el blog de luis enrique alcalá de sucre

En las proximidades de las elecciones municipales y parroquiales del próximo domingo 7 de agosto (dentro de diez días) resurgen algunas tensiones y contradicciones. Los opositores más radicales dicen una cosa; el gobierno, que en sí mismo es un ala radical del país, dice otra distinta.

Por ejemplo, el abogado Tulio Álvarez denuncia que se le quiso detener en Maracaibo sin la presencia de un fiscal del ministerio público. Al negarse a una comisión de la Guardia Nacional por razón de esa ausencia, los gendarmes se habrían dado por vencidos. Ah, pero Jesse Chacón ofrece una versión contradictoria: el vehículo en el que transitaba Álvarez estaría solicitado—¡qué casualidad!—como robado. El propio ministro dijo que luego había sido recuperado por sus propios dueños y éstos no habrían reportado este hecho, por lo que el vehículo era técnicamente buscado por las autoridades. Además señaló que Álvarez portaba un arma sin permiso. Poco creíble la explicación del ministro, sobre todo cuando la comisión que quiso detener al abogado nunca le registró, ni tampoco a sus pertenencias, por lo que mal pudiera conocer el máximo policía nacional—Quis custodiet ipsos custodes?—la posesión de un arma por parte del implicado. Aparte de esto, una nota de prensa (sitio web de El Universal) señala que Tulio Álvarez «se encontraba en una gira de su organización en la frontera venezolana con Colombia». ¿No sería esta peculiar actividad fronteriza de la Fundación Verdad Venezuela lo que llamó la atención del gobierno?

Otro ejemplo de contradicción entre contendientes. Esta vez en el sitio web de Súmate hay una animación (http://www.sumate.org/infografiav2.swf) que muestra cómo podría el Consejo Nacional Electoral conocer el voto de cada elector, cotejando las horas exactas a las que cada votante se retratase en el cuaderno electrónico y luego votara. El argumento equivale a asegurar que alguien cometerá asesinato por envenenamiento porque posee veneno. Precisamente Tulio Álvarez argumentó una vez (ante César Miguel Rondón) que el 15 de agosto de 2004 se había cometido fraude porque él había escrito dos años antes un libro en el que se explicaba cómo podía cometerse. En este caso es Jorge Rodríguez, cuya arrogancia contribuye—tal vez de modo intencionado—al aumento de la abstención por desconfianza en el árbitro, aduce que lo que Súmate postula como inevitable es imposible. Según él, las máquinas de votación «barajan el voto con un sistema de antisecuenciación de Microsoft»—ya está Bill Gates metido en el asunto—lo que impediría de un todo la violación del secreto sufragial.

Ambas contradicciones aducen datos comprobables. Se puede verificar si el vehículo que trasladaba a Tulio Álvarez no había sido reportado después de su recuperación, y si es verdad que alguna vez fue robado y su presunta sustracción denunciada. Por su lado, Rodríguez puede permitir una auditoría de su sistema que en efecto compruebe que Microsoft protege al elector venezolano. Según el estilo más reiterado del período chavista, es difícil que lleguemos a conocer estas constataciones.

En el fondo, ya la suerte está echada para el 7 de agosto. La mejor recomendación que puede ofrecerse desde aquí a los votantes es que procuren formarse una intención electoral sobre criterios estrictamente municipales y parroquiales. (Las pobres campañas electorales no han ofrecido, una vez más, mucha información pertinente a los electores, lamentablemente).

Pero para futuras oportunidades—las elecciones de Asamblea Nacional en diciembre de este año y las presidenciales del año que viene—entran otros elementos en juego. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que no verá las elecciones del 7 de agosto, ha anunciado que observará las elecciones de diciembre. Claro, ya cierta oposición formal denunció en su momento esa observación de la OEA. Súmate, por ejemplo, no quedó muy conforme que digamos con la certificación de los resultados del referendo revocatorio de hace casi un año que la OEA y el Centro Carter ofrecieran.

