Siendo que Chávez tiene el mayor control del poder posible en Venezuela—político, militar, económico—una oposición al estilo cacical debe fracasar. Es un brujo, no un cacique, quien puede suceder a Chávez a corto plazo. (2006). No es otro “tío tigre” menor que pretenda discutirle la posición alfa a Tío Tigre en su manada. Es Tío Conejo.
Carta Semanal # 131 de doctorpolítico
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Hace no muchos minutos que he enviado a una decena de amigos el texto que copio abajo, que por ahora remata un intercambio electrónico que ya lleva varios días. Creo que se explica, en gran medida, por sí solo.
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En toda esta conversación hay premisas más o menos encubiertas. Una de ellas, por supuesto, es que la diabólica Sala Constitucional interpretará el Derecho como le venga en gana. Esto no es así; aunque en sus más recientes decisiones hay mucho de razonamiento extrajurídico, enteramente político—por ejemplo, en la declaración de inconstitucionalidad en la reforma a la ley del BCV, incluyó la coartada de «guerra económica» en sus considerandos—, en general trata de guardar las formas y técnicas de uso longevo en el máximo tribunal. Gerardo Blyde, que forzó la reformulación del decreto de Chávez para el referendo de abril de 1999, es abogado y es opositor, y hasta él sugirió que podía haber inconstitucionalidad en varios artículos de la Ley de Amnistías.
Ha habido torpeza e ignorancia de la Constitución en la fracción opositora de la AN y las sigue habiendo; le convendría a esa gente recibir un taller sobre el texto fundamental, y a nosotros mismos. Así se evitaría, por ejemplo, cosas oídas recientemente, como que habría sido a partir del 14 de este mes (tercer aniversario de la elección de Maduro) cuando se podía iniciar el proceso revocatorio, sin considerar que el Art. 233 dice con total claridad: «el nuevo Presidente o Presidenta [proveniente de elección luego de la falta absoluta del Presidente antes de tomar posesión o antes de cumplir la mitad del período] completará el período constitucional correspondiente». Es decir, el período que empezó el 10 de enero de 2013, no el 14 de abril. (A veces dejo correr la sospecha paranoide; pensé que el defectuoso argumento pudiera ser útil a quienes—Torrealba, por ejemplo, o Ramos Allup—entorpecieron la posibilidad revocatoria durante todo un trimestre, perdiendo noventa días que a la postre pudieran resultar cruciales).
Que el gobierno tendría al TSJ de su lado era cosa requetesabida, cantada de antemano; no entiendo a qué viene la sorpresa. Era esperable que el TSJ se cuadrara con Maduro, pero es inexacta la noción de que la AN opositora es atacada gratuitamente sin que ella tenga nada que ver en el asunto, sólo por el hecho de «pensar distinto» en una «dictadura». Su Presidente desenterró el hacha de la guerra el mismo 5 de enero, al declarar en su discurso inaugural que era un «compromiso no transable» encontrar en seis meses el modo de terminar con el gobierno. A continuación, se ocupó del incidente de los retratos expulsados, desdiciendo de la majestad de la Presidencia de la Asamblea Nacional, que ha podido solicitar al Director de Servicios de la institución que se encargara discretamente de la cosa. (Para el único propósito de suscitar en las jaurías de Facebook y Twitter su aprobación con la frase estándar—»Se las cantó claritas»—y la declaración de amor de Claudio Nazoa que fuera tan frívolamente celebrada, como si fuera una estocada definitiva). Después vino el autogol del decreto de guerra económica, que excusó por palabras de Maduro, el enemigo, a quien no se le pregunta, como Churchill no preguntó a Hitler de cuánto tiempo disponía para tomar Normandía. Toda una nube de abogados argumentó incompetentemente que Ramos Allup disponía de ocho días, cuando una ley muy orgánica estipulaba 48 horas (visto a tiempo por M). El peligroso decreto adquirió vigencia por esa inexcusable omisión, y si no cobijó decisiones gravísimas es porque el gobierno está grandemente debilitado; a pesar de sus ladridos, no pudo expropiar a la familia de Lorenzo Mendoza. (Ya escucho el ingenioso retruque a esta última observación: «¡Pero Polar no hará más cerveza! ¡La está destruyendo por otras vías!»)
