Historia complementaria

 

Lo que sigue es el texto de una sección—La hija de la Coordinadora—del capítulo VIII (La enfermedad de la victoria) de Las élites culposas, y detalla la cacofónica incompetencia de la Mesa de la Unidad Democrática, tal como se manifestaba en 2009. Sirve de complemento a parte de lo expuesto en Dieciséis años de incompetencia.

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Quien escribe ignora cómo transcurrieron los procesos de deliberación estratégica en el seno de la MUD en 2009 pero, a juzgar por sus resultados, el método empleado en aquéllos debía ser errático, superficial y apresurado. La serenidad parecía estar ausente de esa deliberación, así como la unidad de criterio. En respuesta a la angustia ciudadana causada por la anunciada aprobación de la Ley Orgánica de Educación—13 de agosto de 2009—, líderes de distintos partidos pertenecientes a la Mesa saltaron ante la opinión pública con urgentes anuncios a nombre de “la oposición”, sólo para contradecirse en pocas horas.

El diario El Universal reseñaba, por ejemplo, el 14 de agosto: “El diputado del partido Podemos, Ismael García, anunció que a partir de este momento se declaran en rebeldía y desacato contra el instrumento legal, que calificó de absurdo… Indicó que acudirán al Consejo Nacional Electoral para solicitar un referéndum abrogatorio”.

La misma nota, de Yaneth Fernández y Alicia De La Rosa, recogía la posición de Antonio Ledezma: “Declaramos a todos los sectores democráticos en Venezuela, a los partidos políticos, a los sectores estudiantiles, a los educadores de universidades, liceos y escuelas, a los padres y representantes, a los transportistas, a los comerciantes de los pueblos del país, a los congresantes, a los legisladores, nos declaramos a partir de este momento en lucha permanente en defensa de la Constitución y la democracia venezolana”. De seguidas recomendaba esta novísima táctica: “Convocamos a Venezuela a activarnos esta noche haciendo sonar un gran cacerolazo en rechazo a la Ley inconstitucional. Esta noche a las ocho comenzará el corneteo en calles, autopistas de toda Venezuela y que se hagan escuchar en barrios y urbanizaciones las cacerolas”. No hubo reportes posteriores de cacerolas batientes dignas de reseñar.

Al domingo siguiente el mismo diario titulaba: “Oposición acuerda apoyar referendo abrogatorio contra Ley de Educación”. Daba cuenta de una reunión en la que el alcalde Ocariz había servido de anfitrión: “Alcaldes de oposición del Área Metropolitana, acordaron con la gobernación de Miranda, la Alcaldía Metropolitana, padres, representantes y docentes en contra de la Ley Orgánica de Educación, organizar la convocatoria a un referendo para eliminar este instrumento jurídico”. El primer orador del acto fue Juan José Molina, diputado por Podemos, quien dijo: “… queda el camino de la democracia y solicitar un referendo abrogatorio para seguir viviendo en la democracia que todos estamos acostumbrados”. También hablaron Gerardo Blyde—ex Primero Justicia, también pasado a Un Nuevo Tiempo—, Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo) y Carlos Ocariz (Primero Justicia), quien “se comprometió a apoyar a la sociedad civil en la recolección de firmas para el abrogatorio”. Ledezma, dice el periódico, “insistió en la necesidad de hacer un referendo abrogatorio que derogue la Ley Orgánica de Educación ya firmada este sábado por el presidente de la República Hugo Chávez Frías”. Blyde afirmó: “Hay que borrar [la LOE] del mapa jurídico venezolano y para eso es el abrogatorio”. Cerró el acto el Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien contribuyó anunciando la creación del Comando Moral y Luces—siguiendo la pauta de Chávez, que todo lo relaciona con Bolívar—, cuya misión sería la de “solicitar formalmente” a las autoridades del Consejo Nacional Electoral activar un referéndum para “que sea el mismo pueblo venezolano el que apruebe o no la Ley de Educación”.

Esta fase del proceso merece tres comentarios. Primero, la iniciativa popular no solicita; manda, a pesar de la redacción constitucional. Segundo, éste no es asunto en el que debieron involucrarse de manera tan protagónica alcaldes y gobernadores electos, cuya exclusiva función era la de rendir un servicio público en sus respectivas circunscripciones; no podía servir de excusa que Hugo Chávez excediera su función presidencial al actuar como líder del PSUV y meterse en cosas que no le incumbían—fue costumbre sana, ya olvidada, de nuestra democracia liberar de disciplina partidista al Presidente de la República—, y si los partidos mencionados querían estar en aquel acto, sus voceros han debido ser Omar Barboza, Oscar Pérez o Richard Blanco y Julio Borges. Tercero, ya yo había alertado[1] que el camino abrogatorio sería impedido irremisiblemente, sobre la disposición del último párrafo del Artículo 74 de la Constitución: “No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes… que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos…”

No era difícil anticipar que el TSJ, cuya Sala Constitucional mutila la Constitución Nacional sin espabilar, declararía que la LOE era, justamente, un “desarrollo” del derecho a la educación, que es un derecho humano. Le bastaría apuntar a la primera cláusula del Artículo 103 de la Constitución Nacional: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. En consecuencia, un esfuerzo opositor por abrogar la nueva Ley Orgánica de Educación sería, irremisiblemente, trabajo perdido. Se trataba de un espejismo.

