Solíamos decir de él que sería el mejor de los compañeros, si no dijera siempre la verdad…

Oscar Wilde – La esfinge sin secreto

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Fue el 7 de diciembre de 2013, un día antes de las últimas elecciones municipales, la fecha escogida para que un grupo de cincuenta y cinco venezolanos, en el que descollaban Leopoldo López y María Corina Machado, expusiera que «la salida» era la convocatoria de una asamblea constituyente:

En búsqueda de salidas democráticas para cambiar un régimen deslegitimado en su origen y desempeño que permitan recuperar la Venezuela soberana, plural y de justicia social (…) vemos en el derecho legítimo del pueblo a convocar democráticamente una Asamblea Nacional Constituyente a través de una gran movilización popular (…) el mecanismo más eficiente, plural y democrático para recomponer el acuerdo social de la República. Con nuevos funcionarios a la cabeza de los poderes públicos, tendremos en Venezuela unas elecciones presidenciales enmarcadas en un proceso justo, equilibrado y transparente acorde con nuestro arraigo democrático y tradición de libertad.

Esta declaración contiene varias peculiaridades, siendo la más notoria el cuestionamiento a la legitimidad de Nicolás Maduro como Presidente de la República. Por supuesto, eso fue lo mismo que sostuvo Henrique Capriles Radonski al término de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. Inicialmente, el candidato derrotado quiso convocar una manifestación de desconocimiento de los resultados: una ventaja de Maduro de sólo 1,49%, según proclamación del Consejo Nacional Electoral, el mismo que certificó la derrota de los estratégicos proyectos de reforma constitucional en 2007, incluyendo el presentado por el Presidente de la República, que fue rechazado por un margen de 1,31%.

Luego, como más de uno antes, el comunicado del 7 de diciembre incurría en el error de concebir una constituyente como herramienta para vaciar los poderes de chavistas y rellenarlos con opositores. La más elemental noción de institucionalidad democrática establece que la herramienta correcta es la instancia electoral. (Es posible conseguir chavistas que han aprendido algo tan simple. El ministro Héctor Rodríguez—Educación—, anticipándose en dos días a la marcha que produjo la generalización de la protesta, y luego de condenar el «plan fascista» convocado por líderes de la oposición—López, Machado, Ledezma—, declaró con todas sus letras: «La salida para cambiar cualquier Gobierno son las elecciones». Si su jefe concurriera con esta opinión, tendrá que abandonar la costumbre de celebrar el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992). En camino hacia el «plebiscito» del 8 de diciembre de 2013, Henrique Capriles Radonski cometía la misma equivocación, y este blog apuntó entonces (Lo que se viene, 5 de agosto de 2013):

Esto es una aventura que ha venido siendo propuesta, con insistencia creciente en los últimos tiempos, en predios opositores, principalmente por Julio César Moreno León—ver en este blog La imaginación al poder para una crítica de la idea—, y el propio Capriles anticipó en su programa semanal de TV digital el 18 de junio: “No descartemos que en el futuro se lleve a cabo un proceso constituyente, porque para que este país pueda funcionar no solo basta con cambiar el Presidente. Aquí tiene que cambiar el sistema judicial, los alcaldes, el CNE, la Fiscalía, la Contraloría, tiene que venir un cambio absoluto”. Bueno, para cambiar esos poderes no es necesaria una asamblea de esa clase; bastaría con ganar las elecciones municipales y las próximas de Asamblea Nacional, el órgano que elige todo lo demás. Una constituyente es para cambiar la Constitución por una nueva, y con ocasión de los Lineamientos para el Programa de Gobierno de la Unidad Nacional (23 de enero de 2012), Capriles refrendó lo siguiente:

44. La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos.

45. Ella representa no sólo el punto de partida ineludible desde la perspectiva de la validez y vigencia formal de las normas, aunado ello a su ratificación popular, sino también una plataforma jurídica aceptable para el despliegue de las políticas de un gobierno democrático. Permite el funcionamiento de instituciones democráticas y garantiza los derechos humanos.

Claro que se tiene la idea equivocada de que una constituyente es “originaria”, con poder suficiente para repetir el abuso inconstitucional de la Preeliminación del Senado en 1999, antes de que la Constitución vigente hubiera sido aprobada y promulgada por el referendo popular del 15 de diciembre de ese año. (Oportunidad en la que no se registra reclamo de alguna importancia de Capriles, que entonces presidía la Cámara de Diputados).

