Proyecto – La Sociedad Política de Venezuela

por Luis Enrique Alcalá | Feb 8, 1985 | Política, Proyectos | 0 Comentarios

El vehículo del proyecto (clic amplía)

Del documento que sigue a continuación se distribuyó dos centenares de copias en febrero de 1985. Las circunstancias que detuvieron el proyecto están descritas en KRISIS: Memorias Prematuras. LEA
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BORRADOR

CONGRESO PARA LA FORMACIÓN

DE UNA NUEVA ASOCIACIÓN POLÍTICA

Documento base

Febrero de 1985

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CONTENIDO

LAS RAZONES

La insuficiencia política

El mercado político

La objetividad política

UN NUEVO PARADIGMA POLITICO

La sociedad normal

La oportunidad social moderna

Los valores. ¿Fines o criterios?

El futuro plural

LA SOCIEDAD POLITICA DE VENEZUELA

Objeto

Integrantes

Consagración de la crítica

Operaciones estatutarias

No postularás

Dignidad económica de la política

La operación como criterio organizador

Temporalidad

Programa inicial

TIEMPO DE INCONGRUENCIA

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LAS RAZONES

La insuficiencia política

Intervenir la sociedad con la intención de moldearla in­volucra una responsabilidad bastante grande, una responsa­bilidad muy grave. Por tal razón, ¿qué justificaría la constitución de una nueva asociación política en Venezuela? ¿Qué la justificaría en cualquier parte?

Una insuficiencia de los actores políticos tradicionales sería parte de la justificación si esos actores estuvieran incapacitados para cambiar lo que es necesario cambiar. Y que ésta es la situación de los actores políticos tradicio­nales es justamente la afirmación que hacemos.

Y no es que descalifiquemos a los actores políticos tra­dicionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales.

Los descalificamos porque nos hemos convencido de su in­capacidad de comprender los procesos políticos de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Los desautorizamos, entonces, porque nos hemos convencido de su incapacidad para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio in­telectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los ver­daderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos. Así lo revela el análisis de las proposiciones que surgen de los actores políticos tradicionales como supuestas soluciones a la crítica situación nacional, situación a la vez penosa y peligrosa.

Pero junto con esa insuficiencia en la conceptualización de lo político debe anotarse un total divorcio entre lo que es el adiestramiento típico de los líderes políticos y lo que serían las capacidades necesarias para el manejo de los asuntos públicos. Por esto, no solamente se trata de enten­der la política de modo diferente, sino de permitir la emergencia de nuevos actores políticos que posean experien­cias y conocimientos distintos.

Las organizaciones políticas que operan en el país no son canales que permitan la emergencia de los nuevos actores que se requiere. Por lo contrario, su dinámica ejerce un efecto deformante sobre la persona política, hasta el punto de imponerle una inercia conceptual, técnica y actitudinal que le hacen incompetente políticamente. Hasta ahora, por supuesto, el país no ha conocido opciones diferentes, pero, como bien sabemos, aún en esas condiciones los registros de opinión pública han detectado grandes desplazamientos en la valoración popular de los actores políticos tradicionales, la que es cada vez más negativa.1

Por evidencia experimental de primera mano sabemos que los actores políticos tradicionales están conformados de modo que sus reglas de operación se oponen a los cambios requeridos en conceptos, configuraciones y acciones políti­cas. Por esto es que es necesaria una nueva asociación po­lítica: porque de ninguna otra manera saludable podría proveerse un canal de salida a los nuevos actores políticos.

El mercado político

Lo que se está ofreciendo al país en momentos de obvia crisis es insuficiente. El gobierno, por ejemplo, el que, dicho sea de paso, ha cumplido un primer año de casi máxima eficiencia dentro de los viejos marcos en los que opera, no ha hecho otra proposición substancial que la oferta del llamado «pacto social» y la adopción de un estilo de go­bierno que ofrece un contraste favorable respecto de otros anteriores. Pero el «pacto social» no es otra cosa que un instrumento, una herramienta. Es una herramienta, para co­menzar, que no tiene nada de nueva. Es el viejo instrumento del diálogo o del consenso, de la concertación o del acuerdo, con el viejo nombre que vuelve a estar de moda de «pacto social». Y es una herramienta, por lo demás, que para algunos importantes analistas requiere un substrato de relativa prosperidad para ser manejada. Pero no hay en esa proposición instrumental del «pacto social» una visión del país, una concepción del Estado, mucho menos un programa.

Tampoco se puede llamar programa del gobierno a los li­neamientos para un VII Plan «de la Nación» puesto que aún el gobierno no lo reconoce como su proposición, y sobre todo cuando hemos sido testigos de la forma como se separó de su cargo el campeón de ese documento. Sin embargo, la proposición está allí; ¿qué encontramos en ella?

Los primeros componentes de lo que habría sido el VII Plan «de la Nación» revelaron un intento por mejorar la me­todología con la que se había venido arribando a los planes «de la Nación», los que debieran ser el atado de las polí­ticas más importantes y más a largo plazo de la gestión de gobierno. Nuevamente, pues, una preocupación por la herra­mienta que en este caso representó un intento más o menos serio por mejorar.

Luego puede encontrarse en los lineamientos del VII Plan un conjunto meramente enumerativo de los que se considera «los» problemas nacionales. No hay a su lado una enumera­ción de oportunidades que nos salve de otra de esas listas abrumantes y castradoras de nuestro lado calamitoso. No hay allí una verdadera trabazón diagnóstica de los problemas enumerados. Ni siquiera puede considerarse a esa lista, más aún, una taxonomía completa, pues más de un profundo pro­blema ha quedado sin incluir. Como tal enumeración proble­mática, contribuye a la depresión de la psicología nacional sin postular al menos una verdadera explicación de la pro­blemática.

En cuanto a las soluciones se las ofrece de tres clases: primera, una lista de estados deseables (más democratiza­ción, mejor distribución de la riqueza, etcétera), lo que obviamente no es la solución sino el estado que se alcanza­ría después de aplicar las soluciones que no se proponen; segunda, una fórmula procedimental de obtener las soluciones—otra vez—por consenso de «sectores representativos»; y, tercera, la «solución» del «sector económico de coopera­ción.» Se nos dice que por esto último debe entenderse la implantación—tampoco detallada en su aplicabilidad—de nuevas variantes de la propiedad de medios de producción. (En el mundo se están dando, con éxito, nuevas formas de asociación productiva de modo espontáneo, pero es difícil entender cómo podría manejarse un proceso así desde un cen­tro gubernamental.)2 Los lineamientos del VII Plan no son, en consecuencia, una solución suficiente o pertinente.

Otros actores—los partidos—proponen, básicamente, o un apoyo al gobierno o una oposición. Ambos se rigen por una regla de silencio y control por parte de pequeños círculos o «cogollos», lo que hace aún menos probable en ellos la emergencia de proposiciones de refrescamiento. El «princi­pal partido de la oposición» ha propuesto un programa compuesto del «objetivo» de oponerse «vigorosamente» al go­bierno actual y el de recuperar el control del poder pú­blico en la próxima oportunidad electoral. Para más tarde se propone realizar un evento bajo la guisa de un «congreso ideológico», pues vagamente barrunta que debe haber algo fundamentalmente malo en su forma de comprender lo político. Será un evento que difícilmente puede ofrecerle, a posteriori, una justificación para haberse opuesto que no sea la del mero deseo de recuperar el poder, que es la que hasta ahora han ofrecido.3 Recientemente, luego de volver a leer en la opinión pública un rechazo cada vez más genera­lizado a la gestión de los actores políticos tradicionales, ese partido ha desempolvado para proponer al gobierno una suerte de agenda de concertación, en la que efectivamente sólo puede hallarse otra enumeración incompleta de áreas en las que «deberían» ponerse de acuerdo, sin que, por su­puesto, tal agenda haya sido acompañada de un conjunto equivalente de proposiciones concretas sobre el manejo de cada área. Ocasionalmente, es cierto, algún «equipo» de ese partido emite consideraciones y algunas proposiciones en torno a ciertas coyunturas particulares, en las que las di­ferencias que logra establecer respecto de las líneas gu­bernamentales son usualmente diferencias de grado.

