Tácticas delirantes

 

Sigo recibiendo correos que me informan acerca de iniciativas ingeniosillas para acabar con el mandato de Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República. El mismo corresponsal que me hiciera llegar los defectuosos razonamientos de Román J. Duque Corredor (ver Cruce de correos) me dio a conocer ayer la argumentación de Alejandro González Valenzuela y Alfredo Coronil Hartmann, recogida en nota de Primer Poder A. C.:

A principios de este mes de febrero, el abogado constitucionalista Alejandro González Valenzuela (Asesor de Primer Poder A.C.) y Alfredo Coronil Hartmann (Miembro del Directorio de Primer Poder A.C.) compartieron argumentos acerca de La.Salida del cargo de Nicolás Maduro por la vía del artículo 233 de la CNBRV, el cual indica que a través de un juicio político y con tan solo la mayoría simple, se puede sentenciar el abandono del cargo del mandatario y así su destitución. (…) El actual Presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup a lo largo de la semana que acaba de concluir, hizo referencia a una enmienda a la Constitución como mecanismo factible para destituir a Maduro. Sin embargo ayer viernes (19/02/16) dentro y fuera de Venezuela este fue el titular que más circuló: “Henry Ramos plantea salida de Maduro por ‘abandono del cargo”. (…) La Asamblea Nacional solamente va a formalizar lo que el 70% del electorado ya sancionó. TODOS LOS VENEZOLANOS AGRADECEREMOS EL CONCRETAR EL JUICIO POLÍTICO QUE EL #6D SENTENCIÓ LA SALIDA DE MADURO

Ésta fue mi respuesta:

El Sr. Maduro, Sr. NN, no ha abandonado su cargo. El sentido de la Constitución no es que la AN puede declarar el abandono cuando le venga en gana, sino cuando se haya efectivamente producido. No hay en ella ninguna mención a un “juicio político”.

Esto dice la Constitución:

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato.

La coma que separa las oraciones destacadas es suficiente para saber que la tesis de González Valenzuela & Coronil Hartmann es un desvarío. Es el abandono mismo, seguido de su declaración por la Asamblea, la causal de falta absoluta. (DRAE: abandono 1. m. Acción y efecto de abandonar o abandonarse. 2. m. Der. Renuncia sin beneficiario determinado, con pérdida del dominio o posesión sobre cosas que recobran su condición de bienes nullius o adquieren la de mostrencos. abandonar 1. tr. Dejar solo algo o a alguien alejándose de ello o dejando de cuidarlo. 2. tr. Dejar una actividad u ocupación o no seguir realizándola).

Y, por supuesto, las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre fueron unas elecciones parlamentarias; punto. Si bien la enorme votación a favor de las candidaturas de la oposición estuvo cargada del rechazo muy mayoritario de Nicolás Maduro, la comprensión de las mismas como referendo es una interpretación errónea. La Mesa de la Unidad Democrática tuvo oportunidad de convocar un referendo consultivo concurrente con esas elecciones y no lo hizo:

La noción está equivocada. Jamás unas elecciones (democracia representativa) equivaldrán a un referendo (democracia participativa); jamás fueron las elecciones municipales de 2013 un “plebiscito” acerca del gobierno de Nicolás Maduro, como intentara vender Henrique Capriles Radonski. Pretender algo así es adulterar el sentido constitucional de los actos electorales. El 6 de diciembre no está planteada esa disyuntiva, sino la de votar o no votar por alguno de los candidatos del circuito correspondiente. Si se quiere que algo sea tenido por un referendo consultivo debe serlo; no debe proponerse que las elecciones del 6D usurpen lo que tendría que ser una manifestación explícita del Soberano. (En Consideraciones sobre un texto de José Guerra, 11 de octubre de 2015).

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Jesús Petit da Costa, en cambio, trasciende el mero terreno jurídico para predicar como estratega general. He aquí sus juicios y recomendaciones del 20 de febrero, que conocí ayer por correo de una amable corresponsal:

El único revocatorio exitoso sería el revocatorio de calle

Jesús Antonio Petit da Costa

Para salir de Maduro proponen algunos el revocatorio. La sola propuesta confirma que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Recordemos la primera vez que tropezaron con la piedra. Corría el año 2003. Chávez estaba prácticamente caído. Apenas se sostenía después de la rebelión cívico-militar que lo obligó a renunciar el año anterior. Faltaba darle un empujón. Entonces por iniciativa de la OEA se inició el diálogo entre la dictadura y la oposición representada por la Coordinadora Democrática, antecedente de la MUD, para convenir en una salida para la situación planteada. Resultaba obvio que la mejor en aquel momento era la convocatoria de una nueva Constituyente que restableciera la vigencia efectiva de la Constitución de 1961 que había sido violada o aprobara una nueva Constitución, asumiendo plenos poderes y así cambiar todos los poderes públicos incluyendo al presidente. Era imposible perder esta elección.