Debe reconocerse, por supuesto, que Acción Democrática no participó de tal sarao de apresuradas opiniones, y que Un Nuevo Tiempo anunció poco después su posición oficial de rechazo a la idea del referéndum abrogatorio. Pero no fue sino hasta el miércoles 19 de agosto cuando El Universal reportara:

La determinación de la Mesa de la Unidad contra un abrogatorio se tomó en una reunión plenaria la noche del lunes—según algunas fuentes, a instancias del MAS—en el entendido de que el anuncio de García no contaba con el consenso pleno, existiendo incluso dentro de la cúpula de los partidos posiciones divergentes. Éste fue el caso de Primero Justicia, pues Julio Borges dejó claro que el apoyo expresado a la consulta electoral por el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, durante el acto del domingo en La Urbina, no contaba con el respaldo de la dirección nacional, confió uno de los asistentes al pleno… El secretario general de COPEI, Luis Carlos Solórzano, sí estima procedente impulsar un referendo contra la LOE, pero ninguno de los directivos de ese partido asistió a la reunión del lunes. Asimismo, las versiones coinciden en que en el debate, tanto Acción Democrática como La Causa R presentaron posiciones institucionales firmes desde el principio en contra de esa posibilidad… En cuanto al MAS, la posición inicial favorable expresada de manera pública por sus dos coordinadores nacionales, José Antonio España y Nicolás Sosa, debió ser reconsiderada tras la demanda del resto de los miembros de la dirección naranja por una posición colegiada.

También anotó el diario: “…otro dirigente, molesto por las marchas y contramarchas estratégicas de la alianza de oposición, estuvo en desacuerdo con responsabilizar a García exclusivamente y puso de bulto la concatenación de sucesos, pues tras la rueda de prensa del viernes—recalcó—se realizó el acto de calle en Chacaíto y el pronunciamiento de los alcaldes del Área Metropolitana de Caracas y del gobernador de Miranda a favor del abrogatorio, de modo que, a su juicio, hay una responsabilidad compartida en el apresuramiento del anuncio y el costo político que deberán pagar ahora una vez reconsiderada la decisión”.

Una vez muerta la peregrina noción abrogatoria, sin embargo, parecía que la Mesa de la Unidad buscaba una ganga: la décima parte de las firmas requeridas para forzar una consulta de abrogación. El lunes 24 de agosto continuó informando Carolina Contreras en El Universal: “Henrique Capriles Radonski, Gobernador de Miranda, acudió en representación de la Mesa de Unidad al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar un mecanismo que permita la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE) vía iniciativa popular”. Y citó al mandatario mirandino, quien habría dicho: “Ya que se negó el referendo abrogatorio (…) el artículo 204 de la Constitución, 205 de la Constitución establece claramente de un 0.10% de los electores inscritos en el CNE pueden solicitar la reforma de una ley. Es decir que el Consejo Nacional Electoral tendría que fijar el mecanismo para que nosotros podamos a buscar la voluntad de ese 0.10% de electores”. (Sic, sic, sic).

Bueno, en primer término, la iniciativa popular de las leyes puede ejercerse con 1% de los electores, no con 0,1%, como señalaba Capriles mal informado, suponiendo que no hubiera sido citado incorrectamente. Luego, la iniciativa popular no puede reformar ninguna ley; tan sólo puede introducir un proyecto de reforma, cuyo destino será determinado por la Asamblea Nacional, hecho que lleva a otras consideraciones.

Para empezar, el Artículo 205 de la Constitución reza: “La discusión de los proyectos de ley presentados por los ciudadanos y ciudadanas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se iniciará a más tardar en el período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado. Si el debate no se inicia dentro de dicho lapso, el proyecto se someterá a referendo aprobatorio de conformidad con la ley”. Si hubiera sido seria la intención de la Mesa de Unidad, lo más rápidamente que habría podido actuar sería recoger las firmas a tiempo para introducir el proyecto de reforma antes del 15 de diciembre de 2009, cuando concluía el segundo período de sesiones ordinarias de 2009. En tal caso, la Asamblea tendría la obligación de iniciar—no necesariamente concluir—la discusión del proyecto antes del 15 de agosto de 2010. A Cilia Flores le bastaría dar la palabra a un solo orador que “iniciara” la discusión el mismo 15 de agosto de 2010 en horas de la tarde.

Pero el obstáculo principal—que remitía al recuerdo de la pretendida enmienda de recorte de período en 2002—era que la misma Asamblea Nacional que acababa de aprobar la Ley Orgánica de Educación habría sido el órgano encargado de discutir y aprobar, o más probablemente rechazar, un proyecto de reforma introducido por iniciativa popular, así llegara respaldado por dieciocho millones de firmas, o el registro electoral en pleno. La Constitución no garantiza que un proyecto de ley introducido por iniciativa popular será aprobado. ¿En qué cabeza cabía, pues, que era una idea medianamente productiva la introducción de un proyecto de ley que negase lo que la asamblea de Cilia acababa de aprobar?

Así estaban las cosas, pues, con la oposición formal venezolana. Si la Mesa de la Unidad no volvía a revertir la actuación de su delegado, Henrique Capriles Radonski, para deslindarse de tamaño desatino, ya no tendría un chivo expiatorio, como en el caso de Ismael García, a quien atribuir el nuevo apresuramiento y la nueva equivocación, después de que ella convocara una enésima marcha de protesta en seguimiento de aquella profunda máxima estratégica de que había que “calentar la calle”.

La representación de Capriles, por otra parte, revelaba holgazanería política en la Mesa de la Unidad. Cuando todos los estudios de opinión reportaban rechazos muy mayoritarios a casi toda ejecutoria reciente del gobierno, se conformaba con captar la aquiescencia de uno por ciento de los electores, lo que ciertamente era más barato que diez por ciento de ellos.

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[1] En la Nota Ocasional N˚ 21 de doctorpolítico, del 15 de agosto de 2009.

 

LEA

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