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Referendo sobre el socialismo
Error en fecha de nacimiento: debe decir 11-01-43
Desde siempre me opuse al gobierno del difunto presidente Chávez, ante el que intenté mantener una posición clínica: siempre sostuve que la cura de la enfermedad del Estado venezolano, la de su aquejada economía, de la neurosis general de la psiquis venezolana, no podrá venir de una postura que sólo se entienda como oposición al actual gobierno y los que lo precedieron. He sostenido desde hace quince años que la mera negación del chavismo no es lo correcto, y que lo que hay que hacer es refutar las equivocaciones de su discurso y proponer lecturas alternas que las superen y sean remedio eficaz, a fin de que el país mismo y no el gobierno sea quien resuelva la mayoría de sus problemas.
Veo con preocupación y dolor esta fase de protesta, desorden, represión y exceso bilateral asimétrico en nuestro país, que ha interrumpido con impaciencia radical un incipiente proceso de diálogo del Ejecutivo Nacional con gobernadores y alcaldes, que fue un primer aporte de su lado para entendernos, y que comenzaba a dar frutos en el tratamiento de uno de nuestros mayores problemas: la inseguridad de los ciudadanos de Venezuela. La impaciencia no quería que se alcanzara ese progreso; mientras peor estuviéramos, más grande sería la crisis de gobernabilidad que acabaría con el gobierno, sin importar el sufrimiento que se causara. El Instituto Venezolano de Análisis de Datos ha conseguido recientemente 12% de radicales en los partidarios del gobierno y 9% de radicales de oposición, y nuestra actual realidad es que una quinta parte de la opinión impone su radicalidad al 80% de la población y hace muy difícil el regreso a la normalidad, aun dentro de nuestras acusadas diferencias de visión. Esto es una anormalidad que debe cesar; debemos repudiar ese chantaje extremista.
Pero a esa búsqueda airada de los radicales debe ofrecérsele una canalización eficaz, un foco constructivo, so pena de que los poderes públicos sean muy pronto desbordados. Por esto creo que es hora de convocar al Soberano, hoy en día el único actor capaz de traer el orden y el sosiego al país.
Es la médula del problema la intención oficial de implantar el socialismo en Venezuela. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 4 de diciembre el Plan de la Patria, y éste propugna como segundo objetivo estratégico de esa patria “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI”, y habla de una “transición al socialismo”. Gran parte de la propaganda oficial, por otro lado, se destina a convencer a la ciudadanía de que vamos “rumbo al socialismo”, y las facturas del servicio eléctrico son emitidas por una empresa que se presenta como socialista, y desde hace años las paradas de Metrobús anuncian lo mismo, así como las frecuentes gigantografías en las oficinas de PDVSA y el SENIAT, y las exposiciones de motivos de más de un decreto del Ejecutivo también lo declaran. Más allá de estos eslóganes y de las declaraciones de intención, el gobierno ha acusado frecuentemente a los empresarios de librar una “guerra económica”, cuando fue el propio presidente Hugo Chávez quien la declarara, el 2 de junio de 2010. Cito: “Me declaro en guerra económica. A ver quién puede más, ustedes burgueses de pacotilla o los que quieren la patria”. Ahora el presidente Maduro, con su invitación al Presidente de Fedecámaras y otros empresarios para que participen en la Conferencia de la Paz, ha descubierto un oasis más propicio al entendimiento y la cooperación, aunque no olvidemos que él mismo dijo el 13 de diciembre de 2012: “A Fedecámaras no vamos a darle dólares sino dolores”.
Ahora bien, nuestra tradición jurídica apela, en los dictámenes de nuestro Tribunal Supremo de Justicia y del resto de nuestro sistema judicial, al Diccionario de la Lengua Española para entendernos, para saber qué significan ciertos conceptos en sus sentencias y decisiones. Ese diccionario define socialismo así:
1. Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes.
2. Movimiento político que intenta establecer, con diversos matices, este sistema.
3. Teoría filosófica y política del filósofo alemán Karl Marx, que desarrolla y radicaliza los principios del socialismo.
Y el presidente Chávez declaró el 15 de enero de 2010 en la Asamblea Nacional, en presencia del cuerpo diplomático acreditado en el país: “Y también soy marxista… Lo asumo. Yo cuando asumo, asumo”. De modo que no puede caber duda acerca de cuál socialismo es el que quiere construir el gobierno. Es el del diccionario.