Más allá de esto, las encuestas continúan reportando datos interesantes. En su registro del segundo trimestre de 2005 Alfredo Keller y Asociados perciben ya un descenso del prestigio de Hugo Chávez: en tres meses habría descendido 8 puntos, al pasar de 69% a 61%. (Catorce puntos netos, si se considera que el desagrado por su persona hubiera ascendido 4 puntos en el mismo lapso).

Pero los hallazgos más interesantes de Keller—que le permitieron hablar de una pequeña «ventana de oportunidad» para 2006 en su presentación ante los circunstantes de evento organizado por Veneconomía—tienen que ver con la posición de Chávez en tanto opción electoral. Por una parte, en el primer trimestre de este año obtenía 60% de preferencias contra 30% de «cualquier otro» candidato. Y esta diferencia de treinta puntos se habría reducido a sólo ocho (49 a 41) en el segundo trimestre.

Tal vez es incluso más sintomática la distribución de contestaciones a la pregunta «¿Qué necesidad hay de que aparezca un líder con un mensaje claro y capaz de unir a toda la oposición?» La distribución general indica que 71% de los encuestados opina que «es necesario que aparezca», mientras que sólo 23% sostiene que «es mejor que no aparezca». Y si, naturalmente, 91% de quienes se declaran como antichavistas consideran necesaria esa aparición, entre quienes se definen como chavistas ¡58% cree que es necesario que aparezca un líder con un mensaje claro y capaz de unir a toda la oposición! Es decir, hay mucho chavista que lo es porque no percibe una opción diferente satisfactoria.

Esta clase de mediciones ha debido encender las luces de alarma en el seno del gobierno—de allí que Chávez ha comenzado a hacer oposición a su propio gobierno—y reforzado el ímpetu de quienes ahora se encaminan a una carrera por la elección de Presidente en 2006. Aparecen incluso recetas simples que permitirían la derrota de Chávez el año próximo. Escribe así Michael Rowan: «Chávez podría perder las elecciones de 2006 ante un nuevo candidato que ofreciera una solución económica a la pobreza… No es difícil buscar una solución a la pobreza… Si la mitad del valor de los recursos que tiene Venezuela fuese depositada en un fideicomiso permanente para toda la población, cada familia recibiría una cuenta de capital de unos 100.000 dólares… Si un candidato no tradicional que tuviera el equipo económico ideal presentara esta alternativa para los pobres en 2006, el control que Chávez tiene sobre las elecciones quedaría desarticulado. Su índice de popularidad de 70% depende de que su fracaso en erradicar la pobreza sea irrefutable».

Sin duda interesante el planteamiento de Rowan, que vale la pena discutir. Habría que ver las cuentas y la ingeniería financiera del asunto. Grosso modo, hay 26 millones de personas en Venezuela. Si la familia promedio en Venezuela tiene 5 miembros, hablamos de 5 millones doscientas mil familias, por lo que el dato de 100 mil dólares por familia nos llevaría a un total de 520 mil millones de dólares para «la mitad del valor de los recursos que tiene Venezuela». Es decir, que el total de esos recursos (patrimonio, se supone) sería de 1 billón cuarenta mil millones de dólares. ¿Cómo se llega a esa evaluación? Sería, por supuesto, estupendo contar en Venezuela con un «balance de país», al estilo de los que hace o hacía Nueva Zelanda. Sobre el punto opinaba de este modo en diciembre de 1997:

