que hicieron el periódico hubieran adoptado una imagen de sus lectores: que los lectores de Maracaibo eran personas inteligentes; que sus lectores eran ciudadanos del mundo. Ya no los habitantes sometidos al régimen de un poder central y lejano sino, conectados informativamente con el resto de la Tierra, habitantes con derecho en el mundo y con influencia y responsabilidad por su estado. El habitante de Maracaibo se dio cuenta de que verdaderamente era una parte del cerebro del mundo. En cuanto pudo entrever esa verdad, en cuanto pudo tener esa imagen de sí mismo, dio su decidido apoyo a quien también le entendía de ese modo.

El que cosas como ésa ocurran, y que ocurran acá en Venezuela, es muy importante para nosotros, pues el primero de los sentidos de la visión-objetivo que proponemos lleva a considerar a Venezuela como municipio del planeta.

Somos un municipio del planeta. El mundo está por constituirse políticamente. El substrato de esa nueva polis existe: la hipótesis de James Lovelock llega a pensar la Tierra como un ente viviente, como una sola célula. Una gigantesca célula cuyos organelos interdependen ecológicamente, cuyas regiones se comunican por satélites inventados por el hombre. Un organismo vivo que construye, intento por intento, lo que Yehezkel Dror llama la “mente central del mundo”: su gobierno.

Un gobierno planetario que como el sistema nervioso central de los animales superiores, el hombre incluido, regulará muy pocas de las actividades del conjunto. El desarrollo de la Tierra, en su mayor parte, no provendrá de las acciones de ese gobierno mundial, sino de las unidades locales. Y entre las unidades locales, las naciones del tamaño de la venezolana serán los municipios de la estructura política del planeta Tierra.

Un planeta que construye también una nueva versión, más comprensiva, de su conciencia. Que elabora con penoso esfuerzo los componentes de una nueva teoría del mundo, de una forma más desarrollada de funcionamiento político, hasta de una nueva percepción religiosa.

Se construye, poco a poco pero incesantemente, el cerebro del mundo. Las redes celulares y de computadores y telefacsímiles, CNN, Telemundo, los satélites, los servicios de medios múltiples, las fibras ópticas, van tendiendo los ganglios y los nervios, los núcleos cerebrales de esa mente central planetaria. Se construye un cerebro de la Tierra.

Una región del planeta puede ser maqueta para el conjunto. Como veremos más adelante, aun dentro de sí misma Venezuela puede potenciar las instancias asociativas en su aparato político. La imagen-objetivo de Venezuela como lúcido y anticipador municipio del planeta, en tanto campo de demostración de las ventajas del conocimiento como determinante político es perfectamente sostenible.

Francisco Nadales nació en Cumanacoa, Estado Sucre, Venezuela. Pudo completar solamente una educación primaria, lo que no le permitió mejor empleo que el de obrero no calificado de la industria de la construcción. Una vez fue puesto, sin otra preparación previa, delante de un moderno computador personal. La pantalla mostraba una hoja de cálculo electrónica, en la que en breves segundos postuló, bajo instrucciones, una operación algebraica. Cuando la pantalla titiló mostrando el resultado, una sonrisa tan amplia como su cara demostró su alegría profunda, y la extensión de su súbita comprensión fue expresada en su inmediato comentario: “¡Hay que ver que el hombre es bien inteligente!”

Francisco Nadales hablaba, claro, del hombre que había sido capaz de concebir, producir y ensamblar la intrincada maraña de circuitos y componentes del computador que tuvo ante sí; del que había sido capaz de generar y enhebrar las numerosas líneas del código de programa que le permitió usar el álgebra por primera vez. Pero esa referencia no habría bastado para ampliarle la sonrisa de aquel modo. Francisco Nadales estaba también hablando de sí mismo. Francisco Nadales era ese hombre bien inteligente y Venezuela puede contribuir significativamente a la constitución política de la Tierra.

Venezuela, Estado de la Confederación Sudamericana

Verse de ese modo no excluye, en modo alguno, las asociaciones de los municipios del planeta. Para empezar, ya existen, y el derecho mundial deberá alojarlas, regularlas y protegerlas. Los Estados Unidos de Norteamérica son una asociación de municipios del planeta. Europa es una asociación de municipios del planeta. ¿Cómo podrían objetar que los municipios de la América del Sur se agruparan? Venezuela puede ser vista también como Estado miembro de una Confederación Sudamericana.

John Haldane, fallecido en 1964, fue un notable científico de Inglaterra, biólogo, genetista, así como un editor de criterio bastante izquierdista. Esto no le impidió advertir en un certero trabajo sobre el tamaño adecuado de las cosas, que las estructuras preconizadas por el socialismo no podrían funcionar en países del tamaño de  los Estados Unidos o de Rusia: “Y así como hay un tamaño óptimo para cada animal, así también es cierto eso para cada institución humana…Para el biólogo el problema del socialismo consiste mayormente en un problema de tamaño. Los socialistas extremos desean manejar cada país como si se tratase de una empresa única. No creo que Henry Ford encontrase mucha dificultad en administrar Andorra o Luxemburgo sobre bases socialistas. Se puede pensar que un sindicato de Fords, si pudiésemos encontrarlos, haría que Bélgica Ltd. o Dinamarca Inc. fuesen rentables. Pero mientras la nacionalización de ciertas industrias es una obvia posibilidad en los más grandes entre los estados, no me es más fácil imaginar un Imperio Británico o unos Estados Unidos completamente socializados, que un elefante que diera saltos mortales o un hipopótamo que saltara sobre una cerca”. (J.B.S. Haldane, On Being the Right Size.) Complementariamente, debe sostenerse que hay escalas requeridas para el sano funcionamiento de un pleno libre mercado.

