por Luis Enrique Alcalá | Jul 29, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Los vecinos de la urbanización caraqueña de Los Palos Grandes, reunidos en Asamblea de Ciudadanos, formularon una carta-compromiso que hicieron firmar a todos y cada uno de los aspirantes a la Alcaldía de Chacao en las próximas elecciones del 23 de noviembre. La iniciativa y el documento son, por supuesto, un acto político importante, pero también una lección de pedagogía ciudadana. En vez de resignarse al habitual rol pasivo de los electores, hicieron saber a los precandidatos que al resultar electo uno de ellos quedará sujeto al compromiso contraído y a la vigilancia y contraloría vecinal.
Ni uno solo de los pretendientes pudo sustraerse a la firma. Como es natural, está en su interés cortejar el voto de los habitantes del municipio, y haberse negado podría representarles el fracaso. Al estampar su firma, claro, no sólo procuran congraciarse con los electores, sino que quedan sujetos a un pacto que les obliga. La sociología considera que es la base de la vida social la norma tácita que recoge un adagio del Derecho Romano: pacta sunt servanda. (Los pactos deben ser cumplidos). Sin ella, sin la confianza básica que descansa en ella, serían imposibles la vida en sociedad y su progreso. Los vecinos de Los Palos Grandes, por otra parte, mostraron el tramojo a los concursantes: “Esta es una carta vinculante con lo moral, con la ética y, además de lo anterior, con su futuro político. Aquello que de aquí incumpliereis, afectará el futuro político de sus carreras”.
El documento, por tanto, es una muestra de madurez política. No puede negarse que los cambios ocurridos en los últimos diez años no son todos negativos. En particular es grandemente positiva la apertura de nuevos canales de expresión de la voluntad ciudadana, ejemplificados en los Consejos Comunales y las Asambleas de Ciudadanos. Esto corresponde a la noción jurídica inglesa de devolution: la concesión estatutaria de poderes del gobierno central de un Estado a gobiernos de los niveles regional o local. En nuestro caso, la figura de las asambleas de ciudadanos tiene rango constitucional, mientras que una ley ha creado la de los consejos comunales.
Es sabio acoger estas nuevas vías de participación popular y llenarlas de presencia ciudadana, en lugar de replegarse y declararlas sospechosas. Los habitantes de Los Palos Grandes han hecho precisamente eso, y lo han hecho para comprometer al próximo Alcalde del Municipio Chacao y fijar su responsabilidad. La Ficha Semanal #205 de doctorpolítico recoge el texto completo de la carta-compromiso firmada por los aspirantes a su alcaldía la que, como ponen sus redactores, aspira a ser reproducida por entidades similares en todo el país. Es la Carta Magna de los vecinos.
LEA
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Compromiso electoral
Señores precandidatos
a la Alcaldía de Chacao
14 de julio 2008
Compromiso de gestión de gobierno de los precandidatos a la Alcaldía de Chacao con los vecinos de Los Palos Grandes. Responsabilidad con la moral y la ética.
Estimados precandidatos a la Alcaldía de Chacao:
Bienvenidos a Los Palos Grandes.
Los tiempos de la contienda electoral dejaron de ser meras consignas vistosas, rosario de promesas entusiastas de ustedes y pasiva aceptación de ofertas por parte nuestra.
Esta comunidad de vecinos ha asumido, vigorosamente, su condición participativa y la ejerce con toda propiedad.
Es por ello que al convocarlos, más que escucharlos, queremos oigan las necesidades, aspiraciones y exigencias de esta comunidad, para que las incorporen a su gestión de gobierno cuando uno de ustedes resulte electo.
Ustedes aspiran, legítimamente, a obtener nuestros votos y con ellos el cargo.
Conviene entonces recordarles qué significa nuestro voto.
Nuestro voto incluye contraloría a su gestión. No es promesa de silencio, ni complicidad. El voto de Los Palos Grandes, no es renuncia a la crítica, sino compromiso a hacerla constructiva. Nuestro voto no implica incondicionalidad, porque si se la diéramos, ambos, alcalde y vecinos, saldríamos perjudicados como ha demostrado la historia reciente del país.
El voto que vamos a depositar el 23 de noviembre no nos compromete con ninguno de ustedes, nos compromete con nuestra comunidad, que espera de ustedes servicio, transparencia, eficiencia, probidad, inclusión y lealtad con quienes les hemos dado el mandato de dirigirnos. Nada menos que eso.
A tal fin, algunos de los vecinos que participamos en las diversas fuerzas vivas de LPG, quisimos establecer este encuentro que aspiramos sea replicado en todo el país. Presentamos a ustedes esta carta-compromiso que recoge una buena parte de las inquietudes y aspiraciones de esta comunidad y en la que su firma se constituye en un pacto con todos los vecinos a cuyo voto aspiran.
Esta es una carta vinculante con lo moral, con la ética y, además de lo anterior, con su futuro político. Aquello que de aquí incumpliereis, afectará el futuro político de sus carreras. El endoso de Chacao es emblemático.
Lo saben ustedes y lo sabemos nosotros.
Actuemos todos en consecuencia.
Lo siguiente es el trabajo de un equipo de vecinos cuyo compromiso ciudadano es de larga data, y – cuyo manejo de la problemática vecinal está fundado en el conocimiento, como reflejan los puntos expuestos:
Compromiso de los precandidatos a la Alcaldía de Chacao con los vecinos de Los Palos Grandes.
1. Respetaré la continuidad de los programas de Salud, Seguridad, Deportes, Iluminación, Juventud Prolongada, Atención a los Vecinos, Culturales, Ambientales (entre otras cosas, los relacionados con la recolección de la basura).
2. Me abocaré a la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Local – PDUL – como la herramienta de planificación que es, el cual es una deuda con el municipio y la ciudad.
3. Haré efectiva la letra de la LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, en sus disposiciones de derechos ciudadanos.
4. Promoveré e incorporaré la Designación del Representante Comunitario como se describe en el artículo 169 de la Ley Orgánica vigente.
5. Daré continuidad, con celeridad y eficiencia, a los procedimientos administrativos, en materia urbana, ya abiertos.
6. Ofreceré acompañamiento, asesoría y seguimiento a los procesos judiciales que dañen la calidad de vida de los vecinos de todo el municipio.
7. Me abocaré a eliminar la discrecionalidad de la Administración Tributaria y de Ingeniería Municipal que han fomentado el conflicto entre residentes y comerciantes, y buscaré fórmulas conjuntas que favorezcan a ambas partes y no a una sola.
8. Me comprometo a rescatar y hacer cumplir las leyes que regulan la convivencia y que fueron confiscadas por decisiones tribunalicias que han perjudicado a los vecinos.
9. La mía será una Alcaldía abierta a los vecinos. Las comisiones de trabajo tanto las promovidas por la Alcaldía así como las llevadas adelante por los vecinos, contarán con el apoyo y estimulo de todo el equipo que me acompañe.
