El retorcido derecho de Lucena

por Luis Enrique Alcalá | Ago 9, 2016 | Argumentos, Política | 0 Comentarios

No ve el revocatorio en 2016

Mi propósito era tan sólo el de reducir la frondosa masa de contradicciones y abusos que acaban por convertir el derecho y los procedimientos en un matorral donde las gentes honestas no se animan a aventurarse, mientras los bandidos prosperan a su abrigo.

Margueritte Yourcenar – Memorias de Adriano

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Acabo de oír a la Rectora Presidenta del Consejo Nacional Electoral exponer que así como los ciudadanos que quieren revocar el mandato de un Presidente en funciones tienen ese derecho—no faltaría más: el Art. 72 de la Constitución lo establece sin confusión posible—, también tienen derecho quienes votaron por él y el Presidente mismo. Este argumento merece análisis y, por fortuna, esto es algo sencillísimo. Veamos.

El derecho de quienes votaron por la elección del Presidente (o cualquier otro funcionario por elección) se cumple en el mismo momento de conferir al elegido el cargo en cuestión. Este derecho, además, queda suficientemente protegido por las condiciones especificadas en el tercer parágrafo del mismo Artículo: «Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley». Ningún otro derecho adicional queda sin cubrir por tales previsiones; es decir, no existe otro «derecho» de los que votaron por el funcionario, no tienen ningún otro derecho que votar en contra de la revocación si llegare el caso de un referendo al efecto. En particular, no tienen ningún derecho en el proceso de convocatoria de éste; quienes desean convocarlo tienen ese derecho y también, por supuesto, la obligación de procurarlo con apego a la Constitución y los reglamentos. Punto.

Y el «derecho» del funcionario elegido—más bien es una obligación, puesto que lo que recibe es un mandato (Diccionario de la Lengua Española: mandato. Orden o precepto que el superior da a los súbditos. Esto es, los Electores que somos superiores al mandatario, nuestro súbdito)—, en este caso el Presidente de la República, queda cubierto desde el instante en que asume sus funciones hasta que las concluya, sea por término del período o por causa de falta absoluta durante su ejercicio, por ejemplo y precisamente por la revocación de su mandato.

Una cierta fragancia sofista envuelve el planteamiento de la rectora Lucena al enarbolar el derecho de quienes votaron por Maduro, pues parece sugerir que la población total de electores se compone de quienes votaron por él y quienes quieren revocar el mandato (orden) que recibiera. Es de conocimiento galáctico que una buena parte de quienes sufragaron por ese funcionario el 14 de abril de 2013 ahora quiere su revocación. Si no fuera así, ¿cómo se explica que Keller & Asociados, en su informe del segundo trimestre de 2016, certifiquen que 73% de sus entrevistados contesta que votaría a favor de la revocación? ¿Cómo se explica que la mayoría de las encuestadoras serias reporte la misma cosa? Rectora Lucena: ¿tienen o no tienen derecho a expresar su preferencia los ciudadanos que mudaron de opinión entre abril de 2013 y esta fecha?

Del lado de quienes queremos la revocación tenemos que entender que estamos obligados a cumplir con los requisitos constitucionales y reglamentarios, éstos establecidos en cuatro oportunidades por el CNE (una vez en 2004 y tres veces en 2007). A fin de cuentas, es una seria cosa despojar a un funcionario elegido de sus atribuciones, y particularmente grave asunto cuando se trata del más poderoso funcionario de todos. El CNE, como ya sabemos a ciencia cierta, ha establecido requisitos bastante astringentes a este respecto, y ellos también protegen el «derecho» de Maduro y sus partidarios. Entretanto, el derecho reconocido en el Artículo 72 de la Constitución se dificulta en el matorral reglamentario y con la flagrante procrastinación del Consejo Nacional Electoral.

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Según lo dicho por Lucena al mediodía de hoy, en caso de que la Mesa de la Unidad Democrática quisiera proseguir con el intento revocatorio, de celebrarse éste y resultar revocado el mandato de Maduro, tal cosa no necesariamente suscitaría una nueva elección, pues probablemente se rebasaría la raya del 10 de enero de 2017 y entonces concluiría el período constitucional quien se encuentre en el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la República para esa fecha.

Artículo 233 de la Constitución: Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo.

