El programa #123 de Dr. Político en RCR puso su foco en la evidente carencia de autoridad moral de los Estados Unidos para sancionar violaciones de derechos humanos, establecidas por legislación aprobada el miércoles 10 de diciembre, luego de que el día anterior el Senado de los EEUU diera a conocer las horrendas violaciones que la Agencia Central de Inteligencia hizo de los mismos derechos con sus prácticas de tortura o «técnicas de interrogatorio enriquecidas». Para ser justos, se reconoció el aporte civilizatorio de los EEUU y su capacidad para crear belleza, atestiguada por el tema de Rapsodia en azul, de George Gershwin. Luego, sonó en el programa el Aguinaldo margariteño, de autor desconocido.
A continuación, el audio de la emisión de hoy:
LEA
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Ayer a las 12m por RCR el «Dr. Político» Luis Enrique Alcalá utilizó media hora de su programa sabatino, el cual es retransmitido hoy domingo a las 2pm, para de una forma muy velada pero muy clara, atacar la muy soberana decisión del Congreso de Los Estados Unidos a sancionar a los ladrones y violadores de los derechos humanos aquí en Venezuela, argumentaba «el sabio Dr. Político» quien también es miembro de la MUD» que los senadores del congreso de USA no tenía autoridad moral para firmar esas sanciones contra nadie en este país porque allá la CIA violaba los derechos humanos de todos a quienes ellos apresaban y se solazaba «El Dr. Político» en señalar con pelos y señales cuales eran las torturas que utilizaban, horribles por cierto, para luego decir que no iba a comentarlas más para no echarnos a perder el almuerzo, lo que no señaló nunca fueron las formas de tortura de los esbirros venezolanos a los estudiantes presos porque esas y que torturas a él no le constaban, y así bajo otros argumentos tan de baja honorabilidad que ofendieron al gentilicio de nuestros ciudadanos «El Dr. Político» defendió a ultranza la soberanía de quienes nos torturan y roban diciendo que los venezolanos no necesitábamos “intromisión” de otros estados para resolver nuestros problemas ¿?
Hubiera sido más ecuánime si hubiese dado los detalles de la violación de un estudiante venezolano con un fusil o cuando las estudiantes venezolanas eran obligadas a realizar sexo oral a los guardias nacionales o cuando fueron asesinadas con tiros en la cabeza. Técnicas enriquecidas por los esbirros cubanos.
Tupe tiene usted de criticar las sanciones que el Congreso de USA contra estos esbirros venezolanos, ¿cómo puede usted saber cuales son los extremos contenidos en los expedientes examinados por los miembros del congreso? ¡Expedientes estos que también tiene nuestra Fiscalía Y NO HAN HECHO NADA!
Los Estados Unidos tienen toda la autoridad para sancionar a aquellos funcionarios que sean esbirros y ladrones y no dejarlos entrar a su territorio para que disfruten de los dineros que nos roban.
Con defensores como usted señor Luis Enrique Alcalá no necesitamos enemigos.
Conviene que Ud. se ponga de acuerdo consigo misma, Sra. (¿Srta.?) Tosta; «velada» y «clara» son términos antónimos. Luego, Ud. afirma cosas falsas. La menor de ellas es que soy «miembro de la MUD», como si tal cosa fuera una falta horrenda. Como advertí en mi programa del 10 de mayo, y se escuchó ayer en el fragmento reproducido de esa emisión, soy usualmente muy crítico de la MUD a la que, por otra parte, no pueden pertenecer personas individuales, puesto que ella es una organización de partidos. Tampoco es cierto que me solazara con nada; por lo contrario, el tema me es muy desagradable. No disfruté tratarlo.
Pero su reclamo central es que no describí las torturas que se habrían practicado en nuestro propio país. En más de una ocasión expresé mi repudio a las mismas, así como dije, nada veladamente, que todo abuso de los derechos humanos, aquí y en cualquier parte del mundo, debía ser no sólo rechazado sino castigado.
