La microscopía política ha arrojado ya una buena cantidad de datos significativos para la interpretación de las elecciones del pasado domingo, y seguramente continuará produciéndolos. La percepción general, en nacionales y extranjeros por igual, es la de que se trata de un fenómeno desusado, peculiar, casi único en su especie.
Ese examen microscópico, por ejemplo, pone de manifiesto que la participación electoral ha debido ser menor que la admitida (25%) por el Consejo Nacional Electoral. Sin ir muy lejos, el informe preliminar de la observación europea registra: «La participación provisional que anunció el CNE fue de un 25%. Sin embargo, no está claro el número de votos nulos, que oscilan entre un 5% y un 10% de los emitidos». Tal es el dato anatomopatológico, pero ¿cuál pudiera ser su interpretación? De entrada, que habría que restar tal vez hasta 2,5% del 25%, y por tanto la votación efectiva—de ser cierto el reporte del CNE—habría sido en promedio de 22,5%, para una legitimación cuantitativa de menos de uno por cada cuatro electores. Como destaca Marcel Carvallo Ganteaume, tal cota es, como queda dicho, un promedio, y observa que debe haber casos particulares de diputados electos con porcentajes aun menores de legitimidad. (Y la cosa se pone peor si se descree de lo anunciado por las autoridades dirigidas por Jorge Rodríguez. Algunas estimaciones hablan de 18% a 20% de participación real; Súmate ofrece una lectura de 17,6%).
Pero este desempeño coincide con otro fenómeno no demasiado comentado (más en el exterior que en Venezuela): que en los últimos meses la popularidad del presidente Chávez ha caído, como otras veces, de modo verticalmente acelerado, en el orden de 30 puntos porcentuales respecto de registros de hace, pongamos, tres meses. (El gobierno ha encargado y leído encuestas de firmas extranacionales, entre las que se dice estaría hasta la mismísima Penn, Schoen & Berland, de notoria fama por aquello de las encuestas de salida encargadas por Súmate para el 15 de agosto de 2004).
Chávez podrá intentar la interpretación del resultado del domingo como una cuota inicial de los diez millones de votos con los que pretenderá ser reelecto en 2006, como un primer paso en un camino apenas emprendido, pero la verdad es que los afiches que vendían a los candidatos chavistas a la Asamblea Nacional exigían o aseguraban altaneramente que esa cantidad se alcanzaría ahora, en la votación del 4 de diciembre, como lo auguraban igualmente los jerarcas que, como José Vicente Rangel, proponían esa meta entre insulto e insulto a los partidos de la oposición institucionalizada y el gobierno de Washington. Nada puede ocultar el hecho de que ya el chavismo no convence ni siquiera a la cuarta parte de los electores, de la que una buena proporción fue obligada a los comicios y seguramente generó, en rebelde y secreta represalia (la ausencia de las máquinas captahuellas ofrecería seguridad), la mayor parte de los votos nulos aludidos por la misión de la Unión Europea.
En síntesis, Chávez es electoralmente derrotable en 2006.
Ahora bien, supongamos que en efecto un candidato hasta ahora indefinido logra derrotar a Chávez en 2006, sobre todo después de que una indetenible presión ciudadana fuerce cambios de importancia en el sistema y el organismo electorales. Tal persona tendría que conducir un Estado por todas partes rodeado de enemigos. Tendría que lidiar, por la medida chiquita, con una Asamblea Nacional enteramente contraria a sus propósitos, integrada por diputados todos afectos a Chávez. (Menos los que se atrevan, desaparecido el déspota, a saltar la talanquera). Pero es que además es esa asamblea la que nombraría al Fiscal General, al Contralor, al Defensor del Pueblo y a un nuevo Consejo Supremo Electoral. ¿Sería posible gobernar en esas condiciones, las que incluyen asimismo una aplastante mayoría de gobernadores y munícipes igualmente alineados con el gobierno actual?
En teoría es imaginable una salida. Que tres Vicepresidentes Ejecutivos de la República, nombrados en sucesión por el nuevo Presidente, tuvieran éxito en malquistarse de tal modo con los diputados recién electos que estos produjeran en respuesta sucesivos votos de censura que causaran la remoción constitucional del funcionario. (Por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, según estipula el Artículo 240 de la Constitución). A la tercera iría la vencida, pues el segundo parágrafo del mismo artículo dice así: «La remoción del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al Presidente o Presidenta de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su disolución».
