Puesto en libertad por la democracia (imagen del MINCI)

 

Hace 26 años, salió de la cárcel de la dignidad, el hombre que le devolvió la esperanza y la alegría a millones de venezolanos. Aquel día, junto al Cmdte. Chávez, salimos hacia la conquista del poder para el pueblo, que hoy con su liderazgo, conduce los destinos de la Patria. 

Nicolás Maduro en Twitter – 26 de marzo de 2020

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Ante la infortunada pero esperable declaración del presidente Maduro, se reproduce a continuación pasajes de Retórica cuatrofeísta, entrada en este blog del 5 de febrero de 2015, sobre todo por la falsedad de que el Pueblo (que él escribe con inicial minúscula) “conduce los destinos de la Patria” (con inicial mayúscula en su tuit).

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En más de una ocasión se ha defendido en este espacio la validez del derecho de rebelión, pero también que el único e insustituible titular de ese derecho es una mayoría de la comunidad. Por ejemplo, se recordó el concepto en El Gran Referendo (6 de abril de 2014):

El titular del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad, como lo formulara con la mayor claridad la Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776):  “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera). El 3 de marzo de 2002,  un mes y ocho días antes del Carmonazo, escribí para la Revista Zeta:

…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

La asonada militar del 4 de febrero de 1992 fue un acto criminal inexcusable que no puede ser justificado en ningún caso. La retórica de los socialistas de cuño reciente en Venezuela, naturalmente, es resbalosamente falaz y se contradice a sí misma. A su salida del Penal de Yare, Hugo Chávez concedió una entrevista a la revista Newsweek en la que afirmó que la Constitución de 1961 “prácticamente” lo obligaba a rebelarse. Aludía irresponsablemente a este fragmento de su Artículo 250: “…todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Convenientemente, escamoteaba nada menos que la declaración de apertura de ese preciso artículo: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza…” Y la mismísima constitución prescribía en sus artículos 119 y 120: “Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos” y “Es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o por reunión de individuos en actitud subversiva”. Siendo que el derecho de rebelión sólo puede ser esgrimido por la mayoría del Pueblo para “abolir un gobierno que no le convenga”, el frustrado golpe del 4F fue un intento infructuoso de usurpación de su titularidad.

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Cuando, en medio de su campaña electoral primera (1998), Hugo Chávez disertaba ante los circunstantes de un desayuno en las oficinas de la agencia publicitaria J. Walter Thompson, tomé la palabra para hacerle ver su abuso y proponerle que más nunca glorificara su crimen de ese día. Chávez evadió referirse siquiera a mi planteamiento, aunque concluido el acto se acercó para invitarme a conversar. Tampoco acogió mi condición para el diálogo: sólo si renegaba de su abusiva intentona me avendría a la conversación.

Durante toda su vida política, Chávez sostuvo que su criminal aventura había sido un acto heroico, por supuesto “histórico” y “protagónico”. Él no era un “golpista”, era un “rebelde”. La tramposa distinción le permitía condenar en otros lo que él mismo había hecho. Por algún encargo divino, él y sus compañeros de conjura estaban por encima de la moral republicana. Rodríguez Torres argumenta: “la revolución lleva 15 años, de los cuales seis años ha sido sobreviviendo a las conspiraciones”.  Pero los golpistas de 1992 conspiraron durante nueve; se nombraron “Movimiento Bolivariano Revolucionario 200” porque iniciaron su complot en 1983, cuando se cumplían 200 años del nacimiento de Simón Bolívar. Más tarde Chávez mentiría una vez más, al asegurar que su confabulación se justificaba por la acción represiva del gobierno de Carlos Andrés Pérez ante el Caracazo, el que ocurrió ¡seis años después de la fundación de su cábala! (Tengo un amigo que me hizo notar que Chávez no fue un simple mentiroso; nunca me ha autorizado a identificarlo para acreditar públicamente su autoría, pero su tesis es que el difunto teniente coronel fue más bien un mojonero, alguien que construye elaboradas patrañas).

Y también dijo Rodríguez Torres que el chavismo había representado “el gran cambio (…) de una democracia representativa a una democracia participativa”. En 1998, el chavismo ofreció convocar por iniciativa popular, mediante la recolección de las firmas necesarias, un referendo sobre la elección de una constituyente. Avanzado el año, las encuestas comenzaron a mostrar que Chávez ganaría la elección, y súbitamente la democracia participativa dejó de ser necesaria; le bastaría al líder firmar un decreto en Consejo de Ministros para el mismo fin. Y en los proyectos de reforma constitucional que rechazara la mayoría en 2007, se contemplaba elevar el requisito de 10% de electores para convocar un referendo consultivo—figura creada por el Congreso de la República en diciembre de 1997—para exigir 20%, dificultando así la cacareada democracia participativa. Y cuando de nuevo quiso contar con la posibilidad de reelegirse indefinidamente mediante enmienda que sería planteada a consulta en febrero de 2009—posibilidad exclusiva para la Presidencia de la República en los mismos proyectos de 2007 porque los gobernadores y alcaldes que la deseaban ¡sólo pretendían “perpetuarse en el poder”! (extendida en la enmienda por conveniencia política a los mismos gobernadores y alcaldes)—, desechó de nuevo la participación popular—“La vía de la Asamblea Nacional tiene una ventaja: que es más rápida”, dijo el 3 de diciembre de 2008—, después de asentar que él era quien daba permiso al Pueblo y no al revés, como registró la Carta Semanal #314 de doctorpolítico (4 de diciembre de 2008):

