LEA, por favor

Esta Ficha Semanal #264 de doctorpolítico es debida a la gentileza del Ing. Aurelio Useche, que prestó a quien escribe un estimulante libro de Jorge Olavarría: La revolución olvidada. (Fundación Olavarría, 2008). Con el préstamo vino una instrucción específica: buscar la glosa que hace Olavarría, junto con numerosos fragmentos del mismo, del discurso del Dr. Ángel Biaggini, abogado y ministro, con ocasión de presentar al país lo que habría sido su programa de gobierno el 1º de octubre de 1945. La ficha se construye con casi todos los trozos del discurso reproducidos por Olavarría; a pesar de haber prescindido de cuatro que abundan sobre el tema agrario—tema predilecto de Biaggini, quien era entonces Ministro de Agricultura y Cría y el diseñador de la reforma agraria del gobierno de Medina Angarita—esta entrega es atípicamente larga. De todas formas, el discurso merece un espacio que no puede negársele sin atentar contra la comprensión de la visión integral que tenía entonces el frustrado candidato.

Diecisiete días después de la lectura del discurso en el Teatro Municipal, se desataba un golpe de Estado contra el presidente Medina, en trágica decisión que alteró un cauce de indudable progreso material y político de nuestro país. Como es sabido, el partido Acción Democrática, aliado con militares de las nuevas promociones, insurgió contra Medina para dar lugar a lo que nuestra historiografía política conoce como el Trienio Adeco. Los mismos militares le darían fin en 1948.

La evaluación histórica de aquel hecho es cuestión que divide las opiniones, pero Olavarría hace una consideración muy pertinente acerca del programa de Biaggini, candidato de emergencia al manifestarse la insania de Diógenes Escalante, a quien Acción Democrática había acordado apoyar: “Leído cincuenta años después, este documento se revela, a quien lo lea con ánimo desprejuiciado, como un notable proyecto de gobierno: progresista, serio, realista, posible, bien razonado y fundamentado, con una innegable estructura de ideas y propósitos auténticamente democráticos, lo cual lleva a pensar que, de haberse puesto en práctica en sus aspectos esenciales, habría significado para Venezuela un notable avance económico, político y social”.

Los cuatro fragmentos finales expuestos por Olavarría indican, por una parte, el conocimiento que Biaggini tenía de la objeción principal a su apresurada candidatura, a la par que su inocencia respecto de la conspiración que estaba en marcha mientras hablaba. El Dr. Biaggini, que tenía entonces veinte años de carrera política—desde que presidiera la Asamblea Legislativa del estado Táchira en 1925—se retiró de la vida pública a raíz del golpe que le impidió presidir nuestro Poder Ejecutivo. Murió en San Cristóbal en 1975.

LEA

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Programa de Ángel

[S]i en otra época de la vida venezolana, el ejercicio se consideró arbitraria regalía, las nuevas generaciones han insurgido contra aquella concepción y gobernar significa hoy ante todo servir; salir al encuentro de las necesidades del pueblo y usar sin vacilaciones los recursos todos del Estado para satisfacerlas en la mayor medida posible. El gobernante de hoy no puede ser orgulloso dispensador de bienes y de males porque la democracia reclama que sea el intérprete diligente de los anhelos colectivos. El pueblo está en la obligación de velar para que la labor del mandatario se discipline en tarea de rendimiento, no extralimite sus funciones y las someta siempre al canon regulador de la ley. De una democracia efectiva, el gobernante acata no sólo el ordenamiento legal positivo que define sus atribuciones y fija el límite de su mandato, sino también ese criterio imponderable que se llama la opinión pública.

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No concibo al gobierno como cenáculo estrecho y cerrado, sino como foro amplio y abierto a toda idea alta y a toda insinuación útil; y ya que mi partido no representa en la vida nacional un bloque exclusivista, en mi administración han de tener cabida holgada los hombres honestos y capaces, cualesquiera que sean sus compromisos políticos, a condición de estar identificados con los principios democráticos y asistidos de una voluntad inquebrantable de trabajar por el bien de la República.

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Juzgo que la buena política debe de ser amplitud nacional y de franca convivencia: el partido que personifica el gobierno, atento a que éste cumpla su programa; los de oposición, actuando de reguladores mediante una crítica incitante; pero tanto el uno como los otros, desposeídos de las estériles pasiones personalistas, animados sólo de una gran pasión: el amor a la Patria. Por eso, yo gobernaría con firmeza, pero sin rencor ni desconfianza; con permeabilidad mental suficiente para acoger lo viable y provechoso que señale la opinión, pero desdeñando sí, la voz confusa de la demagogia.

