por Luis Enrique Alcalá | Jul 10, 2008 | LEA, Política |
Impeacheney. The action of charging the holder of the Office of Vicepresident of the United States with misconduct. (El acto de acusar al titular del Oficio de Vicepresidente de los Estados Unidos de conducta indebida). No es probable que la anterior definición aparezca, en años futuros, en el Diccionario Webster del idioma inglés porque prosperasen los presentes amagos de acusación formal de Dick Cheney por abusos diversos de su cargo. El año pasado, el representante Robert Wexler (demócrata por Florida), quien copreside la campaña de Barack Obama en su estado, intentó introducir una resolución de impeachment contra Cheney, y acaba de sumar su apoyo a la introducida por Dennis Kucinich (representante demócrata por Ohio) contra el propio presidente Bush esta semana. Entre los treinta y cinco cargos enumerados en la moción de Kucinich, figura prominentemente el Artículo II: “Falsa y sistemáticamente, y con intención criminal, mezclar los ataques del 11 de septiembre de 2001 con una representación tergiversada de Irak como amenaza de seguridad, como parte de una justificación fraudulenta de una guerra de agresión”.
Por su lado, la senadora demócrata Bárbara Boxer (California), quien preside el comité senatorial del Ambiente y las Obras Públicas, se propone recabar, judicialmente si es necesario, información pertinente al alegato de Jason Burnett, antiguo funcionario de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Según supo primeramente por carta de Burnett del 6 de julio, la oficina del vicepresidente Cheney había presionado por la supresión de más de seis páginas en el testimonio preparado por la jefa del Centro de Control de Enfermedades y Prevención, que detallaban las consecuencias del calentamiento global sobre la salud de la gente. Esto es, Dick Cheney, en su destacado rol de cabildero de corporaciones petroleras, procuró que se dejara al pueblo norteamericano en la ignorancia de los efectos de los gases de invernadero sobre la salud general. Ese testimonio, fuertemente editado, fue presentado al Senado estadounidense. La senadora Boxer declaró: “Este encubrimiento está siendo dirigido desde la Casa Blanca y la oficina del Vicepresidente”.
A pesar de tales enormidades, no es probable que los intentos de impeachment contra ninguno de los dos personajes prosperen. (Para destituir de su cargo a algún funcionario impeachable, la Cámara de Representantes debe aprobar la moción, que iría al Senado para una convicción que requiere una mayoría calificada de las dos terceras partes).
El propio Barack Obama no está de acuerdo con la iniciativa. El año pasado declaró: “Creo que si comenzamos los procedimientos de acusación seremos tragados por la política que ha hecho que Washington funcione mal. Una vez más, en lugar de atender los asuntos de la gente, nos ocuparíamos en un circo incesante de ojo por ojo, de mutua retaliación”. Pareciera a primera vista, sin embargo, que son “asuntos de la gente” el enorme gasto de la guerra de Irak que sale de los bolsillos de los contribuyentes y los efectos nocivos a la salud del calentamiento global, que la Administración Bush ha desconocido de modo contumaz.
Pero la política convencional es la política que tenemos, y Obama, que ha prometido cambio, bien pudiera convertirse en decepción. Por eso no se escuchará el grito de “iImpeach Cheney!” y menos aún se formará en inglés el vocablo imbushment.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 10, 2008 | Cartas, Política |
La tercera acepción del término “político” en el Diccionario de la Real Academia Española lo hace equivaler a los adjetivos “cortés” y “urbano”. La cuarta es definida así: “Cortés con frialdad y reserva, cuando se esperaba afecto”. En femenino, y operando como sustantivo, la décima acepción es “Cortesía y buen modo de portarse”.
Ése es el sentido en el que decimos “Fulano es muy político”, queriendo significar que Fulano no dice cosas imprudentes en momentos comprometedores de una conversación. Fulano siempre encuentra manera de eludir definiciones incómodas y de pronunciar alguna frase que agrade a sus interlocutores.
Ese significado de la palabra “político” es muy apropiado. La conducta que describe es comúnmente recomendada en la práctica cotidiana de la política, y no sólo en países que hablan castellano. En los de habla inglesa se hicieron populares, a partir de los años setenta, las expresiones “políticamente correcto” y “políticamente incorrecto” para aludir a quienes se comportan o no de modo “político”. Niall Ferguson nos decía anteayer (Ficha Semanal #202 de doctorpolítico), refiriéndose a versos de Rudyard Kipling: “Nadie se atrevería hoy a usar un lenguaje tan políticamente incorrecto”, a pesar de que, en su estimación, Kipling pronosticaba algo que llegaría a ser verdadero.
Hay una oposición, por consiguiente, entre ser “político” y la verdad. En julio de 1972 Yehezkel Dror ofrecía acá en Caracas, según los casos, recomendaciones contradictorias: “Si quieres ser eficaz es necesaria la transparencia de los valores; si pretendes mantener el consenso será mejor que los valores sean opacos”. Así, la eficacia, que precisamente debiera ser el valor supremo de la política, frecuentemente es supeditada a la necesidad de guardar la armonía, y se prefiere políticas mediocres con tal de no alborotar un avispero de opiniones disímiles. Los “consensos-país” son ciertamente formulaciones con las que es muy difícil estar en desacuerdo, puesto que escasamente proponen cosas tan generales que en realidad significan poco.
