La culpa no es mía
La distribución de culpas difusas es un asunto complicado. Si en un caso donde el culpable parece indudable, a la persona señalada le es posible decir “yo no fui” o “fue aquél”, mientras hay más manos en la masa los señalamientos rebotan de un lado a otro. Y esto adquiere características pirotécnicas cuando el caso es grave.
A estas alturas, se computa un total de 122.000 toneladas de alimentos perdidas por pudrición, por causa de la desidia o la mera ineficiencia socialista. El Contralor General de la República, el socialista Clodosbaldo Russián, se ha quejado airadamente de que “la oposición” esté formando un escándalo con este asunto que llama a la incredulidad. Pues bien, la cosa es verdaderamente escandalosa, independientemente de lo que voces opositoras señalen; es un descaro de marca mayor que los funcionarios del régimen—y teóricamente el Contralor no es uno de ellos—procuren minimizar su importancia: la pérdida equivale a la alimentación de todos los habitantes del país para quince días.
Luego, si la décima parte de los alimentos desperdiciados hubiese sido encontrada en almacenes de compañías privadas, el Presidente de la República no pararía de twittear, escribir indignadas Líneas de Chávez, encadenar cuarenta horas seguidas al sistema de radiotelevisión del país para despotricar de “la burguesía”, “el imperio” y “el capitalismo” y gritar “¡exprópiese!” cada cinco minutos. En cambio, el monstruoso desperdicio socialista debe pasar desapercibido, a juicio de los jerarcas encaramados. Incapaces de culpar al fenómeno de El Niño, o sugerir que la putrefacción fue causada por arma secretísima gringa como la que habría producido el terremoto de Haití, reviran con ira hacia quien ose comentar la descomunal irresponsabilidad.
Pero Russián quiso desvincularse de culpas, al apuntar que la Contraloría habría estado siguiendo la pista al caso desde 2008 (obviamente, sin efecto beneficioso de ninguna clase), y que él no es el llamado a poner presos a los culpables (aunque sí a inhabilitar políticamente en violación del Artículo 42 de la Constitución).
Esta pelota fue recogida rápidamente por la mediocampista Luisa Ortega Díaz, Fiscal General socialista, al señalar ayer que Russián “nunca informó al Ministerio Público” socialista. Dijo Ortega: “No queremos especular nada, pero no tenemos la información y, como hemos dicho, el Ministerio Público no trabaja sobre presunciones”.
Es decir, entre los componentes principales del Poder “Moral” socialista, la Contraloría y la Fiscalía socialistas, se ha abierto una grave y profunda fisura. Hasta ahora no ha dicho nada el tercer componente: la Defensoría del Pueblo, al que se le robó 122.000 toneladas de alimentos. LEA
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