La doctrina educativa del gobierno de Hugo Chávez Frías, que nunca fue opaca, está más clara cada día. Constantemente, su Ministro de Educación, Cultura y Deportes, el profesor Aristóbulo Istúriz, la hace cada vez más explícita, y remacha una y otra vez sobre el mismo punto. Los venezolanos debemos, es la incesante prédica, recibir una educación ideologizada, una educación «alineada» con los propósitos del proyecto de país «bolivariano», con la revolución chavista, con el socialismo. (Del siglo XXI).
Por si esto no hubiera sido suficiente, el propio presidente-candidato añade ahora nuevas especificaciones. En alguno de sus actos recientes de identidad difusa—a la vez actos de gobierno y de candidatura—explicó en su acostumbrado tono pontifical que, efectivamente, la educación venezolana debía estar ideologizada, que aquí se educaba a los médicos para hacerse ricos y a los economistas para hacer negocios, y que había que acabar con eso. Igualmente, hubo la consabida y simplista identificación de opositores a la ideologización con «el imperio», que querría una educación sin ideología. Luego aclaró, en profunda clarificación, que la educación debía ser ideologizada porque debía contener ideas. (Esto es para que el pueblo comprenda lo absurdo de una educación sin ideas).
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No hay, probablemente, quien niegue al Estado un papel importante en la promoción de la educación de los habitantes de un país. Un pensador tan claro y tan liberal como John Stuart Mill opinaba: «Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido… Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo… Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan». (Ensayo sobre el gobierno representativo).
Antes de Mill, los ideólogos de la Revolución Francesa describían, incluso, una educación que produjera ciudadanos provistos de valores republicanos, sustitutivos de los que servían al Antiguo Régimen. Así apunta Manuel de Puelles Benítez: «La Ilustración francesa venía pugnando desde mediados de siglo por una educación estatal. Philosophes como Diderot o Rousseau, parlamentarios famosos como La Chalotais o Rolland d’Erceville, profesores como Cuvier o Thiébaut, todos defendían la idea de una educación que formara a la infancia y a la juventud en el molde nacional, todos querían una educación uniforme para Francia, todos deseaban que los fines de la educación fueran delimitados en función de las necesidades de la sociedad y no de los intereses de la Iglesia, todos querían que los profesores fueran laicos y no eclesiásticos, todos, en fin, apuntaban al Estado como protagonista de la educación». (Estado y Educación en las Sociedades Europeas).
Rousseau, en particular, que consideraba a los ciudadanos como parte del Estado, era muy exigente. Para él, el objeto de la educación era que los ciudadanos fuesen «tempranamente acostumbrados a considerar su individualidad sólo en su relación con el cuerpo del Estado» y que estuvieran «conscientes, por decirlo así, de su propia existencia meramente como parte de ese Estado». Debía enseñarse a los ciudadanos de modo que «al cabo se identificaran en cierto grado con este todo mayor, se sintieran miembros de su país y le amaran con ese sentimiento exquisito que ninguna persona aislada tiene sino para consigo». (El contrato social).
De modo, pues, que no son Chávez e Istúriz ni los únicos ni los primeros que opinan de esa manera. ¿Cuál es, entonces, el problema con la imagen educativa que sostiene el gobierno? ¿Dónde están sus peligros? Pues que, en su concepción, son ellos mismos quienes saben y determinan los valores que deben ser enseñados. En su idea, el gobierno está autorizado para hacer ingeniería moral con la Nación, para juzgar moralmente, para decidir quiénes son hombres buenos y hombres malos, para imponer una «verdad», «socialista» o «bolivariana». El problema es que creen que el Estado es superior a la Nación, cuando es ésta la que da origen al Estado para que esté a su servicio. El problema es que Chávez e Istúriz tienen invertidos los términos de la ecuación.
Si fuera sólo por la educación cívica que todo venezolano debiera recibir, si fuera por valores de solidaridad que fuesen inculcados a nuestros alumnos, no debiera haber problema. El asunto está en que este gobierno interpreta tales instrumentos como herramientas de control social, y que ha dado muestras suficientes de que no se le agua el ojo para tomar represalias, despedir personas de sus trabajos, negar contratos y demás trapacerías que adjudica según listas que algún Tascón le fabrique. (Para no mencionar el empleo del Poder Judicial y sus mecanismos represivos para enderezar a quien no quiera alinearse con el régimen).