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El gobierno del presidente Medina se ha desenvuelto en un ambiente de completas libertades públicas: durante su administración los venezolanos han hablado y escrito sin trabas ni temores, y aún excedida en muchos casos esta garantía individual, tan ecuánime magistrado ha sabido ser tolerante. Pues bien, yo he de seguir tal línea de conducta porque conceptúo que es más útil y fecundo extremar la tolerancia que contener el vuelo de las ideas, dado que la libre expresión del pensamiento, bajo cualquiera de sus formas, constituye sólido baluarte de la democracia.

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En la vida actual de Venezuela se ha puesto en evidencia una gran verdad: la de que somos ya un pueblo apto para afianzar y practicar con mayor amplitud el sistema democrático. De allí que me afirme en la creencia de que ha llegado la hora de satisfacer la principal aspiración de los venezolanos: la intervención directa del pueblo en la elección de su Primer Magistrado. Por eso declaro, en forma solemne, que traicionaría a mi partido y al país si, en caso de ser llamado a regir los destinos de la nación, no interpretase aquel anhelo como un mandato expreso de propiciar cálidamente una reforma constitucional que establezca la elección de Presidente de la República por medio del voto directo y secreto.

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La elección directa de los diputados, medida harto progresista, ha de ser robustecida con el establecimiento de la incompatibilidad entre la función legislativa y otras de carácter público, y también se impone reorganizar la forma de trabajo del Congreso Nacional a fin de que resulte más eficaz la labor de este Alto Cuerpo.

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El municipio debe ser fortalecido en su aspecto económico, pues su autonomía no será efectiva mientras los ingresos no sean suficientes para atender a las necesidades locales. Este fortalecimiento lo capacitará para cumplir muchas labores de fomento urbano que hoy corren por fuerza de las circunstancias a cargo de los gobiernos nacional y estatales, y hará del municipio la verdadera célula de nuestra democracia.

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La principal garantía de los ciudadanos en sus bienes y en sus personas estriba en un poder judicial organizado, constituido por magistrados de insospechable honestidad, preparados suficientemente y libres de toda presión oficial y de cualquier indebido halago. De allí que el próximo gobierno deberá completar la reforma de la judicatura con este paso fundamental: el establecimiento de la carrera judicial, basada en el principio de la inamovilidad de los jueces y del ascenso por riguroso escalafón. La intervención del Estado en la vida económica del país hace necesario crear tribunales para lo contencioso administrativo, a fin de dar máximas garantías a los intereses de los particulares frente a las actividades de los organismos de la administración pública.

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La evolución cívica del país, que ha superado plenamente la época en que las peculiaridades del momento dieron motivo a una larga sucesión de ductores surgidos del Ejército, y que reclama hoy, por su indiscutible avance, igualdad de circunstancias para los civiles; las reformas hasta hoy realizadas y las que esbozo en este discurso, muy en particular la de elección directa del Presidente de la República, no serían posibles, ni se podrían mantener, si al presente no montase guardia, en la vela de nuestra soberanía y del orden interno, una fuerza armada que ya no es instrumento de un jefe ni de una casta, sino institución moderna al servicio de la República y de la Ley.

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La dirección de los destinos nacionales por un civil, lo que no acontece hace más de medio siglo, pondría aún más de relieve cómo es de absolutamente sincero el sentimiento apolítico del Ejército. La acción del gobierno respecto a los organismos militares tiene que estar inspirada en el reconocimiento y en la gratitud que nacen de esos hechos, y así, la nación es deudora de las fuerzas de tierra, mar y aire, de la permanente atención que ellas requieren para cumplir a cabalidad su gran misión en la vida del país.

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En la presidencia de la República me sentiría obligado, de manera especial, para con nuestra noble institución armada; me esmeraría en sostener el ritmo en el progreso de las armas, en conservar el constante ascenso de la cultura y moral de los servidores militares, y en procurar a éstos seguridad social y económica, pues comprendo que su elevada actitud de respeto a la Ley y de fuerza al servicio del derecho es inquebrantable soporte para la paz y el orden, y la mejor garantía para el éxito de la profunda transformación social que a paso firme nos conduce al triunfo definitivo de la democracia en Venezuela.

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…si proyectamos dar seguridad e independencia al empleado público es porque consideramos que nuestro partido no necesita acudir a recursos desacreditados para discutir con sus adversarios, en limpio juego democrático, la posesión legítima del poder.