Naturalmente, la elección de una constituyente mayoritariamente opositora es sólo un espejismo: «Al día siguiente [del remitido], el Polo Patriótico lograba 242 alcaldías y la Mesa de la Unidad Democrática 75, o menos de la tercera parte, pero en la cabeza de los firmantes cupo la ilusa noción de que las elecciones de una hipotética constituyente serían ganadas decisivamente por la oposición». (Desarreglos simétricos). Si Capriles perdió ante Maduro por una diferencia estrechísima, y logró el 14 de octubre de 2012 el mejor desempeño de cualquier otro competidor de Chávez (la ganga de sólo once puntos por debajo)—Salas Römer 16,2%, Arias Cárdenas 22%, Rosales 25,9%—, dos meses después la oposición perdía cuatro de las cinco gobernaciones que había logrado en 2008. Sólo sobrevivió Capriles en Miranda y, claro, otras dos gobernaciones no fueron ganadas por el oficialismo (Amazonas y Lara) pero fueron capturadas por disidentes del chavismo, no por «opositores puros».

En resumen, la idea de que una asamblea constituyente es la salvación de Venezuela es malísima.

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Impertérrito, Leopoldo López continuó machacando la cosa: «Nada cambió del 7 al 9 de diciembre, sigue siendo un Estado delincuente, profundamente antidemocrático, corrupto, ineficiente. La gran discusión ahora es qué hacer con esa realidad, en la que salimos de un ciclo electoral pero estamos en una relación Estado-nación que amerita asumir una posición política en torno al mantenimiento del régimen que está gobernando en Venezuela». (Entrevista por Elvia Gómez en El Universal, 23 de diciembre de 2013, a dieciséis días del comunicado de los cincuenta y cinco). «En la Mesa de la Unidad hace dos meses decidimos que íbamos a asumir la salida del Gobierno por la vía constitucional y democrática. Los vehículos constitucionales son distintos, está la renuncia, el revocatorio, la enmienda, la constituyente y creemos que de esas opciones la constituyente es la más adecuada: se puede convocar por el pueblo, recolectando firmas de por lo menos 15% de los electores y eso nos permitiría hacer un activismo de calle, un despliegue cuerpo a cuerpo, que es el terreno de la política en la que estamos en el 2014″.

Y ya anticipaba #LaSalida: «…hubo un cortocircuito al haber asumido, como yo creo que es correcto, que ganamos las elecciones el 14 de abril pero no lograr que se materializara en un triunfo de hecho. Ese cortocircuito entre el 14A y el 8D es importante atenderlo. La mayoría de los venezolanos que quieren cambio creen que hemos debido salir a defender el triunfo con una protesta ciudadana no violenta, apoyando la voluntad popular ya expresada. Ese derecho de ir a la calle está en la Constitución y es un derecho histórico de los pueblos. Los pueblos se rebelan ante sistemas de dominación desde que la historia es historia. (…) Yo no tengo ninguna duda de que la gente se hubiera venido (el 17 de abril a la marcha hacia el CNE) en canoa de Pedernales, caminando de Maracay, a caballo de los Llanos, en bicicleta de Valencia». Su nueva socia había cuestionado lo mismo, la presunta blandenguería de Capriles al suspender la manifestación anunciada por él mismo, en conversación con Germán Carrera Damas, quien la secundó enfáticamente.

 Fragmento de conversación Machado Parisca – Carrera Damas

También repitió López una falacia ya olvidada por Capriles y la Mesa de la Unidad Democrática. Para apuntalar la tesis de la ilegitimidad del presidente Maduro, dijo: «El mismo Nicolás Maduro sembró dudas el 14 de abril cuando ofreció una auditoría que no se hizo y por ese cuestionamiento las elecciones del 8 de diciembre adquirieron una connotación nacional». Eso es falso; se realizó la auditoría del total de las mesas que contempla la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y ella confirmó los resultados. (Sobre la discusión acerca de los cuadernos electorales, ver en este blog Las reglas de juego). Capriles haría un papelón en su viaje a Chile y Perú de julio de 2013, para reclamar un presunto incumplimiento del «compromiso» asumido por UNASUR. Este organismo se había limitado a saludar «al Presidente Nicolás Maduro por los resultados de los comicios y su elección como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela», había instado «a todos los sectores que participaron en el proceso electoral a respetar los resultados oficiales de la elección presidencial emanados del Consejo Nacional Electoral» y tomado «nota positiva de la decisión del Consejo Nacional Electoral de implementar una metodología que permita la auditoría del total de las mesas electorales». En ningún momento se refirió a los cuadernos electorales. (Ver La torpeza de la deshonestidad).

