Fichero

LEA, por favor

De Salvador de León a Dr. Paúl

El Partido Democrático Venezolano fue el partido de gobierno del general Isaías Medina Angarita. En él militaron los más destacados funcionarios de su régimen, que por muchos fue contrapuesto al modelo de Acción Democrática, partido que usufructuó, entre 1945 y 1948, el gobierno constituido al derrocamiento del presidente Medina. Éste había terminado de eliminar los restos de gomecismo que habían perdurado durante el mandato del general Eleazar López Contreras, y propició la constitución de un Partido de los Partidarios del Gobierno que  significó el alejamiento político de su antecesor, en torno a quien se reunieron los representantes de la derecha más reaccionaria. (López Contreras había formado las Agrupaciones Cívicas Bolivarianas, muy distintas de los círculos izquierdistas de hoy; Bolívar da para todo).

Tampoco era el medinismo una tendencia que se horrorizara por la presencia actuante de partidos de izquierda, incluso extrema. Por un lado, Medina permitió la fundación de Acción Democrática en 1941. Luego, en las elecciones municipales de 1944 el PDV estableció alianzas con candidatos de la Unión Popular Venezolana, organización fachada del Partido Comunista de Venezuela. Finalmente, en 1945 el gobierno de Medina, alineado con la coalición contra las potencias del Eje—Alemania, Japón e Italia—estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética.

Durante la campaña electoral de 1963, lo que probablemente haya sido el debate televisado de mayor altura en la política venezolana contrapuso a las figuras de los candidatos Rafael Caldera Rodríguez y Arturo Úslar Pietri. Éste exponía como grave pecado de COPEI que hubiera participado en el gobierno surgido del Pacto de Punto Fijo y las elecciones de 1958, pues había gobernado con el diablo marxista de Acción Democrática. (El propio Úslar, con característica inconsistencia, en pocos meses llevó luego a su partido al gobierno de Raúl Leoni, otro presidente adeco). Caldera ripostó con un peine, al recordarle a Úslar las alianzas del PDV con los comunistas y las relaciones con los rusos. Úslar pisó la concha de mango y, para defenderse, produjo esta terrible declaración: “Las relaciones con la URSS se establecieron por presión abierta y expresa de los Estados Unidos de Norteamérica”.

Del 5 al 22 de septiembre de 1944 el PDV organizó un ciclo de conferencias, dedicado al tema de las libertades económicas y la intervención del Estado en la economía. Contrariamente a lo que habitualmente se predicó acerca del PDV—sobre todo por algunos de sus viejos líderes, que mantuvieron la crítica del “socialismo” de Acción Democrática—el PDV postulaba una vigorosa intervención estatal. Naturalmente, el PDV creía en la prosperidad que sobrevendría como resultado de un racional fomento de la actividad económica privada.

Entre los conferencistas de ese ciclo escenificado en el Club Venezuela, se encontraba Arturo Úslar. Luego, al año siguiente, se editó un libro contentivo de las conferencias. El prólogo del mismo fue confiado al gran intelectual medinista Mario Briceño-Iragorry. Es este texto el que reproducimos acá en la Ficha Semanal #143 de doctorpolítico, por considerarlo de valor histórico y pertinente a los actuales debates acerca del papel del Estado en la economía.

LEA

Sorpresas te da la vida

El Partido Democrático Venezolano ha querido recoger en volumen las conferencias dictadas durante el año pasado por destacados miembros suyos, en orden a explicar los alcances del intervencionismo de Estado en la política de la producción y del consumo y en el cambio de la moneda. En las bases programáticas del Partido se propuso estimular la intervención del Estado como medio eficaz para el abaratamiento de las subsistencias y de los costos de producción. Nuestro Movimiento, en esa forma, declaró el firme propósito de separarse de los viejos conceptos del liberalismo económico que, partiendo de una abultada valorización de los derechos del individuo, dejó a éste la plena libertad de dirigir los procesos de la producción y del consumo y el goce irrestricto de los instrumentos que a ellos conducen. Pensamos los redactores de las Bases que para mantener el movimiento progresivo de la civilización, precisa una distribución equitativa de los bienes de la vida, que logre poner cese u ofrecer larga tregua a las luchas históricas entre quienes poseen de sobra y los que de todo carecen.

La intervención del Estado en el movimiento de la economía pública ya era conocida de Venezuela desde la época prerrepublicana. Ella apareció cuando crisis pasajeras provocaron alzas en los precios de consumo, mas, fue ofrecida como acción simple del Estado en su misión paternalista de velar por las necesidades sociales. Con las crisis sufridas por el mundo capitalista a partir de la primera guerra mundial, la búsqueda de medios que promuevan un equilibrio en el ritmo económico, ha sido afanosa preocupación de los hombres de Estado y de nuestros cultores de la ciencia económica.