………
Quien escribe ha recibido, bastante más de una vez, consejos de que debe ser más “político”. La última vez que esto fuera explícito se dio el sábado 24 de noviembre del año pasado. Entonces escuché la opinión de que escribía, de cuando en cuando, juicios lapidarios; “al estilo de Robespierre”, se me dijo. Algo de justo debe haber en ese reclamo, pues lo he escuchado con variantes en otras ocasiones. En 1995 llamó a la casa un querido amigo a decir que estaba muy contento, pues uno de sus políticos favoritos me había elogiado. Añadió prontamente, sin embargo, que la misma persona se había quejado de que yo sería “una roca inamovible”, con la que era muy difícil o imposible negociar o transar.
De ser cierto esto último, el suscrito estaría impedido de cumplir un papel político, puesto que el paradigma prevaleciente, sobre su verdadero rostro de política del poder (Realpolitik) lleva el antifaz de la conciliación de intereses. En efecto, se busca el poder a toda costa, por medios no siempre santos, para emplearlo luego en la concertación de intereses habitualmente opuestos en el seno de una sociedad. La mayoría de las veces se sacrifica la verdad en esa búsqueda del acuerdo. (El “gran acuerdo nacional”, la “concertación”, el “pacto social”, el “consenso-país”). Los mejores pactos, sin duda, como el de Punto Fijo o los de la Moncloa, son los más francos.
………
No hay duda de que la realidad política, aquí y en todas partes del mundo, incluye el forcejeo y el regateo, la negociación y la transacción. Lo que es innecesario es la transacción de los principios o de la verdad. No es necesario mentir para ser un buen negociador.
Pero, se dirá, el problema no es mentir, sino que hay ciertas verdades que no deben ser dichas. Esto es rigurosamente cierto. Tampoco es necesario decir toda la verdad. Convertir el compromiso con la verdad en el prurito de revelarla toda, sin mirar a las consecuencias, no es sabio. Los humanos somos seres sensibles, y somos particularmente sensitivos a la crítica. Si escuchamos que alguien nos censura, no sentiremos simpatía por él. De hecho, aun cuando lo que sea criticado sean nuestras ideas, normalmente tomamos el asunto como si se tratara de algo personal. (“No hay nada tan humillante como una derrota intelectual”. Estudio Especial #1 de doctorpolítico, 26 de junio de 2008). Y la política viene de polis, que en griego significa “muchos”; no es posible ejercerla en soledad. El poeta político que fuera Andrés Eloy Blanco ya ponía en Coloquio bajo la palma (Canto a los hijos):
Por eso quiero, hijo mío,
que te des a tus hermanos,
que para su bien pelees
y nunca te estés aislado;
bruto y amado del mundo
te prefiero a solo y sabio.
A Dios que me dé tormentos,
a Dios que me dé quebrantos,
pero que no me dé un hijo
de corazón solitario.
El asunto es, sin embargo, como lo pone Dror, que para ser eficaces es necesario decir las cosas claras. Es la principal responsabilidad del político, sobremanera si ejerce una función pública, la de encontrar y aplicar los tratamientos más eficaces, entre los disponibles, para la solución de los problemas públicos, y la mentira nunca es una solución. Se puede ser enfermizo, por supuesto, cuando el compromiso con la verdad pasa a ser una pasión, o cuando se la presenta de modo insultante. En esta patología descuella, evidentemente, nuestro actual Presidente. No siempre dice la verdad, por supuesto, pero usualmente es agresivo aun cuando la pronuncia.
Hay, de todos modos, la patología inversa. Cuando un actor determinado se esfuerza por caer bien en toda circunstancia, puede llegar a una situación en la que haya perdido toda credibilidad. Hace unos años, un importante político nacional confiaba a quien escribe lo que sería su principal problema: “Me han dicho que soy el único político venezolano que es a la vez de los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes”. Quien fuera su mano derecha por mucho tiempo, decía de él por esa época: “Si algún día llegare a ser Presidente, Miraflores no tendría espacio para recibir a quienes pudieran jurar que les ha prometido un ministerio”.
De modo, pues, que en esta cuestión debe encontrarse un punto medio. La eficacia que se busca a través de la verdad puede ser destruida en un santiamén por una frase imprudente o injusta, tanto como puede ser anulada en postura ecléctica, excesivamente “política”. No hay ninguna necesidad de andar por la vida sin otra cosa que hacer que enderezar entuertos a punta de agresiones muy sinceras, pero tampoco es una virtud decir que sí a todo, por el temor de negar lo que debe ser negado.
………
Las críticas a personas “políticamente incorrectas”, por otra parte, son muchas veces asimétricas, dependiendo de quien sea la persona política a quien aquéllas ataquen. Los mismos que rechazan la crítica a algún copartícipe de nuestra tendencia, montan una fiesta cuando las más gruesas invectivas son dirigidas al oponente. Es como si éste hubiera dejado de ser gente, tan de carne y hueso como nosotros, tan susceptible a la censura como nosotros mismos.
La cosa no es fácil. Por más empeño que pongamos en una política clínica, es innegable que se combate con acritud contra los adversarios. (En especial si se lidia con un contendiente, como Chávez, que es él mismo agresivo en grado sumo). No obstante, es posible disciplinarse a este respecto. Una regla útil es procurar la descalificación del contrario, no por su negatividad, sino por la insuficiencia de su positividad. A fin de cuentas, lo que interesa a los ciudadanos es la solución de los problemas públicos, antes que el descrédito de algún actor concreto. Siendo esto así, lo que más importaría a un trámite político responsable es mostrar que nuestro oponente propone políticas ineficaces o insuficientes.