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Otra premisa es que la lucha contra el demonio político autorizaría en «nosotros»—siempre me ha preocupado ese plural de primera persona—una conducta tramposa; si es incorrecto entender a una constituyente como cuerpo con poderes absolutos, esto no importa, porque tenemos «el antecedente del 99» y «lo que es igual no es trampa».
Yo creo que imitar el mal conduce a cosas malas, indebidas. Al cierre de un artículo sobre las críticas a Dudamel y Abreu en 2007 (Conocimiento y opinión), puse lo siguiente:
Para quien escribe, el peor de los rasgos del presidente Chávez es, precisamente, la soberbia que exhibe en asuntos de moral personal y ciudadana. Él se siente y se proclama mejor que todos nosotros y él sabe lo que es bueno. Ser rico es malo; desprenderse de algunos dólares que le diera Kadaffi junto con algún diploma intrascendente es bueno. Sobre la convicción de superioridad moral asienta sus arbitrariedades.
Por supuesto, el gobierno buscó manipular los sentimientos del público al asociar su nuevo y redundante canal con la imagen admirada de Gustavo Dudamel. Este gobierno que dirige Chávez es un maestro en las artes de la manipulación. No está solo en la práctica, no obstante. ¿O qué eran las estampitas de la Virgen María que el ya poco recordado Juan Fernández blandía ante las cámaras durante el paro petrolero? ¿Qué era la insinuación del difunto y golpista cardenal Velasco, cuando decía en sermón catedralicio que los deslaves que sembraron muerte y destrucción en el estado Vargas eran un claro castigo de Dios a la soberbia presidencial?
Lo peor que puede hacer un opositor a Chávez es parecerse a él.
«Nosotros» debemos dar el ejemplo correcto. No nos sale lanzar rollos de papel higiénico a diputados oficialistas, ni dar discursos con una sábana de varios metros de papel en el que estaría enumerada una lista de casos de corrupción; ese histrionismo barato no ayuda en nada al país, a sus asediados y angustiados pobladores. ¿O es que no excita los peores instintos oficialistas que se hable en la Asamblea de «rectores tramposos» del CNE en la aprobación de la Ley de Referendos?
«Nosotros» debimos redactar un decreto de amnistía, no una ley, y no ayudó a nada la celosa declaración de Alfredo Romero, quien vio tardíamente la posibilidad (el 14 de diciembre) luego de haber anunciado un proyecto de ley una semana antes: “…este esfuerzo no puede estar sujeto a mezquindades, a luchas por protagonismos estériles ni a egoísmos de ningún tipo. De la lucha por la libertad, por los DDHH y contra la persecución política nadie es dueño ni protagonista exclusivo, así que este es un esfuerzo que es y será para todos los venezolanos”. (Ahora tenemos los resultados que tenemos, y en el juego nada gentil y fraternal en las entrañas de la MUD hay quien sugiere que el asunto se complicó adrede porque convendría a algunos que López siga preso).
«Nosotros» debimos aprovechar las facilidades del Decreto-Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas en la Ley de Referendos, en vez de esperar ahora que, en una interpretación defectuosa del Art. 298, habrá que sumar seis meses de espera para celebrar un revocatorio.
El desempeño opositor, desde una lectura incorrecta del 6D, ha ayudado mucho a la exacerbación de la guerra de poderes. Esa lectura algo alucinada ha conducido a lo que miden Datanálisis y DatinCorp: «Desapareció la esperanza generada por el triunfo opositor el 6 de diciembre de 2015… Hay frustración en los venezolanos con la actuación de la nueva Asamblea Nacional, incluida la gestión del Presidente de la institución Henry Ramos Allup». (Palabras textuales de Jesús Seguías al 2 de febrero). Que no haya mucha queja, entonces.
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Pareciera insensato continuar esperando que algún día la oposición convencional la pegue; el reciente «cabildo abierto» fue un fracaso en términos de asistencia. Ganarse un Kino luce como más probable. Hay que hacer cosas distintas.
A fines de 2005, contribuí con un capítulo (Tío Conejo como outsider) al libro Chávez es derrotable, editado por Fausto Masó. Ese texto concluye así:
¿Es posible afirmar que en Venezuela existen, o tendrían que existir, ejemplares humanos que calcen los puntos enumerados hasta ahora, que no son todos? Sé que existen. Hay más de un venezolano de cultura actualizada, serena y capazmente comprensivo de la complicada y planetizada época que vivimos, provisto de modernos paradigmas, y que a un tiempo es buen líder y eficaz comunicador, en posesión de vocación pública alejada del resentimiento político o social y la mera ambición de poder, inteligente y profesional.
