por Luis Enrique Alcalá | Nov 7, 2007 | Notas, Política |
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En horas de la tarde de hoy, y en cumplimiento de instrucciones emanadas directamente de la Presidencia de la República, que el sábado declaró la guerra al movimiento estudiantil venezolano, hordas chavistas provocaron un nuevo incidente de violencia en área universitaria, esta vez en la Universidad Central de Venezuela, mediante la toma de su Escuela de Trabajo Social. Los tomistas incluyeron gente que llevó y accionó armas de fuego en el recinto universitario, provocando heridas de consideración a estudiantes opuestos a los designios absolutistas de Hugo Chávez Frías.
La violenta operación buscaba, más allá del amedrentamiento que es técnica inveterada del gobierno de Chávez, causar una situación tan grave que fuera pretexto para el allanamiento de la venerable casa de estudios. El tiro, sin embargo, salió por la culata, pues las imágenes del desorden provocado por el oficialismo hicieron evidente la criminalidad del salvaje intento. Poco después de las ocho de la noche de hoy, una cadena forzada de radio y televisión puso en pantalla a Pedro Carreño, que en breve y estúpida alocución, pretendió hacernos tragar una pobre e ineficaz patraña.
De seguidas, una nota instantánea para comentar la patética intervención de Pedro Carreño, Ministro del Poder Popular para la Mentira.
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Ministro del Poder Popular para la Mentira
Hace unos minutos, el ciudadano Ministro “del Poder Popular” para las Relaciones Interiores y Justicia, el ex militar golpista Pedro Carreño, apareció en las pantallas de los televisores que sintonizaban los canales venezolanos, en interrupción de su programación normal con la ultraenésima cadena de radio y televisión impuesta por la dominación chavista, para hacer lo que más sabe: mentir.
Es el mismo Pedro Carreño que aseguraba, hace unos cuantos años y mientras buscaba ocultar lo que ya se sabía, que el policía máximo de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, se había refugiado en Venezuela, que este siniestro personaje estaba muerto, y que había sido asesinado en una base naval en Perú. En aquella ocasión sostuvo que sus fuentes eran absolutamente precisas y confiables. Ése es el tipo de mérito que le ha valido su puesto en el gabinete de Hugo Chávez, como colega tardío del propio Montesinos, como policía máximo del régimen que azota a Venezuela.
A Carreño no se le arruga la cara para mentir. Atribuyó los incidentes de esta tarde, en las inmediaciones de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, a un intento de linchamiento de estudiantes en el interior de esa escuela a manos de los que habían ido a manifestar horas antes al Tribunal Supremo de Justicia. Como es usual en los mentirosos de escasa inteligencia, dejó escapar una curiosa precisión: que los estudiantes presuntamente amenazados eran exactamente 123. Esto es, Carreño tenía información del número de sus secuaces, apostados en emboscada, armados, que esperaban a los manifestantes a su regreso para provocar desórdenes que “justificaran” un allanamiento, lo que por fortuna pudo ser evitado.
Esa precisión lo abandonó cuando dejó de referirse a las muchas armas que pudieron captar cámaras de aficionados y de medios de comunicación, cuando no dijo nada de las agresivas motocicletas de las bandas chavistas ni de las bombas lacrimógenas que sólo pueden ser suministradas por órganos de seguridad del Estado, cuando fue incapaz de expresar la menor pena por los estudiantes heridos, algunos de bala, todos del bando contrario al que él defiende, a los que no hizo la menor alusión.
Por supuesto, de camisa roja, adelantó nada veladas amenazas contra las autoridades universitarias y los medios de comunicación. Las primeras serían responsables de los hechos, los segundos de difundir información tendenciosa y falaz.