Pero no es eso lo que está establecido en nuestra Constitución. Ella norma supremamente en su Artículo 112:
Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.
En argumentación de gente que pertenece a las filas oficialistas, la imposición del socialismo habría sido aprobada por el pueblo venezolano, pues el Plan de la Patria fue el programa de gobierno del presidente Chávez, reelecto por tercera vez el 7 de octubre de 2012. Sin embargo, razones distintas de la aprobación explícita de su programa pudieron llevar a más de ocho millones de electores a depositar su voto a favor del presidente Chávez.
Tampoco creo que el 2 de diciembre de 2007 se produjo un rechazo explícito al socialismo. En esa fecha, dos proyectos de reforma constitucional fueron rechazados, y aunque en sus sesenta y nueve artículos se colaba una media docena de menciones al socialismo, no es posible establecer a cuáles cosas específicas negaron su aprobación los electores que los repudiaron.
Pero el asunto es que el establecimiento de un régimen político-económico socialista no puede decidirse en una elección presidencial cuyo triunfador lo contemple en su programa de gobierno. Los venezolanos que votaron por el presidente Chávez, o quienes votaron por el presidente Maduro, no fueron convocados en su condición de Poder Constituyente Originario sino como simples electores, y este asunto, como quedó dicho, es de índole constitucional. Ni siquiera la Asamblea Nacional puede establecer una cosa así en una votación ordinaria, y tampoco en una extraordinaria.
Y no necesitamos una Constitución radicalmente distinta de la actual, y por eso no necesitamos una constituyente; no necesitamos dar más cargos ni más gastos ni más prerrogativas a unos apoderados constituyentes. Pero sí necesitamos un procedimiento constituyente, una consulta al Soberano en su condición de Poder Constituyente Originario.
El país necesita dilucidar de una vez por todas si quiere para sí un régimen político-económico socialista. La Carta de la Organización de los Estados Americanos pauta en el literal E de su Artículo 3º: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”.
Es, entonces, un asunto de Estado, pero no de los poderes constituidos. Ya eso no pueden decidirlo esos poderes, el del Presidente incluido; ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia. Es el propio fundamento del Estado, su asiento y su esencia, el Poder Constituyente Originario, el Pueblo convocado como tal, el único poder que puede decidirlo.
Nosotros podemos convocar, en uso de la facultad que le atribuye el Artículo 71 de la Constitución a la iniciativa popular, un referendo consultivo para decidir sobre una pregunta simple e inequívoca a cada ciudadano: “¿Está Ud. de acuerdo con el establecimiento en Venezuela de un régimen político-económico socialista?”
Ésta es una consulta al Soberano que puede unirnos, mientras estamos hoy dispersos en una gama de opiniones que incluye los extremos más radicales, los que vuelvo a repudiar. Un socialista honesto y de vocación democrática, y los hay muchos, que crea que el socialismo es el mejor de los sistemas político-económicos, tendrá interés en saber si una mayoría de la Nación le acompaña en este punto de opinión, que no es una preferencia presidencial o municipal, y sabrá también acatar la decisión de la mayoría.
Del otro lado, habrá quien diga que la propiedad es un derecho humano y, por consiguiente, ella no puede ser conculcada ni por el Poder Constituyente Originario, limitado sólo, precisamente, por los derechos humanos y los tratados válidamente contraídos con soberanías equivalentes. Ese opositor sostendrá que no puede imponérsele un régimen socialista, en el que la propiedad de los medios de producción sea del Estado. Pero un socialista puede argumentar, con derecho equivalente, que en 1999 se le impuso un régimen capitalista, aunque, como sabemos, nuestra Constitución escogió en realidad una tercera vía, ni capitalista ni socialista.
Como escribí el 9 de junio de 2010: “…un rechazo del socialismo no es lo mismo que abrazar al capitalismo o ninguna otra ideología diferente; se trata de asuntos lógicamente independientes en un mundo que cada vez menos se ve en blanco y negro, en el que la riqueza multicolor de las diversidades culturales y de opinión nos promete, a pesar de todas las dificultades del momento en el planeta, un futuro mucho más satisfactorio”.
Las dudas mencionadas sólo pueden ser dirimidas por el depositario de la soberanía. Reitero, por tanto, mi petición con fundadas esperanzas en que ese referendo terminará de asentar la paz en la Nación. Levantémosnos y preguntémosnos si queremos el socialismo para Venezuela.
