El referéndum que hubiera podido consultar la opinión de los Electores venezolanos acerca de la conveniencia de una Asamblea Constituyente, no ha sido, evidentemente, convocado por el Presidente de la República. Como la Ley del Sufragio exigía un mínimo de sesenta días de anticipación, ya no podrá celebrarse el 6 de diciembre de 1998, pues el plazo expiró el pasado 5 de octubre.
Es así como hoy, 10 de octubre de 1998, ya se sabe que el segundo período constitucional de Rafael Caldera concluirá sin que ninguno de los objetivos políticos de su “Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela” (noviembre de 1993) haya sido alcanzado.
En efecto, el mencionado documento estipulaba como intención de Rafael Caldera el logro de dos objetivos en “la dimensión política”, a saber, una reforma del Estado a través de una reforma constitucional y “un esfuerzo máximo contra la corrupción”.
La reforma constitucional debía complementar nuestra democracia representativa con una democracia participativa, para lo que debía instituirse, al nivel de la Constitución, la figura de los referenda: consultivos, aprobatorios, abrogatorios y revocatorios. Así, la Constitución reformada permitiría la destitución “del Presidente de la República y demás altos funcionarios mediante el voto popular”, y concedería “al Jefe del Estado la facultad de disolver las Cámaras Legislativas cuando no estén cumpliendo las funciones para las cuales fueron electas”.
La reforma de la Constitución abriría la Cámara de Diputados y las Asambleas Legislativas a los venezolanos por naturalización. Debía dar atención preferente a la administración de la justicia, la que recuperaría la confianza de la sociedad civil mediante las decisiones de una Alta Comisión de Justicia “o una institución equivalente”. Debía colocar a la Policía Técnica Judicial bajo la dirección de la Fiscalía General de la República, debía crear el cargo del Primer Ministro sujeto a censura del Congreso y el del Defensor de Derechos Humanos. Debía revisar y ampliar los capítulos sobre derechos y aclarar “normas respectivas a la afirmación de la soberanía nacional”.
La reforma que estaba en la intención de Rafael Caldera abría la puerta a la inclusión de un mecanismo para convocar a una Constituyente en caso de que “el pueblo lo considerare necesario”, y también establecería “un marco nítido para el funcionamiento de los partidos políticos” asegurando “el más pleno reconocimiento a la voluntad del ciudadano” en el ejercicio del sufragio.
Nada de esto se ha cumplido.
Respecto del segundo objetivo, carezco de información suficiente. He escuchado, eso sí, insistentes versiones, provenientes de muy distintas personas e intereses, acerca de la persistencia de las prácticas a las que Rafael Caldera denunciaba. Así decía: “Se declara una lucha sin tregua contra el nefasto vicio del cobro de comisiones por el otorgamiento de contratos o de licencias o autorizaciones que requieran los particulares. Seré implacable contra los infractores”.
Pero que el presidente Caldera haya dejado transcurrir su período sin que ninguna transformación constitucional se haya producido no ha hecho otra cosa que posponer esa atractriz ineludible. Con el retraso, a lo sumo, lo que se ha logrado es aumentar la probabilidad de que el cambio sea radical y pueda serlo en exceso. Este es el destino inexorable del conservatismo: obtener, con su empecinada resistencia, una situación contraria a la que busca, muchas veces con una intensidad recrecida.
Como tampoco la campaña electoral ha variado el patrón establecido en previas elecciones: el tema programático está, en el mejor de los casos, en un segundo plano. Ahora es cuando el candidato Chávez Frías comienza a mostrar su “programa”, una vez que ha sido atemperado en su intento tardío por parecerse a San Francisco de Asís. El otro candidato con chance, Henrique Salas Römer, ha dicho que presentará el suyo en noviembre, y que sería una “irresponsabilidad” revelar anticipadamente sus intenciones de gobierno.
Así tenemos que Chávez Frías nos entretiene con sus juegos de pelota y sus piñatas con Winnie the Pooh y Salas Römer con las aventuras y desventuras de su caballo Frijolito. Su “legitimación” tiene que ver con encuestas y las manipulaciones simbólicas, ambas, por cierto, alusivas al pobre Libertador de nuestras tierras. Lo programático es, de nuevo, un asunto secundario. ¿No viene siendo esto, estimados lectores, un clarísimo caso de irrespeto y desconsideración hacia nosotros?
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