La propia concepción del Estado clásico ha sido modificada totalmente, y nadie piensa hoy según enseñaba Say, que el Gobierno ideal “sea el más barato y el que actúe poco”. Esta situación de reacomodo social ha provocado en el mundo profundas conmociones, con un cortejo de luchas tan profundas como las que Europa presenció cuando hubieron de enfrentarse los derechos de la burguesía contra los supersticiosos derechos de la aristocracia de extracción feudal. La propia filosofía jurídica que entonces cristalizó en leyes encaminadas a dar contornos defensivos a los representantes de las nuevas fuerzas económicas, ha tenido que ceder ante la actual concepción humanista del Estado. La controversia se ha planteado en forma clara entre quienes suponen que el Estado sea un instrumento al servicio de las clases que detentan el poder político y el dominio económico, y aquéllos que, guiados por una visión más amplia y humana, valdría decir cristiana, de la justicia, consideran que el Estado tiene por fin primordial e indeclinable mirar al desarrollo integral de todos los miembros de la sociedad.

Al través de las disputas de los hombres, aflora el trabajo subterráneo de la historia, en un afán permanente de realizar la libertad y la justicia que son esenciales al espíritu humano. Ayer se tomó esa libertad como slogan que pretendió legitimar las acometidas del hombre contra el hombre. La bandera pesudoidealista de los manchesterianos sirvió de defensa para un orden de explotación afincado en una exégesis acomodaticia de la propia esencia de la libertad. El laisser faire, laisser passer de la vieja técnica individualista, aún se invoca por quienes desconocen en el Estado la suprema misión conjugante que le está confiada y se afanan por mantener el rigor de antiguas líneas conceptuales que redujeron su acción a sólo servir de instrumento al servicio de los intereses de las clases que tradicionalmente tenían controladas las fuentes de producción.

Nuestra historia nacional nos ofrece el cuadro insistente de un Estado sometido a la influencia interesada de ciertos sectores cuyo empeño capital ha sido usufructuar de las regalías inherentes al Poder. El curso de la historia venezolana exhibe la sucesión de áreas económicas que han visto en el Estado y en sus órganos naturales, una manera de polizonte encargado de la guarda de sus bienes y de la garantía de las explotaciones financieras. Desde la época colonial del capitalismo rural que pugnó por asegurar el privilegio de las explotaciones contra las tendencias monopolistas de la Metrópoli, nuestra oligarquía no ha hecho sino aprovecharse del Estado para la conservación de sus intereses de grupo. Y los hombres influyentes que en la Constituyente de Cúcuta empezaron a interferir las realizaciones de la Revolución, se sucedieron en el comando de los cuadros económicos que han sostenido los varios gobiernos republicanos y han lucrado con las influencias del Poder. El Gobierno fue sólo un arma al servicio de las fuerzas que pretendieron el aprovechamiento absoluto de la industria y la explotación primitivista de la tierra. Partiendo de las pequeñas oligarquías rurales de provincia hasta llegar a los grandes cuadros familiares, que asumieron la dirección exclusiva de los negocios de la capital y de las plazas más importantes del comercio de la nación, se formó una trama de intereses económicos, ante cuyas exigencias hubieron de plegarse los propios fines creadores del Estado. Esa economía sustentada por leyes que, durante la llamada oligarquía conservadora de los primeros tiempos de la Tercera República, llegaron a culminar en el ordenamiento feudal de la célebre ley del 10 de abril de 1834, contó siempre con manos y con mentes que estuvieron dispuestas a apoyar sistemas legislativos y medidas gubernamentales en “que la usura, la mohatra, el anatocismo, todos los medios inventados por la más insaciable avaricia para absorber la fortuna ajena, han sido defendidos bajo el nombre de la libertad y de la religión de los contratos, mantenidos y ejecutados por los jueces en nombre de la República”, según de los efectos de aquella ley se expresaba el ilustre Fermín Toro.

Con apariencia liberaloide y al influjo de la misma oligarquía, que ha sabido camuflarse oportunistamente, nuestra economía general se ha mantenido en un estado de atraso por lo que dice a la función social de las fuentes de producción y a la ley racional del consumo humano. Nuestro capitalismo, con su peculiaridad de ineficiencia industrial, no ha procurado sino su solo beneficio y, paralelamente a su carácter de timidez ante los riesgos de grandes inversiones que no estuviesen respaldadas por el poder político, el Estado se mantuvo con las manos caídas ante las urgentes problemas del pueblo. Carente de resortes legales que le permitieran intervenir en el curso de la oferta y la demanda, se dieron casos cuyo recuerdo pone espanto. A nosotros nos tocó presenciar uno de los hechos más alarmantes de indiferencia gubernamental ante una crisis de producción. En 1912 fue azotado el Estado Trujillo de una plaga de langosta que destruyó por completo las sementeras. Pocos meses después en el Estado se carecía de frutos menores y la población rural y las clases menesterosas empezaron a sufrir hambre y desnudez. El poco maíz fue acaparado por algunos comerciantes, que elevaron su precio a límites prohibitivos. A las ciudades empezaron a llegar hordas famélicas en busca de las sobras domésticas, para medio satisfacer su urgencia de alimentos. Muchos murieron, apenas saciada una hambre ya inmortal. Niños depauperados pululaban en demanda de un mendrugo. Para éstos se abrió un hospicio, que luego se encargó de liquidar la tuberculosis, ya dueña de la débil naturaleza infantil. Mas, en cambio, hubo quienes, complacidos, vieron crecer sus haberes y tuvieron por correcta la hábil operación de interferir los granos que, de haberse mantenido a precios accesibles, hubieran servido a la mediana alimentación del pueblo. Ellos tenían de respaldo, para sus extorsionantes operaciones de compraventa, la moral individualista del régimen; ellos no pensaron, como no piensan los comerciantes que a la hora actual evaden las regulaciones creadas por nuestra economía de guerra, que, sobre los intereses de las personas, privan los intereses de la comunidad.