Y hagámoslo pronto, pues el país se descose y se hiere a sí mismo. El 2 de junio de 2010, el presidente Chávez desafiaba a sus opositores a convocar un segundo referendo revocatorio en su contra, poco antes de las elecciones que darían a luz a la actual Asamblea Nacional. Entonces dijo: “Aprovechan las elecciones y piden un referendo para el 26 de septiembre”, asegurando que el Consejo Nacional Electoral sería capaz de organizar el referéndum en cuatro meses. Estoy seguro de que nuestro Consejo Nacional Electoral está en capacidad de organizar el ya descrito en un tiempo equivalente o aun menor. Estoy seguro de que su mero anuncio haría que concurrieran sus opositores más racionales, a la espera de una decisión tan portentosa, y que los radicales se quedarían sin excusa.
Sería muy conveniente que supervisara ese referendo un Consejo Nacional Electoral compuesto de forma que estuviera representada mejor la composición de posiciones políticas del país, pero esto es un asunto que escapa de nuestras manos. Es la Asamblea Nacional la institución que ha incurrido en morosidad a este respecto. Pero, si pudiéramos expresar nuestra majestad soberana mañana, antes de que la Asamblea se pusiera al día, yo confiaría en la seriedad del actual CNE. No en balde fue Tibisay Lucena quien comunicara tersamente al país y al presidente Chávez, en la madrugada del 3 de diciembre de 2007, que una mayoría había rechazado su proyecto estratégico de reforma constitucional, ¡por una diferencia de 1,31%! (Lo que es menos, por cierto, que la ventaja por la que el presidente Maduro fue electo el 14 de abril del año pasado; él no es ilegítimo).
Y sería un bálsamo muy bienvenido por el país entero que, durante la campaña que nos llevaría al referendo, los numerosos y poderosos medios de comunicación del Estado abrieran espacio paritario a la manifestación de la postura contraria al socialismo, empezando por Venezolana de Televisión. Ellos deben dar cabida proporcional a la diversidad de opiniones de la República.
Ésta pudiera ser nuestra mejor oportunidad para actuar de una vez sobre la causa profunda de la disensión nacional. Podemos convocarnos a nosotros mismos si antes no lo hacen, sin subterfugios de ninguna clase, el Presidente de la República o la Asamblea Nacional, que tienen en esto la misma potestad que nosotros.
Si el Consejo Nacional Electoral tuviera la misma agilidad que el presidente Chávez le atribuía hace cuatro años, se pudiera celebrar la consulta exactamente el domingo 6 de julio de este año, un día después de conmemorar, una vez más, la firma del Acta de nuestra Independencia. Entonces, en ruta a esa consulta, que se aproveche la calma que sobrevendrá para recomponer nuestra maltrecha economía, que impone sufrimiento diario a los venezolanos, dentro del espacio de colaboración inaugurado por la Presidencia de la República.
Al visitante de este blog que sea elector venezolano y miembro del Poder Constituyente Originario, le pido que haga conocer por todos los medios a su alcance al Presidente de la República—que puede hacerlo sin más esfuerzo que su firma y la de los ministros que lo acatan—o a la Asamblea Nacional—que igualmente puede convocar por mayoría de sus integrantes—, o preferiblemente a ambos, su deseo de que el referendo tenga lugar, a ver si nos evitan los trabajos de convocarlo nosotros. Antes de declarar la guerra justa de los bolígrafos y las plumas, de las cédulas, huellas, firmas y fotografías, agotemos los medios más pacíficos: nuestra petición al Ejecutivo* y el Legislativo que nos están subordinados. A quien quiera sumarse a esta idea, desde dentro o fuera de Venezuela, pido que escriba manifestándolo a la dirección de correos de este blog. LEA
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*Es posible allegar correos a la Presidencia de la República por la dirección dggcomunicacional@presidencia.gob.ve
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Enlace para descargar en archivo de formato .pdf Exposición de motivos
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Estimado Dcctor Politico Alcala
Muy interesante tu analisis. Pero quien le pone el cascabel al gato? La salida a esta crisis se resolvera si nosotros como pueblo o la Asamblea Nacional Venezuela hace la convocatoria a un referendo revocatorio. Pero en el fondo, no es lo que quiere la MUD que adolece en estos momentos de una dirigencia opositora inteligente, y no porque no haya dirigentes inteligentes, lo que pasa es que la via democratica y constitucional (Art. 350), no les sirve; porque de nuevo ellos se preguntan: Que confiabilidad puede haber en el organo rector electoral para hacer una consulta de revocatorio? Cuanto es el lapso legal de tiempo para revocar al presidenste? Y,en ese scenario, quien controlara el poder? Ademas de esto se ha propagado la matrix de opinion que no solo hay que sacar a Maduro sino a todo el gobierno chavista,desmontarlo, mandarlos a la carcel y colocar en su lugar un gobierno que represente a la mayoria opotositora al gobierno, no a la mayoria del pueblo venezolano.
