Fichero

LEA, por favor

Esta Ficha Semanal #178 de doctorpolítico se compone de extractos de un folleto cuyo autor es Juan José Caldera, y que lleva por título “El sobreseimiento de Chávez”. El trabajo de Caldera, editado por Convergencia, es de gran utilidad, pues al relatar las circunstancias que rodearon la decisión de su padre de sobreseer la causa por el delito de rebelión contra Hugo Chávez y unos cuantos militares más, hace evidentísimo que esa medida contó con el más amplio apoyo. Del sintético e incompleto inventario de citas hecho por Juan José Caldera se desprende que estuvieron de acuerdo con ella, explícitamente, Fernando Ochoa Antich, Oswaldo Álvarez Paz, Claudio Fermín, Luis Herrera Campíns, Andrés Velásquez, Patricia Poleo, Juan Martín Echeverría, Freddy Muñoz, el cardenal José Alí Lebrún, Jorge Olavarría, Américo Martín y Luis Castro Leiva. Antes, el presidente Ramón J. Velásquez había sobreseído la causa de al menos doscientos setenta prisioneros por rebelión en 1992.

Nos encontramos en momentos de concesión de amnistía parcial por parte del presidente Chávez, a quien se le pide la generalice. Es oportuno, pues, a la par que justo, el trabajo de Juan José Caldera. Su lectura conduce al convencimiento de que es injusto e irresponsable el juicio negativo a Caldera porque sobreseyera la causa contra Chávez, y la superficial y tonta especie de que con ese acto él fuese el responsable de que este último se convirtiera en Presidente. Como recuerda J. J. Caldera, “…un importante editor diría ante las cámaras de televisión: a Chávez lo hicimos los medios de comunicación”.

Para la época del sobreseimiento el suscrito no participaba de la opinión mayoritaria demostrada en el folleto. En junio de 1994 escribía: “No es un costo bajo el de poner en la calle, en libertad, a los responsables de las asonadas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992… Es por esto que lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Puede que sea políticamente útil tener en la calle al ex comandante Chávez exhibiendo la escasez de su discurso. Puede pensarse que Caldera, después de su discurso del 4 de febrero de 1992, pudiera estar de algún modo obligado a perdonar a los infractores. Puede hasta admitirse que las sacudidas de 1992 conmovieron o consolidaron la opinión contra Pérez, pero no existe asidero legal que permita afirmar que los golpistas hicieron lo debido”. (referéndum, 4 de junio de 1994). El costo aludido era “la terrible modelación que se hacía ante los ciudadanos: que no era nada grave levantarse en armas contra las instituciones de la República, que uno podía alzarse y causar la muerte de venezolanos sin mayor pena que la de una temporada en el penal de Yare, antes de ser puesto en plena libertad con sus derechos políticos intactos; que hasta podía uno de una misma vez conseguir un empleo público. (Caldera ofreció a Arias Cárdenas la dirección del PAMI, el programa de asistencia materno-infantil del gobierno nacional)”.

No puede quien escribe, por consiguiente, estar de acuerdo con unas líneas citadas por Caldera de Juan Martín Echeverría, quien escribió: “el 4 de febrero se alzaron más de diez mil hombres, por razones que consideramos legítimas”. (El Universal, 13 de febrero de 1994). Para deponer con razones legítimas a un presidente electo democráticamente se requiere contar con la aquiescencia expresa de la mayoría de los electores, y esta condición no existía para el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Por más que declarasen motivos patrióticos, las razones de los conjurados en ambas fechas eran totalmente ilegítimas.

El 31 de diciembre de 2002 el suscrito recibió un correo electrónico de Jorge Olavarría, en el que anunciaba: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él Olavarría decía que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición.

La contestación del suscrito se copia a continuación:

Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos. 