Lo que está detrás de la muy deplorable y asquerosa alocución de Carreño es la angustia que comienza a apoderarse del régimen, al constatar que el papagayo del proyecto de “reforma” constitucional se le enreda por minutos. Ayer declaró el mismo Carreño, como silbando de miedo en la oscuridad y no poco ridículamente, que las declaraciones de Raúl Isaías Baduel contra el proyecto de Chávez en realidad lo fortalecían. Hoy recibió el régimen, por segunda vez, el contundente golpe de un discurso joven en el Tribunal Supremo de Justicia, eco del que desesperase en su momento a Cilia Flores en ocasión análoga en la Asamblea Nacional. El gobierno tenía, por consiguiente, que intentar el descrédito del movimiento estudiantil.
Las instrucciones estratégicas habían sido impartidas por el propio Hugo Chávez en la fabricada concentración chavista del sábado pasado. Allí amenazó con furia y miedo mal disimulado a las manifestaciones de estudiantes, y su voluntad ha sido cumplida en los numerosos incidentes que han alterado la vida universitaria en todo el país.
Pero esta vez las mentiras de Carreño son demasiado evidentes. Las imágenes registradas hoy, por distintas fuentes, lo desmienten sin piedad. Cuando Carreño aduce que “éste es un gobierno humanista, que cree en el hombre”, ya todo el mundo sabe que el hombre al que se refiere es Hugo Chávez. Cuando dice que los estudiantes llaman al odio y la violencia, todo el mundo recuerda quiénes han hecho exactamente eso durante más de ocho años seguidos desde el gobierno, para no contar la campaña electoral de 1998 y las abusivas asonadas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.
Si Hugo Chávez insiste en someter a referéndum su monstruoso proyecto de deformación constitucional, va a ser derrotado en las máquinas electorales. Como muestran los más recientes sondeos de opinión—recentísimos pero previos a la intervención de Baduel—ya una mayoría quiere ir a votar y a decir no al proyecto totalitario.
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 4, 2007 | Notas, Política |
En la Carta Semanal #215 (7 de diciembre de 2006) de doctorpolítico, se comentaba los resultados de las elecciones presidenciales del domingo 3, y se destacaba que ellos habían sido previstos con atinada precisión por las mejores encuestadoras. En este punto decía:
«Pero antes de que la votación confirmara lo que nuestros más confiables profesionales de la opinión pública habían encontrado, todo género de calumnias caían sobre algunos de ellos, y se aseguraba con la mayor ligereza que se habían ‘vendido’, y que algún ejecutivo de famosa firma había comprado un costoso apartamento y pagado con dinero en efectivo. Estas especies rodaban por los canales chismográficos de la oposición, que en general se tiene por ‘gente decente’ y cristiana, olvidando que el octavo mandamiento de la ley mosaica prohíbe ‘levantar falsos testimonios y mentir’.»
El ejecutivo de famosa firma de quien se afirmara esa falsedad era Luís Vicente León, Director de Datanálisis. La calumnia de la compra imaginaria venía referida con un nombre para el vendedor. Consultada en su momento, esta persona afirmó tajantemente que la especie era una enteramente falsa. León, en efecto, había jugado con la idea de hacerse con un apartamento de playa, pero acabó decidiendo en contra por razones de apreciación enteramente económica. (El precio habría requerido una proporción inconveniente de su patrimonio personal). Nunca compró el referido apartamento, y mucho menos lo pagó—como habría hecho Antonini Wilson—con dinero en efectivo.
La presente Nota Ocasional #14 viene suscitada por reacciones a la Carta Semanal #257, con fecha de hoy, que se ocupó de deconstruir la equivocada argumentación de José Amando Mejía Betancourt. Éste recomienda la abstención en el próximo referéndum sobre el proyecto presidencial de reforma de la Constitución, como el medio más contundente de rechazarlo. Lo que sigue no hace otra cosa que añadir unas pocas consideraciones más, con idéntico propósito de refutar el deforme teorema de Mejía.
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A mayor abundamiento
He aquí unos apuntes adicionales sobre el ya famoso trabajo de José Amando Mejía Betancourt, que califica la iniciativa presidencial de reforma constitucional como “fraude constituyente”.
