Ha estallado una bomba que la Dirección de Explosivos de la DISIP, debe reconocerse, intentó por todos los medios desactivar. Cuando ya creíamos los venezolanos que el caso de los dólares introducidos ilegalmente a Argentina por Guido Antonini Wilson, como tantos otros casos irresueltos, quedaría en un limbo de olvido y ocultación eterna, el FBI norteamericano ha detenido y acusado a tres venezolanos y un uruguayo por el delito de conspirar para ejercer, y en la práctica ejercer, en territorio de los Estados Unidos como agentes del gobierno de Venezuela, sin la previa notificación al Fiscal General que las leyes de ese país exigen. (Un cuarto venezolano no ha podido ser apresado hasta el momento de redactar esta nota).
Moisés Maionica, Antonio José Canchica Gómez (no apresado), Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello (uruguayo), Franklin Durán y Carlos Kauffman, han ido acusados ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos (Distrito Sur de Florida) por el agente especial del FBI Michael J. Lasiewicki, quien ha dicho en su deposición acusatoria que no ha dicho todo lo revelado por la investigación en contra de los acusados, sino sólo lo suficiente para detenerlos y enjuiciarlos por los delitos mencionados. Esto es, ahora es cuando comienza el calvario de los pajaritos. Por ejemplo, seguramente serán acusados más tarde de extorsión criminal, la que incluyó amenazas abiertas contra la vida de los hijos de Antonini Wilson.
¿Qué buscaban los conspiradores y agentes ilegales que Antonini pudiera darles? Pues la docilidad y el silencio. Todo el asunto era una operación de falsificación y encubrimiento, para ocultar el hecho de que el gobierno venezolano había enviado a Buenos Aires casi 800 mil dólares para “contribuir” a la campaña electoral de Cristina Kirchneer. Primero ablandaron a Antonini con sus ofertas—que PDVSA cubriría todo gasto de Antonini por el caso—y sus amenazas; luego empezaron a diseñar un modo de falsificar documentación, con el fin de fabricar un origen y un destino de los fondos distintos de los verdaderos.
El FBI tiene cintas grabadas de conversaciones telefónicas y en vivo de estos gángsters, y de ellas emerge una sórdida verdad: que el gobierno de Hugo Chávez no sólo intervino en un asunto electoral de exclusiva competencia de los argentinos, sino que a través de su Vicepresidencia Ejecutiva, su Ministerio del Poder Popular del Interior y Justicia, y la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), montó la operación de amedrentamiento y encubrimiento. Enfrentados a la posibiidad de diez años de cárcel y una multa individual de 250 mil dólares, ya cantarán más los detenidos. Por ahora se les ha negado la libertad bajo fianza.
El asunto es serísimo, como cualquiera de índole penal para el sistema judicial de los Estados Unidos. En Argentina la oposición se adelanta ya al ataque contra la recién encaramada Cristina Kirchner. En Venezuela el canciller Nicolás Maduro sugiere la idiota explicación de que todo es un montaje del “imperio” para afectar el desenvolvimiento de las “democracias progresistas” de América del Sur. Pero nadie se lo va a creer. (Salvo, claro, gente como Iris Varela).
Después del aguacero de reveses internacionales y locales que ha caído sobre el gobierno de Chávez, esta nueva y gravísima hemorragia va a ser muy difícil de restañar. Si algo es un golpe contra la estabilidad de su gobierno es este dramático incidente, que lo exhibe como lo que es: como un gobierno delincuente. Ya no queda prácticamente nada del prestigio internacional de Hugo Chávez, y es muy poco probable que pueda sostenerse en su propio patio sobre la realidad de una opinión pública escandalizada por su presidente. Ahora si está roja rojita, pero de vergüenza.
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