Prosigue la cuenta regresiva en contra de Radio Caracas Televisión. Como se sabe, el gobierno aduce que el 27 de mayo próximo expira la concesión de señal abierta de televisión en poder de las Empresas 1BC, por la que explotan el canal 2 de la banda de frecuencias VHF, y otras (7 y 9), en todo el territorio nacional. La empresa, por su parte, aduce razonablemente que tal especie es falsa. Veamos las bases de la contención.
El 20 de septiembre de 1952, mientras estaba vigente en Venezuela la Ley de Telecomunicaciones de 1940, RCTV C. A.—hoy subsidiaria de Empresas 1BC—recibió autorización para el establecimiento de una televisora comercial en la ciudad de Caracas. En aquella fecha no se estipuló un lapso de duración de la licencia. Es en 1987 (27 de mayo), cuando se publica en la Gaceta Oficial No. 33.726 el Reglamento de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones sobre Concesiones para Televisoras y Radiodifusoras, expedido en el Decreto No. 1.577. El primer artículo del susodicho reglamento prescribe que las concesiones serán otorgadas por un lapso de veinte años. En consecuencia, dicen principalmente Hugo Chávez y sus acólitos Willian Lara y Jesse Chacón—de grata recordación, este último, por la toma sangrienta de Venezolana de Televisión del 27 de noviembre de 1992—la licencia quedará extinguida automáticamente al cumplirse veinte años del mencionado decreto.
Lo que se niega a hacer el gobierno es a leer más allá del artículo primero del reglamento, cuyo tercer artículo dice sencillamente: “Los canales de Radio y Televisión tienen derecho a que se les extienda la concesión por veinte años más, salvo que pesare sobre ellos sentencia definitivamente firme en tribunales donde se les haya comprobado faltas graves a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones”. No hay sentencia, ni firme ni floja, que pese sobre RCTV por violación grave de ninguna ley.
Por otra parte, si el argumento gubernamental fuese sostenible—que no lo es—también se vencería para la misma fecha la concesión en poder de Venevisión. (Televén fue fundada en 1988, un año después del decreto 1.577, así que aún tendría un año de gracia). El gobierno no ha anunciado, como si lo ha hecho acerca de RCTV con mucha antelación, que no renovará la licencia de Venevisión. Aparentemente, si una televisora baja la cabeza para alinearse con los designios comunicacionales del gobierno de Chávez—recordemos la grabación de indiscreta y entreguista conversación telefónica entre Jesús Romero Anselmi y Carlos Bardasano—se salva de la retaliación. Las conductas que el gobierno encuentra censurables en RCTV para los trágicos días de abril de 2002 no difieren en nada significativo respecto de las asumidas por Venevisión, Televén y Globovisión y, en cualquier caso, ninguna de ellas ha sido objeto de acción judicial, que era lo que el “pendejo” del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, sugería como ruta democráticamente correcta en caso de que se presumiera un comportamiento ilegal por parte del Canal 2.
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Si alguien ha incurrido en faltas graves en materia de comunicaciones masivas es el propio gobierno. El mismo día 11 de abril de 2002 Hugo Chávez ordenó el cierre de las transmisiones de los canales privados de televisión, que mantuvieron la teledifusión de los sangrientos acontecimientos de esa fecha al sobreimponer su señal a la proporcionada por el gobierno, en previo intento de acallarlos con la imposición de una cadena nacional de radio y televisión en la que el Presidente de la República se dirigía al país para disimular la realidad.
Pero las acciones del gobierno y sus partidarios han ido mucho más allá de los recursos técnicos—como la incautación de equipos de microondas a Globovisión o las reiteradas “visitas de inspección” de la fuerza militar a las instalaciones de Mecedores en el Ávila. Hace mucho que los periodistas de medios privados de prensa, radio y televisión, y las propias sedes de éstos, han sido blanco de innumerables agresiones físicas. (Al hacer el recuento de los sucesos del 11 de abril de 2002, la Carta Semanal #232 de doctorpolítico, del 12 de abril de este año, recordaba: “Cuando la OEA envió a su Relatoría de la Comisión de Derechos Humanos a investigar las agresiones a medios y periodistas, un peculiar personaje atacó a un camarógrafo de televisión, para aparecer minutos después, atravesando por detrás de la figura de Diosdado Cabello, Vicepresidente de la República, en un acto transmitido desde el propio Palacio de Miraflores”).
