En 1954 Peter Drucker, gran gurú de la gerencia norteamericana, publicaba La práctica de la gerencia, libro en el que por vez primera predicaba la “gerencia por objetivos”, en contraposición a una “gerencia por crisis”, en la que los ejecutivos se desempeñaban prácticamente sólo como apagafuegos espasmódicos. La gerencia por objetivos introducía racionalidad y serenidad en la gestión empresarial, al proporcionar dirección clara al esfuerzo gerencial.
El estilo administrativo del gobierno de Chávez pareciera ser, más bien, el de una «gerencia por sobresaltos». Ya no es que responde a crisis que emerjan autónomamente en su contexto, sino que las crea él mismo. Casi cada semana de las 478 transcurridas desde que Chávez llegara a la Presidencia de la República, ha habido uno o dos incidentes sorprendentes, acompañados de la consiguiente tensión. No ha habido paz en la república en los últimos nueve años.
La condición descrita, que perturba de insidioso modo la psiquis de la nación—evidentemente neurotizada, como se manifiesta en una conducta social cada vez más agresiva—puede ser asimilada a la condición médica que se conoce como hemorragia por capas, característica de ciertas dolencias agudas del tracto digestivo. Ante ella, los médicos están seguros de que ocurrirán sucesivos episodios hemorrágicos, pero ignoran dónde se producirán.
Es así con este gobierno: un día la atención está puesta sobre los peligrosos roces con Colombia; al día siguiente, la implantación de una reforma curricular ideologizante conmueve a la nación; entonces se anuncia la estatización del sector cementero, luego de reventar las denuncias sobre el latifundismo de los Chávez en Barinas; al otro día las denuncias se reorientan para poner al ex Fiscal General en la mira, en espectáculo de un mitómano reconocido (Giovanny Vásquez); entonces unas decenas de encapuchados toman y paralizan a la parroquia 23 de enero (Chávez, que prefiere se tenga a las FARC por “beligerantes”, se refirió a esos revoltosos como “terroristas”); a esto se superpone la estatización de SIDOR, etcétera, etcétera, etcétera.
Este proceso sin fin no ocurre sin contradicciones, las que a veces se suceden con ritmo interdiario. Poco después de que Chávez emitiese el ucase inapelable de la estatización del cemento, llega a leerse que la orden sólo se refiere a las empresas cementeras que antes eran de la nación y fueron privatizadas. (“Nosotros sólo vamos a nacionalizar lo que fue privatizado, las grandes cementeras que se llevaron casi regaladas, las plantas que fueron propiedad del Estado”, dijo Chávez a la gente de Cementos Catatumbo en Maracaibo, donde Estaban Pineda Belloso, el jeque omnímodo del diario Panorama, aliado del gobierno, tiene un interés importante. El reporte no proviene del “terrorismo mediático” de Globovisión, sino de la propia Agencia Bolivariana de Noticias). Pero es que prácticamente toda la industria nacional del cemento estuvo siempre en manos privadas. (Tan sólo Cementos Caribe estaba en manos de FOGADE cuando fue adquirida por Holcim, la cementera suiza, y originalmente era una empresa privada).
O dice Chávez con no poco orgullo el pasado domingo, cuando invita a la “burguesía nacional” al diálogo, que la Cámara de la Construcción está muy satisfecha con las perspectivas de su sector en el breve plazo, y entonces uno no entiende cómo es que se estatizará el cemento, y ahora la producción de acero, porque presuntamente no hay ni cemento ni acero en cantidades suficientes al mercado interno, pues los empresarios del acero y el cemento preferirían vender sus productos en el exterior. (Si esto fuera así, ¿cómo pueden los empresarios de la construcción anunciar alegres perspectivas?) O el gobernador del estado Bolívar, en celebración de la medida contra la argentina Ternium, accionista mayoritaria en SIDOR declara que “en Venezuela no hay peligro de que la inversión privada se vea afectada”. Bueno, Ternium ha sido afectada de inmediato; no sólo venía perdiendo diariamente 3 millones de dólares con la huelga que paralizó a SIDOR, sino que sus acciones experimentaron una marcada pérdida de valor con el mero anuncio del takeover gubernamental. (SIDOR es, al menos, la cuarta parte del negocio total de Ternium).