No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…”

 Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…”

 Como escribí en marzo en un artículo que me solicitara Poleo: “Pocos días después de la reseña de El Universal, Jorge Olavarría de Tezanos Pinto retomó el punto en dos emisiones de su columna en El Nacional (así como en intervenciones televisadas), sólo que en su opinión tal derecho sería la fundamentación de un golpe de Estado clásico, y prescribía algunos ingredientes del mismo, como el inevitable manifiesto de los golpistas. Acá quiero marcar diferencia respecto de la posición de Olavarría: el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia”.

 Y también en el mismo artículo: “En detalle, nosotros mandamos que cese el patológico y folklórico paso de Chávez por el gobierno y de ese modo autorizamos a la fuerza armada de este país para que retire a ese ciudadano de Miraflores, en caso de que ni siquiera ante tal mandato expreso el alucinado personaje consienta en bajarse de la silla. Ése sí sería entonces un derecho de rebelión conferido por nosotros a quienes—los militares—sí se encuentran, como súbditos, en situación de subordinación y obligación de obediencia”.

 Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

 Admito que este planteamiento se ha limitado estrictamente a una consideración de principios. Los aspectos prácticos del asunto constituyen, naturalmente, discusión aparte.

Recibe un saludo muy cordial

Luis Enrique

 

LEA

El sobreseimiento de Chávez

El sobreseimiento es la terminación anticipada de un proceso penal en el que aún no ha habido sentencia y que se declara concluido por razones de interés general. La medida de sobreseimiento no consiste formalmente en un perdón, porque no ha habido condena, ni implica un juicio de valor sobre la conducta del beneficiario de la medida. En teoría el juicio podría concluir en condena o absolución y se termina anticipadamente, no con el fin inmediato de favorecer al procesado sino con el propósito de satisfacer una aspiración colectiva. Por ejemplo para lograr la paz pública, como ocurre con la motivación de una ley que decreta una amnistía general.

El sobreseimiento aplicado en el caso que nos ocupa encuentra su fundamento legal en el artículo 54, numeral 3 del Código de Justicia Militar, que atribuye al Presidente de la República la facultad de “ordenar el sobreseimiento de los juicios militares, cuando así lo considere conveniente en cualquier estado de la causa”. Pero es totalmente falso que el Presidente pueda, como dicen algunos, inhabilitar políticamente a un procesado cuando dicta una medida de sobreseimiento o de indulto. Quien afirme semejante hipótesis lo hace con mala fe o por ignorancia. Porque está muy claro en la ley que el presidente de la República no tiene facultades para inhabilitar políticamente a nadie.

La inhabilitación es una pena accesoria, ligada necesariamente en su aplicación a una pena principal de presidio o prisión y sólo mientras dure ésta, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 16 del Código Penal. Y poco después dice con total y absoluta claridad el artículo 24: “La inhabilitación política no podrá imponerse como pena principal sino como accesoria de las de presidio y prisión”. Luego, no puede aplicarse como una pena aislada sino conjuntamente con una principal, lo que supone también que exista una sentencia condenatoria de presidio o prisión, y sólo temporalmente.

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De manera que sólo los condenados judicialmente por un tribunal competente pueden ser castigados con la inhabilitación política y exclusivamente durante el tiempo que dure la condena. En otras palabras, en ningún caso puede el Presidente de la República dictar una medida de inhabilitación política a nadie y mucho menos de manera permanente y definitiva. Luego, el presidente Caldera no tenía facultades legales para inhabilitar políticamente a Hugo Chávez bajo ninguna circunstancia, quien conservaba intactos sus derechos políticos aun estando preso y procesado.

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Rafael Caldera expresó en entrevista televisada con César Miguel Rondón el 2 de junio de 2003: “la libertad de Chávez fue una consecuencia de la decisión que se había tomado con todos los participantes de los alzamientos del 4 de febrero y del 27 de noviembre… esos sobreseimientos comenzaron a dictarse en tiempos del propio presidente Pérez, que fue el Presidente que estaba en Miraflores cuando ocurrió la sublevación; continuaron durante el gobierno del presidente Velásquez y cuando yo asumí habían puesto en libertad a casi todos, por no decir a todos, los participantes de la acción… Sería contrario a todas las normas jurídicas que se hubiera sobreseído el juicio que se les seguía a los demás oficiales y se hubiera mantenido a Chávez en la cárcel por el temor de que pudiera llegar a ser Presidente. Temor que nadie compartía en ese momento…”

Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz y Andrés Velásquez, principales rivales de Caldera en la contienda presidencial del 93, se pronunciaron públicamente a favor de una amnistía general para todos los golpistas del 92 y se comprometieron a ponerlos en libertad. Era el reflejo de una opinión predominante en el país, que quería recuperar la paz interior y que veía mayor peligro en la prolongación de un clima de confrontación. Seguramente por esa misma razón durante dos años, de febrero de 1992 a febrero de 1994 cuando asume Caldera la Presidencia, no se dictó ni una sola sentencia condenatoria a los procesados por el delito de rebelión militar. ¡Ni siquiera a los que habían confesado de manera pública su responsabilidad, desde el mismo día de los acontecimientos!

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Dos semanas después del 4 de febrero de 1992 se dictaron los primeros treinta y cuatro actos de detención en los tribunales militares por el delito de rebelión, a pesar de que los oficiales detenidos eran más de trescientos. Y desde ese mismo día, aunque parezca sorprendente, se comenzaba a proponer en la prensa nacional “una amplia amnistía a favor de todos los militares implicados en el alzamiento”. El 30 de marzo se anunció la presentación de un proyecto de ley de amnistía ante el Congreso Nacional.

Tres días después, el 2 de abril, a menos de dos meses del fallido golpe, se produjo la llamada “marcha del silencio” que exigía “la libertad de los insurgentes y la renuncia de Pérez”. Y el 27 de abril, cuando aún no se habían cumplido tres meses del fallido golpe, la prensa informó que el propio Ministro de la Defensa, general Fernando Ochoa Antich, visitó personalmente a los detenidos en el Cuartel San Carlos “y prometió abogar para que sean puestos en libertad, siempre y cuando demuestren un sincero arrepentimiento por sus acciones en contra de la institucionalidad”.

Ese mismo día el diario El Nacional hace pública con gran despliegue una carta del gobernador del Zulia Oswaldo Álvarez Paz, quien había sido detenido en su residencia oficial por los golpistas el día 4 de febrero, en respuesta a los comandantes del golpe, Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández, Joel Acosta Chirinos y Miguel Ortiz Contreras. Expresaba textualmente a los golpistas: “No tengo dudas en cuanto a la rectitud de propósitos que los animó a la aventura del 4-F”; y les anunciaba: “Las puertas de la prisión se abrirán para dar rienda suelta a los sueños e ilusiones que los alimentan”.

Seis meses después, el 18 de octubre, en el mismo diario y refiriéndose a las expresiones de Fermín, Álvarez Paz dice que “las declaraciones de Claudio Fermín en torno a la posibilidad de decretar una amnistía para los militares y encapuchados eran sorpresivas e interesantes, por venir de un alto personero de Acción Democrática”; y añadió: “la amnistía es necesaria, porque la democracia gana”. Así, quienes serían los candidatos presidenciales de Acción Democrática y COPEI el año siguiente—obteniendo el segundo y tercer lugar—se expresaron a favor de la liberación de los golpistas.

Además AD y COPEI formaban una coalición gubernamental a partir del fallido golpe del 4 de febrero, cuando COPEI aceptó incorporar varios dirigentes al gabinete de Carlos Andrés Pérez. Ello le asigna una adicional importancia a las declaraciones de quienes serían sus abanderados presidenciales, como también a las del ex presidente Luis Herrera Campíns en la prensa del 2 de noviembre de 1992, casualmente veinticinco días antes de la segunda intentona de golpe, cuando dijo que “considera posible que los rebeldes de febrero puedan aportar ideas para salir de la crisis, por lo que reta al presidente Pérez a ponerlos en libertad y permitir que busquen sus votos en la calle”.

