Celebración de un abuso homicida

He aquí un reproductor con el archivo de audio de una versión leída del estudio que sigue, el que puede también ser descargado a su disco duro desde el enlace señalado.
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El DVD de la película de Carlos Azpúrua


En vano el suscrito ha buscado identificar al autor de una frase poderosa. Perdí su nombre hace ya varios años, y aunque he trasegado el Diccionario Oxford de Citas—sé, al menos, que el autor es inglés—y otras colecciones similares, no logro dar con su identidad. Por eso no puedo darle crédito por haber acuñado lo siguiente: “La propaganda del vencedor es la historia del vencido”. Es una terrible frase y es un pensamiento muy certero. Quien cuenta la historia es quien ha ganado. 

El uso del abuso

Carta Semanal #172 de doctorpolítico

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Ésta es la última: Diosdado Cabello, registra el diario El Universal, “afirmó que la rebelión cívico militar del 4 de febrero de 1992 evitó un golpe de estado de derecha y la instauración de una dictadura en el país”. Hay gente que sabe de cabellos (Helene Curtis), hay la que sabe lavar dinero; Cabello, al menos, sabe de lavar crimen con argumentos que, apropiadamente, hala por los pelos.

Si hubiera habido por aquellos días una conspiración de derecha, ¿no habría sido lo indicado que Cabello corriera lealmente a denunciarla? Nos habríamos ahorrado el abuso y la sangre del 4 de febrero. Creo, por lo demás, que desde que somos república no ha habido un minuto de nuestra historia en el que no haya habido una conspiración. En septiembre de 1987 escribí en Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela: “En todo tiempo, en todo sistema político, subsiste una fracción de per­sonas, muy reducidas las más de las veces, que piensan en un golpe de Estado por la fuerza como solución a los problemas. Hay conspiradores por vocación, que necesitan la excitación del secreto y la urdimbre de siniestros planes para hacerse con el poder”. Cabello, por tanto, y quienes pudieran estar conspirando en 1991 o 1992 para establecer una dictadura derechista, no hacían otra cosa que repetir una larga historia de abuso militarista en el país.

Pero es que, seguramente, las asonadas de 1992, ambas fracasadas, sirvieron para todo lo contrario de lo que Cabello dice. En 1993, después del abuso del 4 de febrero, hubo un amago derechista de golpe de Estado, cuyo líder era el Vicealmirante Radamés Muñoz León, quien por aquellos días decía: “Yo me voy a encargar personalmente de llevar preso a Caldera a Fuerte Tiuna, desnudo y amarrado en un camión de estacas, si se niega a reconocer el triunfo de Oswaldo Álvarez Paz”. Si acaso, entonces, la aventura golpista de 1992 sirvió para excitar el golpismo de derecha.

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La banda de delincuentes

Cabello ha aportado también, inadvertidamente, una admisión invalorable. En sus declaraciones a Venezolana de Televisión, dijo: “El 4 de febrero nosotros salimos solos. No nos dio tiempo de que saliera el pueblo”. Por supuesto; los conspiradores no sólo no tenían la autorización del pueblo para sublevarse, sino que jamás lo tomaron en cuenta. El régimen establecido en febrero de 1999, que se llena la boca con la palabra pueblo, en verdad no lo toma en cuenta para decidir ni sus aciertos ni sus atropellos. En 1998, el Movimiento Quinta República anunció que introduciría una convocatoria a referendo sobre la elección de una constituyente por iniciativa popular; así lo permitía el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, luego de la reforma de diciembre de 1997. A mitad de camino de la campaña electoral, el MVR entendió que Chávez ganaría la Presidencia con los votos, según pronosticaban todas las encuestas, y entonces se dejó de eso. ¿Para que molestarse en movilizar la iniciativa popular si Chávez podría fácilmente convocar el referendo mediante un simple decreto, como finalmente ocurrió? Más de una vez durante la última década, Chávez ha recibido de miembros del pueblo, en alguno de sus innumerables espectáculos, algún reclamo; entonces se molesta y bloquea la petición diciendo que él es el líder de la revolución, que él sabe lo que hace. El pueblo no debe cuestionar su conducción del “proceso”.

El pueblo es el titular del derecho de rebelión. La Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776) lo formuló con precisión: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera). Cuarenta días antes de los hechos del 11 de abril de 2002, escribí en un artículo que me solicitara la revista Zeta:

…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

No hay modo, pues, de justificar el alzamiento del 4 de febrero de 1992, cuya celebración se prepara con insolentes, peligrosos y costosísimos vuelos de aviones de combate, desde hace varios días, sobre la capital de la República. Chávez y sus compinches no eran la mayoría de la comunidad; de hecho, las encuestas de la época mostraban un rechazo mayoritario a Carlos Andrés Pérez, pero también, muy explícitamente, un repudio a cualquier acto de fuerza para resolver el problema de su gobierno. La asonada de febrero del 92 no fue más que un intento fallido de usurpación del sagrado derecho popular.

Hugo Chávez recordará un desayuno en las oficinas de la agencia publicitaria J. Walter Thompson, al que fuera invitado por Roberto Coimbra durante la campaña de 1998. Luego de concluir su resbaladiza retórica, tomé la palabra para señalarle que no era de él, ni de sus camaradas delincuentes, el derecho de rebelarse. En esa ocasión optó por eludir mi planteamiento (“Águila no caza moscas”) y se me acercó al término de la reunión en compañía de William Izarra, quien le servía entonces como edecán de seguridad. Me entregó una tarjeta con un número de teléfono celular y me dijo que quería conversar conmigo. Ya le dije en aquel momento que, si persistía en la glorificación de su abuso, no teníamos nada que conversar.

……..

Cabello ha procurado añadir, dos décadas después de la intentona en la que participó y le ha valido poder y riqueza, un nuevo argumento. Así ha sido la explicación del criminal hecho; cada cierto tiempo, los golpistas de 1992 ofrecen una nueva coartada.

En su innecesario artículo semanal (Las líneas de Chávez, que ya no escribe), el Presidente de la República reincidió el 28 de marzo de 2010 en su particular interpretación de los acontecimientos del 27 y 28 de febrero de 1989. Así escribió: “En 1989 se cometió el más grande genocidio de la historia de Venezuela del siglo XX. El más sistemático y criminal ejercicio de terrorismo de Estado se desarrolló en los primeros días de marzo, luego de que la rebelión se había apagado. El genocida mayor es Carlos Andrés Pérez, pero no el único: reos de genocidio serán, por toda la eternidad, los personeros de su Gobierno, los cogollos de AD y Copei, los integrantes del Alto Mando Militar para aquella fecha, las cúpulas de Fedecámaras y Consecomercio, los dueños de los latifundios mediáticos y pare usted de contar”. José Vicente Rangel sostuvo antes, por cierto, una versión enteramente opuesta: “Más allá de fallas, errores e incluso abusos, la posición de las FF. AA., institucionalmente hablando, con motivo de los acontecimientos del 27 de febrero, ha sido altamente positiva. Fue el único organismo del Estado que respondió cuando imperaba el caos. Y respondió con espíritu democrático, encarnando un liderazgo responsable, reivindicando no sólo la noción de orden público, sino de justicia y honradez”. Eso escribía el 20 de marzo de 1989.

Como siempre, Chávez distorsiona los hechos para acomodarlos a su conveniencia. Una descripción análoga a la citada le servía, luego de su salida del Penal de Yare, para justificar su alzamiento del 4 de febrero de 1992. Chávez dijo reiteradamente, en entrevistas, en reuniones, en declaraciones, que él y sus compañeros habían intentado derrocar al gobierno de Venezuela porque Carlos Andrés Pérez había ordenado al Ejército volver sus fusiles contra el pueblo en febrero de 1989, contra la explícita condena del Libertador, que había declarado la posibilidad abominable. Para la época de su prisión en Yare, sin embargo, Hugo Chávez ya había admitido que “su grupo” conspiraba desde hacía al menos nueve años (desde el bicentenario de la muerte de Bolívar; de allí el nombre de su club de maquinaciones: MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200). Por tanto, para el 27 y 28 de febrero de 1989, la intención de tomar el poder por la fuerza ya estaba formada varios años antes. Mal podía presentarse, como pretexto para el golpe fallido del 4 de febrero de 1992, algo que no pudo tener nada que ver con la conformación de su logia conspirativa.