¿Es tal disciplina posible? Hace casi cinco años se escribía acá (Carta Semanal #51, del 28 de agosto de 2003) lo siguiente: “…el boxeo, deporte de la lucha física violenta, fue objeto de una reglamentación transformadora con la introducción de las reglas del Marqués de Queensberry. Así se transformó de un deporte ‘salvaje’ en uno más ‘civilizado’, en el que no toda clase de ataque está permitida”. Si esto fue posible a los boxeadores, ¿por qué no lo sería a los políticos?
Pues porque tal cosa no es necesariamente tan valorada como una actitud más combativa, especialmente en una cultura que exalta a los peleadores—olímpicamente destacamos, desde hace tiempo, en tiro, esgrima, boxeo, judo y tae kwon do, siendo una notable excepción a esta tendencia la del querido nadador Rafael Vidal—, o cuando la representación del electorado es el vehículo de su propia ira. En junio de 1986 completó el suscrito un trabajo que llamó Dictamen, su primer ejercicio de política clínica o medicina política. En su introducción se lee:
…los pueblos esperan, primero, que sus gobernantes aprendan y entiendan, que sus gobernantes resincronicen y favorezcan los cambios. A menos que sus gobernantes decidan no cambiar, y entonces también todo el pueblo se pasa, por un trágico momento, al bando de la ‘política realista’. También le ocurre a los pueblos que en ocasiones se sienten moralmente obligados a ganar por todos los medios.
Trece meses después, Eduardo Fernández diría en sesión solemne del Congreso de la República: “El pueblo está bravo”. En 1989 esto se supo con el “Caracazo”, y un pueblo bravo eligió a Hugo Chávez, cuya ira se hizo evidente antes en una madrugada de febrero.
………
El pueblo está ahora, sin embargo, cansado de la animosidad política, empezando por la del Presidente de la República, indudablemente la más cargada y virulenta de las que haya visto Venezuela en toda su historia. Pero Chávez no inventó la Realpolitik, ni la noción de que la política es combate. En famoso discurso decía Rafael Caldera, uno de nuestros presidentes de mejor costumbre: “…porque no estoy en las alturas del poder, sino en las arenas de la lucha política”. Si se le ocurría a algún periodista solicitar a Carlos Andrés Pérez o Jaime Lusinchi que se definieran, cualquiera de los dos (así lo hicieron más de una vez) contestaría: “Yo lo que soy, ante todo, es un luchador político”. Y los militantes del Movimiento Electoral del Pueblo debieron inventar un saludo estatutario. No podían decirse entre sí, como antes, “compañeros”, ya que acababan de separarse de Acción Democrática y así se saludaban los adecos, ni tampoco podían decirse “camaradas”, puesto que tal es el saludo por antonomasia de los comunistas, así que decidieron llamarse oficialmente combatientes. Más recientemente, reportaba El Universal el 31 de mayo de este año: “Daniel Santolo, Secretario General de esta tolda [Causa R] afirmó que el respaldo a Leopoldo López está motivado por su condición de luchador social…”, y la misma nota traía el abundamiento de Andrés Velásquez, quien señalaba: “el apoyo a López está estrechamente ligado a la lucha por defender nuestra Constitución y nuestros derechos políticos, democráticos…” En el sitio web de Un Nuevo Tiempo se leía el lunes de esta semana en su primera reseña: “Las mujeres siguen en la lucha en las parroquias…” Y en un folleto de Carlos Ocariz—por quien el suscrito votará para la Alcaldía del Municipio Sucre, justamente por su valentía al decir cosas “políticamente incorrectas”, como que en octubre de 2004 había perdido las elecciones por abstención opositora y no por fraude gobiernista—se encuentra la siguiente primera definición: “Como incansable luchador por las justas reivindicaciones de la gente…”
Chávez, por supuesto, ha llevado este paradigma bastante más allá, casi hasta sus últimas consecuencias. (En verdad, el chavoma es una dolencia más bien leve, si se le compara con el hitleroma o el fideloma). En este campo, Chávez no obedece a la urbanidad con la que habitualmente combaten y se agreden políticos más convencionales; no come con cubiertos. Y, naturalmente, tiene formación profesional beligerante.
………
El paradigma descrito no es fácil de superar. A la larga, sólo puede ser la presión de los electores lo que induzca el cambio paradigmático que instaure una exigencia clínica: que la política sólo se justifica si logra resolver los problemas de carácter público. Mientras esto no ocurra, mientras el pueblo no tome conciencia de que puede imponer ese concepto, la tentación de ser “político” es difícil de rechazar. Habrá cosas “que no se dicen”.
Posiblemente fuera la primera reconvención que el suscrito recibiera a este respecto una llamada telefónica a mediados de 1986, rememorada en el #224 de esta publicación, del 8 de febrero del año pasado: “Había escrito sobre tema político unas ‘memorias prematuras’, en las que hacía mención detallada de algunos intercambios con personas concretas y conocidas. Se me dijo que esto no era de buena educación. Recuerdo haberme defendido al apuntar que Manuel Antonio Carreño, autor del famoso ‘Manual de urbanidad y buenas costumbres’, señalaba como del todo incivil y grosero que la gente entrara al interior de las casas montada en sus caballerías. Los corceles debían llegar solamente al patio, donde serían amarrados. Pero salvaba que en casos de emergencia los médicos podían llegar a caballo hasta el comedor. Así, dije a mi amable crítico, creo que estamos en emergencia, y en lo político médico soy”. Cuando una sociedad padece grave dolencia política, el escrúpulo de urbanidad debe dejar paso a la verdad, lo que no desdice de un comportamiento médico.
