Preámbulo y sección primera

 

Es trabajo inconcluso uno comenzado en el mes de abril para argumentar acerca de caminos políticos prácticos y novedosos en Venezuela, del que se pone acá el comienzo que sigue:

 

El 25 de febrero de 2002, el suscrito propuso en Televén (programa Triángulo, dirigido por Carlos Fernandes), un procedimiento de abolición del gobierno de Hugo Chávez que se afirmaba en dos premisas: 1. que existe un derecho de rebelión—más concretamente, un derecho de abolición—, cuya formulación más clara y primera en la historia del Derecho reside en la Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776): “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera)[1]; 2. Que el Pueblo, en su condición de Poder Constituyente Originario, es un poder supraconstitucional, según doctrina establecida en sentencia de la Sala Política Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia el 19 de enero de 1999. Es decir, que ese poder no está limitado por la Constitución, que sólo limita a los poderes constituidos. El Poder Constituyente Originario de Venezuela está únicamente limitado por los derechos humanos—ni siquiera un referendo unánime de la totalidad de los electores puede autorizar que se me caiga a palos—y por los convenios con soberanías equivalentes en los que la República haya entrado válidamente.

Fue esa sentencia la que autorizara la consulta referendaria del 25 de abril de 1999, en la que los venezolanos contestamos mayoritariamente que sí queríamos elegir una asamblea constituyente “para reformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución”, aunque la figura de constituyente no estuviera contemplada en la Constitución de 1961. Del mismo modo, aunque en la Constitución aprobada en 1999—vigente para los momentos del programa en Televén (y ahora mismo)—no se incluyó la figura de abolición, la voluntad mayoritaria del Poder Constituyente Originario podía decretarla.

Fueron los demás participantes en la discusión del 25 de febrero de 2002 en Televén las siguientes personas: Oswaldo Álvarez Paz, excandidato presidencial y exMiembro de la Comisión Presidencial Constituyente establecida por Hugo Chávez (ya Presidente electo pero sin tomar posesión); Omar Mezza Ramírez, exDiputado de la Constituyente de 1999, Diputado de la Asamblea Nacional y Director de Política de Alianzas del Movimiento V República; Néstor León Heredia, Vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional y Diputado por el Movimiento V República. Ninguno de ellos, y tampoco el moderador Fernandes, supo oponer argumento alguno a mi planteamiento: que si una mayoría de electores venezolanos suscribía un documento que aboliera el gobierno de Hugo Chávez, ese gobierno quedaría abolido de pleno derecho.

Tampoco pudieron oponer argumento en contrario Julio Borges, Gerardo Blyde y Liliana Hernández, a quienes expliqué personalmente la iniciativa por considerar que yo no tendría forma material de organizarla; pero tampoco la acogieron: en aquel momento, Primero Justicia promovía una enmienda constitucional para recortar el período constitucional de Hugo Chávez y, más tarde, sustituiría esa idea por la de un referendo “no vinculante pero sí fulminante” que preguntaría a los ciudadanos si querían que Chávez no siguiera gobernando.

El abogado Herman Escarrá se enteró del procedimiento de abolición y me hizo saber por medio de Marta Colomina de su interés en conversar conmigo sobre el asunto. Lo hicimos el 8 de marzo de ese año de 2002, ocasión en la que me dijo: “Lo que Ud. propone es, como decimos en Filosofía del Derecho, ontológicamente correcto”. Dos días después lo despreciaría, en conversación con Asdrúbal Aguiar en CMT Canal 51, porque tal cosa se le habría ocurrido a “un sociólogo”, etiqueta que repitió en el tono que habría empleado para decir “servicio de adentro”.