El planteamiento de mi exposición de ayer se contrajo a señalar la carencia de autoridad moral del Congreso de los EEUU para sancionar violaciones de ciudadanos extranjeros a los DDHH. No retiro ni una coma de esa evaluación. Ése era su tema, por cuanto era noticia de la semana, muy apreciada por quienes entienden las cosas en Venezuela como película en blanco y negro, una historia de superhéroes contra supervillanos, y a los EEUU como portadores de la verdad absoluta. Mucho antes de la llegada de lo que he llamado «chavoma» a nuestro país, ya había opinado acerca de excesos de los EEUU, muy numerosos, en su política exterior y eso era, de nuevo, mi tema.
Además de un mejor uso del castellano, conviene asimismo que Ud. aprenda algo de Lógica. En ningún caso defendí yo «a ultranza la soberanía de quienes nos torturan». La crítica a las sanciones, además enteramente justificada en términos evangélicos—mirar la paja en el ojo ajeno cuando se tiene la viga en el propio—, de ningún modo equivale a cohonestar vicios locales; se trata de proposiciones lógicamente independientes. Y la Lógica tiene por falacia el defectuoso tipo de razonamiento que la emprende con ataques personales contra aquél cuyas opiniones no nos gusten. Ud. ha podido ser más respetuosa y aducir verdaderos razonamientos, en lugar de objetar mi conducta, la que se limitó a decir verdades. Si yo razonara como Ud.—lo que gracias a Dios no hago—, entonces deduciría inválidamente que su comentario es una defensa a ultranza de las torturas de la CIA. No lo hago; en cambio tomo nota, como Ud. no lo ha hecho conmigo, que opinó que tales torturas eran «horribles por cierto».
Ud. usa, finalmente, de modo bastante libre el plural de primera persona, cuando escribe «no necesitamos enemigos». ¿Quiénes forman esa primera persona plural? ¿Sólo quienes amanecen con ningún otro propósito vital que decir algo malo del gobierno? Hay opositores patológicos, ya descritos por mí en Enfermo típico, hace casi nueve años. Para su conocimiento, combato incesantemente al sistema chavista, al que he descrito como un proceso canceroso, desde el 4 de febrero de 1992. Acá le pongo, para que adquiera Ud. conocimiento pertinente, una breve relación de mi postura, escrita el 19 de agosto de 2004:
Pocos días después del 4 de febrero de 1992, el diario El Globo nos publicaba artículo en el que asentábamos contundentemente nuestra opinión de que la asonada de aquel día era un evidente abuso de parte de Hugo Chávez y sus secuaces de conjura. (El día 3 de febrero nos había publicado asimismo, la víspera del golpe cuya preparación ignorábamos, un artículo en el que por enésima vez exigíamos la renuncia de Carlos Andrés Pérez).
En 1994 escribimos, a raíz del sobreseimiento de la causa de los prisioneros de Yare, que creíamos que han debido cumplir, contra lo concedido por Rafael Caldera, la pena exacta que las leyes venezolanas preveían en materia de rebelión.
En desayuno al que fuéramos invitados en plena campaña electoral de 1998 (en las oficinas de la agencia de publicidad J. Walter Thompson) dijimos al mismísimo Hugo Chávez, expositor de circunstancia, que el titular del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad, y no una logia de una decena de comandantes que sin ningún derecho juraran alzarse ante los restos de un decrépito y patriótico samán. En la misma ocasión le quisimos hacer entender que si insistía en glorificar su criminal aventura de 1992 no tendría ningún sentido establecer un diálogo al que me invitaba, tras mi declaración primera, en compañía de William Izarra.
El 19 de agosto de ese mismo año escribíamos, para el diario La Verdad de Maracaibo, un artículo en el que se estableciera, por primera vez de modo público, una comparación entre la figura de Chávez Frías y la de Adolfo Hitler.
En enero de 1999, ya electo Chávez, nos permitimos decir en voz tan alta que llegó a todo el auditorio, y en su presencia a distancia de dos metros, que estaba completamente equivocado en su concepto constituyente, en acto convocado en La Viñeta.