Entonces Chávez propuso el revocatorio. Y la oposición cayó en la trampa. Desmovilizó al pueblo. A la gente la mandó para su casa a esperar, sacándola de la calle que era su fortaleza. Puso a todo el mundo a recoger firmas, una y otra vez porque eran rechazadas (firmas planas). Así se mantuvo entretenida la oposición mientras Chávez compraba votos con el cuento de las misiones y montaba el sistema electrónico. Cuando tenía listo el fraude llamó a votación, que desde luego ganó (por fraude). Las firmas sólo sirvieron para la Lista Tascón, llamada “escualímetro”, que era consultada para negar cargos, contratos y beneficios. Millones de personas fueron víctimas del error de la oposición.

Trece años después los partidarios del régimen dicen que “el revocatorio es el único medio constitucional para salir de Maduro.” Y entonces gente de la MUD propone que caigamos otra vez en la trampa, olvidando la funesta experiencia del pasado. Vean cuál sería el viacrucis ahora:

1.- Recoger cuatro millones de firmas en tres días de los que estén dispuestos a ser incluidos en la Lista Tascón II, renovación y puesta al día de la anterior.

2.- Hacerlo en formato elaborado por el CNE, controlado por Maduro, que exige firmas y huellas digitales.

3.- Exponerse a que el CNE ordene volverlas a recoger por dudosas.

4.- Exponerse a que el TSJ las declare inválidas (Sala Electoral) o inconstitucionales por cualquier motivo inventado (Sala Constitucional).

5.- Campaña en desventaja (ventajismo de Maduro que domina tv y radio).

6.- Conseguir el voto favorable de más electores (8 millones) de los que votaron por Maduro en la elección fraudulenta de 2013.

7.- Fraude electoral que efectuará el CNE para que no llegue el voto favorable a esa cantidad.

8.- Nulidad de la elección declarada por el TSJ por cualquier motivo a solicitud de Maduro, si la votación le fuere desfavorable.

Al final Maduro ratificado en el cargo. Un año perdido. Y el país hundido en la catástrofe.

Señores: no caigan de nuevo en el error cometido en el pasado. Los golpes enseñan. No repitan el fracaso. ¿Quieren un revocatorio? Ensayen otra modalidad: el revocatorio de calle. Convoquen A LA CALLE a los cuatro millones que debían firmar la solicitud para que exijan desde la calle la renuncia de Maduro. Y allí permanezcamos hasta que se vaya, como sucedió en Guatemala. Si esos cuatro millones (bastaría con la mitad), en lugar de perder su tiempo firmando y recogiendo firmas, salen a la calle en todas las ciudades y en todos los pueblos de Venezuela, Maduro se irá corriendo antes de que lo agarren el pueblo y los militares. Es imposible que pueda reprimir a cuatro millones de electores, que podrían llegar a ser ocho.

El único revocatorio con posibilidades de éxito es el revocatorio de calle: los 4 millones de firmantes en la calle demandando la renuncia de Maduro y permaneciendo en la calle hasta que se vaya.

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He aquí la glosa de sus afirmaciones más extraviadas:

«Corría el año 2003. Chávez estaba prácticamente caído. Apenas se sostenía después de la rebelión cívico-militar que lo obligó a renunciar el año anterior. Faltaba darle un empujón».

En 2002 no hubo una «rebelión cívico-militar» sino un golpe de Estado: el Carmonazo. Por lo que respecta al empujón se ensayó al menos dos: la «liberación» (más bien toma) de la Plaza Francia en Altamira por un grupo de militares declarados en rebeldía y nada menos que dos meses de paro petrolero. Ambos «empujones» fueron ineficaces; como que Chávez no estaba tan caído.

«Resultaba obvio que la mejor en aquel momento era la convocatoria de una nueva Constituyente que restableciera la vigencia efectiva de la Constitución de 1961 que había sido violada o aprobara una nueva Constitución, asumiendo plenos poderes y así cambiar todos los poderes públicos incluyendo al presidente. Era imposible perder esta elección».