10. Me comprometo a mantener una administración transparente y las cuentas estarán a disposición de los vecinos en todo lo relativo al presupuesto de gastos de la Alcaldía y a la ejecución de proyectos.
Si así lo hiciereis que Dios y la Patria os lo premien, si no que os lo demanden.
Liliana Hernández Carlos Vecchio Ramón Muchacho
Emilio Graterón Samantha Quintero Luis Sandoval
William Torres Guetón Rodríguez
por Luis Enrique Alcalá | Jul 17, 2008 | LEA, Política |
Durante su reciente visita a Ecuador, el presidente Chávez reiteró sus principales consignas: que es necesaria la unidad de las naciones de América Latina, y que en un mundo de imperialismo y neocolonialismo, con hegemonía capitalista estadounidense, sería preciso construir un socialismo del siglo XXI.
Tales cosas las dice en reunión con sus pares de Ecuador y Nicaragua, esto es, en una cumbre. Ha ingresado ya a su zona de olvido aquella denuncia suya de que los presidentes se la pasaban de cumbre en cumbre, mientras los pueblos pasaban de un abismo a otro.
La integración de América Latina o, menos ambiciosamente, la de América del Sur debe ser, precisamente, predicada y vendida a los pueblos latinoamericanos o suramericanos, no a sus gobernantes. Si sólo se plantea en cumbres—o como en el caso que nos ocupa, en minicumbres—otras dinámicas conspirarán para impedir la consecución de tan necesario como difícil objetivo.
Por ejemplo, ¿es un estímulo a la integración política de América del Sur el nivel de compras de armamento por parte del gobierno presidido por Chávez? En su reciente reunión con los empresarios venezolanos, Chávez remachó su intención de convertir a Venezuela en “una potencia mediana”, y en ninguna otra cosa es más evidente ese propósito que en el rearme venezolano de los últimos años. ¿Cómo pueden recibir los mandatarios de la región una invitación a reunirse con quien militariza todo lo que toca?
Tampoco puede creerse, por otra parte, en un programa de integración que venga con la condición previa de reunir regímenes socialistas, o el anunciado fin de suscitar el derrumbe del capitalismo. (Que es lo que Chávez recomienda de nuevo, ahora cuando resuella por la herida de la negativa evaluación que Barack Obama tiene de su persona política).
La imposición de una ideología, cualquiera sea ésta, a todo un continente es desproporcionadamente pretenciosa. Ni siquiera Cuba aceptaría una cosa así. Raúl Castro acaba de declarar que lo que ahora viene en su país es un “socialismo realista”, léase à la manière chinoise. Es decir, un socialismo que se convierte en capitalismo.
Una vez más, entonces, Hugo Chávez se equivoca cuando acierta. Una cosa es repudiar el Consenso de Washington, una cosa es preferir un mundo multipolar a uno que sea unipolar bajo hegemonía de los Estados Unidos o la democracia participativa sobre la meramente representativa; otra cosa muy diferente es creer que la única opción al ya viejo catecismo del Banco Mundial y a la unipolaridad es el socialismo. Hoy en día, en el actual state of the art de la política, es ésta una opción de aficionados.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 17, 2008 | Cartas, Política |
Intervenir la sociedad con la intención de moldearla involucra una responsabilidad bastante grande, una responsabilidad muy grave. Por tal razón, ¿qué justificaría la constitución de una nueva asociación política en Venezuela? ¿Qué la justificaría en cualquier parte?
Una insuficiencia de los actores políticos convencionales sería parte de la justificación si esos actores estuvieran incapacitados para cambiar lo que es necesario cambiar. Que ésta es la situación de los actores políticos tradicionales es justamente una afirmación que puede sostenerse, y acá se incluye a los viejos partidos—AD, COPEI, MAS, Causa R—tanto como a nuevos: Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo o el Partido Socialista Único de Venezuela.
Y no es que se descalifique a los actores políticos convencionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales. Se les descalifica desde la persuasión de su incapacidad para comprender los procesos políticos, de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Puede desautorizárseles, entonces, si llegamos a convencernos de su incapacidad constitucional para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio intelectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los verdaderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos, puesto que está construido sobre esquemas conceptuales obsoletos. (La ubicación en un eje izquierda-derecha, por ejemplo). Así lo revela un cuidadoso análisis de las proposiciones que surgen de los actores políticos tradicionales, como supuestas soluciones a la crítica situación nacional, situación a la vez penosa y peligrosa.
Pero junto con esa insuficiencia en la conceptualización de lo político debe anotarse un total divorcio entre lo que es el adiestramiento típico de los líderes políticos y lo que serían las capacidades necesarias para el manejo de los asuntos públicos. Por esto, no solamente se trata de entender la política de modo diferente, sino de permitir la emergencia de nuevos actores políticos que posean experiencias y conocimientos distintos.
Las organizaciones políticas que operan en el país no son canales que permitan la emergencia de los nuevos actores que se requieren. Por lo contrario, su dinámica ejerce un efecto deformante sobre la persona política, hasta el punto de imponerle una inercia conceptual, técnica y actitudinal que le hacen incompetente políticamente. Hasta ahora, por supuesto, el país no ha conocido opciones diferentes, pero, como bien sabemos, aun en esas condiciones los registros de opinión pública han detectado grandes desplazamientos en la valoración popular de los actores políticos tradicionales, la que es cada vez más negativa.
Por evidencia experimental de primera mano sabemos que los actores políticos tradicionales están conformados de modo que sus reglas de operación se oponen a los cambios requeridos en conceptos, configuraciones y acciones políticas. Por esto es que es necesaria una nueva asociación política: porque de ninguna otra manera saludable podría proveerse un canal de salida a los nuevos actores políticos.
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No basta, sin embargo, para justificar la aparición de una nueva asociación política la más contundente descalificación de las asociaciones existentes. La nueva asociación debe ser expresión ella misma de una nueva forma de entender y hacer la política y debe estar en capacidad de demostrar que sí propone soluciones que escapan a la descalificación que se ha hecho de las otras opciones. En suma, debe ser capaz de proponer soluciones reales, pertinentes y factibles a los problemas verdaderos.
No debe entenderse por esto, sin embargo, que tal asociación pretenda conocer la más correcta solución a los problemas. Tal cosa no existe y por tanto tampoco existe la persona o personas que puedan conocerla. Es ése, precisamente, el problema de definir a una organización por una ideología, que no es otra cosa que la pretensión de disponer de una panacea o solución universal. Ningún actor político que pretenda poseer la solución completa o perfecta es un actor serio.