De otros lados ha surgido, en aprovechamiento de una «moda de la derecha» y ante la evidencia del preocupante desempeño económico, dos proposiciones cuya asociación no es todavía definitiva. Un grupo de jóvenes empresarios ha patrocinado la realización de un estudio acerca del re­ciente proceso económico nacional, estudio en el que se in­cluyen proposiciones de cambio en la política económica ge­neral hasta ahora seguida por los gobiernos venezolanos.4 El estudio es demasiado limitado y puntual como para que pueda considerársele una proposición global, pues no consi­dera sino aspectos económicos e incurre en algunas aprecia­ciones inexactas, como cuando hace residir el mayor peso de la explicación de la problemática en el modelo de desarro­llo aplicado por países que experimentaron un auge petro­lero.5 Tiene sin embargo este estudio el inestimable valor de haber apuntado en la dirección correcta cuando sugiere que lo que es necesario cambiar son los «axiomas» en los que se ha sustentado la política económica.

Hasta cierto punto asociado a esa proposición ha resur­gido un discurso liberal que propone una generación de re­levo opuesta al Estado, el que es visto como la explicación última de casi todos los males.6 Acompañan a esta reedición del liberalismo pseudoexplicaciones de nuestro «subdesarro­llo» tan manidas como la de este tenor: «…una naturaleza sobreprotectora, que nos ha dotado a la vez de un clima be­nigno y de riquezas naturales, que no exigen otro sacrifi­cio que la extracción, ha ido estimulando en nosotros…la certidumbre de que nos basta extender la mano para que el pan llueva sobre ella, y por esa vía, ha fomentado en noso­tros la irresponsabilidad, la pereza y la sensación de que siempre algún milagro nos rescatará de la miseria, sin ne­cesidad de que ofrezcamos nuestro esfuerzo a cambio.» 7 Son explicaciones que forman familia con las de una supuesta «huella perenne» o mala calidad del «material humano» na­cional, en las que el pronombre «nosotros» de alguna manera deja de aplicarse al explicador de turno. (Los explicadores de esta clase no suelen concebirse como formando parte de ese «material humano»).

No es suficiente, sin embargo, destacar las obvias nega­tividades del «Estado» ni ofrecer la perogrullada de que debe venir un «relevo», menos aún cuando lo que pareciera sugerirse es que el relevo simplemente debe darse de cier­tos políticos por ciertos empresarios, o cuando se funda­mentan los diagnósticos en semiverdades que no hacen otra cosa que denostar del grupo humano nacional. Además, el re­levo que no obstante es necesario, no es un relevo de gene­ración sino un relevo de competencia.

Otras voces menos poderosas han propuesto otras direccio­nes, y durante la campaña electoral pasada hubo algunos planteamientos más profundos respecto del problema de Es­tado y el problema de Gobierno. Unos, lamentablemente, han estado excesivamente asociados a una actitud de escándalo moralizante o no se han emancipado todavía de fundamenta­ciones invigentes.8 Otros fueron ofrecidos a comandos de campaña de actores políticos tradicionales, quienes los re­chazaron al encontrar que iban en dirección distinta a la que le permite concebir su estructura de prejuicios y, muy principalmente, porque habrían requerido la descomposición de su red de aversiones y enemistades.

Esta es, a grandes rasgos, la oferta política nacional. Su caracterización más sencilla consiste en darse cuenta de que se trata de una oferta política cualitativamente insu­ficiente.

Esto se traduce, a la hora de evaluar los actores políti­cos, en una calificación de los actores políticos tradicio­nales como incompetentes.

La objetividad política

No basta, sin embargo, para justificar la aparición de una nueva asociación política la más contundente descalifi­cación de las asociaciones existentes. La nueva asociación debe ser expresión ella misma de una nueva forma de enten­der y hacer la política y debe estar en capacidad de demos­trar que sí propone soluciones que escapan a la descalifi­cación que se ha hecho de las otras opciones. En suma, debe ser capaz de proponer soluciones reales, pertinentes y fac­tibles a los problemas verdaderos.

No debe entenderse por esto, sin embargo, que tal asocia­ción pretenda conocer la más correcta solución a los pro­blemas. Tal cosa no existe y por tanto tampoco existe la persona o personas que puedan conocerla. Ningún actor polí­tico que pretenda proponer la solución completa o perfecta es un actor serio.

Siendo las cosas así, lo que proponga un actor político cualquiera siempre podrá en principio ser mejorado, lo que de todas formas no necesariamente debe desembocar en el inmovilismo, ante la fundamental y eterna ignorancia de la mejor solución. Más todavía, una proposición política aceptable debe permitir ser sustituida por otra que se demues­tre mejor: es decir, debe ser formulada de modo tal que la comparación de beneficios y costos entre varias proposicio­nes sea posible.

De este modo, una proposición deberá considerarse aceptable siempre y cuando resuelva realmente un conjunto de pro­blemas, es decir, cuando tenga éxito en describir una secuencia de acciones concretas  que vayan más allá de la mera recomendación de emplear una particular herramienta, de listar un agregado de estados deseables o de hacer ex­plícitos los valores a partir de los cuales se rechaza el actual estado de cosas como indeseable. Pero una proposi­ción aceptable debe ser sustituida si se da alguno de los siguientes dos casos: primero, si la proposición involucra obtener los beneficios que alcanza incurriendo en costos inaceptables o superiores a los beneficios; segundo, si a pesar de producir un beneficio neto existe otra proposición que resuelve más problemas o que resuelve los mismos pro­blemas a un menor costo.

En ausencia de estas condiciones para su sustitución la política que se proponga puede considerarse correcta, y de­pendiendo de la urgencia de los problemas y de su importancia (o del tiempo de que se disponga para buscar una mejor solución) será necesario llevarla a la práctica, pues el reino político es reino de acción y no de una interminable y académica búsqueda de lo perfecto.

Pero es importante también establecer que no constituyen razones válidas para rechazar una proposición la novedad de  la misma («no se ha hecho nunca») o la presunción de resistencias a la proposición. Por lo que respecta a la primera razón debe apuntarse que una precondición de las políticas aceptables es precisamente la novedad.  Res­pecto de la existencia de resistencias y obstáculos hay que señalar que eso es un rasgo insalvable de toda nueva proposición. El que las resistencias y los obstáculos hagan a una proposición improbable no es una descalificación vá­lida, puesto que, como se ha dicho, «El trabajo del hombre es precisamente la negación de probabilidades, la consecu­ción de cosas improbables.»9

Toda proposición política seria, y muy especialmente la que pretenda emerger por el canal de una nueva asociación política deberá estar dispuesta a someterse a un escrutinio y a una crítica comparativa que se conduzcan con arreglo a las normas descritas más arriba. La «objetividad» política sólo se consigue a través de un proceso abierto y explícito de conjetura y refutación, pero jamás dentro de un ámbito en el que lo pautado es el silencio y el acatamiento a «lí­neas» establecidas por oligarquías, o en el que se confunde la legitimidad política con la mera descalificación del adversario.

UN NUEVO PARADIGMA POLITICO

Las ofertas provenientes de los actores políticos tradi­cionales son insuficientes porque se producen dentro de una obsoleta conceptualización de lo político. En el fondo de la incompetencia de los actores políticos tradicionales está su manera de entender el negocio político. Son puntos de vista que subyacen, paradójicamente, a las distintas op­ciones doctrinarias en pugna. Es la sustitución de esas concepciones por otras más acordes con la realidad de las cosas lo primero que es necesario, pues las políticas que se desprenden del uso de tales marcos conceptuales son po­líticas destinadas a aplicarse sobre un objeto que ya no está allí, sobre una sociedad que ya no existe.

