El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, ha estado en primer plano los últimos días, luego de que ese sitial estuviera copado por el lanzamiento de Teodoro Petkoff. Primero fue el lanzamiento de su candidatura. («El zuliano está en la pelea», tituló un diario caraqueño).
Luego sirvió de anfitrión en Maracaibo para una reunión tripartita de él mismo con Petkoff y Julio Borges, quien también refrescó su candidatura con la presentación de «su programa» por las mismas fechas. María Corina Machado, que estuvo invitada, no asistió. Adujo inconvenientes atmosféricos que habrían impedido el viaje en avión a tierra zuliana. Los tres acordaron apoyar a quien, entre ellos, resalte como el candidato de más fuerza, sin especificar el método para determinar esto último y sin desestimar las elecciones primarias en principio.
Recuperan así los candidatos la iniciativa que Súmate asumió para convocar—»proponer»—primarias en julio y sugerir que sólo esas primarias, llevadas a la práctica por la organización, legitimarían a un candidato unitario, que debería, por encima de todo, luchar por condiciones electorales confiables. Esto sería el centro, la médula del problema político nacional.
Pero el gobierno tampoco perdió tiempo en resaltar aún más la figura de Rosales. El Fiscal de la boca que desconoce el derecho al respeto, anunció la tramitación de antejuicio de mérito en contra del gobernador ante el Tribunal Supremo de Justicia, por el pecado democrático de haber firmado un decreto que destituía las autoridades judiciales y legislativas.
Rosales esgrime en su defensa la tesis del vacío de poder que la famosa declaración del general Rincón habría creado en las pequeñas horas del 12 de abril de 2002. Esto, sin embargo, tal vez habría justificado la asunción del poder ejecutivo, dada la emergencia nacional, pero jamás podrá legitimar la clausura de los restantes poderes. Rosales va a tener que procurarse una mejor excusa.
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