Cartas

Sobre la materia de la reelección presidencial (ahora la de todo funcionario electo), se ve uno tentado a copiar una frase de André Gide que el editor Rafael Poleo ha convertido en lema: “Todas la cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo”.

He aquí, por ejemplo, una larga autorreferencia de hace año y medio (Carta Semanal #246 de doctorpolítico, del 19 de julio de 2007):

“Bueno, ahora se cocina una reforma constitucional. El protomonarca Chávez ya no está contento con a melhor constituçao de mondo, que todavía no ha cumplido ocho años. Ha declarado a la reforma uno de los ‘motores’ de la revolución socialista. La bujía de este motor, es la intención manifiesta, consiste en la posibilidad de reelegir indefinidamente —‘continuamente’, diría Cilia Flores—al presidente en ejercicio. Esto es, la conversión del cargo a tiempo fijo en un privilegio vitalicio.

De adoptar la noción central de la democracia, que el pueblo es soberano, ¿hay en esa proposición una violación de tal principio? Pues no; la posibilidad de reelección indefinida no atenta contra ningún derecho humano, como tampoco la duración del período presidencial ha sido negociada por Venezuela en ningún tratado válido con otro Estado. Si el pueblo es soberano, no limitado por otro poder, y si no viola derechos humanos o convenios internacionales, en principio puede elegir a quien quiera por el tiempo que quiera.

La Presidenta de la Asamblea Nacional ha hecho frecuentes y recientes declaraciones sobre el tema, del que parece haberse apoderado o, al menos, erigídose en vocera principal. (Algo tiene que hacer para reparar la vergüenza de la sesión con los estudiantes que la dejaron balbuceando, muerta de la rabia). Por ejemplo, ha argumentado que la reelección indefinida-continua-vitalicia sólo debe ser prerrogativa del Presidente de la República; no debiera, en su criterio, concederse esta posibilidad a un gobernador o un alcalde. Luego, ha dicho que la ciudadanía no debe preocuparse, puesto que la alternabilidad estaría salvada al término de cada período, cuando candidatos distintos al presidente incumbente pueden disputarle el cargo en una elección libre. (Además de que es posible revocarle el mandato por referendo especial a mitad de período).

En la primera aseveración está equivocando el fundamento mismo de la idea de reelección indefinida. Como hemos apuntado, no se trata de un derecho de los presidentes en ejercicio tanto como de un derecho del Soberano. Si este último no existiera, la posibilidad de reelección repetida ad nauseam no tendría sentido. En el caso de gobernadores, alcaldes o algún otro cargo electivo, el pueblo, el Soberano, tiene exactamente el mismo derecho de elegir a quien quiera cuantas veces quiera. No hay, pues, razón para conceder sólo al Presidente la posibilidad de reelección.

La cosa llega al verdadero quid de la cuestión al entrar en la consideración de la alternabilidad, principio constitucionalmente consagrado. El problema es que quien está ahora en el poder no es Raúl Leoni o Ramón Velásquez; es Hugo Chávez. Este ciudadano juega el juego de la Realpolitik llevado hasta sus últimas consecuencias; es decir, empleará todos los medios a su alcance para preservarse en el poder.

La historia venezolana no registra un caso de ventajismo tan sistemático y extenso como el protagonizado por Hugo Chávez. Todo el aparato propagandístico del Estado, acrecentado enormemente desde 1999 por el creciente control de medios radioeléctricos e impresos—sin contar la profusión de vallas publicitarias y volantes y panfletos de toda índole, o las cadenas de radio y televisión—está puesto al servicio de un obsceno culto a la personalidad de Hugo Chávez. Una elección en la que éste participe como candidato desde el ejercicio de la Primera Magistratura será verdaderamente asimétrica (como ya lo ha sido), y cualquier contendor que se le oponga estará en considerable desventaja. Al tsunami mediático con el que monopoliza la noticia, la propaganda, la mentira, añádase los discursos rojos-rojitos de Rafael Ramírez, los juramentos militares de ‘patria, socialismo o muerte’, las listas de Tascón, las amenazas de Iris Varela, el control del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, el manejo de la cedulación y los impedimentos que varios despachos gubernamentales interponen en el curso de candidaturas opositoras. La alternabilidad democrática de la que habla Cilia Flores es tan ficticia como la ficción contractualista de John Rawls.