Hace no mucho el rechazo de la política del Estado neozelandés alcanzaba cotas superiores al noventa por ciento de su electorado. Se había aplicado allí un paquete de política económica muy similar al que recientemente ha operado sobre Venezuela, con desarreglos y traumas similares a los que nosotros hemos experimentado. “Entre las medidas tomadas desde que comenzó la reestructuración están: una devaluación del 20% del dólar neozelandés; la desrregulación del sector financiero; la venta de la mayoría de las empresas públicas; la dramática reducción del impuesto sobre la renta, con una disminución de la tasa máxima de 66% a 33%; la introducción de un impuesto a las ventas de bienes y servicios de un 12,5% que se aplica a productos básicos como la leche y el pan. Los aranceles y las cuotas de importación fueron cercenados”. (Rowan Callick, TIME, 16 de diciembre de 1991).

Nueva Zelandia, poblada por habitantes de raíz bastante diferente a la de nuestro pueblo, ha conocido un sufrimiento social que en algunos rasgos es sorprendentemente parecido al venezolano.

Un factor de semejanza entre ambas naciones destaca significativamente: Venezuela, Nueva Zelandia más, son países de pequeño tamaño. Nueva Zelandia tiene una población de apenas tres millones y medio de habitantes.

La población de Venezuela no reviste la magnitud necesaria para el desarrollo eficiente y sano de un esquema liberal o neoliberal, que en todo caso, siendo proposición para lo económico, no contiene respuestas suficientes a lo político. Por otra parte, las economías de mercado se han revelado como más naturales y productivas que las economías sujetas a un excesivo control o dominación estatal. ¿Qué nos indica esto? Que es necesario adquirir una escala de mayor magnitud, similar a la de economías como la norteamericana, o la europea.

El nombre de integración, para designar el tipo de asociación preferible, es ciertamente inadecuado. La palabra integración tiende a producir la imagen de un todo homogéneo, en el que las peculiaridades nacionales quedarían borradas.

La imagen correcta es la de una confederación de carácter político, que corresponda, en términos generales, al modelo norteamericano. La unión política estadounidense estableció, por el mismo hecho de su construcción, la unión económica, pues estableció el libre tránsito de personas y de bienes por todo el territorio de su confederación.

En cambio, el camino intentado, una y mil veces en América Latina, sin éxito apreciable, es el de arribar a la integración política por la etapa previa de la integración económica; esto es, el modelo de la Comunidad Económica Europea.

Para los europeos esto tenía mucho sentido. Los componentes nacionales a ser ensamblados, en muchos casos, habían sido, cada uno por separado y cada uno en su oportunidad, primeras potencias mundiales: España primero, luego Francia, Inglaterra, Alemania…No era fácil para los estados europeos aceptar el hecho de una integración política, sin contar con las dificultades derivadas del hecho simple de su profusa variedad de idiomas.

El 2 de agosto de 1993 el esquema integracionista europeo, ya debilitado por la poco entusiasta—hasta difícil—aprobación del Tratado de Maastricht  por parte de varios de los países de la Comunidad, recibió un golpe de importante magnitud. La especulación monetaria desatada contra las monedas de Francia, Dinamarca, Bélgica, España y Portugal, como consecuencia de la negativa del Bundesbank a las peticiones de reducción de su tasa de interés clave, pareció descarrilar el programa previsto para la unificación monetaria europea: la meta de una única moneda europea hacia 1999.

Al mes siguiente, Milton Friedman, el Premio Nobel de Economía líder de la llamada escuela de Chicago, se expresaba en los términos siguientes: “Si los europeos quieren de veras avanzar en el camino de la integración, deberían comprender que la unidad política debe preceder a la monetaria. El continuar persiguiendo algo que se acerca a una moneda común, mientras cada país mantiene su autonomía política, es una receta segura para el fracaso.” (Entrevista en la revista L’Espresso, 26 de septiembre de 1993).

Las razones para una integración política pueden ser, pues, de raíz económica, sobre todo si las políticas económicas sobre las que se ha puesto tanta esperanza han fracasado rotundamente. Por ejemplo, la idea de que la devaluación de nuestra moneda conduciría a una vigorosa expansión de nuestras exportaciones no tradicionales. Pero en 1986, la economista Carlota Pérez advertía con suficiente anticipación: “Claro que la tasa de cambio es una variable importante para una política exportadora y no niego que su manipulación sea eficaz para algunos productos y por cierto tiempo. Pero, como estrategia sólida y permanente esa ruta no es más que un espejismo. Sin entrar a discutir el problema del alto contenido importado de nuestra producción industrial, en el mundo actual la mano de obra barata ya no basta ni para invadir los mercados de importación ni para atraer la inversión extranjera”.  (Revista Número, edición del sexto aniversario, 1986).

En el caso venezolano, cada vez resulta más cuesta arriba mantener la otrora racional política estatal de dirigir las exportaciones de petróleo, hierro y aluminio a los mercados del Norte. Estos corresponden a economías de Tercera Ola, que consumen cada vez menos de estos productos, sin tomar en cuenta hechos como el ya mencionado del desplazamiento político de Venezuela por Arabia Saudita en el mercado petrolero norteamericano. Eric D. Larson, Marc H. Ross y Robert H. Williams presentaron un importante artículo en el número de junio de 1986 de la revista Scientific American, bajo el título: “Más allá de la Era de los Materiales”. Allí afirmaban, entre otras cosas: “Los países industriales están siendo testigos de la emergencia de una sociedad centrada en la información, en la que el crecimiento económico está dominado por productos de alta tecnología que tienen un contenido de materiales relativamente bajo. En esta sociedad los materiales básicos continuarán siendo usados, y a muy altas tasas si se les compara con las tasas de otras sociedades. El hecho económico crítico es que su uso ya no estará creciendo. En los años por venir, el éxito y el fracaso económicos estarán determinados por la capacidad de adaptarse a esta realidad».