Estimado Julio: creo que en la entrada que Ud. comenta están contestadas sus dudas. En primer término, no se trata de un referendo revocatorio, posible constitucionalmente sólo en 2016. Luego, la baja confiabilidad en el CNE se debe en gran medida a la especie de fraude electoral, nunca demostrado, que fue voceada por una dirigencia opositora incompetente desde 2004 para disimular su incapacidad, dándose un tiro en el pie, pues aumentó la propensión a abstenerse de una buena parte de la población opositora que pensó que no valía la pena votar porque el voto no sería respetado. El 30 de septiembre de 2007 decía Luis Vicente León en su acostumbrado artículo dominical: “Carlos Ocariz lo entendió en carne propia cuando perdió la alcaldía de Sucre no porque era minoría, ni por que nadie lo robó, sino porque su mercado natural no votó, pensando que era imposible ganar, cuando la historia está llena de ejemplos que indican que nada, en política, es imposible”. Como puse, el CNE, presidido por la misma Sra. Lucena, certificó la derrota de los proyectos estratégicos del chavismo para reformar la Constitución en 2007 por una diferencia minúscula, y aun así, no se intentó un fraude del oficialismo para revertir los resultados.
En el caso que nos ocupa, la ventaja de la negativa sería bastante mayor, según lo estiman las encuestas confiables más recientes. En cuanto a la matriz de opinión que Ud. describe, está registrado en la entrada que había en enero un 9% de radicales de oposición. Naturalmente, esa proporción ha debido aumentar desde entonces, pero nunca como para superar a la más sensata población.
Reciba un cordial y respetuoso saludo, me ha sido imposible contactarlo por el teléfono de RCR así que por este medio quiero manifestar mi inquietud con respecto a su propuesta de referendo consultivo.
En el caso de efectuarse el referendo y de que la respuesta mayoritaria de los ciudadanos fuese en contra del establecimiento del régimen político económico socialista, quien nos garantiza que el gobierno acatará la voluntad del soberano, expresada en el referendo.
Como estos individuos que nos están «gobernando» son unos tramposos e irrespetuosos de cuanta ley existe, empezando por la Constitución, pueden, de manera irónica y grosera decir, por ejemplo: «Bueno, si no quieren el socialismo, le cambiaremos el nombre a nuestro proyecto político y lo llamaremos DEMOCRACIA SOCIAL», o cualquier otra estupidez o ilegalidad que se les pueda ocurrir y que por supuesto tendría el aval del Tribunal Supremo de Justicia.
No estamos tratando con políticos formados con ética y probidad, estos individuos son unos delincuentes.
Creo que Ud. sugiere que si alguien se va a portar mal entonces uno no debe hacer lo que es correcto. La tesis, escuetamente formulada es la siguiente: la solución a la crisis sólo puede venir de un actor, el más poderoso de todos, el Poder Constituyente Originario. Si el gobierno pretendiera confrontarlo o desconocerlo con trampas como la que Ud. imagina, no le arriendo la ganancia. Después de largos años de prédica sobre las virtudes del socialismo, creo que le será prácticamente imposible vender que se trata de democracia social, social democracia, democracia cristiana, tercera vía o liberalismo. El referendo sobre el socialismo forzará la renuncia del gobierno, lo hará inviable, y ninguna elaboración pretendidamente astuta lo salvará.