La sociedad normal

Tal vez el mito político más generalizado y penetrante sea el mito de la igualdad. Hay diferencia entre las ver­siones, pero en general ese mito es compartido por las cua­tro principales ideologías del espectro político de la época industrial: el marxismo ortodoxo, la socialdemocra­cia, el social-cristianismo y el liberalismo. Sea que se postule como una condición originaria—como en el liberalismo—o que se vislumbre como utopía final—como en el marxismo—la igualdad del grupo humano es postulada como descripción básica en las ideologías de los distintos acto­res políticos tradicionales. El estado actual de los hom­bres no es ése, por supuesto, como jamás lo ha sido y nunca lo será. Tal condición de desigualdad se reconoce, pero se supone que minimizando al Estado es posible aproximarse a un mítico estado original del hombre, o, por lo contrario, se supone que la absolutización del poder del Estado como paso necesario a la construcción de la utopía igualitaria, hará posible llegar a la igualdad. (Entre estos polos pro­cedimentales extremos se desenvuelven corrientes de postura intermedia, como la socialdemocracia y el socialcristia­nismo.) Entretanto, se concibe usualmente a la obvia des­igualdad como organizada dicotómicamente. Así, por ejemplo, se comprende a la realidad política como si estuviese com­puesta por un conjunto de los honestos y un conjunto de los corruptos, por un conjunto de los poseedores y un conjunto de los desposeídos, un conjunto de los reaccionarios y uno de los revolucionarios, etcétera.

La realidad social no es así. Tómese, para el caso, la distinción entre «honestos» y «corruptos» que parece tan crucial a la actual problemática de corrupción administra­tiva. Si se piensa en la distribución real de la «honesti­dad»—o, menos abstractamente, en la conducta promedio de los hombres referida a un eje que va de la deshonestidad máxima a la honestidad máxima—es fácil constatar que no se trata de que existan dos grupos nítidamente distinguibles. Toda sociedad lo suficientemente grande tiende a ostentar una distribución que la ciencia estadística conoce como distribución normal de lo que se llama co­rrientemente «las cualidades morales»: en esa sociedad habrá, naturalmente, pocos héroes y pocos santos, como habrá también pocos felones, y en medio de esos extremos la gran masa de personas cuya conducta se aleja tanto de la heroicidad como de la felonía.

Si no se entiende las cosas de ese modo la política pú­blica se diseña entonces para un objeto social inexistente. Y esto es lo usual, pues nuestra legislación típica incluye un sesgo hacia una descripción angélica de los grupos huma­nos—la famosa «comunidad de profesores y estudiantes en busca de la verdad» de nuestra legislación universitaria, por ejemplo—o bien hacia el polo contrario de una legisla­ción que supone la generalizada existencia de una propen­sión a delinquir, como es el caso de la legislación electo­ral o del instrumento orgánico de «salvaguarda del patrimo­nio público».

Es necesario entonces que esa óptica dicotómica e iguali­tarista sea suplantada por un punto de vista que reconoce lo que es una distribución normal de los grupos humanos.

Por ejemplo, la distribución teóricamente «correcta» de las rentas, de adoptarse un principio meritológico, sería también la expresada por una curva de «distribución nor­mal», dado que en  virtud  de  lo  anteriormente  anotado  sobre  la distribución de la heroicidad y en virtud de la distribución observable de las capacidades humanas—inteligencia, talentos especiales, facultades físicas, etc.—los esfuerzos humanos adoptarán asimismo una configu­ración de curva normal.

Esta concepción que parece tan poco misteriosa y natural contiene, sin embargo, implicaciones muy importantes. Para comenzar, en relación a discusiones tales como la de la distribución de las riquezas, nos muestra que no hay algo intrínsecamente malo en la existencia de personas que perciban elevadas rentas, o que esto en principio se deba impedir por el solo hecho de que el resto de la población no las perciba. Por otra parte, también implica esa concepción que las operaciones factibles sobre la distribución de la renta en una sociedad tendrían como límite óptimo la de una «normalización», en el sentido de que, si a esa distribu­ción de la renta se la hiciera corresponder con una distri­bución de esfuerzos o de aportes, las características pro­pias de los grupos humanos harían que esa distribución fuese una curva normal y no una distribución igualitaria, independientemente de si esa igualación fuese planteada hacia «arriba» o hacia «abajo».

No es la normalización de una sociedad una tarea pequeña. La actual distribución de la riqueza en Venezuela dista mu­cho de parecerse a una curva normal y es importante políticamente, al igual que correspondiente a cualquier noción o valor de justicia social que se sustente, que ese estado de cosas sea modificado.

Pero la tarea es la de obtener la normalización, no la de es­tablecer primitivas políticas de «Robin Hood» o de «Hood Robin», como se las ha llamado.10

Otra conclusión, finalmente, que se desprende del con­cepto de sociedad normal, es que el progreso posible de una sociedad es el progreso que desplaza a la curva normal como conjunto en una dirección positiva, y no el de intentar el igualamiento de la distribución por modificación en la forma de la curva. Si bien es posible que todos progresen, los esfuerzos que lleven una intencionalidad igualitaria están condenados al fracaso por constituir operaciones tan imposibles como las de construir un móvil perpetuo. Tan im­posible como hacer que una población esté compuesta por genios, es lograr que sea toda de idiotas.11 Tan imposible como hacer que toda sea una población de santos es obtener que sea íntegramente conformada por delincuentes y, por tanto, en una sociedad económicamente justa, no podrá ser que todos sus habitantes sean ricos o que todos sus habi­tantes sean pobres.

La oportunidad social moderna

Libros enteros han sido escritos sobre lo que se ha deno­minado «el problema social moderno» o «cuestión social». En su esencia, lo que se entiende en esa literatura por tal expresión es el problema de la adjudicación de la renta en­tre empresarios y obreros, o entre capitalistas y proleta­rios, según otra terminología. Definido así hacia la se­gunda mitad del siglo XIX, este problema social que ya no podemos llamar moderno se asocia a la cuestión de la pro­piedad de los medios de producción, estableciendo un eje en el que se acomodan y determinan las ideologías correspon­dientes a los actores políticos tradicionales y que también se conoce como el eje «derecha-izquierda». Es un eje que sirve para que, en una descripción mecanicista de las co­sas, se pueda concebir la existencia de «espacios políti­cos» que serían ocupados por los actores políticos que esa misma vieja concepción llama «fuerzas».

Como se sabe, de «izquierda» a «derecha» se disponen por orden el marxismo, la socialdemocracia, el socialcristia­nismo y el liberalismo. Hoy en día, a pesar de que la so­ciedad moderna es mucho más compleja que esa sociedad in­dustrial del siglo pasado que dio origen a la noción de que ésa es «la cuestión social», los actores políticos tradi­cionales continúan entendiendo que el principal y más básico problema político es el de determinar los mecanismos para la distribución de la renta entre «los dos lados» de una actividad industrial.

Pero de hecho la sociedad que hoy exige ser gobernada ya no responde a tan simplista descripción, y la dicotomía ca­pitalista-proletario ha sido reemplazada por una gama mucho más variada de roles y agrupaciones sociales. Por otra parte, estamos asistiendo a la irrupción de la nueva era informática, la que ha trastocado los supuestos básicos de la organización social decimonónica. Existen bastantes más de un «problema social moderno», pero si hubiese que destacar uno como más importante habría que pronunciarse por el crucial problema de conciliar el reino del conocimiento con el reino del poder.12

La época que nos ha tocado en suerte contiene las más asombrosas posibilidades. Si todavía la dimensión de cier­tos problemas parece abrumadora, también es cierto que las más recientes rupturas tecnológicas—principalmente en las tecnologías de computación, de comunicaciones y de bioinge­niería—permiten avizorar nuevas y más eficaces soluciones. En particular, el horizonte tecnológico de lo democrático se ha expandido, y el actual nivel de participación popular en la formación de las decisiones públicas es muy inferior al que es tecnológicamente posible.