Primero, él mismo prometió—¿cuánto vale su palabra de hombre?—que no promovería la enmienda. A los pocos días de que dijera esto, dejando magnánimamente que el PSUV y el pueblo rumiaran si convenía promoverla, el Vicepresidente de ese partido, el oportunista Alberto Müller Rojas, declaró que el asunto de la enmienda no estaba planteado en el seno de la organización. Al señalársele que algún poetastro gobernador oriental ya se hallaba en campaña por la enmienda, Müller Rojas expuso que era él quien mandaba en el PSUV. Media hora después de ese atrevimiento, el jefe máximo del partido lo contradecía y se contradecía a sí mismo, al ordenar la operación “Uh, Ah, Chávez no se va”. En sus palabras mostraba desfachatadamente su aberrante concepción de la democracia: “Les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela y al pueblo venezolano [en ese orden] para que inicien el debate para la enmienda constitucional, para que tomen las acciones que haya que tomar para lograrlo. Sí lo vamos a lograr, vamos a demostrar quién manda en Venezuela”. Ahora, pues, no es el pueblo quien autoriza al mandatario; ahora somos nosotros quienes debemos solicitar su majestuosa autorización, su real permiso.

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Y nos aseguró Juan Eduardo Romero que “a pesar del acto violento del intento de golpe, su accionar despertó simpatías”. Ninguna encuesta de 1992 registró apoyo significativo a la asonada chavista—las mediciones previas al 4F mostraron un rechazo mayoritario al gobierno de Pérez y un repudio a posibles salidas de fuerza—, una plancha del MBR quedó de última en elecciones estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela luego del sobreseimiento de la causa contra los sublevados y, a un año de las elecciones de 1998, Chávez obtenía cifras de intención de voto a su favor que oscilaban entre sólo 6% y 8% de los encuestados. (La candidata favorita, Irene Sáez, que inicialmente fue vista como una posibilidad que no procedía del rechazado bipartidismo, se dejó postular por COPEI, y Henrique Salas Römer por la “carne de la guanábana”—Acción Democrática—, lo que movió a la mayoría tras la opción del golpista). El Sr. Romero no dice la verdad.

Por lo menos no la dice siempre; en otro punto de su artículo en defensa del crimen del 4F, reconoce a un “mal llamado ‘chavismo’, que ha desarrollado una ‘derecha endógena’, tan corrupta, tan clientelar, tan burocrática y tan anti-revolucionaria y dogmática”. Si fuera admisible, que no lo es, la práctica de derrocar gobiernos mediante la fuerza sobre la base de la coartada de los “mal llamados” socialistas, el gobierno de Chávez y el de Maduro han debido ser depuestos mediante un golpe de Estado, puesto que todos los vicios atribuibles al segundo gobierno de Pérez han estado presentes en los chavistas, sólo que en bastante mayor grado.

A Bernard-Henri Lévy, el líder de la Nouvelle Philosophie de los años setenta, le preguntó La Nación de Argentina al salir su libro de 2008 (Left in Dark Times): “¿Usted no cree que Chávez sea de izquierda?” Lévy contestó así: “Naturalmente que no. ¿Cómo puede ser de izquierda un hombre que ejerce un poder personal, que sueña con que ese poder sea vitalicio, que amordaza a los medios de comunicación de su país, que está sentado sobre una montaña de oro que su población no aprovecha y que es el aliado de Ahmadinejad en la guerra planetaria que libran los demócratas y los antidemócratas? Hay actualmente una izquierda que piensa que Chávez es de la familia, el niño turbulento de la familia. Yo no. Yo soy de izquierda y creo que Chávez es mi adversario”.

Ni siquiera la figura política paterna de Hugo Chávez, Fidel Castro, derramó sus bendiciones sobre la intentona del 4 de febrero de 1992; todo lo contrario, se apresuró a mandar a Carlos Andrés Pérez una clarísima misiva para apoyarlo. En ella dijo: “Confío en que las dificultades sean superadas totalmente y se preserve el orden constitucional, así como tu liderazgo al frente de los destinos de la hermana República de Venezuela”. Chávez tampoco “despertó simpatías” en Cuba, al menos en ese momento; éstas vendrían después, con la ayuda petrolera y lo obsecuente del chavismo con su propia dictadura.¶

LEA

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