Con frecuencia se dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Esto es, obviamente, una afirmación injusta. Los pueblos no determinan los candidatos entre los que deben optar, ni tampoco las condiciones reales de una campaña electoral. Por más que, en principio, sea una potestad soberana la de reelegir a un mandatario indefinidamente, es altamente prudente, sobre todo en el caso venezolano actual, proteger al propio Soberano de los abusos de un presidente ventajista y sucio”.

Más sucintamente, pudo leerse en el número anterior (#314, del 4 de diciembre de 2008) esto:

“Puede admitirse, por supuesto, que el Soberano debe preservar su derecho absoluto de reelegir a quién le dé la gana cuantas veces quiera; para eso es Soberano. Pero lo que esta misma Corona estimó saludable estipular en 1999—en ‘la mejor Constitución del mundo’, decía HacheChé entonces—es que el Presidente de la República no fuera más de una vez reelegible. Sabiamente, consideró que el Primer Magistrado de la Nación dispone de mucho poder y recursos muy considerables, que hacen verdaderamente asimétrica y ventajosa su participación como candidato en una contienda electoral. Y eso que todavía entonces no habíamos sido testigos del más obsceno y abusivo ventajismo de presidente alguno en nuestra historia, como es el dirigido de modo tan pertinaz por HacheChé”.

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Lo antedicho es el meollo de la cuestión. Resulta ser una falacia argumentar que con la actual previsión constitucional—en el Artículo 230: “El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un período adicional”—el Soberano resulta limitado en sus derechos, como aducen, entre otros cantores de la Coral Hugo Chávez Frías, la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y Cilia Flores, Presidenta de la Asamblea Nacional. Lo que decidió el Soberano el 15 de diciembre de 1999 es que, a pesar de que sin duda era su soberano derecho la elección de quien quisiese como mandatario, prefería limitar las veces que podía reelegirse un presidente en ejercicio. En esta decisión, perfectamente soberana, no hacía otra cosa que atender a la advertencia del propio Simón Bolívar, que ya casi sabemos de memoria los venezolanos: “…nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerlo y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía”.

Es, por tal razón, enteramente falaz la afirmación que hiciera la magistrada Morales Lamuño en su redacción de la sentencia 1.488 de la Sala Constitucional (28 de julio de 2006) del Tribunal Supremo de Justicia, en la que pone: “la Sala reitera que la reelección no es tan sólo un derecho individual por parte del pasible de serlo, sino que además es un ‘(…) derecho de los electores a cuyo arbitrio queda la decisión de confirmar la idoneidad o no del reelegible, y que al serle sustraída dicha posibilidad mediante una reforma realizada por un poder no constituyente, se realizó un acto de sustracción de la soberanía popular, quedando dicha posibilidad de forma exclusiva, y dentro de los límites que impone a todo poder los derechos humanos, inherentes a la persona humana, al poder constituyente, el cual basado en razones de reestructuración del Estado puede imponer condiciones o modificar el ejercicio de derechos en razón de la evolución de toda sociedad así como de la dinámica social. (…) No puede entonces, alterarse la voluntad del soberano, por medio de instrumentos parciales y que no tengan su origen en el propio poder constituyente, es a él al cual corresponde la última palabra, teniendo como se ha dicho como único límite, los derechos inherentes a la persona humana y derivados de su propia dignidad  (…)’.”