Claro, sería ingenuo pretender que los diputados chavistas se chuparan el dedo de manera tal que diesen pie a este remedio. Por ahí no van los tiros. En cambio, el nuevo Jefe del Estado podría aplicar la facultad que le confiere el Artículo 348 para convocar una Asamblea Constituyente, y aplicar así, a la Asamblea Nacional, la misma receta que se administrara en 1999 para anular al Congreso electo en noviembre de 1998. («La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…»)
Más aún: no hay nada en nuestra doctrina constitucional que impida que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, convoque un referendo en el que someta a la directa consideración de los electores, del Poder Constituyente Originario, un proyecto de constitución enteramente nueva, según lo reconocido en aquella decisión del 19 de enero de 1999 de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión admitió que el Poder Constituyente Originario, esto es, el Pueblo, convocado explícitamente en ese carácter, es un poder supraconstitucional, no sujeto a la Constitución, que sólo limita al poder constituido. (Tal concepción fue la que permitió emplear el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política para preguntar a los electores si deseaban convocar y elegir una Asamblea Constituyente, a pesar de que esta figura no estuviese contemplada en la constitución de 1961, y de allí se deriva toda la juridicidad del régimen actual, que no podría negar su nacimiento sin disolverse jurídicamente. Del mismo modo, aunque el procedimiento de la presentación directa de un nuevo texto constitucional a los electores no está considerado en nuestra Constitución, no hay principio jurídico que pueda impedir su aplicación).
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Hasta aquí ese aporte a la lectura de nuestra microscopía política, obvia y conscientemente incompleto; otros analistas se dan ahora banquete desmenuzando su profusa integridad. Es hora de remontar la evaluación al nivel macroscópico. Sabemos que algo de gran monta ocurrió el 4 de diciembre, y que el acontecimiento no tiene precedentes entre nosotros, que es único. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió? ¿Tenemos un nombre con el que designarlo?
El 4 de diciembre ha marcado el nacimiento de un mundo político enteramente nuevo para nosotros. Cuando una cosa así acontece uno se ve de súbito trasladado al Macondo de los Buendía. García Márquez reportaba: «El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo».
Algo hicimos, pero tal vez no sabemos qué fue lo que hicimos. El burgués gentilhombre de Molière, Monsieur Jourdain, hablaba, naturalmente, pero ignoraba que decía prosa. Cuando tuvo un nombre para lo que hacía as a matter of course, cuando supo que hablaba en prosa, tal descubrimiento fue para él una epifanía, a la que invitó a Madame Jourdain para que compartiese la revelación en reverencia y alborozo. Una vez más ¿cómo se llama lo que hicimos, en tanto polis, el pasado domingo cuatro de diciembre?
Sabemos que expresamos un rechazo, que desatendimos una convocatoria, que no asistimos, deliberadamente, a la fiesta electoral a la que habíamos sido invitados. Pero el rechazo no fue solamente al sistema electoral impuesto, a un CNE que contemplamos incrédulos a distancia, por más que las encuestas y ahora los observadores internacionales hayan medido su poca credibilidad. La repulsa fue mucho más profunda que eso, el repudio generalizado fue en verdad a todo un teatro político de actores profesionales, un hartazgo y una ausencia que toma distancia de un combate cotidiano que ha terminado por hacernos anómicos, no participantes. Los venezolanos ya hemos asimilado que una política entendida como lucha por el poder, como incesante contienda, no resuelve nuestros problemas públicos. Por tanto, lo que hicimos el domingo fue un repudio paradigmático. Ése es su nombre.
El paradigma político prevaleciente tiene un nombre decimonónico, por más que su método sea tan antiguo como el hombre y haya sido descrito y promovido en el Renacimiento por Nicolás Maquiavelo. Su designación técnica es la de Realpolitik (alemán para «política real» o «política realista»), acuñada para referirse, sobre todo, al arte político de Bismarck, el arquitecto del Segundo Reich. El término «real» o «realista» significa que quien no entienda lo político a su modo es un romántico iluso, que debiera alejarse de la candela cotidiana de la pendencia política. Puede describir la conducta de una persona individual, de una organización, de un Estado. En este último nivel «…postula que los estados buscan el engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo y que la búsqueda de ese poder se basa en la amenaza y el empleo de la fuerza militar y la coerción económica». (Enciclopedia Británica). A escala individual, o de un partido, se trata de buscar poder e impedir que el adversario o competidor lo obtenga, y para tal fin se emplea cualquier medio disponible. Es este paradigma el que la mayoría de los venezolanos ha negado implícitamente, por más que no nos hayamos percatado todavía de que hablamos en prosa y que nuestra prosa dice precisamente eso.
En varias ocasiones se ha metido aquí en un mismo saco a Chávez y a Ramos Allup, a Eduardo Fernández y José Vicente Rangel, al MVR y Primero Justicia. Porque con diferencias en maneras, en urbanidad política, todos venden pasteles de la misma masa, diferenciados tan sólo por el nevado decorativo de sus respectivos estilos. Caldera decía, famosamente, que él estaba «en las arenas de la lucha política»; Lusinchi o Pérez se autodefinían como «luchadores políticos» y los militantes del MEP (que respalda a Chávez), optaron por saludarse—impedidos de llamarse entre sí «camaradas», pues así se nombra a los comunistas, o «compañeros», pues de este modo se reconocen los adecos—oficialmente como «combatientes». Chávez no se ha cansado de las metáforas de guerra, de señalar «batallas» y celebrar victorias sobre una derrota adversaria, aunque sí de recomendar, por razones que no vienen al caso, la lectura de El oráculo del guerrero.