A pesar de estas primeras experiencias, este sirviente procedió a redactar un Acta de Abolición. Ella rezaba:

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando

Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,

Que el gobierno presidido por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…

A continuación, se decretaba un “Estatuto de Transición” que regulaba el modo de sustituir el gobierno abolido por uno que lo sucediera para sanar la República; siendo un acto directo del Poder Constituyente Orginario, estipulaba válidamente un procedimiento ad hoc, distinto del ordinario previsto en la Constitución, para cubrir la falta absoluta del Presidente de la República. (El Acta de Abolición que lo precedía, por lo demás, era el único procedimiento, de los propuestos hasta entonces para terminar el gobierno de Chávez, que emitía una orden expresa e inapelable a la Fuerza Armada Nacional). Éstas eran sus disposiciones (en una segunda versión de mayo de 2003):

ESTATUTO DE TRANSICIÓN

Cláusula Primera. A la cesación del mandato del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías la Asamblea Nacional se reunirá en sesión plenaria para elegir, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas, una Junta de Transición de cinco (5) miembros, la que ejercerá colegiadamente las funciones atribuidas por la Constitución a la Presidencia de la República hasta que la celebración de elecciones presidenciales, en un lapso que no será menor de seis meses ni mayor de un año, determine quién deberá completar el período constitucional como Presidente de la República.

Cláusula Segunda. Los miembros de la Junta de Transición deberán llenar los requisitos exigidos por la Constitución para el cargo de Presidente de la República.

Cláusula Tercera. Ningún miembro de la Junta de Transición podrá postularse en las elecciones presidenciales previstas en la Cláusula Primera.

Cláusula Cuarta. En las elecciones presidenciales que se celebrarán para elegir a quien complete el período constitucional participarán como candidatos quienes hayan presentado un programa de gobierno a los Electores de Venezuela y no se les permitirá propaganda electoral hasta que lo hayan hecho.

Como quedó dicho, ninguno de los actores organizados de la oposición profesional apoyó la proposición, aunque ninguno atinó a rebatirla. Por unos pocos días de enero de 2003, pareció que la Gente del Petróleo sería el vehículo suficiente; sus principales directivos acogieron la idea con entusiasmo y aseguraron ser capaces de recoger las firmas requeridas, salvo Juan Fernández, quien argumentó que el gobierno estaba a punto de caer y no sería necesario abolirlo. Él fue el matador del tratamiento; un mes después, colapsaba el desatinado y suicida paro petrolero. (Horacio Medina, entusiasta del procedimiento de abolición, acató la voluntad de Fernández y trataría de explicar luego el desenlace: “Chávez iba a fregarnos en dos años; con el paro ¡logramos que se quitara la careta y nos fregara en dos meses!”).

………

 

1. El cuadro clínico nacional

La secuencia referida en lo precedente es ilustrativa de la patología política patente en Venezuela. En Las élites culposas resumí así la cosa:

Y ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre.

Para nadie es un secreto que la administración de Nicolás Maduro persiste en “enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto”.

Se trata, indudablemente, de un proceso que puede en propiedad ser tenido por canceroso; de modo metafórico pero intencional, lo llamé chavoma en febrero de 2003. Detallé esta designación, una de varias veces, el 19 de agosto de 2015 en ¿Qué se debe hacer? (II):

El término oncológico es apropiado para referirse a la dominación política instaurada en Venezuela a partir del 2 de febrero de 1999, puesto que no se trata de enfermedad inoculada por algún vector externo—un anofeles o chipo—sino de un proceso que residía en las entrañas del pueblo venezolano desde mucho tiempo antes de que hiciera eclosión. Como anota Toro en su blog, Briceño Guerrero interpreta “…la cultura latinoamericana como una mezcla de tres ‘discursos’ separados, mutuamente incompatibles: el discurso Racional-Occidental, el discurso Mantuano y el discurso Salvaje”. El libro de Briceño Guerrero fue escrito entre 1977 y 1982, y por tanto no podía ser una referencia específica a Chávez. Es Toro quien establece—como otros lectores del apureño lo han hecho—una relación significante entre la descripción del discurso salvaje y el chavista: “…explica no sólo por qué existe el chavismo, sino también por qué tiene éxito. La atracción política de Chávez está basada en el lazo emocional que su retórica crea con una audiencia que resiente profundamente su marginalización histórica. Funciona al hacerse eco de la profunda resaca de furia de los excluidos, una furia que Briceño Guerrero explica poderosamente. La retórica de Chávez está basada en una comprensión intuitiva profunda del discurso no occidental/antirracional en nuestra cultura, un discurso que ha sido alternadamente atacado, descontado y negado por generaciones de gobernantes de mentalidad europea. Chávez valida el discurso salvaje, lo refleja y lo afirma. Lo encarna. En último término, transmite a su audiencia un profundo sentido de que el discurso salvaje puede y debe ser algo que nunca ha sido antes: un discurso de poder”. (Discurso salvaje).