La obviedad de una constituyente—sólo cuatro años después de la de 1999—no es algo que Petit justifique en ninguna forma. La Constitución de 1961 no fue violada (ver Contestación a Páez Pumar) por la de 1999, y no puede predicarse su «vigencia efectiva» después del 15 de de diciembre de este último año, cuando el Poder Constituyente Originario aprobó en referendo el nuevo texto constitucional. La comprensión de una constituyente como órgano revolucionario al estilo de Francia en 1789, que puede asumir «plenos poderes y así cambiar todos los poderes públicos incluyendo al presidente» es tan errónea como chavista:

La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo haga, la Constitución de 1961 continuará vigente en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum. (Contratesis, 13 de septiembre de 1998).

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Si fuera cierto que «Era imposible perder esta elección» de una nueva constituyente, que sería en todo caso organizada y supervisada por el mismo Consejo Nacional Electoral que organiza un referendo revocatorio, ¿cómo es que Petit da Costa no aplica a esa elección los mismos argumentos que emplea para declarar imposible de ganar un tal referendo?

Así se mantuvo entretenida la oposición mientras Chávez compraba votos con el cuento de las misiones y montaba el sistema electrónico. Cuando tenía listo el fraude llamó a votación, que desde luego ganó (por fraude). Las firmas sólo sirvieron para la Lista Tascón, llamada “escualímetro”, que era consultada para negar cargos, contratos y beneficios. Millones de personas fueron víctimas del error de la oposición.

No hay dudas de que Chávez manejó impecablemente el proceso revocatorio como operador político-militar (ver Campaña crítica), pero no es verdad que hubo fraude el 15 de agosto de 2004.

En 2004, María Corina Machado dijo dos días antes del referendo revocatorio que las discrepancias del registro electoral no llegaban a 1%, y que había que ir a votar. Alberto Quirós Corradi dijo que el sistema electoral estaba blindado, concepto repetido en coro por el cogollo de la extinta Coordinadora Democrática. El 15 de agosto en la noche, el general Enrique Mendoza no fue capaz de aceptar la derrota que todas las encuestas predecían, incluso Penn, Schoen & Borland, traída por Marcel Granier. Quince días antes del referendo, Edmond Saade había dicho a los jefes de la oposición, en un desayuno en casa de Mauricio García Araujo, que su encuestadora (Datos) tenía al gobierno ganando por al menos doce puntos, y un tracking poll de Consultores 21 del 13 de agosto, cuarenta y ocho horas antes del referendo, produjo cifras que sólo diferían en décimas de los resultados que posteriormente ofrecería el Consejo Nacional Electoral. La única encuesta que dijo lo contrario fue una pirata dirigida por algunos profesores de la UCV, que fue atribuida falsamente por El Universal a Félix Seijas, lo que provocó la retractación del periódico cuando reventó el patuque y provocó la salida de Kico Bautista de la dirección de El Mundo. La Coordinadora Democrática quiso engañarnos cuando dijo que hubo fraude electoral, mintió para ocultar su descomunal incompetencia, que dilapidó el decisivo capital político que en 2002 y 2003 era mayoritariamente proclive a la revocación. Mendoza dio, aquella noche, la espalda a las cámaras y cedió el podio a Ramos Allup para que éste voceara ¡fraude! (Suma contra gentiles abstencionistas).

La malévola Lista Tascón no afectó—con despidos e imposibilidad de contratar con el Estado—a «millones de personas»; seguramente a unos cuantos miles, lo que ya es naturalmente espantoso, pero multiplicar un parámetro real por un factor de mil es exageración inapropiada en personas serias.

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Petit da Costa, que es abogado, parece ignorar el reglamento del 7 de febrero de 2007—Normas para regular el procedimiento de promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular—dictado por el Consejo Nacional Electoral, cuando sugiere estos inconvenientes en un referendo revocatorio: «1.- Recoger cuatro millones de firmas en tres días de los que estén dispuestos a ser incluidos en la Lista Tascón II, renovación y puesta al día de la anterior. 2.- Hacerlo en formato elaborado por el CNE, controlado por Maduro, que exige firmas y huellas digitales. 3.- Exponerse a que el CNE ordene volverlas a recoger por dudosas. 4.- Exponerse a que el TSJ las declare inválidas (Sala Electoral) o inconstitucionales por cualquier motivo inventado (Sala Constitucional)».