En primer término, volvamos sobre la discusión que hace Mejía de la regla de la mayoría contenida en el Artículo 345 de la Constitución, el que la estipula como criterio de aprobación del Poder Constituyente para el caso del referéndum que debe decidir sobre proyectos de reforma constitucional elevados a su consideración. Escribe Mejía en un punto: “Rousseau reclamaba la unanimidad política del cuerpo social, como condición fundamental del ejercicio del Poder Constituyente, pero desde Locke se impuso el concepto de la mayoría legítima como regla de decisión en el juego de la democracia. La mayoría constituye un principio de legitimidad democrática, según el cual, la decisión tomada por la parte mas numerosa del cuerpo social vale como decisión de todo el cuerpo social. Sin embargo, el sólo efecto del número no es suficiente para establecer el valor de la decisión mayoritaria, pues si el principio de la decisión mayoritaria obliga, el fundamento del principio es convencional y debe ser libremente aceptada por todos los integrantes del cuerpo social”.
Entonces, Mejía acepta el criterio de la mayoría, tal como lo establece el Artículo 345. No faltaría más; Mejía no llega a sugerir que su problema en este punto se resuelva postulando que el Poder Constituyente se expresa válida e inapelablemente a través de un voto minoritario. En cambio, dice que la regla de la mayoría es producto de una convención, y que por tal razón debe ser previa y libremente admitida “por todos los integrantes del cuerpo social”. El Dr. Mejía Betancourt intenta comunicarse en castellano, y en castellano esto que afirma significa que si un solo integrante del cuerpo social, si un solo ciudadano se manifiesta contrario a la regla de la mayoría, entonces esta no podría aplicarse. Cada ciudadano tendría reservado un poder de veto a este respecto. Es clarísimo que esta prescripción es absurda sociológica, jurídica y prácticamente hablando.
Por otra parte, absolutamente todo en derecho positivo, constitucional o de otra índole, es de basamento convencional. En particular es una convención, posterior a 1789, considerar que la soberanía reside en el pueblo. Se trata de un principio fundamentalísimo que aceptamos igualmente por convención, y por ende el que algún principio—por caso “el principio de la decisión mayoritaria”—sea convencional no por eso mismo queda disminuido en tanto norma.
Pero en realidad lo que parece decir Mejía es que el solo hecho de haber escrito la norma expuesta en el 345 es pecado de lesa majestad contra el Soberano, contra el Poder Constituyente. Es decir, que el hecho simple de especificar el criterio de la mayoría de votos válidos violenta el carácter del Poder Constituyente, puesto que éste está por encima de cualquier regulación. El Poder Constituyente vendría siendo algo así como el dios innombrable de los hebreos—”Yo soy quien soy”—cuyo nombre no debe ser pronunciado. De nuevo, y seguramente sin saberlo, Mejía sigue a Wittgenstein: “De lo que no podemos hablar debemos pasar en silencio”. (Tractatus Logico-Philosophicus, 7).
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En su disertación Mejía no parece objetar la especificación de la regla mayoritaria que idénticamente acoge el Artículo 341 para las enmiendas a la Constitución. Los numerales 3 y 4 de este artículo estipulan: “3. El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los treinta días siguientes a su recepción formal. 4. Se considerarán aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley respecto al referendo aprobatorio”. Y lo que la Constitución establece para esta clase de referéndum es lo siguiente: “Artículo 73. Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea. Si el referendo concluye en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas en el registro civil y electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como ley”. Tal cosa, obviamente, constriñe mucho más el ejercicio del Poder Constituyente al enmendar en referéndum la Constitución, puesto que prescribe incluso una comparecencia mínima para que la aprobación resulte válida. Pero esto no es objetado por Mejía, quien no se refiere al punto.