Durante todo el transcurso de su desgobierno, por escrito, por radio, por televisión, hemos hecho explícita nuestra consistente oposición a sus ideas y sus métodos. El 25 de febrero de 2002, por citar un solo caso, propusimos un procedimiento para abolir su régimen en conocido programa matutino televisado.
En síntesis, no nos gusta el animal político que es Chávez, como tampoco simpatizamos con su simple personalidad, porque rechazamos el abuso y la idea de que alguien se crea con derecho a imponer su inconsulta voluntad a todo un pueblo.
Después de esa relación, no he cesado en mi frontal y argumentado combate al chavismo. No creo que pueda exhibir Ud. una trayectoria parecida.
Para opinar con propiedad en política (que es arte complejo), no es recomendable andar por la vida con la guía de aforismos simplistas, muchos de ellos inmorales. No creo que es verdad que «el enemigo de mi enemigo es mi amigo»; la maldad de Stalin no absuelve la mía, así como la del chavismo no santifica a los EEUU por el mero hecho de que se le opongan. Conjeturo, no me consta, que Ud. encuentra mérito en tan elemental fórmula.
«Todo problema político es en el fondo, un problema moral».
Dos males nunca harán un bien.
Los ataques ad hominem contra el Dr. Alcalá sólo sirven de descarga momentanea de impotencia y resentimiento indiciudual, de alto valor psicológico pero de bajo efecto sociológico y menos políticos.
Hay que rechazar toda tortura, aún la que se hace a torturadores, pero deben ser las instancias legales y constitucionales de cada Estado.
Comprendo los sentimientos de los torturados y sus familias, pero creo poder sugerir, que en lugar de insultar a nadie, cada indignado convenza a un adversario político y le contagie su indignación para que este, que tendrá familia o amigos también, se oponga a esta. Tenga la seguridad que el gobierno tendría que abandonar tan abominables prácticas.
Aceptar la intromisión de otro Estado, en los asuntos internos, ha resultado muy negativo, desde la guerra del Peloponeso, con las únicas excepciones de las intromisiones y ocupaciones aliadas, en Estados totalitarios, de estólida brutalidad y criminalidad como lo fueron el caso del Japón y Alemania, después de la segunda Guerra Mundial.
Hola, general Lon. Su comentario, que agradezco en tanto me defiende, me permitirá considerar algunos ángulos que no he comentado a mi vez.
El asunto de la eficacia de las sanciones, por ejemplo, que no fue tema del programa #123, constreñido exclusivamente a destacar la carencia de autoridad moral de los EEUU para sancionar a violadores de DDHH, sus colegas. En respuesta a un comentario previo de Alfredo Vásquez, aludí a la opinión de Luis Vicente León (Sanciones… otra vez), quien por su lado refiere la posición del Coordinador General de Provea, al decir: «Es importante que estos temas se lleven al seno de los organismos multilaterales y especializados en derechos humanos y lograr que se pronuncien y denuncien cualquier violación que en efecto haya ocurrido y presionen al gobierno a castigar y rectificar. Tomar la ruta individual del ‘big brother’ suele terminar siendo más bien un ‘big mistake’ o como dice Marino Alvarado de Provea, un autogol desde la media cancha».
León recuerda mediciones de Datanálisis del mes de mayo, momento en el que el tema de las sanciones contra funcionarios venezolanos ya estaba en el tapete. (En mi programa del sábado pasado, precisamente, reproduje un fragmento de la emisión del 5 de ese mes de Dr. Político en RCR, en la que ya se trataba este problema). Esto refresca León:
…el 70% de la población cree que la situación del país es negativa y, sin embargo, el 73% no está de acuerdo con que el gobierno norteamericano tome alguna acción unilateral y esto incluye al 55% de quienes se consideran opositores y el 64% de los independientes. El 70% de los entrevistados considera inadecuado que se apliquen sanciones contra Venezuela, pero incluso cuando hicimos la prueba ácida de preguntar sobre sanciones específicas contra funcionarios acusados de cometer violaciones contra derechos humanos, conseguimos que el 54% está en contra, frente a 38% a favor. El tema más relevante lo conseguimos cuando preguntamos cuáles podrían ser las motivaciones de EEUU para aplicar sanciones contra funcionarios venezolanos. La respuesta fue demoledora. El 44% cree que esta sería una excusa para provocar un golpe de Estado y quedarse con el control del petróleo, mientas un 16% piensa que es un mecanismo encubierto para atacar a Maduro. Sólo 20% cree que es simplemente un mecanismo de castigo a funcionarios públicos que han violado los derechos humanos.