El cuarto clasificado de la elección presidencial, el gobernador Andrés Velásquez, cuando lanzó su candidatura en Puerto La Cruz a comienzos de febrero de 1993, prometió liberarlos y lo ratificó días después en visita a Barinas, al declarar: “Si gano las elecciones, mis primeros decretos serán para indultar a todos los oficiales procesados por los intentos de golpe de Estado. Pérez es quien debería estar preso, no ellos”. (El Nacional, 16 de noviembre de 1993, p. D-2). Además, durante la campaña de 1993 la Causa R lanzó como candidato al Congreso a Francisco Arias Cárdenas, aún detenido, pero no lo pudo inscribir porque no le dieron oportunamente la baja de las filas castrenses.

De haber resultado elegido diputado habría recuperado la libertad, como ocurrió con Salom Meza Espinoza y David Nieves cuando eran procesados por el secuestro de William Frank Niehous. O como le sucedió al propio Carlos Andrés Pérez al ser elegido senador. Lo mismo hubiera podido ocurrir con Chávez como candidato presidencial, aun estando preso, en 1998. En todo caso, no se puede negar que la opinión pública de manera ampliamente mayoritaria manifestaba su total acuerdo con la puesta en libertad de los líderes golpistas del 4-F, incluido su máximo jefe Hugo Chávez. Y de esa opinión fueron voceros también los medios de comunicación social.

En trabajo de grado sobre el tema, presentado recientemente para la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Monteávila, luego de examinar cuidadosamente los medios impresos desde la destitución de Pérez hasta el sobreseimiento de Chávez, sus autores concluyen que “los resultados arrojados son la evidencia de que en el país existe una tendencia al olvido histórico y sobre todo a señalar culpables sin mirar atrás”. Su análisis de la prensa constató que “la noticia aparecía mínimo tres veces por semana y en un alto número en primera plana”, comprobando que “cantidad de apreciaciones sobre el tema fueron en su mayoría a favor del sobreseimiento o de la liberación de los procesados militares”.

Señalan que “se creó una corriente de opinión a favor de la liberación de los militares por parte de la prensa al presentar mayor cantidad de noticias a favor del sobreseimiento de la causa”. Y se observa también en dicha tesis de grado que “Carlos Andrés Pérez fue el primero en otorgar el sobreseimiento”, aunque “lo hizo a un grupo de militares menos involucrado en los intentos por separarlo de la Presidencia”. Recuerdan además que “el 5 de junio de 1993 es nombrado como Presidente interino el liberal Ramón J. Velásquez” y que “cerca del fin de su presidencia Velásquez otorgó sobreseimientos”.

El presidente Velásquez recibió en audiencia a Francisco Arias Cárdenas a sólo semanas de haberse encargado de sus funciones. Y el 27 de diciembre de 1993, el diario Últimas Noticias atribuyó a su Ministro de la Secretaría haber dado “la seguridad de que Hugo Chávez, Arias Cárdenas y demás procesados militares y civiles saldrán en libertad antes de que Rafael Caldera asuma la presidencia”. Lo cierto es que cuando Rafael Caldera tomó posesión de la Presidencia, la prensa informaba que “han sido sobreseídas las causas de… 270 beneficiados antes de la instalación del nuevo gobierno”.

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La opinión nacional insistía prioritariamente en el tema. Como Presidente Electo a Caldera se le acercaba la gente para susurrarle, “suelte a Chávez”. El mismo día de su toma de posesión Patricia Poleo hizo pública una carta suya dirigida personalmente a Chávez en El Nuevo País, extremadamente afectuosa, donde entre otras cosas le dice que Caldera “seguramente te abrirá las rejas de la cárcel donde estás. Ojalá lo haga y yo, insignificante venezolana, se lo agradeceré siempre”. Cinco días más tarde el presidente Luis Herrera se pronunció de nuevo a favor de la liberación de los golpistas que aún permanecían detenidos.