Esa es la verdadera oportunidad social moderna. Lo tecno­lógico abre caminos a una mayor libertad y a una mayor de­mocracia. Hay ahora los primeros atisbos de una gran tecno­logía a escala y uso de la persona. Pero es una tecnología cuyo empleo roba sentido a las tradicionales dicotomías y cambia el contenido de los roles sociales. Una concepción política que todavía sólo acierta a discernir entre obreros (poder sindical) y empresarios (poder capital) a la hora de concebir los actores de un «pacto social», no es capaz de aprovechar esa novísima y trascendente oportunidad. En el fondo, los actores políticos tradicionales entienden el mundo como dividido en dos clases de corte: aquél que les separa a ellos, únicos integrantes del «país político», de un «país nacional» que a su vez es cortado por la distin­ción social obsoleta que agota a una nación en las imágenes del empresario y del obrero. Y en una época en la que existe una empresa de transporte aéreo cuyo líder sirve pe­riódicamente de sobrecargo y todo empleado es accionista de la empresa,13 esa distinción, conveniente a un autodenomi­nado «país político» que justifica su existencia como el árbitro de esa disputa y que por eso hasta cierto punto la estimula, es una distinción que ya no tiene sentido.

Para aprovechar la oportunidad social moderna es necesa­rio tener la flexibilidad de conciliar las futuras «formas económicas de cooperación» que se darán, como lo desea en Venezuela la más izquierdista de las proposiciones tradi­cionales, con la realidad de que esas nuevas formas se es­tán dando en el mundo por la ruta de la libre iniciativa y la libre asociación.

Los valores. ¿Fines o criterios?

Y para aprovechar la oportunidad social moderna es pre­ciso mayor humildad respecto de lo que son nuestros máximos fines. Porque precisamente porque la mejor forma que puede adoptar a largo plazo la distribución social es la distri­bución normal, y porque aún dentro de nosotros mismos, personas, cohabita el recuerdo de algunos actos excelentes junto con la memoria de algunos abominables y la de innume­rables actos normales, naturales y cotidianos, nosotros de­bemos ser más humildes con nuestros fines; nosotros que habitamos un mundo al que la ciencia más desarrollada y más profunda ha renunciado a descubrirle finalidad.14

Debemos desacralizar nuestros valores. A veces, cuando no se sabe resolver de otro modo el problema del tantas veces invocado «nuevo modelo de desarrollo», se apela a un uso indebido de los valores. Se nos propone, por ejemplo, que antes que haberse agotado el modelo de desarrollo lo que ocurre es que el modelo no ha sido desarrollado, y que el modelo debe buscarse en el Preámbulo de la Constitución de 1961.15 Pero lo que contiene ese importante documento no es un modelo de desarrollo, no es un programa, no es ni puede ser un conjunto de objetivos. Es un conjunto de valores que, como se ha dicho, «es la expresión de una realidad histórico-sociológica»; es un conjunto de «valores que se han ido desarrollando a lo largo de nuestra vida como Na­ción y que son compartidos por la inmensa mayoría de los venezolanos, de manera que han entrado a formar parte de nuestro patrimonio espiritual.»16

Ahora bien, el uso que es posible dar en una política competente a los valores es el de criterios para seleccio­nar entre cursos de acción diferentes. Los objetivos acep­tables políticamente son aquellos que involucran un pro­greso transitable desde la situación de partida. Por esto los objetivos surgen de la invención de quien sabe diseñar políticas, y los mejores objetivos son los que mejor cum­plen con los valores considerados como criterios. Por esto no es posible hacer del Preámbulo de la Constitución de 1961 un programa o modelo de desarrollo. El valor democra­cia, el valor justicia, el valor paz, sirven de criterio para escoger aquella política que sea más democrática, o más justa o más pacífica que otras políticas competidoras. No pueden tales valores servir como objetivos porque, como es fácil reconocer, no es posible que se dé la democracia perfecta, la justicia perfecta o la paz perfecta.

El futuro plural

Los actores políticos tradicionales usualmente entienden el futuro de un modo que también es dicotómico: el futuro manejado por ellos es el mejor futuro, el futuro manejado por el oponente es el peor. Aunque llega a haber actores políticos tradicionales tan mesiánicos que llegan a conven­cerse de que el único futuro posible es el manejado por ellos.

Pero el futuro es mucho más plural que una opuesta pareja de profecías esgrimida simultáneamente por los mismos pro­fetas, la profecía del desastre que el contrincante necesariamente causaría y la profecía de un vivir mejor si ellos son los que gobiernan. El futuro es un conjunto en princi­pio infinito de futuros posibles. Los hay muy negativos y hasta letales. Los hay buenos y hasta brillantes. Y, natural­mente, depende en buena medida de la conducta de los acto­res el que se dé uno u otro futuro. Y ser capaz de imaginar un futuro al que pueda llegarse desde nuestro presente y que aumente significativamente el bienestar, la viabilidad y la significación de una sociedad requiere el abandono de las antiguas visiones sobre el futuro.

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Las concepciones que hemos contrastado son algunas de las que constituyen un viejo y un nuevo paradigma político. Por un lado las concepciones que se hacen cada vez más inefica­ces y menos pertinentes. Por el otro las que introducen una perspectiva inusitada y en correspondencia con una visión más exacta de lo social, lo que reduce la impertinencia po­lítica, al ser concepciones más del tiempo de esta gran fase nueva de la civilización. Es importante construir lo necesario para que se dé el tránsito de uno a otro para­digma, de uno a otro concepto, de una vieja a una nueva conceptualización. Esto precisa de una nueva asociación po­lítica. Los actores políticos tradicionales, legitimados internamente por sostener alguna posición ideológica en al­gún «espacio» del viejo eje político de derechas e izquier­das, difícilmente pueden aceptar lo que tendrían que acep­tar, que es, ni más ni menos, que de aquello que les sos­tiene no es posible deducir soluciones a los problemas políticos importantes. Las reglas de las organizaciones polí­ticas tradicionales configuran un ambiente asfixiante que impide la ventilación de planteamientos que difieran de las interpretaciones consagradas. Es necesario por esto diseñar y crear una nueva asociación política, con unas normas que faciliten la emergencia y difusión de las nuevas concepcio­nes, así como la actividad de nuevos y más competentes actores políticos individuales.

LA SOCIEDAD POLITICA DE VENEZUELA

Lo que es necesario constituir debe llamarse la Sociedad Política de Venezuela, para que comience desde el propio nombre a distinguirse de los actores políticos tradiciona­les conocidos como partidos.

Objeto

No se funda la Sociedad Política de Venezuela con el ob­jetivo de una participación electoral. Se funda porque un grupo humano quiere ejercer una acción pública para que nuestra sociedad tenga las mayores oportunidades de hacerse significativa, de evitar la aparentemente ineludible insignificancia de nuestra Nación a la entrada del nuevo ciclo civilizatorio de la humanidad. Para esto se necesita iden­tificar una nueva razón de Estado que dote a nuestra socie­dad de un nuevo sentido, y comunicar esa nueva razón de Estado al cuerpo social. Una nueva razón de Estado que nos ofrezca un futuro significativo dentro de los poderosos y gigantescos procesos que están cambiando al mundo.17

Se funda la Sociedad Política de Venezuela porque se quiere ejercer una acción pública para acrecentar la demo­cracia hasta que ésta alcance sus límites tecnológicos, pues la participación democrática de los ciudadanos está hoy muy por debajo de lo que es posible y deseable.