Por lo demás, las elecciones del 8 de diciembre, que según López «adquirieron una connotación nacional» y según Capriles iban a ser un plebiscito sobre el desempeño de Maduro que él conduciría y ganaría, como jefe de campaña de todas las candidaturas de oposición, significaron una ventaja nacional de 803.594 votos para el oficialismo. (En la entrevista citada, López admitió su concurrencia de criterio con Capriles: «López aclara que él no critica la estrategia plebiscitaria que llevó adelante Henrique Capriles en la campaña municipal, porque ‘era inevitable'», escribió Elvia Gómez. Pero fue el estrepitoso fracaso de tal estrategia lo que dañó, tal vez irreversiblemente, el liderazgo de Capriles. No fue por eso, de todos modos, que López creyó posible reemplazarlo de inmediato).

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Ya entrados en este dificilísimo año de 2014, López & Machado convocaron a una «asamblea de ciudadanos» en la Plaza Brión de Chacaíto, no sin antes haber reclutado a Antonio Ledezma y promovido eventos similares y simultáneos en otras ciudades del país, a celebrarse diez días antes del trágico 12 de febrero. El concepto de asamblea de ciudadanos es constitucional: «Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante… La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo». (No hay una ley de asambleas de ciudadanos, pero la Ley Orgánica de los Consejos Comunales las define como la instancia superior de los consejos comunales, es decir una instancia enteramente local. Ninguna podría decidir el término de un Presidente de la República).

Ostensiblemente, las asambleas examinarían las opciones constitucionales enumeradas el 7 de diciembre—renuncia del Presidente, enmienda, reforma, revocatorio, constituyente (no se incluyó la apelación al Artículo 350, otrora favorita de más de un opositor)—; en apariencia, López & Machado cum Ledezma no sabían en qué palo ahorcarse; en verdad, ya habían optado por el empleo de la marca constituyente—«de esas opciones la constituyente es la más adecuada»—como etiqueta de lo que realmente era una insubordinación de calle: «Los venezolanos opositores al gobierno revolucionario bolivariano que conduce los destinos de Venezuela desde 1999, se reunieron en las primeras asambleas ciudadanas para debatir ‘La Salida’ del régimen, propuesta hecha por María Corina Machado, Leopoldo López y la Movida Parlamentaria». (lapatilla). Leyendo correctamente el recrecido malestar ciudadano, creyeron que una caída del gobierno de Maduro podía hacerse inminente con la presión de marchas, y que había que arrebatar de una vez por todas el liderazgo opositor a un timorato y colaboracionista Capriles. (Thaelman Urgelles: «…el propósito más profundo de los promotores de #LaSalida no es reemplazar de inmediato al gobierno, sino a Henrique Capriles como líder del pueblo democrático y a Ramón Guillermo Aveledo como coordinador de la oposición organizada»).

El propio Capriles declaró: “Hay una lectura de los que quieren buscar el 8 de diciembre interesadamente para destruirme a mí; eso es parte de la lucha política, ésos se sientan al lado de uno, ésos se sientan atrás de uno y uno tiene que estar pendiente porque lo que hay no es la palmadita sino el cuchillo para clavártelo” (El Universal, 2 de febrero de 2014), no sin argumentar que ¡él no había perdido las elecciones municipales porque no había sido candidato! Hay que tener tupé: Capriles se autopostuló como jefe de campaña de todos los candidatos municipales de oposición—calcando al Hugo Chávez de 2008—e inventó la estupidez del «plebiscito», cosas ambas acogidas por la Mesa de la Unidad Democrática. De todos modos, no se atrevió a oponerse a la táctica López-Machado y estuvo presente en la marcha fúnebre. La MUD tampoco se atrevió, aunque Tomás Guanipa, Secretario de Primero Justicia, condicionó la cosa: “En la unidad se han hecho debates en todos los espacios sobre las acciones que hay que tener y sobre lo que debemos hacer en Venezuela. Por unanimidad se decidió acompañar al pueblo en las protestas ciudadanas que se hacen todos los días en Venezuela y que no tienen que ver con el interés de algunos sectores de aumentar su liderazgo o de satisfacer su ego”. (Correo del Orinoco, 4 de febrero de 2014).

El próximo paso se daría diez días después, el Día de la Juventud. Montados sobre las primeras protestas estudiantiles, que ya habían incluido episodios de violencia—agresión a la residencia del gobernador Vielma Mora en San Cristóbal—, se dieron a combinar esos movimientos con la participación de manifestantes que ya no eran tan jóvenes. (Este blog no tiene elementos de juicio que le permitan asentar que López & Machado estuvieran tras aquellas manifestaciones iniciales en el interior de la República, aunque las «asambleas» del 2 de febrero contribuyeron a la generación del clima de exasperación. Tuit típico desde Chacaíto: «#LaSalida el comienzo del fin de este régimen. Vamos Venezuela en adelante por la Democracia lucha sin cansancio!»).

