Keller: Estudio Nacional de Opinión Pública - 29 abril-15 mayo 2010
Una especie deprimente y castrante ha corrido por la psicología de muchos venezolanos, preocupados en grado extremo por el deterioro creciente del país y el crecimiento agresivo de una dominación perniciosa. Se compone de dos elementos, muy parecidos entre sí. El primero es que el proceso sería indetenible, que no tiene salida o solución; el segundo, que el país no reacciona, que el gobierno prosigue, de modo acelerado, la invasión de los espacios propios de la sociedad y no pasa nada.
Esto es hasta cierto punto cierto, pues la oposición burocrática o formal, organizada alrededor de la Mesa de la Unidad Democrática, se ha concentrado, no sin razón, en el evento electoral del 26 de septiembre: la elección de Asamblea Nacional. Sería, obviamente, muy importante que pudiera cambiarse el actual estado de cosas, al menos en el contrapeso de un gobierno que tiene en la actual Asamblea un cómplice pero, entretanto, no hay fuerza aparente que pueda contener el numeroso y multidimensional avasallamiento oficialista, que en sí mismo hace su triunfo electoral legislativo un desenlace bastante probable.
Pero no es cierto que no haya solución o salida; ésta no es otra que la apelación al poder supremo de una república: el Poder Constituyente Originario, el Pueblo Soberano convocado en ese carácter, no para hacer democracia representativa con la elección de sus diputados, sino para tomar directamente una decisión de la mayor trascendencia en ejercicio de democracia participativa.
La justificación genérica de la acción del gobierno es la implantación del socialismo en Venezuela, un «sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes». De modo explícito, el Presidente de la República ha declarado de qué clase es el socialismo que busca: es del tipo que se basa en la «teoría filosófica y política del filósofo alemán Karl Marx, que desarrolla y radicaliza los principios del socialismo». (Ambas, definiciones del Diccionario de la Real Academia de la Lengua).
Pero la aquiescencia del pueblo a esa implantación no ha sido requerida de modo explícito jamás. Cuando el gobierno buscó colarla de contrabando en los proyectos de reforma constitucional de 2007, el pueblo se encargó de rechazarlos. En interpretación interesadamente errada de su indudable triunfo electoral de diciembre de 2006, el Presidente de la República quiso colegir de él que Venezuela quería socialismo y fue innegablemente refutado.
Venezuela no quiere socialismo. No hay estudio de opinión que no haya registrado un desacuerdo sólidamente mayoritario a esa aventura impuesta sin recato, abusivamente. La conclusión política es obvia: nada más importante que expresar válidamente esa mayoría en un referéndum consultivo.
Ni el Presidente de la República, ni su socio (la Asamblea Nacional) van a convocar ese referéndum; ambos saben que lo perderían. Por consiguiente, somos los Electores—10% del registro electoral—quienes debemos ocuparnos de la convocatoria. Somos nosotros quienes, por iniciativa popular, tendremos que causar la consideración, por parte de cada ciudadano hábil para votar, de esta pregunta: «¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?»
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Este blog anuncia que ya hay quienes estamos estudiando la ingeniería de la cosa, y que nos proponemos que la consulta tenga lugar exactamente el domingo 26 de septiembre de este mismo año. De este modo, no se exige un gasto adicional y un esfuerzo organizativo distinto al Consejo Nacional Electoral.
En sucesivos artículos iremos explicando la marcha de este proyecto ciudadano; por los momentos, nos interesa destacar que este esfuerzo no afecta negativamente la campaña electoral por los puestos de la Asamblea Nacional. Por lo contrario, una campaña sencilla y concentrada como es necesaria, contribuiría a fortalecer la posibilidad de que el pueblo decida controlar al Ejecutivo Nacional desde una Asamblea Nacional independiente.
También debemos decir que la solución presentada acá no es, de ninguna manera, una iniciativa de la Mesa de la Unidad Democrática ni tampoco, a pesar de lo antedicho, está ligada a ninguna campaña uninominal o de lista para sacar diputados a la Asamblea Nacional. Las voces que promoverán esta solución no están alineadas, naturalmente, con el gobierno, pero tampoco dependen en ningún grado de lo que comúnmente se conoce como oposición.
Se trata, simplemente, de recuperar la voz del Pueblo Soberano para meter en cintura constitucional al gobierno, que insiste en desconocer el Artículo 2 de la Constitución aprobada soberanamente, que dice: «Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político».
Sí hay salida, y quienes frecuentemente dicen que no la hay y recomiendan acciones y conductas de desespero o confianza supersticiosa en un colapso, debieran cesar en su prédica inútil y sumarse a esta iniciativa suficiente. LEA
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Es un proyecto interesante. Sin duda la respuesta no será favorable al régimen. ¿Qué haremos después? Recordemos cómo el régimen ha desconocido totalmente los resultados del REF. 2007. A.G.M.
Gracias, Angelo, por el comentario. Como dices, aun perdiendo un referéndum de tal naturaleza, el gobierno rebusca rutas alternas. Sin embargo, no transgrede todos los límites (no todo lo rechazado en 2007 pudo hacerlo, y sólo se atrevió a replantear en 2009 el tema de la reelección indefinida). Además, un resultado adverso en punto tan claro sería un puñetazo clarísimo en medio de la frente. Para usar una frase del mismo Chávez: se detendrían todos los motores de la revolución.
No conozco una proposición mejor, y de esto se trata. Es preciso actuar, y por tanto hay que proponer. En agosto de 2005 repetí una consideración que ya había hecho en febrero de 1985, veinte años antes:
Lo que el espacio político nacional debe alojar es una licitación política con claras reglas para la contrastación de proposiciones de conjunto.
¿Cuáles son estas reglas? Si a la discusión se propone una formulación que parece resolver un cierto número de problemas o contestar un cierto número de preguntas, la decisión de no adoptar tal formulación debiera darse si y sólo si se da alguna o varias de las siguientes condiciones:
a. cuando la formulación no resuelve o no contesta, más allá de cierto umbral de satisfacción que debiera en principio hacerse explícito, los problemas o preguntas planteados.
b. cuando la formulación genera más problemas o preguntas que las que puede resolver o contestar.
c. cuando existe otra formulación—que alguien debiera plantear coherentemente, orgánicamente—que resuelva todos los problemas o conteste todas las preguntas que la formulación original contesta o resuelve, pero que además contesta o resuelve puntos adicionales que ésta no explica o soluciona.
d. cuando existe otra formulación propuesta explícita y sistemáticamente que resuelve o contesta sólo lo que la otra explica o soluciona, pero lo hace de un modo más sencillo. (En otros términos, da la misma solución pero a un menor costo).
También decía hace 25 años:
En ausencia de estas condiciones para su sustitución la política que se proponga puede considerarse correcta, y dependiendo de la urgencia de los problemas y de su importancia (o del tiempo de que se disponga para buscar una mejor solución) será necesario llevarla a la práctica, pues el reino político es reino de acción y no de una interminable y académica búsqueda de lo perfecto.