Propósito de enmienda
El Dr. Juan Manuel Raffalli, desarrollador de la vacuna
Comenzando el año 2002, una mayoría de venezolanos ya se horrorizaba con las ejecutorias y desplantes de Hugo Chávez y quería que abandonara el poder; entonces se enumeraba las rutas que pudieran conducir a tal resultado. Las extremas eran una petición de renuncia y la convocatoria de una nueva asamblea constituyente (el inefable Herman Escarrá era quien la proponía). Naturalmente, la primera dependía de la voluntad de Chávez, mientras que la segunda era un procedimiento aparatoso; una constituyente procede cuando se necesita generar una constitución radicalmente distinta de la existente, lo que no parecía indicado cuando ya habíamos hecho exactamente eso escasamente dos años antes, y convocar una con el único propósito de defenestrarlo equivalía a matar cucarachas a mandarriazos (imagen de Daniel Lara Farías).
Primero Justicia auspiciaba entonces un camino más sensato y proporcionado: la aprobación de una enmienda constitucional para recortar el período presidencial, que el Artículo 230 de la Constitución fija en seis años. Su diseñador había sido el abogado Juan Manuel Raffalli, diputado suplente de Gerardo Blyde en la bancada de Primero Justicia. (En marzo de 2002, recibí de manos de Julio Borges una carpeta contentiva del trabajo de Raffalli).
La iniciativa no prosperó; el Carmonazo cambió para mal el carácter del repudio a Chávez. Después de su fracaso—gracias a Dios—unos militares rebeldes tomaron la Plaza Francia de Altamira para un espectáculo diario de discursos catárticos que Globovisión transmitía incesantemente y, al fracasar a su vez este intento de suscitar un levantamiento armado, vino luego el paro liderado por arrogantes ejecutivos de PDVSA que se creyeron capaces de derrocar a Hugo Chávez. Un nuevo descalabro condujo al diálogo mediado por César Gaviria, entonces Secretario General de la OEA, y el expresidente de los EEUU, Jimmy Carter, y la cosa desembocó en las conversaciones de la Mesa de Negociación y Acuerdos (en las que Raffalli participó) donde finalmente se aceptó lo que de todos modos estaba en la Constitución: un referendo revocatorio.
Como sabemos, éste se celebró el 15 de agosto de 2004, con el resultado que previeron unánimemente los estudios serios de la opinión:
El 15 de agosto en la noche, el general Enrique Mendoza no fue capaz de aceptar la derrota que todas las encuestas predecían, incluso Penn, Schoen & Borland, traída por Marcel Granier. Quince días antes del referendo, Edmond Saade había dicho a los jefes de la oposición, en un desayuno en casa de Mauricio García Araujo, que su encuestadora (Datos) tenía al gobierno ganando por al menos doce puntos, y un tracking poll de Consultores 21 del 13 de agosto, cuarenta y ocho horas antes del referendo, produjo cifras que sólo diferían en décimas de los resultados que posteriormente ofrecería el Consejo Nacional Electoral. (Suma contra gentiles abstencionistas).
El descrédito triple del intento de Carmona Estanga, la toma militar de la Plaza Francia y el enervante paro petrolero, se sumó al invento de las misiones en 2003—posibilitadas por un marcado aumento en los precios del petróleo—para que Chávez saliera airoso de la prueba.
Todavía antes de esto último, Primero Justicia intentó otra avenida, promoviendo un referendo consultivo acerca de la conveniencia de que Hugo Chávez continuara presidiendo la República. Esto, por supuesto, no produciría resultados vinculantes, por cuanto la Constitución prescribía un medio específico (el referendo revocatorio) para causar la remoción presidencial, aunque sí causaría poderosos efectos políticos que provocarían la cesación de un gobierno aún debilitado por la secuencia de repudios.
Los acontecimientos de abril del año pasado trastocaron grandemente percepciones y proyectos. Después de una recuperación más bien rápida en las filas de la oposición, Primero Justicia emergió con una idea diferente: un referendo consultivo. A sabiendas de que un referendo de esta clase no tendría efectos vinculantes—mientras sí los tendría, obviamente, un referendo revocatorio—el joven partido llevó a cabo una admirable campaña de recolección de firmas y entregó al Consejo Nacional Electoral planillas en número suficiente para la convocatoria. De nuevo, la Coordinadora Democrática aceptó la estrategia y promovió la iniciativa.