El recurso a la intervención extranjera no tiene nada de nuevo; ya conocida desde hace mucho, en la Edad Media era relativamente frecuente que una ciudad-estado, como las italianas prerrenacentistas, invitaran a los jefes de tropas mercenarias foráneas a tomar parte en la lucha interna por el poder. En más de una ocasión, estos «condottieri» se convertían en «capitanes del pueblo» (capitani del popolo) que adquirían el control de la ciudad en cuestión y se establecían como autócratas, dejando con los crespos hechos a quienes habían solicitado su venida. (En otros casos, los menos frecuentes, se portaban bien: la Guardia Suiza del Vaticano es el ejemplo más notable).
Pero quiero insistir en que estas consideraciones estuvieron ausentes de mi planteamiento del sábado. Mi único punto era la contradicción flagrante de las sanciones emitidas por un cuerpo legislativo extranjero que un día antes había reconocido las violaciones a los DDHH de su propio país.
Otra cosa es la psicología de jauría hidrofóbica de ciertos opositores patológicos (ver Enfermo típico, del 26 de enero de 2006). No creo, general, que quienes me atacaron por Twitter hayan sido torturados o tengan familiares que hayan sufrido tortura a manos de funcionarios policiales o militares venezolanos. Ya en otra red social se suscitó un debate que publiqué en mi blog (Intercambio en Facebook) con venezolanos que viven en el exterior, casi todos en el área de Miami, y han adquirido ya la psicología del anticastrista mayamero de rancia estirpe y nula eficacia. Fidel Castro nunca corrió peligro de la actividad anticastrista en Miami.
En cambio, pienso que son personas que ven las cosas en blanco y negro, simplistamente como película de superhéroes contra supervillanos. Para ellos, es sacrilegio disentir de cualquier cosa que se oponga al chavismo, el original o el sucesoral, aun cuando ella sea injusta, ineficaz o carente de autoridad moral. “El enemigo de mi enemigo es mi amigo”.
Creen, conmovedoramente, que es su deber patriótico amanecer cada día predispuestos al ritual de repetir, por enésima vez a la ene potencia, que vivimos un desastre y atribuirlo a una “dictadura comunista” (la de Stalin o la cubana sí lo eran). Acusan, pero nunca han sido capaces de refutar el discurso socialista en cabeza de nuestros electores, que es la tarea política por hacer.
Es esto último lo que procuro hacer desde mi programa, y el gobierno no se equivoca conmigo: ayer oí que CONATEL tiene a mi programa en la mira, y que pudiera ser sacado del aire. El oficialismo sabe que mi argumentación es mucho más letal que la execración ritual de otros comunicadores de alma simple.
La escucha de su programa del 13 de diciembre de 2014 me recordo un fragmento de Jose Rafael Pocaterra respecto del pedido de ayuda a los Estados Unidos de America que hicieron los allegados a Juan Vicente Gomez para defenestrar a Cipriano Castro, el fragmento en cuestion es citado a continuacion.
«Pueden tener la seguridad de que si para salir de Gómez la revolución de Venezuela necesita apelar a expedientes como el del cable que éste puso por mano de Paúl pidiendo cruceros a los Estados Unidos, allá se les pudre mandando…» José Rafael Pocaterra: Memorias de un Venezolano de la Decadencia, capítulo XII
Gracias por el apunte, Sr. Vásquez, que no tenía en la cabeza. Ya hace demasiado tiempo que leí—parcialmente, no todas—las memorias de Pocaterra, que mi padre atesoraba. Recientemente, Luis Vicente León y otros han señalado que lo usual es que sanciones como las establecidas el miércoles por el Congreso de los EEUU, tienden a reforzar el blanco de su castigo.