En cambio, los países en vías de desarrollo, en particular los del continente sudamericano, tienen aún mucho consumo de “segunda ola” por delante. Allí puede estar la expansión para nuestros mercados. Pero esto sería todavía más consistente y seguro si Venezuela fuera parte de un Estado mucho mayor.

Hace unos años el tema integracionista, en nuestras latitudes, estaba entendido como latinoamericano. La base cultural y el importante grado de comunidad histórica de los latinoamericanos era el criterio predominante. No estaba lejos de incluso los españoles, la idea de una “reconstitución” de los antiguos dominios del imperio. En 1984 (junio) Juan Tomás de Salas, el editor de la revista Cambio 16, y comentando una visita del presidente Alfonsín a España, editorializaba así: “Si Argentina y España consolidan sus regímenes democráticos, resuelven sus apuros económicos actuales y empiezan a andar por la historia con normalidad, en muy poco tiempo tocarán a su fin dos siglos de impotencia en el área de lo que fue el viejo imperio español”… “Pensando en grande, pensando así, la suerte del Presidente Alfonsín en Argentina es, de algún modo, nuestra propia suerte. Si allí se consolida la libertad, la nuestra se fortalece de inmediato; y si Argentina fracasa, nosotros fracasamos también».

Poco tiempo después España se alejaba de esa añoranza y entraba, primero en la OTAN, luego en la Comunidad Económica Europea. Ahora es México que conviene en conformar con los Estados Unidos y Canadá un gran bloque económico al norte del continente americano. Por esto el criterio cultural como el predominante en una idea de integración política se ha debilitado. Hoy resulta más natural la consideración de un criterio geopolítico y, sobre todo, ecológico.

América del Sur es geográficamente un continente distinguible de Norteamérica. No en vano es tratado así en la costumbre geográfica de los Estados Unidos. Es un continente caracterizado por la mayor variedad ecológica y biológica, si se le compara con el resto de los continentes. Es el continente que se despliega sobre la gama más amplia de latitudes. Es el continente que produce más de la mitad del oxígeno del planeta. Es el cuarto más grande de los continentes, con una superficie total de 17 millones 800 mil kilómetros cuadrados, o un 12% de la superficie terrestre del planeta.

Como espacio geopolítico y ecológico, pues, tiene sentido pensar en su organización política de conjunto. Y tiene sentido en momentos cuando asistimos a la manifestación del intento de NAFTA en Norteamérica, del intento de la Comunidad Europea, de los reacomodos que ya comienzan a producirse en el área asiática. Tiene más sentido aún si consideramos que el mundo, como apuntábamos, va hacia una planetización política, en la que la coexistencia de culturas diversas será una realidad. América del Sur puede ser una maqueta de este proceso más amplio de integración, pues además de la obvia presencia de la cultura latina, incluye a los pueblos de las distintas Guayanas y a los de las Malvinas. (Si es que no incluyésemos también a las Antillas Neerlandesas o a Trinidad y Tobago).

Los planteamientos terapéuticos que han preconizado nuestra integración en Latinoamérica o, más limitadamente, en el bloque andino, han partido de una postura describible en los términos siguientes: la unidad política es el desiderátum final pero no es asequible en estos momentos; por esto es necesario iniciar el proceso por la integración económica y el estímulo a la integración cultural. Es así como se suceden las “misiones culturales de buena voluntad’: enviamos a Yolanda Moreno a danzar por el continente y a la Orquesta Sinfónica Juvenil a dar conciertos; es así como establecemos “supercordiplanes” al estilo del SELA o los órganos del Acuerdo de Cartagena.

Lo equivocado está en suponer que la integración económica es más fácil que la integración política. Esto no es así. La actividad económica tiende a presentar, como rasgo predominante de su proceso, el carácter de lo competitivo. Difícilmente puede entonces conducirnos a la integración efectiva, sobre todo si cada componente de los pactos de integración económica se comprende a sí mismo como portador de una vocación perenne de Estado independiente. ¿Por qué es tan difícil un acuerdo, digamos, en el seno del Pacto Andino? Porque Bolivia supone que algún día habrá de ser ella sola, por más distante que esto se halle en el futuro, como los Estados Unidos. Porque Venezuela pretende lo mismo, porque Colombia pretende igualmente, y así sucesivamente.

La integración a la que debe procederse lo antes que sea posible es la integración política. La integración económica vendrá entonces por sí sola, con el proceso casi automático de la acomodación de las unidades productivas, lo que es mucho más sano y flexible que las integraciones económicas forzadas a partir de burocracias tecnocráticas, que si han fracasado dentro de los límites nacionales, con mayor certidumbre fracasarán en el intento de manejar entidades de escala superior.

Por la integración política en un contexto como el sudamericano Venezuela consigue resolver varios problemas importantes de un golpe. Para comenzar, es necesario precisar que el tratamiento propuesto es el de una integración federativa. Esto es, la integración no consiste en transferir todas  las funciones públicas a un gobierno supranacional, sino únicamente las funciones de Estado clásicas: representación diplomática o relación política con terceros estados, defensa ante terceros estados, emisión de una moneda única del área integrada, principalmente. Otras funciones pueden ser adjudicadas, según conveniencia, al nivel federal. Por ejemplo, pareciera conveniente el establecimiento de una policía federal, para el eficaz combate de fenómenos delictuales que trascienden actuales fronteras nacionales, como el binomio narcotráfico-guerrillas. Aparece también como aconsejable el establecimiento de cortes federales para el trámite legal de intereses interestatales o que sean definidos de antemano como pertenecientes al nivel federal.

El resto de los asuntos públicos debe permanecer al arbitrio de cada estado federado en particular. Muy especialmente, el régimen legal propio a cada estado federado debe permanecer, en lo posible, incólume, para atender así a la costumbre jurídica de cada país. (Siempre y cuando un estado federado no limite el libre tránsito de los ciudadanos del conjunto y la libre circulación de los bienes económicos, lo que equivale, directamente, a la integración económica.)