Todos sabemos que mientras la iniciativa del referendo consultivo estaba en progreso, el talibanismo opositor y el acicate pendenciero del gobierno indujeron a la Coordinadora Democrática y a la Gente del Petróleo a plantear el impaciente y suicida paro general de diciembre de 2002. A pesar de que se había decidido intentar el “no vinculante pero sí fulminante” referendo consultivo—que se celebraría en febrero de 2003—el más notorio liderazgo opositor procedió a torpedear la iniciativa, con la ilusión de que la parálisis nacional daría al traste con el gobierno aun antes de que el referendo se celebrase. (Carta Semanal #36 de doctorpolítico, 15 de mayo de 2003).
Fue la exitosa recolección de las firmas para ese referendo la primera actuación de una incipiente Súmate, pero el Consejo Nacional Electoral accidental que aprobó la convocatoria fue inhabilitado, no sin razón, por el Tribunal Supremo de Justicia, y así se impidió la segunda terapia desarrollada por Primero Justicia.
………
Ha llegado la hora de replantear el «tratamiento Raffalli» para aprovechar la convocatoria a elecciones de Asamblea Nacional; esto es, intentar por iniciativa popular la enmienda de recorte del período presidencial que Primero Justicia propuso hace trece años, y así someterla a referendo concurrente antes de que este mismo 2015 concluya.
Convendrá mantener las cosas extremadamente simples: sustituir tan sólo una oración del Artículo 230 de la Constitución, que dice «El período presidencial es de seis años», por otra que diga «El período presidencial es de tres años». (El proyecto original reducía el período de seis a cuatro años y además introducía la figura de una doble vuelta electoral en caso de que el triunfador en las elecciones no obtuviese la mayoría absoluta de votos). Basta la mera reducción del período para causar lo que espera no menos del 70% de los electores venezolanos (incluyendo una considerable proporción de chavistas): la cesación perentoria de la presidencia de Nicolás Maduro. La reducción del período a tres años la terminaría el 10 de enero de 2016, lo que es un efecto más instantáneo que un referendo revocatorio que sólo podría promoverse a partir de esa fecha y a un costo mayor. (La iniciativa de revocación exige 20% de los electores; una iniciativa de enmienda requiere 15%).
Esta reformulación de la «vacuna Raffalli» tiene, por otra parte, varias ventajas: 1. es menos agresiva que un revocatorio, pues el presidente Maduro no quedaría impedido de postularse en la elección que automáticamente debiera celebrarse; 2. como me hiciera notar Luis Ugalde S. J., ella misma introduciría un período «transicional» de tres años, bueno para la reparación de los más graves estropicios chavistas; 3. esta fórmula sería probablemente apoyada por actores internacionales preocupados por la situación venezolana que predican el diálogo entre fuerzas enfrentadas; concretaría ese diálogo. (De nuevo, esto último fue argumentado por persona distinta de mí que prefiere no ser nombrada, pero no es bueno ganar indulgencias con escapulario ajeno, por lo que dejo constancia de que esta importante lectura no es propiedad mía).
Finalmente, la celebración concurrente del referendo sobre la enmienda constitucional en la misma fecha de las elecciones de Asamblea Nacional (la que se sabrá, según la rectora Lucena, en unas dos semanas), no sólo ahorrará en gastos y otros esfuerzos de logística, sino que será un poderoso incentivo de la propensión a votar en tan importantes elecciones. Ellas podrían representar la pérdida del Poder Legislativo Nacional para el oficialismo, lo que en cualquier caso sería muy conveniente al país.
Debiera corresponder a Primero Justicia el honor de llevar esta receta al seno de la Mesa de la Unidad Democrática en busca de su aprobación e implementación. A fin de cuentas, fue ese partido el que la desarrollara hace más de una década. De hecho, un ciudadano común que no milite en sus filas debiera tener el derecho de exigirle esa conducta, consistente con su propia historia. LEA
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