A comienzos de ese mismo año fatídico, el 23 de enero, la DISIP prohibía los sobrevuelos de helicópteros en la ciudad de Caracas, a fin de que la ciudadanía no fuera informada sobre las verdaderas proporciones de la primera gran marcha de oposición al gobierno de Hugo Chávez.
También en 2002 el diario El Nacional fue objeto de asedio de agresivos grupos convocados y liderados por la inefable Lina Ron, exaltada por el propio Hugo Chávez como importante lideresa social, luego de que el mandatario se expresara continuadamente de forma agresiva contra el periódico. Más adelante en el mismo año, en horas de la tarde y la noche del 9 de diciembre—ya iniciado el paro cívico—fueron agredidos simultáneamente, y con gran violencia, entre otros, los siguientes medios: Globovisión, RCTV, Meridiano Televisión y Venevisión, así como los medios del estado Aragua, el diario El Aragüeño y el canal regional TVS; el canal Promar TV, en el estado Lara, también sufrió los ataques de los oficialistas, así como el diario El Impulso de Barquisimeto; también fueron rodeados el diario El Siglo y El Aragüeño en Maracay; los chavistas rodearon y tomaron las sedes de TV Táchira, Radio Valera y Radio San Juan de los Morros en Guárico; Globovisión Zulia sufrió destrozos en sus instalaciones; TVO Anzoátegui corrió con algo de mejor suerte, pues se encontraba cerrada (sólo transmitía hasta las 9 de la noche), y únicamente sufrió unos cuantos daños en su fachada.
Lo que antecede no es, naturalmente, sino una enumeración muy incompleta de las incesantes incitación y agresión gubernamentales contra los medios de comunicación venezolanos. Como en todo desmedida, esa constante agresión conforma un récord contrario a la libre expresión que no tiene precedentes en el país, ni siquiera en épocas de sus peores dictaduras.
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La apreciación anterior, sin embargo, no estaría completa si no se señalara que tampoco tiene precedentes en Venezuela el ataque cotidiano, planificado y en muchas ocasiones coordinado contra la actual figura presidencial y el gobierno que preside. Para algunas televisoras, sobre todo, es ya un asunto de principios. Y como en más de un sentido han buscado llenar el vacío dejado por unos partidos políticos de oposición prácticamente inexistentes, la naturaleza misma de algunos medios de comunicación del país se ha visto seriamente comprometida. Lo que los venezolanos hemos visto, por consiguiente, es una batalla política entre gobierno y medios de comunicación.
La posesión de un medio masivo de comunicación, por supuesto, confiere un poder considerable a quien sea su dueño. En ciertas ciudades, como Maracaibo, el poder de la prensa ha adquirido rasgos feudales. El más famoso de sus diarios, Panorama, decide que lo que no le gusta no lo publica, y veta personas concretas, que no aparecen más en sus páginas. (Esto sin reseñar otras de sus prácticas, como la de haber tenido por muchos años el cargo, no de Director del periódico, sino la muy curiosa posición de “Subdirector Responsable”; esto es, un título que indica que quien lo ocupa no es el verdadero jefe—es tan sólo un “Subdirector”—pero sí quien tiene que dar la cara en un tribunal en caso de demanda contra el diario). No otra cosa que los largos abusos de Panorama llevó a un grupo de empresarios marabinos a la fundación del rotativo La Verdad, como manera de defenderse del poder omnímodo de aquél.
Tales conductas no han sido, naturalmente, inventadas en Venezuela. La película que en opinión constante de los entendidos es la mejor de todos los tiempos es la famosa Ciudadano Kane, en la que Orson Welles hace el retrato de Randolph Hearst, que usaba el poder de sus publicaciones sin miramientos, destruyendo reputaciones, por ejemplo, con el fin de avanzar sus propios intereses, que incluían la pretensión de una candidatura presidencial.