O cuando Ramón Cañizales, Vicepresidente Ejecutivo de la República, pretexta el arrebatón a Ternium porque esta empresa mantendría ante sus trabajadores “una actitud colonizadora, radical, inflexible, arrogante, irrespetuosa, antiética, inhumana”, y les somete a una semiesclavitud, acto seguido indica, sin el menor empacho por su propia contradicción, que pudiera ejecutarse “un esquema en el que no se descarta mantener a Ternium con un paquete minoritario de acciones”. Es decir, que el gobierno revolucionario de los pobres, adalid de los trabajadores, vería con buenos ojos que Ternium, presuntamente responsable de tan horribles cosas, continúe siendo su socia. (O cómplice, dado que habría delito de lesa humanidad hacia los obreros).
Debe reconocerse, al menos, que las indemnizaciones acordadas por el gobierno a los antiguos dueños de las empresas estatizadas—La Electricidad de Caracas, CANTV, las petroleras de la Faja del Orinoco (con la notoria excepción de Exxon-Mobil)—hasta ahora han parecido ser satisfactorias para los despojados. Es de esperar, pues, que Ternium reciba una compensación más o menos adecuada, si es que la estatización de SIDOR sigue adelante. (La empresa confía en que el gobierno argentino logre revertir la decisión, pero esto no sería fácil, sobre todo cuando los trabajadores la han recibido con beneplácito y Ramón Machuca, Presidente de SUTISS y pretendiente a la gobernación de Bolívar, tendría tanto que perder en una marcha atrás). Y no todos los analistas internacionales se asustan; Gianfranco Bertozzi, de Lehman Brothers, escribe hace poco en un informe: “Las adquisiciones gubernamentales de las industrias cementeras y del acero serán empleadas para insuflar nuevo aliento a la construcción en Venezuela”.
¿Será por esto que la Cámara de la Construcción, según Chávez, está tan optimista?
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Lo cierto es que ya los ejecutivos de publicidad de Venevisión—al admitir que sólo PDVSA ha colocado recientemente 40 millones de bolívares fuertes de inversión publicitaria en esa televisora—pueden predecir los picos de la publicidad gubernamental a corto plazo, anotando simplemente las boutades presidenciales y sus contradictorios efectos, pues cada vez debe hacerse un trabajo posterior de explicación y corrección de la opinión pública, labor a la que antaño debieron aplicarse con denuedo Luis Miquilena y José Vicente Rangel. (Por el lío con Exxon-Mobil, un día íbamos a suspender los envíos de petróleo a los Estados Unidos, y al día siguiente se explicó que no había planes de hacer tal cosa. Nueve batallones con apoyo blindado se despachó a la frontera con Colombia, para que a la reunión del Grupo de Río en República Dominicana el presidente Chávez llegara en actitud de pacífico cordero. Estatizaremos las cementeras, y veinticuatro horas más tarde se explica que la medida sólo pesaría sobre las empresas “privatizadas”).
¿Tiene el gobierno cómo administrar eficientemente las responsabilidades que adquiere crecientemente, luego de que agita laboralmente para crear la coartada de las estatizaciones? Uno puede intervenir quirúrgicamente un cuerpo atlético, pero si al tiempo que se le trepana el cráneo se le reduce una fractura de consideración, y se le reseca un pulmón y también el bazo, y se le extirpa medio intestino delgado y todo el páncreas y se le hace un extenso injerto de piel, en cuanto se procure extirparle una espinilla en la espalda es muy probable que el paciente muera por shock. Es demasiado trauma para tan breve tiempo.
Desbocado en su afán de controlar prácticamente toda esfera de la vida nacional, especialmente en la economía, el gobierno no puede deglutir, no digamos digerir, todo lo que come. Su tren ejecutivo no es muy amplio, a juzgar por los frecuentes enroques de las mismas caras. Por otra parte, la capacidad profesional de sus colaboradores, con honrosas excepciones, pareciera definirse por su conocimiento de la jerga que Andrés Oppenheimer bautizara como “marxista-narcisista”. No hay en el gobierno capacidad gerencial para administrar su recrecido volumen, verdaderamente tumoral.
