Hace no mucho (Ficha Semanal #69 de doctorpolítico, del 25 de octubre de 2005) se hacía aquí referencia a una reunión acaecida a mitad del año electoral de 1998, en la que se analizó en grupo el desenlace probable de la campaña y se discutió algunas posibilidades de intervención. Se trató de una reunión que tuvo lugar en horas de la tarde del miércoles 24 de junio, aprovechando el asueto por la conmemoración de la Batalla de Carabobo.
La reunión de siete personas fue convocada por un importante empresario venezolano, muy preocupado por los sondeos de opinión que ya a esas alturas indicaban que Hugo Chávez podía alzarse con el triunfo el 6 de diciembre de aquel año. Luego de exponer su personal evaluación, que incluía los motivos por los que consideraba—con toda razón—que la elección de Chávez sería desastrosa para el país, enunció una proposición general: «Lo que hay que hacer es una campaña inteligente, profunda y con mucho real para detener a Chávez».
De nada valió que uno de los circunstantes argumentara a favor de sumarse a la tesis de convocar una asamblea constituyente, como procedimiento para dotar al Estado venezolano de un nuevo «sistema operativo». (En analogía con el concepto informático. El proponente de la tesis sostenía que ese sistema operativo estatal se había hecho obsoleto, y que no se pasaba de Windows 1.0 a Windows 2000 poniendo parches acomodaticios al sistema antiguo, sino que se hacía necesario sobreimponer el nuevo sobre el viejo de una vez).
Ni siquiera se atendió la proposición porque también fuese evidente de los estudios de opinión pública que la idea de una constituyente había prendido en el alma nacional, y que ya una mayoría de los electores del país se había inclinado a favor de la misma. (El presidente Caldera también rechazó la invitación que se le hiciera de convocar un referendo consultivo, para preguntar al electorado si deseaba elegir un órgano constituyente, a pesar de que él mismo hubiese incluido la noción en su «Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela», su programa de gobierno de fines de 1993. En opinión del suscrito, una constituyente convocada por Rafael Caldera hubiera sido muy diferente de la que sería luego convocada por Chávez en 1999, además de que, como había comprendido la esposa del empresario anfitrión en día patrio, tal iniciativa «le quitaría una bandera a Chávez»).
Al término de la discusión, derrotada la proposición constituyente, se volvió al inicio para concluir que había que diseñar y ejecutar, para frenar a Chávez, una «campaña inteligente, profunda y con mucho real». (Para los momentos ya se había producido la polarización entre Chávez y Salas Römer, luego del desplome vertical de la candidatura de Irene Sáez—a quien alguien llamó Miss Titanic—y la evidente insuficiencia de la opción Alfaro Ucero, en quien los electores veían la encarnación de las peores prácticas políticas. Un destacado empresario de medios explicó la decisión de oponerse a la constituyente: «A mí no me importa si Salas Römer tiene o no la razón; si está equivocado o no; a mí lo que me interesa es que es el único que puede derrotar a Chávez, y por esto lo voy a apoyar, diga lo que diga». Salas Römer había dicho que la constituyente era «un engaño y una cobardía», y así se alineó en contra de la mayoría nacional que quería una constituyente y, por supuesto, perdió las elecciones, aunque no solamente por esa razón).
Es así como en la sesión del 24 de junio de 1998 estuvo el germen de una campaña anticonstituyente, que fuera administrada por una organización de maletín—La Gente es el Cambio—creada al efecto. Sólo uno de los asistentes a aquella reunión—encuestador de oficio—formó parte de su junta directiva. Esta organización antifaz contó, en efecto, con «mucho real». No menos de 1.800 millones de bolívares de 1998 (unos 3 millones y medio de dólares) fueron puestos a disposición de su campaña, que consistió en la muy numerosa transmisión de una media docena de fúnebres cuñas para televisión, en las que se aseguraba que una constituyente era una pésima idea. La «inteligencia» y la «profundidad» de esa campaña publicitaria estaba, se supone, en que evitaba el ataque directo a la candidatura Chávez, para enfilar contra la más llamativa de sus tesis: la necesidad de convocar una asamblea constituyente.