Es por tal razón que son insatisfactorias las caracterizaciones del chavismo (del chavoma) como la mera llegada al poder de una nueva y delincuente oligarquía. Seguramente ha habido y hay entre jerarcas mayores y menores del régimen chavista-madurista gente corrupta y malhechora, verdaderamente forajida; tal vez en proporción mayor que la que hubiera en regímenes anteriores a 1999, acá y en toda otra nación del planeta. A fin de cuentas, los más radicales izquierdistas venezolanos nunca superaron electoralmente el “seis por ciento histórico” hasta el año del advenimiento de Chávez como Presidente de la República, y como en ellos había hambre longeva de poder y de prebendas, la corrupción actual supera la de quienes los precedieron. Pero es un juicio más ajustado a la realidad explicar el chavismo como el producto de la acusada decadencia de la política que lo anticipara, y su sustitución por una nueva hegemonía fundada en la creencia de que Marx tenía razón. La mayoría de los socialistas venezolanos cree seriamente que la explicación de todo mal social debe encontrarse en el afán de lucro de “la burguesía”; es decir, está profunda pero honestamente equivocada.

Luego, el sistema chavista es claramente pernicioso, puesto que invade terreno propio de la sociedad y sus ciudadanos, como un cáncer que se extiende ocupando y destruyendo tejido de órganos imprescindibles del cuerpo que aqueja. La conjunción de su origen y su naturaleza autoriza que lo entendamos como proceso canceroso.

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Del otro lado, las fuerzas políticas no agrupadas en torno al PSUV (antes al Movimiento V República) no han acertado en la forma de tratar ese gravísimo problema venezolano. A la llegada de Chávez al poder, entraron en estado casi catatónico, y no atinaron a ejercer la oposición correcta. Así, permitieron sin mayor protesta el abuso de la “Preeliminación del Senado” por acto excesivo de la Asamblea Constituyente de 1999—Capriles Radonski, entonces Presidente de la Cámara de Diputados del decapitado Congreso de la República, no elevó su protesta; la cosa no era con él sino con la cámara contigua—, ni tampoco opusieron a la pretensión chavista de que la Constituyente era “originaria”, esto es, con poderes absolutos, la correcta noción de que lo que es originario es el Pueblo, el verdadero Poder Constituyente Originario. (La catatonia se evidenció en un signo elocuente: Henry Ramos Allup se postuló a la Constituyente ¡por el estado Apure y por iniciativa propia! Intentaba disimular que era adeco). En una primera fase de la oposición a Chávez, esta retirada de los partidos provocó la participación muy activa de los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, en explicable horror al vacío político.

El protocolo opositor estándar se estableció en modo meramente acusatorio; todos los días, Leopoldo Castillo añadía unas cuantas páginas al prontuario de Chávez desde su espacio televisivo Aló Ciudadano, cuando lo que siempre fue necesario no era acusarlo sino refutarlo.

En el fondo, es la “falla de origen” de la Mesa de la Unidad Democrática concebirse como una estructura de oposición, alienada en función de la existencia del enemigo. En marzo de 2011 dijo Henry Ramos Allup: “La política suele hacer extraños compañeros de cama. Hoy compartimos propósitos, no ideales ni visiones”, y el propósito era salir de Chávez. Desde 1998, el protocolo de actuación opositora fue acusar a Chávez y ahora lo es acusar a Maduro, varias veces al día. Pero lo que había que hacer era no tanto acusarlos sino refutar su discurso, y proponer una lectura clínica desde un plano discursivo superior; en otras palabras, más que oponerse a Chávez y su heredero, superponérseles. (En ¿Jesús Gorbachov?, 1º de octubre de 2014.