Una precisión más: la caracterización de los chavistas como meros delincuentes es inexacta; muchos socialistas creen honesta y sinceramente que les asiste la razón, que su lucha es verdaderamente histórica, protagónica, endógena—añada Ud. las esdrújulas que desee—y que es su deber mantenerse en ella. Hay hechos que les confirman en esa percepción; por ejemplo, la diputada Machado dijo a Carrera Damas que ella había debido ir antes (que Ramón Guillermo Aveledo) a hablar con el Departamento de Estado, porque no era posible que este órgano de un gobierno extranjero y el Congreso de los EEUU no supieran qué pasaba en Venezuela. Allí habló también de suscitar y agudizar una crisis de gobernabilidad en el país, un golpe de Estado, un contragolpe o la entronización de un control absoluto de la población. Hace tiempo que es partidaria de esta clase de récipes; cuando propugnaba, a comienzos de 2006, el método de primarias para escoger la candidatura de oposición de ese año, admitió que en realidad buscaba crear una crisis de gobernabilidad con el retiro de esa candidatura. Fui testigo presencial de esa declaración.
La conducta del gobierno chavista-madurista ya estuvo tipificada en 1971, más de dos décadas antes del alzamiento de Chávez. De ese año es Crazy States: A Counterconventional Strategic Problem, un lúcido libro de Yehezkel Dror. Allí enumera los rasgos de un «Estado loco»: 1. tiene objetivos muy agresivos en contra de otros; 2. mantiene un profundo e intenso compromiso con esos objetivos (dispuesto a pagar un alto precio por su logro y correr grandes riesgos); 3. está imbuido de un sentido de superioridad frente a la moralidad convencional y las reglas habitualmente aceptadas de la conducta internacional (dispuesto a la inmoralidad e ilegalidad en términos convencionales en nombre de ‘valores superiores’); 4. exhibe un comportamiento lógicamente consistente dentro de tales paradigmas; 5. lleva a cabo acciones externas que impactan la realidad (incluyendo el uso de símbolos y amenazas)”.
Los chavistas intelectualizados creen actuar a partir de valores superiores; por eso, y no porque sean delincuentes, actúan como lo hacen. (Y esto no equivale a desconocer que el chavismo ha generado innumerables abusos y un aumento muy considerable de la corrupción). El mismo Dror, en una entrevista en The Jerusalem Post veinte años después de su libro, comentaba sobre el caso de Saddam Hussein: «Saddam no está loco en un sentido cínico, como algunos quisieran que creamos. Sus jugadas son impredecibles porque se conciben dentro de un marco mental diferente, que simplemente parece loco a los occidentales».
Quien quiera entender cómo funciona el chavismo debe esforzarse por penetrar su marco mental. Es una sobresimplificación el intento de explicar sobre una hipótesis meramente criminal el hecho terco de que durante quince años el chavismo fue (ya no lo es) el proyecto político que una mayoría de venezolanos apoyara. (Permítame recomendarle la lectura en este blog de Discurso salvaje).
Gracias por su participación.
Muy respetuosamente, me atrevo hacer las preguntas siguientes: 1. ¿La realidad venezolana se circunscribe a la definición del modelo político, económico y social? 2. ¿Qué premisas garantizan que los dirigentes políticos acepten el resultado de la consulta? 3. ¿Cómo afectarían las crisis existencial y antropológica existentes la convocatoria? 4. ¿La propuesta planteada descarta al diálogo como solución? Saludos Dr. Alcalá.
Estimado Sr. Querales: es obvio que «la realidad venezolana» no se circunscribe a la definición que Ud. menciona, pero tampoco se circunscribe a las guarimbas o «la salida» de López & Machado C. A. Pero esa definición es el nudo de nuestras cuestiones políticas, por cuanto el gobierno actual y los que lo precedieron blanden el socialismo como excusa o justificación (coartada, he dicho) de absolutamente todo lo que han hecho y pretenden hacer. Dilucidada la cuestión principal, habrá más oportunidad de resolver más inteligentemente los problemas restantes. La culebra se mata por la cabeza. No le pidamos a este referendo la condición de navaja suiza, que es además sierra, lupa, pinza y mondadientes. Su propósito no es el de ser una panacea; tan sólo el de agarrar el toro por los cachos.
Luego, nadie puede ofrecer garantías sobre el comportamiento de los dirigentes políticos, venidos a menos de lado y lado, en cuanto al resultado de la consulta. Si fueran los oficialistas, tendrían que pagar un costo mucho mayor que al que han pagado hasta ahora, si se atrevieran a desconocer el pronunciamiento explícito de la Corona. Y, claro, de perder, como es lo más probable, el gobierno ese referendo, se verá forzado a renunciar; no podría sostenerse luego de tan fuerte puñetazo en su plexo solar. Si fueran los opositores, que no hablen más nunca «del país que soñamos». Si habla el Soberano clara y contundentemente, es muy difícil que pueda su voz ser desconocida.