La repetición de recolección de firmas que se ordenó en 2004 por «dudosas», «inválidas» o «inconstitucionales por cualquier motivo inventado» se ha hecho imposible, precisamente porque el reglamento aludido—promulgado tres años después de aquello de las «planillas planas»—exige la identificación de los solicitantes con el uso de sus propias máquinas captahuellas, las mismas que ahora son de uso rutinario en cualquier elección. Y si pudieron presentarse en un solo día 14.385.349 votantes (el 6 de diciembre pasado), seguramente podrán hacerlo 4 millones (diez millones menos) en el triple del tiempo.

Por último, la Ley Orgánica de Procesos Electorales dispone en la primera cláusula de su primera disposición transitoria: «Hasta tanto la Asamblea Nacional dicte la ley que regule los procesos de referendo, el Poder Electoral a través del Consejo Nacional Electoral como órgano rector y máxima autoridad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrollará los instrumentos jurídicos especiales que regulen los procesos de referendo cuando las circunstancias así lo exijan». Es clarísimo que la Asamblea Nacional está facultada para legislar sobre los referendos (aunque no existiera la cláusula citada), y que una ley es instrumento de rango superior a cualquier disposición reglamentaria. Los nuevos diputados pueden llenar ese vacío legal y hacer menos «engorroso»—a los ciudadanos en general y a Ramos Allup y Torrealba en particular, incluso a Petit da Costa—el ejercicio del derecho a una democracia participativa en referendos suscitados por iniciativa popular.

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Petit da Costa parece considerar imposible la votación necesaria a la revocación de Maduro: «Conseguir el voto favorable de más electores (8 millones) de los que votaron por Maduro en la elección fraudulenta de 2013». Para empezar, se requeriría exactamente 7.587.533 votos (uno más de los obtenidos por Maduro el 14 de abril de 2013), no ocho millones, y el 6 de diciembre, con una abstención mayor, las candidaturas de la MUD sumaron ¡7.726.066 sufragios! Luego, nadie ha demostrado que la elección de Maduro fuera fraudulenta. (Es leit motiv en Petit y algunos otros esta lectura reiterada del fraude, a pesar de lo cual, como vimos, él aseguró de una hipotética elección de constituyente en 2003-2004: «Era imposible perder esta elección». Así considera que es una ley de la naturaleza un «Fraude electoral que efectuará el CNE para que no llegue el voto favorable a esa cantidad», el mismo CNE que proclamó en la madrugada del 7 de diciembre recién pasado 122 diputados de la MUD y sólo 55 del PSUV, el mismo que en 2007, bajo la misma presidencia de Tibisay Lucena, informó a Hugo Chávez que su proyecto estratégico de reforma constitucional había sido derrotado ¡por una diferencia de 1,31%!).

Sobre tan defectuosas aseveraciones monta Petit da Costa su récipe:

¿Quieren un revocatorio? Ensayen otra modalidad: el revocatorio de calle. Convoquen A LA CALLE a los cuatro millones que debían firmar la solicitud para que exijan desde la calle la renuncia de Maduro. Y allí permanezcamos hasta que se vaya, como sucedió en Guatemala. (…) El único revocatorio con posibilidades de éxito es el revocatorio de calle: los 4 millones de firmantes en la calle demandando la renuncia de Maduro y permaneciendo en la calle hasta que se vaya.

En Guatemala, que naturalmente tiene menos pobladores que Venezuela, lo máximo que llegó a reunirse en una protesta contra Pérez Molina fue un total de 80 mil personas:

Gabriel Wer es uno de los fundadores del movimiento #RenunciaYa que aprovechó el escándalo para movilizar las redes sociales y luego la calle. Wer resalta el carácter pacífico de las movilizaciones, que han llegado a concentrar unas 80.000 personas en la plaza principal de la capital. (Reportaje de BBC Mundo).

Y ese número, grande para Guatemala, no acampó ininterrumpidamente en una plaza, como parece ser la condición del éxito según Petit; hubo varias protestas en días diferentes. En Venezuela se ha movilizado cantidades muy superiores a las guatemaltecas: llevamos quince años de protestas, concentraciones, marchas y guarimbas. La Primavera Árabe o la Revolución Naranja de los ucranianos no fueron carambolas impepinables que, repetidas en la mesa de billar venezolana, nos garantizarían la caída de Nicolás Maduro. Los extraviados generales de la calle, como Petit, no atinan a concebir sino un petit plan furieux, que no se hace grande escribiendo «a la calle» con mayúsculas cerradas. LEA

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