Es así como la posesión de un medio masivo, sea éste un periódico, una televisora o una estación de radio, conlleva una potencialidad política a tomar en cuenta. El propio Marcel Granier, cuando también pertenecía a las Empresas 1BC El Diario de Caracas—periódico fundado por el ex gobernador y candidato presidencial Diego Arria—explicaba en 1988, ante rumores de que el periódico cerraría sus puertas por causas económicas, que no era únicamente la razón financiera el motivo para mantenerlo, y que la influencia que ejercía era a su juicio una razón más importante.
¿Es entonces, RCTV un actor político? Sin duda lo es. Pocas telenovelas del canal de Bárcenas han causado más impacto que Por estas calles, de altísima carga crítica contra el gobierno y la acción partidista en las postrimerías del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Para el gusto de quien escribe, esa telenovela significó una acción socialmente benéfica, en momentos cuando el desafuero y la corrupción caracterizaban el proceso del Estado venezolano.
En cambio, igualmente en apreciación muy personal, la oferta programática de RCTV deja mucho que desear, con sus honrosas excepciones, por supuesto. Más de uno de sus programas traspasa la línea divisoria que separa el buen gusto de la obscenidad, y no sólo por la propaganda explícita de servicios sexuales en horarios que en principio no alcanzan a los niños, sino en vulgares producciones de programas de concurso verdaderamente deplorables.
Pero es que, en general, el nivel de la programación de las grandes televisoras nacionales es de calidad bastante baja. Esto, sin embargo, no es la causa que lleva a la vindicta gubernamental contra RCTV, sino su influencia política. El gobierno no ha ocultado que cobra una factura de carácter político. De este modo se entromete en terreno que compete, en esencia, a la sociedad, que comprende la acción individual y libre de irse del canal que le disguste tanto como acciones cívicas colectivas para enderezar algún medio salido de donde debe.
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Hugo Chávez ha usado con profusión los términos democracia y democrático, tanto casi como emplea las palabras Bolívar y bolivariano. Pero en su léxico aquellos términos designan significaciones diferentes a las comunes. Él no entiende por democracia hacer caso de los deseos del pueblo. Si así fuera, tendría que escuchar la opinión de más de dos terceras partes de la población—una mayoría muy calificada—que según más de una encuesta son contrarias a la negativa de renovar la licencia de RCTV. Uno puede recordar que en campaña electoral, hace menos de un año, hizo ver que sometería a referendo popular la decisión sobre la licencia en poder de Empresas 1BC. Ya se dejó de eso. Como ha hecho más de una vez, en cuanto tiene el poder olvida las promesas de consultar, de tomar en cuenta la voz de los ciudadanos, sobre todo si, como debe saber, tal sería una consulta que perdería.
También ha anunciado que no hará caso de “presiones internacionales”, en esta materia de la señal abierta adjudicada hace más de cincuenta años a RCTV. El affaire, sin embargo, ha acelerado la erosión de su imagen política en el mundo. Ahora confronta su gobierno una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intentada nada menos que por la relacionada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los órganos de la Organización de Estados Americanos. La comisión señala que el gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones que le hiciera llegar en diciembre del año pasado, al estimar que los derechos humanos de los trabajadores del Canal 2 han sido violentados por acciones del gobierno.
En apariencia, pues, Hugo Chávez no hará caso a nadie en este asunto; al menos así lo amenaza. Pero como apunta agudamente la comentarista Carolina Jaimes Branger, Chávez es un político que lee las encuestas y tiende a ponerles atención. Así cree ella que un escenario factible es que el Tribunal Supremo de Justicia falle a favor de RCTV, dada la obvia interpretación legal, en materia del recurso de nulidad intentado por empleados de la televisora la semana pasada. Si esto ocurre, Chávez pudiera recuperar algo de credibilidad democrática en caso de que decida acatar una decisión así. De este modo mantendría su punto y se representaría al mundo como un gobernante que “respeta” la independencia de los poderes.
Es un escenario difícil, pero pudiera estar Chávez ahora sopesando el inmenso costo político, interno y externo, de mantenerse en sus trece y presionar al TSJ para que falle según su capricho. En pocas semanas se sabrá si le queda todavía algo de racionalidad política. LEA
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