Se funda la Sociedad Política de Venezuela porque se desea un desarrollo político que haga que la formación de las políticas públicas sea no solamente más democrática sino también más idónea y responsable porque consagre el recurso permanente al análisis científico de las políticas públicas.

Se funda la Sociedad Política de Venezuela porque se pre­tende crear un nuevo conducto político que no se defina por mera oposición a los otros conductos existentes, sino que entienda su mensaje como superposición sobre los mensajes incompletos de los actores políticos tradicionales, los que vistos de este modo pueden ser objeto de rescate en lo que tengan de positivo.18

La Sociedad Política de Venezuela es una nueva asociación política que surge con el expreso propósito de ejecutar operaciones políticas, esto es, operaciones que transformen la estructura y la dinámica de los procesos políticos en las direcciones descritas por los objetos antes menciona­dos.

Integrantes

Los miembros de la Sociedad Política de Venezuela serán todas aquellas personas que manifiesten el deseo de serlo, conozcan su normativa y consientan en acatarla. En particu­lar, no obstará para ser miembro de la Sociedad Política de Venezuela que una persona sea miembro de algún partido, del mismo modo que no se impedirá la entrada por razones de re­ligión, sexo, raza, edad o cualquier otro criterio similar. Las ideologías son expresión de valores como lo son las posturas religiosas. Las diferencias ideológicas y prácti­cas entre los partidos venezolanos se han ido atenuando hasta el punto de que constituyen ofertas poco distingui­bles, fenómeno que conocen y comentan aún algunos líderes de tales organizaciones.19

Consagración de la crítica

La Sociedad Política de Venezuela realizará operaciones políticas que formen parte de programas establecidos explí­citamente por ella. Estos programas surgirán de la inventividad política de sus miembros, no de un proceso deductivo que parta de algún texto supremo. Ya no es posible deducir la solución de los problemas sociales concretos a partir de supertextos cuasibíblicos, sean éstos encíclicas papales o los libros capitales del marxismo. La política no se de­duce; la política se inventa y se escoge. La Sociedad Polí­tica de Venezuela instrumentará el ambiente necesario para dar alojamiento a la invención política y para que las pro­posiciones que por ella surjan puedan ser adoptadas luego del más estricto análisis y la consulta más amplia posible.

Así, cualquier miembro podrá en cualquier instante elevar proposiciones programáticas a los órganos competentes de la Sociedad Política de Venezuela a fin de que éstas sean eva­luadas y convertidas en programas si se las encuentra im­portantes y conmensurables con los recursos que pueda la Sociedad arbitrar. Cualquier miembro podrá hacer eso en cualquier momento, aún si se trata de proposiciones que as­piren a sustituir a programas vigentes de la sociedad. Para esto se instrumentará una normativa que permita la compara­ción crítica de proposiciones alternas o competidoras y que asegure un máximo de objetividad política tal como la defi­nimos anteriormente.

Por tanto, no será objeto de sanción de ninguna natura­leza aquel miembro que sustente una opinión diferente o aún opuesta a lo que sean los programas corrientes de la sociedad, puesto que creemos que es de la refutación constante de las ideas y las formulaciones de los hombres de donde proviene el progreso, en un incesante proceso de superación de las cotas alcanzadas por anteriores esfuerzos. La Socie­dad Política de Venezuela someterá a consulta de sus miem­bros las proposiciones que le hayan sido elevadas y que re­sulten evaluadas como importantes y factibles por el órgano competente. Bastará, para que sean incorporadas como pro­gramas al conjunto de operaciones que la Sociedad Política de Venezuela emprenda, la opinión favorable mayoritaria de los miembros. Si esa opinión favorable fuere de al menos las dos terceras partes de los miembros entonces no sólo sería la proposición así consagrada un programa de la So­ciedad Política de Venezuela, sino que entonces sí se exi­giría la defensa de la misma por parte de los miembros.

Operaciones estatutarias

La Sociedad Política de Venezuela llevará a cabo, además de las operaciones que formen parte de programas estableci­dos según el procedimiento descrito, operaciones considera­das básicas o estatutarias. Así, se tendrá por una opera­ción estatutaria el establecimiento y operación de un medio de comunicación de la Sociedad que permita un flujo en am­bas direcciones: en una dirección como vehículo de informa­ción y difusión, en la otra dirección como medio de con­sulta periódica de la opinión de los miembros. Se tendrá también como operación pautada estatutariamente un programa de adiestramiento de obligatorio cumplimiento para funcio­narios u operadores de la Sociedad, en el que se les provea del lenguaje analítico necesario para acometer el análisis de los problemas según criterios modernos y científicos.

No postularás

Finalmente, una tercera clase de operación en la que in­tervendrá la Sociedad Política de Venezuela, junto con las ya mencionadas operaciones estatutarias y operaciones pro­gramáticas, está constituida por las operaciones electora­les. Y acá la Sociedad Política de Venezuela introduce una normativa que difiere radicalmente de la habitual partici­pación electoral de los actores políticos tradicionales. La Sociedad Política de Venezuela en ningún caso postulará a persona alguna para un cargo público electivo. Esta norma puede parecer a primera vista la negación de la esencia de lo político. Sin embargo, esto no significa en modo alguno que la Sociedad Política de Venezuela renuncia a toda participación en los procesos electorales del país. Al contra­rio, la Sociedad podrá emplear recursos financieros y téc­nicos en apoyo a la postulación de miembros suyos a cargos electivos, pero siempre y cuando los miembros en cuestión soliciten los recursos descritos luego de que hayan obte­nido el apoyo de un grupo de electores. Este apoyo deberá expresarse en un número de electores aún superior al que determinen las actuales leyes electorales venezolanas como definición de grupo de electores.

Con esta norma quiere consagrarse el principio de la re­presentación real, en sustitución de la representación in­completa e imperfecta que hoy en día supone la práctica partidista de imponerle a los ciudadanos unos representan­tes que menos lo son de la ciudadanía que de las circuns­tanciales oligarquías partidistas. No debe bastar que al­guien sea miembro de la Sociedad y en ese sentido se en­tienda que en principio tal persona comprenda la política desde un nuevo punto de vista. Ni siquiera debe bastar que los órganos directivos de la Sociedad consideren que uno de sus miembros es además particularmente idóneo para un cierto cargo electivo. La condición verdaderamente impor­tante debe estar dada por la voluntad de los electores mis­mos, por esa voluntad que continúa siendo mediatizada y es­camoteada en beneficio de una soberbia pretensión de los partidos de que son ellos más idóneos que el propio electo­rado para determinar quién debe representarlo. Por esto la norma de la no postulación tiene el más profundo sentido democrático, y la Sociedad Política de Venezuela de ese modo da substancia real y operante al concepto de la demo­cracia factible y verdadera opción para que nuevos actores políticos puedan acceder a la carrera de orientación pú­blica. Y precisamente por tratarse de proveer oportunidades a los nuevos actores, la Sociedad contará asimismo con los mecanismos por los cuales sea posible ayudar a nuevos acto­res políticos a darse a conocer a los electores. Pero serán éstos, en definitiva, quienes tendrán la voz determinante para decir: «queremos que sea éste quien nos represente».