Siendo las cosas así, lo que proponga un actor político cualquiera siempre podrá en principio ser mejorado, lo que de todas formas no necesariamente debe desembocar en el inmovilismo, ante la fundamental y eterna ignorancia de la mejor solución. (Lo perfecto es enemigo de lo bueno). Más todavía, una proposición política aceptable debe permitir ser sustituida por otra que se demuestre mejor: es decir, debe ser formulada de modo tal que la comparación de beneficios y costos entre varias proposiciones sea posible.
De este modo, una proposición deberá considerarse aceptable siempre y cuando resuelva realmente un conjunto de problemas, es decir, cuando tenga éxito en describir una secuencia de acciones concretas que vayan más allá de la mera recomendación de emplear una particular herramienta, de listar un agregado de estados deseables o de hacer explícitos los valores a partir de los cuales se rechaza el actual estado de cosas como indeseable. Pero una proposición aceptable debe ser sustituida si se da alguno de los siguientes dos casos: primero, si la proposición involucra obtener los beneficios que alcanza incurriendo en costos inaceptables o superiores a los beneficios; segundo, si a pesar de producir un beneficio neto existe otra proposición que resuelve más problemas o que resuelve los mismos problemas a un menor costo.
En ausencia de estas condiciones para su sustitución la política que se proponga puede considerarse correcta, y dependiendo de la urgencia de los problemas y de su importancia (o del tiempo de que se disponga para buscar una mejor solución) será necesario llevarla a la práctica, pues el reino político es reino de acción y no de una interminable y académica búsqueda de lo perfecto.
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Pero es importante también establecer que no constituyen razones válidas para rechazar una proposición la novedad de la misma (“esto no se ha hecho nunca”) o la presunción de resistencias a la proposición. Por lo que respecta a la primera razón debe apuntarse que una precondición de las políticas aceptables es precisamente la novedad. Respecto de la existencia de resistencias y obstáculos hay que señalar que eso es un rasgo insalvable de toda nueva proposición. El que las resistencias y los obstáculos hagan a una proposición improbable no es una descalificación válida, puesto que el trabajo del hombre es precisamente la negación de probabilidades, la consecución de cosas improbables.
Toda proposición política seria, y muy especialmente las que se pretenda emerjan por el canal de una nueva asociación política, deberá estar dispuesta a someterse a un escrutinio y a una crítica comparativa que se conduzcan con arreglo a las normas descritas más arriba. La “objetividad” política sólo se consigue a través de un proceso abierto y explícito de conjetura y refutación, pero jamás dentro de un ámbito en el que lo pautado es el silencio y el acatamiento a “líneas” establecidas por oligarquías (so pena de verse enfrentado a tribunales disciplinarios), o en el que se confunde la legitimidad política con la mera descalificación del adversario.
Las ofertas provenientes de los actores políticos tradicionales son insuficientes porque se producen dentro de una obsoleta conceptualización de lo político. En el fondo de la incompetencia de los actores políticos tradicionales está su manera de entender el negocio político. Son puntos de vista que subyacen, paradójicamente, a las distintas opciones doctrinarias en pugna. Es la sustitución de esas concepciones, por otras más acordes con la realidad de las cosas y con nuevos moldes conceptuales—la ciencia de los sistemas complejos, por ejemplo—, lo primero que es necesario, pues las políticas que se desprenden del uso de tales marcos conceptuales son políticas destinadas a aplicarse sobre un objeto que ya no está allí, sobre una sociedad que ya no existe.
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Tal vez el mito político más generalizado y penetrante sea el mito de la igualdad. Hay diferencia entre las versiones, pero en general ese mito es compartido por las cuatro principales ideologías del espectro político de la época industrial: el marxismo ortodoxo, la socialdemocracia, el social-cristianismo y el liberalismo. Sea que se postule como una condición originaria—como en el liberalismo—o que se vislumbre como utopía final—como en el marxismo—la igualdad del grupo humano es postulada como descripción básica en las ideologías de los distintos actores políticos tradicionales. El estado actual de los hombres no es ése, por supuesto, como jamás lo ha sido y nunca lo será. Tal condición de desigualdad se reconoce, pero se supone que minimizando al Estado es posible aproximarse a un mítico estado original del hombre, o, por lo contrario, se supone que la absolutización del poder del Estado como paso necesario a la construcción de la utopía igualitaria, hará posible llegar a la igualdad. (Entre estos polos procedimentales extremos se desenvuelven corrientes de postura intermedia, como la socialdemocracia y el socialcristianismo.) Entretanto, se concibe usualmente a la obvia desigualdad como organizada dicotómicamente. Así, por ejemplo, se comprende a la realidad política como si estuviese compuesta por un conjunto de los honestos y un conjunto de los corruptos, por un conjunto de los poseedores y un conjunto de los desposeídos, un conjunto de los reaccionarios y uno de los revolucionarios, etcétera.
La realidad social no es así. Tómese, para el caso, la distinción entre “honestos” y “corruptos” que parece tan crucial a la persistente y agravada problemática de corrupción administrativa. Si se piensa en la distribución real de la “honestidad”—o, menos abstractamente, en la conducta promedio de los hombres referida a un eje que va de la deshonestidad máxima a la honestidad máxima—es fácil constatar que no se trata de que existan dos grupos nítidamente distinguibles. Toda sociedad lo suficientemente grande tiende a ostentar una distribución que la ciencia estadística conoce como distribución normal de “las cualidades morales”: en esa sociedad habrá, naturalmente, pocos héroes y pocos santos, como habrá también pocos felones, y en medio de esos extremos la gran masa de personas cuya conducta se aleja tanto de la heroicidad como de la felonía.
Si no se entiende las cosas de ese modo la política pública se diseña entonces para un objeto social inexistente. Y esto es lo usual, pues nuestra legislación típica incluye un sesgo hacia una descripción angélica de los grupos humanos—la famosa “comunidad de profesores y estudiantes en busca de la verdad” de nuestra legislación universitaria, por ejemplo—o bien hacia el polo contrario de una legislación que supone la generalizada existencia de una propensión a delinquir, como es el caso de la legislación electoral o del instrumento orgánico de “salvaguarda del patrimonio público”.
Es necesario entonces que esa óptica dicotómica e igualitarista sea suplantada por un punto de vista que reconozca lo que es una distribución normal de los grupos humanos.
Por ejemplo, la distribución teóricamente “correcta” de las rentas, de adoptarse un principio meritológico, sería también la expresada por una curva de “distribución normal”, dado que en virtud de lo anteriormente anotado sobre la distribución de la heroicidad y en virtud de la distribución observable de las capacidades humanas—inteligencia, talentos especiales, facultades físicas, etc.—los esfuerzos de una sociedad adoptarán asimismo una configuración de curva normal.