El asalto de la tanqueta a Miraflores

Antes había ofrecido otras explicaciones. El ex comandante Chávez argumentaba a la revista Newsweek a comienzos de 1994 que el artículo 250 de la Constitución Nacional prácticamente le mandaba a rebelarse. Lo que el artículo 250 estipulaba es que en caso de inobservancia de la Constitución por acto de fuerza o de su derogación por medios distintos a los que ella misma disponía, todo ciudadano, independientemente de la autoridad con la que estuviera investido, tendría el deber de procurar su restablecimiento. Pero con todo lo que podíamos criticar a Carlos Andrés Pérez en 1992, y aun cuando estábamos convencidos de que lo más sano para el país era su salida de Miraflores, ni Pérez había dejado de observar la Constitución en acto de fuerza, ni la había derogado por medio alguno. Todas las cosas que le eran censurables a Pérez tenían rango subconstitucional. Si hubiera tenido Chávez algún respeto por la Constitución de 1961, habría debido observar escrupulosamente sus artículos 119 y 120, que decían: Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos”, y “Es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o por reunión de individuos en actitud subversiva”. Aquella declaración a la revista estadounidense fue uno de los primeros intentos de manipulación y distorsión que Chávez ofreciera; el mismo artículo 250 que aducía para justificar su abuso de poder rezaba: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza…”

También dijo Cabello algo realmente descarado. Reporta El Universal: “Sostuvo que no hubo ambiciones personales entre los motivos de quienes participaron en la rebelión militar del 4 de febrero de 1992”. Por supuesto que no; gobernar hasta 2021 o 2031 no es una ambición, sino el desprendimiento de las almas generosas que se alzaron hace veinte años.

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¿Quién ha pagado por estas muertes?

Uno de los más graves errores del segundo gobierno de Rafael Caldera fue dictar el sobreseimiento de la causa penal contra los cabecillas del 4 de febrero, recluidos en Yare. Lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Su liberación fue una lección retorcida y terrible: “No se preocupe; álcese usted, mate a unos cuantos venezolanos. Después de un breve confinamiento lo pondremos en la calle. Si quiere, hasta le daremos un puesto en el gobierno”. (Rafael Caldera confió a Francisco Arias Cárdenas la dirección del Programa Materno-Infantil, un proyecto asistencial de su segundo gobierno).

En estricto sentido, el ex comandante Chávez y sus compañeros de la cuarta madrugada de febrero abusaron de nosotros. El ex comandante Chávez actuó como cirujano. La imagen del 4 de febrero como acto quirúrgico ha entrado hace tiempo en nuestras cabezas, pero el pequeño grupo de militares que participaron en la acción, independientemente de la pasión que lo animaba, abusó del pueblo venezolano. Porque es que ningún cirujano tiene derecho a intervenir sin el consentimiento del paciente, a menos que éste se encuentre inconsciente y, por tanto, privado de su facultad de decidir si se pone en las manos del cuchillero. Y el pueblo venezolano no estaba inconsciente y el ex comandante Chávez no nos consultó sobre la operación y nosotros no le autorizamos a que lo hiciera. Chávez, Arias Cárdenas y Cabello quisieron resolver quirúrgicamente la remoción del tumor, sin autorización de nadie e ignorando, a pesar de que había sido dicho bastantes veces, que todavía existían los medios clínicos, los procedimientos médicos para el mismo objetivo.

Hace exactamente veinte años (3 de febrero de 1992) que el diario El Globo, veinticuatro horas antes del golpe, publicara mi artículo Basta:

Basta de paquete. Basta de financiarle sus campañas extranacionales. Basta de mermas al territorio. Basta de megaproyectos, sociales o económicos. Basta de megaocurrencias. Basta de megalomanía. Usted, señor Pérez, que hace no mucho ha tenido la arrogancia de autotitularse patrimonio nacional, tiene toda la razón. Usted sí es patrimonio nacional, historia nacional, cruz y karma nacionales. Por tanto es a nosotros a quienes corresponde decidir qué hacer con Ud. Por de pronto, no queremos que siga siendo Presidente de la República.

Desde el 21 de julio de 1991, cuando El Diario de Caracas publicara mi Salida de estadista, procuré convencer en unos tres o cuatro artículos más acerca de la conveniencia de una renuncia de Carlos Andrés Pérez, una salida civil:

El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal.

No es verdad que la única solución era el alzamiento inconsulto y criminal. Desde entonces tengo una culebra personal con Chávez y sus secuaces; bastante sacrificio personal y privaciones a mi familia representó mi prescripción de la renuncia de Pérez, a la que se sumaron, sólo después de la cuarta madrugada de febrero, Rafael Caldera, Arturo Úslar Pietri y Miguel Ángel Burelli Rivas, entre otros.

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Los militares tienen, como todos nosotros, cuarenta y seis cromosomas en su dotación genética. Son gente, como todos nosotros. Como entre nosotros, algunos de ellos son excepcionales personas, nobles, heroicos. Como entre nosotros, se encuentra en ellos alguna personalidad delincuente, inmoral, enferma. La mayoría de ellos, como la mayoría de nosotros, es gente común, ni santa ni delictiva.

Tengo amigos militares y hasta un compadre militar. Entiendo la importancia de su función y la defiendo—así lo hice en el seminario Seguridad, Defensa y Democracia de la Universidad Simón Bolívar, en 1980—cuando se trata de protegernos de agresiones exteriores, como la de Cuba en los años sesenta. Fui conferencista invitado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Militar, así como en la Escuela Superior de Guerra y en la Escuela Superior de Guerra Naval. Me cupo el honor de ser nombrado asesor ad honorem en dos secretarías del incipiente Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (1976-1979). No tengo nada en contra de la actividad militar. Me opongo al militarismo, no a los militares; me opongo a su salida de los cuarteles para entrometerse en la función civil. De esto hemos tenido demasiado en Venezuela, y es de la mayor importancia corregir la viciosa distorsión que Hugo Chávez ha producido en la noble tarea castrense. Hay que indignarse ante esta aberración.

Rómulo Betancourt: "La violencia es el arma de los que no tienen razón".

Ahora vuelve a celebrar su abuso de 1992, ahora vuelve a una glorificación que no es otra cosa que autobombo, alimentador del más asqueroso culto a la personalidad que haya ocurrido en Venezuela. Ahora continúa en su distorsión de la historia para que su crimen sea absuelto.

El historiador Will Durant escribió en The Pleasures of Philosophy lo siguiente:

Quizás la causa de nuestro pesimismo contemporáneo es nuestra tendencia a ver la historia como una turbulenta corriente de conflictos—entre individuos en la vida económica, entre grupos en política, entre credos en la religión, entre estados en la guerra. Éste es el lado más dramático de la historia, que captura el ojo del historiador y el interés del lector. Pero si nos alejamos de ese Mississippi de lucha, caliente de odio y oscurecido con sangre, para ver hacia las riberas de la corriente, encontramos escenas más tranquilas pero más inspiradoras: mujeres que crían niños, hombres que construyen hogares, campesinos que extraen alimento del suelo, artesanos que hacen las comodidades de la vida, estadistas que a veces organizan la paz en lugar de la guerra, maestros que forman ciudadanos de salvajes, músicos que doman nuestros corazones con armonía y ritmo, científicos que acumulan conocimiento pacientemente, filósofos que buscan asir la verdad, santos que sugieren la sabiduría del amor. La historia ha sido demasiado frecuentemente una imagen de la sangrienta corriente. La historia de la civilización es un registro de lo que ha ocurrido en las riberas.

Eso es lo que hace un pueblo. Hugo Chávez, con todas sus pretenciosas ínfulas de una intelectualidad de la que carece, es alérgico a la civilización. LEA

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REF #11 – El mes de Jano

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Enero debe su nombre a los romanos, en cuyo panteón figuraba Jano, el dios bifronte, que miraba hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, al pasado y al futuro. Enero, pues, es un mes con el carácter de bisagra. Enlaza todavía el año que ha concluido con el año que comienza. El mes de enero de 1995 ha sido para los venezolanos—y para el mundo entero—un mes interesante.