Creo respecto de la «crisis existencial y antropológica», por otra parte, como lo puse en esta entrada, que el referendo puede comenzar a sanar la herida principal: la que divide al país. En Doctrina del referendo sobre el socialismo, puse: «Es (…) una necesidad nacional la unión de los venezolanos, hoy divididos artificialmente por una política ideológica que sigue líneas comprensibles pero obsoletas e ineficaces. El referendo propuesto es un evento sobre cuya oportunidad puede haber en el país amplísimo consenso, y por tanto es un paso importante en la recuperación de la unidad de la gran familia venezolana. Es, por consiguiente, un referendo cuya celebración puede y debe ser apoyada por todos los venezolanos». Esto es así por las razones claramente expuestas en la entrada que Ud. comenta.
Finalmente, el diálogo no es una solución, sino una herramienta. Sobre el diálogo se ha puesto en el país esperanzas casi supersticiosas. Ya pude apuntar en febrero de 1994:
La confusión de la herramienta con el fin explica mucho de los resultados de la política nacional. La discusión pública venezolana se halla a punto de agotar los sinónimos castellanos del término conciliación. Acuerdo, pacto, concertación, entendimiento, consenso, son versiones sinónimas de una larga prédica que intenta convencernos de que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. Nuevamente, no hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, que no son, en sí mismos, la solución.
Tomemos el caso, por ejemplo, de la insistente proposición de una asamblea constituyente, bandera de lucha del llamado Frente Patriótico, asumida como lema electoral de José Antonio Cova, repropuesta por Oswaldo Álvarez Paz al término de las elecciones, voceada por Eduardo Fernández después del 4 de febrero de 1992, admitida como posibilidad por Rafael Caldera en su «Carta de Intención». El problema es que el Frente Patriótico no ha presentado un proyecto de constitución, y tampoco los demás actores mencionados. Es decir, se insiste en hablar de la herramienta sin hablar del producto que ésta debe construir.
Por otra parte, el método mismo tiende a ser ineficaz. Los ideales de democracia participativa, la realidad de la emergencia de nuevos factores de influencia y poder, han llevado, es cierto, a la ampliación de los interlocutores de las «mesas democráticas» de las que debe salir el ansiado «acuerdo nacional». Así fue diseñado, por ejemplo, el consejo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), al combinar en él la presencia tradicional de líderes empresariales y líderes sindicales, con representantes de partidos, de la iglesia, de las organizaciones vecinales, etcétera. Así buscó conformarse el «Encuentro Nacional de la Sociedad Civil» organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, cuando su rector tomó el reto que pareció recaer, a mediados de 1992, sobre la Iglesia Católica venezolana, en respuesta a un estado de opinión nacional de gran desasosiego, que buscaba en cualquier actor o institución que pudiera hacerlo la formulación de una salida a la aguda y profunda crisis política. Pro Venezuela, la Mesa Democrática de Matos Azócar, los encuentros que organizó José Antonio Cova, y la constante prédica de los partidos, todos fueron intentos de alcanzar ese ya mítico gran entendimiento nacional.
La evidencia es, pues, suficiente. La oposición de intereses en torno a una mesa de discusión difícilmente, sólo por carambola, conducirá a la formulación de un diseño coherente. Es preciso cambiar de método. Y es preciso cambiar el énfasis sobre la herramienta por el énfasis en el producto. (Los rasgos del próximo paradigma político).
Lo que ofrezco no es una herramienta, sino un producto. Para rechazarlo, convendría seguir este protocolo:
…lo que proponga un actor político cualquiera siempre podrá en principio ser mejorado, lo que de todas formas no necesariamente debe desembocar en el inmovilismo, ante la fundamental y eterna ignorancia de la mejor solución. Más todavía, una proposición política aceptable debe permitir ser sustituida por otra que se demuestre mejor: es decir, debe ser formulada de modo tal que la comparación de beneficios y costos entre varias proposiciones sea posible.