Esta concepción que parece tan poco misteriosa y natural contiene, sin embargo, implicaciones muy importantes. Para comenzar, en relación con discusiones tales como la de la distribución de las riquezas, nos muestra que no hay algo intrínsecamente malo en la existencia de personas que perciban elevadas rentas, o que esto en principio se deba impedir por el solo hecho de que el resto de la población no las perciba. Por otra parte, también implica esa concepción que las operaciones factibles sobre la distribución de la renta en una sociedad tendrían como límite óptimo la de una “normalización”, en el sentido de que, si a esa distribución de la renta se la hiciera corresponder con una distribución de esfuerzos o de aportes, las características propias de los grupos humanos harían que esa distribución fuese una curva normal y no una distribución igualitaria, independientemente de si esa igualación fuese planteada hacia “arriba” o hacia “abajo”.
No es, sin embargo, la normalización de una sociedad una tarea pequeña. La actual distribución de la riqueza en Venezuela dista mucho de parecerse a una curva normal, y es importante políticamente, al igual que correspondiente a cualquier noción o valor de justicia social que se sustente, que ese estado de cosas sea modificado.
Otra conclusión, finalmente, que se desprende del concepto de sociedad normal, es que el progreso posible de una sociedad es el progreso que desplaza a la curva normal como conjunto en una dirección positiva, y no el de intentar el igualamiento de la distribución por modificación en la forma de la curva. Si bien es posible que todos progresen, los esfuerzos que lleven una intencionalidad igualitaria están condenados al fracaso por constituir operaciones tan imposibles como las de construir un móvil perpetuo. Tan imposible como hacer que una población esté compuesta por genios, es lograr que sea toda de idiotas. Tan imposible como hacer que toda sea una población de santos es obtener que sea íntegramente conformada por delincuentes, y, por tanto, en una sociedad económicamente justa, no podrá ser que todos sus habitantes sean ricos o que todos sus habitantes sean pobres.
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Son concepciones como las arriba contrastadas las que constituyen un viejo y un nuevo paradigma político. Por un lado las concepciones que se hacen cada vez más ineficaces y menos pertinentes. Por el otro las que introducen una perspectiva inusitada y en correspondencia con una visión más exacta de lo social, lo que reduce la impertinencia política, al ser concepciones más del tiempo de esta gran fase nueva de la civilización. Es importante construir lo necesario para que se dé el tránsito de uno a otro paradigma, de uno a otro concepto, de una vieja a una nueva conceptualización. Esto precisa de una nueva asociación política. Los actores políticos tradicionales, legitimados internamente por sostener alguna posición ideológica en algún “espacio” del viejo eje político de derechas e izquierdas, difícilmente pueden aceptar lo que tendrían que aceptar, que es, ni más ni menos, que de aquello que les sostiene no es posible deducir soluciones a los problemas políticos importantes. Las reglas de las organizaciones políticas tradicionales configuran un ambiente asfixiante que impide la ventilación de planteamientos que difieran de las interpretaciones consagradas. Es necesario por esto diseñar y crear una nueva asociación política, con unas normas que faciliten la emergencia y difusión de las nuevas concepciones, así como la actividad de nuevos y más competentes actores políticos individuales.
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 16, 2008 | Fichas, Política |
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Madiba cumplió noventa años el viernes de la semana pasada. Ya son muchos más los que ha cumplido en libertad que en prisión, pero el domingo 11 de febrero de 1990 salía a la calle después de veintisiete años de encierro, lo que era una ganga, si se considera que había sido condenado a confinamiento perpetuo. Ésta era la decisión del famoso Juicio de Rivonia, que le impuso pena interminable por delitos de sabotaje contra la supremacía blanca de Sudáfrica. El tiempo de cárcel puede ser muy útil al hombre indicado. Mientras estaba encerrado, Madiba estudió leyes por correspondencia con la Universidad de Londres, y ésta le tuvo nada menos que como candidato a su cargo de Canciller en 1981. Es la única elección que Madiba perdiera: la princesa Ana se alzó con el puesto.
Cuando Frederik Willem de Klerk, Primer Ministro de Sudáfrica, decidió ponerlo en libertad y permitir la actuación del Congreso Nacional Africano que Madiba fundara, el paciente prisionero declaró a su liberación: “Nuestro recurso a la lucha armada en 1960, con la formación del ala militar de Umkhonto we Swize, fue una acción puramente defensiva contra la violencia del apartheid. Los factores que hicieron necesaria la lucha armada existen todavía hoy. No tenemos otra opción que continuar. Expresamos la esperanza de que se cree pronto un clima conducente a un arreglo negociado, de forma que ya no haya más necesidad de lucha armada”.
Tres años después de esas palabras compartía el Premio Nóbel de la Paz con de Klerk, y el 27 de abril de 1994, una semana después de los treinta años justos de haberse iniciado el proceso de Rivonia, Umkhonto we Swize ganaba con 62% de los votos las primeras elecciones de sufragio universal en toda la historia de Sudáfrica y Madiba era elegido Presidente. Entonces, en vez de dirigir una vindicta de raíz centenaria, condujo un gobierno de unidad nacional del que el propio de Klerk fue el segundo al mando. (Sin duda, un modelo de magnanimidad para que se midan con él ciertos gobernantes mezquinos).
El viernes de la semana pasada, las agencias noticiosas difundían maravilladas que Madiba había aludido al problema de la pobreza en una breve alocución cumpleañera: “Hay en Sudáfrica mucha gente que es rica, y que pudiera compartir su riqueza con aquellos que no son tan afortunados para ser capaces de conquistar la pobreza”. Pero no es en absoluto nueva esta preocupación en Madiba. Con mucho más fuerza y detalle, se refirió en 1964 al problema en su alegato desde el banquillo de los acusados del Juicio de Rivonia. Son justamente las palabras finales de ese discurso, sobre la pobreza de los sudafricanos, las que se reproducen en esta Ficha Semanal #204 de doctorpolítico.
Madiba es un título honorífico que se adjudica a los sabios ancianos del clan africano de los Mandela. Pero en Sudáfrica, en verdad, hay un único Madiba: Nelson Rolihlahla Mandela.
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Cumpleaños feliz
Sudáfrica es el país más rico de África, y pudiera ser uno de los países más ricos del mundo. Pero es una tierra de contrastes extremos y notables. Los blancos disfrutan lo que muy bien puede ser el más alto estándar de vida en el mundo, mientras los africanos viven en pobreza y miseria. Cuarenta por ciento de los africanos vive hacinado en reservaciones que, en algunos casos, están golpeadas por la sequía, donde la erosión y el agotamiento del suelo les hace imposible obtener su sustento de la tierra. Treinta por ciento de ellos son operarios, inquilinos que trabajan o invasores en granjas de blancos y viven en condiciones similares a las de los siervos en la Edad Media. El otro treinta por ciento vive en poblaciones donde han podido desarrollar hábitos económicos y sociales que los acercan, en algunos aspectos, a los estándares blancos. Sin embargo, la mayoría de los africanos, incluso en este grupo, están empobrecidos por los bajos ingresos y el alto costo de la vida.