Al cierre del año de 1994, a pesar del muy desagradable engaño-desengaño del Banco Progreso, una cierta evaluación positiva de la economía nacional, poco estridente, comenzaba a emerger de boca de notables venezolanos.

Berend Roosen, por ejemplo, al referirse en nombre del sector comercial venezolano a las expectativas económicas de 1995, expresaba por la prensa el viernes 30 de diciembre: “…yo creo que vamos a tener algo bastante más positivo para el año entrante”. Para Roosen, varios hechos y anuncios le hacían vislumbrar “unas variables macroeconómicas a final de año bastante más favorables en relación a las de este año”. Los hechos y anuncios a los que se refería incluían la aprobación de la apertura petrolera, la reforma a la Ley de Privatización, la restitución de las garantías, el informe sobre el tema de las prestaciones sociales, la decisión de no devaluar más el signo monetario y el hecho de que el presupuesto de 1995 no contemplara el aumento de la gasolina.

Del lado de las instituciones públicas, el Presidente del Banco Central de Venezuela, de modo muy mesurado, apuntaba algunos rasgos positivos en la gestión global de Venezuela en 1994. Así, destacó la marcada mejoría de la balanza de pagos venezolana, como también, al referirse al déficit del sector público, apuntó: “La gestión financiera del Gobierno Central cierra el año con un déficit estimado equivalente a 7,3% del PIB, en comparación con un déficit de 3,3% del PIB en 1993, a pesar del significativo esfuerzo realizado en la recaudación de nuevos ingresos internos. Es de hacer notar que dicho déficit hubiera resultado menor al registrado el año precedente de no haberse presentado la crisis financiera…el déficit financiero del Gobierno Central, excluyendo los referidos impactos derivados de la crisis bancaria se estima, para el cierre del año, en 1,2% del PIB”.

De modo más general, el estado de ánimo más difundido en Venezuela pareciera ser el de una terca esperanza. Si Enrique Iglesias viene a confirmar el juicio positivo de Michel Camdessus, esa terquedad obtiene una reivindicación más. Es la esperanza que comienza a asentarse en el conocimiento de que sí hay capacidad en el país para salir del actual atolladero. Si Ignacio Rodríguez Iturbe, marabino, penetra con sus computadores misterios de la hidrografía que le hacen autoridad reconocida mundialmente, la psiquis de Venezuela registra el hecho en unas cuantas de sus neuronas, en unas cuantas cabezas que registran el dato del triunfo de un venezolano. Y estas cabezas cambian su mirada, y transmiten la nueva conciencia a quienes les encuentran, y éstos a otros, y así sucesivamente.

El Fondo Cultural Hans Neumann ha ideado una sencilla campaña radial de modificación de actitudes. Uno de sus textos dice:

Los científicos de las más diversas disciplinas han comenzado a toparse, cada vez con mayor frecuencia, con el llamado «efecto del ala de mariposa». El fenómeno se encontró por primera vez en los estudios del clima, en la ciencia de la meteorología, pero hoy en día se le ha reconocido en cardiología, en aeronáutica, en economía, en ecología, en hidráulica, en sociología… El efecto de ala de mariposa se refiere a la acción de causas muy pequeñas, que dentro de un sistema complejo, lleno de muchos elementos que se influyen mutuamente, pueden generar resultados muy grandes. En un sistema tan complejo como el del clima de la tierra, el aleteo de una sola mariposa en China podría desencadenar un huracán en el Caribe, a muchos meses y kilómetros de distancia. La sociedad de los hombres es un sistema muy complejo, más complejo que el sistema del clima terrestre. La acción más pequeña de un solo hombre puede tener grandes e impensables consecuencias. Por eso es importante la vida de cada uno de nosotros, por eso es importante el más pequeño de nuestros actos. Un papel tirado al piso con descuido, un gesto amable, una pequeña mentira, un poco más de esfuerzo, pueden llegar a ser la diferencia entre el fracaso o el éxito de nuestra sociedad. No te engañes. Cada cosa que haces es importante. No botes ese papel por la ventana. «Más importante que el gobierno lo haga bien es que el país lo haga bien».

Que se conciba una campaña así es señal de que quien la patrocina cree que tendrá efecto, que habrá quien escuche y cambie para mejorar. Pero, además, este trozo en particular enfatiza que no resulta científico despreciar el efecto de pequeñas cosas, de pequeñas señales, de eventos minúsculos, sobre el cauce que tomen los acontecimientos sociales. Hasta el triunfo de un hombre de la tercera edad, como Pompeyo Davalillo, en contra de todos los pronósticos,  “viniendo de atrás”, arroja luz sobre los logros que pudiera obtener un gobierno dirigido por un manager de edad considerable, en medio de mucho pronosticador agorero.

 

Las “verdades” de Naím

Y es que hasta alguno de los conspicuos “viudos del paquete” modera ahora sus apariciones ocasionales en el debate nacional. Moisés Naím, ex Ministro de Fomento del anterior período constitucional, vino hace poco al país. El diario “El Nacional” publicó una extensa entrevista a este importante estudioso de las políticas económicas. Según el periódico, desde sus predios en Washington “…Naím monitorea lo que ocurre en las economías latinoamericanas, pero en Caracas prefiere no comentar sobre los altos y bajos de la economía de Venezuela”.

Por esa razón, dentro de sus declaraciones vertidas hacia el problema mexicano, Naím no hizo más que pontificar con cuatro “verdades” tomadas por la chiva, las que en general están sobre buenas bases de sustentación. No obstante, Naím dijo lo que parece que es sólo la verdad, casi nada más que la verdad, pero, como dijo una vez Rafael Caldera de sí mismo, no toda la verdad. Veamos las cuatro “verdades” de Naím.

Vamos a hablar de cuatro verdades, que forman parte de lo que afirman es un plan neoliberal: 1) El gobierno no debe gastar más de lo que gana: cuentas fiscales en orden. 2) Privatizar, porque el Estado no debe manejar hoteles y aerolíneas, y el poco tiempo y dinero debe invertirlo en áreas que el sector privado no atiende, como la seguridad y la educación. 3) Es mejor una economía abierta y de comercio, porque una economía cerrada lo que permite es que unos monopolios vendan productos malos y caros a unos consumidores que no tienen otra alternativa. Una economía abierta permite un crecimiento más sólido. 4) Las tasas de interés no pueden estar por debajo de la inflación esperada, porque si no el dinero se escapa. No se puede tener tasas de cambio fijas que sean establecidas por funcionarios que decidan a quién se le vende divisas o no. Este es el modelo que llaman neoliberal o como se prefiera, y yo estoy dispuesto a decir que los países que tienen fundamentadas sus economías en estas verdades van a llegar al año 2000 más sólidos que los gobiernos que intentan escapar de realidades inexorables. Los gobiernos que las ignoran crean más pobreza y desigualdad.

Respecto de su primera “verdad”. No hay que discutirla mucho. El ideal de comportamiento económico es que los ejercicios de las personas, naturales o jurídicas, privadas o públicas, sean siempre superavitarios. Naím trabaja en Washington. Allí reside un gobierno, sin embargo, crónicamente deficitario, en cantidades gigantescas: el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Una “caja” insertada en la misma página de la entrevistada publicada por “El Nacional” (22 de enero de 1995), busca adelantarse a esta observación, e incluye una muy ingenua defensa anticipada de Naím: “…si bien Estados Unidos tiene déficit en sus cuentas internas, la diferencia es que tiene tasas de interés muy bajas que le permiten financiar el déficit porque la calidad de sus políticas económicas logra que el mundo le mande dinero”.

Parece, pues, que la primera “verdad” de Naím ya no lo es tanto, puesto que puede ser condicionada. Para este analista y ex ministro, si un país tiene políticas económicas de buena calidad—como las tendría ahora Venezuela al decir de Michel Camdessus y Enrique Iglesias—puede darse el lujo de operar en déficit. Pero es que, por un lado, las políticas económicas de los Estados Unidos han sido fuertemente cuestionadas desde hace bastante tiempo, tanto internamente como fuera de su territorio. Por el otro, resulta ingenuo pensar que ese solo factor de la “calidad” de la política económica norteamericana bastaría para determinar su crédito internacional, y que factores distintos, tales como la escala de su mercado y la fortaleza de su posición política y militar no tienen nada que ver en el asunto. Eso por lo que respecta a la primera “verdad” de Naím.

