La Standard Oil de Guyana

 

Napoleón Bonaparte enseñó a todos los líderes autoritarios que le han sucedido los elementos esenciales de la dictadura: la propaganda, una policía secreta eficaz e inexorable que constituye un estado dentro del estado, el empleo de dispositivos democráticos como el plebiscito para suscitar apoyo popular del régimen, la burocratización de las instituciones críticas como la educación y la religión de forma que puedan convertirse en instrumentos de adoctrinamiento, y el valor de las aventuras externas para hacer soportable la represión doméstica.

Blum, Cameron & Barnes – El Mundo Europeo

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Los autores de The European World – A History (Jerome Blum, Rondo Cameron y Thomas G. Barnes) aclararon el epígrafe: «Napoleón no originó ninguna de estas herramientas del autoritarismo; su contribución fue tejerlas juntas en el instrumento del estado autoritario moderno y demostrar cuán eficaz podía ser internamente tal instrumento».

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En su edición del 7 al 14 de este mes de junio, el semanario La Razón titulaba: Tensión en la Fachada Atlántica. Daba así lugar predominante en su primera página a las crecientes tensiones entre Guyana y Venezuela, a raíz de la notoria exploración petrolera de la EXXON-Mobil en aguas pertenecientes a la zona en reclamación venezolana de la Guayana Esequiba. Por debajo de ese titular especificaba que el Decreto Presidencial 1.787 (27 de mayo) de Nicolás Maduro*, que crea las Zonas de Defensa Integral Marítimas e Insulares, le permitiría a la Fuerza Armada de nuestro país «tener acceso a la zona en reclamación». Ayer, 8 de junio, Guyana Chronicle encabezaba una nota con estas palabras:

El Presidente venezolano Nicolás Maduro, en un deslumbrante viraje respecto de la política internacional del predecesor Hugo Chávez, ha firmado un decreto presidencial en el vecino país sudamericano que reivindica algo más de las dos terceras partes del territorio de Guyana, incluyendo su jurisdicción costa afuera. Desde entonces, el gobierno de Guyana ha respondido prontamente a Maduro que el intento de la República Bolivariana de Venezuela de anexarse espacios marítimos que pertenecen a la República Cooperativa de Guyana es absolutamente ilegal y un acto que será resistido.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la administración dirigida por Granger, ayer, por medio de misiva pública, descartó el decreto de Maduro, diciendo que «no puede ser aplicable a ninguna parte del territorio de Guyana y cualquier intento de la República Bolivariana de Venezuela de aplicar ese instrumento en manera extraterritorial será vigorosamente resistido por la República Cooperativa de Guyana».

El gobierno de Guyana dijo que no escatimará ningún esfuerzo para llevar a la atención de la comunidad internacional este acto agresivo e ilegal de Venezuela.

¿Suenan los tambores de guerra? La canciller Delcy Rodríguez declaró que en su comunicado Guyana «exhibe una peligrosa política de provocación contra la Venezuela bolivariana de paz, apoyada por el poderío imperial de una transnacional estadounidense como la Exxon Mobil, que debe ser rectificada de inmediato», y afirmó que nuestro país «rechaza categóricamente el tenor altisonante y las afirmaciones falsas emitidas en el comunicado de Guyana de fecha 7 de junio del corriente, que constituye una provocación y atenta contra la diplomacia bolivariana de paz».

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El diferendo venezolano-guyanés, antes venezolano-inglés, es de vieja data. Para empezar, la Capitanía General de Venezuela (1777) dominaba territorios conquistados por los españoles doscientos años antes de su establecimiento formal; se extendía desde el Cabo de La Vela, en la Guajira, hasta la margen occidental del río Esequibo. De hecho, la entidad que hoy es la Venezuela independiente llegó a incluir en su ámbito las islas de Trinidad y Tobago. (No es casualidad que la capital trinitaria se llame Puerto España). Veinte años más tarde, como resultado de su guerra exitosa contra los españoles, estas islas pasaron a manos de Inglaterra, la Pérfida Albión. («Attaquons dans ses eaux la perfide Albion», puso Augustin Louis Marie de Ximénès en el poema L’ere des Français en 1793, pues ese nombre aludía a los albinos acantilados de la costa inglesa sobre el Canal de La Mancha. Ximénès fue un diplomático francés de origen aragonés, y a un almirante británico que afirmaba: “¡Vosotros los franceses lucháis por el dinero; nosotros los ingleses por nuestro honor!”, Robert Surcouf, corsario a las órdenes de Napoleón, replicó: “¡Señor, cada uno lucha por lo que no tiene!”) Ya se la llamaba pérfida—DRAE: pérfido. Desleal, infiel, traidor, que falta a la fe que debe—desde al menos el siglo XIII, y Bossuet (1627-1704) dijo en uno de sus sermones: «L’Angleterre, ah, la perfide Angleterre…» ¿Habrán heredado nuestros vecinos guyaneses ese carácter?