Mucho antes, en abril de 1999, planteé a la Peña de Luis Ugueto Arismendi, y luego hasta la saciedad en otros sitios y escritos, que la oposición por negación de Chávez no funcionaría, que uno no negaba un fenómeno telúrico que tuviera ante los ojos, que no se negaba la existencia del Caroní, que la oposición eficaz debía proceder, en un nivel inmediato, por contención—“El problema de Chávez (…) es también, y muy importantemente, uno de contenerle. Urge encontrar el modo de tomarle la zurda muñeca que empuñará la llave inglesa y dificultarle el opresivo giro con el que querrá expandir su totalitaria y quirúrgica manera de gobernar”. (Bofetada terapéutica, 19 de agosto de 2004)—, pero más profundamente por superposición.

…la refutación del discurso presidencial debe venir por superposición. El discurso requerido debe apagar el incendio por asfixia, cubriendo las llamas con una cobija. (…) Dicho de otra manera, desde un metalenguaje político es posible referirse al chavismo clínicamente, sin necesidad de asumir una animosidad y una violencia de signo contrario, lo que en todo caso no hace otra cosa que contaminarse de lo peor de sus más radicales exponentes. Es preciso, por tanto, realizar una tarea de educación política del pueblo, una labor de desmontaje argumental del discurso del gobierno, no para regresar a la crisis de insuficiencia política que trajo la anticrisis de ese gobierno, sino para superar a ambos mediante el salto a un paradigma político de mayor evolución. (Retrato hablado, 30 de octubre de 2008).

El chavoma, pues, se montó sobre un cuadro patológico previo de insuficiencia política que permitió su emergencia. (Un año antes de su primera elección, la intención de voto a favor de Chávez se situaba entre 6 y 8%). De nuevo, el término metafórico tiene un exacto sentido; se dice que hay insuficiencia cardiaca, pulmonar o renal cuando el corazón, el aparato respiratorio o los riñones no ejercen su función debidamente, y es apropiado hablar de insuficiencia política cuando el aparato político de una nación no ejerce la suya, que no es otra que la de resolver los problemas públicos de esa nación.

La condición de insuficiencia política en Venezuela puede fecharse con exactitud, gracias a los estudios de opinión de la encuesta Gaither, hoy ausente del país. En agosto de 1984, su estudio trimestral registró un súbito y marcadísimo desplazamiento negativo de la opinión que evaluaba la actuación de los partidos políticos de la época (AD, COPEI, MAS y otros). Poco después, la reacción de los políticos profesionales era quejarse de la ciudadanía; Pedro Pablo Aguilar declaraba a El Nacional el 7 de junio de 1986: “Mi planteamiento es que los intelectuales, los sectores profesionales y empresariales, los líderes de la sociedad civil no pueden seguir de espaldas a la realidad de los partidos, y sobre todo, a la realidad de los partidos que protagonizan la lucha por el poder.” Es decir, Aguilar había descubierto que no es que los partidos (el “país político”) se encontraran de espaldas a la realidad nacional, sino que ¡el “país nacional” se encontraba de espaldas a la rea­lidad de los partidos!

Lo importante acá es, sin embargo, la etiología, la causa de la insuficiencia. La explicación convencional es que la política es en sí misma sucia, que los políticos son todos corruptos, únicamente interesados en adquirir poder y preservarlo. Si bien se define habitualmente la actividad política, precisamente, como lucha por el poder que se justifica desde una particular ideología, la hipótesis de la maldad intrínseca de los políticos no se sostiene.