Pero ni siquiera tales rasgos serían bastantes. Una exigencia adicional es que el candidato viable, y por tanto apoyable, no esté aquejado por defectos que de obvio bulto le impedirían. Por ejemplo, no podría ser “cuartorrepublicano”, por más que las “viudas del paquete” o los políticos prechavistas pudieran coincidir con él o ella en más de una cosa. Tampoco podría ser, naturalmente, chavista, aunque su bagaje terapéutico pudiera coincidir, en grado siempre menos virulento, con desiderata sostenidos por Chávez, como pudieran ser el caso de la preferencia por un mundo multipolar o la democracia participativa.
Ahora bien, supongamos que tan peculiar personaje existiera y pudiera ser descubierto ¿es probable que se organice y obtenga el apoyo requerido para una campaña ineludible? Siendo lo que antecede las condiciones indispensables a una “sorpresa”—ocurrencia de un evento de baja probabilidad—para que sea exitosa ¿qué puede decirse de las probabilidades de tal aventura?
La condición crítica será seguramente la de disponibilidad de los recursos. Acá se enfrentaría un outsider con la incredulidad básica ante una aventura no convencional y con la tendencia conservadora que aun en casos de crisis encuentra difícil ensayar algo novedoso. Aquellos que pudieran dotar a un candidato como el descrito con los recursos suficientes estarán oscilando entre los extremos de más de un dilema.
Uno de los dilemas es el de seguridad vs. corrección. Se sabe de lo inadecuado de los actores políticos tradicionales, pero ante un planteamiento correcto por un outsider habría la incomodidad de abandonar lo conocido. Stafford Beer decía, refiriéndose a la sociedad inglesa de hoy, que su problema era que “los hombres aceptables ya no son competentes, mientras los hombres competentes no son aceptables todavía”. En forma similar Yehezkel Dror destaca otro dilema: si se quiere eficacia es necesaria una transparencia en los valores, la exposición descarnada de los mismos; si lo que se quiere, en cambio, es consenso, entonces es necesaria la opacidad de los valores, no discutirlos más allá de vaguedades y abstracciones.
Así, pues, se estaría ante un dilema de tradicionalidad vs. eficacia, de poder vs. autoridad. Es pronosticable que la mayoría de los actores con recursos, ante una solicitud de cooperación por parte de un outsider con tratamientos realmente eficaces, se pronunciaría por los términos dilemáticos más conservadores o “seguros”.
Pero es concebible que una minoría lúcida entre los mismos pueda proveer los recursos exigidos por una campaña poco costosa—no puede, no debe ser cara—en grado suficiente, al menos para cebar la bomba que pueda absorber los recursos totales del mercado político general, pues si la aventura cala en el ánimo del público, una multitud de pequeños aportes puede sustituir o complementar a un número reducido de aportes cuantiosos.
Pero el obstáculo principal consistirá en salvar la diferencia entre una percepción de improbabilidad y una de imposibilidad. Ni aun el menos conservador de los hombres dará un céntimo a una campaña de este tipo si considera que todo el esfuerzo sería inútil, si piensa que un resultado exitoso es, más allá de lo improbable, completamente imposible. El análisis que hemos hecho indica que, si bien el éxito de una aventura así es por definición improbable—a fin de cuentas se trataría de una sorpresa—no es necesariamente imposible, y que, por lo contrario, la dinámica del proceso político venezolano hace que esa baja probabilidad inicial vaya en aumento. Si esto es percibido de este modo, entonces tal vez las fuentes de apoyo necesarias quieran comportarse como un jugador racional de la ruleta con cien dólares en la mano. Apartará cincuenta dólares como reserva y de los cincuenta restantes apostará la mayoría, cuarenta y cinco quizás, a las posibilidades de mayor probabilidad: rojo (Chávez), negro (Borges), par (Smith), impar (Petkoff). Pero jugará cinco de los cien dólares en pleno al diecisiete negro (outsider), porque sabe que si la apuesta es de éxito menos probable, si pierde lo hace poco y si gana, en virtud del efecto multiplicador del pleno, obtendrá mucho más de lo que haya invertido.