Ahora bien, curiosamente, la Constitución no estipula un referéndum aprobatorio para el caso de una constitución enteramente nueva que proceda de los trabajos de una asamblea constituyente, a pesar de que la Constitución misma fue sometida a esta clase de referéndum el 15 de diciembre de 1999, y de allí deriva su superior legitimidad. Los cuatro artículos—del 347 al 350—que componen el Capítulo Tercero (De la Asamblea Nacional Constituyente) del Título IX de la Constitución, no incluyen la menor mención de un referéndum. Y esto, que sin duda es erróneo, no es objetado por Mejía.
No sólo no objeta Mejía esta omisión, sino que la admite. Él escribe: “… el artículo 349 de la Constitución lo reconoce expresamente, al señalar que ‘los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente’, es decir, del Poder Constituyente, que en ese caso adopta la forma de Asamblea Constituyente para expresarse”.
Aquí identifica Mejía, como lo hicieron los constituyentes de 1999, el Poder Constituyente con la Asamblea Constituyente. Esta última es, en verdad, un órgano del Poder Constituido, puesto que no existe si no la instalan los Electores. El suscrito había argumentado (10 de septiembre de 1998) lo siguiente: “La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum”. (Contratesis, artículo en el diario La Verdad de Maracaibo).
La confusión entre Poder Constituyente y Asamblea Constituyente, que Mejía reedita, fue lo que permitió que la constituyente de 1999 suprimiera el Senado de la República sin que todavía hubiera sido reemplazada la constitución de 1961 por la actual, que estableció un órgano legislativo unicameral. La dirigencia opositora de la época se dejó.
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Sobre el alcance del Poder Constituyente Originario, Mejía Betancourt expone aproximada pero equívocamente esto: “… se trata de un poder ilimitado, que carece de reglas porque es él quien hace las reglas de juego constitucionales de la sociedad. Por lo que no es posible invocar para su control ninguna norma previa, lo que hace al Poder Constituyente un poder político y al Poder de Reforma o Revisión un poder jurídico. Ya lo decía Luís Recasens Siches hace mucho tiempo: ‘El Poder Constituyente no se halla restringido por ninguna autoridad jurídica humana’.”
En verdad, como se expuso en la Carta Semanal #256 de doctorpolítico, de la semana pasada, el Poder Constituyente Originario sí tiene límites, a los que Mejía Betancourt no se refiere. Una noción más exacta es la presentada en el número mencionado: “No, el pueblo no es el depositario del poder constituyente originario; el pueblo es el poder constituyente originario, cuando actúa explícita y conscientemente en ese carácter. Como tal poder, no está limitado más que por dos cosas: los derechos humanos, que son inalienables (ni siquiera un referendo mayoritario puede ordenar el linchamiento de una sola persona u ordenarle que no exprese su opinión política) y los compromisos internacionales en los que válidamente ha incurrido la República. De resto, el poder constituyente originario no está limitado por nada más; muy en particular, no está limitado por la Constitución, por cuanto es, de suyo y precisamente, un poder supraconstitucional. Esto es, el pueblo puede hacer cosas que, sin rebasar las limitaciones anotadas, ni siquiera estén contempladas en la Constitución”.
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La equiparación que Mejía hace de abstención y desaprobación—”…la abstención en derecho constituyente no es una abstención propiamente dicha como se entiende en derecho constituido, sino que es y debe entenderse como una actitud de rechazo y de no participación en la iniciativa política que pretende activar forzosamente el Poder Constituyente, y en la no participación en el acto constituyente mismo”—merece un comentario adicional.
¿Por qué medios llega Mejía a establecer, a priori, que la abstención es lo mismo que un rechazo? Es perfectamente concebible que más de un ciudadano se abstenga de votar en el referéndum a pesar de que esté conforme con el proyecto de reforma, por razones otras cualesquiera, una de las cuales pudiera ser, simplemente, que estima que su voto no es realmente necesario para el triunfo. Otros pudieran verse impedidos de votar por causas diferentes, como algún impedimento de transporte, o un malestar súbito, o un error del registro electoral que le deje contado como abstenido. ¿Quién autoriza a Mejía a la interpretación apriorística por la cual transmuta su ausencia en repudio?