……creo que es de la mayor importancia la generación y publicación de un nuevo estado financiero de la nación venezolana. Nuestras cuentas nacionales—responsabilidad exclusiva del Banco Central—son, como en la mayoría de los países, cuentas de resultados. (Equivalen, en la administración privada, a los estados de ganancias y pérdidas de las compañías). Hay países, sin embargo, que producen también un estado de situación o balance general. Uno entre ellos es Nueva Zelanda. Un Balance General de la República, con su exposición de los activos y pasivos de la Nación, puede tener muy positivos efectos. En verdad, los activos públicos de los venezolanos tienen una magnitud enorme, muy superior a la de los pasivos o deudas. Por tanto, un estado financiero de esa clase mostraría un patrimonio público de considerables proporciones. Ya no sólo un estado de ingresos y egresos, sino un estado de situación que coteje los activos de la Nación contra sus pasivos y registre el patrimonio resultante. No hay duda de que un ejercicio de contabilidad de este tipo cambiaría radicalmente la percepción más o menos generalizada acerca de la situación económica venezolana. Deducidos los pasivos de la Nación de los inmensos activos que posee, las cuentas mostrarían un patrimonio verdaderamente gigantesco. Así la discusión pasaría a centrarse sobre el problema de qué hacer con ese patrimonio. Una tal perspectiva permitiría tomar gruesas decisiones de conversión en liquidez de la sólida solvencia venezolana. Siempre y cuando se cumplieran dos condiciones complementarias, casi equivalentes: que la liquidación de activos fuese repuesta con posterioridad por una nueva capitalización y que el sector público ofreciera convincentes indicios de un propósito de enmienda en materia de gasto público, pues hasta ahora, a pesar de innumerables declaraciones de intención, el presupuesto nacional no hace otra cosa que crecer desbocadamente. No ha habido hasta ahora la formulación y presentación al país de un esquema y una cronología para la reducción del recrecido tamaño del gobierno central. Si hay algo en lo que debiera buscarse uno de esos ‘grandes acuerdos nacionales’ que se proponen recurrentemente en Venezuela, es en este punto del redimensionamiento del Estado.

Pero, suponiendo que en efecto pudiera apartarse sin mayor descalabro la mitad del valor de esos recursos nacionales para liquidarlos, o hipotecarlos como garantía de monto equivalente ¿cómo se arma el pool de bancos que aceptaría recibir ese fideicomiso? Presumo que habría que armarlo con bancos foráneos, dada la escala del asunto, y entonces habría que ver cómo queda nuestra autonomía nacional después de un esquema de ese tipo. Habría que oír del diseño financiero concreto, si es que lo hay.

En general, hay que desconfiar de las soluciones universales demasiado sencillas, y tampoco creo que bastaría que «un candidato no tradicional que tuviera el equipo económico ideal presentara esta alternativa para los pobres en 2006». No sólo de pan vive el hombre, y el anclaje psicológico de Chávez no se reduce a lo económico. Por lo demás, si fuera el caso que bastase prometer tal cosa ¿qué le impediría a Chávez proponerla él mismo?

El asunto es bastante más complejo que eso. Más de un caso hay de países que viven en pobreza bajo un cierto liderazgo que apoyan por muy largo tiempo. Los vendedores de panaceas, sea que propongan, como aquel presuntuoso Steve Hanke, una milagrosa «caja de conversión», o aquello de que bastaría con repartir las acciones de PDVSA entre los habitantes del país, son usualmente terapeutas simplistas que descuidan la complejidad enorme de las sociedades.

LEA

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La articulista Mary Anastasia O’ Grady, de frecuente aparición en las páginas del Wall Street Journal—es su editora de la columna Friday Americas—se ha visto envuelta en una polémica con el canciller argentino, Rafael Bielsa, a raíz de que un artículo de la primera fuera reproducido en español en La Nación de Buenos Aires. Bielsa ripostó con su propio artículo, y ahora el periódico norteamericano ha salido en defensa de su opinionated articulista de opinión. ¿Qué lleva a un ministro tan importante del gobierno de Kirchner a debatir con la periodista? Pues que O’ Grady sugiere, con base en dos recientes sentencias judiciales en Argentina, que no se puede contar con este país en la lucha contra el terrorismo. De hecho, el artículo de la dama lleva como título: «No cuenten con que la Argentina ayude a combatir el terrorismo».

Una afirmación de ese calibre debe, naturalmente, preocupar a un canciller. También las lapidarias generalizaciones de la articulista que afirma, por ejemplo, tajantemente: «Cada vez más, la Argentina se parece a la Arabia Saudita de América del Sur, anterior al 11 de septiembre». Y también: «Desgraciadamente, la decisión de la justicia federal de proteger a un terrorista chileno buscado no es un hecho aislado, sino más bien parte de una actitud que ahora predomina en las altas esferas en la política y la jurisprudencia argentinas». Y también: «Hoy, la Argentina tiene menos en común con países serios como Chile, que con Nicaragua, que nuevamente está bajo el dominio sandinista».