En lo que llevamos de gobierno chavista el Estado venezolano ha recibido ingresos que se acercan a la cifra de 700 mil millones de dólares (incluyendo en ella el endeudamiento), y la infraestructura nacional permanece prácticamente idéntica a la de 1999. Escribe Gregorio Sampsa: “Relación de las principales ‘grandes’ obras entregadas por el Gobierno: el Hospital Cardiológico Infantil, 80 millones de dólares; el ramal ferroviario Cúa-Caracas, 600 millones de dólares; el Puente sobre el río Orinoco, 360 millones de dólares; la Línea 4 del Metro de Caracas, 340 millones de dólares; el Metro de Valencia, 320 millones de dólares; el Metro de Maracaibo, 300 millones de dólares; la ampliación del Aeropuerto Simón Bolívar, 40 millones de dólares; el nuevo viaducto Caracas-La Guaira, 60 millones de dólares”. Comenta Sampsa: “El total de lo invertido en las ‘grandes’ y emblemáticas obras de este gobierno suma alrededor de 2.100 millones de dólares”, y compara esa magnitud con las de grandes proyectos de ingeniería internacionales, para informarnos que lo invertido en los nueve años de Chávez ni siquiera habría cubierto el gasto por movimiento de tierra del nuevo aeropuerto de Hong Kong. ¿En qué se han ido 698 mil millones de dólares no empleados en infraestructura? ¿Por qué es que PDVSA tiene que endeudarse para acometer el aumento de su potencial de producción?
En verdad, el gobierno—Chávez—fabrica ideas fantasiosas por minutos, y en su torpe y corrupta ejecución va dejando atrás una estela de gallineros verticales, núcleos endógenos y ejes Orinoco-Apure inconclusos. (De los proyectos reseñados por Sampsa, además, todos fueron concebidos y planificados por gobiernos anteriores, con las salvedades del Cardiológico Infantil y el viaducto de la Autopista Caracas-La Guaira, requerido este último porque el antiguo se derrumbó).
Ahora, pues, a la producción y venta de petróleo y gas, a su creciente papel agrícola-ganadero (32 fincas amanecieron hoy militarizadas en el Valle del Río Turbio), a la función docente, a la policía nacional, a su liderazgo antimperialista de alcance planetario, a la función pulpera de los mercales y pdvales, a la distribución de electricidad, al servicio de telefonía, y a todo el resto de la enorme carga que pesa sobre los hombros de un gobierno con veintitrés ministerios, quiere añadir también la producción de cemento y la de acero.
El desempeño gubernamental, aquejado de elefantiasis, ha sido terrible. No hay indicador casi que pueda exhibirse en progreso respecto de gobiernos anteriores, mientras la delincuencia prospera, así como la inflación y la devaluación de la moneda. Sobre todo, la corrupción ha alcanzado cotas hasta ahora desconocidas.
Si Hugo Chávez, que a juzgar por otras señales—no ha vuelto a insultar a Uribe Vélez, por ejemplo, o dice que seguirá procurando la liberación de rehenes en poder de las FARC pero en silencio, discretamente (¡a buena hora!), o indica que el gobierno no lleva prisa con lo del currículum “bolivariano”—pareciese encontrarse en fase reflexiva (ha leído encuestas y enfrenta próximas elecciones), incluyera en sus cavilaciones una evaluación de su propio gobierno, pudiera percatarse de que, por menos de la mitad de los desaguisados que ha protagonizado o permitido, él mismo se alzó contra Carlos Andrés Pérez en 1992.
En medio de su delirio, de su verborrea incesante, pudiera darse él mismo un respiro y entender lo difícil que es gobernar con buenos resultados. La soberbia lo llevó a pretender erigirse en juez de la democracia, en paladín justiciero que arreglaría lo que el gobierno de Pérez y los de sus predecesores habrían descompuesto, e intentó un golpe de Estado que por fortuna fracasó.
Si él fuese en estos días un teniente coronel activo, con mando sobre tropas y la misma ideología confusa y arrogante que había logrado absorber para 1992, con su misma disposición abusiva, ¿no tendría que alzarse hoy para deponerse a sí mismo?
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