Resulta obvio que el modelo descrito corresponde a la estructura adoptada por los Estados Unidos de Norteamérica a partir de 1787, y lo que se propone entender es que, aun dentro de la interpretación más pesimista de la sociología latinoamericana, debemos ser capaces de hacer hoy lo que los norteamericanos pudieron efectuar hace más de doscientos años, sobre todo cuando tenemos por delante el precedente de esa unión norteña, a todas luces exitosa. Los norteamericanos, en cambio, no contaban con precedente alguno. Nosotros tenemos la ventaja de haber presenciado un experimento político que ya se ha prolongado por sobre los dos siglos de existencia.

Es legítimo preguntarse por qué la integración política fue posible a los norteamericanos y no a nosotros, ni siquiera en la primera mitad del siglo XIX, cuando ya el experimento de los Estados Unidos llevaba varias décadas funcionando. La respuesta reside en que durante ese período la tecnología de las comunicaciones permaneció prácticamente inalterada, imponiendo una suerte de perímetro máximo a lo integrable. Los Estados Unidos que nacieron en 1776 no ocupaban el área que hoy poseen. En 1776 se reunieron trece colonias norteamericanas cuya superficie conjunta era de 888.000 kilómetros cuadrados. Es decir, una superficie inferior a la de Venezuela. Por esta razón era muy difícil mantener integrada la Gran Colombia, cuatro veces mayor que los Estados Unidos originarios, no digamos la América del Sur entera. Cuando Bolívar escribía una carta a Sucre, ordenándole que persiguiera y presentara batalla a determinado jefe realista, el “término de la distancia” se contaba muy frecuentemente en meses. Hubo casos cuando Bolívar impartió una orden de esa naturaleza en carta fechada cinco días después  del fallecimiento del eventual contendiente de Sucre, circunstancia que Bolívar ignoraba en virtud de esa misma lentitud de las comunicaciones. Hoy en día las circunstancias han variado radicalmente, lo que permite que, por ejemplo, el estado de Hawai esté perfectamente integrado a los procesos políticos de sus 49 colegas continentales.

Una integración política del área sudamericana resuelve para Venezuela, por ejemplo, el problema de escala económica tocado anteriormente. Con una libre circulación económica el mercado interno vendría a ser ahora de unos trescientos millones de habitantes. Es cierto que compartiríamos ese espacio económico con los restantes miembros de la unión, pero el efecto de la agregación de los mercados resulta en un espacio superior al actualmente llenado por el total de las unidades productivas del área en sus respectivos mercados individuales.

En lo tocante a lo económico resulta importante destacar para Venezuela, naturalmente, lo que sería dentro de una unión sudamericana el mercado interno petrolero. (Es de notar que la OPEP es, justamente, una organización de países exportadores  de petróleo. El petróleo consumido dentro de un Estado sudamericano no sería, en este sentido, una exportación). Una manera de considerarlo se refiere a un consumo del área en el caso hipotético de tasas de consumo per cápita equivalentes a la de Venezuela. (Consumo anual de 7,4 barriles de petróleo per cápita). La población de América del Sur representaría a esta tasa un consumo diario total de petróleo de unos seis millones de barriles. Si el barril de petróleo se cobrara en este mercado interno a un precio de US$ 10, tal consumo equivaldría a un volumen anual de más de 22 mil millones de dólares, o más de 2 billones y medio de bolívares por año. (Y si los países miembros de una confederación sudamericana se beneficiaran de un precio inferior al promedio mundial –alrededor de 13 dólares por barril de la OPEP– podrían llegar a consumir más petróleo con un ahorro que pudiesen emplear en otras necesidades sociales). Vale la pena apuntar acá que ya Petróleos de Venezuela planea alcanzar para el año 2002, a ocho años de distancia, un potencial de producción de 4 millones de barriles diarios de petróleo, o las dos terceras partes de ese consumo teórico sudamericano. (Desde el potencial actual cercano a los 3 millones).

El economista Emeterio Gómez ha venido destacando la contradicción planteada en Venezuela entre una política económica explícita y retórica de diversificación de la economía y de las exportaciones, frente a una política implícita y real de reforzamiento de nuestra concentración en petróleo. En un contexto integrado la situación sería completamente diferente. La economía de Detroit no se neurotiza porque sólo fabrique automóviles y no vacas, porque éstas se producen en Wisconsin; tampoco porque no produce computadores, ya que el Valle del Silicón en California se ocupa de eso. Cada componente de la unión norteame- ricana puede dedicarse tranquilamente a la explotación de sus ventajas naturales, dado que sus espaldas están guardadas por la diversificación del conjunto. Así desaparecería la presión por la diversificación completa de la economía venezolana, y ésta podría seguir concentrada, en alto grado, sobre nuestro potencial petrolero.

La unión política sudamericana, por supuesto, mejoraría lo relacionado con el problema genérico de la deuda pública externa de los países involucrados, al asumir el nuevo Estado la responsabilidad global por la deuda. (Tal como lo hicieron los propios Estados Unidos de Norteamérica en su carta de fundación). Así se daría de modo automático el “tratamiento conjunto” que insistentemente se ha venido proponiendo para la deuda de este continente. (Los entes acreedores seguramente resultarían favorecidos, pues el programa global de pagos resultaría en una mejor proposición que la que pueden hacer los países aisladamente.) Una ventaja indudable en el terreno económico, finalmente, viene dada por la emergencia de un nuevo signo monetario único del área.