Finalmente, y nuevamente en la analogía de los juegos, bastante dependerá de la lectura que se tenga de la crisis. Para aquellos para los que la abrumadora acumulación de evidencias no sea suficiente para creer que la crisis no es de carácter coyuntural y pasajero, solucionable con un paro mágico, la panacea 350 o la estupidez de un golpe, invasión o magnicidio, será lo indicado negar su apoyo al outsider. Sólo aquellos que ya se hayan convencido de que la crisis es estructural y profunda y requiere, por tanto, terapias no convencionales, podrán pensar como el buen jugador de dominó (o de bridge) que carezca de la información completa sobre la localización de las piezas o cartas claves. En esas condiciones un buen jugador identificará cómo tendría que darse esa ubicación de piezas para poder ganar la mano. Entonces jugará como si en verdad la disposición efectiva fuese esa única forma de ganar, rogando para que así sea, pues el éxito es crucial.
Perdonen que esto no haya cabido en una paginita (se me ha sugerido que esto es «mi problema»), y no estoy hablando de Rodríguez Torres. LEA
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me alegro hayas tenido la iniciativa de hacer publicas estas consideraciones
Después de haber consultado un apreciado consejero que aprobó que lo hiciera.
Hola un aspecto que me parece que no ha sido tocado con relación a la Ley de Amnistía es el referido al fondo de la misma: Perdonar a las personas que están presas o sujetas a procesos judiciales con motivos políticos (una forma de desviación de poder).
En Venezuela no existe ninguna Ley que establezca delitos políticos. La expresión «politicos», en este caso, es un juicio de valor que refiere a los motivos políticos de la aplicación de una norma cualquiera o se refiere a los que se aplican a políticos que violan leyes y sus motivaciones son políticas de forma evidente o no (algunos miembros de un minúsculo partido socialista hace mas de 30 años, vendía drogas en la UCV con el argumento de minar la moral de la clase burguesa que era la que supuestamente tenía dinero para comprarla, no era por lucro, era una acción «política»).
Basado en este enredo, han dicho algunos: «Está preso por pensar diferente.»
La realidad es que si una persona está presa puede ser por un acto de fuerza, es decir, es mandado a ser preso por una autoridad que no tiene la atribución (una arbitrariedad) o sin que exista un proceso penal o sancionatorio cuyas normas permitan ejecutar tal orden o decisión; esto no es lo que sucede en Venezuela, es mas bien poco frecuente.
Otra forma es lo que hemos visto: políticos que has sido apresados mediante la apertura de un proceso penal que no concede el derecho a ser juzgado el libertad (basado en la presunción de inocencia), cuando la medida de encarcelar preventivamente es una medida extraordinaria que ha sido usada como regla general, salvo escasísimos casos en contrario; y, la condena finalmente resulta en la subsunción de actos o supuestos actos a tipos delictivos establecidos en alguna Ley.
En realidad los verdaderos delitos políticos, en un sentido teórico, son aquellos que se realizan por motivos políticos y que solo pueden ser cometidos por particulares; esto puede ser un delito en el que se condena a alguien por subvertir el orden público en una protesta en contra del gobierno. O delitos que se refieren a acciones para destituir o derrotar a un gobierno. Pero la connotación o el apellido de «político» rara vez modifica la consecuencia jurídica de la acción. Muchas veces se usa como una excusa: «Yo cobro un impuesto revolucionario, aunque te lo cobre apuntándote con un fusil»
En materia de DDHH se ha visto, con cada vez mas rechazo a nivel internacional, algunos delitos como son el vilipendio, que es equivalente a la difamación e injuria que se dirige en contra de una alto funcionario.
Se asume que si se está en política y se ejerce un cargo público esto le acarrea tener que recibir opiniones y juicios fuertes y que sería desbalanceado que provisto de todo su poder público lo utilice en contra de adversarios que no disponen de poder ni autoridad. Esta visión es la que ha logrado generalizar en el mundo el concepto de inmunidad parlamentaria, para evitar precisamente que se utilicen los delitos de opinión como forma de acallar o entorpecer la actividad de estos funcionarios.
Aquí surge una ambigüedad: habría delitos «políticos» (no designados como tales) que razonablemente pueden ser establecidos, como por ejemplo aquellos que incluyen actos de violencia (entendiendo la proporcionalidad de la violencia, ante un policía que agrede a un manifestante, este tiene derecho a defenderse), pero los delitos de opinión, serían otra cosa, por ejemplo la censura.
Cuando se aplica censura o se sanciona alguien por sus opiniones políticas, aunque exista la norma sustantiva o regulatoria o penal que lo consagre, van a ser considerados como violaciones de DDHH.