La segunda de las “verdades” es también aceptable en términos generales. Coincidimos con Naím en preferir que el tejido económico se construya a sí mismo, que prácticamente toda la actividad económica sea de carácter privado. Esto no significa que deje de ser aceptable un principio de subsidiaridad del Estado en materia de economía, y que éste no deba intervenir cuando los actores privados no puedan o no quieran hacerlo, o cuando lo hagan muy mal, como en el muy patente caso de la administración de ciertos bancos venezolanos. No es por razones placenteras que el Estado venezolano ha tenido que asumir el control de los bancos intervenidos durante todo el año de 1994.

Una pequeña inexactitud de esta segunda “verdad” de Naím se produce cuando declara que el sector privado no atiende a la educación y a la seguridad. Son unas cuantas las empresas privadas que hacen su negocio, precisamente, de las necesidades crecientes de seguridad en Venezuela, y si no que pregunten a los habitantes del barrio El Onoto, que en ejercicio de la iniciativa privada, han llegado al extremo de ajusticiar delincuentes. Y en materia educativa, naturalmente, la actividad privada, tanto dentro de un marco comercial como en instituciones sin fines de lucro, tiene una importante historia en el país, como la tiene en los Estados Unidos de Norteamérica. A Naím le consta porque ha hecho estudios de postgrado en el muy privado Instituto de Tecnología de Massachussetts y ha sido notable profesor del muy privado y venezolano Instituto de Estudios Superiores de Administración. Los ejemplos de hoteles y aerolíneas son más bien ejemplos fáciles. Habría sido interesante que Naím hubiera expresado su opinión respecto de la privatización, digamos, de Petróleos de Venezuela.

Lo antedicho sirve para coincidir de nuevo con Naím en que es preferible una “economía abierta y de comercio” y que también es preferible que no existan monopolios –como, por ejemplo, el de la CANTV privatizada, heredera del antiguo monopolio público en telefonía de alambrada.

Ahora bien, ya que Naím se refirió a “productos caros”, resulta interesante que no haya dicho una sola palabra, en toda una página de periódico tamaño standard, acerca del problema de cómo curar la inflación, el proceso de continuo encarecimiento de los productos en una economía abierta. Las veces que se refiere a la inflación deja de prescribir tratamientos, ni concreta ni vagamente expuestos. Así, por ejemplo, en su cuarta y última “verdad”, lo que nos regala es la recomendación de que se mantengan en el país tasas de interés superiores a la inflación esperada, para evitar la fuga de capitales. “Si no el dinero se escapa”.

 

Charro charrasqueado

Pero hemos dicho que el tema principal de Naím en la entrevista de “El Nacional” fue el caso de la reciente débâcle mexicana. Naím intenta, con no demasiada fuerza, salir al paso de posibles interpretaciones de los recientes problemas de México como “el fracaso de las políticas neoliberales”. En cambio, sugiere que lo ocurrido se debe “al intento de politizar una política económica sana”.

Vale la pena resaltar que la política económica mexicana de los años recientes distó mucho de la sanidad, y que los resultados desastrosos de la gestión de Salinas de Gortari –cuya cabeza ha llegado a ser solicitada por algunos de sus más exaltados y desesperados compatriotas– fueron previstos con suficiente anticipación.

En un trabajo de Carlos Cota, Peter Rush y Dennis Small, publicado el 1º de abril de 1993 en Executive Intelligence Review, la situación por la que atraviesa México fue pronosticada con más de año y medio de antelación. El trabajo mencionado fue titulado así: El “modelo mexicano”, catástrofe para el mundo, éxito para los banqueros.

A continuación, haremos extensas citas de ese lúcido trabajo de Cota, Rush y Small.

Decían hace casi dos años los autores del estudio:

Según los fabricantes de mitos, el «nuevo México» de Carlos Salinas de Gortari, el presidente harvardiano de México, ha dominado la inflación, echó a la basura la tradición de 70 años de control estatal de grandes porciones de la economía y se ha puesto en una trayectoria de crecimiento sostenido que debería emular el resto de Iberoamérica y, por qué no, Europa oriental. México paga sus deudas, abrazó el «libre mercado» y hace las «reformas» económicas necesarias para abrir el país a la importación irrestricta de bienes y capitales («libre comercio»), y a la repatriación irrestricta de ganancias que abandonan el país. Esto, dicen ellos, prueba que la economía liberal sí funciona, y que México es la receta para el éxito que todas las naciones deben seguir.

Todo esto se ha hecho—continúa el argumento—para abrir el camino al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos, Canadá y México, el cual consolidaría estas reformas de libre mercado. El TLC, entonces, también es un modelo a seguir por otras naciones.

El «modelo mexicano», sin embargo, es un fiasco. Atrás de la fachada viven 90 millones de mexicanos comprobadamente más pobres que el ruso promedio de 1935. Una inmensa mayoría de mexicanos gana menos de la mitad de lo que ganaba hace diez años, y el consumo de alimentos se redujo drásticamente en 30 por ciento en el mismo período. Más de 50 por ciento de la fuerza de trabajo está desempleada de manera efectiva y las filas de desempleados crecen a la velocidad de casi un millón al año. Las estadísticas de salud y educación revelan un holocausto social en marcha, con desnutrición endémica que afecta a la mayoría de los niños y enfermedades que crecen sin control, al tiempo que la educación se derrumba.

Lejos de ser un modelo de economía triunfante, el «modelo mexicano» verdadero es el modelo de la rendición de la soberanía económica a los Estados Unidos. El presidente Salinas de Gortari, que llegó a la presidencia en diciembre de 1988, aceptó un Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TLC) que representa la virtual absorción económica de México a la economía de los Estados Unidos en detrimento de los empleos y los salarios de ambos lados de la frontera, y para beneficio de los banqueros que promueven el proyecto. El objetivo del TLC, como denuncia el informe que sobre este tema publicó EIR hace dos años, es encarcelar a México en las reformas de Salinas de Gortari que han permitido el reinado desenfrenado de los bancos extranjeros y las compañías multinacionales para explotar la mano de obra barata de México, comprar sus bancos y realizar el saqueo especulativo criminal de lo que queda de su sistema financiero, todo con el fin de cobrar religiosamente la gigantesca deuda externa de México”.

“No obstante que la reducción a la mitad del nivel de vida no ha provocado (aún) una explosión social como las ocurridas en otros países de Iberoamérica (como Venezuela y Brasil)—el trabajo que estamos citando antecedió por varios meses los acontecimientos de Chiapas—, la otra consecuencia de adoptar las normas de libre comercio—un enorme déficit comercial sin precedente en la historia de México—puede provocar el estallido del sistema financiero mexicano en el futuro cercano”. Premonitorio, ¿no es verdad?

“La medida más dramática de la crisis inevitable—que es hija legítima del “libre comercio”—es el creciente e insostenible déficit comercial. México importó en 1992 cerca de veinte mil millones de dólares más que lo que exportó. Con los ingresos por exportación sólo puede pagar menos de dos tercios de sus importaciones”.

“Para financiar este déficit de cuenta corriente de 20 mil millones de dólares al año, el gobierno mexicano se ha dedicado a atraer un flujo inestable de dinero que sólo busca ganancias especulativas. Si se quiere comprender esta «estrategia» hay que mirar unos años atrás. De 1975 a 1982 grandes cantidades de capitales abandonaron el país, en su mayoría con destino a cuentas bancarias suizas, inmuebles en Miami y cuentas en bancos estadounidenses. (¿Suena conocido?) Los capitales fugados—en una estimación conservadora—se calculan en 60 mil millones de dólares. El grueso de la deuda externa de México, como la de 1992, se solicitó en realidad tan sólo para proporcionar dólares, de manera que dicho capital, originalmente en pesos, se pudiera convertir en dólares y abandonar el país.

Al inicio del régimen de Salinas de Gortari se identificó a ese capital fugado como un recurso que había que traer de vuelta al país para que ayudara a sostener el programa del FMI. En 1989 se clamaba que cantidades crecientes de esos capitales regresaban a México, por lo que se esperaba con confianza que fueran la salvación de México. Desde que Salinas de Gortari llegó a la presidencia han ingresado al país 27 mil millones de dólares de supuesta inversión extranjera, más de dos tercios de ella especulativa. Casi la mitad de esa cifra ingresó al país tan sólo en 1992. Aunque la mayoría de ese capital a todas luces no es el mismo dinero que huyó en los años ochenta, dado que la mayoría parece ser de «inversionistas» estadounidenses que buscan dinero fácil, ha sido la única cosa que ha impedido que México sea golpeado por una crisis cambiaria.