Dignidad económica de la política

Este conjunto de operaciones requerirá, naturalmente, una organización y un conjunto de personas comprometidas profe­sionalmente con la tarea de llevarlas a cabo. Es de suprema importancia que la labor de estas personas sea remunerada según el criterio de dignidad económica de la política, y no con arreglo al patrón tradicional de considerar a lo po­lítico o a lo público como algo que intrínsecamente merece­ría una compensación económica inferior a la de una activi­dad de carácter privado. De hecho, consideramos que menos problemas de corrupción confrontaríamos en estos momentos si la remuneración del funcionario público fuese más digna. La Sociedad Política de Venezuela, queriendo ser paradigmá­tica también en el sentido castellano de ejemplo o modelo, remunerará a sus funcionarios y operadores según la impor­tancia de la labor que desarrollen y de un modo tal que permita la total dedicación a la tarea, sin que ésta deba ser menoscabada por el recurso del funcionario a fuentes alternas de ingreso porque su persona se vea impelida a tal expediente en razón de una subvaloración económica de su trabajo político.

La Sociedad Política de Venezuela ha podido generar un diseño de su estructura y de su flujo financiero tal que permite la puesta en práctica de ese criterio de la digni­dad económica. La Sociedad Política de Venezuela recibirá fondos, principalmente, de la economización de algunas de sus operaciones. A este fin establecerá empresas cuyas ganancias pasen, por la vía de dividendos preferidos, a una fundación que establecerá los fondos necesarios a cada tipo de operación. Estos fondos serán un fondo de operaciones estatutarias, un fondo de operaciones programáticas, un fondo de apoyo electoral y un fondo de seguridad social de los funcionarios de la Sociedad.

La operación como criterio organizador

A lo largo de esta descripción de la Sociedad Política de Venezuela la palabra «operación» ha sido repetida insisten­temente. No es esto mera casualidad. Se trata de una asociación política y no de una asociación académica de estu­dios políticos. Por esta razón lo operativo tiene un lugar preeminente en la concepción de la Sociedad Política de Ve­nezuela.

Pero además esta insistencia en la idea de la operación como criterio organizador debe interpretarse como una pre­ferencia decidida por lo que son operaciones en contraste con lo que son «funciones» congeladas dentro de un organi­grama, tal como acontece en la organización de los partidos políticos típicos. La organización por funciones tiende a producir, como se sabe desde hace tiempo en las ciencias organizativas, una autojustificación y autoperpetuación de las unidades organizativas funcionales en las que a veces no es tan fácil distinguir si éstas continúan siendo verda­deramente útiles.

Por esto la Sociedad Política de Venezuela adoptará una organización perpetuamente cambiante, en la que equipos operativos nuevos irán adicionándose para cada nueva opera­ción o programa adoptado. Los programas y operaciones debe­rán ser definidos claramente como tareas: es decir, con una condición que permita finalizarlos una vez que hayan cum­plido con su misión. Incluso las operaciones definidas como estatutarias deberán formular periódicamente sus metas de un modo tal que éstas sean evaluables y se pueda determinar si los objetivos planteados están siendo alcanzados, si el servicio que tales operaciones estatutarias involucran está siendo prestado con el alcance que sea posible.

Temporalidad

Finalmente, la propia Sociedad Política de Venezuela se concibe como una operación. Es una paradójica conjunción de soberbia e inseguridad lo que a veces impele a las organi­zaciones humanas a plantearse como permanentes. La raíz de soberbia induce a pensar que se ha conocido la forma defi­nitiva de arreglar un problema, la ley perfecta, la norma inmejorable. Así, por ejemplo, nuestras leyes son formula­das, con escasas excepciones como las de las leyes presu­puestarias, como leyes intemporales y con vocación de eter­nidad. Más cónsono con la humildad que debiera derivarse del más elemental conocimiento de las limitaciones de las ciencias de lo político, sería un proceso legislativo en el que las leyes fuesen formuladas para una vigencia temporal limitada y explícita, prescribiendo un lapso luego del cual el cuerpo legislativo esté obligado a una evaluación de la ley en cuestión a la luz de la experiencia de su aplicación y a un acto reconfirmatorio de la ley sin el que ella que­daría automáticamente derogada.20

Por lo que respecta a la raíz de inseguridad, la formula­ción de lo permanente protege a una clase de espíritu que es incapaz de tolerar la crítica y el riesgo de transforma­ción.

Nuevamente la Sociedad Política de Venezuela se hace pa­radigmática en torno a este problema y no teme incluir una insólita norma constitutiva y estatutaria respecto de su duración. La Sociedad Política de Venezuela se constituye con una duración limitada, más allá de la cual, para pro­longar su existencia requiere del expreso acto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, de un acto que extienda la vida de la asociación por un lapso adicional, al fin del cual se repetirá la condición. La Sociedad Política de Ve­nezuela piensa que si una mayoría de sus miembros no cree que su vigencia debe extenderse entonces no vale la pena, por lo que no teme condicionar su propia supervivencia al juicio democrático, el que dictaminará, por supuesto, según sea la historia de logros de la Sociedad.

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Esta es, a grandes rasgos, la normativa que define la clase de espacio que es la Sociedad Política de Venezuela, así como su objeto. Es una normativa, ciertamente, que di­fiere de la típica normativa partidista. Para aquellos pun­tos de vista según los cuales no puede hacerse política eficaz si no es en la democracia mínima de los partidos, ese conjunto de normas es insoportable o imposible. Pero para quienes conocen las verdaderas formas de lo humano y contraponen la democracia factible a esa democracia mínima que nos quiere conceder el tradicional «país político», una normativa de esa clase fluye natural de lo evidente.

Programa inicial

Y ante aquél que pudiera pensar que una asociación tal pudiera agotarse en una pura normativa, en una normativa intelectualmente satisfactoria pero incapaz de ser llenada operativamente, la Sociedad Política de Venezuela puede ex­hibir proposiciones de acción que son tanto factibles como importantes.

Para empezar, y en atención a operaciones estatutarias, la Sociedad Política de Venezuela producirá una publicación periódica que sirva, como la membrana a un núcleo celular, para interfase de los miembros y los órganos de la Socie­dad. La publicación puede ser producida y distribuida a costos que permitan la adquisición de ejemplares a un gran número de personas y que asimismo permita un beneficio mo­netario que financiará otras operaciones de la Sociedad. Esta interfase de la Sociedad Política de Venezuela será asimismo paradigmática, puesto que conformará un ambiente editorial en el que los planteamientos serán presentados críticamente, y no como si se tratara de palabra revelada y definitiva. Por esa interfase llegarán a los miembros de la Sociedad los análisis e interpretaciones que interesan al ciudadano en general, proposiciones de solución a problemas públicos, la explicación de la nueva política y sus nuevos puntos de vista, sus nuevos paradigmas. En esa interfase se juntarán las opiniones de los miembros por la vía de periódicas y sistemáticas consultas, de modo que no se ignore a los miembros como los partidos ignoran a esa militancia que sólo convocan en ocasión electoral.

También es programa estatutario lo atinente al adiestra­miento de sus funcionarios. Este programa comenzará con un taller de clínica política, en el que una metodología seria y científica será mostrada a través de los nuevos enfoques y fundamentada en éstos. El primer taller estará concurrido por todos aquellos que conformen los primeros equipos operativos de la Sociedad, a fin de asegurar, como ya se dijo, la ventaja de un lenguaje analítico y una filosofía geren­cial comunes.

Pero además de estas operaciones estatutarias la Sociedad Política de Venezuela intentará un primer programa de ope­ración política. Esto es, un primer programa cuyo objetivo sea cambiar de modo significativo el ambiente político del país. El primer programa que ha sido propuesto es el de diseña­r un proyecto de ley de reforma del sistema electoral que consagre de una vez por todas la elección uninominal de cargos representativos, comenzando por la representación en el Congreso de la República. Pero el programa no se agota en el mero diseño del proyecto. Su fase más importante y la que marcará la más significativa diferencia, será la de ex­plicar el proyecto a la ciudadanía y recabar el apoyo de firmas para que ese proyecto sea introducido a las cámaras legislativas por la vía consagrada constitucionalmente de la iniciativa popular.21 Otra vez se trata de señalar una conducta diferente: la de creer en una democracia factible más allá de la retórica, al emplear en la práctica los ca­nales que nuestra propia legislación vigente ha dispuesto para la participación popular. Y es más que justicia que un proyecto de ley destinado a incrementar esa participación sea precisamente introducido por iniciativa popular.