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Sin perder la discreta noción acerca de las fuerzas nacionales, pienso que debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance para que las cuatro libertades rooseveltianas imperen sin excepción en la vida de todas las naciones y para que las normas de la vida humana asciendan incesantemente en el seno de la comunidad internacional.

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Esta transformación impone a las nuevas generaciones la ineludible empresa de restaurar el campo, ya que no debemos olvidar que Venezuela, país semicapitalista, hoy fuerte productor de materias primas procedentes del subsuelo, es por tradición nacida de la adaptabilidad de su pueblo al medio físico, un país agrícola y pecuario.

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[La industria venezolana requiere] la creación de un instituto que estudie las posibilidades industriales del país en sus aspectos más importantes: materia prima, capital y mercado y que, sin pretender absorberlas, inicie la instalación de nuevas empresas y proteja las existentes.

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Enfocado desde el ángulo que demanda el problema, éste debe ser considerado en sus grandes necesidades: vías de comunicación troncales, de penetración e interestatales; aprovechamiento de sus ríos en el triple aspecto del transporte, riego y fuentes de energía; mejoramiento de los puertos y construcción de aeródromos. Realizar este plan de conjunto simultáneamente con el desarrollo intensivo de determinadas zonas, en orden a su importancia, es la única manera de salvar en cortos años el espacio  que nos separa de los grandes pueblos modernos, pujantes y absorbentes por la energía de sus hombres y la extensión de su cultura.

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Las grandes causas de enfermedad y muerte en Venezuela son flagelos de carácter social, cuyo origen debe buscarse en las malas condiciones de vida, y todo programa de sanidad y asistencia social debe tener en cuenta esta noción fundamental, si se quiere lograr resultados perdurables, y por ello la acción de los despachos ejecutivos tiene que coordinarse en una lucha cerrada por elevar el tipo de vida hasta lograr que sus principales índices; alimentación, vivienda y educación acusen el punto deseado, ya que los tres son factores básicos en la campaña sanitaria. El saneamiento del medio físico es elemento de primer orden en esta campaña, y contribuirá por sí solo a disminuir considerablemente la mortalidad general en el país, pues una cuarta parte de esa mortalidad se debe a la falta de acueductos, cloacas y drenajes. El actual gobierno desarrolla una intensa labor en este sentido, pero el problema es de grandes dimensiones, y requiere de considerables recursos.

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Un plan de educación vasto y audaz que corresponda a los problemas nacionales y que atienda unitariamente y con igual predilección a todas las fases del proceso educativo, escuela liceo y universidad, integrándolos con invariable sentido de nuestra realidad en la vida y anhelo progresista de los venezolanos constituiría una de mis grandes preocupaciones de Magistrado. El afianzamiento de lo bueno hasta ahora realizado; el continuo adelanto de las formas de progreso en la enseñanza; la revisión de ciertas disposiciones que no han ofrecido los resultados que se esperaban y la realización integral de la reforma universitaria pueden considerarse como la síntesis del más conveniente programa educativo.

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[La universidad] debe ser una entidad autónoma, una unidad diferenciada, con escuelas cuyas especialidades respondan en general a las necesidades de desarrollo del país, y en particular a las características de determinadas regiones. Debe ser una universidad que a través de las diferentes escuelas se ubique científica y tecnológicamente en zonas de influencia sobre la geografía política del país; una universidad que forme profesionales de la ciencia al servicio de la dirección de la Patria y dé conciencia que eleve y fortalezca el espíritu nacional; una universidad que reciba las influencias exteriores de lo que la República necesite a la vez que ayude a enrumbar en todos los órdenes el proceso de la evolución nacional.

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[L]o que interesa como razón de gobierno es construir una nación moderna, vigorosa, capaz de redimirse con sus propias fuerzas.

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[El deporte] da vigor a la raza, genera contagiosa alegría, torna útiles los ratos de ocio, y afirma el sentimiento colectivo y cuanto se haga para difundirlo y protegerlo tiene el apoyo popular y está justificado plenamente, y de allí que tanto la construcción de estadios y demás locales especiales, con la ayuda moral y económica a las actividades deportivas debe figurar en todo plan de trabajo que en verdad consulte la conveniencia de la Nación.

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Ella [la Ley de Arancel de Aduanas] no ha de seguir siendo un simple medio de proporcionar recursos al erario gravando indebidamente aquellos artículos de primera necesidad que no estamos en capacidad de producir, sino un precioso instrumento para estimular y proteger el desarrollo económico.