Como digo, estas anchísimas afirmaciones anclan en la evaluación que O’ Grady hace de dos decisiones judiciales argentinas. Así presenta la primera: «¿La Argentina se está convirtiendo en ‘un refugio nacional para terroristas extranjeros’?» Esa es la pregunta que se hizo en el website Ambitoweb.com, esta semana… Las preocupaciones aparecidas en Ambitoweb.com llegan por la decisión de un juez argentino que rechazó el pedido de extradición, por parte de Chile, de Sergio Galvarino Apablaza. También conocido con el nombre de guerra de Comandante Salvador. El chileno es un ex líder del ala izquierda del grupo extremista llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Está acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y del secuestro de Cristian Edwards, hijo del dueño del diario chileno El Mercurio… Igualmente, según Ambito, el juez argentino que rechazó el pedido de extradición, ‘consideró que los crímenes atribuidos a Apablaza eran de carácter político’ y ordenó su inmediata liberación».

En cambio el canciller Bielsa ofrece la siguiente explicación:»En el más reciente de los casos, el juez Bonadío, que está en funciones desde mucho antes de la asunción del actual gobierno, rechazó la solicitud chilena para la entrega de Sergio Galvarino Apablaza. Sin haberse esforzado por corroborar informaciones inexactas publicadas en un diario de Buenos Aires que no es LA NACION, O’ Grady dice que Bonadío basó su decisión «en que los crímenes atribuidos a Apablaza son de naturaleza política». LA NACION, por el contrario, en su edición del 5 de julio, refirió, textualmente: «El fallo de Bonadío se basa en que, a su juicio, en la solicitud de extradición no está acreditada la participación de Apablaza en los hechos que se imputan [agregando] que el ministro en visita Hugo Dolmestch, quien investiga el atentado contra Guzmán, habría incurrido en un prejuzgamiento al encausarlo y no respetar su derecho a la legítima defensa». La columnista omite, también, informar que de conformidad con el sistema legal y constitucional argentino, el fallo del juez ha sido apelado, en consecuencia de lo cual habrá de pronunciarse, en última instancia, la Corte (es probable que el dato no sea relevante para ella, habida cuenta de su poco aprecio por las constituciones latinoamericanas y las leyes dictadas de conformidad con las mismas.)» (Nota de esta redacción: antes de su paréntesis, Bielsa refiere un trabajo de O’ Grady cuyo subtítulo reza: «Cómo las constituciones latinoamericanas debilitan el imperio del derecho»).

Respecto de la segunda sentencia O’ Grady la refiere de este modo: «En mayo, la Corte Suprema de Justicia rechazó la extradición de un presunto terrorista perteneciente al grupo español vasco conocido como ETA que se adjudicó más de 850 muertes desde 1968. Jesús María Lariz Iriondo está acusado de colocar una bomba en un auto en Eibar. Sin embargo, la Corte dictaminó que el acto terrorista a él atribuido no es un crimen contra la humanidad. Por lo tanto corresponde el estatuto de limitaciones y no puede ser considerado culpable».

La versión de Bielsa: «El otro caso, el del vasco Jesús Lariz Iriondo, requerido por la autoridad española, tuvo, sí, sentencia definitiva de la Corte en mayo último. El alto tribunal, disintiendo con el dictamen del procurador Esteban Righi—designado, con acuerdo del Senado, por el actual presidente de la Nación—, rechazó el pedido hispano por entender que la acción penal se había extinguido por el transcurso del tiempo. La tesis derrotada sostenía que el terrorismo es un delito de lesa humanidad cuya persecución, en virtud de su naturaleza y de pactos internacionales superiores a las leyes, no prescribe jamás. Para objetar la decisión de la Corte, que en su actual configuración ha dado muestras cabales de su imparcialidad e independencia, O’ Grady desfigura una definición que irreverentemente atribuye a la ONU, ignorando que el concepto jurídico de ‘crimen de lesa humanidad’, definido con precisión creciente desde Nuremberg hasta el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional requiere, por necesidad, que el acto imputado—llámese asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso, privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales, encarcelación, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables, desaparición forzada, y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física—debe haberse cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque».