De este modo, una proposición deberá considerarse aceptable siempre y cuando resuelva realmente un conjunto de problemas, es decir, cuando tenga éxito en describir una secuencia de acciones concretas que vayan más allá de la mera recomendación de emplear una particular herramienta, de listar un agregado de estados deseables o de hacer explícitos los valores a partir de los cuales se rechaza el actual estado de cosas como indeseable. Pero una proposición aceptable debe ser sustituida si se da alguno de los siguientes dos casos: primero, si la proposición involucra obtener los beneficios que alcanza incurriendo en costos inaceptables o superiores a los beneficios; segundo, si a pesar de producir un beneficio neto existe otra proposición que resuelve más problemas o que resuelve los mismos problemas a un menor costo.
En ausencia de estas condiciones para su sustitución la política que se proponga puede considerarse correcta y, dependiendo de la urgencia de los problemas y de su importancia (o del tiempo de que se disponga para buscar una mejor solución), será necesario llevarla a la práctica, pues el reino político es reino de acción y no de una interminable y académica búsqueda de lo perfecto. (Krisis – Memorias Prematuras, 1986).
Es concebible un diálogo sobre un producto concreto, como sostenemos Ud. y yo en este momento. Ya propuse el 18 de febrero en Desarreglos simétricos: «una hibernación del Plan ‘de la Patria’ hasta la celebración de un referendo en el que sea el Soberano quien decida si quiere para Venezuela un régimen político-económico socialista, que puede ser convocado por votación concertada de oficialismo y oposición en la Asamblea Nacional». Al publicar esta entrada, ya había descartado esa posibilidad parlamentaria, que ofrecí a cierto diputado de vistosa aparición por estos días; él no se mostró entusiasmado con la posibilidad. Por esto lo he ofrecido al enjambre ciudadano, dueño de su destino político.
Me parece una iniciativa que ciertamente contribuiría a dirimir las diferencias al colocar su expresión en un mecanismo democrático como lo son las elecciones. Sin embargo, hay dos condiciones que señala y me parece que aunque lo menciona lo hace muy a la ligera. En concreto me refiero a: un consejo electoral equilibrado y a espacios comunicacionales equilibrados. Me parece que para nada el régimen actual permitirá que se den estas condiciones, ya lo hemos visto en elecciones pasadas y se ha denunciado el ventajismo grosero de las opciones oficialistas, que permiten la legitimación de alternativas no democráticas por vías democráticas. De hecho, en las elecciones presidenciales en las que resulto electo Maduro, ocurrió un claro ventajismo, aunque la diferencia haya sido mínima. Me parece que si los poderes constituidos, oigase poder electoral, judicial, moral y legislativo no muestran independencia, cualquier mecanismo democrático es simplemente utilizado como forma de legitimar el autoritarismo al que estamos sometidos. De allí que un referéndum consultivo en las actuales condiciones, de ventajismo grosero y uso partidario de las instituciones, no haría sino legitimar el autoritarismo. Deben ganarse esos espacios, antes de tal consulta, manteniendo la voz disidente sin violencia en cada espacio posible.
La exposición es, ciertamente, compacta en vista del espacio, pero eso no es lo mismo que hacer referencias a la ligera. He estudiado el asunto con responsabilidad y mucho detalle desde 2009, cuando propusiera el tratamiento por primera vez. Y conocemos el carácter del reo desde 1992; no es necesario reiterar el carácter ventajista del chavismo, que todos conocemos. Sabemos que jugamos con un contendor sucio. Si razonáramos según su guía, podría decirse igualmente que el oficialismo tampoco permitiría que los poderes «electoral, judicial, moral y legislativo» muestren independencia, y entonces todo estaría perdido. Es a esta lectura a la que me niego. Podemos convocar el referendo, que se ganaría con una mayoría superior a la de 2007. La encuesta de enero que Croes, Gutiérrez y asociados encargaron a IVAD, indica que aún en poblaciones que se identifican como chavistas, hay una mayoría que se opone, por ejemplo, al Estado comunal. El espacio que Ud. propone se gane es justamente éste. La voz disidente se ha escuchado en Venezuela desde hace mucho, sin resultados apreciables. La dirigencia opositora se ha mostrado muy ineficaz; acusa al gobierno todos los días, pero no refuta el discurso chavista, que es lo que había y hay que hacer. Ha habido carencia de imaginación y atrevimiento estratégicos, y es esa osadía la que propongo.