La extensión oriental de ese dominio venezolano fue violada paulatinamente; primero penetraron la región los holandeses, en 1626. El Tratado de Münster (1648, parte de la Paz de Westfalia) reconocería que la colonia holandesa se establecía a partir de la margen oriental del Esequibo. Pero los pérfidos se encargaron de arrebatar esa ocupación a los holandeses mediante el Tratado de Londres de 1814, en concreto los establecimientos de Berbice, Demerara y Esequibo, aunque respetando este río como límite con Venezuela. Aún en 1836, un primer mapa del explorador prusiano Robert H. Schomburgk, contratado por el Colonial Office y la Royal Geographical Society de Londres para reconocer la región ahora controlada por Guyana, admitía ese límite. Tres años después el mismo Schomburgk produjo una segunda carta y en esta ocasión despojaba a los venezolanos de 142.000 kilómetros cuadrados de su territorio. Inglaterra lo explicó inicialmente como una opinión particular del cartógrafo, luego publicó el mapa en sus Parliamentary Papers (1840), a continuación consideró la demarcación como tentativa y por último la adoptó definitivamente. Allí nace el «derecho» inglés sobre el territorio que Venezuela disputa, con un trazo cartográfico arbitrario y contradictorio. (No en balde se ha dicho que la pluma es más poderosa que la espada). Pero ya en 1822 los ingleses habían invadido la zona hoy en reclamación, al instalar colonos en Moruca y Pomerún. Simón Bolívar protestó el hecho mediante representación diplomática en Londres y exigió que esos pisatarios obedecieran las leyes de la Gran Colombia o se retiraran, a lo que Inglaterra hizo caso omiso; calculaba bien que Bolívar no arriesgaría la guerra con ella en momentos cuando apenas se consolidaba la independencia colombiana y todavía debía expulsar españoles en tierras del otro océano.

Los pérfidos continuaron empujando. En 1841 volvieron a enviar a Schomburgk, esta vez a Punta Barima, localidad de nuestro estado Delta Amacuro, donde colocó postes que debió derribar al año siguiente tras enérgicas protestas del gobierno venezolano en Londres. Después, en 1850, el Foreign Office trató de provocar la secesión de Guayana desde Ciudad Bolívar, para anexarla a la Guayana Británica, e incluso hizo planes para anexarse al estado Apure. Para 1887, Inglaterra había publicado un nuevo mapa de la región esequiba e incorporaba a ella una zona de 20.000 kilómetros cuadrados adicionales, con pretensiones de llegar a Upata en aproximación creciente al Orinoco. La paciencia venezolana fue colmada y ese mismo año Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Albión, lo que previno una guerra que hubiera permitido a los albinos alcanzar nuestro gran río.

En 1895, Venezuela pidió a los Estados Unidos su intercesión en nombre de la Doctrina Monroe—»América para los americanos» (1823)—, y esto llevaría a la constitución del tribunal que decidiría el diferendo en el amañado Laudo de París (1899). Dos jueces británicos, dos estadounidenses—en principio representantes de Venezuela, pues los ingleses hicieron saber a sus antiguos súbditos que ningún juez británico se sentaría junto a un «abogado de color»—y uno ruso, dictaminaron otorgar a Inglaterra la casi totalidad del territorio que reclamaba. El ruso y uno de los norteamericanos admitieron al funcionario inglés Charles A. Harris que la decisión había sido una componenda—el secretario de Lord Russell, el principal de los jueces británicos, escribió: «La componenda de Martens [el juez ruso] nos ha dado la victoria»—, por lo que Harris sentenció: «The whole thing is a farse». (Todo es una farsa). El arrebatón se había consumado.

Como Venezuela nunca cedió en la defensa de sus derechos—los defendió ante el Tribunal de La Haya y en las Naciones Unidas—, hubo de producirse el Acuerdo de Ginebra de 1966**, que firmó Inglaterra poco antes de conceder a Guyana su independencia y estableció una Comisión Mixta de Límites formada por dos miembros venezolanos y dos guyaneses. En él se deja constancia de la reclamación venezolana, sin reconocer sus razones. Luego de otras peripecias—que incluyeron la firma del Protocolo de Puerto España—, el estatus actual es que Venezuela sostiene la nulidad del Laudo de París mientras los guyaneses mantienen que es válido. Una vez que nuestro país decidiera no renovar el mencionado protocolo, puso en manos del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas la escogencia de un método para resolver la grave diferencia, y entró en operación el mecanismo del «buen oficiante», una persona que interpondría sus «buenos oficios» para zanjar el asunto. Hasta ahora, todas las personas que han hecho de oficiante bueno han provenido del área de influencia inglesa en el Caribe: en sucesión, Alister McIntyre (Granada), Olivar Jackman (Barbados), Norman Givan (Jamaica). La cosa permanece en manos de Ban Ki-moon, el Secretario General de la ONU, quien heredara el escaparate de Kofi Annan, quien lo recibiera de Boutros Boutros Ghali, a quien se lo había traspasado Javier Pérez de Cuéllar. Se pasan la pelota.

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Guyana ha actuado siempre como si Venezuela alucinara respecto de su antiguamente indisputado territorio, y ahora ha subido la apuesta al contratar a EXXON-Mobil para la exploración en busca de petróleo en aguas que serían territoriales de nuestro país. Es esto lo que ha suscitado el decreto 1.787, pues le toca a un régimen que denuesta por principio de la conquista española que estableció nuestro territorio y nuestro pueblo—los warao no se trataban con los teques y caracas, mucho menos con los wayuú—, defenderse de la afrenta que ahora perpetra la descendiente directa de la Standard Oil de New Jersey. Esa tarea le conviene mucho en un año electoral en el que la calificación de riesgo del PSUV ha sido gravemente degradada. Como vimos, ya Napoleón Bonaparte había enseñado cuán valiosas podían ser «las aventuras externas para hacer soportable la represión doméstica». LEA

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*Descargar en .pdf: Decreto 1.787 en Gaceta Oficial Nº 40.669

**Descargar en .pdf: Acuerdo de Ginebra

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