Hay otros efectos diferentes del estrictamente económico que hacen atractiva a Venezuela (y a los demás países participantes) la opción de convertir su razón de Estado a través de una confederación de estados del área sudamericana, aun cuando también el aumento de eficacia se traduce en muchos casos en un menor gasto por concepto de funciones de Estado. Por ejemplo, tenemos lo concerniente a seguridad y defensa. El ahorro sería considerable si, en vez de hacer como ahora, que además de defender con ejércitos el perímetro sudamericano gastamos en una defensa interfronteriza, elimináramos este último renglón. Es así como la contribución que cada país haría al presupuesto federal de defensa sería menor que la cantidad que cada quien gasta por separado. Por supuesto, es de esperar que la agregación de las posibilidades de defensa individuales daría como resultado unas fuerzas armadas comunes de considerablemente mayor tamaño y potencia.

Igual efecto beneficioso se tendría en lo relacionado con la función de cancillería. En principio se reduciría el número de embajadas por un factor de alrededor de quince veces. Pero el efecto cualitativo sería mayor, tanto por el hecho de que la cancillería del nuevo Estado representaría a una entidad geopolítica mucho más grande, como por el hecho de permitirse de ese modo una mejor selección del personal diplomático.

Un efecto interno de gran importancia es que la liberación de recursos y esfuerzos que se produciría a nivel local de cada país, como consecuencia de los ahorros que la nueva escala arrojaría, redundaría en un súbito aumento de la gobernabilidad de los países miembros. Liberados en gran parte de las tareas de Estado, las funciones de gobierno contarían con recursos frescos para una mejoría de la calidad de vida de las respectivas poblaciones locales de cada país miembro.

En general, pues, la nueva escala tendería a representar un efecto beneficioso en todos los renglones. Hay efectos intermiembros que también serían beneficiosos y de importancia. Uno de ellos es el de proveer un mecanismo propio para la solución de diferendos entre estados miembros de la unión. Hasta ahora las alternativas a la discusión directa y bilateral de diferendos como el colombo-venezolano son todas de transferencia a instancias extrañas: Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, Tribunal Internacional de La Haya, Estado del Vaticano. Los sudamericanos podríamos, en cambio, pautar procedimientos propios para la dilucidación de estos diferendos, tal como lo hicieron los norteamericanos al establecer su confederación.

La mayor parte de las resistencias a un tratamiento de esta naturaleza es de orden psicológico, derivada de nuestra peculiar historia. Mucha gente entendería en una proposición de este tenor que se trata de lograr una restitución o reconstitución de lo fragmentado. Esto es en parte así, pero no es la justificación de la proposición. Esta se sustenta, más bien, en las oportunidades y necesidades del futuro.

La viabilidad del tratamiento depende, pues, de una aceptación de la idea al nivel psicológico. A este respecto, es muy posible que las resistencias mayores vengan ofrecidas, otra vez, por los actores políticos tradicionales. Acostumbrados a verse como jefes de Estado, ¿aceptarían los presidentes de los estados sudamericanos contemplarse ahora como gobernadores de los mismos? O, en otra dirección, ¿no es esto, por la misma gigantesca escala de lo que se propone, un proyecto carente de realismo, “grandioso” antes que grande?

Francamente, que Venezuela se perciba a sí misma en la escala política de Massachussetts es mucho más realista que pretenda estar en la misma liga, para no exagerar demasiado, a la que pertenece Francia. Si más de un venezolano versado en cuestiones políticas sugiere que los venezolanos hemos incurrido en delirio de grandeza, con planes de “la gran Venezuela” y recomiendan una noción de país pequeño y eficiente, ¿no es más adecuado y satisfactorio saber que, conscientes de nuestra escasa talla, podemos pertenecer sin embargo a una entidad mucho mayor y con más posibilidades de significación histórica?

Las opciones no son otras que las de la insignificancia y la perpetua vulnerabilidad o la conversión en estado satélite de la gran nación norteamericana, a la que admiramos y precisamente intentamos imitar en más de uno de los tratamientos propuestos, pero que superpondría a nuestra forma de entender el mundo valores muy diferentes, válidos, por cierto, pero no más válidos, intrínsecamente considerados, que los nuestros propios. En la búsqueda de salidas a nuestro actual embrollo nacional, tampoco ha faltado la búsqueda de modelos que se considera adecuados a la escala de Venezuela. Se habla de Israel, por ejemplo, o de países como Corea del Sur o Singapur. Está de más señalar las enormes y radicales diferencias culturales, políticas y de toda índole que separan a estos países de nuestras experiencias y de nuestras posibilidades.

Como dijimos, es posible que los principales oponentes a la idea lleguen a encontrarse en las filas de los actores políticos tradicionales. Esto no es una predicción, sin embargo. En el fondo, es muy difícil encontrar un político latinoamericano que no sustente, de una u otra forma, alguna versión de la integración de nuestros países. Tal vez les disuada de la idea de la integración política la opinión de que tal proyecto sería rechazado por el ciudadano común. Nuestra directa experiencia a este respecto es que cada vez que explicamos el tratamiento con claridad a un ciudadano de la calle, la idea es recibida con entusiasmo. Una certificación más científica de que esto puede ser así nos la ofrece el Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad de La Plata. (Boletín Nº 2 de febrero de 1986). Aunque la encuesta que llevó a cabo se efectuó sobre una muestra representativa de diversos actores sociales importantes o elites  (“a quienes tienen funciones políticas relevantes, como a quienes tienen un poder de movilización o multiplicación de la opinión pública”, Boletín citado, página 6), la muestra incluyó no sólo a líderes políticos, sino también a empresarios (grandes, medianos y pequeños), obreros, funcionarios públicos, periodistas, estudiantes, intelectuales y militares. Un anticipo de los resultados permitió al Boletín del mencionado Instituto aventurar, entre otras,  las siguientes conclusiones: “a. más del 95% adhiere a la idea de la integración latinoamericana; b. se asigna viabilidad económica a América Latina como conjunto; c. se admite la integración con países de regímenes políticos y sistemas económicos diferentes, pero hay una fuerte tendencia a integrarse con países democráticos; d. se da mayor prioridad, en conjunto, a la integración completa que a la comercial; e. la crítica a los organismos de integración y regionales es muy alta, pero con un grado muy bajo de fundamentos; f. en general, casi el 90% no cree que existan desventajas en la integración; g. la mayoría opina que no habrá oposición activa a la integración de parte de las empresas transnacionales, gobiernos extrarregionales y organismos inter- nacionales; h. se asigna una alta importancia a la negociación en bloque en relación a la deuda externa”. Estos hallazgos son, a nuestro juicio, de la máxima importancia, por provenir de la República Argentina, por cuya psiquis circulaba, hacia la década de los 50, el hermoso y legítimo sueño de llegar a ser una potencia individual.