La sección mejor pagada y más próspera de la vida urbana de los africanos está en Johannesburgo. Sin embargo, su posición es en realidad desesperada. Las cifras más recientes fueron ofrecidas por el Sr. Carr, Gerente del Departamento de Asuntos No Europeos de Johannesburgo. La línea de pobreza para la familia de africanos promedio es (según el departamento del Sr. Carr) de R 42,84 por mes. Él pudo mostrar que el salario mensual promedio es de R 32,24, y que el 46% de todas las familias africanas en Johannesburgo no gana lo suficiente para vivir.
La pobreza va de la mano de la desnutrición y la enfermedad. La incidencia de la desnutrición y las enfermedades carenciales es muy alta entre los africanos. La tuberculosis, la pelagra, el Kwashiorkor, la gastroenteritis y el escorbuto traen la muerte y la destrucción de la salud. La incidencia de la mortalidad infantil es una de las más altas del mundo. De acuerdo con el Funcionario Médico de Pretoria, la tuberculosis mata cuarenta personas (casi todas africanas) al día, y en 1961 se reportó 58.941 casos nuevos. Estas enfermedades no sólo destruyen los órganos vitales del cuerpo, sino que redundan en condiciones de retardo mental y falta de iniciativa, y reducen la capacidad de concentración. Los resultados secundarios de estas condiciones afectan al conjunto de la comunidad y el estándar del trabajo prestado por los trabajadores africanos.
La queja de los africanos, no obstante, no es sólo que ellos sean pobres y los blancos ricos, sino que las leyes, que son hechas por los blancos, están diseñadas para perpetuar esta situación. Hay dos formas de salir de la pobreza. La primera es mediante la educación formal, y la segunda es que el trabajador adquiera más destreza en su trabajo y de con ella mayores salarios. Por lo que concierne a los africanos, ambas avenidas de progreso son deliberadamente entorpecidas por la legislación.
El gobierno actual ha buscado siempre impedir que los africanos busquen educación. Una de sus primeras medidas, luego de alcanzar el poder, fue la de interrumpir los subsidios para la alimentación escolar de los africanos. Muchos niños africanos que asistían a las escuelas dependían de este suplemento a su dieta. Esto fue un acto cruel.
Hay una educación obligatoria para todos los niños blancos a un costo prácticamente nulo para sus padres, sean ellos ricos o pobres. No hay facilidades similares para los niños africanos, aunque hay unos pocos que reciben tal asistencia. Los niños africanos, sin embargo, tienen que pagar más que los blancos por su escolaridad. Según cifras citadas por el Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales en su revista en 1963, aproximadamente 40% de los niños africanos entre siete y catorce años no asiste a la escuela. Para aquellos que asisten a la escuela, los estándares son grandemente diferentes de los concedidos a los niños blancos. En 1961, el gasto gubernamental per cápita para los estudiantes africanos en las escuelas públicas fue estimado en R 12,46. Para los mismos años, el gasto per cápita para los niños blancos en la Provincia del Cabo (que son los únicos datos que tengo disponibles) fue de R 144,57. Aunque no dispongo de cifras, puede sostenerse, sin duda, que los niños blancos en los que se gastó R 144,57 por cabeza provenían de hogares más ricos que los de los niños africanos en los que se gastó R 12,46 por cabeza.
También es diferente la calidad de la enseñanza. Según la Revista Educativa Bantú, sólo 5.660 niños africanos obtuvieron su certificado de educación primaria en toda Sudáfrica en 1962, y en ese año sólo 362 pasaron la matriculación. Esto es presumiblemente consistente con la política para la educación de los bantúes, de la que el actual Primer Ministro, con ocasión del debate sobre la Ley de Educación Bantú, dijo lo siguiente:
“Cuando tenga control de la educación de los nativos la reformaré, de forma que se enseñe desde la niñez a los nativos a percatarse de que la igualdad con los europeos no es para ellos… Quienes creen en la igualdad no son maestros deseables para los nativos. Cuando mi Departamento controle la educación de los nativos sabrá para qué clase de educación superior está capacitado un nativo, y si tendrá una oportunidad en su vida de usar su conocimiento”.
El otro obstáculo principal al progreso económico de los africanos es la barrera industrial de color, por la que todos los mejores puestos de la industria están reservados sólo a los blancos. Más aún, a los africanos que obtienen empleo en ocupaciones no calificadas o semicalificadas no se les permite formar sindicatos reconocidos según la Ley de Conciliación Industrial. Esto significa que las huelgas de trabajadores africanos son ilegales, y que se les niega el derecho de contratación colectiva que se permite a los mejor pagados trabajadores blancos. La discriminación de la política de sucesivos gobiernos sudafricanos hacia los trabajadores africanos es evidente en la llamada “política civilizada de trabajo”, por la que se adjudica empleos públicos no calificados y protegidos a aquellos trabajadores blancos que no son admitidos en la industria, con salarios que exceden en mucho los ingresos del empleado africano promedio en la industria.
A menudo el gobierno contesta a sus críticos diciendo que los africanos de Sudáfrica están económicamente mejor que los habitantes de otros países de África. No sé si tal cosa es verdadera, y dudo que pueda establecerse comparaciones que no tomen en cuenta los índices del costo de la vida en esos países. Pero aun si fuera cierta, en tanto atañe a la gente africana es irrelevante. Nuestra queja no es que somos pobres en comparación con la gente de otros países, sino que somos pobres en comparación con la gente blanca de nuestro propio país, y que la legislación nos impide la alteración de ese desequilibrio.
La carencia de dignidad humana experimentada por los africanos es el resultado directo de la política de la supremacía blanca. La supremacía blanca implica la inferioridad negra. Una legislación diseñada para preservar la supremacía blanca atrinchera a esta noción. En Sudáfrica, los trabajos serviles son invariablemente hechos por los africanos. Cuando se trata de cargar o limpiar algo el hombre blanco buscará que un africano lo haga por él, sea que el africano sea o no su empleado. Por esta clase de actitud, los blancos tienden a ver a los africanos como una cepa diferente. No los ven como gente que tiene sus propias familias; no se dan cuenta de que tienen emociones, que se enamoran como lo hace la gente blanca; que quieren estar con sus esposas y sus hijos como la gente blanca quiere estar con los suyos; que quieren ganar dinero suficiente para mantener adecuadamente a sus familias, para alimentarlas y enviarlas a la escuela. ¿Y cuál es el sirviente, o el jardinero o el obrero que puede esperar eso alguna vez?
Las leyes de pase, que para los africanos son la más odiosa legislación en Sudáfrica, hacen que los africanos estén sujetos a la vigilancia policial en cualquier momento. Dudo que haya un solo varón africano en Sudáfrica que no haya tenido algún roce con la policía por su pase. Cientos y miles de africanos son echados a la cárcel cada año bajo las leyes de pase. Aun peor es el hecho de que las leyes de pase mantienen separados a los esposos y conducen al colapso de la vida familiar.