Pero estas precisiones del canciller Bielsa son ahora comentadas editorialmente (sin firma) con tendenciosa e inexacta ironía por el Wall Street Journal. Por ejemplo, dice ayer el prestigioso periódico norteamericano: «El Sr. Bielsa acusó a Ms. O’ Grady de ‘neoliberalismo’, lo que en el contexto de su artículo no tenía la intención de un cumplido». También ponen irónicamente: «Él la vinculó con organizaciones subversivas tales como el American Enterprise Institute, el Cato Institute y otras que creen en lo que él llamó ‘el derecho a la propiedad'».

He aquí lo que Bielsa escribió exactamente (refiriéndose al trabajo mencionado sobre las constituciones latinoamericanas): «Acerca del derecho y ‘los derechos’, la visión de O´Grady en nada difiere de la de los principales think tanks del neoliberalismo: la Foundation for Economic Education, el American Enterprise Institute, la Heritage Foundation, el International Policy Network, el CATO Institute y la Atlas Economic Research Foundation.… Para ella, el imperio del derecho—o el derecho del imperio, valga el retruécano—comienza y termina en el derecho de propiedad, en el que se subsume la libertad individual y ante el cual el Estado debe deponer todo impulso regulatorio tendiente a instaurar equidad y humanizar las relaciones sociales. Se entiende, así, que haya encabezado la lista de sus preferidos ‘grandes reformadores de la década de los 90’ con el nombre de Carlos Saúl Menem, escoltado por los no menos notables Alberto Fujimori y Carlos Salinas de Gortari». El Wall Street Journal ha convertido la opinión de Bielsa en «acusación» y sugiere sin ningún fundamento que el canciller argentino tiene a los centros y fundaciones enumeradas por organizaciones «subversivas».

He aquí, pues, cómo se pone de manifiesto que el trasfondo del asunto es una discrepancia ideológica, y ahora que la polémica Iglesia-Presidente ha dominado recientemente la atención venezolana, vale la pena recordar que la Doctrina Social de la Iglesia (León XIII, Pío XI, Juan XXIII, Paulo VI y Juan Pablo II) tiene al derecho de propiedad como algo que conlleva una función social y es de orden inferior a otros derechos más fundamentales, como el derecho a la vida. También que fue Juan Pablo II, no Hugo Chávez Frías, quien acuñara la expresión «capitalismo salvaje».

Pero el Wall Street Journal creyó vencer argumentalmente al canciller Bielsa cuando afirma inocentemente: «……el Sr. Bielsa adujo en su artículo que fueron los tribunales, no el gobierno, los que han rehusado hasta ahora extraditar los fugitivos a España y Chile. Eso sería un buen punto si no fuese por el hecho, citado por Ms. O’ Grady, de que el presidente Néstor Kirchner llenó la corte suprema argentina reemplazando los jueces existentes con sus propios favoritos—lo que pudiera posiblemente haber tenido algún efecto sobre la jurisprudencia argentina».

¿No es exactamente esto lo que George W. Bush busca lograr, por ejemplo, con su postulación de John G. Roberts—respetadísimo y muy competente juez federal de la corte de apelaciones—a la Corte Suprema de los Estados Unidos para llenar la vacante producida por la renuncia de Sandra Day O’ Connor? Es, en efecto, exactamente eso lo que lleva a The New York Times a titular la noticia «En busca de un sello conservador el Presidente postula a Roberts», y a escribir: «…el Sr. Bush no ha hecho un secreto de su deseo de imponer un sello más conservador en la Corte Suprema, y aparentemente nombró al Sr. Roberts confiado en que éste le ayudaría a hacerlo… En su campaña para la presidencia de hace cinco años, el Sr. Bush prometió nombrar a jueces como Antonin Scalia y Clarence Thomas, leales conservadores con filosofías judiciales bien establecidas». Por otro lado, el Wall Street Journal omitió los detalles ofrecidos por Bielsa: que el procurador Righi, que había sido nombrado por Kirchner, estuvo opuesto a la decisión de la corte argentina en el caso Lariz, y que el juez Bonadío, del caso Apablaza, ha estado en funciones desde bastante antes que Kirchner llegara al poder.