Pero hoy el castillo de naipes está a punto de caer… Antes de 1989 no entraban más de tres mil millones de dólares al año, y las más de las veces el ingreso anual de dólares era menor a los mil millones, todo dirigido a la «inversión directa» para comprar o construir capital físico. Desde 1989 la inversión está destinada cada vez más a «inversión en portafolio» puramente especulativo, que no es otra cosa que poner dinero en el volátil mercado de valores de México, o comprar deuda gubernamental mexicana a corto plazo a tasas de interés exorbitantes, en los llamados Cetes (Certificados de la Tesorería). De 1989 a 1992 se duplicó la inversión directa, que llegó a seis mil millones de dólares, pero la inversión en portafolio se disparó a 11 mil millones de dólares”.

“Pero a mediados de 1992 sucedió lo inevitable, y ahora el mercado se ubica por abajo de lo que estuviera hace un año y el dinero comenzó a salir… Para atraer dinero que compensara esa fuga, el gobierno mexicano elevó las tasas de interés drásticamente… Esas tasas de interés tan elevadas han diezmado a los solicitantes de crédito nacionales que necesitan dinero para invertir o hasta para sus gastos de operación. El resultado es que hasta las cifras oficiales revelan una marcada reducción del ritmo de crecimiento a partir del verano pasado.

Peor todavía, el gobierno mexicano se convirtió en rehén de esas tasas de interés internas usureras, puesto que cualquier declinación puede provocar enormes fugas de capital, ya que la mayor parte de la deuda es en Cetes con vencimiento entre 7 y 28 días. Si bajan las tasas, los inversionistas extranjeros sencillamente no renovarán sus Cetes, y el gobierno tendrá que pagar miles de millones de dólares de un día para otro”.

“La política del gobierno para manejar el déficit de la cuenta corriente es lisa y llanamente mantener altas las tasas de interés”. (Parecida a la recomendación de Naím, a la cuarta de sus “verdades”). “Es difícil predecir por cuanto tiempo más esa sola jugada podrá mantener el juego de dados especulativo. Es muy probable que Salinas de Gortari se vea forzado a devaluar el peso—medida que ha tratado de evitar con desesperación—, con lo que se desinflaría el mito internacional del «modelo mexicano» y la crisis de la deuda externa del país se colocaría en el lugar central”. (Ahora sabemos que Salinas le pasó el problema a su sucesor, quien no había calentado todavía el puesto cuando se vio forzado a devaluar).

El trabajo de Cota, Rush y Small es implacable. Valdría la pena reproducir íntegramente su análisis. Baste lo citado hasta ahora, sin embargo, para salir al paso de la naimesca interpretación, según la cual el serio traspié mexicano no tiene nada que ver con el modelo neoliberal, sino con la intromisión de la política en el curso de “políticas económicas sanas”. Nada de sano se manifiesta en el análisis de Executive Intelligence Review. No tiene nada de sano el proceso de desinversión pública de México, hasta el punto de que se proyecte para el año 2000 que, a consecuencia de la descapitalización de su sector petrolero, ese país pase a ser ¡importador de petróleo! No tiene nada de sano que el gobierno mexicano haya falseado sus estadísticas poblacionales como único modo de presentar cifras menores de desempleo. No tiene, en fin, nada de sano que la población mexicana sufra extensamente de pobreza y de desnutrición.

Héctor Valecillos ha disecado con pluma tan certera como los autores del Executive Intelligence Review el cuerpo tumefacto del plan de Salinas de Gortari. En artículo aparecido en el diario “El Globo” (9 de enero de 1995), Valecillos escribe:

…el éxito mexicano no soportó la prueba de 1994. En los propios días de año nuevo, la revuelta campesina de Chiapas puso al descubierto las profundas desigualdades que desgarran a la sociedad mexicana, escasamente disimuladas por la mampostería de una democracia de ocasión; desigualdades que inciden especialmente sobre la gran mayoría de las masas del campo, predominantemente campesinas. Tres meses después, el asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, en una acción tenebrosa cuyos móviles no se han querido desentrañar, conmocionó aún más al ya convulso panorama político y económico de esa nación. Pero fueron hechos más recientes, a escasos días de la toma de posesión de Emilio (sic) Zedillo, en especial la rápida y pronunciada devaluación del peso y el subsecuente torbellino que se desató en los mercados financieros, los que pusieron en cuestión la pertinencia del modelo económico instrumentado a partir de 1988 y sembraron de incertidumbre el futuro del país de Lázaro Cardenas.

Prosigue Valecillos, en el artículo que llamó México, el fin de una ilusión:

Dicho sin ironía, a la luz de los hechos, la realización más exitosa del gobierno de Salinas no estuvo en la esfera económica sino en el dominio publicitario… lo que le permitió «vender a México» tanto a la mayoría de los legisladores norteamericanos como a una porción importante de la población estadounidense… Sin embargo, este cántico al «milagro» ocultaba cínicamente aspectos críticos de gran trascendencia… el crecimiento económico logrado por el gobierno de Salinas durante 198893 escasamente alcanzó a 3,15% al año, lo que contrasta claramente con el ritmo alcanzado durante 19401980 (6% al año en promedio), cuando estuvo en vigencia el modelo ahora desacreditado de la sustitución de importaciones con apoyo estatal…en contra del mito según el cual la «recuperación de Salinas» ha sido el resultado de la acción de las fuerzas del mercado, el modesto crecimiento logrado ha dependido fundamentalmente del apoyo masivo adoptado por instituciones multilaterales (BID, FMI y BM), el cual ha servido para fortalecer la inversión privada extranjera y en particular los flujos financieros.

Y sigue disecando Héctor Valecillos:

…la política de apertura externa indiscriminada y de pago a ultranza de la deuda externa—ejes clave del modelo FMI—tuvo como resultado una ampliación desmedida del déficit de la balanza comercial mexicana, el cual se sitúa actualmente en 30 mil millones de dólares. Cifra inquietante pero explicable en una economía cuyas importaciones equivalen al 30% de su producto interno. Dados el nivel absoluto y el ritmo de aumento del déficit comercial, no puede extrañar que en tan sólo seis meses (juniodiciembre) México haya consumido el 80% de sus reservas internacionales, las cuales alcanzaban a $ 25 mil millones a mediados de año. De aquí a la devaluación abrupta no había sino un paso, precisamente el que se dio a finales del año.

Y concluye así la disección del cirujano Héctor Valecillos:

Para el 30% más pobre de la fuerza de trabajo, los salarios en 1993 eran 70% inferiores al nivel alcanzado en 1976. De 1988 a 1991 la porción de los salarios en el ingreso nacional cayó desde el impresionantemente bajo nivel de 26, 6% a 24,7%. En estas circunstancias no debe extrañar que al salir del gobierno Salinas deja como herencia 40 millones de pobres, casi la mitad de la población del país…Es en estos factores, objetivos y constatables, y no en la torpeza de los burócratas responsables del manejo de la política financiera donde deben buscarse las causas determinantes del rápido desmoronamiento de los logros del que hasta hace pocos días fuese juzgado «el mejor alumno del FMI».

Eso sí son verdades. Verdades que Moisés Naím prefirió ignorar olímpicamente, en su innecesaria y reciente visita al país.

 

Las verdades de Perogrullo

Como ya es costumbre, debimos escuchar de nuevo la palabra de Arturo Úslar Pietri. Un poco callado desde que Ramón Adolfo Ilarramendi le recordó cómo el antiguo PDV—el partido del general Isaías Medina del que Úslar era primerísimo dirigente— había consagrado la intervención del Estado en sus propias bases programéticas, ha vuelto a aparecer, como ya es costumbre, inaugurando un nuevo ciclo de Primer Plano, el programa de opinión que conduce Marcel Granier. (Úslar Pietri, poco antes del rescate documental de Illarramendi, había ofrecido preocupadas declaraciones a la prensa sobre el intervencionismo del gobierno actual).