La «inteligente» y «profunda» campaña resultó ser un bumerán, el clásico tiro por la culata. En cuanto el habitante más lerdo de las barriadas escuchó la centésima séptima cuña, repetida en prime time por todos los canales de televisión, ha debido darse cuenta de que La Gente es el Cambio era en verdad la gente con mucho real, y rechazaría la propuesta contra la constituyente. («¿Por qué la gente con mucho real se opone a la constituyente? Yo como que voy a votar por mi comandante»? Irónicamente, una de las personas directivas de La Gente es el Cambio intentó postularse al año siguiente a la constituyente que había combatido con tanto denuedo. Proyecto Venezuela, liderado por Salas Römer, apoyaría también candidatos a la constituyente que tuvo antes por «engaño y cobardía»).
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La relación anterior viene a cuento porque, muy temprano en este año electoral de 2006, se propaga por la psiquis oposicionista una buena cantidad de ideas igualmente «inteligentes» y «profundas», ocurrencias vistosas que sin embargo están destinadas al fracaso más rotundo. Y también porque es tesis persistente que criticarlas le hace el juego al gobierno, que no se debe criticar a nada o nadie que le haga oposición, porque sería preciso desacreditar al gobierno con cualquier cosa, así sea una mentira, y «no debemos pisarnos la manguera entre bomberos».
Es así como unos pocos han concebido el siguiente monstruoso récipe: que a Chávez es preciso oponerle alguien que sea aun más procaz que él; que ese personaje es el Conde del Guácharo; que debe aportarse un «pote» para aupar su candidatura presidencial. Es ésta una «solución» tan estúpida como aquella de la candidatura de Arias Cárdenas en 2000, que en «profunda» e «inteligente» evaluación estratégica fue considerada la mejor oposición posible a Chávez ¡porque era cuña del mismo palo!
Sin llegar a esos extremos dignos del teatro del absurdo, se ha generalizado demasiado una particular interpretación de lo acontecido el pasado 4 de diciembre con la elección de la Asamblea Nacional. La interpretación estándar va sobre las siguientes líneas: que «la sociedad civil» impuso a los partidos políticos de oposición una línea abstencionista—»No fueron los partidos, fuimos nosotros»—, que los partidos, en acatamiento a esa voluntad soberana, asestaron el golpe de última hora—el gobierno no tuvo tiempo de reaccionar—de su retirada o forfeit y que tal cosa determinó la voluminosa abstención del 4D; que esa abstención fue toda de oposición al gobierno y además se expresó en una serie de «mandatos» específicos, razones todas por las cuales el que el oficialismo controle ahora todos los escaños de la Asamblea ¡es un resonante triunfo para la oposición!
La sociedad civil no impuso nada a los partidos. Una fracción escéptica de la sociedad civil, opuesta al régimen chavista, había adoptado, es cierto, una postura abstencionista, y unos partidos venidísimos a menos, como en otras ocasiones—la «tarimitis» de una Plaza Francia militarizada, el paro de 2002-2003—no quisieron perder la escasa ascendencia residual que aún tienen sobre unos cuantos electores, las más africanizadas entre las abejas del enjambre ciudadano, y aprovecharon la oportunidad de una nueva «sintonía» con «la masa» para retirarse, como zorra de Samaniego, de unas elecciones que sabían perdidas.