Este programa de la Sociedad Política de Venezuela debe ser su meta operativa principal, en la que concentre la ma­yor cantidad de esfuerzos. Esta concentración es recomenda­ble no sólo porque en general es lo inteligente no diluirse en demasiadas operaciones, sino porque el programa es alta­mente paradigmático, una suerte de prueba o experimento co­rroborador o negador de las hipótesis que sustentan la emergencia de la Sociedad Política de Venezuela. Su éxito consagrará con la mayor contundencia la posibilidad real de una nueva manera de hacer política.

TIEMPO DE INCONGRUENCIA

Esa nueva manera de hacer política requiere un nuevo ac­tor político. El actor político tradicional pretende hacer, dentro de su típica organización partidista, una carrera que legitime su aspiración de conducir y gobernar una demo­cracia. Sin embargo, el adiestramiento y formación que im­ponen los partidos a sus miembros es el de la capacidad para maniobrar dentro de pequeños conciliábulos, de cerra­dos cogollos y cenáculos. Se pretende ir así de la aristo­cracia a la democracia. El camino debe ser justamente el inverso. Debe partirse de la democracia para llegar a la aristocracia, pues no se trata de negar el hecho evidente de que los conductores políticos, los gobernantes, no pue­den ser muchos. Pero lo que asegura la ruta verdaderamente democrática, no la ruta pequeña y palaciega de los cogollos partidistas, es que ese pequeño grupo de personas que se dediquen a la profesión pública sean una verdadera aristo­cracia en el sentido original de la palabra: el que sean los mejores. Pues no serán los mejores en términos de democracia si su alcanzar los puestos de representación y co­mando les viene de la voluntad de un caudillo o la negocia­ción con un grupo. No serán los mejores si las tesis con las que pretenden originar soluciones a los problemas no pueden ser discutidas o cuestionadas so pena de extraña­miento de quien se atreva a refutarlas.

Ese nuevo actor político, pues, requiere una valentía di­ferente a la que el actor político tradicional ha estimado necesaria. El actor político tradicional parte del princi­pio de que debe exhibirse como un ser inerrante, como al­guien que nunca se ha equivocado, pues sostiene que eso es exigencia de un pueblo que sólo valoraría la prepotencia. El nuevo actor político, en cambio, tiene la valentía y la honestidad intelectual de fundar sus cimientos sobre la realidad de la falibilidad humana. Por eso no teme a la crítica sino que la busca y la consagra.

De allí también su transparencia. El ocultamiento y el secreto son el modo cotidiano en la operación del actor po­lítico tradicional, y revelan en él una inseguridad, una presunta carencia de autoridad moral que lo hacen en el fondo incompetente. La política pública es precisamente eso: pública. Como tal debe ser una política abierta, una política transparente, como corresponde a una obra que es de los hombres, no de inexistentes ángeles infalibles.

Más de una voz se alzará para decir que esta conceptuali­zación de la política es irrealizable. Más de uno asegurará que «no estamos maduros para ella». Que tal forma de hacer la política sólo está dada a pueblos de ojos uniformemente azules o constantemente rasgados. Son las mismas voces que limitan la modernización de nuestra sociedad o que la pre­tenden sólo para ellos.

Pero también brotará la duda entre quienes sinceramente desearían que la política fuese de ese modo y que continúan sin embargo pensando en los viejos actores como sus únicos protagonistas. Habrá que explicarles que la nueva política será posible porque surgirá de la acción de los nuevos actores.

Serán, precisamente, actores nuevos. Exhibirán otras con­ductas y serán incongruentes con las imágenes que nos hemos acostumbrado a entender como pertenecientes de modo natural a los políticos. Por esto tomará un tiempo aceptar que son los actores políticos adecuados, los que tienen la compe­tencia necesaria,22 pues, como ha sido dicho, nuestro pro­blema es que «los hombres aceptables ya no son competentes mientras los hombres competentes no son acepta­bles todavía«. 23

Porque es que son nuevos actores políticos los que son necesarios para la osadía de consentir un espacio a la grandeza. Para que más allá de la resolución de los proble­mas y la superación de las dificultades se pueda acometer el logro de la significación de nuestra sociedad. Para que más allá de la lectura negativa y castrante de nuestra so­ciología se profiera y se conquiste la realidad de un brillante futuro que es posible. Para que más allá de esa de­mocracia mínima, de esa política mínima que es la oferta política actual, surja la política nueva que no tema la le­janía de los horizontes necesarios.

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NOTAS

1. Ya en agosto de 1984 la encuesta Gaither había detec­tado un súbito movimiento de opinión respecto de encuestas anteriores por lo que respectaba a la identificación del «mejor partido». Dicha encuesta comparaba sus resultados contra los obtenidos en la pregunta «¿cuál es el mejor par­tido?» en agosto de 1974 (primer año de gobierno de Pérez), septiembre de 1979 (primer año de Herrera) y octubre de 1983 (dos meses antes de las últimas elecciones). Los si­guientes datos dan los porcentajes de personas que respondieron «ninguno» (entre las opciones AD, COPEI, MAS y otros) y que no opinaron.

————————–AGO.74      SEP.79        OCT.83       AGO.84

NINGUNO                16                14                19               29

NO OPINA                13                13                 8               14

TOTAL                      29                27               27               43

Como puede verse, el total de personas que no logra iden­tificar un mejor partido entre las opciones disponibles ex­perimentó un salto brusco equivalente a 16% más de los encuestados que en veces anteriores. Este fenómeno es muy si­milar a los movimientos de opinión que están siendo obser­vados en otras latitudes. Por ejemplo, en España el gobierno ha perdido puntos sin que tal pérdida haya signifi­cado un aumento de puntos en la opinión favorable al prin­cipal partido de oposición. La población representada por tales puntos de porcentaje se queda en una especie de «limbo», según la expresión de la revista «Cambio 16». Asi­mismo, «L’Express» realizó una encuesta sobre las eleccio­nes legislativas de 1985 en Francia. Las dos terceras par­tes de los encuestados opinaron que las elecciones serían ganadas por la oposición, mientras que más de las tres cuartas partes cree que la oposición ganará por descrédito del gobierno socialista.

2. La economía tiende a ser como los tejidos celulares, que se desarrollan básicamente por sí mismos. Ya la ultra­planificación de una economía es un proceso bastante inefi­caz. Más difícil y menos eficaz, y mucho más costoso so­cialmente, es pretender instalar todo un nuevo sistema eco­nómico –mal definido, por lo demás– a partir de un plan central. En cambio, las nuevas formas empresariales en paí­ses como los EEUU se dan de forma espontánea, sin que nin­gún organismo federal pueda vanagloriarse de ser responsa­ble. Así, por ejemplo, se dan las asociaciones funcionales entre nuevas empresas formadas por los empresarios-tecnólo­gos y empresas que proveen servicios de mercadeo. La pre­sión introducida por familias tecnológicas completamente nuevas—caso de la bioingeniería—ha generado peculiares empresas poseídas por universidades o sus profesores. O se da el caso de los «intrapreneurs», término que designa a aquellas personas que trabajan en empresas que operan como si fuesen mercados internos de capitales y que ha sido descubierto recientemente por la revista «Time» (4 de febrero de 1985) y bastante antes por «The Economist» (17 de abril de 1982).