En suma, mal periodismo, tanto de parte de Mary Anastasia O’ Grady, en quien es costumbre, como de parte del Wall Street Journal, para el que no debiera serlo. Pudieran poner su atención en otros puntos.

Por ejemplo, el candidato Roberts, cuya confirmación como juez de la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia contó con amplísimo apoyo bipartidista, es justamente quien en esa calidad acaba de decidir (el viernes 15 de julio) junto con dos colegas (Williams, Randolph) que las «comisiones militares» de los Estados Unidos pueden reanudar los juicios por crímenes de guerra a los detenidos en la base naval de Guantánamo. El juez superior de circuito Williams, y los jueces de circuito Randolph y Roberts sostuvieron, en la decisión republicada el lunes de esta semana—la misma en la que Bush postula a Roberts—que los militantes de Al Quaeda, dado que este movimiento no es signatario de las convenciones de Ginebra, no tienen derecho a ser tratados como prisioneros de guerra.

Es cierto; Al Quaeda no es una nación, sino un grupo terrorista irregular que se percibe a sí mismo, de todas maneras, como actor político revolucionario y justiciero. En esa naturaleza no es que no ha firmado las convenciones ginebrinas, sino que no puede firmarlas, puesto que ellas son suscritas por naciones.

Pero las guerras, justamente, se libran entre naciones, no entre naciones y grupos subnacionales. Las acciones de un grupo terrorista son del campo criminológico, no del polemológico; son acciones criminales, a ser reducidas policialmente, no acciones de guerra que deban ser respondidas por la guerra o que, clasificadas en un limbo, pueden ser castigadas en exceso de las convenciones de Ginebra, como con la tortura. Si alguna nación signataria de las convenciones de Ginebra va a emplear la guerra contra lo que sea, está obligada a respetarlas, pues su conducta debe ser regida por su propia humanidad, no por la inhumanidad del contrario.

En Guantánamo la inhumanidad del que pretende imponer justicia llega hasta la degradación de la mujer militar norteamericana, empleada y envilecida sexualmente en la acción psicológica sobre los detenidos—cabalgando y acariciando prisioneros, o simulando que les cubren de su sangre menstrual—lo que ha llevado a la alarma del New York Times, que destaca en editorial varios puntos de un insólito reporte militar al efecto. Luego denuncia: «De hecho, los interrogatorios abusivos en la Bahía de Guantánamo fueron desarrollados bajo el mayor general Geoffrey Miller, quien más tarde reorganizaría a Abu Ghraib. Hay que reconocer que los autores del reporte sugirieron que el general Miller debía ser ‘amonestado’ por el interrogatorio del vigésimo asaltante en tránsito. Pero fueron denegados por su oficial comandante, el general Bantz Craddock, cuyo previo empleo era el de ayudante militar del Secretario de Defensa Donald Rumsfeld. Los conservadores religiosos han hecho sentir su presencia en muchas otras partes de la administración Bush, pero han estado extrañamente quietos acerca de estas prácticas. Y ¿dónde están los miembros del Congreso que se estrujaban las manos ante el problema de las mujeres en combate? Es obvio que la administración Bush no ofrecerá nunca una evaluación real sobre el abuso de prisioneros, ni que el Partido Republicano exija una. Pero seguramente la deshumanización de la mujer militar norteamericana es un asunto bipartidista».

Ya es urgente para el mundo un gobierno mundial, que ponga orden en procesos que le atraviesan, como la globalización, el deterioro climático, el narcotráfico y el terrorismo, fenómenos todos que no responden a las estructuras nacionales. El 11 de septiembre de 2001 requería una respuesta policial y el mundo no tiene policía. El vacío lo ha querido llenar una nación, con la guerra.

LEA