La intervencion de EEUU en la politica latinoamericana casi siempre con muy raras excepciones ha sido poco provechosa.
Aunque casi nadie duda de las violaciones a los DDHH de algunas autoridades venezolanas una resolución de este tipo debería venir de instancias multilaterales.
En todo caso cuando este regimen deje de existir hay que hacer una verdadera cruzada para lograra que sus desmanes sean condenados.
No hay paz posible sin que haya justicia oportuna e imparcial antes.
Le agradezco sus observaciones. Quizás deba reiterar que no me aproximo a la Política en términos justicieros, sino como un arte de carácter médico, cuyo fin es la salud de la sociedad en la que se ejerce, la solución de los problemas de carácter público.
Hace casi seis años (febrero de 2009) declaré que «la tarea política profunda es la de unir a ese país dividido». En agosto de ese mismo año opiné también: «Si rechazamos de [Chávez] su ira y su miedo, si su sentido del deber es retorcido y extraviado, no neguemos que también actúa por amor. La venganza no debe ser su sucesor».
Y mi postura alejada de cualquier intención justiciera no es nueva. En 1987, casi cinco años antes de la emergencia de Chávez a la conciencia nacional, asenté en Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela (un estudio que consideró el golpe de Estado y un outsider en la Presidencia de la República): «Si un aspirante a outsider sorpresivo, a ‘tajo’ de las elecciones, plantea su campaña con un grado apreciable de vindicta, de falta de comprensión de lo que en materia de logros políticos debemos aun a los adversarios, obtendrá temprana resonancia y fracaso final. El outsider con posibilidad de éxito no se impondrá por una mera descalificación de sus contendientes y, en todo caso, no por descalificación que se base en la negatividad de éstos sino en la insuficiencia de su positividad».
A la cesación del actual régimen habría que emprender una cirugía reconstructiva del Estado, para reparar los muchos estropicios en él introducidos, reducir su tamaño y restituir a la sociedad el espacio que le ha arrebatado, y una buena dosis de psiquiatría política: la psiquis nacional está profunda y extensamente dañada.
Se requieren precisiones como la siguiente: 1) Los únicos que pueden violar DDHH son los Estados, o a lo sumo, quienes ejerciendo ciertos elementos de la soberanía, como el control de un territorio, cometen abusos en contra de los ciudadanos individualmente o colectivamente y que transgreden derechos que universalmente han sido reconocidos. Un asaltante que asesina a su víctima no viola DDHH, lo que hace es violar la Ley, cometer un delito que es sancionable por el ordenamiento jurídico.
2) No existe un estado que exento de violaciones a los DDHH; en esta circunstancia, ningún Estado tiene la autoridad moral de cuestionar el desempeño en esta materia de ningún otro Estado, según el argumento expresado en el programa.
3) El Régimen Internacional de protección de los derechos humanos presupone esta situación de violación en todos los países en una menor o mayor medida. Esto es así porque individualidades u organismos de los Estados se exceden, en especial los policiales. Lo que esperan las instancias internacionales es que en estos casos se hagan las denuncias correspondientes ante los órganos de ese país y se logre, en los casos en que sea procedente, el restablecimiento de las situaciones jurídicas de los afectados y las indemnizaciones a que hubiere lugar si estas no pueden restituirse cabalmente.
4) También hay que sopesar la magnitud de las violaciones de DDHH en cada país, tomando en consideración también la diferencia entre la violación de DDHH asecas y los llamados delitos de lesa humanidad, como el genocidio, que presuponen la afectación de una cantidad significativa de personas, que exista detrás de esto algún tipo de discriminación o foco en personas determinadas e identificables por sus posiciones políticas, religiosas, raciales, etc.
5) Cuando las personas afectadas no obtienen justicia en sus propios países, no les queda más remedio que acudir a instancias internacionales. En este sentido se debería evaluar cuantos casos existen en instancias internacionales de cada país y su gravedad. También en este sentido habría que avaluar si una vez tomada una decisión favorable en alguno de estos casos, o en el caso de que se dicten medidas cautelares o de protección, ¿cómo respondió el país condenado o requerido de tomar medidas frente a esas determinaciones?.