El tratamiento de elección en el caso del que nos ocupamos—la unión política en el área sudamericana—debe comenzar  por la consulta a todos los habitantes del área. Ésta es la ruta. Si se habla insistentemente en Venezuela de la necesidad de una asamblea constituyente, no debe perderse de vista que la transformación política verdaderamente liberadora requerirá una constituyente de América del Sur.

El perímetro máximo a considerar es el sudamericano. Es factible que no todos los actuales países de este continente se avengan a este tratamiento. Es posible concebir perímetros menores. Puede ser que no le sea tan fácil a Brasil, por ejemplo, integrarse en una unión del tipo descrito, lo que sería comprensible, pues, a fin de cuentas, Brasil es casi por sí solo un subcontinente, y con una base poblacional de más de ciento cincuenta millones de habitantes puede sustentar legítimamente la idea de autosuficiencia política. Nuestro criterio, sin embargo, es que Brasil se encontraría extrañado fuera de una unión sudamericana, pues fuera de ella no sería fácil que se explicara a sí mismo. Por otra parte, muy lúcidas inteligencias brasileiras están a favor de la integración, y así se demostró en la época del pacto integracionista firmado por Sanguinetti, Sarney y Alfonsín. Muy recientemente, además, el expresidente Alfonsín ha llamado la atención sobre la inconveniencia, para Argentina, de sumarse al Tratado de Libre Comercio firmado por Canadá, Estados Unidos y México, y ha abogado por el fortalecimiento del proyecto de Mercosur.

Por lo que respecta a quienes no encontrasen la forma de unirse de inmediato, es posible estipular la misma salvedad que los norteamericanos establecieron en sus Artículos de Confederación frente a Canadá: “Article Eleven. Canada, acceding to this Confederation, and joining in the measures of the United States, shall be admitted into and entitled to all the advantages of this Union”; (Artículo Once. Canadá, de acceder a esta Confederación, y sumándose a las disposiciones de los Estados Unidos, será admitida y con derecho a todas las ventajas de esta Unión.)

Es, en todo caso, la conciencia común de los sudamericanos lo que da pie y base a la posibilidad de la integración política. Hasta parecemos una misma cosa para los otros, que nos engloban bajo la denominación común de sudacas.

Venezuela, nación de los venezolanos

Pero seguiremos siendo la nación de los venezolanos. Ninguna agrupación en un mayor conjunto político borrará nuestra historia, ni nuestro carácter. Tampoco nuestros problemas internos, que deberemos arreglar nosotros mismos. Frente al término del siglo y la llegada de un nuevo milenio, es preciso que recompongamos nuestro aparato político, en una reconstitución como polis moderna e innovadora.

Esto supondrá, naturalmente, una nueva Constitución. El punto de vista de Humberto Peñaloza es el correcto: reformar la Constitución de 1961 pedazo a pedazo sería el método menos aconsejable. A raíz del shock del 4 de febrero de 1992—nuestra peculiar celebración del V Centenario del Descubrimiento—el Congreso de la República se apresuró a trabajar en una reforma del texto constitucional que se detuvo bruscamente, como era de esperar, con la entrada del año electoral. Este frenazo fue un hecho más bien afortunado. El proyecto de reforma estaba creciendo alarmantemente en términos del número de artículos reformados o añadidos, por lo que prometía convertirse en un monstruoso texto. No es una reforma constitucional de ese tipo lo que se necesita. Es una Constitución completamente nueva.

La Constitución de 1961 era ya, para la fecha misma de su promulgación, un texto jurídico obsoleto. Como las sinfonías de Gustav Mahler, era un documento ampuloso, el desarrollo exagerado de conceptos políticos del siglo XVIII—la división clásica de los poderes según Montesquieu—a los que se había añadido una legislación de corte social inspirada, en gran medida, en los enfoques de la prédica social de la Iglesia Católica que Rafael Caldera hizo incluir como gran redactor del texto. Se asemejaba así a aquella primera planta siderúrgica que la Corporación de Guayana de Pérez Jiménez compró a la empresa italiana Innocentti: cuando finalmente fue puesta en operación ya su tecnología había sido superada.

Pero no era fácil para nadie darse cuenta de ese problema. A fin de cuentas, estaba apenas comenzando la segunda mitad de este siglo, la revolución informática no había desplegado aún su inmensa envergadura y pocos anticipaban la profundidad de los cambios que sobrevendrían poco después. (Por señalar un notable caso solamente, es interesante destacar que ni siquiera futurólogos tan prestigiosos como el finado Hermann Kahn, autor del best seller de los años 60 El Año 2000, pudo prever algunos de los más significativos cambios. En el libro mencionado, publicado justo en la mitad de esa década, no es posible encontrar la más mínima alusión a los problemas de orden ecológico, que tan sólo una década más tarde hicieron su aparición con gran intensidad).