…este desempeño insuficiente no obedece a mala voluntad, a malicia intencionada, a una especial maldad que sería intrínseca a la política. “La política es muy sucia”, hemos escuchado muchas veces, pero la verdad es que los políticos concretos somos seres humanos normales, con cuarenta y seis cromosomas, idénticos a quienes se dedican al deporte, a la ciencia, a la empresa, a la religión o las artes. No hay una mayor proporción de gente mala entre los militares que la que se encuentra entre los economistas o los mineros, los abogados o los carteros. La condition humaine es gaussiana; sigue una distribución normal que se expresa en todo oficio o profesión. Si medimos en una población lo suficientemente grande las estaturas de sus miembros, encontraremos que unos pocos, tal vez 5%, miden más de un metro con ochenta centímetros y que un porcentaje similar alcanzará menos de un metro sesenta. La gran mayoría tiene una altura intermedia entre esas dos marcas. Lo mismo observamos en la distribución de facultades tales como la inteligencia: la mayoría obtiene un cociente de inteligencia que está entre noventa y ciento diez unidades de Stanford-Binet; muy pocos rebasan los ciento cuarenta puntos del genio y, por fortuna, también muy pocos quedan por debajo del nivel limítrofe de la idiocia. Un moralímetro que desarrollaran Hewlett-Packard o LG registraría también una distribución de Gauss en la medición de cualidades morales. En una población cualquiera, la proporción de héroes o santos es exigua—hay una Teresa de Calcuta por planeta—y, gracias a Dios, también es muy pequeña la de malandrines a tiempo completo. La muy mayor parte de los grupos humanos está compuesta por individuos de producto moral promedio, que son capaces de un acto heroico cada doce años y cuatro meses y de sostenerlo por seis días seguidos, así como de echar una buena broma a sus compadres cada nueve años y siete meses. De resto, sus acciones se colocan, cotidianamente, tan lejos de la heroicidad como de la felonía. (En Interpretación y profecía, epílogo de Las élites culposas).

Esta aproximación absolutoria era ya explícita a las alturas de febrero de 1985:

Intervenir la sociedad con la intención de moldearla in­volucra una responsabilidad bastante grande, una responsa­bilidad muy grave. Por tal razón, ¿qué justificaría la constitución de una nueva asociación política en Venezuela? ¿Qué la justificaría en cualquier parte?

Una insuficiencia de los actores políticos tradicionales sería parte de la justificación si esos actores estuvieran incapacitados para cambiar lo que es necesario cambiar. Y que ésta es la situación de los actores políticos tradicio­nales es justamente la afirmación que hacemos.

Y no es que descalifiquemos a los actores políticos tra­dicionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales.

Los descalificamos porque nos hemos convencido de su in­capacidad de comprender los procesos políticos de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos.

(…)

Las ofertas provenientes de los actores políticos tradicionales son insuficientes porque se producen dentro de una obsoleta conceptualización de lo político. En el fondo de la incompetencia de los actores políticos tradicionales está su manera de entender el negocio político. Son puntos de vista que subyacen, paradójicamente, a las distintas opciones doctrinarias en pugna. Es la sustitución de esas concepciones por otras más acordes con la realidad de las cosas lo primero que es necesario, pues las políticas que se desprenden del uso de tales marcos conceptuales son políticas destinadas a aplicarse sobre un objeto que ya no está allí, sobre una sociedad que ya no existe. (Proyecto – La Sociedad Política de Venezuela).

La raíz de la insuficiencia política es de orden paradigmático; no es verdad que cada lunes se reuniera el Comité Nacional de COPEI para considerar un orden del día cuyo primer punto fuese cómo jorobar a los venezolanos. Sus miembros, como los dirigentes de los demás partidos nacionales, procuraban hacer las cosas según su mejor criterio, pero es justamente ese criterio el que ha sido rebasado por una sociedad del siglo XXI que supera la complejidad de sociedades del siglo XIX para cuyos problemas se formulara las ideologías aún actuantes. En el prospecto para un Taller de Política Clínica (mayo 2015) describí el problema:

Los humanos pensamos dentro de marcos mentales (Daniel Kahneman & Amos Tversky) o paradigmas (Thomas Kuhn) que vienen proporcionados por las ciencias y crecen con elementos perceptuales simples o memes (Richard Dawkins) que se diseminan al modo genético. El marco mental más englobante es lo que los alemanes llaman Weltanschauung (concepción del mundo), y en él se insertan los más específicos. (La noción es más o menos equivalente a la noción de episteme de Michel Foucault—Les mots et les choses—: lo que puede ser pensado en una época particular). Muchos de los marcos mentales empleados en política son préstamos de la física newtoniana (espacios políticos, fuerzas políticas, etc.) o de concepciones estáticas, tales como la de “sectores”. (…) A partir de 1959 emerge en el campo de las ciencias un conjunto de disciplinas que pudieran llamarse ciencias de la complejidad: teoría del caos, teoría de los sistemas complejos, teoría de avalanchas, teoría de enjambres. Estas nuevas nociones—por caso, la idea de propiedades emergentes en un sistema complejo, o su sensibilidad a las condiciones iniciales—son más poderosas y pertinentes al discurso político que las ideas clásicas. Es de la mayor importancia que el político del siglo XXI comprenda esos conceptos.