Todas las encuestas anticipaban la derrota inmisericorde de los candidatos de oposición, además, dicho sea de paso, de una abstención muy elevada, con bastante antelación al retiro de aquellos candidatos. Henry Ramos Allup no hubiera podido presentar a la base de su partido, y al resto del país, otra cosa que una fracción parlamentaria de Acción Democrática muy reducida, marcadamente menor que la que actuó en la Asamblea Nacional del período que hace poco concluyó. Es decir, un descalabro mayúsculo y definitivo, letal. (Como fue aquí certificado—Carta Semanal #166, del 1º. de diciembre de 2005—obra en poder de doctorpolítico un correo electrónico proveniente de uno de los actuales precandidatos a la Presidencia, y fechado el 31 de octubre—un poco más de un mes antes del 4D—en el que se avisa: «…estamos preparando un retiro masivo de candidatos…» El hallazgo en hora nona de Fila de Mariches, respecto del registro en memoria de las máquinas de votar de la secuencia del voto, fue un golpe de suerte para una oposición que había obtenido del CNE, para su sorpresa, prácticamente todo lo que solicitaba públicamente con la esperanza de que Jorge Rodríguez se negara. La verdad es que esa oposición sabía que iba al sacrificio y buscaba desesperadamente un pretexto creíble para retirarse de la contienda).
Luego, ¿de dónde sacan ciertos análisis la conclusión de que toda la abstención del 4 de diciembre de 2005 se produjo a partir de un cuadre sólido con la oposición? Como se apuntó antes, las encuestas, unas más y otras menos, registraban una alta propensión a no votar desde un buen tiempo antes de la votación. Es más, el propio Chávez, en noviembre de 2004, luego de las elecciones de gobernadores del 31 de octubre, destacaba ante sus copartidarios reunidos en la Escuela Militar, que el enemigo a vencer era la abstención, que después calificó de estructural. (Por cierto, ¿cómo se explica que un CNE que es tenido por tramposo y adulterador, no atinó a ocultar las cifras de la abstención del 4 de diciembre, siendo que el único líder del proceso había señalado justamente que había que derrotarla?)
La abstención del 4 de diciembre fue el producto de múltiples razones que actuaron, unas aisladamente, otras en combinación, en la disposición de la abrumadora mayoría de los electores. Un cierto número, en efecto, se abstuvo de sufragar porque alberga una profunda desconfianza del árbitro electoral, y esta percepción se vio grandemente reforzada con el descubrimiento de Fila de Mariches ya mencionado. Otros, normalmente proclives al gobierno pero no demasiado entusiastas, en conocimiento de que la revolución obtendría todos los diputados aunque sólo fueran diez electores a votar, en virtud de la misma retirada opositora, habrán considerado que su voto no era críticamente necesario.
Pero esta publicación adelantó una interpretación distinta en su número 167 (8 de diciembre de 2005): que el gobierno no fue capaz de llevar a las urnas a más de la cuarta parte de los electores del país, que tal hecho significa que el gobierno sí es derrotable electoralmente, pero que igualmente el rechazo recae sobre la oposición organizada en partidos, y que no puede atribuirse a ésta ninguna victoria. («Pero el rechazo no fue solamente al sistema electoral impuesto, a un CNE que contemplamos incrédulos a distancia, por más que las encuestas y ahora los observadores internacionales hayan medido su poca credibilidad. La repulsa fue mucho más profunda que eso, el repudio generalizado fue en verdad a todo un teatro político de actores profesionales, un hartazgo y una ausencia que toma distancia de un combate cotidiano que ha terminado por hacernos anómicos, no participantes. Los venezolanos ya hemos asimilado que una política entendida como lucha por el poder, como incesante contienda, no resuelve nuestros problemas públicos»). Una candidatura ganadora en diciembre de 2006 tendría que cumplir más de una condición esencial, y una de ellas es que debe diferenciarse nítidamente de Chávez, pero igualmente de una oposición institucionalizada y convencional que continúa medrando y que junta no supera el diez por ciento del apoyo ciudadano.