Lo que antecede no es un juicio moral. Uno siempre tiene, por supuesto, una tía que desaconseja la actividad política, y alecciona: «No se meta en eso, mijito, que la política es muy cochina». La verdad es que no es actividad más sucia que el deporte, o la ciencia, o la empresarial, en las que se manifiesta una misma condition humaine, y es cierto que los protagonistas de su ejercicio, médicos de arte conceptual y metodológicamente superado que han devenido en charlatanes que venden tónicos de los que sólo se conoce la etiqueta, creen en mayoría sinceramente que la política debe ejercerse de ese modo y que ése es su sentido.
No se trata, pues, de otro dictamen moralista, por el que nos debamos sentir moralmente superiores a quienes criticamos. Se trata simplemente de constatar su ineficacia, su insuficiencia terapéutica.
El paradigma que puede sustituir con ventaja a la primitiva formulación de la Realpolitik es de naturaleza clínica. Debe estar fijado, no en una lucha por el poder, sino en la búsqueda seria y profesional de soluciones a los problemas públicos. Ninguna otra cosa sería responsable, ninguna otra admisible.
La crisis del paradigma político no es exclusiva de estas tierras. Lo mismo se manifiesta en los Estados Unidos, por caso, donde Bush y Cheney y Rice y Rumsfeld siguen el mismo protocolo «realista». Hace tiempo que los rendimientos decrecientes del paradigma de la política del poder puro han sido detectados. (John A. Vasquez, The Power of Power Politics, Cambridge University Press, 1983). A la larga, secularmente, será la toma de conciencia generalizada en todo elector del planeta lo que terminará exigiendo y obteniendo una legitimación programática de los políticos, no una tradicional por la que sólo se muestra cuán hábil se es para derrotar a un oponente.
Pero ahora tenemos una oportunidad en Venezuela de ser pioneros en este asunto, de inaugurar una conciencia que todavía tomará un tiempo para extenderse mundialmente. Precisamente porque Chávez, en esencia, lo que ha hecho es llevar el paradigma «realista» hasta sus últimas consecuencias, al desbordar todo escrúpulo ético o «buena costumbre», es por lo que los venezolanos hemos podido decir no, decir basta, a tal comprensión de la política. Que aprovechemos esa oportunidad dependerá de la emergencia de liderazgos paradigmáticos, que se legitimarán programáticamente porque precisamente su nuevo paradigma se los impone. Dependerá también, por ende, de que quienes todavía asignan los espacios al discurso, entiéndase los medios de comunicación, franqueen sus puertas a voces nuevas.
Igualmente, por supuesto, se requerirá la emergencia de organizaciones políticas con un «código genético» bastante diferente de las actuales. Los partidos que se niegan a desaparecer, renuentes a la regeneración, refractarios contumaces, negados a la metamorfosis, se quejan de que una cierta «antipolítica» sería la culpable de la neoplasia política que hoy nos domina. Que la «sociedad civil» ha pretendido, erradamente, suplantarles, que serían instituciones insustituibles. La verdad es que no puede haber política sin organización, pero ciertamente ya no sirven los modelos arcaicos, ni siquiera cuando son replicados en moldes que se presentan como odres nuevos. (¿Qué instancia democrática, por poner un ejemplo, ha escogido a Julio Borges como candidato presidencial?)
No es, por tanto, el camino una «mesa de diálogo» entre los contendores que integran el elenco que ha sido repudiado in toto. El chavismo es ahora, en el mejor de sus casos, un 20% del electorado. Los partidos de la acera de enfrente, que se creyeron astutos al replegarse para no ser contados, suman entre todos un 10%. ¿Cómo podría ser una solución a nuestros problemas la reunión de los execrados por los electores, que tal vez tengan apoyo de 30%?
Venezuela se merece, por haber gestado la epifanía dominical del 4 de diciembre, líderes incógnitos. Que, en cierto modo, restituyan la justificación fundamental y única de la política: la administración eficaz de un poder para mejorar la condición de las sociedades. Sin buscarlo, concentrados en la solución de nuestros problemas públicos, superarán el anacronismo exagerado y prepotente del actual régimen por añadidura. Y también el de sus ineficaces contendores.
Cuando el alumno de la historia universal primaria se topa con la pregunta por las causas de la caída del Imperio Romano, es común que reciba la conseja de que tan grande construcción política se vino abajo por asedio de tribus bárbaras. El historiador de historiadores Arnold Toynbee explicó el proceso de un modo diferente: habría sido la formación paulatina de un «proletariado interno», la nueva conciencia cristiana que contradecía y socavaba los supuestos—la vis romana—sobre los que el imperio había sido construido, la verdadera causa del colapso. Aquí hemos visto, hace cuatro días, la eclosión de un proletariado de esa clase, y ninguna combinatoria, ni siquiera la autocrítica revolucionaria que Chávez ahora ordena con urgencia y temor, podrá restituir la vieja política a su antiguo lustre. LEA
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