La pobreza y el colapso de la vida familiar causan efectos secundarios. Los niños vagan por las calles de los barrios porque no tienen escuelas adonde ir, o dinero que les permita asistir a la escuela, o padres en casa que se aseguren de que vayan a ella, porque ambos padres (si es que hay dos) deben trabajar para mantener con vida a la familia. Esto conduce a una fractura de los estándares morales, a un aumento alarmante de la ilegitimidad, y a una violencia creciente que no sólo hace erupción en la política, sino en todas partes. La vida en los barrios es peligrosa. No hay un día que pase sin que alguien sea acuchillado o asaltado. Y la violencia se transporta de los barrios a las áreas donde viven los blancos. La gente teme caminar sola de noche por las calles. La penetración en las casas y los robos aumentan, a pesar del hecho de que a esas ofensas les es ahora imponible sentencia de muerte. Las sentencias de muerte no pueden curar la llaga pestilente.
Los africanos quieren que se les pague un salario vital. Los africanos quieren hacer los trabajos que son capaces de hacer, y no trabajos para los que el gobierno los declara capaces. Los africanos quieren que se les permita vivir donde consiguen empleo, y no ser endosados fuera de un área porque no nacieron allí. Los africanos quieren que se les permita poseer tierra en los sitios donde trabajan, y no ser obligados a vivir en casas alquiladas que nunca podrán llamar propias. Los africanos quieren ser parte de la población general, y no confinados a vivir en sus propios guetos. Los hombres africanos quieren que sus esposas y sus hijos vivan con ellos donde trabajan, y no ser forzados a una existencia nada natural en albergues para hombres. Las mujeres africanas quieren estar con sus hombres, y no quedar permanentemente como viudas en las reservaciones. Los africanos quieren que se les permita salir después de las once de la noche, y no ser confinados a sus habitaciones como si fueran niños pequeños. Los africanos quieren que se les permita viajar en su propio país y buscar trabajo donde quieren y no donde la Oficina del Trabajo les dice. Los africanos quieren una participación justa en el conjunto de Sudáfrica; quieren seguridad y una participación en la sociedad.
Por encima de todo, queremos iguales derechos políticos, porque sin ellos nuestras incapacidades serán permanentes. Sé que esto sonará revolucionario a los blancos de este país, porque la mayoría de votantes sería africana. Esto hace que el hombre blanco tema la democracia.
Pero no se puede permitir que este temor se interponga en el camino de la única solución que garantizará la armonía racial y la libertad para todos. No es verdad que el voto universal traería la dominación racial. La división política basada en el color es enteramente artificial, y cuando desaparezca terminará también la dominación de un grupo de color a manos del otro. El Congreso Nacional Africano ha invertido medio siglo en la lucha contra el racismo. No cambiará esa política cuando triunfe.
Es esto, entonces, por lo que el Congreso Nacional Africano lucha. Su lucha es verdaderamente nacional. Es una lucha del pueblo africano, inspirada por su propio sufrimiento y su propia experiencia. Es una lucha por el derecho a vivir.
Durante toda mi vida me he dedicado a esta lucha del pueblo africano. He combatido contra la dominación blanca, y he combatido contra la dominación negra. He amado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y espero lograr. Pero si fuere necesario, es un ideal por el que estoy preparado a morir.
Nelson Rolihlahla Mandela
por Luis Enrique Alcalá | Jul 15, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
El siglo XX comenzó, casi, con la muerte de la reina Victoria (22 de enero de 1901), y su primer año concluyó, casi, con el otorgamiento de los primeros Premios Nóbel (10 de diciembre de 1901, en el aniversario de la muerte de Alfredo Nóbel, quien los instituyera en testamento de 1895). Victoria fue el punto culminante del imperialismo europeo; los Premios Nóbel una magnífica institución de la civilización occidental que resalta uno de los rasgos dominantes de aquel siglo: el despliegue exponencial y asombroso de la ciencia. Informalmente, se conoce como Premio Nóbel de Economía al Premio en Ciencias Económicas instituido (1968) por el Sveriges Riksbank (el Banco Central de Suecia) en memoria de Alfredo Nóbel. Fue conferido por vez primera al año siguiente.
En el primer año del siglo XXI fue galardonado con ese premio el economista estadounidense Joseph E. Stiglitz, por su “análisis de las informaciones asimétricas en los mercados”. (Stiglitz compartió el premio con su colegas, también estadounidenses, George A. Akerlof y A. Michael Spence). En su lección como premiado en el Aula Magna de la Universidad de Estocolmo (8 de diciembre de 2001), Stiglitz explicó: “Muchos de los debates políticos de las últimas dos décadas se han centrado sobre un punto clave: la eficiencia de la economía y la relación adecuada entre el mercado y el gobierno. El argumento de Adam Smith [1776], el fundador de la economía moderna, de que los mercados libres conducían a resultados eficientes ‘como por arte de una mano invisible’, ha desempeñado un papel central en estos debates: sugería que podíamos, en gran medida, confiar en mercados sin intervención gubernamental. En el mejor de los casos, habría un rol limitado para el gobierno. El conjunto de ideas que presentaré acá ha minado la teoría de Smith y el punto de vista sobre el gobierno que descansa en ella. Han sugerido que la razón por la que la mano es invisible es que simplemente no está allí o, al menos, que si lo está es paralítica”.
Lo anterior es noción sostenida, entre otras cosas por las asimetrías de la información en los mercados—que dista de ser perfecta o transparente—, por quien fuera, además de Premio Nóbel en 2001, asesor económico del gobierno de William Clinton y nada menos que Economista Jefe y Vicepresidente Senior del Banco Mundial. Más sorprendente aún es que Stiglitz escribiera “El malestar de la globalización” (Globalization and its Discontents, 2002) para señalar como villano, precisamente, al mismísimo Banco Mundial. La Ficha Semanal #203 de doctorpolítico se compone de casi todo el prólogo—autobiográfico, tal vez egocéntrico—que Stiglitz escribió para el libro.
Pero el siglo XXI, el tercer milenio, se inició también con el primer atentado hiperterrorista de la historia. Stiglitz saca de ese horror, que empañó el año de su galardón, una sobria y constructiva moraleja: “El bárbaro atentado del 11 de septiembre ha aclarado con toda nitidez que todos compartimos un único planeta. Constituimos una comunidad global y como todas las comunidades debemos cumplir una serie de reglas para convivir. Esas reglas deben ser—y deben parecer—equitativas y justas, deben atender a los pobres y a los poderosos, y reflejar un sentimiento básico de decencia y justicia social. En el mundo de hoy, dichas reglas deben ser el desenlace de procesos democráticos; las reglas bajo las que operan las autoridades y cuerpos gubernativos deben asegurar que escuchen y respondan a los deseos y necesidades de los afectados por políticas y decisiones adoptadas en lugares distantes”.