Entonces fungiría como Presidente constitucional Aristóbulo Istúriz (poco probable) hasta el 10 de enero de 2019 (a menos que renuncie en el camino), o Vladimir Padrino López (harto probable). Claro que hay quienes procuran un «gobierno de unidad nacional» y creen poder quedarse con el coroto. He oído seguridades de que Eduardo Fernández pretende la Presidencia de la República por consenso de cortesanos, y que renunciaría a postularse a la reelección—para atender un desiderátum de la opinión ya presente en 2004—y haría la cama a Henri Falcón, quien sí haría campaña en 2018. Tal vez sea esto más probable que Aristóbulo presidiendo en Miraflores, aunque también se dice que gente como Rodríguez Torres o Alcalá Cordones busca que la misma trapacería les imponga la banda presidencial y el Gran Cordón de la Orden del Libertador.

Así se escamotearía la expresión de la voluntad popular, pues quedaría bloqueado su derecho de elegir al sucesor de Maduro; es esto lo que aparentemente la mayoría de cuatro quintas partes del oficialismo en el CNE ha decidido hacer, seguramente bajo instrucciones. al interponerse frente al deseo mayoritario de los venezolanos, en lugar de facilitarlo como es su deber. (Luis Emilio Rondón dejó constancia de su fundado desacuerdo). Cuando les conviene, protestan su veneración por Hugo Chávez; cuando les conviene, lo desconocen: «el 2 de junio de 2010, el presidente Chávez desafiaba a sus opositores a convocar un segundo referendo revocatorio en su contra, poco antes de las elecciones que darían a luz a la actual Asamblea Nacional. Entonces dijo: ‘Aprovechan las elecciones y piden un referendo para el 26 de septiembre’ asegurando que el Consejo Nacional Electoral sería capaz de organizar el referéndum en cuatro meses». (Exposición de motivos, 11 de marzo de 2014).

Pero no sólo procrastinan las rectoras maduristas; también lo hizo la Mesa de la Unidad Democrática que, en perfecto conocimiento de la previsible resistencia oficialista hacia el revocatorio, no inició el procedimiento el 11 de enero de este año y perdió meses preciosos, antes de optar por algo que debió estar decidido incluso antes de su triunfo electoral del 6 de diciembre de 2015. (Cf. Dèjá vu). Son muy responsables del (al menos) culposo retraso Henry Ramos Allup y Jesús Torrealba, que un mes después de la fecha que permitía constitucionalmente el comienzo del proceso, se quejaban de que un revocatorio era «muy engorroso». Justamente por ese engorro han debido estar listos y arrancar temprano.

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Quedan las siguientes cosas por hacer: 1. proseguir con el curso revocatorio aunque no haya elección presidencial; a fin de cuentas, la perniciosidad de Nicolás Maduro amerita su destitución aunque sólo le quedase una semana en funciones; 2. la convocatoria inapelable por la Asamblea Nacional, con mayoría simple, de un referendo consultivo perentorio sobre la implantación del socialismo en Venezuela, cuyo resultado previsible daría más fuerza que cualquier presión de calle, con o sin guarimbas, a la exigencia de la renuncia de Maduro; 3. una convocatoria idéntica a un referendo consultivo sobre la aplicación del Arículo 350 de la Constitución: «El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos». Esperemos, naturalmente, las más elaboradas excusas de parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para negar esta última salida; entonces sólo quedaría la guerra justa: «Por justa causa para la guerra debe entenderse ‘una grave injuria ya consumada que no puede ser devengada, ni reparada de otra manera'». (Wikipedia en Español).

O bueno, calarse al «Tigre» en la silla presidencial hasta enero de 2019 y tal vez al «tigrito» en la Vicepresidencia Ejecutiva, al estilo de los Ortega nicaragüenses. LEA

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Test para Trump

por Luis Enrique Alcalá | Ago 3, 2016 | Argumentos, Política | 2 Comentarios

Casi todo el texto que aquí se lee está sacado palabra por palabra de El político virtuoso, el artículo principal de la Carta Semanal #259 (18 de octubre de 2007) de doctorpolítico. Se trae acá para contribuir a la emisión de un juicio serio acerca de la candidatura de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos. Originalmente, fue escrito para una discusión general acerca de las virtudes del buen político, y sus preguntas finales estuvieron enfocadas sobre Hugo Chávez. Esta entrada ha sido suscitada por la lectura de un artículo en TIME Magazine, What a President needs to know, que la venerable revista dedica al candidato (por ahora) del Partido Republicano estadounidense.