No existe ninguna “reforma realizada por un poder no constituyente” que haya sustraído “la soberanía popular”. No ha habido, en esta materia de la posibilidad de reelegir indefinidamente a mandatarios o legisladores nacionales, estadales o municipales, ningún “instrumento parcial” que haya alterado “la voluntad del soberano”. Absolutamente todas las normas que rigen este asunto son de rango constitucional, emanadas de la redacción de un poder constituyente (la Asamblea Constituyente de 1999) y decretadas por referéndum popular del 15 de diciembre de ese año. (Ya, por supuesto, la Sala Constitucional presidida por Morales Lamuño nos ha acostumbrado a sus tramposos razonamientos, como el que mutilara el sentido clarísimo del Artículo 42 de la Constitución en la infame decisión 1.265 del 5 de agosto de 2008, por la que sostuvo la “constitucionalidad” de las inconstitucionales inhabilitaciones políticas que produjo el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián. Si algo es un “instrumento parcial” es justamente una decisión como ésa; todas las sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia son, por definición e independientemente de su justicia, “instrumentos parciales”).

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La trayectoria de este nuevo intento de Hugo Chávez por convertir su peculiar presidencia en monarquía vitalicia ha sido particularmente tortuosa. Cuando buscó por primera vez, en 2007, lograr la posibilidad constitucional de reelección indefinida, la quería para él solo. Las postulaciones que a este respecto hacía entonces Cilia Flores, referidas al comienzo, no hacían otra cosa que repetir en coro lo que ya el propio Hugo Chávez había dicho. El 23 de julio de 2007 reportaba María Lilibeth Da Corte en El Universal lo dicho por Chávez, poco antes de comenzar desde el estado Vargas su abuso dominical #287, respecto de una proposición de Podemos y PPT para ampliar la reelegibilidad a gobernadores y alcaldes: “No, no y mil veces no. Si aquí hay reelección continua debe ser sólo para el Presidente”.

Esta falta de consistencia fue destacada en el #248 de esta publicación (2 de agosto de 2007): “Pero lo que verdaderamente busca Chávez es la modificación del Artículo 230. Como se ha arrogado, desde hace mucho tiempo, el privilegio de la inconsistencia, se ha opuesto en días pasados a la reelección indefinida de alcaldes y gobernadores con el cómico argumento de que los mandatarios locales sólo buscarían ¡perpetuarse en el poder!” En efecto, argumentaba inconsistentemente entonces el Presidente de la República, conceder a gobernadores y alcaldes la posibilidad de reelegirse “continuamente”, para usar el eufemismo de Cilia Flores, conllevaba el riesgo de consagrar caudillos eternos, que es exactamente lo que él procura ser.

Ahora, como sabemos—después de prometer que respetaría la voluntad popular que se expresara el 2 de diciembre de 2007 (que negó específicamente, entre otras cosas, la reelección indefinida); después de decir, a raíz de las elecciones del 23 de noviembre del año pasado, que no promovería la enmienda que ahora nos amenaza; después de “dar su permiso” al PSUV y al pueblo (en ese orden) para que introdujeran su proyecto por iniciativa popular y de que tomara al final el camino de la Asamblea Nacional (al percatarse de que no lograría las firmas necesarias; si hubiese más de cuatro millones de firmas a su favor ¿para qué se necesitaba a la Asamblea?); después de que considerara urgentísima (“La vía de la Asamblea Nacional tiene una ventaja: que es más rápida”) una modificación constitucional que no sería, en todo caso, requerida antes de cuatro años enteros—, Hugo Chávez estima que debe abrirse la reelección indefinida también a los alcaldes, los gobernadores, los diputados a la Asamblea Nacional y los miembros de los consejos legislativos estadales. ¿No habíamos quedado en que tal cosa sólo aseguraría la entronización de caudillos que buscarían perpetuarse en el poder?

Pero allí no acaba la tortuosidad del asunto, verdadero irrespeto a la inteligencia de los ciudadanos venezolanos. Ahora anuncia la corista mayor, Cilia Flores, cuál sería la fraudulenta redacción de la pregunta que sería sometida a referéndum. Según Flores, estaba en borrador la redacción que planea introducir mañana la Asamblea Nacional al Consejo Nacional Electoral: “¿Aprueba usted la ampliación de los derechos políticos de las venezolanas y los venezolanos en los términos contemplados en la enmienda de los artículos 230, 160, 174, 192, 162 tramitada por iniciativa de la Asamblea Nacional, al permitirse la postulación para todos los cargos de elección popular de modo que su elección sea expresión exclusiva del voto del pueblo?”