Entiendo que en el caso de Estados Unidos si existe una sistema judicial de mucha solidez, todavía no el deseable, pero que tienen un handicap grave y es la falta de adhesión a los tratados internacionales de DDHH como el acuerdo de Roma y que su condición de beligerante la utiliza para excusar sus excesos en esta materia; pero a mi juicio si puede tomar medidas soberanamente y legítimamente en contra de personas individuales que tienen visas de turistas o no (la anulación de una visa es acto revocatorio soberano de todo país que en ninguna parte exige que tenga una motivación legal, porque es totalmente discrecional) y que invierten fortunas en Estados Unidos que pueden provenir de la corrupción, del narco-tráfico o del comercio de armas, en cumplimiento de tratados internacionales que obligan a combatir el lavado de dinero proveniente de tales actividades, de la misma forma que Venezuela como firmante de esos mismo acuerdos, puede suspender visas y está obligada a abrir procesos por lavado de dinero a cualquier extranjero que no pueda demostrar la licitud de los fondos que invierte en el país.
Venezuela en los tratados de DDHH que ha firmado ha aceptado que las violaciones de DDHH pueden ser juzgadas en otros países y los acusados deben ser arrestados y puestos a las órdenes de los tribunales competentes, aunque los delitos no se hayan cometido en su territorio, con lo cual no tiene argumentos para cuestionar que otro país, aunque no sea firmante de esos mismos acuerdos, su órgano legislativo haya tomado una decisión de que si lo deben hacer en estos casos.
En cuanto a Venezuela: como todo país viola DDHH, pero con una diferencia muy grande: todas las instituciones que deberían impedir, corregir o sancionar las violaciones de DDHH lo que hacen es violar la Constitución y las Leyes de manera reiterada; legitiman con dictámenes y opiniones las violaciones que se cometen en el país. No dan cumplimiento a ninguna medida preventiva o definitiva en materia de DDHH, y lo peor, la reiterada acciones represivas de opositores, con Juicios sumarios (lo de los Alcaldes), torturas, tratos abusivos, la impunidad generalizada y la situación carcelaria (el encarcelamiento se ha transformado en una sentencia de muerte por añadidura), ya se están configurando estas actuaciones como delitos de lesa humanidad (aquí haría falta una opinión más calificada que la mía).
Por estas razones, a mi juicio, un número cada vez más grande de países, tienen la suficiente autoridad moral para cuestionar nuestro comportamiento en materia de DDHH.
Yo como persona que cree en este tema y su importancia diría, en descargo de los afectados: Aún cuando sean culpables tiene derecho a la presunción de inocencia, a la defensa, a su honor y reputación, al debido proceso, a ser juzgado por su jueces naturales, etc. En este caso les recomendaría solicitar una apertura de una investigación de sus casos a la Fiscalía General de la República, quien debería solicitar a las autoridades competentes de los Estados Unidos la información que sustenta su descalificación, a los fines de que los afectados puedan presentar sus argumentos en defensa de su causa y en caso de que el resultado fuere favorable a algunos de ellos, puedan presentar y desvirtuar la calificación y las consecuencias de las mismas en los Estados Unidos. Creo que es lo que una persona inocente haría.
Hago una salvedad, si una Fiscalía benevola los absuelve, seguirían sujetos a investigaciones y sanciones en el futuro, porque lo importante son los elementos de juicio para determinar su culpabilidad o inocencia. También la Fiscalía y los Jueces de estas causas ponen su cuello en el yunque, si absuelven a quien debe sancionar, porque estaría actuando como encubridora de hechos punibles graves e imprescripctibles.
Venezuela podría revocarle la visa a los norteamericanos que quisiera, sin dar ninguna explicación y en especial a aquellos que violan DDHH.
Lástima que en el mundo de hoy hay más amor por el dinero y los intereses de cada país que por los DDHH. Sueño con una Venezuela abanderada en esta lucha.