Pero además escribí en Política natural (19 de marzo de 2009):

Una cierta forma de hacer política—reptiliana: agresiva, territorial, ritual, jerárquica—está muriendo ante nuestros ojos. (¿Cómo puede ser uno territorial en Internet? ¿Quién es su jefe?) El anacrónico experimento de Chávez representa los últimos estertores de una política vieja que agoniza. Es la política del poder, que él lleva a su exacerbación; es la autodefinición política sobre un eje izquierda-derecha que ya no existe, a pesar del último pataleo de Bernard Henri-Lévy. (Left in Dark Times, 2008).

Pero es la muerte de gigantes, sin los que nunca hubiéramos divisado la tierra prometida. Como tales ¿por qué tendrían que sentirse mal por haber sido enormes e indispensables? Ellos construyeron las posibilidades que hoy tenemos.

No se justifica entonces que entorpezcan el progreso, pretendiendo que lo que hacen, cada vez de eficacia menor, es lo único posible. Nos deben la libertad de crear, como ellos mismos en su momento lo hicieron, una cosa distinta.

Si los políticos convencionales ya no pueden ofrecernos soluciones a los problemas de las sociedades contemporáneas—la crisis de la política es hoy en día planetaria—de todas formas debemos estarles agradecidos.

Venezuela es sólo un caso—con nuestros rasgos propios—de la crisis de la profesión política a escala mundial. El 15 de mayo de 2012 moría el literato e intelectual mexicano Carlos Fuentes; Madrid y Ciudad de México publicaron ese mismo día su último artículo: Viva el socialismo. Pero… En él preguntaba: “¿Cómo responderá François Hollande a este nuevo desafío, el de una sociedad que al cabo no se reconoce en ninguna de las tribus políticas tradicionales: izquierda, centro o derecha?”

Vienen tiempos postideológicos, transideológicos. LEA

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[1] Un importante antecedente de la Declaración de Derechos de Virginia, plantilla de la Declaración de Independencia de los EEUU que la seguiría a las tres semanas, es el Acta de Abjuración de los Estados Generales holandeses (26 de julio de 1581) contra la Corona de España. Éste es su preámbulo: “Como es aparente a todos, un príncipe es constituido por Dios para ser el gobernante de un pueblo, defenderlo de la opresión y la violencia como un pastor a sus ovejas; y Dios no ha creado al pueblo como esclavo de su príncipe, para obedecer a su mandato sea éste justo o injusto, sino antes al príncipe para sus súbditos (sin los que no podría ser príncipe), para gobernarlos de acuerdo con la equidad, amarlos y sostenerlos como un padre a sus hijos o un pastor a su rebaño, incluso a riesgo de su vida para defenderlos y preservarlos. Y cuando él no se conduce de ese modo, sino que, por lo contrario, les oprime, buscando oportunidades para infringir sus antiguas costumbres y privilegios, exigiéndoles aquiescencia esclava, entonces ya no es más un príncipe, sino un tirano, y los súbditos no tienen por qué considerarlo de otro modo. Y particularmente cuando eso lo hace deliberadamente, sin autorización de los estados, ellos pueden no sólo inhabilitar su autoridad, sino proceder legalmente al escogimiento de otro príncipe para su defensa. Éste es el único método que queda a los súbditos cuyas humildes peticiones y protestas nunca pudieron ablandar a su príncipe o disuadirlo de sus tiránicos procedimientos: y es esto lo que la ley natural dicta para la defensa de la libertad, que debemos transmitir para la posteridad, aun a riesgo de nuestras vidas”.

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