Entonces llegó la tragedia que catapultó la indignación de la oposición más impaciente. En momentos cuando esto se escribe (19 de febrero) ya son seis las personas muertas en circunstancias protestatarias. Emiliana Duarte escribió en Caracas Chronicles:

Leopoldo, María Corina and the opposition groups that called for yesterday’s protests are not at fault for the heartbreaking deaths that occurred. They are, however, either deeply naive in ignoring the very probable chance that colectivos would show up and kill protesters, or – more likely – tragically ill-prepared for such a scenario and just hoping for the best. Either way, calling for a peaceful protest without comprehending and preparing for the full scope of what we’re dealing with is, I’m sorry to say, irresponsible and lazy.*

Luis Vicente León avisó con tiempo: «Pensar que la incapacidad de ganar una elección (cualquiera que sea la razón) se resolverá intentando medios radicales, sin ser mayoría y sin motivar a la gente, frente a un gobierno mayoritario, populista y que tiene el monopolio de las armas y del poder, puede sonarle muy atractivo en el discurso a mucha gente que, quizás con razón, se encuentre desesperada, pero es tan ineficiente e imposible como el éxito de la política económica del gobierno nacional. Las dos son intrínsecamente malas». (¿Es la hora de los radicales?, en Prodavinci, 6 de febrero de 2014).

Por supuesto, es un derecho ciudadano la petición de la renuncia de un funcionario público en cualquier momento y sitio. La manifestación pública de ese deseo no debe ser reprimida.

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Existe una larga tradición filosófica acerca de las condiciones de una guerra justa; gente como Santo Tomás de Aquino se ha ocupado de eso. De modo esquemático, son éstas las que justifican una acción violenta ante la agresión a una colectividad: 1. El daño infligido por el agresor en contra de la comunidad ha sido grave y continuado; 2. Todo otro medio de detenerlo se ha mostrado impráctico o ineficaz; 3. La probabilidad de éxito de la acción reparadora es elevada o suficiente: 4. El empleo de la violencia no debe producir males mayores que lo que se pretende repeler. Puede admitirse que la primera y, tal vez, la cuarta condición están cumplidas—el momento económico nacional, que pesa sobre toda la nación, ciertamente se agravará con los disturbios—, pero ni están agotados todos los medios para parar el trote a Nicolás Maduro ni era en absoluto probable que fuera exitosa la iniciativa propugnada por López & Machado. Los hechos lo dicen.

La salida no es la calle. La salida es la apelación al soberano:

No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar. La grave situación de la república, consecuencia de la necia intención de imponerle una camisa de fuerza socialista, sólo puede resolverla la Corona: el Soberano, el Poder Constituyente Originario. Éste es un poder supraconstitucional, sólo limitado por los derechos humanos y lo que la nación haya convenido con las soberanías equivalentes de otras naciones. Es éste el gigante que debe ser despertado para que hable, para que se pronuncie, para que manifieste su voluntad. No para que marche o fabrique pancartas, no para que golpee cacerolas o abuchee presidenticos en juegos de pelota, sino para que ordene. No hay eventos electorales próximos en el calendario nacional (…) pero siempre es tiempo de referendo. Podemos convocarlo cuando queramos. Más que nunca, es el tiempo de preguntar al Soberano si está conforme con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista, que es la coartada fundamental del actual gobierno y los que lo antecedieron desde 1999. (La marcha de la insensatez, 12 de febrero de 2014).

La contestación a objeciones comunes a este tratamiento se encuentra en Doctrina del referendo sobre el socialismo, y una explicación hablada en el programa #72 (7 de diciembre de 2013) de Dr. Político en RCR. LEA

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*Leopoldo, María Corina y los grupos de la oposición que convocaron las protestas de ayer no tienen la culpa de las desgarradoras muertes que se produjeron. Son, sin embargo, o bien profundamente ingenuos al ignorar la posibilidad muy probable de que los colectivos aparecerían y matarían a manifestantes, o—más probablemente—trágicamente mal preparados para tal escenario y por limitarse a esperar lo mejor. De cualquier manera, llamar a una protesta pacífica sin comprender y prepararse para la magnitud real de lo que estamos confrontando es, siento decirlo, irresponsable y negligente. (Traducción añadida a raíz de una comunicación que la exigió con impertinencia).

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Para descargar en archivo de formato .pdf La salida

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