Quiero agradecerte muy especialmente la lección que aquí has ofrecido; ella amplía el contexto para la consideración del caso. Ahora me interesa introducir alguna precisión y añadir consideraciones adicionales, las que también debemos incluir en ese esfuerzo de contextualización.
1. En ningún caso he negado el derecho de cualquier Estado a cuestionar a cualquier otro. (Pones: «ningún Estado tiene la autoridad moral de cuestionar el desempeño en esta materia de ningún otro Estado, según el argumento expresado en el programa»). No usé ningún argumento en ese sentido; me limité a sostener que los EEUU no tienen autoridad moral para sancionar las presuntas violaciones de DDHH en nuestro país o en ningún otro, siendo que las suyas son, además, no sólo contumaces sino mucho peores que las que el opositor venezolano más radical pueda atribuir a funcionarios del gobierno de Maduro. Por supuesto que ellos, o cualquier otro Estado, son libres de conceder o negar visas de acceso a su territorio en cualquier momento. Eso jamás fue mi punto.
2. La presunción de inocencia protege a todo el mundo, incluso a sospechosos de violación de DDHH. La representante por Florida, Ileana Ros-Lehtinen (republicana y cubana), el senador por Florida, Marco Rubio (republicano hijo de cubanos), y el senador por Nueva Jersey, Robert Menéndez (demócrata hijo de cubanos), promotores de la legislación sancionatoria, no han interrogado a los presuntos violadores locales ni les han ofrecido oportunidades para su descargo; se han limitado a dar por buenos los alegatos del lobby venezolano en los EEUU, afín a sus propias inclinaciones. En su propio sistema penal, esto no sería admitido en un tribunal.
3. Es incorrecta la presunción de que las personas a quienes se hubiera violado sus DDHH en el ciclo de protestas que arrancara en febrero son todas angelitos patrióticos y heroicos. Tampoco tengo pruebas de que hubiera una conspiración para la deposición de Nicolás Maduro a partir de ese mes, pero puedo presumirla. En un libro que su autora (Paola Bautista de Alemán) me obsequió hace unos días, se lee: «Nicolás Maduro, en medio de la masacre del 12 de febrero de 2014, sacó del aire a NTN24. El canal de noticias colombiano estaba transmitiendo en vivo el embate violento de funcionarios del Estado en contra de los estudiantes y, al ser testigo de excepción de la injusticia, fue declarado ‘golpista’ y eliminado de las parrillas de las operadoras de cable en el país». En comentario que le envié sobre su trabajo, le advertí: “En primer lugar, no sé si el sustantivo masacre—DRAE: Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida—sea el más ajustado a la verdad. El 12 de febrero hubo tres fallecidos en los sucesos de ese día: dos hacia el centro de Caracas y uno en Chacao. Respecto de los primeros, que son los atinentes a la actuación de NTN24, el Sr. Julio Jiménez Gedler (Julio Coco), ofreció una descripción que no cuadra con la suya; dijo haber presenciado cómo residentes invasores del Sambil de La Candelaria atacaron a motorizados, y cómo la Policía Nacional Bolivariana procedió a reprimirlos, y cómo los motorizados de algún ‘colectivo’ se sumaron a este ataque, y entonces se produjeron las muertes. Por lo demás, hay un funcionario del Sebin detenido e imputado por la muerte de un ciudadano esa tarde. Pero tengo por muy verosímil que NTN 24 se sumara a un protocolo golpista; lo que transmitía en momentos de su sacada del aire no eran los desórdenes, sino un grupo de entrevistas a cuatro personas cuidadosamente seleccionadas: Leopoldo López, María Corina Machado, Diego Arria y ¡Otto Reich!. (Este último para traer de una vez la censura de un operador estadounidense radical, quien además estaba muy lejos de los acontecimientos y difícilmente hubiera podido ser objetivo e imparcial)”.
Todas esas cosas, y varias otras más, son necesarias para el juicio correcto de los acontecimientos. De todos modos, vuelvo a agradecerte la útil lección de derecho que nos has regalado.