La Folha de Sao Paulo ha publicado una entrevista exclusiva al ex presidente norteamericano James Carter, en la que augura mejores relaciones entre los Estados Unidos y las repúblicas de América Latina. Para Carter, “Latinoamérica será mucho más importante para Estados Unidos de lo que ha sido en los últimos ocho años, un período en que la Casa Blanca virtualmente sólo cometió errores”.
Carter saludó lo acontecido en la cumbre de Trinidad, en la que Barack Obama “dejó la puerta abierta para Cuba y tendió la mano a Bolivia, Ecuador y Venezuela”. Hizo, sin embargo, una excepción: “Veo disposición de dialogar con Obama en todos los países de la región, Nicaragua exceptuada. El discurso del presidente Ortega en la Cumbre de las Américas fue muy negativo”.
Apartando esta salvedad, Carter predicó la mayor amplitud del gobierno de su país: “No creo que se trate de una disputa para subvertir las relaciones de ciertos países con Venezuela o Bolivia. Tenemos lazos de respeto con la región y no opinamos sobre qué hacen o dejan de hacer los países. Además, no somos enemigos de China ni de Rusia, y no deberíamos ser enemigos de Irán. Obama quiere una buena relación con todos”.
Por supuesto, no faltarán quienes denuncien esta postura como entreguismo romántico, en el mejor de los casos, o como traición a los ideales estadounidenses de libertad. Para comentaristas de este tipo, la posición de Carter es fácilmente comprensible: el ex presidente de los Estados Unidos habría cohonestado un fraude electoral en Venezuela en 2004, cuando su fundación era socio observador electoral de la Organización de Estados Americanos.
Nadie cree eso en el exterior, no obstante, y cada vez menos gente sostiene esa leyenda urbana en Venezuela. (Ya en 2005, Alejandro Plaz, alto directivo de Súmate, admitió, ante asedio insistente de Pedro Pablo Peñaloza que le entrevistaba para El Universal, que no se había podido demostrar ese presunto fraude y que tampoco se podría en el futuro).
Ahora pudiera ganar el gobierno de Chávez otra batalla de opinión internacional. Manuel Rosales se ha asilado en Perú para no someterse a jueces que responderían a intereses políticos del gobierno, pero éste puede ahora mostrar que busca el enjuiciamiento de Juan Barreto, el antecesor de Antonio Ledezma en la Alcaldía Metropolitana, por presuntos delitos parecidos a los imputados a Rosales. Añádanse a este vistoso caso los procesos contra Raúl Isaías Baduel, ex Ministro de Defensa, Eduardo Manuitt, ex gobernador de Guárico, y Carlos Giménez, ex gobernador de Yaracuy, y el gobierno podrá decir que en su lucha contra la corrupción va contra un opositor mientras va contra cuatro que militaron en sus filas y gobernaron bajo Chávez.
En un sitio web afecto al “proceso”, puede leerse artículo de Natalí Vásquez denunciando la acusación de Giménez como maniobra contrarrevolucionaria. (http://www.aporrea.org/ideologia/a53988.html)
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