De hecho, en 1995 me preocupé de componer, y luego jurar, un código “hipocrático” para la política. La segunda de sus estipulaciones dice: “Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas y lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros”.
Pero un tal compromiso crítico debe ser asumido sin arrogancia. Quien critica debe estar él mismo abierto a la crítica. La quinta estipulación del código aludido es: “Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando éstos se debiesen a mi negligencia”. Y la séptima dice: “No dejaré de aprender lo que sea necesario para el mejor ejercicio del arte de la Política, y no pretenderé jamás que lo conozco completo y que no hay asuntos en los que otras opiniones sean más calificadas que las mías”. La octava exige: “Reconoceré según mi conocimiento y en todo momento la precedencia de aquellos que hayan interpretado antes que yo o hayan recomendado antes que yo aquello que yo ofrezca como interpretación o recomendación, y estaré agradecido a aquellos que me enseñen del arte de la Política y procuraré corresponderles del mismo modo”.
Debo admitir que esa práctica es exigente, y que tiende a traer costosas consecuencias a la vida personal de quien ose seguirla, aunque también puedo decir que no son intolerables. De resto, la crítica política que con frecuencia se encuentra en estas páginas es el ejercicio de una responsabilidad. No podría edulcorar mis evaluaciones, presentando inexactas lecturas al lector, porque una más cruda pero fiel interpretación me cause problemas. Podría simular que los recibo con alguna indiferencia.
Una vez me fue de ayuda leer a Cristopher Hodgkinson en The Philosophy of Leadership:
La indiferencia debe entenderse acá, naturalmente, en un sentido especial. No es que al líder no le importe. Al líder le importan y tienen que importarle los resultados, especialmente aquellos resultados humanos y organizacionales en los que tiene responsabilidad plena o parcial. A lo que, en razón del honor, debe ser indiferente es a los resultados de las acciones en tanto le afecten personalmente. Suponiendo que su curso de acción sea correcto, que ha descubierto cuál es su deber y cumplido con él, lo que es entonces un asunto de indiferencia, de despreocupación, es su propio éxito o fracaso. Ése es el ideal. Su propio ego debe dejar de importar, tiene que ser eliminado de la ecuación de las variables organizacionales. Tiene que ser trascendido. Y aunque esto pueda parecer escandalosamente idealista, esa praxis es también posible.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 8, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Niall Ferguson (Glasgow, 1964) ha sido llamado por The Times londinense “el más brillante historiador británico de su generación”. Es esta evaluación la que aparece al pie de su nombre, como lema heráldico, en la edición de bolsillo que hiciera Penguin Books (2004) de su libro “Imperio: cómo Inglaterra hizo el mundo moderno”. En todo caso, Ferguson escribe con gran amenidad, y revela la erudición con la que acomete sus temas en una profusa provisión de citas y documentos curiosos e interesantes.
Al comienzo de la introducción de ese libro Ferguson dice: “Cómo es que un archipiélago de islas lluviosas a las afueras de la costa nor-occidental de Europa llegó a gobernar el mundo, es una de las cuestiones fundamentales no sólo de la historia británica, sino de la del mundo”. Y luego añade: “La segunda y quizás más difícil cuestión es, simplemente, si el Imperio fue una cosa buena o mala”. La respuesta que Ferguson dará se pronuncia del lado positivo, no sin reconocer lo siguiente: “Hoy día es bastante convencional pensar que, a fin de cuentas, fue una mala cosa. Probablemente la razón principal de que el Imperio cayese en descrédito fue su involucración en el tráfico atlántico de esclavos y en la esclavitud misma”. Así cierra la introducción: “Para bien o para mal… el mundo que conocemos hoy es en gran medida el producto de la era británica del Imperio. El asunto no es si el imperialismo británico no tuvo manchas. Las tuvo. El asunto es si pudo haber un camino menos sangriento hacia la modernidad”.
Ferguson cree que en teoría esto era posible, aunque no en la práctica. Es una postura extraña en quien ha abogado por un “contrafactualismo histórico” y sostiene que no hay leyes históricas inexorables y que es la acción de los hombres concretos lo que determina la trayectoria humana.
La Ficha Semanal #202 de doctorpolítico contiene el fragmento final de la obra, el cierre de su capítulo de conclusiones. En éste hace, primeramente, un balance que arroja saldo positivo para el Imperio Británico: “…el Imperio del siglo diecinueve indudablemente fue pionero del libre comercio, los movimientos libres de capital y, con la abolición de la esclavitud, del libre trabajo. Invirtió inmensas sumas en el desarrollo de una red global de modernas comunicaciones. Esparció y defendió el imperio de la ley en vastas áreas. Y aunque peleó muchas guerras menores, el Imperio mantuvo una paz global sin parangón antes o después”.
Pero luego admite Ferguson que los Estados Unidos son, en efecto, una nación tan imperial como la inglesa. Le da, por tanto, la razón a Hugo Chávez en este punto. Y eso que Ferguson aprobó abiertamente a George W. Bush y su invasión de Irak. Claro, a Ferguson le gustan los imperios de bandera anglosajona. Lo evidencia su imperioso lenguaje.