(En orden estricto, el artículo 160 se refiere a la reelección de gobernadores, el 162 a la de los miembros de los consejos legislativos estadales, el 174 a la de los alcaldes, el 192 a la de los diputados a la Asamblea Nacional y el 230, por supuesto, a la del Presidente de la República. Los “legisladores” nacionales alteraron ese orden para dar lugar preferente a los cargos ejecutivos—Presidente, Gobernador, Alcalde—y ponerse al final, precediendo, naturalmente, los diputados de la Asamblea Nacional a los miembros del Consejo Legislativo de cada estado).

Esa redacción es flagrantemente tramposa. En primer lugar, presenta lo que es una desbocada e interminable apetencia de poder como una presunta “ampliación de los derechos políticos” de los venezolanos. No hay tal cosa; ya se precisó que fuimos los mismos venezolanos quienes decidimos, el 15 de diciembre de 1999, que se limitara a esos mandatarios y legisladores. En nada aumenta nuestros derechos políticos esa trapacería.

Luego, es aun más insidiosa la sugerencia de que decretar la reelección indefinida haría que la elección de “todos los cargos de elección popular” fuese “expresión exclusiva del voto del pueblo”, como si ahora no lo fuera. Desde 1947, con la interrupción de las dictaduras de la década 1948-58, las elecciones en Venezuela han sido “expresión exclusiva del voto del pueblo”. La estafa de las enmiendas—porque ahora son más de una, en torpe intento de disimulo y captación de voluntades apetentes—en ningún caso convierte a las elecciones venezolanas en “expresión exclusiva del voto del pueblo”, puesto que ya lo son. Es absolutamente imposible transformar una roca en una roca, o un ser humano en un ser humano. Lo que pretende la redacción anunciada por Cilia Flores es, más bien, el intento de convertir la total concesión a un desmedido apetito de poder en una pregunta aparentemente inocua y desprendida, pero realmente fraudulenta y peligrosa.

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Antes de que la faramallería de Hugo Chávez y la coral que lleva su nombre extendieran la reelegibilidad a cada funcionario o legislador elegible, y camuflaran su real intención con la mentira de la “ampliación de los derechos políticos” ciudadanos, las encuestadoras conocidas indicaban todas que aquél volvería a perder un referéndum. De hecho, son esas mediciones de la opinión pública sobre el tema lo que motivó el más reciente intento de estafa. (Bernard Madoff, que hizo perder a mucha gente un total que supera los cincuenta mil millones de dólares, es un niño de pecho ante la pretensión de estafar a dieciséis millones y más de electores venezolanos). Es demasiado temprano para saber qué mella pudieran haber hecho, en la terca disposición del pueblo a decir una segunda vez no a la ambición continuista de Hugo Chávez, disfraces tan burdos.

Pero el pueblo no es idiota. Precisamente, uno de los aceleradores del triunfo electoral de Chávez en 1998 fue la trapacería de los partidos dominantes de la época, que habiendo reunido en un solo acto la elección presidencial y las elecciones de gobernadores (en reforma a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de diciembre de 1997), a mitad del año siguiente volvieron a separarlas con la esperanza de edificar un cerco regional a la Primera Magistratura Nacional, que ya para ese entonces se suponía Chávez alcanzaría. La maniobra fue tan descarada que resultó ser un tiro por la culata: su resultado fue un empujón repentino a la candidatura Chávez en las encuestas, y las elecciones estadales de noviembre, en las que hubo una impresionante presencia del Movimiento Quinta República, fueron un preludio de lo que ocurriría en diciembre de 1998. (Valga la ocasión para recordar que Luis Alfaro Ucero, Secretario General de Acción Democrática y su candidato presidencial antes de ser desconsideradamente defenestrado, se opuso decididamente al chapucero viraje de ciento ochenta grados. Con todo lo que pudiera criticarse, entonces y ahora, a su implacable manejo político, Alfaro Ucero era, como lo puso escuetamente Luis Herrera Campíns, “un hombre serio”).

