Aitor Muñoz: contraportada, lomo y portada de Las élites culposas (clic amplía)

(Extracto del tercer capítulo de Las Élites Culposas, próximo a aparecer en librerías)

Y es que los arrolladores triunfos del chavismo—elecciones regionales del 8 de noviembre de 1998, elecciones presidenciales del 6 de diciembre, referendo consultivo del 25 de abril de 1999—habían sumido a lo que hasta hace nada gobernaba al país y ahora era muy minoritaria oposición, en una catatonia determinada por la conciencia de culpa y la vergüenza. Hasta fines de 2001 no se levantarían con alguna eficacia las antiguamente poderosas voces de los partidos tradicionales, que en la elección presidencial de 1998 habían obtenido, Acción Democrática, 591.362 votos y, COPEI, 140.792 contra 3.673.685 sufragios a favor de Chávez. Tanto fue el encogimiento catatónico que la mayoría de los candidatos de oposición a la [Constituyente por la] circunscripción nacional, veintinueve en total, se presentó en postulaciones de la “sociedad civil” o por iniciativa propia. Así, por ejemplo, como candidato por iniciativa propia, se postuló ¡Henry Ramos Allup en el estado Apure! Los neo-opositores procuraban evitar, patéticamente, que se les identificara con Acción Democrática o COPEI, pero su disfraz de independientes no engañó a nadie. Luis Herrera Campíns creyó oportuno recomendar: “Compren alpargatas, que lo que viene es joropo”.

Por supuesto, la pregunta fundamental del referendo del 25 de abril había sido la primera: “¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa?”

La interpretación interesada del gobierno era que la asamblea tenía prerrogativas de poder constituyente originario y que, por consiguiente, gozaba de poderes absolutos. De nuevo, la vergüenza de los partidos tradicionales hizo que esencialmente callaran ante esta monstruosidad. La Asamblea Constituyente tenía por única misión redactar el proyecto de una constitución nueva, que no entraría en vigencia hasta que el verdadero Poder Constituyente Originario la aprobara en referendo. Cualquier otra cosa era un retroceso en el reconocimiento de los derechos del pueblo, como había advertido en Contratesis: “Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum”.

Así, lo que era originario no era la asamblea sino el Pueblo, pero a ninguna voz de oposición se le ocurrió hablar así; cogidos por primera vez en el cepo terminológico de la retórica chavista, los opositores burocráticos pensaron que sólo podrían oponer la tesis de que la constituyente no era originaria sino derivada, lo que sonaría mal en un mitin de campaña en cualquier barrio y creyeron, con fundamento, que si lo hacían recibirían pedradas.

Esta abdicación permitió que la Asamblea Constituyente gobernara por decretos que alteraron la “especificación arquitectónica del Estado” contenida en una constitución que aún regía, incluyendo la decapitación del Congreso de la República, al cercenarse la cabeza del Senado en lo que llegaría a llamarse la “Pre-eliminación del Senado”—cuerpo que había sido elegido directamente por los ciudadanos de Venezuela apenas finalizando el año anterior—, antes de que la nueva Constitución entrara en vigencia. Los partidos de oposición continuaron sumidos en el silencio—Henrique Capriles Radonski siguió despachando como Presidente de la Cámara de Diputados como si la cosa no fuera con él—y una escarmentada Corte Suprema de Justicia tampoco opuso resistencia. Sabía que sus días estaban contados.

luis enrique ALCALÁ

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