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Quedaría a Mejía todavía un pataleo, y éste tiene que ver con un punto potencialmente más sustancial, al que alude prácticamente de paso, en vuelo rasante y con su peculiar construcción del castellano. Es cuando escribe: “… la propuesta de reforma constitucional no es tal; ya que no se trata de una revisión parcial de la Constitución, como ocurre con todas las reformas constitucionales adelantadas por el poder de revisión en cualquier sistema constitucional, ni la misma tiene por objetivo la modificación solamente de normas formales y operativas de rango constitucional, relativas al funcionamiento, organización y competencias del poder público. Sino que se está utilizando el procedimiento de reforma y revisión constitucional de manera fraudulenta, para camuflar y disimular una modificación trascendental de la Constitución. Que tiene por objetivo cambiar normas fundamentales y realizar una transformación radical del Estado, que conlleva la modificación de la estructura y de los principios fundamentales del texto constitucional; como por ejemplo se quiere hacer con el derecho de propiedad, al vaciarlo de contenido y reducirlo a su mínima expresión”.
Es decir, puede aducirse razonablemente que lo propuesto por Chávez no es una reforma simple de la Constitución; que lo que pretende es, para usar la redacción del Artículo 347, “transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, lo que según esta última norma requiere la convocatoria de una Asamblea Constituyente. (En propiedad, un proceso constituyente que, como se afirmara el jueves pasado en la Carta Semanal #256 y siendo detonado por un poder que no limita la Constitución, puede prescindir incluso de la asamblea constituyente. “…una mayoría de los electores venezolanos, convocados en su carácter de constituyentes originarios, pudiera aprobar una constitución enteramente nueva sin necesidad de una asamblea constituyente«).
En este caso, quien sostenga que el proyecto Chávez es mucho más que una mera reforma, podría recurrir al Tribunal Supremo de Justicia, para exigir que este punto sea dilucidado como cosa previa al referéndum previsto. No se conoce que Mejía se proponga transitar ese camino. Por los momentos se conforma con sumarse a la prédica de la abstención.
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 7, 2007 | Notas, Política |
El desempeño reciente de los Estados Unidos en política exterior bajo el gobierno de George W. Bush—invasión de Irak, renuencia a la cooperación ecológica, Abu Dhabi y Guantánamo, el muro contra los mexicanos, la pretensión de inmunidad ante acusaciones de violación de derechos humanos en cortes internacionales—así como el crecimiento del poder ejecutivo sobre los ciudadanos norteamericanos, en medio de escándalos como los de Libby, Wolfowitz y Gonzales, han debilitado grandemente la autoridad moral norteamericana para hablar de ciertos temas.
La intervención de la secretaria de Estado Condoleezza Rice en la reciente sesión de la Organización de Estados Americanos fue ciertamente eficaz en términos retóricos, mas no en los prácticos. Sus dos referencias al tema de la concesión de RCTV fueron argumentalmente impecables, y su observación final, luego de la primera andanada del canciller Maduro, irrebatible: «En cualquier asunto, estoy segura de que será difícil para cualquier comisión debatir, investigar y criticar más las políticas de EE.UU., de lo que se hace cada noche en CNN, ABC, CBS, NBC y en varios canales estadounidenses más pequeños. Esto es democracia, que los ciudadanos de un país tengan la garantía de que las políticas de su gobierno pueden ser sometidas a la crítica de una prensa libre e independiente, sin interferencias del Gobierno. Los ciudadanos estadounidenses tienen esa garantía. Espero sinceramente que los venezolanos también la tengan».
En efecto, el espacio para la disención democrática en los Estados Unidos es amplio, y no se encuentra amenazado ni siquiera por el gobierno de Bush.