LEA
…
Gringo imperator
¿Qué lecciones pudieran aprender los Estados Unidos de la experiencia imperial británica? Una obvia es que la más exitosa economía del mundo—como Inglaterra fue durante la mayor parte de los siglos dieciocho y diecinueve—puede hacer mucho por imponer sus valores preferidos sobre sociedades menos avanzadas tecnológicamente. Es realmente sorprendente que Gran Bretaña fue capaz de gobernar tanto del mundo sin requerir un presupuesto de defensa especialmente grande. Para ser precisos, el gasto británico de defensa fue en promedio poco más de 3 por ciento de su producto nacional neto entre 1870 y 1913, y fue menor aún por el resto del siglo diecinueve.
Era dinero bien gastado. Sin duda es cierto que, en teoría, unos mercados internacionales abiertos hubieran sido preferibles al imperialismo pero, en la práctica, el libre comercio global ni estaba ni está ocurriendo. El Imperio Británico lo imponía.
En comparación, los Estados Unidos de hoy son inmensamente más ricos en relación con el resto del mundo que lo que alguna vez fuera Inglaterra. En 1913, la cuota de Inglaterra del producto total del mundo era de 8 por ciento; la cifra equivalente para los Estados Unidos era de 22 por ciento en 1998. No puede pretenderse que, al menos en términos fiscales, el costo de expandir el Imperio Americano llegaría a ser prohibitivo, aun cuando significase muchas guerras pequeñas como la de Afganistán. En 2000, el gasto de defensa estadounidense era de algo por debajo de 3 por ciento del producto nacional bruto, comparado con un promedio de 6,8 por ciento para los años 1948-98. Aun después de grandes recortes en el gasto militar, los Estados Unidos son todavía la única superpotencia del mundo, con una capacidad financiera y militar-tecnológica que no tiene rival. Su presupuesto de defensa es catorce veces el de China y veintidós veces el de Rusia. Inglaterra jamás disfrutó una ventaja tal sobre sus rivales imperiales.
La hipótesis, en otras palabras, es la de un paso en dirección de una globalización política, con un desplazamiento de los Estados Unidos de un imperio informal a uno formal, como una vez lo hiciera la Inglaterra victoriana. Esto es lo que ciertamente es de esperar si en verdad la historia se repite. Aunque su imperialismo no fue totalmente inconsciente, Inglaterra no se había propuesto gobernar una cuarta parte de la superficie terrestre. Como hemos visto, su imperio comenzó como una serie de bases costeras y esferas de influencia informales, en mucho como el “imperio” americano después de 1945. Pero las amenazas reales y percibidas a sus intereses comerciales tentaron constantemente a los británicos a progresar del imperialismo informal al formal. Fue así como tanto del mapamundi llegara a colorearse con el rojo imperial.
Nadie podría negar la extensión del imperio americano informal—el imperio de las corporaciones multinacionales, de las películas de Hollywood e, incluso, el de los evangelistas de televisión. ¿Es esto algo muy distinto del incipiente imperio británico de compañías comerciales monopolistas y misioneros? Tampoco es una coincidencia que un mapa que muestra las principales bases militares de los EEUU en el mundo se parezca notablemente a un mapa de las estaciones de aprovisionamiento de carbón de la Marina Real de hace cien años. Incluso la política exterior americana reciente recuerda la diplomacia de cañoneras del Imperio Británico en su apogeo victoriano, cuando algún pequeño problema en la periferia podía ser resuelto con un breve y aguzado “golpe quirúrgico”. La única diferencia es que las cañoneras de hoy vuelan.
Sin embargo, en tres aspectos el proceso de “anglobalización” es hoy en día fundamentalmente diferente. Desde una inspección más cercana, las fortalezas de América pueden no ser las fortalezas de un hegemón imperial nato. Por una parte, el poderío imperial británico dependía de la exportación masiva de capitales y gente. Pero desde 1972 la economía americana ha sido importadora neta de capital (a razón de 5 por ciento del producto doméstico bruto en 2002), y sigue siendo el destino favorito de inmigrantes de todo el mundo, no un productor de posibles emigrantes coloniales. En su apogeo, Inglaterra fue capaz de girar sobre una cultura de desvergonzado imperialismo que se remontaba al Periodo Isabelino, mientras que los EEUU—nacidos no de una guerra contra la esclavitud, como el Sr. Blair parecía sugerir en una conferencia, sino de una guerra contra el Imperio Británico—siempre será gobernante de otros pueblos a regañadientes. Desde la intervención de Woodrow Wilson para restaurar al gobierno electo en México en 1913, el enfoque americano ha sido, demasiado a menudo, disparar algunos proyectiles, penetrar marchando, celebrar elecciones y luego irse al diablo… hasta la próxima crisis. Haití es un ejemplo reciente; Kosovo otro. Afganistán pudiera ser el próximo, o quizás Irak.
En 1899, Rudyard Kipling, el poeta más grande del Imperio, dirigió una poderosa petición a los Estados Unidos para que asumieran sus responsabilidades imperiales:
Asuman la Carga del Hombre Blanco—
Envíen los mejores de su cría—
Comprometan a sus hijos en exilio
A servir la necesidad de sus cautivos;
A atender con arnés pesado
Pueblos que aletean salvajes—
Sus pueblos sombríos, recién conquistados,
Medio diablos, medio niños.