Ya a estas alturas, no obstante, la obsolescencia del texto constitucional que nos rige es evidente. Hasta el propio Rafael Caldera—que hace diez años preconizaba que esa enésima versión de la Constitución venezolana era muy suficiente, que no era cierto que el “modelo de desarrollo” venezolano estuviese agotado, que ese modelo, expresado en el Preámbulo de 1961, estaba todavía por ser llevado a cabo—ha prepropuesto—todavía no lleva su proyecto jurídicamente formulado a las Cámaras Legislativas—un admirable conjunto de reformas. Propone referenda consultivos, aprobatorios, abrogatorios y revocatorios; ciertamente un notable progreso en los poderes que se le permite al pueblo ejercer directamente.

Pero es preciso llegar más allá. Lo aconsejable es confiar más en este pueblo. Lo aconsejable es un referéndum anual de la República.

Hay que confiar en Francisco Nadales, hay que confiar en que Maracaibo puede hacer un diario como La Columna. Hay que confiar en que el pueblo de Venezuela puede aportar tanto en un referéndum anual como puede aportar a una empresa la asamblea de sus accionistas. Este referéndum debe producirse luego de la presentación de la cuenta ordinaria del Presidente de la República al término de cada año de su mandato. Debe pronunciarse por la aprobación o improbación de su memoria y cuenta y sobre su confirmación en el cargo o su cesantía. Todos los años.

Un procedimiento tal no es demasiado costoso. No hay que gastar innumerables horas discutiendo y negociando la composición de un tarjetón grande y complicado. En una pequeña tarjeta cabe todo. En máquinas muy sencillas puede procesarse el asunto con mucha celeridad. Y por su bajo costo puede ser llevado al caso de los gobernadores de estado, para que no sean las generalmente inútiles asambleas legislativas las que determinen su permanencia en las gobernaciones.

Cosas así debe contener una nueva Constitución. Cosas tales como la previsión de un mecanismo de acoplamiento en un Condominio de América del Sur como el descrito anteriormente, así como la de la expresión vocacional de Municipio del Mundo. Cosas tales como la preferencia a los gobiernos municipales en la transferencia de poderes y responsabilidades del gobierno nacional. Cosas tales como una democratización de la justicia que instituya los jurados en los juicios de salvaguarda del patrimonio público.

Cosas tales como la institución de una Consejería Nacional de la República, responsable ante el país y no ante el Jefe del Estado—y por ende con autonomía similar a la de la Fiscalía General de la República y con capacidad de comunicación pública (espacio en los medios de comunicación del Estado)—concebida como un centro público de generación de políticas y tratamientos a problemas de carácter público. Debe ser un nuevo órgano del Poder Público a ser nombrado por el Congreso de la República. Es la oportunidad de innovar en materia de arquitectura política de los Estados.

Es difícil que la discusión de tratamientos como los precedentes puedan darse dentro de un esquema constituyente centrado sobre la reforma del texto de 1961. En un número anterior, también, recomendábamos que la labor constituyente fuese emprendida por un cuerpo deliberante de tamaño más bien reducido. A lo sumo compuesto de dos representantes, elegidos uninominalmente, pero apoyables por partidos, por cada entidad federal. Elegidos después de una breve “campaña” en la que sus reglas fuercen a la exposición, ante los Electores, de los conceptos constitucionales de los pretendientes a integrar el cuerpo constituyente.

Aun ciertas innovaciones ya consideradas del consenso casi general, como la distinción entre un jefe de Estado y un jefe de Gobierno, modifican tan significativamente la función de los poderes públicos venezolanos, que su diseño se cumplirá mejor dentro de un concepto de nueva Constitución y con el empleo de métodos ad hoc. No tenemos razón para diferir de nuestra postura de hace unos años en relación con este desdoblamiento del actual cargo de Presidente de la República: “Mi versión del jefe de Estado suponía que los verdaderos ministerios ‘de Estado’ continuarían siéndole directamente responsables. Así, proponía que los ministros de Relaciones Exteriores e Interiores, Defensa y Hacienda, así como el propio jefe de gobierno, le rindiesen cuentas directamente. De este modo el jefe de Estado tendría bajo su mando directo los equipos y recursos necesarios a la función de Estado, mientras un jefe de gobierno velaría por el aspecto más propiamente gerencial de la prestación de los servicios públicos, siendo el propio jefe de Estado el supervisor supremo de la función de gobierno. Esta distinción, tan común en las estructuras empresariales de gran escala, las que separan un presidente de junta directiva (chairman of the board) del cargo de presidente ejecutivo, no es tan fácil de vender a los políticos venezolanos. (Una versión similar fue propuesta en el llamado ‘Proyecto República’ del candidato presidencial Jorge Olavarría»). (Luis Enrique Alcalá, Krisis. Memorias Prematuras, Caracas, 1986, págs. 32-33).

En todo caso, sería útil contar incluso con una “metaconstitución”, un documento que no sólo guiase la ingeniería de detalle de la reingeniería del Estado venezolano, sino que fuese verdaderamente asequible al juicio de los Electores, quienes naturalmente deben aprobar la nueva Constitución. De nuevo estamos de acuerdo con Peñaloza: “lo democrático es consultar a la ciudadanía”. Un documento que explique en términos muy generales y didácticos, como una exposición de motivos, en qué consiste el nuevo plano arquitectónico del Estado, debe ser presentado a los Electores para permitirles el uso de procedimientos inteligentes de decisión.

Puesta sobre nuevas bases políticas, Venezuela tiene la posibilidad de acceder a un futuro próspero y significativo. Constreñida como ahora está, atenazada entre la deuda externa y la debilidad del mercado petrolero mundial, continuaría experimentando grandes dificultades, aunque no tales como las que algunos adivinos del exterior dicen que nos abrumarán. (Ver Predicciones acertadísimas, página 15).