3. Cuando Eduardo Fernández obtuvo por primera vez la Se­cretaría General de COPEI en 1979, declaró que sus dos me­tas principales serían la de modernizar a su partido y actualizar el programa de COPEI. En cuanto a la primera meta se produjeron algunas modificaciones en dirección hacia una mayor democracia interna en la elección de autoridades par­tidistas. Respecto de la segunda de las metas, la que guarda relación con su reciente anuncio del «congreso ideo­lógico», no se logró prácticamente nada. Un primer impulso de convocar grupos que se diesen a esta tarea culminó en una característica «negociación». Fernández confió tan trascendente objetivo de la actualización ideológica a un dirigente regional afecto a la tendencia de Pedro Pablo Aguilar, sin que se produjese nada significativo. Tal vez ahora el «congreso ideológico»—nombre que revela lo tradi­cional del enfoque—corra con un poco más de suerte.

4. Se trata de la llamada «Proposición al País» del Grupo Roraima. El estudio exhibe una excelente arquitectura y está soportado por un útil «banco de datos». Como avance en la interpretación económica puede destacarse el que ponga de relieve que «la economía se comportó mejor durante el período 1964-73 que durante la bonanza petrolera» (pag. 7). así como la noción de que Venezuela no es un caso económico único (pag. 11). Asimismo, el Grupo Roraima ha sido de los primeros en destacar con gran fuerza pedagógica el concepto de zonas de paridad sobrevaluada. (El Grupo Roraima pre­sentó sus proposiciones inmediatamente después de las elec­ciones de diciembre de 1983). Por último, el estudio esta­blece una distinción entre tres grupos de actividades em­presariales según sea el grado de protección que requieren, proponiendo un tratamiento diferencial a grandes rasgos adecuados para cada caso.

5. Si bien es cierto lo que apunta la «Proposición al País» del Grupo Roraima en cuanto a la similitud de los mo­delos de gestión macroeconómica aplicados en países petro­leros de distinta clase (Reino Unido, Noruega, Holanda, México y Venezuela), en la situación económica de éstos ha influido también la conducta económica de otros países. Notablemente, ha influido de manera desfavorable la política deficitaria de los EEUU, así como la irresponsable política de préstamos de sus principales entes financieros. En otras palabras, sin que estos dos últimos procesos agoten una lista de factores determinantes de la situación económica mundial y aceptando que los países petroleros adoptaron po­líticas similares, la explicación de la problemática actual no puede ser fundada únicamente en este hecho. De todos mo­dos, esa postulación del Grupo Roraima tiene gran valor porque señala que nosotros no hemos sido los únicos equivo­cados.

6.Marcel Granier, «La generación de relevo vs. el Estado omnipotente».

7.Marcel Granier,op.cit., páginas 2 y 3.

8. Proyecto «Nueva República» de Jorge Olavarría. Con­tiene importantes sugerencias para la modificación estruc­tural del aparato político venezolano.

9. Luis Enrique Alcalá, «La improbabilidad de las propo­siciones», Revista «Válvula», No. 1, diciembre de 1984, pá­gina 38.

10. La expresión «Hood Robin» es empleada insistentemente por Luis Matos Azócar para referirse, en una concepción tradicional, a una política económica que prefiere a los «ricos» antes que a los «pobres».

11. La tendencia de los grupos humanos a adoptar configu­raciones de curva estadística normal va en contra, por ejemplo, de los primeros planteamientos de Luis Alberto Machado respecto de su «revolución de la inteligencia». Pos­teriormente, pudo beneficiarse de enfoques más científicos, como los que le proporcionara la Dra. Corina Parisca de Ma­chado, y atenuar de ese modo lo mucho de utópico que tenían sus proposiciones iniciales.

12. Respecto de lo político puede afirmarse que, más que las mujeres, más que las minorías étnicas, los científicos constituyen un grupo humano discriminado y limitado políticamente. Tal vez es más fácil ver como Presidente de los EEUU a Geraldine Ferraro que a Carl Sagan. Sin embargo, la «Tercera Ola» introduce presiones de cambio en este sen­tido. La tradicional subordinación del científico al polí­tico cambiará, no hacia una subordinación del político al científico, sino hacia la emergencia de políticos más «científicos» y hacia una simbiosis de los dos grupos ori­ginales y equivalentes—héroes y sabios—de la vieja le­yenda germánica.

13. La empresa «People Express» (Revista «Time», 7 de enero de 1985), que comenzó en 1980 con un terminal abando­nado e «infestado con ratas» en Newark y tres Boeing 737 usados, mueve hoy a un millón de pasajeros por mes.

14. Ya no pretenden los científicos modernos decir cómo «es» en realidad el mundo, sino que se conforman con pro­porcionar modelos cada vez más ajustados a lo que arrojen los datos experimentales. Y hace ya bastante tiempo, de tres a cuatro siglos, que la «causa final » de Aristóteles es una noción inoperante para la ciencia.

15. Es la proposición de Rafael Caldera, repetida y aca­tada por Eduardo Fernández, entre otros miembros de su par­tido.

16. Juan Carlos Rey, «Doctrina de Seguridad Nacional e Ideología Autoritaria», en Seguridad, Defensa y Democra­cia, Editorial Equinoccio, Caracas 1980, página 196.

17. Los procesos a los que nos referimos son, por su­puesto, los de la llamada «Tercera Ola», término propuesto por Alvin Toffler en su libro del mismo nombre para desig­nar la profunda transformación de la era informática, la que sucede a la era industrial como ésta a su vez sucedió a la era agrícola. Tratamientos similares se ofrecen en las obras de Hermann Kahn, John Naisbitt y Jean Jacques Servan-Schreiber, entre otros. Para un tratamiento del problema desde un punto de vista venezolano, véanse los trabajos de Arturo Úslar Pietri y Luis Enrique Alcalá en la revista «Válvula», No. 1, diciembre de 1984.

18. Los actores políticos tradicionales, por supuesto, han aportado muy importantes y beneficiosas transformacio­nes al desarrollo político nacional. Para empezar, la im­plantación misma de las más elementales nociones del juego democrático. Nuestro análisis no descalifica a los partidos tradicionales por un inventario de su actual negatividad, sino por la insuficiencia de su positividad. Sin embargo, es posible encontrar dentro de los planteamientos que cir­culan por los partidos venezolanos algunas ideas positivas, sobre todo ahora cuando han sentido la presión de la desfa­vorable opinión pública sobre ellos.

19. Últimamente ha sido Luis Matos Azócar el más explí­cito líder partidista en denunciar la inexistencia de dife­rencias realmente substanciales. Investigadores privados han realizado compilaciones comparativas de las ofertas de los programas de gobierno en las varias elecciones recien­tes. Ese trabajo revela la casi uniformidad de las mismas, siendo que las variaciones suelen ser insignificantes.

20. En general, las decisiones públicas no deben atentar contra la libertad de decisión en el futuro. No es sufi­ciente que en el fondo siempre esté presente la posibilidad de reformar las leyes. Como sabemos, una vez que una ley ha sido aprobada por el Congreso ésta adquiere una inercia considerable, aún en el caso de que haya consenso acerca de alguna imperfección en alguna ley particular.

21. El Ordinal 5º  del Artículo 165 de la Constitución Nacional de 1961 establece que la iniciativa de las leyes corresponde también a «…un número no menor de veinte mil electores, identificados de acuerdo con la ley.»

22. Una de las dificultades psicológicas más caracterís­ticas es la de transportar la imaginación a una situación nueva. Aunque se haya logrado en primera instancia cambiar una percepción habitual por otra diferente, lo usual es que el juicio de la nueva situación se haga todavía con base en nociones todavía antiguas.  A veces se puede decir de quien oralmente defiende nuevos conceptos pero actúa de modo viejo que «habla de boquilla». Pero es razonable entender que toma un cierto tiempo asumir los nuevos conceptos en toda la plenitud de sus implicaciones.

23. Stafford Beer, «Platform for Change», Wiley, N.Y., 1975.

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