Asuman la Carga del Hombre Blanco
Y cosechen su vieja recompensa:
La acusación de quienes mejoren,
El odio de los que protejan…
Nadie se atrevería hoy a usar un lenguaje tan políticamente incorrecto. La realidad es, no obstante, que los Estados Unidos han tomado—lo admitan o no—algún tipo de carga global, tal como urgía Kipling. Se consideran responsables no sólo de pelear una guerra contra el terrorismo y los Estados forajidos, sino también de diseminar los beneficios del capitalismo y la democracia fuera de su territorio. Y del mismo modo que el Imperio Británico antes que él, el Imperio Americano actúa infaltablemente en nombre de la libertad, aun cuando su propio interés se manifieste de manera primordial. Éste fue el punto que señalaba John Buchan, mirando hacia el apogeo del kindergarten imperialista desde el ventajoso y oscuro punto de 1940:
“Yo soñaba con una hermandad planetaria con historia de una raza y un credo común, consagrada al servicio de la paz; Inglaterra enriqueciendo al resto con su cultura y sus tradiciones, y el espíritu de los Dominios como un viento fuerte que refrescara el aire viciado de los viejos países… La ‘carga del hombre blanco’ es ahora una frase casi sin sentido; antes implicaba una nueva filosofía política y un estándar ético, serio y seguramente no innoble”.
Pero Buchan, como Churchill, encontró un heredero de este legado al otro lado del Atlántico:
“…Sólo hay en el globo dos organizaciones probadas de unidades sociales de gran escala, los Estados Unidos y el Imperio Británico. Este último ya no puede exportarse… pero los Estados Unidos… son el ejemplo supremo de una federación en acto… Si el mundo va a tener alguna vez prosperidad y paz, debe haber alguna clase de federación—no diré de democracias, pero sí de Estados que acepten el reino de la Ley. Para tal tarea, aquéllos me parece que son el líder predestinado”.
Descontando la retórica de tiempos de guerra, hay algo más que un poco de verdad en eso. Y, sin embargo, el imperio que hoy gobierna el mundo es a la vez más y menos que su progenitor británico. Tiene una economía mucho más grande, mucha más gente, un arsenal mucho mayor. Pero es un imperio que carece del impulso para exportar su capital, su gente y su cultura a aquellas regiones atrasadas que los necesitan con mayor urgencia y que, si son desatendidas, generarán las mayores amenazas a su seguridad. Es un imperio, en suma, que no se atreve a pronunciar su nombre. Es un imperio en negación.
El Secretario de Estado americano Dean Acheson dijo, célebremente, que Inglaterra había perdido un imperio y fracasado en encontrar un rol. Quizás la realidad es que los americanos han asumido nuestro viejo rol sin enfrentar el hecho de que un imperio viene con él. La tecnología del gobierno allende los mares puede haber cambiado—los acorazados pueden haber cedido el puesto a los F-15. Pero guste a quien guste, niéguelo quien lo niegue, el imperio es hoy una realidad, como lo fuera durante los trescientos años cuando Inglaterra gobernó, e hizo, el mundo moderno.
Niall Ferguson
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 3, 2008 | LEA, Política |
El mundo está, en algunas cosas, muy mejorado últimamente. Nosotros tuvimos, primeramente, un espectacular 2 de diciembre, cuando se derrotara el terrible proyecto de “reforma” constitucional auspiciado por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. A partir de allí, el gobierno de Chávez ha tenido que recular en varias ocasiones. (“La imposición de normas demagógicas de admisión a las universidades, el currículo ‘bolivariano’, la declaración de las FARC como insurgentes, la prohibición de aumentar el costo de los pasajes en Caracas, el cobro de la transmisión de videos de Venezolana de Televisión, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia”).
Luego, los demócratas en los Estados Unidos se han puesto de acuerdo para postular al primer hombre de raza negra a la Presidencia, y éste hace campaña ahora abrazado de su hasta hace nada contendiente, la primera mujer en aspirar al mismo cargo. Tan sólo el domingo pasado, además, la Madre Patria se alzó, para alborozo de todo español, de todo peninsular, de todo hispanoamericano, invicta, con la copa europea de fútbol al cabo de cuarenta y cuatro años.
Pero el evento más dramático y positivo de todos los últimos es, sin que quepa un asomo de duda, el astuto operativo del gobierno de Colombia que devolvió, finalmente, la libertad a Ingrid Betancourt y a otros catorce rehenes en poder de las FARC. El mundo entero está de fiesta. Bueno, no todo el mundo. Las FARC deben estar desoladas, y algo tristes Ramón Rodríguez Chacín y su jefe, el presidente Chávez. Sería especulación pura imaginar los sentimientos al respecto de Ahmadinejad y Mugabe.
El muy feliz suceso viene a ser la puntilla para las FARC, dejadas en ridículo luego de que hubieran sufrido las mortales bajas de Manuel Marulanda, Raúl Reyes e Iván Ríos. El ejército colombiano, que tenía cercados a los guardianes de Ingrid Betancourt, optó por dejarlos con vida en el engaño, y el gobierno de Colombia presentó tal decisión como acto de buena voluntad, que acompañó con una nueva invitación a que los irregulares depongan las armas—como recomendó el presidente Chávez después de sacar cuentas más realistas—con la promesa de una reincorporación digna a la vida ciudadana civilizada.
Las declaraciones de Ingrid Betancourt a su llegada a Bogotá, serenas, agradecidas e inteligentes, fueron una poderosa defensa de la democracia y la civilidad y un decidido espaldarazo a Álvaro Uribe. No sólo dijo que, por fortuna, había sido no ella sino Uribe electo a la Presidencia de Colombia, pues había resultado ser “un gran presidente”, sino que había reflexionado largamente y concluido que la reelección, concretamente la de Uribe y en general como posibilidad constitucional, había sido inmensamente beneficiosa para Colombia.