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Artículo de portada de TIME – 25 de julio de 2016

Puede ser útil establecer cuáles serían las virtudes humanas que serían exigibles de un político, pues al proponerlas de ese modo en verdad queremos decir, de forma abreviada, que esperamos en quienes se ocupan de los negocios públicos conductas concretas que tendremos por virtuosas; esto es, dignas de imitación y de aprecio y, sobre todo, beneficiosas para los miembros de su comunidad. Comoquiera que los políticos, cuando tienen éxito en hacerse con una cierta cantidad de poder, adquieren sobre nuestras vidas una influencia que supera la habitual en transacciones interpersonales cotidianas, y como nadie tiene original derecho de imponer su voluntad a otro en virtud de la igualdad de principio entre los seres humanos, deben por aquella ventaja comportarse de forma que satisfagan criterios más astringentes que los comunes, exigibles a todo el mundo. Puesto de otra forma: entre los más fundamentales derechos políticos de los miembros de una comunidad, se encuentra el de exigir a sus líderes un comportamiento virtuoso. Nos lo deben.

¿Cuáles serían los rasgos más esenciales de un político virtuoso, el único que justificaría el desmedido y desusado poder que asume sobre nosotros?¿Cuáles serían las virtudes políticas más importantes?

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Se me pone que la primera virtud realmente importante, quizás la base de todas las otras, es la de ser responsable. Un político, se ha sostenido acá varias veces, es asimilable a un médico, y su misión fundamental, la única que justifica su poder, es la de resolver problemas de carácter público. Si un político no es capaz de producir buenas soluciones a problemas de esa índole, su actuación y el poder que detenta carecen de justificación, carecen de legitimidad. El caso es peor, por supuesto, cuando estamos frente a un político que, en lugar de resolver o aliviar problemas públicos, los crea él mismo o los agrava.

Así como a un médico, por consiguiente, a un político podemos exigirle que ofrezca los mejores tratamientos posibles—dentro del estado de su arte—a los problemas públicos que encuentra, y él está obligado a proporcionarlos dentro de su mejor conocimiento. Ya Hipócrates había jurado: “Seguiré aquel sistema de régimen que, de acuerdo con mi capacidad y juicio, considere de beneficio para mis pacientes, y me abstendré de todo aquello que sea deletéreo y dañino”. (Primum non nocere).

Un político improvisado, entonces, que sólo posea un conocimiento parcial o superficial de su arte, o que sepa únicamente de procedimientos útiles a la consecución del poder pero muy poco del modo de aliviar los males públicos, será irresponsable, y por tanto deberá ser por nosotros rechazado. Es de suprema importancia para un régimen democrático que el electorado sepa distinguir entre un político responsable y uno que no lo sea, entre uno que está preparado concienzuda y responsablemente para el ejercicio de la función pública y un mero charlatán, un vendedor de tónicos milagrosos o panaceas—“el Pacto Social”, “una democracia nueva”, “el socialismo del siglo XXI”—, un encantador de serpientes, un demagogo con alma de estafador.

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La segunda virtud a exigir de un político es la humildad. El mejor de los médicos, graduado en Boloña, con postgrados sucesivos en París y Boston y una longeva experiencia clínica, sabe que el cuerpo humano es mucho mejor médico que él. Sabe, por ejemplo, que nada en el arsenal terapéutico que domina es tan sabio, o tan refinado y preciso, como el sistema inmunológico natural del organismo humano. Del mismo modo, un político responsable debe entender que el cuerpo social le supera en entendederas, y que no debe jamás creerse autorizado a imponer al pueblo su criterio individual.

Alberto Einstein lo puso así: “Mi ideal político es la democracia. Que cada hombre sea respetado en tanto individuo y ninguno sea idolatrado…. Estoy muy consciente de que, para que una organización cualquiera alcance sus objetivos, un hombre debe hacer el trabajo de pensar y dirigir y, en general, asumir la responsabilidad. Pero los conducidos no deben ser coaccionados, y deben poder escoger a su líder”. En un artículo escrito en 1930 para The New York Times, expuso: “Permítanme comenzar con una confesión de fe política: que el Estado está hecho para el hombre, no el hombre para el Estado… El Estado debe ser nuestro sirviente; no debiéramos ser esclavos del Estado”. (También dijo, por cierto: “Cualquier necio inteligente puede hacer que las cosas sean más grandes, más complejas y más violentas. Se necesita un toque de genio—y mucho valor—para moverse en la dirección opuesta”).