LEA
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En el fondo un villano
En 1993 abandoné la vida académica para trabajar en el Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton. Tras años de investigación y docencia, ésa fue mi primera irrupción apreciable en la elaboración de medidas políticas y, más precisamente, en la política. De ahí pasé en 1997 al Banco Mundial, donde fui economista jefe y vicepresidente senior durante casi tres años, hasta enero de 2000. No pude haber escogido un momento más fascinante para entrar en política. Estuve en la Casa Blanca cuando Rusia emprendió la transición desde el comunismo; y en el Banco Mundial durante la crisis financiera que estalló en el Este asiático en 1997 y llegó a envolver al mundo entero. Siempre me había interesado el desarrollo económico, pero lo que vi entonces cambió radicalmente mi visión tanto de la globalización como del desarrollo. Escribo este libro porque en el Banco Mundial comprobé de primera mano el efecto devastador que la globalización puede tener sobre los países en desarrollo, y especialmente sobre los pobres en esos países. Creo que la globalización—la supresión de las barreras al libre comercio y la mayor integración de las economías nacionales—puede ser una fuerza benéfica y su potencial es el enriquecimiento de todos, particularmente los pobres; pero también creo que para que esto suceda es necesario replantearse profundamente el modo en el que la globalización ha sido gestionada, incluyendo los acuerdos comerciales internacionales que tan importante papel han desempeñado en la eliminación de esas barreras y las políticas impuestas a los países en desarrollo en el transcurso de la globalización.
En tanto que profesor, he pasado mucho tiempo investigando y reflexionando sobre las cuestiones económicas y sociales con las que tuve que lidiar durante mis siete años en Washington. Creo que es importante abordar los problemas desapasionadamente, dejar la ideología a un lado y observar los hechos antes de concluir cuál es el mejor camino. Por desgracia, pero no con sorpresa, comprobé en la Casa Blanca—primero como miembro y después como presidente del Consejo de Asesores Económicos (un panel de tres expertos nombrados por el Presidente para prestar asesoramiento económico al Ejecutivo norteamericano)—y en el Banco Mundial que a menudo se tomaban decisiones en función de criterios ideológicos y políticos. Como resultado se persistía en malas medidas, que no resolvían los problemas pero que encajaban con los intereses o creencias de las personas que mandaban. El intelectual francés Pierre Bourdieu ha escrito acerca de la necesidad de que los políticos se comporten más como estudiosos y entren en debates científicos basados en datos y hechos concretos. Lamentablemente, con frecuencia sucede lo contrario, cuando los académicos que formulan recomendaciones sobre medidas de Gobierno se politizan y empiezan a torcer la realidad para ajustarla a las ideas de las autoridades.
Si mi carrera académica no me preparó para todo lo que encontré en Washington D C., al menos me preparó profesionalmente. Antes de llegar a la Casa Blanca había dividido mi tiempo de trabajo e investigación entre la economía matemática abstracta (ayudé a desarrollar una rama de la ciencia económica que recibió desde entonces el nombre de economía de la información), y otros temas más aplicados, como la economía del sector público, el desarrollo y la política monetaria. Pasé más de veinticinco años escribiendo sobre asuntos como las quiebras, el gobierno de las corporaciones y la apertura y acceso a la información (lo que los economistas llaman “transparencia”); fueron puntos cruciales ante la crisis financiera global de 1997. También participé durante casi veinte años en decisiones sobre la transición desde las economías comunistas hacia el mercado. Mi experiencia sobre cómo manejar dichos procesos comenzó en 1980, cuando los analicé por primera vez con las autoridades de China, que daba sus primeros pasos en dirección a una economía de mercado. He sido un ferviente partidario de las políticas graduales de los chinos, que han demostrado su acierto en las ultimas dos décadas, y he criticado con energía algunas de las estrategias de reformas extremas como las “terapias de choque” que han fracasado tan rotundamente en Rusia y algunos otros países de la antigua Unión Soviética.
Mi participación en asuntos vinculados al desarrollo es anterior. Se remonta a cuando estuve en Kenia como profesor (1969-1971), pocos años después de su independencia en 1963. Parte de mi labor teórica mas relevante fue inspirada por lo que allí vi. Sabía que los desafíos de Kenia eran arduos, pero confiaba en que sería posible hacer algo para mejorar las vidas de los miles de millones de personas que, como los keniatas, viven en la extrema pobreza. La economía puede parecer una disciplina árida y esotérica, pero de hecho las buenas políticas económicas pueden cambiar la vida de esos pobres. Pienso que los gobiernos deben y pueden adoptar políticas que contribuyan al crecimiento de los países y que también procuren que dicho crecimiento se distribuya de modo equitativo. Por tocar sólo un tema, creo en las privatizaciones (digamos, vender monopolios públicos a empresas privadas) pero sólo si logran que las compañías sean más eficientes y reduzcan los precios a los consumidores. Esto es más probable que ocurra si los mercados son competitivos, lo que es una de las razones por las que apoyo vigorosas políticas de competencia.
Tanto en el Banco Mundial como en la Casa Blanca existía una estrecha relación entre las políticas que yo recomendaba en mi obra económica previa, fundamentalmente teórica, asociada en buena parte con las imperfecciones del mercado: por qué los mercados no operan a la perfección, en la forma en que suponen los modelos simplistas que presumen competencia e información perfectas. También aporté a la política mi análisis de la economía de la información, en particular las asimetrías, como las diferencias en la información entre trabajador y empleador, prestamista y prestatario, asegurador y asegurado. Tales asimetrías son generalizadas en todas las economías. Dicho análisis planteó los fundamentos de teorías más realistas sobre los mercados laborales y financieros y explicó, por ejemplo, por qué existe desempleo y por qué quienes más necesitan crédito a menudo no lo consiguen—en la jerga de los economistas: el racionamiento del crédito—. Los modelos que los economistas han empleado durante generaciones sostenían que los mercados funcionaban a la perfección—incluso negaron la existencia del paro—o bien que la única razón de la desocupación estribaba en los salarios excesivos, y sugerían el remedio obvio: bajarlos. La economía de la información, con sus mejores interpretaciones de los mercados de trabajo, capital y bienes, permitió la construcción de modelos macroeconómicos que aportaron enfoques más profundos sobre el paro, y dieron cuenta de las fluctuaciones, recesiones y depresiones que caracterizaron al capitalismo desde sus albores. Estas teorías ofrecen claros corolarios políticos—algunos de los cuales son evidentes para casi todos los que conocen el mundo real—como que la subida de los tipos de interés hasta niveles exorbitantes arrastra a la quiebra a las empresas sumamente endeudadas, y que ello es malo para la economía. Aunque me parecían innegables, esas prescripciones políticas eran contrarias a las que el Fondo Monetario Internacional solía insistir en recomendar.