La información es definida, por la teoría que la estudia, como aquello que cambia el estado mental  de quien la recibe. Si se le dice a los venezolanos que la tierra es redonda, que el agua moja, o que Carlos Gardel ha fallecido, no se les está ofreciendo información. Eso ya se sabe; eso no cambia para nada nuestro estado mental. Algo así resultó ser la última aparición del profeta Úslar  ante las cámaras del Canal 2.

Por una parte, todo lo que dijo ya lo había dicho antes, él mismo u otros venezolanos que han opinado sobre el tema nacional. No incluyó nada nuevo, ni siquiera en su reconocimiento a la figura del Presidente de la República. (“…no hay que olvidarse de un hecho, Marcel, que la estabilización del sistema político venezolano, la desaparición de la amenaza cierta o supuesta de un posible golpe de Estado militar o de movimientos insurrecionales en el país, se debe en gran parte a un solo hecho: la presencia de un hombre que se llama Rafael Caldera en la Presidencia de la República. Caldera es un hombre creíble, es un hombre honorable, es un hombre respetable, es un hombre honesto, y eso es una novedad escandalosa en la Presidencia de Venezuela, y eso al país lo ha impresionado. De modo que el país cree en Caldera. Pero es un soporte muy frágil, porque depende de un hombre”).

De resto, verdades de Perogrullo. La comparación con la Venezuela de hace cincuenta años, cuando el presupuesto de la Nación no alcanzaba a 500 millones de bolívares y el país tenía 4 millones 400 mil habitantes. “De entonces acá, la población ha crecido cinco veces, quizás ni siquiera eso, y el gasto público en bolívares no ha crecido 100 veces ni quinientas, ha crecido cinco mil veces. De modo que por cada bolívar que el Estado venezolano gastaba en 1945—ese año en el que Úslar era decidido partidario del intervencionismo estatal—, gasta cinco mil bolívares hoy”. Úslar no alcanzó a referirse, obviamente, a la inflación de cuarenta y cinco años, ni a la diferencia entre el presupuesto norteamericano de hoy comparado con el de hace cincuenta años (aún en condiciones de guerra mundial), ni tampoco se refirió al crecimiento del gasto privado en el mismo lapso. Tan sólo lo que se estima tienen hoy los depósitos privados en dólares en el exterior equivalen, en bolívares, no a 500 veces, Arturo, ni siquiera a 5.000 veces, Marcel, sino ¡a 27.200 veces el presupuesto nacional íntegro del añorado año de 1945!

De modo que con comparaciones tan dramáticas como las que Úslar repite una y otra vez, no se nos ilustra, no se nos enseña, en realidad, dado el corte falacioso de su cartabón. De resto, puede entenderse su añoranza de 1945, cuando Úslar formaba parte del gobierno de entonces, cuando, repetiremos una vez más, Arturo Úslar Pietri militaba en un partido gubernamental en cuyo programa se había consagrado como principio la acción intervencionista del Estado. (Ver en el número doble 9-10 de esta publicación, “La libertad económica y la intervención del Estado”, de Mario Briceño-Iragorry, pags. xxv a xxvii).

Cuando Úslar Pietri pareció aproximarse a la concreción, volvió con su reiterada recomendación (que otros habían formulado antes que él) de reducir el número de ministerios a una docena, de reducir el tamaño del gobierno en tres años, de “racionalizarlo”. Y también con su recomendación de un gabinete de emergencia, que ahora denomina un “comando de crisis”. La última vez que Úslar Pietri había sugerido una cosa así (en Primer Plano) corría el mes de diciembre de 1991, a menos de un mes del intento militar del 4 de febrero de 1992. Tan tarde como eso Úslar Pietri proponía que el presidente Pérez se pusiera “al frente de un gobierno de emergencia”. Días después del fallido golpe Úslar pedía la renuncia de Pérez, sólo un mes después de haber opinado que Pérez encabezara un gobierno nacional de emergencia. ¿Irá a pedir Úslar la renuncia de Caldera?

¿Es serio y responsable Úslar cuando presenta al país los más oscuros colores del cuadro nacional sin proponer absolutamente nada útil, cuando ha podido señalar más de un rasgo francamente positivo? ¿Es que, como Ledezma, piensa continuar prescribiendo el mítico y vago remedio del “gran acuerdo nacional”? ¿Es que le era imprescindible volver sobre el tema de consenso nacional del desmedido tamaño del Estado al cabo de un año en el que el déficit del gobierno central fue reducido, si no se toma en cuenta el gasto de la emergencia financiera? ¿Es científico cuando deja colar frases tan poco comprobables como que “lo peor es que (el gobierno) da la sensación de que se siente contento” al haber intervenido los bancos en problemas? ¿O es que ya Úslar no puede enseñarnos más allá de lo que ha hecho, considerablemente, y ya Marcel Granier debiera dejarlo tranquilo? En octubre de 1991 Úslar admitió: “Hasta ahora no hemos encontrado las nuevas ideas para la nueva situación”.

Llama la atención esta nueva salida de Úslar Pietri, el timing escogido para la misma, que pareciera prelusiva de un nuevo partido político, a juzgar por el diálogo sostenido con Marcel Granier. Tal vez un nuevo PDV, el Partido Democrático Venezolano de su juventud, liderado por gente como Marcel Granier. Ya antes, en uno de los innumerables juegos de palabras de Úslar y Granier, el viejo maestro parecía pedir el relevo del joven empresario de medios y turismo. Ya antes, hace diez años, Úslar decía “el país está deseoso de que se le señale un rumbo”, como ahora repite “el país lo que necesita a gritos, en este momento, es una orientación, un camino que se le marque”. Estamos de acuerdo. No otra cosa ha venido reiterándose en esta publicación desde hace todo un año. Pero de lo que estamos ya seguros es de que Úslar Pietri no será quien señale ese camino, porque por propia admisión, aún no ha “encontrado las nuevas ideas para la nueva situación”.

 

Otras señales

Desde las alturas uslarianas podemos descender a niveles verdaderamente subterráneos. El “analista” Andrés Galdo, en su venenosa columna (acostada) Laberinto, mencionó el nombre de Gustavo Roosen para presentarlo como el padrino protector que Orlando Castro habría tenido en las filas del gobierno. El Banco Latino presidido por Roosen se había negado a pagar algunos “servicios” suministrados, según Galdo por él mismo, a ese instituto en la época de su previa administración, al no poder presentar el “analista” Galdo ningún soporte o documento que hiciera legítima su pretensión. He allí un motivo de molestia para el “analista”—redactor de verdaderos escritos anales, en el sentido no histórico sino freudiano—, quien no hace demasiado tiempo servía las necesidades de Gustavo Gómez López, de quien ahora denuesta periódicamente en sus laberínticas preparaciones. El desmentido a favor de Roosen vino a servirlo, inadvertidamente, el propio Orlando Castro, que desde sus cuarteles de invierno en Miami se caracterizó a sí mismo como víctima de las confabulaciones del Grupo Roraima, el que aseguró estar formado por Gustavo Roosen, Marcel Granier, Oscar García Mendoza y Carlos Bernárdez. Parece ser, pues, que Orlando Castro no tiene que agradecerle nada a Gustavo Roosen.

Mientras Andrés Galdo y Orlando Castro se ocupan de difundir especies interesadas, uno de los nombrados por este último, Oscar García Mendoza, presidente del Banco Venezolano de Crédito, convocó a la prensa para proponer públicamente por su intermedio las líneas generales de un tratamiento a la crisis financiera del país. García Mendoza, temprano crítico—allá por 1989—de las políticas financieras del último gobierno de Carlos Andrés Pérez, anunció que el Banco Venezolano de Crédito había encargado un estudio del problema financiero venezolano a un grupo de economistas que dirigió su tocayo de apellido, Gustavo García Osío, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración.

Los objetivos del plan esbozado por García Mendoza son los siguientes: 1. Recuperar la confianza de los depositantes y reducir drásticamente la amenaza de una crisis latente y no resuelta; 2. Recuperar la rentabilidad de la intermediación financiera y preservar a las instituciones financieras solventes y/o recuperables; 3. Esparcir en el tiempo el costo de la crisis financiera y reducir o evitar sus impactos monetarios e inflacionarios en el corto plazo; 4. Reducir el “Riesgo o Daño Moral” en el tratamiento de los depositantes; 5. Facilitar la estabilización macroeconómica, la cual a su vez se retroalimenta con la crisis financiera; 6. Recuperar el ahorro y la inversión privada, así como el crédito a largo plazo tanto para las familias como para las empresas.