A vallar esas formas teratológicas del individualismo, se encamina la sistemática del intervencionismo. El Estado ha de procurar que las franquicias que derivan del grado de la civilización, no se acumulen en las viejas clases que detentan los instrumentos de producción; sino de lo contrario, ha de afanarse, en un recto sentido humano, porque la mayoría social, es decir, las clases llamadas desheredadas, gocen de las posibilidades máximas para desarrollar su personalidad entitiva. Esta lucha de intereses patentiza el diferéndum existente entre los supuestos económicos y los supuestos políticos de las organizaciones que se afanan por mantener el acoplamiento del capitalismo con la idea de una democracia racional. De una parte, el concepto fundamental de la igualdad como definición del ámbito personal, presupone en el Estado la necesaria capacidad constructiva que le permita atender a la satisfacción de los justos deseos de los miembros de la comunidad; de la otra, la teoría del goce de una libertad casi supersticiosa por parte del individuo, garantizaría a éste todo género de posibilidad para desarrollar, sin intervención de ninguna fuerza extraña, lo que considera ser sus legítimos derechos (propiedad y disfrute de los medios de producción). Frente a esta oposición de intereses, que a la postre detiene el propio desarrollo de la personalidad humana, el progreso de la justicia, que trabaja calladamente en el subsuelo de la historia, reclama formas ágiles que aceleren para el hombre el mayor disfrute de los goces de la vida y aleje la posibilidad de curvas catastróficas en la marcha evolutiva de las instituciones.

Para intentar el equilibrio de los intereses comunes sin recurrir a las formas del Socialismo de Estado, los Gobiernos han acudido a los sistemas intervencionistas, como expresión de la propia función que les compete en el orden de la justicia, fin último del Estado.

Nuestro Partido quiso expresar, por boca de autorizados dirigentes, cuáles ideas sustenta a este respecto. Arturo Úslar Pietri, Rodolfo Rojas, Xavier Lope Bello, Alfredo Machado Hernández, José Joaquín González Gorrondona, fueron escogidos, por sus luces y experiencias, para exponer la posición de nuestro Movimiento frente a tan debatido problema económico. Las tesis por ellos sustentadas en los debates del Club Venezuela, constituyen un valioso aporte, no sólo en lo que dice a la línea de nuestro Partido, sino en lo que respecta a la propia ilustración venezolana de un problema surgido en forma peculiar por el choque entre nuestra vieja y deficiente estructura y la inesperada y absorbente economía del petróleo (coincidente en nuestro país con los efectos de la crisis que en 1928 produjo perturbaciones sísmicas en la economía mundial) y con la compleja economía de guerra, que desde 1939 reclamó la acción previsora y diligente del Estado. Los principios expuestos por los distinguidos copartidarios y que hoy recoge el Partido en el presente volumen, sirven a decir cuanto se aparta nuestra idea del Estado, de la vieja concepción que miró la autoridad como mero organismo a quien estaba encomendada la guarda de los intereses privados de una clase privilegiada.

Consecuente con su propósito programático de “mantenerse libre de todo compromiso oligárquico”, nuestro Movimiento mira libremente las grandes necesidades de la comunidad. Y con sentido responsable de su misión histórica, quiere ayudar al pueblo en su lucha contra los viejos privilegios que pretendieron hacer del Estado un instrumento al servicio de obscuros intereses privados.

Sea la lectura de estas páginas buena ocasión para que el pueblo venezolano medite sobre los propósitos de superación política que animan a nuestro Partido. Porque, aunque ello, en el fragor de la lucha partidista, haya sido negado por nuestros contrarios, somos un Partido cuyo empeño principal es realizar las aspiraciones del pueblo por elevar su nivel político, su nivel social y su nivel económico, según lo proclamó nuestra Asamblea constitutiva.

Y para los compañeros que tan gallardamente expusieron las ideas del Partido, ya ha tenido éste el mismo caluroso aplauso que nos complace consignar en estas líneas prelusivas.

Mario Briceño-Iragorry

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