Pero Rice fracasó en su moción para que la OEA enviara observadores a Venezuela que dieran cuenta de la situación de la libertad de expresión en el país. Es la segunda vez que los Estados Unidos dejan de lograr una decisión del organismo en contra de políticas venezolanas, y se suma el último incidente a la derrota de su candidato a la Secretaría General de la OEA. Últimamente, pues, las cosas no le han ido bien al país norteño en el seno del organismo interamericano.
Es una lástima que de pie a Hugo Chávez para que restriegue sus heridas, y a Nicolás Maduro para decir algunas verdades, junto con las consabidas mentiras.
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Cilia quedó loca
En culminación de una semana de muy inteligentes acciones de protesta, la representación estudiantil que acudió a la Asamblea Nacional para expresar su rechazo al cierre de RCTV y repudiar las falsas acusaciones que algunos diputados—Luis Tascón, Desireé Santos Amaral e Iris Varela—les endilgaran, ejecutó brillantemente un ataque relámpago, para retirarse incólume, evadiendo el teatro que el oficialismo parlamentario quiso montar.
Cilia Flores, la Presidenta de la Asamblea Nacional, quedó balbuceante, pretendiendo establecer que la astuta táctica de los estudiantes sugería que sus recientes acciones formaban parte de un siniestro plan desestabilizador. Durante largos minutos repetía, agónicamente, la retórica pregunta «¿Cómo no pensar…»?
Lo que había que pensar, por supuesto, era la única contrarréplica que se le ha ocurrido al gobierno para defenderse de la admirable presión estudiantil: que son manejados desde los Estados Unidos para la ejecución de un «golpe blando». (Apunte de mi señora esposa: «El Sr. Chávez, que dijo al Senado brasileño que repetía como loro lo que piensa Washington, tiene la Asamblea Nacional repleta de sus propios loros»).
Mejor papel que Flores—a quien convendrían cursos de castellano, razonamiento y oratoria—hicieron los estudiantes que apoyaban al gobierno. Hablaron mejor que la Presidenta de la Asamblea Nacional.
Naturalmente, no dejaron de exponer sus prefabricados lemas: «Tenemos un solo proyecto de país, tenemos una forma de ver este país y tenemos un solo líder que es el presidente Chávez». Admitida la culpa: líder, partido y pensamiento únicos.
Seguramente irritó sobremanera a Cilia Flores que los estudiantes en protesta no se prestaran al circo que tenía montado, que dieran un rotundo mentís a la interesada y falsa especie de que forman parte de una conspiración inconfesable. Sobre todo ha debido arderle que, en gesto elocuentísimo, los representantes estudiantiles que asistieron con franelas de color rojo rojito se las quitaran ante las cámaras de una cadena nacional de radio y televisión que ella misma gestionó, luego de decir: «No queremos estar uniformados».
La furia del líder único de la única revolución debe haber llegado a extremos indecibles. Primero el ministro Willian Lara le pone en ridículo con el anális semiológico de Globovisión, y ahora Cilia Flores se deja derrotar por unos imberbes.
Allí quedan las palabras de Douglas Barrios: «Los estudiantes no somos socialistas, somos seres sociales. No somos neoliberales, somos libres. No somos oposición, tenemos proposición. Soñamos con un país donde podamos ser tomados en cuenta sin tener que estar uniformados. Sin más nada que decir nos retiramos ¡Por ahora!»
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 20, 2007 | Notas, Política |
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La presente «Nota Ocasional» es un nuevo servicio de doctorpolítico, añadido a la Carta Semanal de los jueves y la Ficha Semanal de los martes. Se producirá cuando algún hecho excepcional amerite un comentario que sea mejor exponer instantáneamente. En particular, contendrá con mucha frecuencia la refutación de argumentos políticos que sean particularmente perniciosos o estén muy gravemente equivocados. En el caso de la presente, se contrae a refutar las justificaciones esgrimidas falazmente por el presidente Chávez para la anunciada estatización de la CANTV.