Como decíamos en la pasada edición de esta publicación, ha llegado el tiempo de proponer. García Mendoza se ha sumado al actual diálogo nacional en busca de soluciones, en momentos cuando ha sido puesta sobre el tapete la posibilidad radical de nacionalizar toda la banca. De allí su insistencia en la instrumentación específica de un plan cuyos objetivos, dicho sea de paso, debieran ser totalmente aceptables para el gobierno. Es inconcebible que algún funcionario gubernamental viniese a proponer que no se debe recuperar la confianza de los depositantes, ni se debe facilitar la estabilización macroeconómica, ni tampoco se debe recuperar el ahorro y la inversión privada. De modo que el quid de la reciente emergencia propositiva de García Mendoza viene a ser el punto de las medidas específicas que sugiere, y que en síntesis deben ser entendidas así: “No me confundan”.

En efecto, García Mendoza-García Osío proponen que se clasifique a los bancos privados en tres grupos: a. Bancos solventes y rentables en todas las etapas del negocio bancario; b. Bancos aparentemente solventes y con ganancias en la intermediación financiera, pero poco rentables o con pérdidas al incluir costos de transformación y/o reducir operaciones conexas; c. Bancos insolventes y que registran pérdidas operativas.

Para los bancos del último grupo, los García proponen un drástico acto quirúrgico: intervención pública inmediata por parte del gobierno con garantía total de los depósitos. (Mucho más allá de los niveles previstos en la Ley de emergencias financieras). Para los bancos en situación de poca rentabilidad el nombramiento de un “veedor” con poderes de veto y la elaboración de un plan de recuperación de los mismos. Para los bancos en situación óptima—el Banco Venezolano de Crédito, por ejemplo—que los dejen tranquilos. “No me confundan”.

El trabajo y las proposiciones del mismo son mucho más extensas y detalladas que lo hasta ahora expuesto. Además, García Mendoza anunció que el trabajo completo sería próximamente publicado, por lo que restringimos el comentario a lo antedicho. Vale la pena, sin embargo, algunas anotaciones adicionales.

La proposición García-García requiere algunas acciones a las que llama “macroeconómicas”, entre las que destaca, por su doble alusión al comienzo y al final mismo (puesto de honor) del documento sinóptico, “la privatización de una parte importante del negocio petrolero”. No se sabe el límite de esta parte que los García proponen privatizar, así como tampoco si el mecanismo previsto sería el propuesto hace poco por Andrés Sosa Pietri, la venta de acciones de PDVSA. Pero los autores del estudio en cuestión conceden una importancia central a este aspecto: “…la generación de los montos requeridos para la solución de los problemas planteados pasa por la privatización de una parte importante del negocio petrolero, lo cual debe plantearse como parte integrante de un plan de rescate de la economía no sólo para superar la crisis actual, sino también para evitar la recurrencia de la misma en el futuro una vez privatizada parcialmente dicha industria”. Los autores dejan de explicarnos por qué la privatización de “parte importante” de la industria petrolera serviría para evitar la recurrencia de la crisis, o qué papel habría tenido en la actual crisis financiera el hecho de que la industria petrolera sea del Estado.

De resto, siempre se topa uno con los consabidos comentarios antipúblicos: “…el Estado ha demostrado ser un pésimo administrador de las instituciones financieras…” Suponemos que García Mendoza y García Osío no se refieren, por ejemplo, a la administración del Banco Central de Venezuela, y que tampoco han percibido la inmediata contradicción entre una declaración de ese tenor y su enfática proposición de que el Estado asuma de inmediato la administración de los bancos privados que estén siendo pésimamente administrados por actores privadísimos.  Por último, a pesar de este faux pas de lógica elemental, creemos sana la distinción que García Mendoza quiere establecer. Un verdadero triage médico que separe a los enfermos curables de los pacientes sanos y de aquellos a quienes no queda otra cosa que el desahucio. Políticas tan generales, tan horizontales como una estatización general de la banca, son las más de las veces inconvenientes en alto grado. Por eso García Mendoza tiene razón. Por eso se la han reconocido sus colegas Nogueroles (Provincial) y Dao (Caribe), con pequeños matices de diferenciación. Pero es bueno registrar, para la edificación y gobierno de comentaristas tan críticos como Úslar Pietri, que los primeros que proponen que el Estado cargue sobre sus hombros las responsabilidades de los banqueros privados fracasados, son los banqueros privados exitosos.

 

Plazo vencido

En las cosas más propiamente políticas, algunas cosas interesantes, otras más preocupantes, han acaecido en el país durante el mes de Jano.

Por ejemplo, resulta interesante la contundente declaración de Radamés Muñoz León, en reciente programa de Alfredo Peña por el Canal 4—entre peña y peña periquito suena—acerca de sus aspiraciones presidenciales. “Yo quiero ser Presidente de la República porque yo estudié para poner orden”. Semejante exabrupto fue complementado con el recuerdo del ex vicealmirante: él estudió administración en la universidad y por eso se siente en capacidad de administrar cualquier cosa. Hemos escuchado que el ex ministro desea presentarse como un “candidato de la derecha”, y que también quiere presentarse como “candidato de la clase media”. También que Radamés no tendría placer más grande que el de medirse electoralmente contra el ex comandante Hugo Chávez. Todo un combate digno de nuestros domingos de televisión, en el que un golpista flagrante se opondría a un protogolpista que, al decir de Ramón J. Velásquez, no se alzó porque no pudo. A pesar de lo cual el ex presidente debió sufrir, además de lo que ya ha sufrido en razón del malhadado indulto, la publicación de una fotografía en la que Muñoz León aparecía a su lado, entre un grupo de personalidades que le agasajaban por su cumpleaños, según invento de Allan Randolph Brewer-Carías.

Ambas candidaturas conseguirían clientela, no hay duda. Más de un venezolano cree que lo que se necesita es “orden”, aquello para lo que Muñoz León dice haber estudiado. En una reciente reunión de un interesante y diverso grupo de reflexión política, se nos repartió, no sabemos si con preocupación o alborozo, copia de un artículo aparecido en la prensa nacional del día 7 de este mes de enero, autorado por Georgie Anne Geyer desde Washington, y que llevó por título “El mundo no marcha inevitablemente hacia la democracia”.

El artículo cuya copia se obsequió a los asistentes incluye referencias a una intervención de George Kennan—el texto le describe como un venezolano nonagenario—en el Centro Nacional de Entrenamiento para Asuntos Extranjeros de Arlington, Virginia. Kennan habría dicho: “El mundo no se tornará democrático en nuestro tiempo”, y también “Es posible que para muchos países ni siquiera sea lo mejor en estos momentos”.

Hacia el final del artículo la conclusión pareciera ser la conveniencia, para algunos países, de sistemas de “democracia autoritaria”: “En un centro político autoritario, un presidente o líder gobierna con menos controles que en una democracia tradicional, hasta que la economía funciona”.

Preocupa realmente este tipo de enfoque. A quienes están convencidos de que los Carlos (Andrés Pérez y Salinas de Gortari) tenían razón, pudiera ocurrírseles que la democracia es la responsable de su fracaso. Nada más tentador para ellos que buscar en latitudes dictatoriales la reivindicación de su contumaz postura económica, a pesar del hambre, a pesar del sufrimiento generalizado. Para organizarse ya disponen de un menú de opciones que comienza a dibujarse, y cuyas ofertas extremas se llaman Hugo y Radamés.

Preocupa también el incidente del barrio El Onoto. Justicia expedita, sumaria y definitiva. Seguidores del pensamiento de Haydeé Castillo de López Acosta, que proponía hace poco la pena de muerte. Una cosa, naturalmente, es la autodefensa de las comunidades. Otra muy distinta el linchamiento.