La mención de Einstein en este contexto es muy pertinente, pues el sabio más destacado del siglo XX, que él fuese, era una lección viviente de humildad. De hecho, puede uno decir con propiedad que la historia de los logros del intelecto humano, en ese siglo ya ido, no ha sido otra cosa que una reiterada convocatoria a la humildad. Wittgenstein había encontrado los límites del lenguaje, Heisenberg los de la certidumbre física, Gödel los de las matemáticas, Popper los de la objetividad misma. Más recientemente, los teóricos del caos y la complejidad han vuelto a toparse con límites fundamentales. El primer día de octubre de 2007, la revista Newsweek reportaba sobre los problemas novísimos que ha traído a la Física la constatación de que el cosmos contiene inconmensurables cantidades de materia y energía “oscuras”, las que son muchísimo mayores que la materia y energía para las que existen teorías más o menos aceptables. Es decir, que ignoramos cómo es y cómo se comporta el 96% de la materia y la energía contenida en el universo. Nuestra ciencia más avanzada ha conseguido, a duras penas, articular explicación acerca del comportamiento de sólo el 4% del cosmos. Newsweek escogió el siguiente título para el artículo referido: En la «energía oscura’» humildad cósmica.

Pero los políticos, en abrumadora mayoría, se conducen por la vida como si fuesen seres inerrantes, y eso que su campo profesional es bastante más complejo que el asumido por las ciencias naturales. Su discurso es usualmente enfático, muchas veces furibundo, como si hubiesen alcanzado una certidumbre que les da derecho a la imposición de sus criterios e ideologías. En particular, son más arrogantes cuando rebasan el discurso meramente político para pontificar como jueces morales, con la condena de amplios conjuntos humanos, y pretender que su opinión es moralmente superior. Los electores debiéramos bajarle el copete a los políticos que pretenden tener toda la razón. (Ver las estipulaciones 5ª, 6ª y 7ª del Código de Ética de doctorpolítico).

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Una tercera virtud política, exigible de los líderes que adquieren poder público y complementaria de la anterior o muy cercana a ella, es la compasión. De nuevo, fue Einstein quien dijese: “Por lo que a mí concierne, prefiero un vicio silencioso a una virtud ostentosa”. En su excepcional humildad, reconocía que los seres humanos somos limitados, imperfectos, pecadores. Es el reconocimiento de esta condición, común a todo miembro de la especie humana, la base de la compasión, la capacidad para compartir la pasión y la falibilidad del otro, para la comprensión y el perdón. Todos tenemos derecho a la vergüenza.

Quien odia es un mal político; quien se mueve con el poder en pos de sus resentimientos es un mal político, pues desecha parte integral del tejido social y niega a otros la libertad de mejorar, de dejar atrás sus errores y progresar moralmente. El peor atentado contra la libertad del otro es congelarle en su pasado.

Es por esto que uno de los más decisivos avances en el arte de la Política fue la separación de los poderes públicos, de modo que el ejecutivo no pudiera ser al mismo tiempo juez. Podemos y debemos exigir compasión al gobernante.

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Finalmente, una virtud esencial del buen político es la honestidad. Un político puede estar al día en el state of the art de su profesión; puede incluso ser humilde y compasivo, pero si es deshonesto será un político terrible.

Cuando Hipócrates redactaba su inmortal juramento no se limitó a lo propiamente profesional, cuyos deberes estipuló claramente. Fue más allá para especificar, por ejemplo: “En cualesquiera casas a las que entre, entraré en ellas para beneficio del enfermo, y me abstendré de cualquier acto voluntario de malicia y corrupción”.

El político que tiene el poder en sus manos es, por su misma posición, un inevitable modelo de conducta. Si es deshonesto se convierte en modelo de deshonestidad, y daña así el temple moral de la sociedad entera. Convierte a la comunidad en organismo cínico, desvergonzado, que se siente autorizado a la corrupción porque sus hombres más encumbrados se conducen deshonestamente.

Como sabemos, la honestidad no sólo se refiere en lo político al pulcro empleo de los recursos que son de toda la comunidad; también existe la honestidad intelectual, y quien miente a conciencia, quien perora discursos torcidos para argüir a favor de sus fines de poder, quien ofrece explicaciones de la historia o de las cosas a sabiendas de que son superficiales o demasiado alegres, carece de ella.

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Sería fácil añadir otras virtudes a esta exigua lista, pero si los ciudadanos tomáramos conciencia de que debemos exigir a nuestros políticos responsabilidad, humildad, compasión y honestidad, y así lo hacemos, podríamos al fin construir entre todos una buena república. Sería utilísimo, por caso, preguntarnos si el gobernante de turno ha sido adornado con las cuatro virtudes cardinales de un buen político.

¿Es Donald Trump responsable, en el sentido expuesto? ¿Es humilde? ¿Es compasivo? ¿Es honesto?

luis enrique ALCALÁ

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