Las políticas del FMI, basadas en parte en el anticuado supuesto de que los mercados generaban por sí mismos resultados eficientes, bloqueaban las intervenciones deseables de los Gobiernos en los mercados, medidas que pueden guiar el crecimiento y mejorar la situación de todos. Lo que centra, pues, muchas de las disputas que describo en las páginas siguientes son las ideas y las concepciones sobre el papel del Estado derivadas de las mismas.
Aunque tales ideas han cumplido un papel relevante en el delineamiento de prescripciones políticas—acerca del desarrollo, el manejo de las crisis, y la transición—también son claves de mi pensamiento sobre la reforma de las instituciones internacionales que supuestamente deben orientar el desarrollo, administrar las crisis y facilitar las transiciones económicas. Mi estudio sobre la información hizo que prestara especial atención a las consecuencias de la falta de información; me alegró apreciar el énfasis en la transparencia durante la crisis financiera global de 1997-1998, pero no la hipocresía de instituciones como el FMI o el Tesoro de los EEUU, que la subrayaron en el Este asiático cuando ellos eran de lo menos transparente que he encontrado en mi vida pública. Por eso en la discusión de las reformas destaco la necesidad de una mayor transparencia, la mejora de la información que los ciudadanos tienen sobre esas instituciones, que permita que los afectados por las políticas tengan más que decir en su formulación. El análisis sobre la información en las instituciones políticas surgió de modo bastante natural de mi trabajo previo sobre la información en economía.
Uno de los aspectos estimulantes de acudir a Washington fue la oportunidad no sólo de entender mejor cómo funciona el Estado sino también de contrastar alguna de las perspectivas derivadas de mi investigación. Por ejemplo, en tanto que presidente del Consejo de Asesores Económicos de Clinton, traté de fraguar una filosofía y una política económicas que vieran a la Administración y a los mercados como complementarios, como socios, y que reconocieran que si los mercados son el centro de la economía, el Estado ha de cumplir un papel importante, aunque limitado. Yo había estudiado los fallos tanto del mercado como del Estado, y no era tan ingenuo como para fantasear con que el Estado podía remediar todos los fallos del mercado, ni tan bobo como para creer que los mercados resolvían por sí mismos todos los problemas sociales. La desigualdad, el paro, la contaminación: en estos campos el Estado debía asumir un papel importante. Trabajé en la iniciativa de “reinventar la Administración”: hacer al Estado más eficiente y sensible; había visto cuándo el Estado no era ninguna de las dos cosas y sabía que las reformas eran difíciles, pero también que, por modestas que parecieran, eran posibles. Cuando pasé al Banco Mundial esperaba aportar esta visión equilibrada, y las lecciones aprendidas, a los muchos más arduos problemas del mundo desarrollado.
En la Administración de Clinton disfruté del debate político, gané algunas batallas y perdí otras. Como miembro del gabinete del Presidente, estaba en una buena posición no sólo para observar los debates y sus desenlaces, sino también para participar en ellos, especialmente en áreas relativas a la economía, Sabía que las ideas cuentan pero también cuenta la política, y una de mis labores fue persuadir a otros de que lo que yo recomendaba era económica pero también políticamente acertado. En la esfera internacional, en cambio, descubrí que ninguna de esas dos dimensiones prevalecía en la formulación de políticas, especialmente en el Fondo Monetario Internacional. Las decisiones eran adoptadas sobre la base de una curiosa mezcla de ideología y mala economía, un dogma que en ocasiones parecía apenas velar intereses creados. Cuando la crisis golpeó, el FMI prescribió soluciones viejas, inadecuadas aunque “estándares”, sin considerar los efectos que ejercerían sobre los pueblos de los países a los que se aconsejaba aplicarlas. Rara vez vi predicciones sobre qué harían las políticas con la pobreza; rara vez vi discusiones y análisis cuidadosos sobre las consecuencias de políticas alternativas: solo había una receta y no se buscaba otras opiniones. La discusión abierta y franca era desanimada: no había lugar para ella. La ideología orientaba la prescripción política y se esperaba que los países siguieran los criterios del FMI sin rechistar.
Esas actitudes me provocaban rechazo; no sólo porque sus resultados eran mediocres, sino también por su carácter antidemocrático. En nuestra vida personal jamás seguiríamos ciegamente unas ideas sin buscar un consejo alternativo, y sin embargo a países de todo el mundo se les instruía para que hicieran exactamente eso. Los problemas de las naciones en desarrollo son complejos, y el FMI es con frecuencia llamado en las situaciones más extremas, cuando un país se sume en una crisis. Pero sus recetas fallaron tantas veces como tuvieron éxito, o más. Las políticas de ajuste estructural del FMI—diseñadas para ayudar a un país a ajustarse ante crisis y desequilibrios más permanentes—produjeron hambre y disturbios en muchos lugares, e incluso cuando los resultados no fueron tan deplorables y consiguieron a duras penas algo de crecimiento durante un tiempo, muchas veces los beneficios se repartieron desproporcionadamente a favor de los más pudientes, mientras que los más pobres en ocasiones se hundían aún mas en la miseria. Pero lo que más me asombraba era que dichas políticas no fueran puestas en cuestión por los que mandaban en el FMI, por los que adoptaban las decisiones clave; con frecuencia lo hacían en los países en desarrollo, pero era tal su temor a perder la financiación del FMI, y con ella otras fuentes financieras, que las dudas eran articuladas con gran cautela—o no lo eran en absoluto—y en cualquier caso sólo en privado. Aunque nadie estaba satisfecho con el sufrimiento que acompañaba a los programas del FMI, dentro del Fondo simplemente se suponía que todo el dolor provocado era parte necesaria de algo que los países debían experimentar para llegar a ser una exitosa economía de mercado, y que las medidas lograrían de hecho mitigar el sufrimiento de los países a largo plazo.
Algún dolor era indudablemente necesario, pero a mi juicio el padecido por los países en desarrollo en el proceso de globalización y desarrollo orientado por el FMI y las organizaciones económicas internacionales fue muy superior al necesario. La reacción contra la globalización obtiene su fuerza no sólo de los perjuicios ocasionados a los países en desarrollo por las políticas guiadas por la ideología, sino también por las desigualdades del sistema comercial mundial. En la actualidad—aparte de aquellos con intereses espurios que se benefician con el cierre de las puertas ante los bienes producidos por los países pobres—son pocos los que defienden la hipocresía de pretender ayudar a los países subdesarrollados obligándolos a abrir sus mercados a los bienes de los países industrializados más adelantados y al mismo tiempo protegiendo los mercados de éstos: esto hace a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres… y cada vez más enfadados.
Joseph E. Stiglitz
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