En momentos cuando ha sido judicialmente cuestionada la reelección de Uribe, una afirmación como ésa, proveniente de voz tan querida y poderosa, la de la mujer del día, no tiene precio. Para todo lo demás existe Mastercard.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 3, 2008 | Cartas, Política |
En las “megaelecciones” del 30 de julio de 2000, cuando Hugo Chávez fuera “relegitimado” como Presidente de la República con el 59,7% de los votos (frente a 37,5% de Francisco Arias Cárdenas y 2,7% de Claudio Fermín), se eligió asimismo un total de 165 diputados a la primera Asamblea Nacional, órgano unicameral creado por la Constitución aprobada en referéndum el 15 de diciembre del año anterior, que sustituía al antiguo congreso bicameral especificado por la de 1961.
Esta Asamblea estuvo en funciones hasta los inicios de 2006, pues las elecciones del 4 de diciembre de 2005 la recompusieron, íntegramente con diputados partidarios del gobierno, a raíz del forfeit de los partidos de oposición. (Las encuestas de la época anticipaban que el conjunto de los candidatos opositores alcanzaría, a lo sumo, una treintena de escaños. Las uvas estaban verdes).
La Asamblea 2000-2005 contó, en cambio, con una muy significativa presencia opositora. Si bien el MVR se había alzado con el 44% de los votos—que a la postre compondrían, con los votos de PPT, los indígenas y el MAS un total de 91 curules oficialistas—la oposición logró ubicar 74 diputados. (De los 21 diputados electos por el MAS, 13 se separaron del oficialismo en el llamado “MAS menos”, mientras que 8 del “MAS más” continuaron apoyando al gobierno). La oposición, si bien usualmente apabullada—la fracción gobiernera cambiaba el Reglamento Interior y de Debates cada vez que le daba la gana—tenía voz y voto. Las voces de Julio Borges, Liliana Hernández, Henry Ramos Allup, Ramón José Medina y Gerardo Blyde eran muy prominentes.
Es esa Asamblea la que aprueba dos leyes de especial gravitación sobre la agenda electoral de este año: la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (17 de mayo de 2005) y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (27 de noviembre de 2001). En ninguna de estas ocasiones se escuchó decir que esas leyes contenían previsiones inconstitucionales.
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En efecto, la Ley Orgánica de la Contraloría estipula en su artículo 105: “La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado. Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes. En aquellos casos en que sea declarada la responsabilidad administrativa de la máxima autoridad, la sanción será ejecutada por el órgano encargado de su designación, remoción o destitución”.
De esta redacción queda claro que tales disposiciones son aplicables solamente a funcionarios públicos cuyo cargo no proviene de una elección popular, al punto que remite el asunto a “la administración de los recursos humanos” de los entes en los que hubieran trabajado quienes fueran objeto de las sanciones. Más aún, el último parágrafo del artículo indica que cuando la persona sancionada sea la máxima autoridad de un organismo público—un ministro, el presidente de un instituto autónomo o una empresa del Estado—, quien debe aplicar la sanción es el “órgano encargado de su designación, remoción o destitución” y, claramente, los electores nacionales o locales no son “un órgano”. En consecuencia, el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría no se aplica a funcionarios electos que son, en sí mismos, “la máxima autoridad”, y no en virtud de una “designación”, sino por voluntad del pueblo. Éste no los designa o los nombra, los elige.
¿Se aplica entonces esa disposición al caso de Leopoldo López? La respuesta es que sí se aplica, porque la sanción que le impone Clodosbaldo Russian no está referida a su actuación como Alcalde de Chacao, un cargo electivo, sino a un incidente ocurrido en 1998, cuando era Analista de Entorno Nacional en PDVSA, un cargo de designación. En esa oportunidad, la Gerencia de Asuntos Públicos de la empresa era desempeñada por su señora madre, Antonieta Mendoza de López, y por su gestión directa Primero Justicia, que a la sazón era, no todavía un partido, sino una organización no gubernamental, habría recibido una donación de PDVSA de monto superior a los sesenta millones de bolívares de 1998. (López no ha desmentido esta acusación. Un año antes, por otra parte, se promovía la candidatura de Luis Giusti, Presidente de PDVSA, a la Presidencia de la República. El vehículo no podía ser Primero Justicia pues, como quedó dicho, no era un partido. Unos pocos dirigentes de COPEI, descontentos con la opción de Irene Sáez, intentaron que su partido aceptara la figura de Giusti).
Pero se ha dicho que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría es inconstitucional. En particular, se argumenta que colide directamente con el Artículo 65 de la Constitución. Así, por ejemplo, sostiene el editorial del diario Tal Cual el día de ayer: “…sólo un juez podrá decidir si el ‘inhabilitado’ es realmente culpable del delito o la irregularidad que motiva la inhabilitación. Si la sentencia fuere condenatoria y, además, ratificada en las instancias superiores, entonces y sólo entonces el ciudadano perdería sus derechos políticos. El artículo 65 de la Constitución es muy claro al respecto”.
Lo que el Artículo 65 de la Constitución estipula es lo siguiente: “No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”.
Ahora bien, es posible sostener que esa redacción no es ni exhaustiva ni taxativa. Es decir, el Art. 65 indica que quienes hayan sido condenados—sólo un juez puede condenar, y el Contralor no lo es—por los delitos que especifica no pueden postularse a cargos de elección popular, pero no significa que otras causales no puedan conducir a la misma inhabilitación. En otras palabras, no dice el artículo que solamente aquellos que hayan sido condenados por esa clase de delitos estarán impedidos de postularse.