Fue en septiembre de 1995 cuando el suscrito redactara y jurase cumplir un código de ética profesional (de la Medicina Política), una de cuyas estipulaciones establece: «Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas y lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros«. Se trata, por consiguiente, del cumplimiento de un deber.
La nota de hoy lleva el número 9 porque en ocho ocasiones anteriores los suscritores han recibidos números «extra» de la Carta Semanal, los que cumplieron la misma función descrita para las nuevas notas ocasionales. (Fueron los números 39A, 54A, 76A, 89A, 94A, 127A, 127A2, 186A).
El diario Clarín de Buenos Aires reporta hoy en su sitio web: «Kirchner y Lula acordaron que tienen que moderar a Chávez. Coincidieron en la necesidad de que baje el tono de su discurso para no perjudicar los intereses del bloque regional. Y concluyeron que acelerar los proyectos de integración será clave para contener al venezolano. … Hay que decir que Lula y Kirchner llegaron a su encuentro con buena parte del trabajo hecho. En los dos últimos días, en los encuentros que mantuvieron por separado con Chávez, le reclamaron que abandone los excesos verbales, acentuados desde que asumió su segundo mandato, el 10 de enero pasado. Como sea, Kirchner y Lula coincidieron en la necesidad de moderar el discurso de Chávez en favor de los intereses del bloque regional, que entienden podría verse afectado por la retórica del presidente bolivariano. Se trata de un asunto irritante para los dos países ante este rico y poderoso nuevo miembro pleno del bloque, al que a pesar de los desbordes, siguen considerando un socio estratégico. … Aunque en público sus funcionarios decían lo contrario, Lula y Kirchner estaban molestos por las últimas declaraciones explosivas de Chávez, quien durante su asunción, anunció que Venezuela entraba en la vía socialista».
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Los motivos del lobo
Una rosa pintada de azul es un motivo; una pintada de rojo es dos motivos: las dos razones que Hugo Chávez aduce para que se tenga por necesarísimo estatizar la CANTV.
En la reciente y accidentada reunión del Mercosur en Río de Janeiro, Hugo Chávez, consciente de que algunas entre las medidas que ha anunciado como de inminente ejecución por su gobierno son vistas con suspicacia por sus colegas de América del Sur, se sintió obligado a dar explicaciones. Así, luego de declarar que las telecomunicaciones son “un sector estratégico” que debe estar en manos del Estado, explicó ayer lo siguiente: »Yo acabo de anunciar la recuperación de la propiedad estatal de la telefónica venezolana. ¿En manos de quién está [CANTV]? En manos de capitales norteamericanos y han utilizado la telefónica venezolana para grabar al Presidente de la República, por ejemplo. Es el imperio, hermano”.
La argumentación es de una indigencia abismal, y habría que ver si los presidentes y funcionarios que asistieron a la cita de Río se tragaron tan pobre y poco convincente justificación. Se compone de dos partes: primera, que las telecomunicaciones, por ser de carácter estratégico, deben ser propiedad pública; segundo, que CANTV habría registrado conversaciones suyas y, por ende, procede la estatización para impedir que tal cosa continúe.
Por lo que respecta al primer argumento, no cabe duda de que las telecomunicaciones revisten dimensiones estratégicas. Ahora bien, no hay país en el mundo que tenga una carga estratégica mayor que los Estados Unidos de Norteamérica, que son la primera potencia del mundo. Sin embargo, jamás han necesitado que sus compañías telefónicas sean de propiedad federal. (Ni de sus estados miembros). Les ha resultado muy suficiente controlarlas y ordenar su fragmentación, cuando han evolucionado hacia monopolios que vulneran la libre competencia que asegura el mejor servicio a los consumidores. Si alguna república requiere tranquilidad estratégica son los Estados Unidos, pero nunca han considerado por tal cosa que Bell South deba ser propiedad de su gobierno. No hay relación lógica alguna entre el carácter estratégico de una actividad y la supuesta necesidad de que sea por tal causa de propiedad estatal.