En la presidencia de Eduardo Frei Montalva en Chile llegó a dictarse en esa nación la “ley anticogotero”—cogotero = malandro—, que dejaba en libertad a quien hubiese dado muerte a quien contara con prontuario policial. Gustavo Tarre Briceño preparó para la Alcaldía de Baruta un “manual de autodefensa comunitaria”, y CESAP ha hecho trabajos de corte más jurídico sobre el tema. Pero ya circulan por los barrios caraqueños versiones más crudas e implacables, en las que la figura de tribunales populares—ya no la de los jueces de paz—se discute abiertamente, junto con realistas evaluaciones acerca de la protección que puede esperarse de una policía que más de una vez se encuentra en connivencia criminal, en complicidad con los propios delincuentes.

El mismo Gustavo Tarre Briceño dijo no hace mucho—lo referimos aquí—que la criminalidad en Venezuela no era tanto un problema del Ministro de Relaciones Interiores o del de Justicia, como de los Ministros de Hacienda y de CORDIPLAN. El enfoque de fondo es éste que tan aguda frase de Tarre resume admirablemente. No hay esquema represivo que pueda anular la acción delictiva de una sociedad hambreada.

También, por supuesto, las comunidades y los ciudadanos individuales pueden contribuir mucho en la prevención y el control del delito. Pero conservando el apego a la Ley, por más defectuosa y frustrante que pueda ser la administración de la justicia en Venezuela. La Ley del Talión no haría otra cosa que agravar las cosas y conducirnos a un estado caótico. Tomen nota, no obstante, las autoridades policiales de este gobierno. Así como existe el principio de subsidiaridad del Estado que legitima la acción de éste cuando los entes privados no suplen ciertas necesidades de la sociedad, así ésta también buscará llenar los vacíos del Estado. Y fue nadie menos que el actual Ministro de Relaciones Interiores, Ramón Escovar Salom, quien denunciaba en artículo de prensa de 1991 la “inexistencia del Estado” en Venezuela, porque era un Estado, afirmaba, para el que el territorio de ciertas barriadas le estaba vedado y, en consecuencia, dejaba de ejercer la soberanía en ese terreno.

Así pues, es un aviso de la ciudadanía al Estado. Como pudiera serlo el concepto de “congreso de ciudadanos” que comienza a manejarse con la irrupción de Newton Gingrich en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Un congreso sin privilegios especiales para los congresistas, sujetos a las mismas leyes que rigen la vida cívica de los comunes mortales. Veremos más de estas cosas, pues está en el cauce principal de la evolución política de la humanidad.

Una evolución que se despliega en la dirección de una polis planetaria, de una sociedad “global” del siglo XXI a la que parece dirigirse el “IX Plan de la Nación”, según los atisbos que ha permitido Werner Corrales, el jefe de planificación de la Presidencia de la República.

En plazo vencido o a punto de vencerse, el Ejecutivo Nacional cumplirá con lo dispuesto en la Segunda Enmienda de la Constitución de 1961, que lo obliga a presentar a las Cámaras Legislativas los lineamientos del plan quinquenal de desarrollo económico y social.

Corrales ha declarado que el plan—difícilmente denominable “de la Nación”, puesto que aún la Nación lo desconoce y no lo ha hecho ella—se organiza sobre cinco líneas principales, a saber: inserción de Venezuela en la sociedad “global” (planetaria) del siglo XXI; desarrollo de una economía productiva con justicia social; proyecto de solidaridad social; reforma crucial del proceso educativo; reforma integral del Estado que permita la consecución de los previos objetivos. Corrales ha dicho, asimismo, que el horizonte del plan excede el quinquenio y pretende alcanzar una penetración de veinte años.

A la salida pública del documento planificador comentaremos su contenido analíticamente en esta publicación. Por ahora ignoramos que puedan significar en concreto las referencias a la justicia y la solidaridad sociales. Pero pareciera auspicioso el tono audaz de los veinte años de horizonte, la intención de insertarse en una sociedad planetaria del futuro, la importancia especial que se le concede a la educación y el reconocimiento implícito a la insuficiencia de nuestro Estado de hoy.

Esa audacia es necesaria; esa audacia será bienvenida por los venezolanos, que queremos reto y acicate. Nada hay en nuestra composición de pueblo que nos prohíba entender el mundo del futuro. Venezuela tiene las posibilidades, por poner un caso, de convertirse, a la vuelta de no demasiados años, en una de las primeras democracias electrónicamente comunicadas del planeta, en una de las democracias de la Internet. En una sociedad en la que prácticamente esté conectado cada uno de sus hogares con los restantes, con las instituciones del Estado, con los aparatos de procesamiento electoral, con centros de diseminación de conocimiento.

No es imposible que en el año 2015 el venezolano promedio tenga un nivel de conocimientos equivalente a una licenciatura de estudios generales. La educación primaria garantizada estaba bien para el país de Guzmán Blanco. A comienzos del siglo XXI los venezolanos todos deberíamos disponer de una educación superior.

Carlos Alberto Granier glosó recientemente un artículo de Peter Drucker, publicado en la revista The Atlantic Monthly y que tuvo como título La Edad de la Transformación Social. El artículo-glosa de Granier llevó, a nuestro criterio, un título mucho más atractivo y explicador: La sociedad del conocimiento y nosotros.

Citamos a Granier que cita a Drucker:

El lugar del trabajador fabril está siendo tomado por un trabajador que combina habilidad física con conocimiento teórico, que Drucker denomina como «tecnólogo». Son éstos los técnicos en computación, investigadores de mercadeo, terapistas físicos, técnicos de laboratorio, técnicos de rayos X, etcétera, que constituyen las categorías laborales de mayor crecimiento en el mundo desarrollado, amenazando con convertir a los trabajadores fabriles simplemente en otro grupo de presión… A diferencia del trabajador fabril, de habilidad eminentemente manual, el trabajador intelectual requiere de una educación formal y la habilidad de adquirir y aplicar conocimientos teóricos y analíticos, en un proceso de transformación continua.

Continúan Drucker & Granier: “…el predominio de un proceso productivo intensivo en conocimiento, cuyo portador es el trabajador intelectual, tiene un enorme impacto sobre el propósito, contenido y valores del sistema educativo… el fenómeno tiene un impacto evidente sobre las políticas públicas de todos los países, al que no podremos sustraernos, a riesgo de quedar relegados a la categoría de países ignorantes, más que de país pobre… se requiere una teoría económica apropiada a una economía mundial en que el conocimiento es el recurso productivo dominante”.

Y muy, pero muy importante, dice Drucker también: “…la adquisición y distribución del conocimiento formal podría ocupar el lugar en la política… que han ocupado la adquisición y la distribución de la propiedad y el ingreso en los últimos dos o tres siglos que hemos dado en llamar la Edad del Capitalismo”.

Ese es, sin duda, un fenómeno, una metamorfosis general que debe ser comprendida para que cualquier ejercicio de planificación en Venezuela sirva para algo más que para cumplir un acto ritual de presentación al Congreso de la República. El IX Plan de la Nación tendrá que proponer, y así parece darlo a entender el ministro Corrales, respuesta programática para nuestra participación en la sociedad del conocimiento. Son éstas las cosas que esperamos encontrar en el IX Plan de la Nación cuando sea posible conocer todo su contenido.

Seguramente, por otra parte, Rafael Caldera mismo, luego de la presentación del IX Plan de la Nación a cargo de Werner Corrales, dirá también lo suyo cuando le toque dirigir al Congreso de la República su relación del primer año de su segunda gestión presidencial. Allí seguramente se referirá, además de temas tan futuristas, a la marcha más reciente del proceso venezolano. Defenderá su actuación y atacará a sus críticos; buscará emocionar a los venezolanos y convencer a los extranjeros; reiterará que se considera el guardián de la esperanza, tema que ha compartido con el mismísimo Sumo Pontífice Juan Pablo II. ¿Quién dijo miedo?

Hace poco, en su mensaje de Año Nuevo, aludió directamente al muy inmediato tema de las elecciones regionales y municipales de este año de 1995. Mantiene, pues, el pulso del momento como el más hábil táctico de los estrategas políticos venezolanos. Y ya hay quien asegura en COPEI que Eduardo Fernández ha tornado a ser calderista.

El año de 1995 no será demasiado fácil. Pero tampoco será peor que el pasado año de 1994.  Por ahora Caldera ha apagado de un golpe sus 79 velas. Ojalá pueda apagar 83 con la misma autoridad antes de entregar el mando a su sucesor. LEA

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