En el diario El Nacional del 7 de febrero de 1994, p. D-1, el alto dirigente de COPEI expresó: “Considero que lo recomendable es que sean puestos en libertad y se les dé la baja para que se dediquen a las actividades civiles que a bien tengan. Tengo entendido que el teniente coronel Hugo Chávez Frías tiene pensado constituir un partido político”. El 8 de febrero, apenas seis días después de la toma de posesión, la Causa R introdujo ante el Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley de amnistía. Y el día 13 de febrero Juan Martín Echeverría escribió en el diario El Universal: “el 4 de febrero se alzaron más de diez mil hombres, por razones que consideramos legítimas”.

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Freddy Muñoz escribió… después: “Ahora Caldera, convertido en Presidente, ha dado un tratamiento justo a los jefes militares de los movimientos golpistas del 4 de febrero y el 27 de noviembre… La decisión del gobierno de Caldera es justa y, por justa, positiva”. Y el Domingo de Ramos su Eminencia el cardenal José Alí Lebrún manifestó que “las Fuerzas Armadas pertenecen a la familia venezolana, así que todo lo que sea positivo para ellas es conveniente para el país, sobre todo en el rescate de la democracia. Como sacerdote y proclamador de la misericordia de Dios, lo alabo y me satisface”.

Jorge Olavarría escribió en El Universal del 3 de abril: “La semana pasada, la arrolladora corriente de opinión a favor de la libertad de los militares presos por las insurrecciones de febrero y noviembre del ’92, fue acertadamente interpretada por el Presidente. En ese gesto va el agradecimiento de muchos venezolanos, entre los cuales me cuento, por el sacrificio de esos hombres que rescataron la dignidad nacional y cambiaron el vergonzoso curso que llevaba el país en enero de 1992”. Ese mismo día en “Periscopio” del diario El Nacional expresó: “Comandante Chávez: un gran país que sufre y espera está integralmente contigo”.

Américo Martín escribió el día 8 de abril: “La forma como se ha resuelto el problema del Latino y la puesta en libertad de los militares del 4F y el 27N son sin duda éxitos obtenidos por el Gobierno… En cuanto a la excarcelación de los militares, sólo debe recordarse que se trata de una edición repetida de lo que el mismo Caldera hizo en su primer mandato. Si entonces la inédita operación terminó restableciendo la normalidad política, no había ni hay razones para suponer que ahora no deba ocurrir lo mismo”; y concluyó: “Beneficiario como fui de la pacificación I, estuve y estoy de acuerdo con la pacificación II”.

Cuatro años después, en su memorable discurso del 23 de enero de 1998 en el Congreso Nacional, Luis Castro Leiva pudo decir: “Estamos viviendo en paz después de los sucesos del 27 de febrero de 1989… Vivimos en paz después de dos intentos de golpe y más de una conspiración de palacio, después que la Aviación intentara bombardear a Miraflores. Estamos en paz…”

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El sentido de una política de pacificación estaba claro. En verdad, el país retomó la normalidad de su rumbo. Pero una política, como un tratamiento médico, requiere un seguimiento, que él no determina. Cuando Chávez sale a la calle para hacer política, su significación y alcance eran mínimos. Así lo mostraban las encuestas, al igual que el fracaso de su campaña abstencionista de 1995.

Rafael Caldera ha asumido siempre la responsabilidad de sus actos como político y como gobernante. En la entrevista antes citada, César Miguel Rondón le preguntó sobre su segundo gobierno: —¿Cuál cree usted que fue su mayor acierto? A eso respondió: —”En el medio de ese panorama tan difícil, yo diría la pacificación. Si no se hubiera logrado la pacificación estaríamos padeciendo la grave situación de Colombia. Nosotros logramos que eso no ocurriera”. Y en seguida le preguntó también por sus errores: —¿Cuál sería, Presidente, su mayor error? A lo cual respondió: —“Haber confiado en el recto cumplimiento del deber por parte del señor Chávez y sus compañeros”.

El presidente Caldera puso en libertad a Hugo Chávez como a otros de sus compañeros de rebelión, por los motivos y en las circunstancias que se han recordado aquí. Pero no fue el artífice de su elección, ni votó por él. Chávez no está en el gobierno por su causa.

Juan José Caldera

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