La sociedad venezolana misma, no ya solamente el Estado, tendrá que dar paso, asimismo, a nuevas formas de acceso político. Dentro de la sociedad venezolana deberá funcionar una nueva clase de asociación política:

“Una nueva sociedad política, no un partido. No una organización que sólo acierta a definirse si postula, casi en el mismo instante de su nacimiento, un candidato a la Presidencia de la República. Una nueva sociedad, un pacto social. Que sea ella misma el paradigma para la sociedad venezolana. Que para ella sea inconsecuente que alguno de sus miembros sea, por supuesto, mujer o negro o empresario o musulmán o militar, como que tampoco tenga necesidad ninguna de impedir la entrada de los que sean copeyanos, adecos, masistas, o fieles a cualquiera otra de estas subrreligiones, con tal de que entiendan que ninguno de esos puntos de vista fragmentarios tiene la respuesta a los verdaderos problemas de hoy día. Y que por ende les dote de un lenguaje común en el que puedan formular proposiciones que les hagan acordarse, si es que aún no se han percatado de que son sus puntos de partida los que les mantienen enconados.

Una idea, que genere un movimiento que funde una organización que preste un servicio. Una organización que emplee recursos de su presupuesto central para alimentar operaciones políticas. Como campañas pro leyes que se introduzcan por iniciativa popular. O como la elección de miembros a cargos representativos, siempre y cuando cada uno de éstos haya sido capaz de juntar un grupo de electores que lo apoye. Una sociedad que propugne un pacto social cuya encarnación no se limite a ser la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios. Que lo extienda más allá de una transferencia de la economía pública a la economía privada, y que lo lleve a la transferencia de lo hipertrofiado del gobierno central al estrato del interés y la gerencia provincial y municipal. Que no restrinja la formulación de un “plan de la Nación”a la recomendación terapéutica y tenga la audacia de emplear concentrada y concienzudamente una fracción de sus recursos en conquistas más audaces. Una sociedad que lleve a todas las aulas la revolución de la informática y que al mismo tiempo establezca una comunicación regular con sus miembros que trascienda la esporádica convocatoria a un “acto de masas”. Una sociedad que nunca más se refiera a sus miembros como “masa”. Una sociedad que haga uso de la inmediata posibilidad tecnológica para dar paso a la participación de la voz del pueblo, que promueva la encuesta, la consulta, el referéndum.

Una organización que ya no pretenda generar la política pública sin recurrir al análisis científico de las políticas. Que pueda ser selectivamente radical para no matar al paciente de choque cuando intente reformas universales para las que no hay capacidad de gerenciar y también para que no se conforme con una estrategia de paños calientes. Que sea humilde como para entender que es necesaria la experimentación social porque de lo social se sabe menos de lo necesario para estar totalmente seguro de todo. Que no entienda la ocasional incertidumbre política como debilidad y que no crea que la equivocación debe ser ocultada a toda costa. Que piense que si ha podido ver más es porque no tuvo que inventar la rueda de 1958 y que si los líderes de hoy no han podido ofrecer el nuevo modelo, el nuevo paradigma, es porque se encontraron atareados construyendo las posibilidades que tenemos ahora y que hoy son héroes de una profecía ya cumplida.” (Luis Enrique Alcalá, Krisis. Págs. 66-68).

A las modificaciones en el Estado venezolano deben corresponder modificaciones complementarias en el trámite democrático cotidiano, como la operación de organizaciones políticas verdaderamente distintas.

Un cambio importantísimo, por cierto, es un viraje en el modo habitual de percibirnos. Somos ciudadanos del planeta que no lo hacemos tan mal, después de todo. Habría que darse cuenta de este hecho capital: nuestra salida está frente a nosotros, y requiere, como es usual en problemas de índole personal, la adquisición de una autoestima nacional e individual en tanto venezolanos:

Implicaría el problema de convencer a los miembros de (nuestra) sociedad de un destino constructivo posible para todos, un destino que sería obtenible por métodos que difieren de los procedimientos usuales de la Realpolitik. Esto, a su vez, implica un diseño societal e incluso trascendental que tenga la capacidad de recapturar la fe y la esperanza humanas.

Ambas cosas son logrables con la sociedad venezolana. No hay duda de que estamos, con ella, ante un caso agudo de sociedad culpable. Reiteradamente, la mayoría de los diagnosticadores sociales nos restriega la culpa de nuestra desbocada conducta económica en nuestro pasado inmediato. Esto viene haciéndose desde hace ya varios años de modo sistemático. Las “proposiciones” de solución a los problemas vienen usualmente formuladas en términos de la transferencia de la culpa hacia otros. “Estamos mal porque aquél se portó mal”.  Todos los días.

Pero esta exageración es, por supuesto, desmedida. No se trata de negar que se ha incurrido en conductas inadecuadas y hasta patológicas. Pero, en primer término, el proceso ha sido en gran medida eso: una patología. Como tal patología, la conducta social inadecuada puede ser juzgada con atenuantes. ¿Qué sociedad bien equilibrada no hubiera exhibido patrones de conducta similares a los venezolanos luego de la tremenda indigestión de moneda extraña que tuvo lugar durante la década de 1973 a 1983? ¿Qué conducta podía esperarse en una sociedad que, como la nuestra, ha retenido largamente la satisfacción de necesidades y se ve súbitamente anegada de recursos y posibilidades? Recordamos la similitud con aquellos campesinos que de repente eran llevados a los cursos de un mes de duración que patrocinaba el Instituto Venezolano de Acción Comunitaria, y que se enfermaban con la ingestión de tres comidas diarias, porque esta dieta era para ellos un salto enorme en la alimentación a la que estaban acostumbrados. Recordamos aquellos suicidios “anómicos” registrados por Émile Durkheim en Europa de fines de siglo, cuando una persona se quitaba la vida al experimentar un súbito desnivel entre sus metas y sus recursos, así fuera cuando el desequilibrio se produjese por la repentina y fortuita adquisición de una fortuna.” (Luis Enrique Alcalá, Dictamen, junio de 1986).

Ya es hora de transmutar nuestro sufrimiento y nuestra vergüenza de país en una más sensata autoestima.

LEA

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