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[S]in perjuicio del respeto que del orden económico debe guardarse a la iniciativa privada y a la igualdad de comercio, el Estado habrá de intervenir cuando se trata de prestar apoyo al constructivo esfuerzo particular y de amparar, a la vez, el derecho de los consumidores.

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Desde cualquier punto que se contemple el panorama económico de la República, es difícil concebir un rápido y grande incremento de la agricultura, la ganadería, y las industrias fabriles o mineras, sin el concurso del capital extranjero. Por tanto, es evidente que sólo una amplia garantía para este capital, como la que goza el venezolano, es la política que puede acelerar el progreso económico de la Nación.

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El gobierno debe contemplar con igual devoción el interés de los patronos y del obrero; sus relaciones han de estar presididas por el mutuo deseo de hacer cada vez más firmes las condiciones de trabajo y por el ánimo de solucionar, siempre por vías justas y legales, las posibles diferencias que surjan en la vida industrial de la Nación. Ha de garantizarse  la más libre y segura inversión de capitales, al mismo tiempo del más cabal y pleno ejercicio de los derechos obreros, pues sin tal garantía la acción del gobierno no puede ser fecunda porque no podría haber fe ni confianza ni justificación. De una vez quiero sintetizar mi pensamiento en relación con la política obrera: mejores condiciones de trabajo, seguridad social, cultura y una amplia libertad sindical.

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Las observaciones que he recogido en el medio rural venezolano, el estudio que he realizado acerca de sus complejos y variados problemas con ocasión de mis gestiones administrativas, y el hecho de que la población campesina constituye el 66% de la totalidad del país, me afirman y ratifican en el concepto que sobre la industria agropecuaria, fundamento de la economía nacional, ha de erigirse, de modo estable y consistente, el edificio de nuestro propio bienestar y prosperidad. Por consiguiente, pienso que, sin perjuicio de atender y ampliar todos los servicios públicos, por fuerza, la acción oficial—en máxima proporción—ha de enderezarse a eliminar las causas que retardan e impiden el progreso del campo.

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Si nuestra escasa producción agropecuaria y la ingente necesidad de incrementarla hasta darle el carácter de industria autóctona más próspera, no fuese motivo suficiente para emprender con sostenido esfuerzo la obra del resurgimiento económico-social del agro venezolano, la protección que en justicia merece nuestro campesino, quien ha sido en la historia del país el elemento sobre el cual han gravitado las mayores penalidades y que con insólita paciencia de la vida rural, justifica por sí sola el planteamiento de una política que quiera estructurar sobre nuevas bases la economía del campo.

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El cumplimiento de esta importante finalidad constituiría la actividad central de la administración que me tocara presidir, ya que comparto el concepto de quienes hacen descansar el engrandecimiento del país—por todos ambicionado—en la vitalización y mejora efectiva de los diversos factores que integran su medio rural. Muchos y variados aspectos comprende la conveniente realización de esta labor, y, para no extenderme en demasía, eludo detallar ahora los puntos que conducen a su adecuada solución, mas sí quiero esbozar las dos cuestiones esenciales que, a mi juicio,están íntimamente ligadas con el problema económico del campo: consiste la primera en el arraigo del hombre a la tierra; y estriba la segunda en el mejoramiento de las tres fases que integran el proceso de la explotación agropecuaria: producción, transporte y distribución.

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Es un hecho evidente que no obstante la vasta extensión territorial del país, existe en Venezuela un problema de tierras que ha motivado, en buena parte, el éxodo de la población campesina hacia la ciudad, y las constantes migraciones de grupos de labradores y criadores con el fin de reanudar en otros sitios sus interrumpidas faenas, como consecuencia de la inestabilidad que para ellos ofrece el cultivo del suelo ajeno. Las graves repercusiones económicas que se originan de tan lamentable estado de cosas, han puesto de manifiesto la inaplazable necesidad de procurar el remedio eficaz a ese peligroso mal que, aunado a las otras condiciones desfavorables dentro de las cuales se desenvuelve la vida campesina, influye notablemente en el decaimiento de nuestra agricultura y nuestra cría. Con miras a encontrar la adecuada solución al problema de la carencia de tierras confrontada por muchos de los hombres del campo, fue que el actual gobierno tomó la iniciativa de la Reforma Agraria, cuyo principal objetivo es transformar, en sentido progresista, la fisonomía y las características de la actividad rural integralmente considerada; obra renovadora que persigue la estabilidad del campesino en la tierra, por ser éste el punto que sirve de soporte a la tarea de mejoramiento en los otros órdenes.