Es de esperar, por tanto, una seria vulneración de la libertad de educación y su correlato específico, la libertad de cátedra, con el esquema principista, ideológico, de Chávez e Istúriz. (Aunque Chávez crea que ideología significa sólo ideas). Una vez más, Puelles Benítez nos da constancia de que este problema del Estado educador no es nuevo: «La otra vertiente de la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, ha tenido también una azarosa existencia. Defendida en la Revolución por Condorcet como un derecho del profesor a la libertad de expresión dentro de su aula, se convierte también en un derecho de libertad o de defensa frente al Estado, en un campo de la actividad humana donde el Estado no puede ni debe intervenir: repugna a la conciencia del ciudadano que el Estado pretenda imponer una verdad oficial por medio de la enseñanza. Este derecho será reconocido también en las constituciones del siglo XIX, aunque su realización práctica no será fácil, siendo vulnerado muchas veces tanto por los Estados confesionales como por los Estados laicos. Circunscrito al principio a la Universidad, ha sido en nuestro siglo extendido a otros niveles educativos, aunque con las limitaciones propias que imponen los sujetos a los que va dirigida».
Son peligros como ése lo que motiva los cada vez más desarrollados acuerdos internacionales en materia de derechos. Uno en particular tiene acá especial relevancia: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, propiciado por la Organización de las Naciones Unidas. Es pertinente su traída a colección por varias razones. Una, Venezuela es signataria de ese pacto. (La soberanía del Poder Constituyente Originario tiene por límites los derechos humanos y los convenios internacionales en los que la República haya entrado válidamente). Dos, el Pacto está suscrito por 152 países, veinticuatro más que los que necesita Venezuela para conseguir un puesto en el Consejo de Seguridad de la organización que lo promovió. Tres, entre estos países se encuentran algunos con los que este gobierno ha procurado especial amistad: Argelia, Argentina, Belarús, Bolivia, China, Irak (mucho antes de la invasión norteamericana), Libia, Corea comunista y Zimbabwe. (Cuba no ha querido refrendarlo, por razones que en breve se entenderán y, curiosamente, tampoco la Santa Sede). Cuatro, su artículo 13, que se reproduce íntegro a continuación, establece normas a seguir en el caso que venimos discutiendo:
«1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado».
¿Está claro, presidente Chávez, ministro Istúriz? Es la Nación, no el Estado, quien debe determinar los valores que se enseñarán. Son las personas, son las familias, quienes deben decidirlos.
Por otra parte, el contenido ideológico único es también problemático. En una sociedad pluralista, por definición, coexisten varias posturas ideológicas, no una sola. Que un gobierno pretenda consagrar canónicamente que su peculiar mezcla—imposible, por lo demás—de ideas marxistas con ideas bolivarianas, es la ideología a ser enseñada, porque sus jerarcas se crean moralmente superiores a los demás, es doctrina que no debe tolerarse.
Pongamos por caso, además, el asunto ése de lo «bolivariano». De un lado, el presidente Chávez es harto selectivo—y manipulador—al citar a Bolívar hasta la náusea. (Más de una vez infielmente y casi siempre fuera de contexto). Pero es muy probable que el entusiasmo de Chávez por Bolívar tenga que ver con su consenso con las ideas menos felices del Libertador, como su pretensión de establecer la monarquía de su persona disimulada por la exigencia de una presidencia vitalicia. (Lo que es más longevo, tendremos que admitir, que una modesta aspiración de mandar hasta 2021).
Y es que también ya lo de la constante referencia a Bolívar, aunque fuese fiel y exacta, es señal de un atraso psicológico. Es ley de vida que las personas, en su adolescencia, cuestionen el conjunto de valores que ha regido sus vidas hasta ese momento, y que viene provisto por los padres. Poco después se hacen del suyo propio, se emancipan. En otras palabras, ya es tiempo de emanciparnos de nuestro emancipador.
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