Esto nos lleva a que los único que violan DDHH son los Estados, los Gobiernos o los funcionarios revestidos de poder y autoridad, no los ciudadanos.
La Amnistía, en la inmensa mayoría de los casos «perdona» a los que ella beneficia de sus delitos y punto, sean válidos a inválidos los procesos.
Esto me lleva a la conclusión que lo que se debe hacer es dictar un Decreto de Amnistía en favor de personas con nombres y apellidos. La excusa de que son delincuentes no es válida para cuestionar la Ley puesto que el indulto siempre cabe también en todo tipo de delincuentes. Todos los Presidentes han otorgado indultos a todo tipo de gente y, por ejemplo, el difunto Presidente Chavez pidió la libertad para el Chacal que actuó en actos de secuestro y asesinato (olimpíada de Alemania) y asesinatos (policías franceses). Si las personas señaladas no ejercían un cargo público o los hechos que le fueran imputados no pueden ser considerados como violaciones de DDHH, al no haber usado su posición de poder para cometerlos, no hay posibilidad de cuestionar su libertad. Así todos quedan contentos, los del gobierno podrán decir que los políticos presos fueron perdonados de sus delitos y los de la oposición podrán decir que fueron liberados de sanciones impuestas con motivos políticos.
Aceptar una Ley que presuponga que el actual gobierno y las instituciones afines como Defensoría del Pueblo (por omisión), Fiscalía (por acusar políticos que fueron amnistiados), Contraloría (por lo de las inhabilitaciones que se dictaron sin sentencia penal definitiva), el poder Judicial (por sus sentencias en los casos de los amnistiados), la FAN (cuyos funcionarios han participado en el «manejo» de protestas y en la custodia de algunos de estos amnistiados) y el poder Ejecutivo (por sus acciones y por sus declaraciones que se pueden vincular directamente con las acciones de otros poderes), estarían aceptando que todos han sido violadores de DDHH y sujetos muy probablemente en el futuro a procesos judiciales en casi cualquier país y con el agravante de no poder disfrutar de prescripción ni de una futura Amnistía.
Lo que debería haberse hecho adicionalmente, a lo arriba recomendado, es establecer entre los mecanismos de reconciliación, las medidas sustitutivas de las condenas o las condenas o resarcimiento que se aplicarían a violadores de DDHH que acepten su culpa y responsabilidades, para así abrir una puerta al perdón y la reconciliación de la sociedad. Esto es lo que se hizo en Suráfrica y que se está planteando en el tema del gobierno de Colombia y las Farc. Así estaríamos incluyendo en la reconciliación a los adversarios de la Ley y esto la configuraría como un verdadero camino de reconciliación.
Espero que esto de alguna luz a este tema.
Gracias, Gonzalo, pero la sentencia impuesta a Leopoldo López no sostiene en ninguna parte que sea por delitos políticos o por pensar distinto. Quizás quieras obtener su texto y verificar esta presunción mía.
Yo pienso muy distinto y jamás he sido molestado por el gobierno. Creo que éste se ha persuadido de que López tenía un plan general más subversivo, al haber lanzado las protestas y guarimbas luego de haber hablado de #lamovida y #lasalida. El 12 de febrero de 2014, con la manifestación que él encabezara aún en pleno desarrollo, el canal colombiano NTN24 programó cuatro entrevistas una tras otra, en mezcla nada imparcial: López, Machado, Arria (los más radicales) ¡y Otto Reich! Eso estuvo claramente programado, y cuesta entender por qué esa emisora consideró que era pertinente obtener la opinión de alguien tan cuestionable como ese ciudadano estadounidense. También fue un exceso que ciertos alcaldes apoyaran abiertamente las protestas en San Cristóbal y Valencia. No se trata la cosa de unos angelitos cuyo único pecado sea «pensar distinto». Y recordemos que Machado ya abogaba a comienzos de 2016 por la creación de una «crisis de gobernabilidad».
Otra cosa es el proceso mismo; por lo que entiendo, la Fiscalía creyó probar la incitación a delinquir en López mediante ¡un análisis semántico de su discurso de esa fecha y otros anteriores! Algo así no es sino una opinión de «expertos» que por supuesto son del equipo oficialista. O sea, creo que no hubo convicción de los delitos que se imputó a López, pero ella estuvo predicada de delitos comunes, no políticos.
En ningún caso es lo que digo una absolución del gobierno.