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La política de puertas abiertas a la inmigración, instaurada por el gobierno del presidente Medina, debe ser mantenida para contribuir con ese movimiento espontáneo de hombres de buena voluntad a la solución de nuestro problema demográfico. Sería un error confiar únicamente una tan gran tarea a la inmigración dirigida. La historia de otros países nos enseña que los grandes núcleos pobladores llegaron a sus playas por propia inclinación, contando sólo con su esfuerzo personal para abrirse paso y fundar sus hogares en la patria adoptiva. No significa esto, como es natural, que el Estado ha de ser indiferente ante los inmigrantes. Al contrario, en el caso de Venezuela, y ante iguales intereses de naciones mejor dotadas desde los puntos de vista geográfico o climático, no podemos omitir sacrificio para ofrecer al inmigrante protección y ayuda en el período de adaptación a nuestro medio. Creo que debe darse en materia de inmigración dirigida preferencia al elemento rural, mas para ello se requiere de una labor previa de acondicionamiento del campo que haga en verdad productiva la explotación de la tierra. La aplicación de la Ley Agraria por una parte, y el programa de tierras públicas por la otra, serán magníficos estimulantes para la labor que en tal sentido toca desarrollar. Junto con la inmigración de agricultores, también será necesario intensificar la de artesanos y trabajadores especializados que vengan a crear nuevas fuentes de riqueza y a perfeccionar la mano de obra existente.

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Es indispensable y hoy inaplazable para Venezuela el aumentar y mejorar su elemento humano, para que alcance el sitio que le corresponde como fuerza moral y económica entre los pueblos de América.

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Hay una cuestión de ética pública que no puedo eludir en este momento y la voy a exponer con toda franqueza. Me refiero a esa tesis de los miembros menos autorizados de la oposición, tan deprimente para Venezuela y que repugna a nuestro sentimiento patriótico, según la cual toda solución del problema presidencial que no sea la suya, constituye un vulgar afán de perpetuarse en el mando a través de un testaferro. Yo quiero rechazar aquí ante la máxima representación de mi partido y ante Venezuela entera esa injusticia de que se hace objeto con precipitación a la viril dignidad de nuestro pueblo, y esa ofensa que se irroga al presidente Medina Angarita.

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Como ya lo afirmó con irrebatibles razones uno de nuestros más altos valores intelectuales [Arturo Úslar Pietri] la colectividad venezolana ha demostrado estar hoy capacitada para la vida cívica, tener conciencia de sus derechos y una inquebrantable resolución de no volver atrás. Un pueblo, en estas condiciones, y en el cual además subsisten el valor y el sentido heroico que lo llevaron a la emancipación de un continente, no permite ni ha de permitir jamás que se burlen así sus ideales y se desconozca impunemente sus más caras conquistas.

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Si el general Medina se ha ganado limpiamente un nombre de gobernante democrático al procurar con una reforma constitucional y una nueva ley de elecciones una real intervención del pueblo en la orientación de su destino, y al buscar con la organización de un partido la eliminación de la preponderancia personal del Jefe del Estado, fuerza es pensar y sostener, y yo lo afirmo sin asomos de equivocare, que no será ese hombre, en quien por la honestidad de sus principios republicanos puede confiar Venezuela entera, quien pretenda violentar nuestra vida constitucional.

Además, y pese a mi natural temperamento pacífico y conciliador, a esta ingénita modestia de mi vida, que algunos—los que no me conocen—estiman como debilidad o falta de carácter, puedo asegurar que me siento con energías suficientes para gobernar con propia autoridad. Si mis copartidarios me llevan a la Primera Magistratura, esas energías, fortalecidas por el apoyo de mi partido, y por el que habré de encontrar en todos los sectores que con sinceridad anhelan el progreso de nuestro país, y los cuales constituyen la gran mayoría, y por el sólido respaldo que han de ofrecer al gobernante legítimamente elegido las instituciones encargadas de ello por la Ley, esas energías estarán enteras al servicio de la Patria.

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En síntesis, pues, si llego al poder, habrá continuidad en la gestión administrativa del gobierno, porque la del actual se ha caracterizado por su claro propósito de darle progreso y seguridad económica al país; y habrá continuidad en la orientación política, porque este régimen se ha distinguido por el absoluto respeto a las libertades públicas, por su tendencia a que la vida política progrese y se afirme en su sentido popular y porque sus ideas de gobierno no perderán su vigencia al fin de su mandato sino que subsistirán en la plataforma de nuestro partido, pero nadie podrá, con buenas razones, tachar de continuismo a mi administración, ni negar personalidad a mi gobierno.

Ángel Biaggini

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