En lo concerniente al famoso «mandato» del pueblo, expresado en la abstención del 4D, cabe señalar que la especie ha sido adoptada como «línea» opositora. Esto es, ya no es solamente una mera interpretación más o menos extendida, sino que en ciertos círculos se ha decidido vocearla de todo modo y manera. Varios son sus obvios y coordinados evangelistas: Carlos Blanco, María Corina Machado, en cierto modo Armando Durán y, lo más preocupante, una treintena de nombres al pie de un manifiesto fechado el 4 de febrero, hace doce días, en el que se sostiene que el 4 de diciembre de 2005 el pueblo emitió un inequívoco y múltiple mandato. Por ejemplo, dice el texto aludido:
«El 4-D el pueblo venezolano manifestó su voluntad de progresar y prosperar de manera sustentable, con igualdad de oportunidades para todos; así como superarse y ser dueño de su destino.
El 4-D el pueblo venezolano formuló su deseo de contar con una Fuerza Armada que garantice la independencia, la soberanía y la integridad del territorio nacional.
El 4-D el pueblo venezolano exigió el rescate de la Industria Petrolera para que se sitúe, nuevamente, entre las más poderosas, eficientes y productivas empresas del mundo.
El 4-D el pueblo venezolano invocó el cumplimiento de la cláusula federal y redimir las reformas políticas dirigidas a la descentralización y la paulatina desconcentración del poder político, como fórmulas de control social y garantía de libertad».
Con este mismo tenor se enumera un total de dieciséis mandatos específicos, que habrían sido declarados por el pueblo abstencionista, unánimemente opositor. Es obviamente un exageradísimo y falaz documento, y no se puede fundar un movimiento político sobre una mentira, no digamos dieciséis.
Preocupa entonces grandemente que nuevamente se proponga a la opinión pública, a esa entelequia a nombre de la que muchos pretenden hablar y llaman «la sociedad civil», una interpretación de la realidad completamente falseada que impedirá la formulación y puesta en práctica de una estrategia verdaderamente eficaz.
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Pero no hay mal que por bien no venga. Probablemente sea una bendición que la irracionalidad política se manifieste muy tempranamente en este año; peor sería que estas matrices se fijaran en septiembre u octubre, cuando su inercia sería prácticamente irreversible. Es preferible que el absurdo aflore ahora, con suficiente tiempo para su agotamiento.
De nuevo, no se trata de torpedear una estrategia supuestamente ganadora: producir mediante una abstención predecidida, independientemente de lo que la Asamblea Nacional y el CNE concedan, una «crisis de gobernabilidad» que, se supone, algún factor de fuerza, local o foráneo, pudiera capitalizar, pues no sería posible salir de Chávez «por las buenas». Se trata, en cambio, de abrir los ojos de la ciudadanía que con suficiente razón quiere ya el término del oncológico experimento chavista, ante los peligros de una nueva estrategia incompetente y suicida.
Ahora, por ejemplo, Henry Ramos Allup ha anunciado que introducirá un proyecto de reforma a la Ley del Sufragio y Participación Política—por «iniciativa popular»—que deshaga lo contemplado en ésta en materia de automatización generalizada del voto. (El rector electoral Battaglini ya ha dicho que eso jamás será acordado, mientras Diosdado Cabello declara que no tiene inconveniente en que se haga un conteo manual universal paralelo al electrónico).
¿Qué va a decir Ramos Allup si esta última postura prevalece, cuando es obvio que presenta la reforma insinceramente para que le digan que no? Es bueno recordar que la ley que rige nuestros procesos electorales, y que dice en su artículo 154 «El proceso de votación, escrutinio, totalización y adjudicación será totalmente automatizado», fue producto del Congreso de la República de 1995, reformada en diciembre de 1997 por los mismos legisladores (para introducir el título sexto relativo a los referendos consultivos), y luego de nuevo por los mismos senadores y diputados en mayo de 1998, cuando artificiosamente se intentó la «astuta» maniobra de dividir las elecciones parlamentarias de las presidenciales de ese año, torpe maniobra que fue castigada el 8 de noviembre y el 6 de diciembre de este último año. No necesitamos más de estas astucias tácticas que, a fin de cuentas, fueron las que nos trajeron a Chávez para comenzar.
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