A mayor abundamiento, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece en su Artículo 83: “No podrán ser postulados para alcalde o alcaldesa, concejal o concejala ni miembros de las juntas parroquiales: 1. Quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política… 4. Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de la función pública”. Esto es, el primer numeral de ese artículo hace referencia a la inhabilitación descrita en el Art. 65 de la Constitución (y a la interdicción, por ejemplo por causa de facultades mentales disminuidas que lleven a un juez a declararla), y en su numeral cuarto alude a la inhabilitación que según el Art. 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría es prerrogativa del Contralor. O sea, la ley municipal distingue entre dos clases de inhabilitación, una de las cuales es por sentencia condenatoria y la otra por acto administrativo de, en este caso, Clodosbaldo Russian. De no ser taxativa o exhaustiva la previsión del Art. 65 de la Constitución, tampoco sería inconstitucional el Art. 83 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
¿Saldado el asunto? No, porque hay otro artículo constitucional que sí es taxativo, a diferencia del Art. 65. Se trata del Artículo 42 (Capítulo II: De la nacionalidad y ciudadanía; Sección Segunda: De la Ciudadanía), que reza: “Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”. Y es, indudablemente, un derecho político postularse para cargos de elección popular. Por ejemplo, es derecho de todo venezolano mayor de veinticinco años y estado seglar postularse para el cargo de alcalde. (Antes, la Constitución establece en su Artículo 39: “Los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución, ejercen la ciudadanía y, en consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución”).
En consecuencia, las inhabilitaciones de Russian son inconstitucionales a tenor del Art. 42 de la Constitución, puesto que impiden el ejercicio de un derecho político que “sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”.
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Lo anterior debe ser más que sabido por el gobierno nacional, que acaba de saludar, por boca del propio Presidente de la República, la lista de Russian. Pero Hugo Chávez y algunos de sus más inteligentes asesores tienden a hilar fino.
Sabedores de que sería un exabrupto insostenible que el Tribunal Supremo de Justicia, que ha admitido demandas de nulidad por inconstitucionalidad del Art. 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría—la de Sandra Carolina Alfaro Salazar y antes la de Nidia Gutiérrez de Atencio—, decidiera a favor de la legalidad de las acciones de Russian, deben tener motivos políticos para dejar correr esta pelota tanto tiempo. (La pretendida inhabilitación de López no fue decidida en 2008, sino a comienzos de 2006).
Ya en 2004, el año de la “segunda batalla de Santa Inés” (el referendo revocatorio), se impuso a la oposición un camino lleno de obstáculos, entre los que el principal fuera la famosa objeción del Consejo Nacional Electoral a las “firmas de caligrafía similar”. La oposición fue llevada por Chávez y sus ayudantes por una ruta agotadora, para que llegara boqueando a la fecha crucial.
Puede convenir mucho al gobierno mejorar su “imagen democrática” acatando una decisión del TSJ que declare, lo más tarde posible (como se abrió a última hora la “rendija” revocatoria en 2004), que Sandra Carolina Alfaro Salazar y Nidia Gutiérrez de Atencio, y por ende Leopoldo López o Enrique Mendoza, son hábiles políticamente para postularse a cargos de elección popular. (El Alcalde de San Cristóbal, William Méndez, recibió una negativa del TSJ—Sala Político-Administrativa—ante su intento de amparo cautelar contra la inhabilitación que el Contralor le impusiera, pero lo hizo alegando que no se había respetado su derecho a la defensa y al debido proceso, no la inconstitucionalidad del Art. 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría).
Mientras eso ocurre, lo que realmente importaría a los estrategas electorales del gobierno es embarrar la reputación de Leopoldo López, con la reiteración de la especie de que recibió dineros de PDVSA adjudicados por su señora madre. Esto sería suficiente, en una condición de la opinión pública metropolitana que parece favorecer la candidatura de Aristóbulo Istúriz sobre la del actual Alcalde de Chacao. La encuestadora Hinterlaces reveló algunos de los resultados de estudio suyo en Caracas, levantado entre el 6 y el 19 de junio, que adjudican a Istúriz una intención de voto a su favor de 39%, contra 30,1% a favor de López. Bastaría arrancarle a López unos pocos puntos más mediante el enlodamiento de su prestigio, y no sería entonces imprescindible llegar hasta el final con la inhabilitación contralora. Su futuro político se vería más comprometido por una derrota ante Istúriz que por una inhabilitación que, en todo caso, expiraría en 2011, bien a tiempo de lanzarse en pos de la Presidencia de la República en 2012.
Vale la pena recordar, además, que en 2004, recién reelecto Manuel Rosales a la Gobernación del Zulia, el hoy finado Danilo Anderson le mostró el tramojo de una posible inhabilitación por su participación como firmante del famoso decreto inconstitucional de Pedro Carmona Estanga. Esta espada de Damocles estuvo actuante hasta bien entrado el año de 2006, cuando el entonces Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, anunció magnánimamente a Rosales que no actuaría en su contra mientras durase la campaña electoral, precisamente para que no pudiera decirse que se trataba de una intención estrictamente política, no jurídica.
Lo que entonces lograba el Fiscal, recordando la falta de Rosales, ahora lo procura el Contralor. Pero se trata de la misma consigna: no dejar a la oposición ni a sol ni a sombra.
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