Ahora estamos en situación similar. El pueblo asiste, desengañado, al frenético maniobrar del régimen en procura de su duración eterna. (Un Reich que dure mil años). Que Hugo Chávez llegue a creer que los disfraces vestidos a última hora servirán para engañar al pueblo, es un signo de su desprecio por ese mismo pueblo al que dice servir y acatar.

En plan operativo, Chávez ha procurado, como siempre, arengar e instruir a sus huestes, ésas que, por ejemplo, destrozan ofrendas florales que otros osen presentar a la estatua del Libertador. En el caso que nos ocupa, dijo el 10 de los corrientes (en el acto de transferencia del satélite Simón Bolívar): “El principal enemigo a vencer para nosotros es la abstención. Así lo considero yo. Por ejemplo en Guárico hay que buscar abstención cero, porque aquí tenemos más del ochenta por ciento de apoyo a la gestión del gobierno revolucionario. Es decir, por cada diez personas que vayan a votar, ocho son nuestras. Entonces, la abstención es el enemigo”.

Esta admonición lleva un doble propósito. Por un lado, el obvio de defenderse de la abstención de quienes habitualmente lo apoyan, factor que en gran medida determinó su derrota del 2 de diciembre de 2007. Por el otro, su creencia de que esa declaración de que la abstención es su enemigo puede llevar a algún opositor poco inteligente a concluir que no debe votar. (“Si la abstención es el enemigo de Chávez, entonces debemos abstenernos”). Como siempre, una conducta abstencionista sería una estupidez de marca mayor. Una abstención de cincuenta y seis por ciento permitió que la Constitución, que ahora Chávez busca remendar, fuera aprobada en diciembre de 1999 por sólo el treinta por ciento de los electores de la época.

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Las cosas aquí dichas deben ser expuestas, en conjunto, a un pueblo más que capacitado para entenderlas y más que dispuesto a aceptarlas. La técnica comunicacional de costumbre de los opositores a Chávez es la de intentar la refutación de su discurso a base de ráfagas de argumentos cortos, en mensajes demasiado breves (cuñas de televisión o de radio). Para refutar adecuada y eficazmente a la grosera pretensión de la enmienda que le abriría las puertas al mando vitalicio, no obstante, será bueno emplear mensajes y análisis de mayor duración. Si la sabiduría publicitaria convencional recomienda espacios breves, en este caso debe reconocerse la conveniencia de espacios mayores. Hay circunstancias en las que una presentación de duración suficiente se hace necesaria. Sin ir muy lejos, en la reciente campaña presidencial de los Estados Unidos, Barack Obama consideró útil, atinadamente, reservar un espacio de media hora para una convocatoria de cierre en tiempo preferencial. Lo mismo debe disponerse ahora en Venezuela. Eso sí, que el mensaje sea transmitido por una voz nueva y creíble.

Decía la edición 309 de esta publicación (30 de octubre de 2008): “…la contrafigura viable no podrá tener ni rabo de paja ni techo de cristal. En particular, no debe ser asimilable a una vuelta al pasado pre-chavista, a lo que inexactamente se entiende por ‘Cuarta República’. Menos todavía debiera ser posible tildarla de elitista. Quien quiera asumir la misión no deberá entenderse como parte de una ‘gente decente y preparada’ que desprecie la venezolanidad, como más de uno que denuesta frecuentemente del gentilicio y se presume ‘material humano’ superior al de la mayoría de sus compatriotas. Aparte de su injusticia e incorrección intrínsecas, el tufo de una orientación aristocratizante se distingue a cien kilómetros de distancia y no es apreciado”.

LEA

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