En cuanto a la segunda razón, con la que la “víctima” Chávez creyó impresionar a los asistentes a la Cumbre del Mercosur, que la CANTV le habría grabado conversaciones, puede apuntarse lo siguiente. Primero, no se necesita poseer una gran empresa telefónica para grabar las conversaciones presidenciales ni ninguna otra. La tecnología actual puede hacer eso sin que se necesite poseer ni una sola acción de CANTV para espiar conversaciones. También la tecnología actual ofrece defensas ante tal espionaje. (Encriptación de llamadas, por ejemplo). De modo que ni es necesario estatizar una empresa para impedir que el Presidente sea escuchado por terceras personas, ni tampoco la estatización garantiza que otros actores dejarán de espiar el tráfico telefónico del mandatario.
Pero hay más: durante el período presidencial de Luís Herrera Campíns el hoy difunto (y muy añorado) Arístides Calvani denunció que las conversaciones presidenciales estaban siendo grabadas desde CANTV, ¡que en los momentos era una empresa estatal! Es decir, desde una CANTV renacionalizada sería perfectamente posible grabar a Chávez. Nada garantiza que una CANTV regresada al control del Estado no grabaría al Presidente.
¿Quién le asegura a Chávez que Diosdado Cabello, por poner un caso hipotético, no está interesado en escuchar sus conversaciones? ¿Quién le dice que Luis Inazio Lula Da Silva no tiene el mismo interés? ¿O hasta Raúl Castro o Evo Morales?
Adicionalmente puede comentarse que la etiqueta de “estratégico” es tanto resbalosa como peligrosa en labios de Chávez. Para empezar, es palabra esdrújula, como “protagónico” o “endógeno”, y es sabido el gusto revolucionario por las palabras acentuadas en la antepenúltima sílaba. Luego, casi todo puede considerarse estratégico. Por ejemplo, desde sus inicios (1977) el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa estimó importantísimo asunto la seguridad alimentaria. Es por tal razón que las industrias de alimentos informan desde entonces a este órgano acerca de sus niveles de producción, en cumplimiento de previsiones contenidas en la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de 1976. ¿Significa esto entonces que, porque es estratégico el nivel de los inventarios de harina precocida, Promasa, la productora de Harina Pan, debe ser igualmente propiedad pública? (Esto es, propiedad de Chávez). ¿Y además porque así se garantizaría que no le sirvan una arepa envenenada?
El aparato político de Chávez, por último, es un consuetudinario espía de los venezolanos, y cuando estima que una táctica sucia le conviene entonces da incluso a la luz pública el contenido de conversaciones privadas. Carlos Ortega y Teodoro Petkoff son sólo dos casos, entre muchos, de personas cuya privacidad ha sido, no sólo violada, sino descaradamente publicada por Radio Nacional de Venezuela y Venezolana de Televisión. (Ya no en la oposición, Luis Velásquez Alvaray fue objeto del mismo tratamiento, y en la Asamblea Nacional llevar grabaciones hechas por alguna agencia del gobierno a sus sesiones es moneda corriente).
De modo que ¿a quién quiere Chávez engañar? Quiere el control de la CANTV para espiarnos él a nosotros, en nuestras conversaciones por teléfono, en nuestra correspondencia electrónica, en lo que buscamos por Internet. Le interesa también dominar la infraestructura empleada en la transmisión de los datos electorales, que no es otra que la provista por CANTV. La empresa, además, posee una muy apreciable capacidad computacional, la que según Heinz Dieterich haría posible el perfecto funcionamiento de un modelo socialista pleno, que no habría estado disponible para la Rusia soviética.
Ah, y Chávez quiere la CANTV para sí también porque no tolera otro poder que no sea el suyo, y esto se puso de manifiesto cuando apuntó que CANTV es la actividad que más negocio hace en Venezuela después de PDVSA. Allí tendría, de paso, uno que otro millardito a su disposición. He allí las verdaderas razones, he allí el verdadero peligro.
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